El dólar contado con liquidación (CCL) bajó este lunes a $1.097, el menor valor desde mayo, y el dólar blue, el que se compra en las cuevas, cerró en $1.100. El MEP, a $ 1.074. En la pizarra electrónica del Banco Nación este mismo lunes el llamado dólar oficial minorista se vendió (a quienes pueden comprarlo libremente, que son muy pocas personas, y solamente hasta US$200 por mes) a $1.032. Esta caída del dólar redujo la brecha cambiaria a entre el 5% y 9%, lo que podría parecer una buena noticia. De hecho, el gobierno del tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo lo festeja con bombos y platillos. Pero no.

El cepo cambiario sigue vigente, sin novedades al respecto de parte del gobierno de La Libertad Avanza, que les viene prometiendo a los trabajadores y a los sectores económicos que un día lo va a levantar y se producirá la bendita unificación cambiaria, para ser “un país normal”. Y en este contexto, como consecuencia de los dólares baratos no son ni pocos ni menores en tamaño los sectores de la economía nacional que viven una grave crisis: el campo, la industria, el turismo receptivo y el sotftware, entre otros.

Los brasileños que vinieron el último fin de semana a Buenos Aires para ver la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro en la cancha de River se agarraban la cabeza de lo caro que les parece hoy la Argentina que hace un año era baratísima. Pero para los argentinos también es caro vivir en la Argentina porque los ingresos de la gran mayoría de los ciudadanos no se han recompuesto al nivel de la inflación, que va en baja pero este año cerrará, con suerte, en el 105%. La apertura de las importaciones, en este contexto, supone además un golpe de nocaut a la producción nacional.

En el mercado oficial de cambios, este lunes, el dólar mayorista escaló $1 a $1.012,50. El mes pasado trepó cerca de un 2% y en el año acumula una suba de 25,12%, contra una inflación que lo cuadruplica.

En el comienzo del último mes del año, el Banco Central (BCRA) vendió dólares por segunda jornada consecutiva, con un resultado negativo neto de US$52 millones, que se sumaron a los US$171 millones vendidos el viernes. Mientras tanto, las reservas brutas internacionales se recuperaron parcialmente al alcanzar los US$31.324 millones.

En cuanto al dólar futuro, el contrato de diciembre cedió 0,2% a $1.037, mientras el de enero recortó 0,1% $1.059,5. Para el resto de los plazos de 2025 se observaron comportamientos muy dispares; en todos la tasa nominal anualizada (TNA) se ubicó por debajo del 30%.

No todo lo que brilla es verde

El modelo económico y específicamente cambiario y de comercio exterior aperturista que proponen Milei y Caputo provoca, por ejemplo, que la industria automotriz enfrente costos en dólares que superan los niveles regionales, lo que llevó a algunas empresas a analizar su traslado a Brasil. El turismo también muestra señales de alerta: las reservas en la costa bonaerense disminuyen, mientras que los argentinos que pueden pagárselas eligen destinos como Brasil (que para colmo produjo una devaluación del real) y Chile, donde los costos son más competitivos.

Sectores como el agro y las economías regionales también sufren. La importación de productos como carne porcina, tomate en lata y vino chileno crece exponencialmente, desplazando a los productores locales. El cine y el software no escapan a esta crisis: productoras argentinas se mudan a Uruguay y otras analizan paralizar proyectos por costos insostenibles.

Estas problemáticas rememoran la crisis de los años 90, cuando la paridad cambiaria y las políticas de apertura dejaron un saldo de cierres fabriles y pérdida de empleos. Las políticas actuales del gobierno libertario parecen repetir ese camino: priorizan la estabilidad nominal del dólar a través del carry trade y la intervención del Banco Central a costa de la producción, el empleo y la competitividad estructural.

Mirtha Legrand lo había advertido en 1991, en los albores de la década de gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista), en una entrevista que le concedió a Jorge Guinzburg, en su programa Peor es nada, que se viralizó en redes sociales en las últimas semanas (no por casualidad). “¿Qué opinás de este gobierno?”, le preguntó el conductor y humorista a la diva, que le dio una visión suya que se terminaría confirmado con el correr de los años hasta que el país estalló en diciembre de 2001, un diagnóstico que se pareció a una premonición: “No me gusta la enorme cantidad de gente que está sin trabajo, no me gusta nada. Y no me gusta la vida cara en la Argentina. Es muy cara la Argentina. Los sueldos no son altos y, en ese sentido, realmente hay mucha gente que no lo está pasando bien (...) Hay un caudal de argentinos que no lo están pasando bien”.

Treinta y tres años después de las palabras de Mirtha Legrand, la película parece la misma aunque ahora con guion libertario. En lugar de la paridad cambiaria de los 90, el uno a uno establecido por la ley de Convertibilidad, hay una pretendida y prometida unificación cambiaria que sigue en veremos; y en lugar de estabilidad, una inflación que baja pero con sueldos que siguen aplastados y la producción, ahogada. Eso sí, siempre queda el consuelo de los números en las pizarras y las reservas que “se recuperan parcialmente”. Porque si algo hemos aprendido en esta tierra es que, entre espejismos y realidad, el dólar siempre será el gran protagonista.

JJD

La posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede imposibilitada de ser candidata en 2023 por decisión del Poder Judicial es, en el escenario actual, una posibilidad lejana, de acuerdo a las normas vigentes y las fuentes judiciales con acceso a sus expedientes consultadas por elDiarioAR. 

Fernández de Kirchner tiene una sola condena, por el caso Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. 

Para que la pena impuesta en el juicio oral y público sea ejecutada aún resta que el caso sea revisado por dos tribunales superiores, lo que incluye un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso le agrega al expediente un plazo considerable, y aunque no es estrictamente predecible, las fuentes consultadas creen que 2023 terminará sin una sentencia firme en contra de la vicepresidenta. 

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, aseguró la expresidenta tras escuchar la sentencia en su contra el 6 de diciembre último.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre último podrá ser revisada a partir del 9 de marzo próximo, cuando los jueces presenten los fundamentos de su veredicto. A partir de los fundamentos, las partes del juicio (defensas y fiscalía) podrán solicitar a un tribunal superior que revise las condenas y absoluciones. Para ello, cuentan con 10 días hábiles, aunque pueden solicitar una prórroga.

El fiscal Diego Luciani ya anunció que recurrirá (apelará) la absolución dictada por el tribunal a favor de Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.

El tribunal que quedará a cargo de revisar la sentencia del caso Vialidad es la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. 

No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa

Cristina Fernández de Kirchner — 6 de diciembre de 2022.

Tribunal de revisión 

La Casación Federal está dividida en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces. Cada sala funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de ciertos fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

La Sala a cargo del caso Vialidad es la número I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Incluso si la Casación fallara sobre el caso, e hipotéticamente confirmara antes del cierre de las elecciones 2023 la condena a la vicepresidenta, Fernández de Kirchner podría ser igualmente candidata. 

La condena no será ejecutable hasta que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quede firme, lo que implica que la sentencia sea revisada también por la Corte Suprema, lo que podría demorar años. Es lo que establecen seis artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia en febrero de 2021 de manera anticipada a la totalidad de la norma y por disposición del kirchnerismo en la Comisión Bicameral. 

Los artículos establecen que las penas impuestas a los condenados sólo serán ejecutables una vez que queden firmes. Mientras las partes -sea el fiscal o la defensa- recurran a Casación o a la Corte para pedir la revisión de la sentencia, ésta no quedará firme y Fernández de Kirchner podrá ser candidata. a su vez, tampoco irá a prisión o prisión domiciliaria (cumple 70 este domingo).

Otros casos

Las revisiones de sentencias en juicios voluminosos y de perfil político, con recursos de alrededor de una decena o veintena de involucrados, plantean antecedentes muy diferentes. Además, ninguno incluye a la vicepresidenta en ejercicio y principal referente política del peronismo en la lista de condenados.

En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal dictó sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en agosto de 2018 y dio a conocer los fundamentos en octubre de ese año. Casación confirmó las condenas en un período menor comparado a otros casos. Fue en julio de 2019, nueve meses después de los fundamentos. Luego la Corte dejó firme la sentencia en diciembre de 2020, un año y medio después.

El veredicto del caso conocido como la “ruta del dinero K”, que incluyó una condena por lavado de dinero agravado contra el empresario Lázaro Báez y condenas contra otros 20 imputados en el juicio, fue dictado por el tribunal oral en febrero de 2021. Los fundamentos se conocieron en abril de 2021 y las audiencias en Casación comenzaron a mediados del año siguiente, en 2022. El tribunal aún no decidió si confirma o revoca sentencias en este caso, que cumplirá dos años en Casación en mayo próximo.

Fernández de Kirchner también fue sobreseída de manera anticipada en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021 por la Sala I de Casación.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2021, hace 20 meses. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen sobre el caso (solicitando que se revoquen los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los beneficiados, y se realice el juicio oral y público por Dólar Futuro) dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos. 

En este caso, la Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Tiempos de Casación

A partir de la publicidad de los fundamentos de la sentencia, los abogados defensores y la fiscalía de juicio tienen 10 días hábiles para presentar sus recursos y solicitar que la Casación revise condenas y absoluciones. 

Luego, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Código, Casación debe fijar fecha de audiencias. También tiene un corto plazo, pero rara vez en casos voluminosos el tribunal cumple estos preceptos.

Por ejemplo, desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambos sobreseimientos tienen el mismo carácter de sentencia definitiva de una condena o absolución. 

Las decisiones de Casación en torno a estos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después de esta semana, a partir del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

La misma sala que revisará Vialidad en Casación debe decidir si revoca esos dos sobreseimientos y ordena realizar los juicio orales y públicos por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces; o si por el contrario los confirma. En ese caso, ambos expedientes llegarán a la Corte, donde no hay plazos para intervenir.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

La cotización del dólar es tema de debate diario en Argentina. Si bien hay un mercado  único de cambios, el tipo de cambio en la práctica toma distintos valores dependiendo  de quién realice qué transacción.  

• Al día 8 de agosto, el tipo de cambio variaba en un rango entre los 134 del tipo  oficial mayorista y 292 del dólar paralelo, una brecha del 119%. 

• En este documento presentamos los valores de los tipos de cambio oficiales  vigentes en Argentina (Tabla 1); una serie de tipos de cambio alternativos en  base a diferentes metodologías muy habituales en las ciencias económicas (Tabla 2) que nos ayudaría a aproximarnos al tipo de cambio ideal para  Argentina; y el denominado paralelo o informal o Blue (Tabla 3). 

• En el gráfico 1 se comparan todos estos valores, poniéndose de manifiesto que  el Blue queda muy alejado de cualquier tipo de cambio alternativo, y además,  que los valores oficiales actuales también estarían por debajo de esta matriz de  cambio alternativa. 

La desginación de Sergio Massa como ministro de Economía parece haber llevado un poco de calma a los mercados. Mientras que los bonos en dólares tuvieron una suba del 25% a lo largo de la semana, el dólar blue cayó 18 pesos y cerró la cotización en 296 pesos y el riesgo país retrocedió 5,6%.

Con respecto a la acciones argentinas en Wall Street se registró una suba de más de 37%, en tanto en el segmento de renta variable, la bolsa porteña cerró con una caída de 3,82%, pero en el mes dejó un alza de 38,53%.

De todos modos, la caída del dólar blue resulta relativa ya que a lo largo de julio la cotización paralela tuvo un incremento de 58 pesos.

¿Tuvo que ver en esto una designación que en los hechos todavía no derivo en ninguna medida en concreto? Distintos analistas consultados por Télam aseguraron que la llegada de Massa como super ministro de Economía, Producción y Agricultura operó como un “driver” para que los mercados comenzaran a comprar activos argentinos.

Ignacio Niechowski, gerente de Research de Invertir En Bolsa (IEB), consideró que “fue claro que la dinámica que tomó el mercado luego del nombramiento de Silvina Batakis no fue positiva; como tampoco lo fue ninguna de las medidas tomadas. No lograron generar confianza”.

Para el gerente de Research de IEB el nombramiento de Massa reacomoda un poco el clima local y acopla a la Argentina a un mercado internacional en el cual las monedas emergentes se apreciaron 4% en promedio en los últimos días.

Diego Martínez Burzaco, jefe de Investigación y Estrategia de Inviu, afirmó que antes del anuncio de Massa se observó una sobrerreacción del tipo de cambio, donde aumentó el pesimismo en los mercados por la ausencia de medidas y falta de credibilidad sobre Batakis ante una evidente falta de apoyo político.

“El nombramiento de Massa representa que pueden venir medidas ortodoxas; en este sentido, en las licitaciones el BCRA subió la tasa de interés y eso, sumados a rumores que están circulando, permitió descomprimir este escepticismo”, agregó el analista de Inviu.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron hoy con alzas de US$ 1 en promedio en toda la curva y en el mes acumularon subas de hasta 7%, mientras que los títulos en pesos dejaron ganancias de 1% en promedio en toda la curva y en julio avanzaron 25% promedio. En este marco, el riesgo país retrocedió 5,6% hasta 2.395 puntos básicos. 

En el mercado cambiario, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $137,93 en promedio, con lo que a lo largo de julio acumuló un incremento de $7,49 centavos, equivalente a una suba de 5,74% respecto al mes anterior.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) operó con una baja de 10,4%, a $ 288,28 y el MEP registró una caída de 8,1%, en $ 276,60.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 15 centavos respecto a su último cierre, en $131,27, mientras que en julio acumuló un aumento de $6,04 (4,82%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $179,31 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $227,58.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $241,38.

Con estos números al cierre del mes, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market Brokers, evaluó  que se está en presencia de un mercado que compra expectativas, pero “no está pagando los hechos”.

“En este momento seguimos con estrategias conservadoras, no arriesgar de más, aún hagan anuncios”, afirmó el economista, aunque aseguró que se proyectan interesantes los activos argentinos, pero “no compramos la sobre-expectativa, debemos esperar un poco más”.

En otra jornada con curva ascendente y sin techo a la vista, el dólar blue se negoció en la City porteña a $295 para la venta y cerró finalmente a $293, lo que implica una suba de 4 pesos con respecto al cierre de este jueves, para marcar un nuevo récord. En lo que va de 2022, la divisa informal ya aumentó un 40 por ciento. Sólo en julio, acumula un alza de 55 pesos, 21,9% más que el cierre de junio.

En tanto, el dólar oficial cerró a $ 127,20 para la compra y a $ 135,21 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el mercado bursátil el dólar Contado Con Liquidación (CCL) subió 2,22% y cerró a $301,49.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa crecía 1,83% y se comercializaba a $ 289,47.

En tanto, el riesgo país argentino subía 0,07% y se ubicaba en 2.754 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.

La palabra del BCRA

El vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), Jorge Carrera, afirmó en las últimas horas que la situación cambiaria y de los bonos en pesos se encuentra en un “proceso de normalización gradual”, al tiempo que estimó para los próximos meses una mayor liquidación de divisas del sector agrario y menores necesidades de importaciones de energía.

“Yo creo que estamos en un proceso de normalización gradual donde se ha mostrado que el banco tiene los instrumentos ante un shock inesperado o una perturbación muy grande como la que ocurrió en el mercado de deuda en pesos”, aseveró Carrera en diálogo con El Destape Radio.

Si bien el funcionario indicó que los dólares financieros están “normalizados en un precio alto”, recordó que los mismos poseen una gran “volatilidad” a diferencia de “los aumentos graduales en el dólar oficial que sigue más o menos senderos cercanos a la inflación”.

“Por supuesto, hay siempre presente y latente un intento por algunos sectores por empujar a una devaluación que realice la ganancia de toda la acumulación de stock e importaciones que muchos de ellos han hecho”, cuestionó.

Tras lo cual, Carrera explicó que, en el marco del programa macroeconómico, el BCRA pretende que “las tasas de inflación, devaluación y de interés” se mantengan “bastante cercanas”, y que las mismas sean acompañadas por “políticas que mantengan el crecimiento, reduzcan la inflación y acumulen reservas”.

Asimismo, indicó que el tipo de cambio, en términos históricos, “no está apreciado, sobre todo con estos precios de commodities”:

Carrera también se refirió a la situación actual de las importaciones y las exportaciones.

Respecto de las primeras, el vicepresidente del BCRA negó que existan “trabas” y explicó que “lo único que se pide, sobre todo en los bienes de consumo, es que pidan al proveedor un financiamiento de 90 o 180 días si se importa más del 105% de lo que se importó el año pasado”.

“Gran parte de las importaciones está financiado. No es tan exagerado como algunos cafeteros o algunas empresas dicen”, agregó.

Del mismo modo, indicó que las importaciones de energía, cuyas compras requirieron hasta US$ 2.000 millones mensuales, “van a precipitarse o reducirse fuertemente cuando se dejen de traer barcos de gas”, lo cual estimó que ocurriría a partir de “fines de junio”.

Con información de agencias.

IG

El dólar blue no para de romper records y este jueves avanza 6 pesos: cotiza a $290 para la venta, lo que implica una suba del 21% y 51 pesos en lo que va de julio.

En tanto, el dólar “solidario” para atesoramiento, con la carga tributaria del 30% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) más el 35% por adelanto de Ganancias, se ofrece a un promedio de $222,98 en bancos, mientras que el dólar “turista” con impuesto PAIS y un 45% de recargo por Ganancias sube 6,1%, a 236,25 pesos.

Por otra parte, el dólar oficial cotizaba este mediodía a $127 para la compra y a $135 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el mercado bursátil el dólar Contado Con Liquidación (CCL) subía 1,9% y cotizaba a $295,55.

El dólar MEP o Bolsa ascendía 0,9% y se comercializaba a $ 282,73.

En tanto, el riesgo país argentino subía 0,50% y se ubicaba en 2.748 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.

“Ningún cepo”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que “no hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo”, en referencia a la resolución general de la AFIP que “lo único que estableció es una mayor percepción del adelanto de Ganancias” del 35% al 45% para las operaciones con moneda extranjera en el exterior.

Cerruti puntualizó además que “el dólar ahorro no tuvo ninguna modificación”, y que “el impuesto PAIS (del 30%) no se aumentó”, al hablar en la habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.

Al respecto, manifestó que no creía que se estuvieran vulnerando derechos constitucionales, al aplicar una percepción superior a la alícuota vigente del 35%.

Por otra parte, consideró que el mercado “creyó en la palabra” de Batakis, y eso se reflejó en la licitación de títulos públicos de ayer, en la que se “obtuvo un financiamiento mucho mayor al que se esperaba”.

“La respuesta del mercado no es el dólar blue, es la licitación de ayer”, dijo, luego de remarcar que “quienes tenían que participar creyeron que iba a haber tasas positivas, seguro de cambio y que no iba a haber devaluación”.

Cerruti dijo que “el dólar blue es un mercado muy marginal, muy chico, organizado por lo que venden los turistas extranjeros cuando llegan aquí o compras muy menores”, y por esas dimensiones reducidas “una compra de muy poco monto hace cambiar sus cotizaciones”.

“Quienes quieren la devaluación utilizan estas herramientas para generar incertidumbre”, sostuvo.

Con información de agencias.

IG

El dólar blue volvió a subir este martes, en lo que fue el sexto día consecutivo de alza. Se encareció $7 y cerró la jornada en $212,5, el valor más alto en dos meses. Distintos analistas atribuyen el movimiento a la inflación, los malos pronósticos económicos locales y el deterioro de las monedas emergentes en el mundo.  

Ayer la divisa paralela ya había acumulado $1,5, lo que se sumó al avance de toda la semana pasada, de $8. Antes de eso, el blue se había mantenido estable durante casi dos semanas, con cotizaciones por debajo de los $200. La calma venía desde febrero, cuando comenzó a “corregir” su valor tras una fuerte apreciación nominal en el arranque del año. 

Si se compara con el valor del lunes pasado, la suba del blue acumula $17,5. De todos modos, no llegó todavía a los valores máximos de este año. En enero, antes de que se cerrara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la divisa estadounidense se vendió en el mercado informal por encima de los $223.

¿Por qué sube el blue? “Lo raro es que estuviera planchado con una inflación de casi 7% mensual como tuvimos en marzo”, opinó Christian Reos, de Allaria Ledesma. Para el analista, es posible que la cotización se haya mantenido estable porque hubo un ingreso de capitales de afuera, “probablemente argentinos totalmente dolarizados que necesitaron vender para sus gastos en pesos”. “Es un flujo que tal vez se acabó. Lo más razonable es que el dólar, que es un precio más de la economía, acompañe la inflación”, apuntó.  

El movimiento del blue se replica también en los dólares financieros, que resultan de la compra y venta de acciones. El dólar MEP escaló 0,8% en la jornada y se vende a $209,6, mientras que el “contado con liqui” subió 1,5% y cotiza $212,7. 

Para Diego Martínez Burzaco, head de Research de Inviu, esto se puede atribuir por lo menos a tres factores. Primero, a una aversión generalizada al riesgo en los mercados globales. “Esto explicó una salida importante de fondos de mercados emergentes que se refugiaron en el dólar, lo que implicó devaluación de muchas monedas de la región, como el real brasilero. Eso afectó en la expectativa”, señaló. 

En segundo lugar, impactan los datos más pesimistas respecto de la inflación de abril, que podría rondar el 6%; más de lo que estimaba el mercado. En tercer lugar, Martínez Burzaco identificó “la sensación de que hay una disputa política dentro de la alianza gobernante que impide tomar medidas pragmáticas en términos económicos y lleva a decisiones de política expansiva, que no es alentador para la sustentabilidad del déficit fiscal”. 

“Los movimientos de los dólares paralelos se dan en un contexto en el que los fundamentals de la economía no cambiaron”, sumó Martín Vauthier, economista de Anker Latinoamérica. “El balance del Banco Central está muy deteriorado –explicó–, con muchos pasivos en pesos, reservas escasas y también las expectativas están muy deterioradas en relación con el cumplimiento del programa económico. Eso genera que la demanda de pesos esté muy débil y se combina para que sea esperable una brecha elevada”. 

El dólar oficial cerró a $120,1 según el promedio diario que elabora el Banco Central. Es decir, 4 centavos más que la jornada anterior y $1 por más que el martes de la semana pasada. Así, la brecha con el blue es de 77%. Si se coteja el valor del blue con el dólar oficial mayorista ($114,8) la brecha escala a 85%.

DT

La Cámara Federal de Casación dejó firme el sobreseimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una causa en la que se lo acusaba de supuestamente alterar datos oficiales del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago de títulos de deuda pública durante su gestión como ministro de Economía, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

La denuncia había sido presentada a finales de 2019 por los opositores Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y José Javier Bulacio, en base a un artículo publicado por Infobae, y en la que sostenían que en 2014, Kicillof había alterado la cifra de crecimiento del PBI de 2013 para supuestamente no pagar a los acreedores del título Cupón PBI. 

El fiscal general Javier De Luca desistió este martes del recurso de Casación que había presentado su colega José Agüero Iturbe, fiscal general de segunda instancia, quien había sostenido que el sobreseimiento del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner fue prematuro. De Luca afirmó que no existió la comisión de delitos penales en los hechos denunciados. “Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos”, dijo el fiscal, retomando un debate que también se había planteado en la causa Dólar Futuro, en la que el exministro y la expresidenta terminaron sobreseídos antes del comienzo del juicio oral y público por decisión de la Casación. Aquella causa aún debe ser revisada por la Corte Suprema tras la presentación del fiscal general Raúl Pleé, quien mantuvo un criterio contrario al de De Luca.

“El 21 de febrero de 2014, (el entonces ministro) había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9% -sostenía el artículo periodístico que se tomó como base para la denuncia-. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas, el crecimiento había sido del 2,9%, (es decir,) menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI”. De acuerdo con dicho artículo, “ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos US$3.000 millones”.

La denuncia hacía hincapié en la posible alteración de la cifra del PBI mediante la utilización de un método distinto de medición que podría encuadrarse en una violación de los deberes de funcionario público. De Luca afirmó que “la implementación de un método de medición del PBI distinto del anterior depende de uno u otro criterio de la ciencia económica y, por ello, no puede ser considerado como un ‘falseamiento’ per se. Se podrá discutir ese criterio científico en otro lugar, pero de esa situación no deriva la más mínima sospecha de que pudiera haber incurrido en una figura penal”.

En primera instancia, la jueza María Servini había sobreseído a Kicillof. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión por entender que había medidas de prueba pendientes para seguir investigando la posible comisión de un delito, pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo de la magistrada. Entonces, el fiscal general Agüero Iturbe acudió a la Casación y el expediente llegó a la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes este jueves siguieron el criterio de De Luca y el sobreseimiento dictado en primera y segunda instancia a favor de Kicillof quedó firme.

Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos.

Javier De Luca — Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación.

“Luego de un profundo estudio de los asuntos fácticos y jurídicos involucrados y de las piezas que componen el legajo, entiendo que los argumentos de la jueza a cargo de la instrucción y los de la Cámara de Apelaciones para sobreseer en la causa no han sido refutados por los recursos de mis colegas de las instancias anteriores”, dijo De Luca en su dictamen, con fecha del martes.

“Desde el punto de vista objetivo no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado”, afirmó el fiscal de Casación. “Los denunciantes y acusadores no explican cómo, con los actos denunciados, se podría haber irrogado el perjuicio económico”, agregó, y sostuvo que no puede juzgarse en Argentina a un funcionario por presunta administración infiel por el perjuicio eventual a los bonistas extranjeros.

“Si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior. Los demás reclamos que pudieran hacerse, son los corrientes de cualquier demanda judicial por una deuda impaga”, aseguró De Luca.

“La hipótesis de la denuncia sólo podría ser considerada si se presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores para que éstos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis, los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”, dice el dictamen fiscal. 

ED

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Javier De Luca dictaminó a favor del sobreseimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una causa en la que se lo acusa de supuestamente alterar datos oficiales del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago de títulos de deuda pública durante su gestión como ministro de Economía, según el documento al que accedió elDiarioAR. De esta forma, el mandatario provincial quedó a un paso del sobreseimiento firme.

La denuncia había sido presentada a finales de 2019 por los opositores Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y José Javier Bulacio, en base a un artículo publicado por Infobae, y en la que sostenían que en 2014, Kicillof había alterado la cifra de crecimiento del PBI de 2013 para supuestamente no pagar a los acreedores del título Cupón PBI. 

El fiscal De Luca desistió del recurso de Casación que había presentado su colega José Agüero Iturbe, fiscal general de segunda instancia, quien había sostenido que el sobreseimiento del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner fue prematuro. De Luca afirmó que no existió la comisión de delitos penales en los hechos denunciados. “Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos”, dijo el fiscal, retomando un debate que también se había planteado en la causa Dólar Futuro, en la que el exministro y la expresidenta terminaron sobreseídos antes del comienzo del juicio oral y público por decisión de la Casación. La causa debe ser revisada por la Corte Suprema.

“El 21 de febrero de  2014, (el entonces ministro) había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9% -sostenía el artículo periodístico que se tomó como base para la denuncia-. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas, el crecimiento había sido del 2,9%, (es decir,) menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI”. De acuerdo con dicho artículo, “ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos US$3.000 millones”.

La denuncia hacía hincapié en la posible alteración de la cifra del PBI mediante la utilización de un método distinto de medición que podría encuadrarse en una violación de los deberes de funcionario público. De Luca afirmó que “la implementación de un método de medición del PBI distinto del anterior depende de uno u otro criterio de la ciencia económica y, por ello, no puede ser considerado como un ‘falseamiento’ per se. Se podrá discutir ese criterio científico en otro lugar, pero de esa situación no deriva la más mínima sospecha de que pudiera haber incurrido en una figura penal”.

En primera instancia, la jueza María Servini había sobreseído a Kicillof. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión por entender que había medidas de prueba pendientes para seguir investigando la posible comisión de un delito, pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo de la magistrada. Entonces, el fiscal general Agüero Iturbe acudió a la Casación y el expediente llegó a la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes ya cuentan con el dictamen del fiscal De Luca para definir su posición: si confirman o revocan el sobreseimiento dictado en las instancias anteriores. De confirmarse, el sobreseimiento quedaría firme. 

Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos.

“Luego de un profundo estudio de los asuntos fácticos y jurídicos involucrados y de las piezas que componen el legajo, entiendo que los argumentos de la jueza a cargo de la instrucción y los de la Cámara de Apelaciones para sobreseer en la causa no han sido refutados por los recursos de mis colegas de las instancias anteriores”, dijo De Luca en su dictamen, con fecha del martes.

“Desde el punto de vista objetivo no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado”, afirmó el fiscal de Casación. “Los denunciantes y acusadores no explican cómo, con los actos  denunciados, se podría haber irrogado el perjuicio económico”, agregó, y sostuvo que no puede juzgarse en Argentina a un funcionario por presunta administración infiel por el perjuicio eventual a los bonistas extranjeros.

“Si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas  demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior. Los demás reclamos que pudieran hacerse, son los corrientes de cualquier demanda judicial por una deuda impaga”, aseguró De Luca.

“La hipótesis de la denuncia sólo podría ser considerada si se  presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores para que éstos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis, los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”, dice el dictamen fiscal. 

ED

La cotización del dólar oficial cerró este jueves 20 de enero de 2022 en $109,71, con una suba de cuatro centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,5%. En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un aumento de un peso, a un promedio de $214 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,1%, a $ 218,75; mientras que el MEP avanza 2,5%, a $ 211,79 en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de siete centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $104,31.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $142,63 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $181,02.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de 30 millones de dólares, para abastecer la demanda de divisas en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 175 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 113 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 426 millones.

Con información de agencias.

IG

En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró los sobreseimientos anticipados en tres casos clave -Dolar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces-, pero no todas las cartas están echadas en los tribunales. Este lunes, el fiscal Diego Velazco presentará un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la expresidenta por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado.

Estos tres frentes judiciales continúan abiertos por tres razones: dos fiscales y dos querellas se oponen a que sean cerrados antes de la realización de los juicios orales y públicos. Este viernes, durante el acto en Plaza de Mayo por los dos años de gobierno de Alberto Fernández y el Día de la Democracia, Fernández de Kirchner volvió a apuntar en su discurso al Poder Judicial y lo comparó con la persecución de la dictadura militar.

La Corte Suprema, que esta semana fue blanco de las críticas del ministro de Justicia, Martín Soria, aún debe revisar su sobreseimiento y el del resto de los sobreseídos en el caso Dólar Futuro. El fallo a su favor fue apelado por el fiscal de Casación Raúl Pleé. A mediados de año, el máximo tribunal giró el expediente a la Procuración General de la Nación para que dictamine a favor o en contra de la nulidad del juicio contra la expresidenta. La tarea podría quedar a cargo del procurador general interino, Eduardo Casal, cuya renuncia es buscada por el kirchnerismo.

Mientras, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, estará a partir de este lunes en condiciones de analizar el caso por el pacto con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de los expedientes. El viernes, los jueces de la Sala I -que intervienen a su vez en Hotesur-Los Sauces, Cuadernos y tuvieron a su cargo Dólar Futuro- rechazaron la recusación contra el fiscal Javier De Luca efectuada por los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas de la AMIA.

Los querellantes recusaron al fiscal De Luca luego de que el magistrado dictaminó -como lo había hecho con anterioridad- que no existió la comisión de ningún delito en la firma del memorándum. Ahora, el expediente se mantiene abierto en Casación por impulso de las querellas de AMIA y DAIA, y los jueces ya están en condiciones de resolver sobre los sobreseimientos anticipados dictados por el Tribunal Oral Federal número 8.

En Hotesur-Los Sauces, Velazco, el fiscal del juicio trunco, pedirá este lunes que la Casación revise los sobreseimientos y busca que los jueces del tribunal revisor ordenen la realización del juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados del caso Hotesur-Los Sauces, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.  

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

Todos los acusados en este caso fueron beneficiados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal número 5, el 26 de noviembre último, tras hacer lugar a los pedidos de nulidad de las defensas. 

Lunes clave

El plazo del fiscal Velazco para evitar el cierre del caso vence este lunes por la mañana y una fuente judicial con acceso al expediente confirmó a elDiarioAR que se presentará a tiempo. La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo recae sobre las espaldas de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas, sino también del fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión.

En Hotesur-Los Sauces, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso que le queda a Velazco para reclamar la realización del juicio deben contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. Los sobreseimientos de Hotesur-Los Sauces tuvieron repercusiones muy diferentes a los de los casos Dólar Futuro y Memorándum, dos causas que desde sus inicios fueron cuestionadas no sólo por las defensas sino por otras voces judiciales que pusieron en tela de juicio la prueba y la supuesta comisión de delitos.

Sin embargo, el caso de los alquileres se basa en las sospechas sobre el patrimonio de los Kirchner y sus relaciones con López y Báez. En la Asociación de Magistrados -la entidad que representa a los jueces del país- recibieron en las últimas dos semanas planteos de jueces pidiendo que se denuncie por supuesto prevaricato a Obligado y Grünberg, un pedido que no registra antecedentes, afirmó un fuente con conocimiento directo de los hechos. Los magistrados del tribunal sostienen que basaron su decisión en fallos de la Corte y de pactos internacionales.

Argumentos

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

Sobre tres jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I, en la que intervienen los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

La Cámara Federal de Casación falló este martes a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Dólar Futuro y sobreseyó a la expresidenta y al resto de los procesados, entre ellos, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, según el fallo publicado en el Centro de Información judicial (CIJ).

Los jueces de la Sala I del máximo tribunal federal penal, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, debían definir si la causa llegaba a juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio a la Administración Pública o era archivada antes del inicio del proceso. En el fallo, sostienen que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva.

El fiscal de Casación que interviene en el caso, Raúl Pleé, quien había planteado ante el tribunal que el juicio debía llevarse adelante, podrá apelar la decisión de los magistrados ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal revise nuevamente la decisión de sobreseerlos y anular el juicio.

No es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado.

El caso

Por este caso, también habían sido enviados a juicio el gobernador Kicillof y el extitular de la Anses y expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quienes recurrieron a Casación para solicitar sus sobreseimientos. También está imputado el actual presidente del BCRA, Miguel Pesce, quien se desempeñó como vicepresidente del Central durante la gestión de Vanoli. Además, hay unos diez exdirectores del organismo acusados.

El juicio, que no tiene fecha de inicio, debe determinar si la exmandataria y parte de su gabinete cometieron ilícitos durante la venta de dólar futuro en 2015, justo antes del cambio de gobierno. 

Dólar Futuro no sólo es un leading case en materia de lawfare sino también de la intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y de la política en general.

El fallecido juez Claudio Bonadio sostuvo que la operatoria consistió en una supuesta administración abusiva o infiel que derivó en una defraudación a la administración pública. Tras la derrota electoral, el Banco Central había vendido dólares a un precio menor que el del mercado que, post devaluación durante la gestión de Cambiemos, significó tener que hacer frente a pagos millonarios para la administración de Macri, según la causa.

Las defensas vienen solicitando los sobreseimientos anticipados por inexistencia de delito, primero ante el Tribunal Oral Federal número 1. Ante el rechazo de dos de sus integrantes, acudieron a la Casación, que revisa las decisiones de los tribunales de juicio.

Tres opciones

Los jueces de la Casación tenían tres opciones, según explicaron altas fuentes del tribunal a elDiarioAR: 

Los argumentos de los jueces

En primer lugar, la Sala I debía analizar si el recurso presentado por las defensas debían o no ser admitidos por Casación, ya que en la causa no hay sentencia definitiva, un requisito legal para solicitar la revisión de los casos en este tribunal. Sin embargo, esa regla tiene excepciones planteadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema, sostuvieron Petrone y Barroetaveña en su voto conjunto, cuando están en juego garantías procesales.

Otra cuestión a tratar era si Casación puede dictar un sobreseimiento en la etapa previa a un juicio oral. Los jueces afirmaron que sí, siempre y cuando, se haya incorporado “nuevas pruebas” que “evidencien”:

La medida terminó motivando la emisión de billetes y colaboró ampliamente en la inflación de 2016, sostiene la acusación.

Esa nueva prueba, una pericia llevada adelante por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, determinó, según resalta el fallo, que “los precios a los que operó el BCRA en contratos de futuro coinciden con los que se operaron en dichos mercados” y que aquellos se celebraron “al valor que se estaba operando en la plaza local tal como lo exige” la Carta Orgánica del Banco Central.

La fiscalía de juicio sostiene que hay puntos de esta pericia que justifican la necesidad de desarrollar un juicio y debatir la prueba, según estableció el fiscal Diego Velazco ante el tribunal (ver más abajo). El fiscal Pleé acompañó su planteo ante la Casación. Sin embargo, los jueces Petrone y Barroetaveña afirmaron que “no se advierte cómo podrían atribuirse” delitos a la operatoria “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA” (Banco Central de la República Argentina).

Se nos acusó de hacerle perder $55.000 millones al Banco Central.

“No es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado”, agregaron los magistrados, ya que los funcionarios y exfuncionarios actuaron, según los jueces, legitimante y “conforme a derecho”. “La maniobra que se imputa en autos, en definitiva, materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período analizado y constituye, entonces, una cuestión política” y no delictiva, dice el fallo.

Para explicar también su decisión de evitar el juicio del caso Dólar Futuro, los jueces argumentaron “el principio de economía procesal y del correspondiente derecho con que cuentan las personas imputadas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre”, según el fallo. “Es que se encuentra en juego el principio de celeridad, estrechamente vinculado con la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable”, agregaron. 

La jueza Ana María Figueroa, también integrante de la Sala I de Casación, adhirió al voto conjunto de sus colegas y agregó que durante la instrucción de la causa “existió una gran cantidad y variedad de medidas de prueba solicitadas y reiteradas por las defensas, cuya producción fue una y otra vez denegada por” Bonadio y que muchas de esas medidas fueron realizadas luego por el tribunal oral, previo al inicio del juicio, como permite la normativa. Según la magistrada, se violó el derecho de defensa y Casación debía reparar esa falta para no prolongarla en el tiempo, es decir, hasta el final del juicio.

De acuerdo con la pericia contable, dijo Figueroa, “el resultado de pérdida puntual para las arcas del BCRA de los contratos de dólar futuro bajo estudio, no se debió a una contratación gravosa al momento de su celebración (de la medida, durante el gobierno de Fernández de Kirchner), sino a la diferencia posterior del tipo de cambio ocasionada por la devaluación dispuesta por las autoridades gubernamentales asumidas el 10 de diciembre de 2015”.

El 4 de marzo último, la propia Fernández de Kirchner protagonizó una audiencia pública vía zoom para presentar sus argumentos ante los jueces de la Sala I que terminó en un encendido alegato político, con duras críticas a los jueces, al macrismo y al Poder Judicial. “Dólar Futuro no sólo es un leading case en materia de lawfare sino también de la intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y de la política en general”, dijo la exmandataria en la audiencia. 

El BCRA ganó menos que el año anterior por haber tenido que afrontar los contratos de dólar futuro.

“Se nos acusó de hacerle perder $55.000 millones al Banco Central”, dijo entonces Fernández de Kirchner. “Denunciaron que desde septiembre hasta octubre (de 2015), el Banco Central venía perdiendo muchos dólares y reservas a través de un instrumento, los contratos de dólar futuro, y que a través de ese contrato mi gobierno favorecía a amigos y ocasionaba pérdida de dólares y de reservas”, repasó sobre la acusación en su contra.

“Resulta ser que no había ningún amigo de mi gobierno (entre quienes compraron) los contratos de dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri”, acusó entonces Fernández de Kirchner.

La pericia clave

Los argumentos de las defensas para solicitar los sobreseimientos anticipados se basan en un informe de peritos de la Corte Suprema presentado en la causa luego de que el juez Claudio Bonadio elevó el expediente a juicio oral y que, según interpretan las defensas de los acusados, sostiene que no hubo perjuicio al Estado ni comisión de delitos en la operatoria investigada por el fallecido juez.

La fiscalía de juicio sostiene que hay puntos de este informe contable que justifican la necesidad de desarrollar un juicio y debatir la prueba, según estableció el fiscal Diego Velazco ante el tribunal. “El BCRA ganó menos que el año anterior por haber tenido que afrontar los contratos de dólar futuro. La medida terminó motivando la emisión de billetes y colaboró ampliamente en la inflación de 2016, sostiene la acusación”, agregó una fuente del caso, como ya informó este medio.

Además, la fiscalía entiende que el informe de los peritos de la Corte debe ser analizado en el debate oral y público y que los expertos que lo realizaron deben declarar como testigos y explicar las conclusiones a las que llegaron. El fiscal ante la Casación Raúl Pleé, que interviene en representación del Ministerio Público Fiscal en este caso, apoyó la posición del fiscal de juicio durante la audiencia y solicitó que se fije fecha para el inicio juicio para los planteos de las defensas se resuelvan en el marco del debate oral y público.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se defendieron este jueves de las operaciones de dólar futuro que hicieron como jefa de Estado y ministro de Economía en 2015, mecanismos que pueden ser criticables desde el punto de vista económico, pero difícilmente judiciables. Son herramientas a las que echaron mano también Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger en 2018, cuando eran presidente, ministro de Hacienda y jefe del Banco Central y quisieron frenar sin éxito la devaluación. Tanto unas como otras maniobras terminaron siendo ruinosas para la autoridad monetaria, pero unos y otros podrán alegar que pretendían doblegar las expectativas de una depreciación del peso que ocurrió de todos modos.

El Banco Central del final del gobierno de Cristina Kirchner, que era presidido por Alejandro Vanoli, vendía dólar a futuro a los inversores que terminaron cobrando en la administración Macri, devaluación mediante, a un precio que los benefició. Lo mismo sucedió en 2018. La vicepresidenta y el gobernador señalaron que los peritos de la Corte Suprema indicaron en 2020 que no había habido ningún delito y apuntaron que los que habían apostador al dólar futuro habían sido funcionarios y amigos de Cambiemos. Ella recordó al ex vicejefe de Gabinete y ex dueño de Farmacity, Mario Quintana. Él, a Socma, el grupo Macri.

En 2015, el tipo de cambio real multilateral (ajustado por inflación y en relación al dólar, el euro, el yuan y el real) estaba al nivel más bajo desde 2001. Eran tiempos de cepo cambiario y el peso oficial estaba sobrevaluado, lo que presionaba hacia un salto del dólar. Sólo entre 1999 y 2001 había estado más caro que en aquellos tiempos. El entonces candidato oficialista, Daniel Scioli, no daba precisiones sobre qué haría con el tipo de cambio y el cepo. En cambio, Macri prometía eliminar el control cambiario, pero insólitamente decía que eso no implicaría una devaluación. El resultado de la primera vuelta electoral en octubre de 2015 alentó las expectativas de victoria de Cambiemos y, con ellas, las de depreciación. Entonces el Banco Central kirchnerista comenzó a vender dólar futuro a un precio menor que el esperado por el mercado para contrarrestar sin éxito las previsiones de un salto cambiario que Macri iba a concretar. Se podrá criticar a los K por defender un tipo de cambio insostenible y perjudicial para la economía argentina, como hicieron los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con la convertibilidad entre 1999 y 2001. Lo habrán hecho para evitar un impacto en la población que dañara aún más las probabilidades de victoria de Scioli, a riesgo de que la autoridad monetaria, es decir, el interés de todos, perdiera.

La salida del cepo en diciembre de 2015 provocó un daño en la población porque hubo devaluación y empobreció a los argentinos, aunque también sinceró los costos de la economía. Si Macri no hubiera habido depreciado, los que apostaron al dólar futuro en 2015 no hubieran ganado y el Central no hubiese perdido, pero quizá resultaba imposible el salto del dólar. También Kicillof había devaluado, aunque no tanto, en 2014. Después, Macri, a fuerza de endeudamiento externo, atrasó otra vez el tipo de cambio, no al extremo de octubre de 2015, pero sí como a principios de ese año. En 2018 los especuladores del extranjero perdieron rápido la confianza en el experimento cambiemita y Sturzenegger recurrió al dólar futuro para calmar unas expectativas de devaluación que se lo llevaron puesto. Ahora el tipo de cambio está mucho más alto que en 2015 y 2016, aunque un poco por debajo de los meses en que saltó en 2018 y 2019. Puede considerarse que sostener un peso artificialmente alto es un error económico, de impacto, pero de ahí a llevarlo a los tribunales parece otra cuestión.

Kicillof acusó a Cambiemos de denunciarlos por vender dólar barato a sus amigos, cuando los que compraron fueron los macristas y cuando lo primero que hizo Macri al llegar poder fue devaluar y convertirles en negoción los contratos futuros que los K les dieron. Los que apostaron al dólar futuro sabían que iban a ganar y mucho. En el mercado nadie se sorprendió con el previsible salto de la divisa ante la victoria de Cambiemos y la liberación del cepo.

El gobernador y ex ministro citó el peritaje de la Corte que indicó que, como los contratos de dólar futuro son en pesos, no se comprometieron las reservas del Central. “Son operatorias con fines regulatorios, a veces se gana y a veces se pierde”, explicó Kicillof lo que hizo el Central de Vanoli. Y lo que después hizo el de Stuzenegger. El Central cambiemita calculó en 2016 que por las operaciones del dólar futuro de 2015 perdió $ 53.700 millones. En septiembre de 2018, a pedido de Vanoli, el Central que entonces dirigía Luis Caputo cuantificó que en mayo y junio, cuando estaba Sturzenegger, perdió por el mismo mecanismo $ 11.700 millones.

Kicillof recordó que lo acusaron de sellar contratos de dólar futuro a un precio menor al de mercado porque el juez Claudio Bonadio tomó como referencia al contado con liquidación y al blue, la cotización ilegal. El ex ministro sostuvo que esas comparaciones resultaban una “burrada” y que en todos los países y con Macri también los bancos centrales recurren a estas operaciones. Señaló que, si bien Vanoli amplió los límites que la autoridad monetaria tenía para intervenir en esos contratos, antes lo habían hecho también antecesores suyos, como Martín Redrado, que en 2016 había testimoniado contra Cristina Kirchner en la causa, y Mercedes Marcó del Pont.

El gobernador explicó que la mesa del Central hace estas operaciones “con pantalla ciega”, es decir, desconoce quiénes compran. Es decir, Vanoli no sabía quiénes se iban a enriquecer. “Si se generó pérdida, los candidatos, incluido Macri, decían que no iba a devaluar, pero Macri devaluó y ganaron sus amigos y su compañía, Socma, e hicieron un desastre, perdió el pueblo argentino”, alegó Kicillof. Recordó que su sucesor en el Palacio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, decía en campaña que la liberación del cepo no traería inflación porque supuestamente los precios estaban acomodados al blue, pero no fue así. También señaló que si hubiese sido delito lo que hizo el Central de Vanoli, Bonadio no hubiese autorizado a Sturzenegger a pagar los contratos de dólar futuro en 2016.

A futuro, lo que puede evitar pérdidas al pueblo argentino será que los gobiernos dejen de sostener tipos de cambio insostenibles que deriven en devaluaciones empobrecedoras y procuren que el peso vaya ganando fuerza sobre bases sólidas que deshagan la insoportable historia repetida de subas y bajones.

AR

Con un alegato político y cargado de fuertes cuestionamientos al Poder Judicial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este jueves su defensa por el caso Dólar Futuro, durante una audiencia ante la Cámara Federal de Casación. Desde su despacho en el Senado, vía zoom, la exmandataria desafío a los integrantes del máximo tribunal federal penal del país y acusó al Poder Judicial de “manipular procesos electorales y políticos” en sintonía con medios de comunicación, y de ser presunto cómplice del endeudamiento y la crisis económica que atraviesa el país. 

“Contribuyeron -dijo en referencia al Poder Judicial- a que ese gobierno -por la gestión de Mauricio Macri- ganara las elecciones y ustedes también son responsables de lo que está pasando. Nosotros no podemos aumentarle a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá”, afirmó en uno de los momentos más álgidos del alegato. Dijo, con tono emotivo, sentir “bronca porque la que sufre es la gente”.

El juicio, que no tiene fecha de inicio, debe determinar si la exmandataria y parte de su gabinete cometieron ilícitos durante la venta de dólar futuro en 2015, justo antes del cambio de gobierno. El fallecido Bonadio sostuvo que la operatoria consistió en una supuesta administración abusiva o infiel que derivó en una defraudación a la administración pública. Tras la derrota electoral, el Banco Central había vendido dólares a un precio menor que el del mercado que, post devaluación durante la gestión de Cambiemos, significó tener que hacer frente a pagos millonarios para la administración de Macri, según la causa. 

Nosotros estamos acá sentados y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar, y ustedes nos quieren hacer creer que hay Justicia en este país.

“Que se despabilen los argentinos”, dijo a continuación. Apuntó también a jueces y fiscales por las “mujeres que masacran y ustedes no hacen nada” y evocó a Alberto Fernández: “Lo dijo muy bien el Presidente en su discurso” del lunes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

“Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. Voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen la ley. Hagan lo que tengan que hacer”, dijo Fernández de Kirchner a los jueces de la Sala I de la Casación, Petrone, Barroetaveña y Ana María Figueroa. La causa, sostuvo, “se manipuló y se armó al calor del proceso electoral” de 2015.

El objetivo de la audiencia era escuchar los argumentos de la exmandataria y de otros tres de los imputados por la venta de contratos de dólar futuro durante 2015. Los acusados sostienen que deben ser sobreseídos antes del inicio del juicio oral y público, ante la supuesta inexistencia de delito. 

Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación. Parece que constituyen una aristocracia.

El pedido de sobreseimiento anticipado que vienen realizando las defensas ante el Tribunal Oral Federal número 1, que debe llevar adelante el juicio, se basa en un informe de peritos de la Corte Suprema presentado en la causa luego de que el juez Claudio Bonadio haya elevado el expediente a juicio oral y que, según interpretan las defensas de los acusados, sostiene que no hubo perjuicio al Estado ni comisión de delitos en la operatoria investigada por el fallecido juez.

Por este caso, también deben ser juzgados el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el extitular de la Anses y expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quienes también expusieron ante la Casación este jueves, aunque con un enfoque más técnico del caso. También está imputado y habló en la audiencia el actual presidente del BCRA, Miguel Pesce, quien se desempeñó como vicepresidente del Central durante la gestión de Vanoli. Además, hay unos diez exdirectores del organismo acusados.

“Nosotros estamos acá sentados y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar, y ustedes nos quieren hacer creer que hay Justicia en este país”, dijo Fernández de Kirchner en referencia a Macri, no sólo por su señalamientos en torno al caso Dólar Futuro sino en relación con uno de los ejes de su alegato: la devaluación, el endeudamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Cambiemos. Mencionó también la querella que anunció el Presidente que presentará ante la Justicia por dicho acuerdo. 

“Acá en esta causa no hubo ningún perjuicio económico. Los contratos de dólar futuro eran de acuerdo a la normas. Lo que hizo Mauricio Macri: violaron hasta el estatuto del FMI. Cuanto menos, eso es malversación de caudales públicos, incumplimientos de deberes de funcionario público”, afirmó.

“Las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego en la vida y en el patrimonio de las personas”, añadió. “Nos endeudan cada diez años y los sobreseen”, reclamó sobre miembros de la opisición. “Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación. Parece que constituyen una aristocracia”, criticó. 

Fernández de Kirchner sostuvo que “va a llegar una crisis tan grave que va a tener que ser revisado por completo el Poder Judicial”. “A nosotros nos ha votado la gente, somos un poder profundamente democrático. Qué hay mala gente, qué hay corruptos, sí, es así. Dígame, señor Presidente, ¿en su poder no hay corruptos? Cómo lo voy a poder saber si se investigan a sí mismos”, dijo dirigiéndose al presidente de la sala. “Este es un sistema que está podrido y perverso y es necesario para que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo”, agregó.

El objetivo de la audiencia

Los jueces de la Casación tienen un plazo de 20 días hábiles para decidir si corresponde analizar el pedido de sobreseimiento antes del juicio. De considerarlo así, el tribunal oral deberá analizar nuevamente el pedido de las defensas y pronunciarse sobre el sobreseimiento anticipado de los imputados, explicó una fuente judicial del caso a elDiarioAR. En los tribunales, no descartan que los jueces de Casación vayan más allá y tomen una decisión sobre el fondo de la cuestión: dictar directamente los sobreseimientos o, por el contrario, ordenar el inicio del juicio cuanto antes, afirmó la fuentes. 

Siempre es bueno verle la cara a los jueces. A usted, señor presidente ahora lo veo pero nunca le había visto la cara.

La fiscalía de juicio sostiene que hay puntos que justifican la necesidad de desarrollar un juicio y debatir la prueba, según estableció el fiscal Diego Velazco ante el tribunal. “El BCRA ganó menos que el año anterior por haber tenido que afrontar los contratos de dólar futuro. La medida terminó motivando la emisión de billetes y colaboró ampliamente en la inflación de 2016, sostiene la acusación”, agregó una fuente del caso.

Además, la fiscalía entiende que el informe de los peritos de la Corte debe ser analizado en el debate oral y público y que los expertos que lo realizaron deben declarar como testigos y explicar las conclusiones a las que llegaron. El fiscal ante la Casación Raúl Pleé, que interviene en representación del Ministerio Público Fiscal en este caso, apoyó la posición del fiscal de juicio durante la audiencia y solicitó que se fije fecha para el inicio juicio para los planteos de las defensas se resuelvan en el marco del debate oral y público.

“Leading case”

En el mismo sentido en que se había expresado el presidente Alberto Fenrández durante su discurso del lunes en el Congreso, pero elevando el tono desafiante y acusatorio, Fernández de Kirchner comenzó su intervención sosteniendo que “el lawfare sigue en su pleno apogeo”, en referencia a la teoría de la “guerra judicial”. “Dólar Futuro no sólo es un leading case en materia de lawfare sino también de la intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y de la política en general”, agregó la exmandataria. Llamó “inefable” a varios jueces a quienes se refirió con nombre y apellido, como en el caso de Bonadio.

Fernández de Kirchner reclamó al presidente de la Sala I de la Casación, el juez Daniel Petrone, por no haberle permitido exponer de manera presencial ante los magistrados; e interpeló a los jueces sobre la presunta corrupción en la Justicia y por manejarse en el “anonimato”. “Siempre es bueno verle la cara a los jueces. A usted, señor presidente ahora lo veo pero nunca le había visto la cara”, dijo a Petrone. “El anonimato siempre es muy conveniente”, le dijo al juez Barroetaveña en la audiencia virtual.  

En un repaso por la causa Dólar Futuro y otros expedientes en su contra y contra exfuncionarios de Cambiemos, Fernández de Kirchner apuntó durante su defensa a Mauricio Macri y exfuncionarios de Cambiemos, como Mario Quintana y Federico Sturzenegger; al fallecido juez Claudio Bonadio; al fiscal Carlos Stornelli; al presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos; al procurador general de la Nación, Eduardo Casal; y al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzún. También a los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, entre otros magistrados a los que mencionó especialmente para sostener su hipótesis del lawfare o “guerra judicial”.

“¿Qué van a hacer con (el juez) Hornos? Fue seis veces a verlo a Macri y cada vez que iba había un sablazo para Cristina. ¿Va a seguir siendo miembro de la Casación? Y nos quieren convencer de que son imparciales. Es un espanto”, agregó en referencia al presidente de la Casación Federal. 

También dedicó unos párrafos al fiscal Stornelli, a quien definió como “la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen”. “Ayer en un programa de televisión amenazó al Presidente de la República, le dijo nos vamos a ver cuando él deje de ser Presidente de hombre a hombre. ¿Sabe donde lo quieren ver? Sentado en una indagatoria”. Luego, se refirió al jefe de los fiscales: “Sigue siendo protegido por el ministerio público de Casal y en complicidad del Poder Judicial”.

Un juicio en juego

“Se nos acusó de hacerle perder $55.000 millones al Banco Central”, dijo Fernández de Kirchner. “Denunciaron que desde septiembre hasta octubre, el Banco Central venía perdiendo muchos dólares y reservas a través de un instrumento, los contratos de dólar futuro, y que a través de ese contrato mi gobierno favorecía a amigos y ocasionaba pérdida de dólares y de reservas”, repasó sobre la acusación en su contra.

La vicepresidenta afirmó que el juez Bonadio buscó generar “una corrida bancaria” al allanar el Banco Central el 17 de noviembre de 2015, días antes de la segunda vuelta electoral, que terminaría dando la victoria a Macri por sobre el candidato de su gobierno, Daniel Scioli. 

“Resulta ser que no había ningún amigo de mi gobierno (entre quienes compraron) los contratos de dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Es más, había funcionarios, recuerdo a Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña”, en la jefatura de Gabinete, dijo Fernández de Kirchner. “Él no sólo había contratado dólar futuro sabiendo que iban a devaluar sino que participó un domingo 13 de diciembre de 2015, reunidos en la Casa de Gobierno con el titular del Rofex, que interviene en los contratos, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar futuro”, sostuvo. 

Remarcó que los exfuncionarios de Macri denunciados por haber participado en la operatoria del dólar futuro y supuestamente haberse beneficiado tras la devaluación instrumentada por Cambiemos fueron sobreseídos en otro expediente.

ED