Sobreseyeron a Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces
El Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó de manera anticipada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces. En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.
El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Este es el tercer expediente en el que la expresidenta es sobreseída este año antes del inicio del juicio oral y público. Ya lo había conseguido en el caso Memorándum con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, y en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta.
La decisión del tribunal 5, que respondió a un pedido de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg inclinaron el fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia (pareja de la fiscal Natalia Mercado, otra de las sobrinas de la vice), entre otros.
El Código Procesal Penal admite el sobreseimiento anticipado en casos en los que surja nueva prueba que demuestre la inexistencia de delito, entre otros argumentos, pero este juicio aún tiene dos peritajes contables pendientes, solicitados por la defensa de Fernández de Kirchner, cuyos resultados aún no han sido entregados.
La defensa de CFK argumentó que la entrega de resultados parciales de una de las pericias es argumento suficiente para plantear nueva prueba a su favor pero la jueza Palliotti resaltó en su voto de este viernes que esos resultados parciales no podían considerarse “prueba nueva” y que aún restaba la conclusión final de ambos informes contables y las declaraciones testimoniales de los peritos para explicar en el juicio el por qué de sus argumentos. Fue uno de los argumentos de la magistrada para oponerse a los sobreseimientos anticipados.
Los Kirchner no niegan haber recibido dinero de Báez y López por el pago de alquileres Los abogados de la vicepresidenta sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según el escrito presentado por la defensa ante el planteo.
El fiscal del juicio, Diego Velazco, se había opuesto a los sobreseimientos anticipados y había solicitado que se permitiera el desarrollo del juicio para determinar luego si los imputados debían ser condenados o absueltos. Además, cuestionó duramente los resultados parciales de una de las pericias contables. En su último escrito, Velazco afirmó que el planteo de la defensa implicaba “una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal” y sostuvo que pretendía una “ficción de juicio”.
Valle Mitre, la sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013 le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia del hotel Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL.
Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. Entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.
Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresa del Grupo Báez por 2alquileres para viviendas u oficinas“. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.
Los argumentos para sobreseer
Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que los fondos utilizados para pagar los alquileres eran de “origen lícito” porque estaban bancarizados y porque “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades públicas” que autorizaron las contrataciones a las constructoras de Báez y López.
“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, afirmaron los jueces Obligado y Grünberg.
Los magistrados también sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en otro juicio contra Fernández de Kirchner y Báez, entre otros argumentos. Se refirieron al caso Vialidad, el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.
Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina.
La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011.
La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento.
Antecedentes
El fiscal Velazco podrá apelar la decisión del tribunal ante la Cámara Federal de Casación. Esta semana, los jueces que eventualmente revisarán el fallo de sobreseimiento anticipado también fallaron ante un planteo de la defensa en Hotesur-Los Sauces. La Sala I, compuesta por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, rechazó por dos votos contra uno un pedido de nulidad de la elevación del expediente a juicio, según publicó La Nación.
En el caso Hotesur-Los Sauces, la defensa de Fernández de Kirchner ya había solicitado los sobreseimientos con anterioridad y los jueces Obligado y Palliotti habían rechazado el planteo en abril de 2019, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.
Las pruebas de Hotesur-Los Sauces están relacionadas con el juicio por el caso Vialidad (que está en pleno desarrollo y debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y a la sentencia del juicio contra Báez por lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”). En el veredicto anunciado en febrero último, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado agravado de activos y los jueces de Tribunal Oral Federal número 2 establecieron en sus argumentos que los US$55 millones fugados y blanqueados por el exsocio de la familia Kirchner fue dinero proveniente de la corrupción.
La particularidad de Hotesur-Los Sauces es que el caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia integran la lista de acusados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso.
Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía, que constan en el expediente, tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa.
La instrucción complementaria del caso también se centraba en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo).
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