En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED

Con su poder de fuego amortiguado por la pandemia y los movimientos de fichas internas y externas, los tribunales de Comodoro Py se adentran en la campaña hacia las legislativas de noviembre con menos causas de impacto político que elecciones anteriores. Esta vez y por ahora, la campaña grande no se afila en los pasillos de Retiro y al menos dos de los principales frentes se tramitan ya en otros terrenos: el fuero Penal Económico y los tribunales de San Isidro. 

Con el clima electoral ya instalado, Comodoro Py había retomado el protagonismo con el presidente Alberto Fernández en el centro de la escena, pero el caso por el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante la prohibición de reuniones sociales por la crisis sanitaria migró de jurisdicción diez días antes de las PASO. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de San Isidro, donde aún no está claro quién será el juez a cargo de la causa. En esta misma jurisdicción, también quedó radicada, por el momento, la denuncia contra Elisa Carrió y otros miembros de la oposición por la fiesta por su natalicio en diciembre de 2020.

Aún con San Isidro y Penal Económico compartiendo la escena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, varios de sus exministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aguardan algunas decisiones de los jueces de Comodoro Py, de acuerdo con el sondeo de elDiarioAR.

Estos son algunos de los casos, por el momento. “La campaña acaba de empezar”, dijo este domingo el Presidente. Es una clásica frase de la política tras las primarias que se escucha también en los despachos judiciales. 

Algunas de las últimas elecciones trajeron consigo nuevos problemas legales: las denuncias por irregularidades y presuntos delitos en la recaudación y rendición de los aportes de campaña, como las que expusieron maniobras de las legislativas de Cambiemos en 2017 o de la presidencial de Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Los frentes políticos deben rendir de manera virtual y en tiempo casi real sus gastos ante la Cámara Nacional Electoral. Los informes vienen atrasados, pero ya demuestran mayor austeridad en los fondos destinados a la política, confió una fuente del fuero electoral.

Entre 2015 y 2019, los principales partidos declararon destinar entre el 23% y el 30% de sus gastos de campaña a las redes sociales. Este año, las autoridades prevén que destinen alrededor del 60%. Por la pandemia, la falta de contratos y licitaciones públicas y la escasez de aportes del sector privado, se espera una campaña más austera. Los próximos meses dirán si, además, será una campaña menos penalizada.

Olivos y Bolivia

Entre julio y agosto, la política promovió dos causas judiciales contra contrincantes electorales. La primera fue una iniciativa del Gobierno. A principios de julio, el Ejecutivo denunció a Macri y exmiembros de su gobierno por el supuesto contrabando de municiones a Bolivia, durante el derrocamiento de Evo Morales. 

El expediente tramita en los tribunales de la calle Inmigrantes, sede de los juzgados y fiscalías en lo Penal Económico (el fuero que el Presidente quiere fusionar con los federales en su reforma judicial estancada en el Congreso). Se trata de la causa por presunto contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales. 

La causa, en la que también están imputados los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), entre otros exfuncionarios de Cambiemos, tiene ribetes internacionales y acumula supuestas pruebas documentales aportadas por el Gobierno.

Antes de que terminara julio, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos miembros de Republicanos Unidos (de Ricardo López Murphy) -uno de los espacios de la oposición que busca ganar bancas en el Congreso- denunciaron al Presidente por los ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada durante las restricciones de circulación y reunión de 2020, en base a información pública obtenida por ambos dirigentes. Tras la denuncia, se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez de 2020 y desató la crisis por el Olivos-Gate.

La causa contra el Presidente y la Primera Dama corrió rápidamente de la agenda de los medios al caso de presunto contrabando contra Macri. Incluso pasó casi desapercibido, al filo de los actos de cierre de campaña, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico determinó finalmente quién será el juez a cargo del caso: Alejandro Catania, según confirmó una fuente directa del expediente. 

De esta manera, la causa cambia de juzgado. Javier López Biscayart ya no estará a cargo del expediente, pero la investigación seguirá en manos del mismo fiscal: Claudio Navas Rial. La resolución de competencia destraba ahora el camino para que avance el expediente.

En el caso Olivos, el Presidente está formalmente imputado, al igual que su pareja y otros nueve comensales de la cena del 14 de julio de 2020. Fenrández solicitó ser sobreseído por “inexistencia de delito”, ya que entiende que su participación en el cumpleaños de su pareja durante las restricciones del ASPO no causó daño ni propagó el Covid-19, hasta donde pudo probarse. Como segundo planteo ante la Justicia, Fernández propuso una conciliación para acordar con el fiscal una salida que evite una condena penal. La oferta de Fernández fue donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. El Presidente debió asumir que había incumplido las normas impuestas por su propio decreto.

Aunque se trata de un delito menor -con penas de seis a dos años de prisión y excarcelable-, la especulación en los tribunales era que el daño para Fernández sería electoral y no penal, y que sumaría puntos a un voto castigo contra el Frente de Todos, un panorama que se confirmaba este domingo por la noche. 

El fiscal Ramiro González avanzó con diversas medidas de prueba hasta que a principios de septiembre, el juez Sebastián Casanello declaró la incompetencia territorial para investigar un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Olivos). El expediente contra el Presidente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal número 2 de San Isidro, quien estaba de turno esa fecha, junto al fiscal Fernando Domínguez. 

Sin embargo, su colega Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman y titular del juzgado federal número 1 de San Isidro, tiene una denuncia sobre hechos similares que podría convertirla en la jueza del caso. Si la causa pasa al juzgado de Arroyo, el fiscal será Federico Iuspa.

Tanto ambos jueces como los dos fiscales han intervenido en numerosos expedientes contra acusados de incumplir las restricciones que fijó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández. En la mayoría de los casos, los cuatro han optado por una resolución que limitó la criminalidad de los actos (como conciliaciones, probation y reparaciones económicas), según las consultas realizadas por elDiarioAR en el fuero de San Isidro. 

Conexiones

San Isidro no sólo se quedó con el principal capítulo del Olivos-Gate. Además de la investigación por el cumpleaños de Yañez, Casanello también envió a su par Mirabelli la totalidad del expediente, que incluye las denuncias originales sobre todos los ingresos y egresos supuestamente irregulares a la quinta presidencial y a la Casa Rosada durante 2020.

El próximo paso deberá darlo el juez Mirabelli, quien tiene el expediente en su despacho desde el martes último, informó a este medio una fuente del caso. El magistrado podría asumirse como el juez de la causa o remitirlo a Arroyo Salgado. La magistrada también podría rechazarla o incluso reclamar la causa y trabar un conflicto de competencia con su colega. Eso podría seguir extendiendo todavía más la resolución del hecho. Luego, el juez del caso deberá analizar el pedido de sobreseimiento del Presidente.

La exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas no sería la opción más amigable para el Gobierno. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a la etapa previa del juicio oral y público pero la líder del kirchnerismo busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el Tribunal Oral Federal número 8 y sería dada a conocer en poco tiempo.

La campaña acaba de empezar.

Alberto Fernández.

Memorándum

Este 2021, la principal apuesta de la vicepresidenta en Comodoro Py es que los jueces que deben juzgarla por el Memorándum con Irán declaren la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el proceso y la sobresean de manera anticipada. Entonces, el juicio oral y público no se llevaría adelante. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, se opuso al planteó en las últimas semanas y opinó que el debate debe realizarse, más allá de que finalmente las defensas tengan o no razones para sostener la inexistencia de delito en la firma del acuerdo con Irán en 2013. 

La vicepresidenta ya tuvo un fallo a favor en una situación similar, aunque con un caso diferente. Fernández de Kirchner y el resto de los procesados por la causa Dólar Futuro nunca afrontaron el juicio oral y público. Fueron sobreseídos este año por inexistencia de delito de manera anticipada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La misma sala que deberá eventualmente revisar la decisión del Tribunal Oral Federal número 8 sobre la nulidad del juicio del Memorándum.

Dólar Futuro no es un capítulo cerrado. El fiscal Raúl Pleé apeló los sobreseimientos dictados en Casación ante la Corte Suprema, que tiene pendiente analizar el caso.  

La Corte no tiene plazos para fallar. “Hace sólo tres meses que ingresó el planteo del fiscal Pleé”, respondió una fuente del máximo tribunal para dejar en claro que no hay apuro entre los cortesanos por revisar el sobreseimiento de Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta acumula recursos en la Corte mientras continúa el desarrollo del único juicio oral y público en su contra que logró ver la luz: el caso Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz).

En 2019, la Corte dejó pendientes el análisis de nueve planteos de la vicepresidenta en el caso Vialidad. La defensa de Fernández de Kirchner había presentado una serie de recursos de queja ante el máximo tribunal que podrían lograr la suspensión o nulidad del único juicio que se está desarrollando contra la funcionaria por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.  

Los reclamos de Fernández de Kirchner incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz en el caso -que está siendo juzgado en los tribunales porteños- hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5).

Aquel año, la Corte se había aprestado a tratar los recursos justo antes del inicio del juicio. El 14 de mayo de 2019, el máximo tribunal pidió acceso al expediente y la decisión hizo saltar las alarmas de un sector de los medios de comunicación y la oposición. El juicio oral y público tenía fecha de inicio para el 21 de mayo y la medida parecía poner en riesgo el inicio de las audiencias. Tras el aluvión de críticas, la Corte dio marcha atrás y postergó el tratamiento de los recursos, que siguen pendientes. El 18 de mayo, Fernández de Kirchner anunció que sería candidata a la vicepresidencia y que Alberto Fernández encabezaría la fórmula.   

Tras la victoria del Frente de Todos en 2019, ninguno de los otros juicios pendientes de Fernández de Kirchner llegó al debate oral y público.

Otros ritmos

El expresidente Macri tiene varios frentes, algunos en Comodoro Py, enfocados en su patrimonio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018, pero, por el momento, Macri no ha sido citado a indagatoria ni se han ordenado medidas invasivas sobre sus bienes o su domicilio, como allanamientos.

El exmandatario también arrastra expedientes de escasa antigüedad en los tribunales de Retiro sobre los que sí se esperan definiciones, como la causa penal por el caso Correo Argentino SA -además de la quiebra de la compañía en el fuero comercial- y la investigación que lleva adelante la jueza María Servini sobre el supuesto “desapoderamiento” del grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. 

Paseo del Bajo es el caso central en los tribunales federales contra el jefe de Gobierno porteño y principal figura de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la  provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El expediente contra Rodríguez Larreta y el exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, lleva casi tres años de disputas entre magistrados. Más de la mitad de ese periodo estuvo cerrada. Se investigaba el supuesto direccionamiento de un tramo de la obra del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, que entonces era propiedad del primo del expresidente, Angelo Calcaterra.

A finales de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los acusados sin indagarlos. Los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez apelaron pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo a favor de Larreta y el resto de los denunciados. Desde julio, los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi, de la Sala II de Casación, tienen pendiente analizar el caso y resolver si los sobreseimientos fueron prematuros, como plantearon ya tres fiscales de distintas instancias.

ED

El fallo de la Cámara Federal porteña, que confirmó este viernes que la causa por el Paseo del Bajo no se reabrirá y que todos los investigados están sobreseídos, expuso que jueces y fiscales tienen una postura completamente adversa sobre un caso que atraviesa a hombres clave del macrismo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. 

El Paseo del Bajo, una de las obras públicas más promocionadas por los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, era el eje de uno de los principales frentes judiciales de Cambiemos en los tribunales de Comodoro Py, pero en marzo ya se avecinaba un nuevo revés para la investigación, como adelantó entonces elDiarioAR. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, según estableció la fiscal Alejandra Manfano. Los funcionarios están sospechados de haber supuestamente direccionado un tramo de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por Nación que provenían de un préstamo internacional y con un 43% que aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Cuatro jueces y tres fiscales

La batalla de argumentos entre jueces y fiscales por este caso gira en torno al cierre de la causa y quedó plasmada en los últimos dictámenes fiscales y en el fallo de la Sala I de este viernes. 

En el caso han intervenido, hasta el momento, cuatro jueces: Claudio Bonadio, quien instruyó el expediente entre finales de 2018 y diciembre de 2019; Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes este viernes confirmaron los sobreseimientos dictados por el magistrado, ya fallecido. Los cuatro jueces coincidieron en que Dietrich, Larreta y otros tres investigados debían ser sobreseídos.

Tres fiscales también tuvieron roles clave: la fiscal Mangano, el fiscal general Sergio Rodríguez (que dirige la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) y el fiscal general interino José Agüero Iturbe, quien interviene ante la Cámara Federal porteña de manera interina (el cargo está vacante) y por decisión del procurador general Eduardo Casal. Los tres presentaron la misma postura: la investigación fue insuficiente y el cierre de la causa, prematuro, según los dictámenes analizados por elDiarioAR.

Los jueces, en cambio, consideran que las pruebas producidas son suficientes, que no se requiere profundizar. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los camaristas de la Sala I- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo de este viernes.

Los tiempos del caso

La causa del Paseo del Bajo tiene dos años y medio de vida, pero más de la mitad de ese tiempo estuvo cerrada. Por esa razón, los tiempos del expediente también hicieron elevar la tensión entre los camaristas y el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal se tomó casi un año y medio para decidir sobre el destino del caso contra Rodríguez Larreta y Dietrich. 

Al año de la apelación, en febrero último, el fiscal Agüero Iturbe llegó incluso a solicitar “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. 

La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

“No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca. Queda así un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, agregó Agüero Iturbe. “No importa quién, no podemos quedarnos a medias en una investigación de esta naturaleza”, pidió el fiscal general a los camaristas.

Ese escrito alteró los ánimos en la Cámara, según sostuvieron dos fuentes del tribunal. Los jueces lo leyeron como un reto, en medio de una pelea política de alto voltaje entre miembros del tribunal de apelaciones y el gobierno de Alberto Fernández. 

El juez Llorens se había pronunciado a favor de los sobreseimientos durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición, según fuentes de la Cámara, se demoró debido a los traslados de dos de sus integrantes, Bruglia y Bertuzzi, repuestos en sus cargos en noviembre. 

Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades (...) pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, les recordó Agüero Iturbe a los camaristas. 

El fiscal también resaltó ante la Cámara que el tribunal confirmó el procesamiento de Calcaterra en la “vulgarmente llamada causa de los cuadernos, fotocopias o cartelización de la obra pública según el gusto de quien la invoca”. Calcaterra declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y admitió pagos ilegales a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública. Pero tanto el primo de Macri como Iecsa niegan las acusaciones del caso Odebrecht. El empresario no está imputado en el expediente del Paseo del Bajo.

Tras la decisión de los miembros de la Sala I de mantener cerrado el expediente, el Ministerio Público Fiscal analizará la posibilidad de una nueva apelación y entonces, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país, tendrá en sus manos el futuro de la causa, según explicaron dos fuentes directas del expediente. Sería la segunda vez que los fiscales del caso deben apelar para oponerse a la decisión de los jueces de cerrar el caso.

No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

Antecedentes

La investigación se inició en diciembre de 2018, luego de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analizó la denuncia de la entonces presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos). Ambos organismos sostuvieron que la licitación se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro del Paseo del Bajo.

El juez Bonadio cerró el expediente el 27 de diciembre de 2019, justo antes de tomarse licencia por enfermedad. Los funcionarios y exfuncionarios investigados nunca fueron citados a declarar. Tras un año de testimoniales y recopilación y análisis de documentos públicos, el juez cerró el caso. Bonadio murió 39 días más tarde. 

La fecha del fallo no le dio tiempo a los fiscales Mangano y Rodríguez para apelar durante 2019. Debieron aguardar hasta después de la feria de verano para presentarse ante la Cámara Federal porteña y solicitar la reapertura de la causa, dos meses más tarde, en febrero de 2020. 

Los fiscales insistieron en que el juez Bonadio no había realizado todas las medidas solicitadas por ellos y nunca se concentró en el rol del Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Dietrich, según plantearon en su escrito de apelación.

Sobres y sospechas

El caso tiene varias complejidades. Un punto central de la investigación es si durante la licitación, las autoridades alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas para terminar favoreciendo a Iecsa. 

Si una empresa ganaba uno de los tramos, no podía competir por otro. El tramo más costoso (el C) debía adjudicarse en primer lugar para que los costos de la obra fueran siempre los más baratos, pero una serie de circulares alteró el orden predeterminado de la apertura de sobres: se comenzó por el tramo A, el más económico. Como consecuencia de ese cambio, Iecsa terminó ganando el tramo C con una oferta de $3.183 millones.

El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa pública a cargo de la licitación, explicó al juez Bonadio en un descargo que la alteración de los sobres se debió a que debían cerrar el contrato de al menos uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento internacional que aportaba el gobierno de Macri; y que como el tramo A era el más simple, se decidió alterar el orden de apertura y firma del contrato del tramo A primero.  

Los fiscales Mangano y Rodríguez plantearon en su apelación que mientras el contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara el año: el 30 de diciembre de 2016. Además, el contrato con el banco internacional que financiaba parte de la obra fue suscrito recién el 30 de enero de 2017, meses después de la alteración del orden de los sobres, sostuvieron ante la Cámara.

Sin embargo, los jueces de la Sala I dieron por válido el argumento de Bonadio: “La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas este viernes.

Jueces y fiscales también se enfrentaron por el presunto perjuicio al Estado. Los fiscales lo calcularon en unos $75 millones. Bonadio y los camaristas dijeron que no sólo no existió perjuicio, sino que, a pesar del posible perjuicio inicial, en los hechos la obra terminó costando menos tras modificaciones posteriores en el proyecto. 

Sobreseídos y apuntados

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR en marzo que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich afirmaron que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra ya han manifestado que resultaba “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y otros tres funcionarios porteños por el supuesto direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El expediente había sido cerrado el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. El fallo de la Cámara se esperaba para fines de mayo, tras más de un año de la apelación, según las fuentes del tribunal de apelaciones, pero se demoró hasta el viernes.

La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal.

A principios de 2020, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, y el fiscal general Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron el cierre de la causa por “prematuro”, debido a que el juez no había realizado la totalidad de las medidas de pruebas en la investigación. Tampoco había indagado a ninguno de los acusados. El fiscal general ante la Cámara también había acompañado la apelación. 

Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron este viernes confirmar los sobreseimientos en un fallo de unas 30 páginas en las que sostuvieron que no había evidencia en el expediente que justificara producir nuevas medidas de prueba, según el escrito. 

“La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas.

“La variación referenciada se debió a un objetivo lícito y razonable, dirigido exclusivamente a obtener un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento y concreción de la obra, circunstancia que se encuentra plenamente corroborada”y “anula toda sospecha relacionada con un posible direccionamiento del proceso licitatorio tendiente a beneficiar a una empresa en particular”, sostienen los jueces en el fallo. 

Los camaristas argumentaron que las supuestas irregularidades en la licitación no pueden encuadrarse en una hipótesis penal. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los magistrados- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo. 

Según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: modificaron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa era central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones, que terminó adjudicado a Iecsa.

Llorens, Bruglia y Bertuzzi entendieron que “no era posible que las autoridades o empresas competidoras conocieran las ofertas con anterioridad a la apertura de los sobres” y favorecieran así a Iecsa, según los testimonios tomados por Bonadio y el análisis de la documentación oficial, dijeron los jueces. “Las modificaciones sobre el orden de prelación fueron anteriores a la recepción de las ofertas (con tiempo suficiente)”, agregaron.

“El 26 de octubre del 2016, cuando se dictó la primera circular modificatoria -que disponía alterar la apertura de los sobres-, no podía saberse qué empresas se presentarían, ni cómo serían sus ofertas”, afirmaron los camaristas. “Este es un punto básico, en razón de que el favorecimiento a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Iecsa” no encuentra “respaldo”, aseguraron. Los fiscales habían solicitado producir nuevas pruebas (testimonios, por ejemplo) para seguir investigando esa hipótesis.

Los fiscales también habían sostenido en su apelación que la alteración de la apertura de los sobres habría causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que de haberse mantenido el orden de prelación previsto originalmente la obra hubiese costado unos $75 millones menos. 

Los camaristas argumentaron, en cambio, que “ no es atendible construir una hipótesis delictiva en torno a un perjuicio patrimonial cuya apreciación depende de circunstancias posteriores al desarrollo de la licitación y, que no podían ser conocidas ni previstas con antelación por ninguna de las partes involucradas”. Agregaron que, con posterioridad, “se terminó abonando una cifra menor al precio base fijado en los pliegos”, según el fallo.

La causa tenía cinco funcionarios investigados. Los camaristas también confirmaron los sobreseimiento del entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y de dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

La explicación de los funcionarios investigados fue que los sobres se alteraron para cumplir con los plazos de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente Banco de Desarrollo de Latinoamérica, con el que se financiaría una parte de la obra por US$400 millones. Ese crédito era el aporte del Gobierno de Macri al proyecto, según determinaron los fiscales.

“Este préstamo debía intentar obtenerse antes de que culmine el año 2016, ya que el cupo de dinero que Argentina tenía asignado por parte de la entidad financiera para ese período, conforme prueba testimonial producida, no había sido utilizado al máximo y se perdería al año siguiente”, dice el fallo de la Cámara.

Antecedentes

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los investigados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

ED

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED