Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

Al asumir la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri puso en suspenso la obra pública, bajo el argumento de que debía emprender auditorías tras los años de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada. Esa decisión reconoció una excepción notable. El 16 de febrero de 2016, el mandatario anunció la reanudación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, proyecto largamente anunciado y apenas concretado durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

Macri encabezó un acto en Haedo, sobre las vías del Sarmiento, junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, y María Eugenia Vidal. “Esta obra se anunció hace 10 años y todo fueron anuncios… fruto de este proceso que se vivió en los últimos años en la Argentina”, evaluó Dietrich.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando una orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados US$ 747 millones, dos tercios de ellos desembolsados en los meses previos a la suspensión. Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de US$ 12,5 millones, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública presentado por este medio.

El nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

En junio de 2016, Macri se apresuró a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disponía fondos estatales por $ 45.000 millones (US$ 3.000 millones de entonces) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó US$ 30,2 millones a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a su primo Angelo Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Al año siguiente, la suma abonada saltó a US$ 211,9 millones, aunque la máxima aceleración llegaría en 2018, con pagos por US$ 504,3 millones. Semejante dispendio se toparía con una decisión abrupta. El 7 de diciembre de ese año, Dietrich firmó la orden de servicio N° 548 que suspendió los trabajos por falta de financiamiento y recortes presupuestarios.

Todas las cifras y fechas citadas corresponden a una auditoría encargada por el Ministerio de Transporte a la Universidad de San Martín (UNSAM), tarea realizada entre febrero y septiembre de 2021. Los montos informados a elDiarioAR por la Dirección Nacional de Articulación Legal de la cartera mencionada fueron mayormente expresados en pesos y convertidos a dólares por este medio, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año. Por ejemplo, en 2018, el pago fue de $14.169.416.800,67; al cambio promedio de $28,09 por dólar, equivale a US$ 504.357.400,1. Una fuente del Gobierno de Macri consideró que, prima facie, el registro de pagos concentrados en 2018 es correcto.

La tuneladora comenzó a excavar en Haedo, en octubre de 2016, y se detuvo dos años más tarde en el barrio porteño de Villa Luro. El soterramiento del Sarmiento alcanzó 27,5% de la ejecución planeada y hasta allí llegó.

Así y todo, pese a la parálisis ordenada por Dietrich y mantenida por sus sucesores del Frente de Todos, Mario Meoni (fallecido) y Alexis Guerrera, los US$ 759 millones gastados por el Estado constituyen uno de los mayores montos invertidos en obra pública durante los cuatro años de Macri en Casa Rosada.

Sobornos sin autor

El proyecto del Sarmiento es emblemático sobre la presunta corrupción con la obra pública bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia-Martín Irúrzun). Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados (ver aparte).

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos con casco y chaleco antibalas frente a las cámaras y los paneles de la televisión celebraban la regeneración ética que implicaba —a su entender— la Presidencia de Macri. A esa altura, Marcelo Odebrecht, accionista del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la macrocausa entablada en los tribunales de su país por presuntas coimas en varios países de América Latina. Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sobrellevaba varios procesamientos y dos condenas.

El consorcio encargado de la obra en el Sarmiento tuvo modificaciones desde la licitación del proyecto (2006), pero siempre tuvo a IECSA como protagonista central. Es decir, el interés por la obra nació un año antes de que los Macri transfirieran la constructora a Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, Gianfranco, Florencia, Sandra y Mariano.

¿No despertó prevenciones la reanudación de una obra tan costosa asignada por funcionarios a los que el macrismo acusaba de corruptos, como Jaime y De Vido, en manos de una empresa como Odebrecht?

No. “Cuando llegamos hicimos una evaluación de costos y pagos realizados, y no notamos ninguna irregularidad. Los montos eran acorde al avance de la obra, que casi no había tenido ejecución”, dijo la fuente del Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Macri. “Pedimos informes, sumamos a la PIA (Procuración de Investigaciones Administrativas) y no presentó ninguna objeción”, agregó la voz, al tanto de los pormenores del contrato.

Una fuente con acceso a la causa dijo a este medio que la única intervención de la PIA, organismo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se dio sólo en dictámenes aportados a la causa a raíz de una denuncia presentada, en 2016, por la legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña (juzgado federal de Martínez de Giorgi y fiscalía de Franco Picardi). El contenido de los dictámenes de Rodríguez fue resumido como “lapidario” para las empresas que intervinieron (ver aparte).

Los responsables del Ministerio de Transporte que dirigía Guillermo Dietrich se encontraron con fondos asignados a un fideicomiso específico garantizado por el impuesto al gasoil, que había sido creado por De Vido en 2011, explicó la fuente del Ejecutivo de Macri.

Patrón de negocios

Durante la gestión de Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) en Transporte, y Julio de Vido en Planificación (2003-2015), el Estado renegoció varias veces el contrato y abonó los siguientes montos: US$ 18,6 millones en 2011, US$ 17,7 millones en 2012 y US$ 55,5 millones en 2013, según la auditoría de la Universidad de San Martín. En el expediente que instruye Martínez de Giorgi, los montos considerados “acreditados” por el juez son mayores, y alcanzan US$ 158,3 millones entre 2010 y 2012 (la tuneladora fue armada en 2011), y US$ 28 millones entre 2013 y 2014.

El curso económico y político del Gobierno de Macri aporta algunas respuestas a las dudas planteadas.

En marzo de 2017, Calcaterra vendió IECSA a Marcelo Mindlin, socio mayoritario del generador eléctrico y productor de gas y petróleo Pampa Energía. Mindlin rebautizaría la constructora como Sacde.

El monto de la venta no fue hecho público, pero la secuencia reconoce un patrón de otras operaciones de las empresas de Macri y su familia. Tanto la venta de los parques eólicos a Genneia —firma de la familia Brito— como la de la participación de Sideco Americana en Autopistas del Sol se dieron después de decisiones del Gobierno de Cambiemos que beneficiaron directamente a esas empresas o mejoraron sustancialmente las condiciones del negocio, lo que redundó en una extraordinaria revalorización de los activos. En el medio, aparecen nombres recurrentes que entran y salen en el pasamanos, como Isolux, firma española con causas por presuntos fraudes en varios países.

En el vínculo IECSA-Sacde se suma el contrato ganado y pagado para la construcción de uno de los tramos del Paseo del Bajo, en Puerto Madero, adjudicado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, coincidentemente, en 2016. Como en el affaire de los seis parques eólicos que redundaron en una ganancia para los Macri de US$ 69,2 millones, en el Paseo del Bajo también aparece Isolux en el papel de aparente competidor y un armado sospechoso de la licitación para beneficiar a IECSA, lo que mereció una denuncia de una Auditoría General de la Ciudad y un cierre in límine de la causa por parte de Claudio Bonadio, con sobreseimiento exprés para Dietrich y Larreta, ratificado por Cámara en 2019 (otra vez Bruglia, más Pablo Bertuzzi —ambos trasladados a ese tribunal a dedo por Macri— y Mariano Llorens —arquero del Liverpool—).

Baile de cifras y pasamanos

Las novedades en el consorcio del soterramiento de 2017 incluyeron al otro socio principal del soterramiento. Con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y Michel Temer en el Planalto, Odebrecht ocupaba el centro de la escena del Lava Jato. Sus ejecutivos confesaron pagos de coimas por al menos US$ 3,3 millones para ganar la obra del tren Sarmiento, una tarea que habría llevado a cabo, según la delación premiada, Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en IECSA. Los receptores de las coimas habrían sido “Duvidoso” y “Festança”, pseudónimos para identificar a funcionarios de Cristina.

El baile de cifras de los aparentes sobornos por el soterramiento varía hasta los US$ 20 millones. Todo indica que algunos números en danza son fragmentos o cuotas de pagos mayores. Lo más certero asentado en el expediente judicial es una reconstrucción del fiscal Picardi sobre un giro de USD 4,4 millones por parte del consorcio a través de una offshore de Odebrecht en Andorra, cifra coincidente con otra recibida por una sociedad de Jorge “El Corcho” Rodríguez en una cuenta radicada en Uruguay.

Al tiempo que Picardi trataba de validar los testimonios de los arrepentidos brasileños para la causa iniciada en Comodoro Py, el Gobierno de Macri impulsó que Odebrecht vendiera su participación en el consorcio del Sarmiento, bajo apercibimiento de excluir a la firma de listado de contratistas del Estado. El lugar del gigante brasileño fue ocupado por Ghella, compañía italiana que había sido socia de IECSA en obras y servicios adjudicados por el Gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2017, segundo año de Cambiemos en Casa Rosada, las obras públicas cobraron ritmo. Ese año, el Estado pagó US$ 211 millones de dólares a la nueva sociedad del soterramiento entre Ghella (70%) y Sacde (30%).

Vértigo

Tras las elecciones legislativas que ganó el macrismo, sobrevino el objetivo de recortar gastos con la reforma jubilatoria y la reducción de la obra pública. El cierre del financiamiento internacional para Argentina significó un golpe letal para un Gobierno que había basado su gestión en la toma de deuda externa. En junio de 2018 llegó el salvataje del FMI por US$ 45.000 millones, y con éste, la meta del déficit cero.

Tras cartón, en agosto explotó la causa Cuadernos en el juzgado de Bonadio, que tuvo a Calcaterra como uno de los supuestos arrepentidos por pagar coimas y a una oficina del nuevo dueño de IECSA, Mindlin, como una de las presuntamente anotadas por el chofer Oscar Centeno como destino para buscar bolsos con dólares. La mención a la oficina de Mindlin fue difusa y no mereció que Bonadio actuara contra él.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo de los Cuadernos y el colapso financiero, el Estado abonó US$ 504.357.400,1 al consorcio Ghella-Sacde. De inmediato, la máquina dejó de perforar.

La bitácora atribuida a Centeno encendió la efímera versión de que a las empresas que hubieran pagado sobornos les sería retirado el permiso como contratistas del Estado.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo provocado por los Cuadernos, el colapso financiero del Gobierno de Macri y la implementación de ajustes draconianos, el Estado argentino abonó US$ 504,3 millones al consorcio Ghella-Sacde sólo en 2018. Desde diciembre de ese año, la gigantesca máquina dejó de perforar.

Los costos actuales de mantenimiento básico de la obra son inferiores a US$ 500.000 anuales, informó el Ministerio de Transporte a elDiarioAR. Cuando se encamina a cumplir tres años de mandato, el Gobierno de Alberto Fernández continúa a su ritmo habitual la auditoría de lo realizado y advierte que no cuenta con financiamiento para continuar la obra. Los responsables del soterramiento durante la gestión Macri, que podrían regresar a sus sillas en Transporte en 2023, analizan que el tramo Villa Luro-Caballito podría ser en altura, como el proyecto concretado en el ramal San Martín que cruza Palermo, Chacarita, La Paternal y Villa Devoto.

La tuneladora no es comercializable de por sí. Es tan grande y compleja, que se arma especialmente para cada proyecto y sólo se podrían vender algunas de sus partes. Varado en Villa Luro, el monstruo excavador mira a sus espaldas un agujero de 11,5 metros de diámetro a 22 metros bajo tierra que nadie transita.

SL

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

Documentos inéditos del caso Lava Jato revelan presuntos pagos ilegales de la constructora Odebrecht por los gasoductos en Argentina y el registro de dos destinatarios de supuestos pagos indebidos por el “proyecto Sarmiento”, que correspondería al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, según las planillas analizadas en los últimos días por elDiarioAR.

Se trataría de los pagos más antiguos registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht con respecto a obras en Argentina. Hasta el momento, se conocían este tipo de registros del periodo 2010-2014. Los documentos que salen ahora a la luz incluyen pagos registrados en 2006 por obras de la constructora en el país. Convoca.pe, medio digital de periodismo de investigación en Perú, tuvo acceso a las planillas y las compartió con elDiarioAR, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. 

Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú, y contiene una gran cantidad de nuevos seudónimos o codinomes (en portugués) que ocultan a personajes supuestamente sobornados por la constructora brasileña en Perú. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países, entre ellos, Argentina. 

El Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña manejaba la “caja 2” de la compañía, es decir, la contabilidad de pagos ilegales, indebidos, sobornos y gastos relacionados con actividades de lavado de dinero de la corrupción, según admitieron altos ejecutivos y el propio Marcelo Odebrecht ante la Justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que bautizó en 2016 al área que elaboraba las planillas como el “departamento de sobornos”. 

A diferencia de publicaciones anteriores, estas planillas tienen un formato diferente. No son archivos de excel sino documentos de organización contable interna. Además, en algunos casos, hay destinatarios con nombres en clave pero sin montos asignados. En ambos casos, los documentos surgieron de la causa judicial en Brasil, según pudo corroborar este medio.

En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento -sólo se procesó a los exfuncionarios-; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. En los tres casos se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones y presuntos sobornos a funcionarios. 

“Gasoducto San Martín”

El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Sobornos de Odebrecht registró un pago de US$162.790,70 para el apodo “Barbie”, según una de las planillas obtenidas por los fiscales de Perú. 

Este tipo de pagos eran solicitados u ordenados por los Directores Superintendentes o DS de cada país en los que operaba Odebrecht, quienes quedaban registrados en las planillas de la contabilidad paralela con sus iniciales. En este caso, se anotó a “FF”, quien sería Favio Faria, entonces a cargo del área de Ingeniería de Odebrecht en Argentina. Así lo identificaron fuentes directas de la compañía, que aclararon que el entonces jefe directos de Faria en Brasil (el ejecutivo Marcio Faria) se hizo cargo ante la Justicia de Brasil de haber autorizado esos pagos que figuran vinculados a Flavio.

“Barbie” ya había aparecido en otras planillas con anterioridad. Por las obras en Argentina, también se registraron pagos a dirigentes de Brasil por al menos 2.860.000 reales (unos US$950 mil) entre agosto y septiembre de 2010. Fueron registrados con los apodos “Drácula”, “Barbie”, “Campones” y “Ferrari”, como reveló Perfil en 2017.

A partir de 2005, Odebrecht participó en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). En Brasil, los delatores identificaron a dos mujeres como “Barbie”.

La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas.

Odebrecht.

“Dutos Argentina”

Desde 2007, Odebrecht también participó en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias. En las planillas obtenidas por los fiscales de Perú, se registraron varios pagos en torno a la obra “dutos argentina”. El principal destinatario fue “Vinho” (vino, en portugués). Aparece relacionado a ocho pagos por un total de US$663.938, entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de noviembre de 2006. De los ocho pagos, sólo cinco figuran como “ejecutados”.

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco. La licitación había sido hecha a medida de la empresa brasileña, según una investigación de Perfil publicada en 2018.

Durante 2006, otras personas fueron registradas con nombres en clave para recibir pagos por los “dutos Argentina”: “Bonito”, “Iluminado”, “Novatos” (principiantes) y “Duvidoso” (dudoso). Pero no se anotó ningún monto. Sin embargo, “Bonito”, “Novatos” y “Duvidoso” sí figuran en otras planillas con pagos en fechas posteriores por esta misma obra en Argentina.

Otro destinatario de pagos por los “dutos Argentina” en las planillas obtenidas por los fiscales peruanos es “Super Novos” (Super Nuevo). Aparece registrado con un pago por US$60.000, el 14 de diciembre de 2009. La ejecución del pago estuvo a cargo de “Gigolino”, el alias del financista Olivio Rodrigues Junior, uno de los encargados de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Gigolino declaró como arrepentido del Lava Jato en Brasil.

“Super Novos” también aparece como destinatario de una transferencia bancaria dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2011, por una suma de US$100.000 que partió de la cuenta de la offshore Klienfeld, reconocida por los arrepentidos de Odebrecht como una de las firmas fantasma utilizadas para pagar coimas. “Super Novos” recibió el dinero en una cuenta a nombre de Wheaton Corporation SA, otra offshore de Panamá con cuenta bancaria en las Antillas Holandesas, según el pago registrado en una planilla.

En otra planilla, figura “Brancos” (Blanco) con un pago por US$2 millones, anotado el 11 de enero de 2010.

Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido.

Rafael Vela Barba. — Cordinador del equipo de fiscales del Lava Jato en Perú.

Todos los pagos por los “dutos Argentina” fueron requeridos por “FF”, las mismas iniciales del encargado de negociar los contratos de los gasoductos con el gobierno de Kirchner: Flavio Faria.

En Argentina, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios están procesados por el direccionamiento de la licitación de los gasoductos a favor de Odebrecht pero la investigación por presunto pago de sobornos aún está en trámite.

“Proyecto Sarmiento”

Los datos sobre obras de Argentina en la nueva tanda de planillas que salen a la luz son escasos, pero aportan información nueva, aunque aislada. Por ejemplo, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento surgen dos posibles destinatarios de pagos ilegales apodados “Gardelón” y “Mudinho” (tonto o tonta). 

No hay montos asignados para “Gardelón” y “Mudinho” en las planillas a las que tuvo acceso elDiarioAR, pero los codinomes o apodos quedaron registrados para recibir pagos relacionados con el “proyecto Sarmiento”.

Los datos sobre el “proyecto Sarmiento” fueron registrados a pedido de “MC”. Mauricio Couri Ribeiro era el encargado del área de Infraestructura de Odebrecht en Buenos Aires, la rama a cargo del soterramiento. En Brasil, su jefe directo, Luiz Mameri, se hizo responsable ante la Justicia por los pagos vinculados a Couri.

La obra del soterramiento se anunció en diciembre de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, se abrió una licitación para la primera etapa del proyecto: los trabajos iban a realizarse entre las estaciones de Once y Liniers. 

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios para competir por la licitación del soterramiento. Uno de ellos era liderado por Iecsa e integrado por Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella. Iecsa era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y futuro presidente, Mauricio Macri. La alianza empresaria se llamó  Consorcio Nuevo Sarmiento y quedó pre-calificado como el mejor oferente.

El 7 de junio de 2007, tras la celebración de audiencias públicas, el gobierno modificó la licitación y el proyecto pasó a tener tres etapas, en lugar de una. El consorcio que integraba Odebrecht ganó la licitación pública el 23 de enero de 2008, con Cristina ya a cargo de la Presidencia.

La obra nunca avanzó debido a supuestas trabas para obtener el financiamiento privado. En 2016, el gobierno de Macri quiso financiar la obra con fondos del Estado, hasta que el Lava Jato cruzó las fronteras al sur de Curitiba. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso las confesiones de ejecutivos de la constructora brasileña: habían pagado “al menos” US$35 millones en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El informe habla de “al menos” tres obras de infraestructura comprometidas y revela que la empresa obtuvo “beneficios”económicos por US$278 millones en el país durante ese período.

La nueva información

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en Lima, dijo al Convoca.pe: “Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido (sobre los nuevos 'codinomes'). Pero ciertamente tiene que haber una muestra de interés para que esta información sea trasladada de acuerdo con las formalidades de la cooperación internacional”.

“Estamos a disposición. De la misma manera en que fuimos apoyados y respaldados en Brasil, también seremos solidarios con quienes estén interesados en develar los graves casos de corrupción y lavado de activos relacionados con Odebrecht, y que puedan significar el avance de sus investigaciones”, añadió el fiscal ante la consulta.

Las planillas necesitan ser interpretadas por los hombres de Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de los documentos obtenidos por Perú, llevan dos fechas distintas: los pagos habrían sido pactados durante 2006 pero hay un registro contable que se repite en todas las planillas de ese año: 11 de abril de 2008, que podría referirse a cuestiones contables internas del departamento de sobornos. En las planillas también se dejó asentado que los pagos relacionados con estas obras pertenecían al “Programa Verba” (progama presupuesto, en portugués), una forma de organización interna de los pagos del departamento. Además, algunos apodos se habrían utilizado para más de una persona, según explicaron algunos de los responsables del área ante la Justicia brasileña.

El área de Operaciones Estructuradas también habría pagado bonos a los ejecutivos de Odrebrecht en los países en los que no podían cobrar las bonificaciones en dólares de manera oficial, debido a las restricciones cambiarias, según explicó una fuente de la compañía a elDiarioAR.

Ante la consulta de elDiarioAR, la sede central de Odebrecht en Brasil respondió: “La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas”. La empresa también afirmó: “La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas”. 

La Procuraduría de Brasil ya envió al fiscal Franco Picardi y al juez Marcelo Martínez De Giorgi registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos y las confesiones en video de los dos ejecutivos que describieron los pagos ilegales en el país, Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los ex popes de la constructora con sede en Brasil. Sin embargo, no enviaron datos sobre quiénes son los destinatarios de estos pagos y tampoco identificaron a las personas detrás de los apodos de las planillas, según fuentes judiciales consultadas.

Odebrecht también respondió a elDiarioAR: “En los últimos cinco años, a partir de la implementación de mecanismos reconocidamente estrictos para fortalecer su gobierno corporativo y su sistema de integridad, la Compañía ha podido demostrar una actuación ética, integra y transparente en todos los países en que actúa,  previniendo y evidenciando la inexistencia de cualesquiera nuevos hechos indebidos”.

La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas.

Odebrecht.

Antecedentes

Las planillas obtenidas por los fiscales peruanos se suman a otra serie de documentos obtenidos previamente por dos iniciativas periodísticas entre 2017 y 2019: Investiga Lava Jato -liderado por Folha de Sao Paulo y Convoca.pe- y el proyecto Departamento de Sobornos, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Las primeras planillas del Departamento de Coimas de Odebrecht salieron a la luz en junio de 2017, reveladas por la investigación transnacional Investiga Lava Jato, en la que participó Diario Perfil por Argentina. De allí, surgía que el ex Director Superintendente de  Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras vinculadas entonces a los pagos eran los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata.

En 2018, los periodistas de Investiga Lava Jato también revelaron pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. De acuerdo con las planillas, Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. “Río Grande”. “Caballo” “Raúl Seixas”, un apodo en honor al padre del Rock & Roll brasileño.

En 2019, una iniciativa de los medios Mil Hojas y La Posta, de Ecuador, y ICIJ con más de 50 periodistas en 10 países revelaron más de 13 mil documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Al menos once sobrenombres aparecían recibiendo dinero por obras de Argentina a través de un entramada de sociedades offshore: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto.

La obra del soterramiento del Sarmiento apareció por primera vez en esta tanda de planillas de pagos ilegales. El destinatario del dinero fue identificado con el apodo “De Niro”. Recibió un pago de US$193.500 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA. La Justicia argentina atribuye esta empresa al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, allegado al ex ministro Julio De Vido. El empresario niega que esa sociedad haya sido suya o haber participado o recibido pagos ilegales de Odebrecht.

ED

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

La suerte de Correo Argentino SA y de las compañías del grupo Macri gira sobre un eje cada vez más complejo: para salvarse de la quiebra, Correo tiene un aliado central, el banco Meinl Bank, que sigue acumulando problemas con la ley en Austria, en Argentina y ahora, en los Estados Unidos. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cargos contra dos exejecutivos del Meinl Bank por los presuntos delitos de conspiración para lavar dinero, lavado de dinero internacional y blanqueo de capitales de procedencia supuestamente ilegal, según informó el Departamento de Justicia estadounidense el 25 de mayo último. 

Los acusados son el ex CEO del Meinl Bank, Peter Weinzierl (55), quien se encuentra detenido en Londres; y un segundo ejecutivo, Alexander Waldstein (73), supuestamente prófugo, según la última información publicada en los medios internacionales. Ambos son austríacos, de acuerdo con un comunicado del organismo de los Estados Unidos. 

Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, ya que concentra el 38% de la deuda y esa posición le permite tener poder de voto sobre el resto de los acreedores de la compañía de los Macri. Con ese poder puede incluso imponerse al Estado nacional y forzar a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, a aceptar la última oferta de Correo para pagar su deuda, evitar la quiebra y cerrar el caso. Zannini ha rechazado, al igual que otros acreedores como el Banco Nación, esa última oferta y pidió la quiebra. La compañía de los Macri ha negado en sus planteos ante la Justicia y ante consultas de elDiarioAR que existan irregularidades en su relación con el Meinl Bank.

Sin embargo, ese poder del Meinl Bank es un castillo de arena, de acuerdo con los documentos y datos oficiales y judiciales que viene informando elDiarioAR desde abril; a los dictámenes de la fiscal general Gabriela Boquin; y a una auditoría encargada por las autoridades bancarias de Austria en diciembre de 2014 y que ha revelado el diario La Nación. La presentación en Nueva York de cargos formales por presunto lavado y las acusaciones puntuales de actos de supuesta corrupción contra Weinzierl y Waldstein agudizan aún más la endeble situación de este importante acreedor del que depende el grupo Macri para salvarse de la quiebra de Correo.

Las acusaciones contra los banqueros austríacos en los Estados Unidos y la detención del ex CEO habían pasado desapercibidos en Argentina hasta este domingo, cuando fue publicado por Jorge Elbaum en El Cohete a la Luna.

La acusación en Nueva York

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York venía investigando a los ejecutivos del Meinl Bank en torno a un caso ya confirmado de sobornos y lavado de activos: el caso Odebrecht.

Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores.

Weinzierl y Waldstein están acusados de haber montado un esquema de cuentas offshore para que la constructora brasileña Odebrecht pagara, entre 2006 y 2016, cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de al menos tres países: Brasil, México y Panamá. Para armar dicho sistema utilizaron la estructura del Meinl Bank en Austria y en Nueva York, entre otras jurisdicciones como Suiza, Portugal y Panamá, sostiene el escrito de acusación.

La maniobra incluyó “transacciones fraudulentas y acuerdos ficticios para transferir más de US$170 millones de cuentas bancarias en Nueva York a nombre de Odebrecht” y a través del banco austríaco transferían el dinero “a cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero que son propiedad y estaban controladas en secreto por Odebrecht”, informó el ya citado comunicado del Departamento de Justicia. 

Además de trabajar para Odebrecht desde Austria, en 2010 ambos ejecutivos gestionaron y autorizaron que el Meinl vendiera a Odebrecht el 51% de las acciones de la sucursal del banco en Antigua y Bermuda (Antigua Bank), en el Caribe, que se utilizó para que la constructora manejara con mayor independencia sus cuentas del Departamento de Operaciones Estructuradas, o, como lo definió el Departamento de Justicia en 2016, el Departamento de Sobornos de la constructora. 

Los testimonios de exejecutivos de Odebrecht que declararon como arrepentidos también fueron clave en la presentación de la prueba contra Weinzierl y Waldstein, miembros de la junta de un banco de Antigua, según el escrito de acusación.

“Las cuentas bancarias de la empresa fantasma que estaban involucradas en el plan y que se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios extranjeros se mantenían en el Antigua Bank, que estaba controlado por Weinzierl, Waldstein y sus co-conspiradores (exejecutivos de Odebrecht) y que se utilizaba para promover el plan”, agregó el Departamento de Justicia. “Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad y hasta que se demuestre su culpabilidad”, finaliza el comunicado.

En dicho documento, de unas 30 páginas y acceso público, los fiscales de Nueva York no hacen mención a Correo ni a Socma. Argentina es mencionada una única vez, cuando los acusadores sostienen que los ejecutivos autorizaron operaciones que buscaban simular la transferencia de fondos con fines legales cuando, en realidad, se trataba de una pantalla. Entre esas maniobras de camuflaje, otorgaron créditos y “garantías contra riesgos políticos en los países donde Odebrecht operaba” y cita específicamente “en Argentina, Angola y Rusia”. 

La compañía brasileña, cuyos dueños y ejecutivos admitieron el pago de coimas a exfuncionarios argentinos, ganó en 2008 la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en sociedad con Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), quien ha sido indagado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por los supuestos sobornos a exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner y ha negado -al igual que los exmiembros de los gobiernos kirchneristas- cualquier participación en los ilícitos. 

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma aseguraron ante la consulta que sus deudas con el banco son anteriores a que se dieran a conocer esos casos, dijo una fuente de la compañía.

El CEO detenido

La investigación contra Weinzierl y Waldstein era confidencial hasta el 25 de mayo último, cuando la fiscalía anunció que Weinzierl había sido arrestado ese mismo día en el Reino Unido, como consignó el Departamento de Justicia. El ejecutivo fue capturado tras aterrizar en ese país con su jet privado en un aeropuerto al sur de Londres, según informó la agencia Bloomberg el 2 de junio último. Su colega, Waldstein, permanece prófugo de la Justicia estadounidense y no había comunicación oficial sobre su captura al cierre de esta nota.

Actualmente, Weinzierl se encuentra en una prisión en Londres. Este miércoles, tuvo una nueva audiencia en los tribunales londinenses para volver a pedir su libertad bajo fianza de US$5 millones, pero el juez le solicitó más información sobre su patrimonio real para considerar si esa cifra es adecuada, informó la agencia Bloomberg.

Hasta el momento, Weinzierl ha presentado dos abogados defensores ante los tribunales londinenses: Ben Watson y James Lewis, según informó la agencia Bloomberg. A principios de junio, Lewis planteó en una audiencia en Londres que la solicitud de las autoridades estadounidenses “pinta una imagen totalmente injustificada y engañosa”, según reflejó el mismo medio. De acuerdo con su defensor, “Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones”, citó Bloomberg. 

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

Mariano Macri — al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano.

La conexión con Correo

La fiscal general Gabriela Boquin sostuvo en su dictamen del 6 de mayo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Mauricio Macri. 

En uno de los puntos que señaló, la fiscal explicó que el Meinl Bank se convirtió en el principal acreedor de Correo por decisión propia: en 2005 y 2006 -al mismo tiempo que comenzó a trabajar para la constructora Odebrecht, según la fiscalía de Nueva York- el banco absorbió las acreencias de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que equivalen a un total de US$117.294.798. 

Luego, en 2013, el Meinl Bank acordó con Correo congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. A mayo de este año, superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. ¿Por qué el Meinl aceptó este acuerdo? “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio en abril. 

Weinzierl sabía de las investigaciones y había cooperado con las autoridades austriacas y la Oficina Federal de Investigaciones.

James Lewis — Abogado del ex CEO del Meinl Bank.

El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo y además intentó garantizar que la compañía de los Macri no vaya a la quiebra. Por esto, Boquin solicitó que se investigue. “La única relación (con el Meinl) es por acreencias con el banco”, sostuvieron en Socma ante la consulta de este medio en abril. 

A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PriceWaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria. El informe le dedica un capítulo a la relación entre el Meinl Bank y Socma (Sociedades Macri), principal compañía de la familia del expresidente y accionista de Correo: sostiene que Franco Macri -padre del expresidente- gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos del BID y la CFI con Correo, en 2005 y 2006. Es decir, que Socma estaría detrás de su principal acreedor, algo prohibido en Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Mariano Macri, el menor de los hermanos varones del expresidente y accionista del 20% de Socma, también se refirió a la relación entre el banco y el grupo empresario de su familia en una supuesta maniobra para correr a los Macri de Socma de manera ficticia ante la acumulación de una deuda con un banco de Brasil (el BNDES). “El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en el libro Hermano. Socma y Correo desmienten cualquier irregularidad en su relación con el banco austríaco y negaron ante la consulta las aseveraciones del hermano menor de Mauricio Macri.

El 26 de mayo, la jueza comercial Marta Cirulli ordenó investigar el acuerdo entre Correo y el Meinl Bank, según el fallo al que accedió elDiarioAR. La magistrada también dispuso librar exhortos a autoridades de Austria y al Banco Central Europeo para obtener información sobre las sospechas y denuncias contra la entidad bancaria y el acuerdo celebrado con Socma (Sociedades Macri).

En Austria, el Meinl Bank está denunciado por supuesto lavado de dinero con bancos de Europa del Este; fue sancionado por la autoridad de control financiero de Austria en 2019; y el Banco Central Europeo (BCE) le quitó la licencia para operar ese mismo año. Cambió su nombre a Anglo Austrian Bank pero terminó en bancarrota y la Justicia austríaca ordenó el cierre de la compañía en febrero último, como reveló elDiarioAR en abril. 

El 7 de junio, días después de la orden de la jueza Cirulli de investigar la relación con el Meinl Bank, Correo se opuso a las medidas, las calificó en un escrito en el expediente como “absolutamente improcedentes e injustificadas” y pidió que sean suspendidas. La magistrada Cirulli aún no ha decidido sobre dicho planteo.

ED

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED