El periodista Sebastián Lacunza tuvo una tardía hidalguía: me llamó después de publicar en este medio un extenso repaso de los pormenores de la candidatura presidencial de José Luis Espert en 2019, hace seis años. Su publicación fue replicada por varios portales, lo cual torna aún más perjudicial su completamente desdeñosa y lesiva mención a mi partido —UNIR— y a mi persona, sin consultarme con antelación para corroborar lo que escribiría o para incluir mi refutación.

Lo agresivo y desacreditante es la afirmación “el viejo te va a cagar”, como advertencia que habría recibido Espert en los días previos al acuerdo que celebró con nosotros allá por febrero-marzo de 2019.

No voy a utilizar el malsonante verbo —así lo significa la Real Academia—, sino otro más coloquial y también gráfico: nunca en toda mi vida política embromé a nadie. Sí me engañaron muchos. Es al revés, pues: de presunto embromador a embromado. No voy, naturalmente, a desmenuzar esta afirmación, pero sí digo que es absolutamente veraz.

Desde que empecé en la política a los 15 años pasaron 23 presidentes, contando al actual. Fui oficialista con convicción y hasta pasión sólo una vez: con el presidente Arturo Illia. Tengo cual timbre de honor haberlo acompañado desde las 21.30 del 27 de junio de 1966 hasta las 7.25 del día siguiente cuando fue bochornosa e imperdonablemente desalojado de la Casa Rosada por la Infantería de la Policía Federal siguiendo órdenes del jefe del Ejército. En la película “La Republica Perdida” se me puede ver en la explanada de la Rosada, tan triste como taciturno en ese día fatídico. Salimos caminando con Fernando De la Rúa por calle Florida casi sin hablar, abrumados por la pena.

¿Cómo se puede ser tan embromado y a la par tan alejado de las mieles del poder y, correlativamente, tan aferrado a los ideales y convicciones? No tiene lógica el menosprecio que contiene la nota de Lacunza.

Espert supuestamente sabe de economía, pero su rusticidad y falta de ilustración salta a la primera mirada. Había una incompatibilidad objetiva entre él y UNIR. ¿Por qué nos embarcamos en un acuerdo con Espert entonces? Porque UNIR tenía decidido participar de las elecciones en 2019. Alfredo Olmedo era el dirigente que respaldábamos. Pero literalmente de la noche a la mañana, se bajó. Nunca lo explicó ni públicamente ni a nosotros. En esas circunstancias, apareció Espert.

Sé que el acuerdo que celebramos en febrero de 2019 fue rechazado por Javier Milei y otros. Nos acusaban a nosotros de “estatistas”, sin conocer cómo y en qué profundidad nosotros habíamos ido transitando desde una idealización del Estado en nuestra juventud, hasta tachar a “Papá Estado” como una de las causas de la decadencia argentina. Está escrita y publicada esta fortísima mutación de nuestro pensamiento en mis artículos. Sobre todo, en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca a partir de 1983 y durante más de tres décadas.

La candidatura de Espert afectaba a la reelección de Macri. Por eso tuvimos insistentes exhortaciones para que dejáramos ese acuerdo con el economista y apoyáramos a Mauricio Macri

Acaeció que Milei en aquel entonces se dejó llevar por el prejuicio. Asoció mecánicamente nacionalismo con estatismo, sin reparar que nosotros estábamos convencidos de que cuanta más Nación y menos Estado tengamos, más prosperidad y futuro tendrá la Argentina. Como fuimos compañeros de banca en la Cámara de Diputados entre 2021 y 2023, Milei y yo aprendimos no sólo a respetarnos, sino a ser amigos.

La candidatura de Espert afectaba a la reelección de Macri. Por eso tuvimos insistentes exhortaciones para que dejáramos ese acuerdo con el economista y apoyáramos a Mauricio Macri. Las encuestas estaban indicando que había cierta paridad con el kirchnerismo-justicialismo. Nosotros pasábamos a ser el fiel de la balanza.

Por otra parte, los tuiteros de Espert no se cansaban de publicar en las redes una invitación a votar por el economista acompañando un dibujo de una tijera, en inequívoco mensaje de que se cortara boleta y sólo se votase la de presidente. Algo gravísimo que violaba la esencia misma del acuerdo.

Unánimemente, UNIR decidió orgánicamente separarse del acuerdo llamado Despertar.

¿Hubo señales de que Espert era funcional al peronismo? Innumerables y objetivamente incuestionables. Nosotros no queríamos ni por asomo el retorno kirchnerista, y eso fue determinante para nuestra decisión, además de la amenaza de que muchos de sus votantes tirarían al tacho la parte de diputados nacionales de la boleta.

Una digresión sobre los hitos de los que me honró, ademas de haber velado la República esa madrugada del 28 de junio de 1966. En 1964 fui elegido en el mejor cargo ad honorem de mi vida: secretario general de la Juventud de la Unión Cívica Radical. En 1969, el dictador Juan Carlos Onganía declaró el estado de sitio, y en la lista de personas a detener estaba mi nombre. Fue mi única y honorable orden de prisión.

Una palabra sobre traiciones y engaños. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Enrique Martínez, se negó a reprimir el desfile de los cadetes del Colegio Militar desde El Palomar hasta la Rosada comandandos por el general (R) José Félix Uriburu en ese también nefasto 6 de septiembre de 1930, el golpe que inició el declive nacional. Digo un desfile porque a eso se limitó el golpe. Era fácilmente sofocable. Cuando Martínez vio adentro de la Rosada que los insurrectos no le pondrían la banda a él sino a Uriburu, dijo con voz sonora: “Me han traicionado”. Matías Sánchez Sorondo —el cerebro civil de la asonada— le contestó: “No doctor Martínez, se traiciona a los amigos; a los enemigos se los engaña”.

Con Espert, que nunca fue amigo, no existió traición. Y como tampoco fue enemigo, no se lo engañó. Simplemente pudimos superar una trampa en la que estábamos metidos.

Al irnos de ese acuerdo en 2019, no nos fuimos al poder, sino a seguir en el invierno político pues debimos —como millones de argentinos— soportar desde el llano al vergonzoso desgobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Ni UNIR ni yo estamos en política para tender trampas ni para beneficio personal. Sorteando cien acechanzas, acá estamos listos para ayudar a nuestro país con nuestra lealtad incondicional.

Alberto Asseff es exdiputado y cofundador del Partido Nacionalista Constitucional

El ex jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a la dimensión pública tras casi tres años de ausencia, lanzándose como anfitrión de un podcast sobre liderazgo. “Proyecto 77” se llama la iniciativa virtual del ex funcionario de Cambiemos, quien dio a conocer el lanzamiento a través de su cuenta de Twitter.

“Estoy muy contento de compartir el lanzamiento de Proyecto 77, una conversación generacional en formato de podcast donde personas que atravesamos situaciones de liderazgo compartimos aprendizajes y herramientas a partir de nuestra experiencia”, escribió el dirigente del PRO.

El ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri agregó: “Los invitados que participan son políticos, deportistas, artistas, emprendedores y especialistas de habla hispana y portuguesa, nacidos en su mayoría entre 1972 y 1982”.

Los primeros tres episodios del ciclo ya están disponibles en la plataforma virtual: allí Peña conversó con el ex líder del partido español Ciudadanos, Albert Rivera; la ex jefa de Gabinete de Colombia, María Paula Correa y el empresario gastronómico peruano Virgilio Martínez Véliz.

“Hablamos sobre la salud mental y física, la fama, el trabajo en equipo, comunicarse y conectarse con otros, cómo mantener la perspectiva, la relación con lo virtual, la naturaleza, y la importancia de poder proyectarnos a largo plazo”, indicó el ex presidente de Jóvenes PRO.

Peña definió al programa como una “búsqueda como viaje interior, de reconexión con uno mismo y con los demás, que tiene más de preguntas que de certezas o respuestas, una aventura que implica riesgos y meterse por territorios a los que uno no está acostumbrado”.

Respecto a su paso por la administración de Cambiemos, en el episodio de presentación del podcast comentó que tuvo una “altísima responsabilidad, muy exigente y muy desgastante”.

“En diciembre de 2019 di un paso al costado, me metí un poco para adentro y traté de hacer esta búsqueda de reconexión, de poder comprender esa dimensión humana de lo que había atravesado”, contó el ex ministro, quien confesó que atravesó “procesos terapéuticos” e indagó sobre temas como la salud mental.

Con Proyecto 77 aseguró que busca explorar sobre “un liderazgo auténtico, conectado y más colectivo” en vez de uno “mesiánico”.

LC con información de agencia NA

La reciente reedición del libro de las memorias del ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unidos para las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, promete generar impacto político en la Argentina sobre cómo se llevó adelante la política de reclamo de las islas Malvinas durante la gestión de Mauricio Macri. 

El ex funcionario británico revela que cuando cerró un acuerdo sobre las islas el 13 de septiembre de 2016 con el entonces secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori –segundo de Susana Malcorra en el Ministerio de Relaciones Exteriores–, el funcionario macrista “estaba tan borracho” que no podía recordar los detalles de lo firmado. Lo que se conoció entonces fue un “comunicado conjunto”, con la rúbrica de los vicecancilleres de ambos países, con un principio de acuerdo para que puedan realizarse vuelos directos a las Malvinas desde la Argentina continental, entre otras concesiones que la gestión de Cambiemos aceptó como parte de su estrategia de bajar la intensidad del reclamo por la soberanía.

La cita entre Duncan y Foradori fue en la embajada británica en Buenos Aires, precisamente en el subsuelo donde hay una bodega, según detalló el ex vicejefe de la diplomacia inglesa en su libro de memorias In the thick of it (En medio de eso) , publicado originalmente en 2021 y que el pasado marzo tuvo una reedición con capítulos agregados, al que tuvo acceso elDiarioAR en su versión traducida al español, en coincidencia con los 40 años de conmemoración de la guerra de Malvinas. El anfitrión del encuentro fue el por entonces embajador Mark Kent, quien dejó el país en 2021, tras cinco años en el cargo.

Este medio intentó comunicarse con Foradori, pero al cerrar esta nota no obtuvo respuesta a los llamados y mensajes dejados en su celular.

“Debajo de la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos reunimos allí con Carlos Foradori, el vicecanciller. Fue un buen telón de fondo diplomático para algunas negociaciones delicadas sobre la obtención de vuelos adicionales a las Falklands [por Malvinas]; por millones de razones, se requiere la cooperación de Argentina para que las conexiones pasen por tierra firme”, escribe Duncan en su libro en la entrada fechada el 12 de septiembre de 2016, apenas un día después de haber arribado al país, y a dos meses de haber sido designado ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unidos para las Américas. Su jefe directo era el actual primer ministro Boris Johnson, en su momento canciller de Theresa May.

“A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Aproximadamente a las 2 de la mañana, acordamos un acuerdo preliminar”, destaca el último párrafo de Duncan sobre sus memorias ese día.

Y al día siguiente, según recuerda, Foradori volvió a tomar contacto con la embajada y confesó no recordar nada sobre lo ocurrido la noche anterior. “Mark Kent dice que Foradori acababa de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin malversación. Así que creo que todavía estamos en el camino correcto”, apuntó Duncan el 13 de septiembre de 2016.

Ese mismo día, Duncan recuerda que participó de una reunión en el Foro de Inversiones de Argentina donde asistió Macri, “quien dio su bendición a nuestros esfuerzos”. “Estamos a punto de conseguir un acuerdo con Argentina para vuelos adicionales a las Falklands”, insiste el ex funcionario británico en su texto. Y finalmente reflexiona, incluso permitiéndose un desliz sobre cómo había ocurrido la negociación en la velada con el vicecanciller argentino y qué esperaba para el futuro próximo: “Avanzamos un poco desde anoche para llevar a cabo más negociaciones (sobrias) con la canciller Susana Malcorra, que van a llevarse a cabo hasta el último minuto. A veces parecía que no íbamos a estar de acuerdo, pero surgimos con el primer comunicado conjunto positivo desde 1999 sobre comercio, seguridad y apertura de nuevos enlaces aéreos con las Falklands. Un verdadero acuerdo histórico”.

La polémica del “comunicado conjunto”

El “comunicado conjunto” que cerró Duncan con Foradori causó polémica apenas se conoció, ya que sin abordar la soberanía de las islas, la Casa Rosada aceptaba acordar con Londres no solo la posibilidad de que haya viajes desde el país hacia el archipiélago, sino también trabajar en conjunto políticas comerciales y la eliminación de trabas para la industria del gas y el petróleo, así como la pesca y embarques en el área de Malvinas. 

Como recordó el funcionario británico en su libro, fue la primera declaración acordada luego de 17 años. Todo quedó sellado en un encuentro –con foto incluida– entre Duncan y Malcorra, luego de la cita nocturna en la bodega de la embajada británica.

“Ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco”, aseguraba la declaración conjunta, que fue muy cuestionada por el kirchnerismo, en ese entonces en la oposición. De hecho, Malcorra fue citada a dar explicaciones al Congreso, días después del entendimiento. Hasta la UCR y la Coalición Cívica –aliados de PRO en Cambiemos– cuestionaron la iniciativa y Elisa Carrió convocó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que presidía, para tratar el asunto.

“Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados”, agrega, antes de señalar el avance sobre el tema de los vuelos: “Ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección”.

Además, hubo un avance en el proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin.

Las reflexiones finales de Duncan

Semanas después de su visita al país, el 20 de diciembre de 2016 y desde Londres, Duncan volvió a referirse en sus memorias a su viaje a la Argentina y dio concluida su misión: “En un momento histórico con Argentina, llegué a un acuerdo firme con su nueva canciller para establecer vuelos adicionales a las Islas Falklands vía el territorio continental. Incluso hace un año, esto hubiera sido imposible, pero después de una laboriosa diplomacia y un excelente trabajo del personal de FCO, hemos cerrado el trato”. Y escribió sobre las dificultades que tuvo, que curiosamente no fueron del lado argentino: “Al final resultó que, el mayor desafío en las negociaciones fue evitar que los políticos de las Islas Falklands sondearan y criticaran todo”.

Al año siguiente, Duncan tuvo otro contacto con Malcorra, que le pidió manejar la cuestión Malvinas y el avance de las negociaciones con otro tono, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones de medio término, que el oficialismo de Macri terminó ganando. “Mientras estoy en Peterborough [en Inglaterra], acepto la llamada prevista de la canciller argentina Susana Malcorra. Habla con mucha franqueza y explica que simplemente no pueden tomar más medidas para ayudar a las Falklands hasta después de las elecciones de mitad de período de octubre, porque no pueden arriesgarse a las consecuencias políticas”, apuntó el ex funcionario británico el viernes 17 de marzo de 2017, en Rutland, un condado inglés.

En otro apartado, el lunes 4 de junio de 2018, Duncan recuerda la visita que tuvo de Marcos Peña, entonces jefe de Gabinete. “A la Catedral de St. Paul para una breve ceremonia de ofrenda floral en la placa conmemorativa de las Falklands en la cripta con Marcos Peña, el jefe de gabinete del Presidente Macri de Argentina. Es un momento conmovedor y un nuevo paso diplomático positivo hacia un acercamiento duradero treinta y cinco años después de la Guerra de las Falklands”.

Su aparición en la lista de los Pandora Papers actualizó un enigma. Uno que él mismo se encargó de agigantar, al no haber podido o querido dar explicaciones claras al respecto. ¿Cuál? El de la misteriosa contabilidad de Jaime Durán Barba. Ese rompecabezas se compone de al menos tres piezas: los mandatos no escritos de contratación a consultoras vinculadas a su figura, el ascenso de Inversora Boroca SA (dedicada al negocio de las encuestas) y los rumores sobre aportes en negro.

En febrero de 2017, Jorge Lanata publicó en Clarín que el consultor estrella de Mauricio Macri cobraba 50 mil dólares mensuales en negro. Cuando se lo preguntaron a Marcos Peña por escrito, en una de sus exposiciones en el Senado, la respuesta fue evasiva. Con un lacónico “no”, el jefe de gabinete descartó que el consultor recibiera un salario, tuviera un cargo o nombramiento estatal.

En junio de 2017, Jaime también se mostró elusivo e incómodo ante una consulta elemental. “Usted aparece hablando casi como un hombre del gobierno. ¿Cómo es su vínculo?”, quiso saber el periodista Jairo Straccia, en una entrevista radial.

“No tengo vínculo, hablo con personas del Gobierno y de la oposición”, lo descolocó el asesor presidencial, que a esa altura ya estaba metido de cabeza en la legislativa. Tanto en la campaña porteña como en la bonaerense. 

Unos meses después, con el triunfo de Cambiemos ya puesto en la provincia y Capital, ni siquiera logró domar su ira ante la misma inquietud. Fue durante uno de los almuerzos televisados de Mirtha Legrand. En esa oportunidad, la pregunta se la hizo el periodista Pablo Méndez Shiff. Cuando Shiff le planteó que nadie sabía cuánto ganaba, él retrucó: “Yo tampoco”. Y por primera vez abandonó en público su ánimo juguetón. El Houdini de la felicidad se ofuscó. “Vivo como se me ocurre, ¿qué te parece?”, desafió al periodista.

Minutos antes, había sorteado con éxito las provocaciones de Moria Casán. Tanto al aire como en los cortes, Casán le había hecho bullying al asesor presidencial: ¿tuvo sexo?; ¿tomó viagra?; ¿por qué se tiñe así?; ¿se masturba? Jaime aguantó la ráfaga de metralla como pudo, con una mezcla de silencio y risita nerviosa. Detrás de cámara, el ecuatoriano Gandhi José Espinosa Tinajero no lo podía creer. El titular de Boroca lo había acompañado al show. Y se retorcía por dentro ante los comentarios zafados de Moria.

De 43 años, Gandhi trabaja con Durán Barba desde hace 21 años. En Quito llegó a dirigir la oficina de Informe Confidencial, la encuestadora que Jaime fundó en Ecuador en 1979. Ahora es el frontman de la sucursal argentina, repartida en al menos dos sociedades, más las que dejaron de estar activas. Porque Durán Barba y su Informe Confidencial son marcas genéricas. Detrás de sus luces de neón, existe un entramado de consultoras, call centers y sellos. Se trata de una maraña de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, contenida dentro de la gran mamushka duranbarbiana. Jaime, sin embargo, se declara definitivamente retirado y ajeno a esa trenza.

En la web argentina de Informe Confidencial, ni siquiera figura el nombre de Durán Barba. En realidad no figura ningún nombre propio. Tampoco un directorio, cargos o un número de teléfono.

En los últimos tiempos, los servicios de Boroca y de Green Consult SRL fueron solicitados por los gobiernos nacional, provincial y porteño: los de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta. En 2017, la empresa manejada por Gandhi le facturó unos 7 millones de pesos a la administración bonaerense.

A principios de 2018, el gobierno de Rodríguez Larreta licitó servicios de consultorías para la realización de 67 estudios, en un lapso de seis meses. El larretismo eligió a diez empresas para que repartieran el botín estatal: en total les pagó 247.597.380,13 pesos. Una de las beneficiadas fue Boroca. La firma del seguidor de Durán Barba le cobró 34.566.500 a cambio de encuestas telefónicas con sistema CATI, más estudios cualitativos y cuantitativos, con el informe final incluido. 

Para evitar que se repitieran situaciones como la del almuerzo televisado de Mirtha Legrand, la jefatura macrista resolvió en 2018 blanquear una mínima porción de los ingresos del asesor. Lo logró a través de un acuerdo casi simbólico entre el PRO y la George Washington University, donde Jaime es profesor. A mediados de 2018, el contrato estableció que Durán Barba cobrara 70 mil dólares hasta diciembre de ese año. ¿A cambio de qué? Clases para la tropa macrista. Según lo firmado, el objetivo era “capacitar a los dirigentes del partido de las diversas circunscripciones del país para que tengan una mirada estratégica a partir de las motivaciones que tienen los electores para tomar decisiones”. Fue Peña el de la idea. Mientras estaba en Washington, invitado a dar una charla en yunta con Durán Barba, se le ocurrió involucrar a la universidad estadounidense en el ordenamiento de los pagos al gurú.

Haber nacido en una familia acomodada de Quito es otro de los hechos que habilita su concluyente “de eso no se habla”. La sangre azul parece darle derecho a negarse a declarar sobre sus ingresos, provengan de donde provengan: ya sea su herencia, el PRO, el Estado o los empresarios interesados en la buena salud del macrismo. En el libro “Durán Barba, el mago de la felicidad” (publicado en 2019 por Editorial Planeta), sin embargo, rompió el tabú dinerario.

“Tengo una situación económica muy holgada. Y soy de costumbres muy frugales. Aunque resulte curioso, nunca en mi vida me compré un reloj. Ni anillos, ni adornos. De ropa no tengo mayor idea porque yo era activista de izquierda y creía que lo fino era propio del imperialismo. No distingo ropa fina de algo de plástico. No me importa. Tampoco sé nada de modas”, relata.

—¿Cuánto cobra una charla o una conferencia?

—Mañana voy a dar una en un banco. Quieren un análisis político de lo que pasa en Argentina, México y Brasil. Si los que asisten son personas importantes, sale unos 10.000 dólares. Doy charlas en bancos de Washington y otras instituciones. Pero también las dicto gratis, si hay una reunión de mujeres o minorías. He dado cantidad de charlas a indígenas, y obviamente no cobré ni un centavo.

—¿Cuántas de esas charlas da por año?

—Al año doy al menos unas diez conferencias. Si en promedio cobro 10.000 dólares, me significan unos 100.000 dólares al año. Desde luego que para cada charla me pagan los pasajes, la estadía y los hoteles aparte. Es una fuente de ingresos importante.

—¿Lo contratan empresas argentinas?

—Más de afuera que de acá.

—¿Qué cree que buscan al contratarlo?

—La Phillip Morris, en Nueva York, me contrata una vez al año. Se reúnen todos los gerentes para escuchar lo que sucede en América Latina. No les interesa particularmente Argentina. Quieren saber más sobre Brasil y México, países con los que también tengo mucha relación. Entonces hago análisis del continente. A las grandes empresas les importa, porque cada vez la política influye más sobre la economía. Con eso, más lo que tengo en Ecuador, me sobra para vivir.

—¿Cuánto cobra el servicio de consultoría?

—Depende del lugar. Si son tipos de derecha que no me caen bien, les doy con un hacha. Pero si son mujeres que están luchando por sus derechos, no les cobro nada.

—¿Cuánto por una consultoría importante

entonces?

—Alrededor de 10.000 dólares por día.

—¿A Macri, Rodríguez Larreta y Vidal no les cobra nada?

—No, son mis amigos desde hace muchos años. Disfruto mucho. Yo creo que lo que se está haciendo acá con el macrismo va a ser un envión para el continente. Para mí, es una lucha entre la democracia y los nuevos autoritarismos que se llaman de izquierda.

—Gandhi José Espinosa Tinajero sí cobra desde la consultora.

—Él dirige la consultora. Hace encuestas, las procesa y tal. Y Santiago Nieto labura mucho en otros países. Ahora se fue a México, pero yo me quedé en mi casa. Me canso mucho. Para eso ya estoy un poco viejo.

Al igual que Macri, Durán Barba heredó empresas, tierras y millones. El paquete de lo que recibió tras la muerte de sus padres se encuentra mayoritariamente en Ecuador. Aunque Jaime haya delegado su control en otras personas, algunas compañías siguen allí. Por ejemplo, una que exporta paltas. Con una plantación de 50 hectáreas en el pueblito de Guayllabamba, Durán Barba es uno de los productores de paltas más importantes de Ecuador. También heredó una minera de oro y plata llamada Melinachangó Santa Bárbara. Al frente de la minera aparece su hijo adoptivo: Robert Eduardo Erazo Andrade, gerente de Melinachangó.

AF

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó hoy a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

“Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación”, en los hechos; según surge de la imputación fiscal a la que accedió la agencia Télam.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la “organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvieron en aquel escrito al que accedió Télam.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.

“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.

DA

En el peor instante del Covid-19, Alberto Fernández declaró el fin de la emergencia política. A trece meses de la primera cuarentena, en la cresta de la segunda ola, sin teléfono rojo con la oposición, prometió enviar al Congreso un proyecto para establecer, según parámetros epidemiológicos y sanitarios, una hoja de ruta operativa sobre las restricciones

Una especie de nuevo Manual de la Pandemia que fije, a partir de datos duros como curva de contagios, incidencia y ocupación de camas UTI, qué medidas se deben tomar, que abrir y qué cerrar, cómo y dónde. No es un invento criollo ni Fernández es el primero en proponerlo. El legislador porteño Leandro Santoro (FdT) sugirió un método para las clases: que cada viernes se mida el nivel de incidencia y a partir de ese indicador, se determine si la semana siguiente será con clases presenciales o virtuales.

En Alemania, si a incidencia supera, durante tres días, los 165 casos cada 100 mil habitantes se suspenden las clases presenciales. En CABA la incidencia de las últimas dos semanas fue de 1250 casos cada 100 mil habitantes.

Días atrás, el parlamento alemán le otorgó a Angela Merkel un botón rojo para disponer más restricciones y determinó que se suspenderán las clases presenciales si la incidencia supera, durante tres días, los 165 casos cada 100 mil habitantes. A la semana pasada, en CABA la incidencia de las últimas dos semanas fue de 1250 casos cada 100 mil habitantes y en el Gran Buenos Aires fue de 996.

Sobrevuela, en la decisión de Fernández, la sospecha de que la Corte Suprema dictaminara, como hizo en varios fallos desde 2018, validará su competencia originaria en los pulseos jurídicos entre Nación y CABA --tesis que Carlos Zannini insiste en objetar- y señalará, como matriz, que los asuntos de índole educativa son facultad de las jurisdicciones. CABA tiene status, sin serlo, de provincia.

En la galaxia de los cortesanos, donde la velocidad del tiempo y las normas impositivas son otras, tienden a minimizar las presiones externas

En Casa Rosada se sobreestimó el teórico recelo de la Corte por fallar sobre las clases presenciales en medio de números rojos con 25 ml casos y más de 500 muertes diarias. En la galaxia de los cortesanos, donde la velocidad del tiempo y las normas impositivas son otras, tienden a minimizar las presiones externas. Pero lejos de ser infalibles, con multitudes en las calles debieron desandar aquel fallo por el 2x1 en crímenes de lesa humanidad. Sin olfato, firmaron según el clima político de Casa Rosada sin percibir el nervio sensible de los DDHH.

Juntos por el Cambio (JxC) es más Bullrich caceroleando en Olivos que Morales en el Zoom de gobernadores, es más el Larreta que operó sobre la Justicia de la Ciudad un fallo contra el DNU que el Larreta conciliador de la cumbre virtual.

Fernández logra ser todas las versiones posibles de sí mismo. Hace 15 días decidió en la soledad de Olivos y ahora propone un cientificismo sanitario a la alemana: de la cerrazón a la regulación acordada con venia legislativa. Tropieza con una dificultad obvia: Juntos por el Cambio (JxC) es más Patricia Bullrich caceroleando en Olivos que Gerardo Morales en el Zoom con gobernadores. Es más el Horacio Rodríguez Larreta que operó sobre la Justicia de la Ciudad un fallo contra el DNU de Fernández que el Larreta conciliador de la cumbre virtual y pandémica.

El expediente Correo aportó algo más: Mauricio Macri exhibió su condición de jefe cuando envió a dirigentes del PRO a oficiar de voceros de ese asunto personalísimo, familiar, un viejo entuerto de negocios para meterlo en el temario imaginario de un diálogo con el gobierno. En esa misma línea quiere imponerle a Larreta a Darío Nieto, su histórico secretario privado, en las listas porteñas.

Abundan los indicios sobre la dificultad de encauzar un diálogo dinamitado. Es más fácil ir por los si: la aprobación del nuevo esquema de Ganancias, una medida irresistible para el grueso de la política, fue una isla en un océano de desencuentros y conflictos, donde el menor detalle rompe todo como demuestra el pre acuerdo sobre la postergación de las elecciones.

PI

Desde hace dos años, la Justicia debe decidir sobre un tercer capítulo del caso Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que podría determinar si la exvicepresidenta Gabriela Michetti cerró de manera anticipada una investigación interna sobre el desempeño de miembros del gabinete de Cambiemos que acordaron una quita del 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional. 

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), instó el último 9 de marzo al juez Pablo Cayssials, quien subroga el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, a que dicte sentencia en el caso. El magistrado debe determinar si se reabre la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma de la familia del expresidente y “todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa” en el caso, incluyendo al propio exmandatario. Así consta en el expediente, según confirmó una fuente judicial del caso a elDiarioAR.

Si bien los funcionarios de Macri ya no están en el Ejecutivo, una nueva investigación administrativa quedaría a cargo del actual gobierno y podría tener consecuencias para quienes intervinieron en el caso: si se determinan sanciones para los exfuncionarios quedarán registradas en sus legajos en la administración pública pero además el sumario tendría efectos penales, ya que el rol de los agentes estatales también es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional.

El expediente que tramita desde hace dos años en el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen las demandas contra el Estado Nacional por las decisiones que toman sus funcionarios a nivel administrativo, es uno de los tres frentes judiciales en torno al caso Correo. En el fuero penal federal, el juez Ariel Lijo investiga si el expresidente, funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y ejecutivos de la empresa de los Macri cometieron delitos al acordar la quita de la deuda de Correo con el Estado, en junio de 2016.

En el fuero comercial, la jueza Marta Cirulli tramita el concurso de acreedores y el salvataje de la empresa de los Macri, que de no concretarse este 7 de abril, iría a la quiebra, como adelantó este medio. En la Justicia comercial también tramita un expediente satélite en el que debe determinarse si los administradores de la compañía vaciaron Correo, supuestamente desviando hacia otras compañías de los Macri fondos que debían destinarse al pago de las deudas, una acusación que viene sosteniendo la fiscal general Gabriela Boquin y que los ejecutivos de Correo siempre negaron.

Antecedentes de un decreto

Luego de que el caso Correo saliera a la luz, la PIA, como parte de sus funciones, ordenó en febrero de 2017 que se iniciara un sumario administrativo para determinar si los funcionarios que intervinieron o tenían intereses en el caso cometieron irregularidades, como la violación a la ley de Ética Pública y una inadecuada defensa de los intereses del Estado en la negociación con la empresa de la familia Macri. 

La investigación interna quedó a cargo de la Procuración del Tesoro. En octubre de 2017, el organismo entonces a cargo de Bernardo Saravia Frías dio por clausurado el sumario y declaró “la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Ante esa decisión, la PIA recurrió ante el Tesoro y luego ante Presidencia solicitando que se reabra el sumario y se continúe investigando a los funcionarios, ya que el fiscal Rodríguez resaltó que el sumario no había incluido las medidas de prueba necesarias para el objetivo.

Sin embargo, Michetti estableció en un decreto de octubre de 2018, que también lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el sumario había sido instruido correctamente y que la prueba producida “respetó cabalmente el principio de congruencia”. 

Sobre el presunto perjuicio al Estado que hubiera significado la quita de la deuda a Correo acordada entre la empresa y los funcionarios ante la Justicia comercial en 2016, Michetti sostuvo que no puede reprochársele a los funcionarios ya que el hecho no se llegó a consumar.

La fiscal Boquin, del fuero comercial, se opuso al acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa en diciembre de 2016. “La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional”, afirmó la entonces vicepresidenta en el decreto.

elDiarioAr intentó comunicarse con Michetti para ampliar su posición sobre el caso pero una vocera de la exfuncionaria explicó que se encuentra abocada a un tema familiar y que no se encuentra disponible. Michetti debió intervenir porque Macri se había excusado días antes de intervenir en cualquier cuestión relacionada con la firma Correo Argentino SA.

La demanda

En marzo de 2019, el fiscal Rodríguez presentó la demanda contra Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Estado Nacional por la decisión de Michetti de cerrar la investigación interna. Pero tras dos años sin sentencia, el titular de la PIA instó al juez Cayssials a un “pronto pronunciamiento” ante la “injustificada dilación” en el expediente, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda. La PIA busca que declare nulo el decreto de Michetti y todo lo actuado en el sumario administrativo y que se reabra la investigación interna en el Estado. 

La PIA sostuvo en su demanda de 2019 que no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando existe una causa penal, con exfuncionarios indagados por el caso, como el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y que la investigación interna realizada por el macrismo fue “parcial”, “cercenada de los hechos” y con “cierre apresurado”. Aguad niega los cargos en su contra al igual que el resto de los indagados: su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo.

ED