El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con más de 1.6000 delegados, resolvió esta tarde, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores”, reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales y definió que “el salario digno y la distribución de la riqueza” son el primer punto del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el programa, que fue votado a mano alzada durante el acto de cierre, y precisaron que el valor de ese salario debería ser $2,8 millones para un trabajador sin cargas de familia. En la actualidad es de $357.000.

Al cierre del Plenario, el secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM), Abel Furlán, afirmó: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”. “Mientras el Gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao para entregar el país, nosotros nos reunimos en esta contracumbre para defender la soberanía y a los trabajadores”, se refirió a la cita de hombres de negocios con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso Furlán definió la reunión porteña del FreSU como “contracumbre” del Foro Llao Llao.

“Vamos a recorrer distintas provincias para fundar el FreSU en todo el país para que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse”, prometió el metalúrgico. “Eso nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de nuestro país”, agregó Furlán.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”. “Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea. Le avisamos al Gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron.”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Así fue que apuntó contra la CGT, que por ahora ha basado su estrategia contra la flexibilización laboral en recursos judiciales. Yofra llamó a “prender fuego el país con huelgas” para conseguir mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. “La multa millonaria aplicada por ejercer el derecho de huelga no es una medida administrativa: es un acto de persecución y disciplinamiento contra todo el movimiento obrero. El Gobierno pretende castigar a quienes paran, organizan y reclaman. Pretende instalar el miedo como límite a la acción sindical. No lo vamos a aceptar”, subrayó el FreSU en un comunicado. La multa ocurrió la misma semana en que la revista Noticias reveló que el patrimonio de Maturano creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa, Fernanda Selva.

“Convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido. Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”, afirmaron los delegados en el programa. “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no somos un obstáculo para salir de la crisis. Somos, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”, subrayó el FreSU en la introducción del programa de este frente conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, los Aeronáuticos de Pablo Biró, Docentes Universitarios, los Encargados de Edificios de Víctor Santa María, Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. El FreSU también tiene diálogo con otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que viene reclamando por los bajos salarios de todos y cada uno de los diarios.

Precisamente, el pasado lunes se celebró una asamblea de toda la prensa escrita reunida en Sipreba.“ Nuevamente, la aceleración de la inflación del primer trimestre de 2026 de casi el 10%, y que volverá a ser alta en abril, degradó la capacidad de compra de nuestros ingresos”, se advirtió. “Y todas las empresas, grandes, medianas o chicas, incluso los medios que son líderes en lectores, siguen sin dar respuestas acordes al momento que nos toca vivir. Por resolución del plenario, se definió realizar con asambleas, reuniones por sectores y recorridas para hacer escuchar nuestro reclamo salarial y que los medios del sector se dispongan a subir las escalas salariales y atender a la deuda histórica que afrontan con periodistas y trabajadores/as de prensa”, se promovió. El salario básico neto de convenio es de $586.000, algunos diarios lo pagan y otros tampoco superan el $1 millón, menos que $1.100.000 de la paritaria con más empleados, la de comercio.

AR

Un ultrarrico –técnicamente alguien que acumuló una fortuna superior a los US$1.000 millones– departía con un empleado, un economista y dos periodistas –por cierto, con patrimonios varias miles de veces inferior– el pasado martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, en Recoleta, en la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés). “Las inversiones van a venir, pero gradualmente”, admitió, cuando se le preguntó por la frase que horas antes en ese escenario había dicho el presidente del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, en relación a que “hay más proyectos que plata” y“ si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables”. ¿Entonces hay que esperar a 2028 para invertir?

En el establishment están divididos entre los sectores que van bien –materias primas y finanzas– y los que van mal –industria, comercio y construcción–, pero también entre los que confían en que Javier Milei superará la actual coyuntura de inflación rebrotado del 3,4% mensual y de escándalos de presunta corrupción y logrará la reelección y aquellos que empiezan a dudar de que lo logre. Hace dos meses, cuando se sancionaba la mayor flexibilización laboral de la historia argentina, no quedaban dudas de que el presidente ultra vencería en 2027. En la Argentina pendular, 60 días después comenzaron a surgir dudas también entre los empresarios que más valoran que impulse todas las medidas que siempre que soñaron.

“Estamos invirtiendo apostando a continuidad del modelo, no de Milei”, cuentan en un grupo energético. En las licitaciones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue, los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, se quedaron a fines de 2025 con dos de ellas como parte del grupo Edison –que se formó a principios de ese año junto a los dueños de Havanna, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, y los de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, cada vez menos pendientes de su negocio de electrónica– y para ello pusieron US$225 millones. Ganaron aquella subasta porque el pliego permitió que empresas con poca experiencia en generación participaran. Además se extendió el plazo de presentación de ofertas después de que rivales como la norteamericana AES pusiera la suya sobre la mesa y recién en el alargue Edison oficializó su propuesta. Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (Grupo Financiero Galicia), compraron otra de las cuatro centrales por US$245 millones y el sojero Manuel Santos Uribelarrea ganó la restante contra la italiana ENEL por US$235 millones.

Ahora los Neuss quieren quedarse con las privatizaciones de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y con Metrogas. Para la primera se presentan con Edison y en sociedad con Genneia, de Jorge Brito (Banco Macro), y se tienen mucha fe. Para la segunda, van en alianza con Mubadala Capital, fondo soberano de Emiratos Árabes. En ambas contiendas enfrenta a los mismos rivales: Central Puerto y Edenor, la distribuidora de José Luis Manzano –que por más que se haya fanatizado con Milei no corta su lazo con Sergio Massa–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Inversiones tímidas

“No hay casi empresas internacionales, sólo grupos argentinos que tienen incorporados el riesgo argentino”, continúan analizando en un grupo energético. “Hoy Milei tambalea con la inflación, con un crecimiento heterogéneo... Si hay retroceso en el modelo, estos activos que se privatizan van a valer menos y habrá que esperar tiempo a que recuperen valor”, advierten.

Es más, en otro conglomerado apuntan que todas estas empresas que el Estado vende necesitan inversión para operar y mejorar el ajustado sector eléctrico, que no está recibiendo tantos desembolsos como Vaca Muerta. “Inversiones tímidas”, las definió el CEO de AES Argentina, Martín Genesio, en la cumbre de Amcham. En los pasillos, otro inversor en el rubro rumoreaba con preocupación: “Es hora de bancar a Milei, pero con plata, es decir, con inversiones, y eso es lo que falta”. Más allá de que todas estas privatizaciones implican pagos en dólares al Estado (a YPF, en el caso de Metrogas), la inversión real en maquinaria y construcción cayó 11% en febrero, el último mes medido por el estudio Ferreres, después de bajar 6% en enero.

“La preocupación por la continuidad del modelo va ir inscrecendo más y más hasta las elecciones”, lamentan en el conglomerado de energía. “Este se supone que era el año del crecimiento, de la estabilidad política. Hoy todavía se espera que reelija Milei, pero si esto sigue así, puede surgir algo alternativo para sostener el modelo. (Paolo) Rocca debe estar tratando de buscar candidato, pero en el pasado no le fue bien –recuerda aquel apoyo implícito al radical Ernesto Sanz en la interna con Mauricio Macri en 2015 de quien ahora recibe insultos de Milei por proteccionista–. Si esto cruje, el empresariado va a pensar en una alternativa, pero todavía falta”, concluyen.

Ronda de nombres para 2027

No fue casual que el exdiputado Emilio Monzó se paseara por la reunión de Amcham después de visitar días antes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los empresarios se le acercaban para preguntarle si estaba armando algo alternativo, pero el exjefe de la Cámara de Diputados en el gobierno de Macri negaba que buscara una gran coalición contra Milei o que Kicillof busque un compañero de fórmula presidencial de la centroderecha, como hizo Luiz Inácio Lula Da Silva con Geraldo Alckmin para derrotar a Jair Bolsonaro hace cuatro años. Le contó que busca armar una opción de centro frente a los libertarios y al exministro de Economía como figura asociada al pasado kirchnerista. En ese espacio pretende incluir a peronistas como el exgobernador sanjuanino y diputado Sergio Uñac y a empresarios como Brito, por su experiencia al frente de River, o Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la licenciataria de los autos y las camionetas Mercedes-Benz. Brito y Herrero son nombres que también menciona el armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, que repite que se necesita un outsider para desplazar a otro outsider como el economista libertario. Al dueño del Macro le gusta la idea, pero no sabe si en 2027. En cambio, el ex CEO de Toyota carece de ese perfil político.

Sin embargo, hay hombres de negocios que descreen de Monzó y comentan que en realidad quiere armar una primaria abierta (PASO) entre el dueño del Banco Macro y el economista keynesiano al que la derecha apodaba El Soviético. “Kicillof no entiende lo que es el mercado”, decía Jorge Brito padre en 2015 cuando finalizaba su gestión como ministro de Cristina Fernández de Kirchner y días antes del balotaje entre Macri y Daniel Scioli. Todo cambia: ahora su hijo suena como aliado del gobernador, mientras el expresidente de la Nación y de Boca mantiene por ahora el apoyo al gobierno donde Scioli es secretario de Turismo y Ambiente.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, haya prometido en la Amcham que los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas, en el auditorio sonrían recordando que Milei había prometido en 2024 un crecimiento como “pedo de buzo”. Lo que sí esperan es que surta efecto la baja de tasas de interés que inició el Banco Central en abril para alentar el crédito y así evitar una recesión que sumaba a la inflación del 3% sería estanflación.

En el sector financiero aguardan que el abaratamiento del dinero permita que se refinancien a menor costo las deudas de las familias morosas, en niveles récord en dos décadas, del 13% en el segmento bancario y del 25% en el de las fintech. Sería uno de los métodos de mercado para reducir la mora. El otro es que la menor tasa puede llegar a tentar a personas que no tienen deuda. Por ejemplo, para renovar el televisor antes de la Copa del Mundo. Aunque de momento no hay clima mundialero, entre el consumo deprimido, el financiamiento que estaba hasta hace poco restringido y la falta de ansiedad por conquistar un trofeo que se logró en 2022 después de 36 años de espera. Pero los optimistas del crédito aún no pueden responder por qué mejoraría si persisten los tres motivos por los que se hundió: la inflación medio alta, el salario atrasado y la caída del empleo registrado.

El frente aceitero

Tres factores sumado a la más regresiva reforma laboral en cuatro décadas, mayor a las de Carlos Menem en 1991 y Fernando de la Rúa en 2000, impulsan a Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, a abogar por una huelga por tiempo indeterminado hasta que Milei frene su rumbo. Es lo que reclamará el 1 de mayo en el plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran gremios en posicionas duras como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Abel Furlán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de Rodolfo Aguiar, la de Pilotos, de Pablo Biró, y los papeleros de José Ramón Luque.

Se plantan frente a una CGT tibia que marchará el 30 de abril y apuesta a continuar bloqueando parte de la flexibilización laboral por la vía judicial. El Fresu se piensa similar a lo que fue el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) en los 90 frente a una CGT que transó con Menem. Al frente del MTA estaban el camionero Hugo Moyano -ahora acomodado en la CGT y enfrentado a su hijo más combativo, Pablo-, la aeronavegante Alicia Castro y el colectivero Juan Manuel Palacios.

“Estamos en este frente para combatir, no para dialogar. Porque no se puede dialogar cuando te quieren dejar sin nada”, dijo Luque este miércoles en un congreso de delegados de la UOM en Mar del Plata. Aguiar llamó a “enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo” y subrayó: “No la tenemos que cumplir”.

“A este gobierno no lo debilitás con un día de paro”, criticó Yofra a la CGT en un almuerzo con periodistas este jueves en el Hotel Metropolitano, en el barrio de Monserrat. De entrada, picada de fiambres y quesos y el segundo plato, un plato abarrotado de vacío y papas al horno. El aceitero recordó que su gremio paró tres días, aunque se los descontaran del sueldo. Recordó que por esa postura de lucha sus representados han pasado de vivir en villas a tener casa propia. Son de los mejor remunerados, aunque también se desempeñan en una industria ganadora con todos los modelos. “El costo salarial de las aceiteras es el 2% del total”, explica.

Yofra no sólo rechaza la escasez de la huelga de la CGT previa al debate legislativo sobre la reforma laboral sino también que ahora apueste a voltearla en los tribunales. Por ahora lograron frenar 82 de los 218 artículos de la ley. “Si tenemos que depender de abogados y jueces, estamos al horno”, sostiene Yofra, frente a la estrategia de la central que dirigen Jorge Sola, del gremio del seguro, el camionero Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidro, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pastor Jorge Gebel, residente en EE.UU. aunque con muchos pintores de paredes en los barrios populares del área metropolitana.

“Si negociás salario por empresa, te echan a la mierda. Hay fortalecer el sindicalismo como lo era en los 60 y 70”, continúa Yofra, que se reivindica como gremialista que no entra en política partidaria ni se hace empresario sino que sigue dentro de la fábrica. Eso sí, este santafesino critica a Cristina Kirchner y elogia que a Kicillof nunca le encontraron ningún afano, aunque le reclama que recorra el interior. “Sos un pecho frío si no salís a luchar. Que me importa que nos acusen de desestabilizadores, no vamos a decir que hay que esperar si los compañeros se están cagando de hambre ahora. Se viene un estallido social”, pronosticó el aceitero.

AR

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a verse afectado por un nuevo conflicto, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos que impacta en varias líneas. La medida se suma a un escenario ya complicado para los usuarios, marcado por una reducción del 30% en la frecuencia de los servicios.

La decisión del gremio fue comunicada a través de un documento en el que se informó que la retención de tareas rige desde las 00 de este jueves 9 de abril y alcanza a aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo. Según indicaron, el Gobierno había realizado pagos solo a algunas compañías, lo que derivó en un esquema desigual en el cumplimiento de los haberes.

Desde la UTA justificaron la medida al señalar que la falta de pago y la disminución de frecuencias generaron un fuerte malestar entre los usuarios, lo que derivó en situaciones de tensión y episodios de violencia contra los choferes. En ese contexto, remarcaron que la decisión apunta a garantizar el cobro de salarios y la defensa de los puestos de trabajo.

El conflicto también expone las dificultades estructurales del sistema de transporte, ya que, según el gremio, las empresas argumentan no haber recibido los subsidios correspondientes, tanto a nivel nacional como provincial. Esta situación impacta directamente en la prestación del servicio y en la regularidad de los pagos a los trabajadores.

En medio del paro, algunas líneas lograron mantener su funcionamiento habitual en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la 64, 65 y 151, lo que permitió atenuar parcialmente el impacto de la medida en determinados corredores.

Por otro lado, se espera que a partir del jueves varias líneas comiencen a normalizar el servicio de manera progresiva, tanto en el ámbito nacional como provincial. Sin embargo, la incertidumbre persiste y los usuarios continúan enfrentando dificultades para trasladarse en un contexto de creciente conflictividad en el sistema de transporte público.

JIB

La Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, luego del reclamo de los dueños de esas compañías, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros de la cartera.

Las mismas fuentes confirmaron que el próximo jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector, a quienes criticaron por la decisión que tomaron este martes de reducir un 30% la circulación de colectivos en el AMBA, lo que generó fuertes demoras y complicaciones a los pasajeros. 

“Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva con pasajeros de por medio”, se quejaron desde la Secretaría.

Por su parte, el titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que “el sistema de transporte está colapsado” y reclamó por pagos de subsidios atrasados lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

Consultado sobre la promesa del Gobierno de depositar los subsidios en las próximas horas, respondió: “A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”.

Por eso, Pasciuto, sostuvo que seguirán este miércoles con la baja frecuencia de colectivos hasta que les giren lo adeudado.

El directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está “totalmente desarticulado”.

El empresario advirtió que el sector arrastra una “deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril”.

Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que “hoy es el último día para acreditarse” el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para “pagar mañana los salarios”.

Pasciuto denunció una “falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia” en el manejo de las partidas presupuestarias. Explicó que el Gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta “el lunes que viene”, superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Ante este escenario, el directivo de Dota planteó que las únicas salidas para mantener el servicio son “que los bancos den un descubierto a costo del empresario muy caro” o esperar la colaboración de los choferes para que “por falta de pago trabajen igual mañana hasta que se acredite el dinero”.

En contraste, destacó que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires los servicios funcionan al “100%” con los costos reconocidos.

Por último, el empresario se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector

Detalló que el litro de combustible alcanzó los $2150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF mientras otras petroleras “no entregaron” producto.

Con información de Noticias Argentinas

CRM

En la previa de un nuevo paro aéreo, el Gobierno decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria para desactivar el conflicto. La medida busca frenar las acciones anunciadas por trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes reclaman una recomposición salarial y habían convocado a una huelga nacional para este miércoles.

Según lo informado por el gremio, las medidas iban a desplegarse entre este miércoles 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos del país, con cese de actividades en dos franjas horarias —de 9 a 12 y de 17 a 20—, lo que anticipaba complicaciones en la operación aérea, con demoras y cancelaciones en medio del fin de semana largo.

Frente a este panorama, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo. El objetivo de la medida es garantizar la prestación de los servicios y abrir un canal de negociación entre las partes.

La resolución establece que el sindicato deberá levantar cualquier medida de fuerza y que los trabajadores tendrán que retomar sus tareas habituales. A su vez, la ANAC deberá evitar la aplicación de sanciones o represalias y asegurar el normal funcionamiento del sistema.

Además, tanto el gremio como el organismo deberán retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto. Desde el Ejecutivo insistieron en la necesidad de sostener el diálogo como vía para resolver la disputa y convocaron a las partes a negociar en un marco que preserve el interés general y la paz social.

Con información de medios

JIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció un paro que afectará a todos los aeropuertos del país durante seis días, en reclamo por aumentos salariales que, según el gremio, no fueron abonados por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se desarrollará desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo y se realizará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos solo estarán habilitados los vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, mientras que entre las 13 y las 16 la actividad aeroportuaria funcionará con normalidad.

Desde el sindicato explicaron que la protesta responde al incumplimiento de los incrementos salariales acordados previamente con el Ejecutivo. En ese marco, advirtieron que podrían registrarse demoras, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos durante los días de la medida.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza al Gobierno a través de sus redes sociales. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, sostuvo.

Además, el dirigente sindical remarcó que cualquier alteración en los vuelos será “exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”. En la misma línea, agregó: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.

El paro se suma a otras medidas de fuerza impulsadas por trabajadores del sector aeronáutico en lo que va de 2026, en medio de un conflicto salarial que continúa sin resolución.

Con información de medios

JIB

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que mantendrá el paro y confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fín de semana no habrá fútbol.

“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol luego en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.

La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.

Por qué se reunieron los dirigentes

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron esta tarde para definir si se levantaba o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician este jueves un paro escalonado de cinco días consecutivos que afecta vuelos comerciales en todo el país. La medida se aplica por franjas horarias hasta el lunes 2 y alcanza a la aviación general y comercial, con excepción de vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado y de seguridad.

El cronograma comienza este jueves de 15 a 18, continúa el viernes de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 de 5 a 8. “Hoy es de quince a dieciocho, hora local, con toda la aviación, ya sea aviación general y comercial”, afirma Juan Carlos Arias, secretario de prensa de Atepsa, en diálogo con AM 530.

El sindicato sostiene que el conflicto se arrastra desde agosto y que el Gobierno y la empresa incumplen un acta firmada en el Ministerio de Trabajo. Según Arias, tras tres días de medidas el año pasado, las partes acuerdan revisar en un plazo de 15 a 20 días distintos puntos del convenio colectivo, entre ellos antigüedad y densidad del tráfico, con el objetivo de mejorar ingresos sin salir de la pauta salarial oficial. “Eso es lo que no se cumplió”, señala.

La última conciliación obligatoria termina hace 25 días sin avances. “No nos llamó nadie, absolutamente nadie”, sostiene el dirigente. Atepsa presenta formalmente la medida el miércoles de la semana pasada ante la empresa, el área de Trabajo y las compañías aéreas, como exige la normativa para un servicio público esencial. “Esperábamos que nos digan algo dentro de las cuarenta y ocho horas”, agrega.

El sindicato denuncia que la falta de actualización salarial empuja a trabajadores a buscar otros ingresos fuera de su jornada habitual. “Tenemos compañeros controladores de Aeroparque, de San Fernando o de Ezeiza que se bajan de un vehículo de una aplicación, en el cual están trabajando durante ocho o diez horas, y se suben a una torre de control a controlar”, afirma Arias. Y advierte: “Ya tuvimos inconvenientes. Afortunadamente no pasó nada, pero ya tuvimos inconvenientes”.

La medida de fuerza afecta necesariamente a los vuelos comerciales porque el control del tránsito aéreo es una función obligatoria para autorizar despegues, aterrizajes y circulación en el espacio aéreo. Sin servicio de controladores en torre y centros de control, las aeronaves no pueden operar con normalidad, lo que obliga a reprogramar o cancelar partidas y arribos durante las franjas horarias anunciadas.

Además, al tratarse de una actividad considerada servicio público esencial, la interrupción parcial genera demoras encadenadas: un vuelo que no despega en el horario previsto impacta en la rotación de aeronaves y tripulaciones en otros aeropuertos. La restricción horaria en 54 aeropuertos altera la programación comercial incluso más allá de las tres horas formales de paro en cada jornada.

Atepsa aclara que la medida no incluye vuelos sanitarios, traslado de órganos ni operaciones vinculadas a seguridad o Estado. “Nosotros somos un servicio público esencial. No afectamos vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado, de seguridad”, precisa Arias.

El dirigente vincula el conflicto con la política oficial hacia los convenios colectivos. Ante la consulta sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, responde: “Ninguna duda, no tengo ninguna duda”. Según afirma, los cambios ya comienzan a aplicarse en la práctica dentro del sector.

El reclamo central apunta al incumplimiento de la revisión acordada del convenio colectivo y a la falta de recomposición en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Arias sostiene que el sindicato presenta “más de cien notas con seguridad operacional” para advertir sobre el impacto de la situación laboral en el servicio.

La conducción gremial deja abierta la posibilidad de levantar las medidas si hay una convocatoria oficial antes del lunes. “Esperemos no llegar a todos los días”, dice Arias. Hasta el momento, no hay anuncio de una nueva instancia de negociación.

La medida expone un conflicto prolongado en un sector clave del transporte, donde la falta de acuerdo salarial y la sobrecarga laboral impactan de forma directa tanto en las condiciones de trabajo como en la operación cotidiana de los vuelos comerciales.

JJD

Los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo continuaron este martes el paro iniciado el lunes contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y profundizaron el reclamo con la continuidad de la toma del edificio ubicado en Diagonal Norte 760. La medida fue impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y afectó el funcionamiento de juzgados y cámaras laborales.

El sindicato dispuso un cese de actividades durante toda la jornada del lunes 23 de febrero y anunció que retomó el paro este martes a partir de las 11, en el marco de la “gravísima” situación que, según denunció, atravesó el Fuero Nacional del Trabajo.

Defensa del fuero laboral

En un comunicado, la UEJN sostuvo: “Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado” .

La organización sindical también ratificó el rechazo “total” a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El eje del conflicto fue la defensa del fuero especializado que intervino en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Para los empleados judiciales, el traspaso a la órbita porteña implicó una modificación estructural del sistema y puso en riesgo la estabilidad institucional y laboral del sector.

Impacto sobre el trabajo cotidiano

El paro interrumpió la atención al público y el avance de expedientes en los tribunales laborales nacionales. La continuidad de la medida este martes mantuvo paralizadas las tareas desde las 11 y concentró la actividad gremial en el edificio tomado.

Los judiciales vincularon el conflicto con el contexto legislativo más amplio. Según expresaron, la situación del fuero se intensificó tras la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral promovido por el Gobierno.

La protesta se centró en cómo el traspaso y la reforma impactaron en quienes trabajan en el fuero laboral, tanto en términos de condiciones de trabajo como de funcionamiento institucional. El sindicato convocó a sostener la presencia en Diagonal Norte y mantuvo el estado de alerta.

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una revisión del traspaso ni sobre refuerzos presupuestarios para el sector. La UEJN ratificó la continuidad del plan de lucha.

JJD

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el grupo DOTA informó que durante la jornada del paro general circularán 65 líneas de colectivo, con el objetivo de garantizar frecuencias en los corredores de mayor demanda. Según precisó la empresa, los servicios funcionan con cronogramas habituales de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

El director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

Qué líneas funcionan hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales hoy operan las líneas: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 159, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 300, 370, 372, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562, 584, 603 y 619.

La UTA difundió un comunicado en el que sostiene: “Ratificamos nuestro compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocamos a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

La adhesión de los principales gremios del transporte generó la detención casi total de los trenes, subtes, colectivos, taxis y servicios marítimos y aéreos. El impacto de la medida se refleja en la suspensión de vuelos comerciales y en el corte de la circulación de mercadería y servicios de navegación.

La convocatoria de la Confederación General del Trabajo a una movilización sin paro contra la reforma laboral del Gobierno abrió una discusión interna en el movimiento obrero. Una de las críticas más directas surgió desde la propia conducción cegetista: Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT e integrante de la Unión Obrera Metalúrgica, cuestionó esa estrategia y anunció que su gremio parará actividades este miércoles desde las 10 y se movilizará a la plaza del Congreso.

En una entrevista en AM 530 Somos Radio, Lobato sostuvo que la UOM resolvió avanzar con medidas de fuerza porque “las instancias de negociación nunca estuvieron sobre la mesa, porque no era negociación, era imposición”. Según explicó, esa definición surgió del debate interno del gremio frente al avance del proyecto de reforma laboral y al deterioro del empleo industrial.

El dirigente señaló que la postura de la UOM fue clara desde el inicio del proceso legislativo. “Quizás podría haber sido antes, fuimos bastante prudentes, pero ante la situación general que vive el movimiento obrero, la UOM, a través de sus cuerpos orgánicos, decidió tomar la decisión de ir a la calle”, afirmó. En ese marco, recordó las movilizaciones realizadas en Córdoba y Rosario y confirmó que el miércoles el gremio realizará un cese de actividades y movilizará al Congreso.

La definición marcó una diferencia explícita con la conducción de la CGT, que convocó a movilizar sin paro. Consultado sobre esa decisión, Lobato indicó que no participó de las reuniones donde se definió la estrategia general. “Yo como secretario gremial no fui invitado a ninguna reunión, ni con los gobernadores”, sostuvo, aunque aclaró que la central estuvo representada por el triunvirato.

Sin embargo, cuestionó el resultado de esa línea de acción. “La mayoría decidió que había que agotar las instancias de diálogo, y lo hicieron con el mismo resultado que nosotros sabíamos que íbamos a tener: nada”, afirmó. Para Lobato, la diferencia entre movilizar con o sin paro no es secundaria y tiene consecuencias concretas sobre la participación real de los trabajadores.

“No entiendo cuál es la diferencia entre parar a las diez de la mañana y convocar a una movilización. Los que tienen que ser partícipes no son los dirigentes, son los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados”, sostuvo. En ese sentido, rechazó equiparar el impacto de la reforma sobre la dirigencia sindical y las bases. “No seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores”, agregó.

Lobato también cuestionó el contenido del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde su mirada, la reforma no respondió a un debate laboral genuino. “Esta ley es una ley absolutamente hecha en los estudios jurídicos de las multinacionales”, afirmó, y consideró que no implicó una modernización sino “un retroceso a la época de la esclavitud”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo central del proyecto fue debilitar al movimiento obrero organizado. “Para este proyecto económico, el único muro que quedaba era la CGT y el movimiento obrero, y lo van a tratar de destruir totalmente”, advirtió. Según señaló, la ofensiva actual buscó eliminar la capacidad de representación y defensa colectiva de los trabajadores.

El dirigente metalúrgico también apuntó contra gobernadores peronistas que acompañaron la reforma. Mencionó el caso de Tucumán, donde, según relató, 70 trabajadores perdieron su empleo mientras el gobernador respaldó el proyecto oficial. “Va a tener cada vez más ciudadanos tucumanos sin trabajo”, afirmó, y extendió esa crítica a otras provincias industriales.

“No se dan cuenta que los desocupados que van a venir son ciudadanos de su provincia, que ya están viniendo”, sostuvo. Para Lobato, el respaldo de algunos mandatarios respondió exclusivamente a negociaciones fiscales. “No he visto ningún gobernador discutiendo los derechos de los trabajadores”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente hizo una autocrítica sobre el estado del movimiento obrero. Reconoció que la representatividad sindical se deterioró con el paso del tiempo y que no se logró recuperar la cercanía con los trabajadores en la dimensión necesaria. Pero fue más allá y lanzó una de las definiciones más duras: “La solidaridad de la CGT no existe más”.

Según explicó, esa fractura se expresó con claridad entre gremios industriales y de servicios. “No es lo mismo la realidad de un gremio de servicios que no tiene un solo despido, que la de los metalúrgicos o los textiles, a los que les cierran empresas permanentemente”, afirmó. Desde su mirada, esa diferencia explicó parte de las tensiones actuales dentro de la central.

La UOM, indicó, se movilizará de manera orgánica y diferenciada. “Las 54 seccionales del país, en mayor o menor medida, van a venir a la movilización”, señaló, y aclaró que el gremio no se concentrará con las regionales de la CGT, sino directamente en el Congreso.

Las declaraciones de Lobato expusieron una discusión estratégica abierta dentro de la CGT en la antesala del debate en el Senado. Mientras la conducción convocó a una movilización sin paro, gremios industriales como la UOM anunciaron medidas de fuerza concretas, en un escenario donde la reforma laboral avanzó y el impacto sobre el empleo y los derechos de quienes trabajan quedó en el centro del conflicto.

JJD

Hoy hay trenes en casi todo el país porque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro nacional que La Fraternidad había resuelto para este jueves. La medida frena la huelga, garantiza la prestación del servicio y obliga al sindicato y a las empresas a retomar el diálogo, pero no resuelve el conflicto salarial que originó la protesta ni modifica la oferta rechazada por los trabajadores.

La conciliación obligatoria rige desde las 00:00 de este jueves, 5 de febrero, por un plazo de 15 días, según el comunicado oficial difundido por la cartera que conduce la política laboral. Durante ese período, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y asegurar el funcionamiento normal de los trenes, evitando demoras, cancelaciones o cualquier afectación a los usuarios. En los hechos, el impacto es inmediato: el paro no se hace y los servicios circulan.

El levantamiento de la medida de fuerza alcanza a los trenes urbanos, regionales y de larga distancia. La única excepción es un ramal de la línea Mitre, que hoy no funciona por obras de infraestructura previamente anunciadas y que no están vinculadas al conflicto gremial. Esa interrupción ya estaba programada y se mantiene al margen de la conciliación dictada por el Gobierno.

El paro había sido resuelto luego de que las empresas presentaran una propuesta salarial que el gremio consideró insuficiente. La oferta incluye un aumento del 2% sobre el salario de diciembre y subas en torno al 1% para enero, febrero y marzo, porcentajes que La Fraternidad rechaza por quedar por debajo de la inflación. El reclamo central del sindicato es una recomposición que permita recuperar el salario real, deteriorado de forma sostenida desde el cambio de gobierno.

Según lo publicado en la cobertura previa del conflicto, los trabajadores ferroviarios perdieron un 56% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Ese dato fue uno de los ejes de la decisión de ir al paro. La conducción gremial sostuvo que las paritarias quedaron congeladas frente al avance de los precios y que las propuestas empresarias no compensan esa caída.

Tras la decisión oficial, el sindicato acata la conciliación y deja sin efecto las medidas de fuerza anunciadas. Sebastián Maturano, secretario gremial de La Fraternidad, afirma que la negociación salarial resulta “en vano” y remarca que el conflicto no se soluciona, solo se suspende por imposición del Estado. La conciliación abre ahora una ventana de dos semanas para negociar, sin garantías de que la oferta mejore.

Desde el Gobierno, el comunicado oficial presenta la medida como una herramienta para promover el diálogo social y resolver el conflicto sin afectar a los usuarios. La intervención estatal prioriza la continuidad del servicio ferroviario, pero no anuncia una nueva propuesta salarial ni fija una fecha concreta de paritaria con una mejora para los trabajadores. El énfasis está puesto en que hoy haya trenes, no en cómo se resuelve el reclamo de fondo.

La situación de los ferroviarios se inscribe en un escenario más amplio de conflictos laborales marcados por la pérdida del salario real. Las negociaciones colectivas que quedan por detrás de la inflación se repiten en distintos sectores, mientras el Gobierno utiliza la conciliación obligatoria como mecanismo para frenar paros y garantizar servicios esenciales. En ese esquema, el salario queda en segundo plano frente a la urgencia de desactivar medidas de fuerza.

Durante los próximos 15 días, La Fraternidad y las empresas ferroviarias deben volver a sentarse a negociar bajo el marco legal de la conciliación. Si no hay acuerdo al finalizar ese plazo, el gremio queda habilitado para retomar las medidas de fuerza, tal como establece la legislación vigente. El resultado de esas conversaciones es clave para miles de trabajadores que reclaman recuperar ingresos frente a la inflación.

Por ahora, hoy hay trenes, pero no hay acuerdo salarial. La conciliación obligatoria levanta el paro y ordena seguir negociando, sin resolver la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los trabajadores. Al cierre de esta nota, no hay anuncio de una mejora en la oferta ni de una recomposición que supere a la inflación, y el conflicto permanece abierto.

JJD

Los trabajadores ferroviarios nucleados en La Fraternidad realizarán este jueves 5 de febrero un paro nacional de 24 horas, en reclamo de una recomposición urgente del salario real, que según denunciaron, se deterioró un 56% desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei como presidente de la Nación. La medida fue ratificada por la conducción del gremio y afectará todos los servicios de pasajeros del país, tanto urbanos como de mediana y larga distancia, con unas pocas excepciones.

“Desde el 10 de diciembre hasta ahora perdimos un 56% de nuestro salario real, y en lo que va de 2025, otro 18%”, advirtió Omar Maturano, secretario general del gremio. En una entrevista con AM 650, el dirigente explicó que la última oferta paritaria presentada por las empresas del sector contempla apenas un 2% de aumento en diciembre y un 1% mensual para enero, febrero y marzo. “Es una suma miserable, que no se compara con ninguna de las inflaciones recientes”, afirmó.

La medida de fuerza es desde las 0 del jueves 5 y se extenderá hasta la medianoche, afectando las siguientes líneas: Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren de la Costa. También se verán interrumpidos los servicios metropolitanos y regionales en el interior del país.

Según confirmaron desde el sindicato, los únicos servicios que seguirán funcionando son los trenes de carga operados por las empresas privadas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, con las que La Fraternidad ya cerró una paritaria independiente.

En cuanto a los trenes de larga distancia, el gremio informó que los servicios a Mar del Plata y Junín no se verán interrumpidos, ya que las empresas mantuvieron la venta anticipada de pasajes para este fin de semana. Por el contrario, los trenes a Córdoba y Santiago del Estero fueron anulados por las propias empresas desde septiembre, por lo que no se verán afectados por la medida de fuerza.

El reclamo de La Fraternidad se inscribe en un contexto generalizado de retroceso salarial, en el que los ingresos formales no logran recuperar su poder adquisitivo frente a la inflación. Según datos del Indec, los salarios registrados del sector privado crecieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que el índice de precios acumuló un 27,9%. Esto implicó una pérdida real de más de 2 puntos porcentuales, incluso en los segmentos con mayor cobertura sindical.

“Nos ofrecieron una suba que ni siquiera compensa la inflación de diciembre, mucho menos la de enero o la que se espera para febrero. Queremos recuperar lo que perdimos y mantener una discusión paritaria real, no un ajuste por goteo que se desactualiza al mes siguiente”, explicó Maturano.

Además del deterioro salarial, el gremio expresó preocupación por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla modificaciones en los regímenes de indemnización, contratación y jornada laboral. La Fraternidad, al igual que otros sindicatos del transporte y de la industria, alertó sobre los efectos regresivos del proyecto sobre los derechos colectivos y la estabilidad del empleo ferroviario.

“Nos quieren llevar a una flexibilización general. La única forma de frenar esto es organizándonos y haciendo oír nuestros reclamos. No vamos a aceptar condiciones impuestas sin discutir con los trabajadores”, señaló el dirigente.

Pese a que se convocó una nueva reunión con autoridades del Gobierno para este miércoles, La Fraternidad aclaró que el paro no se suspende, y que solo una oferta superadora podría modificar esa decisión. “La oferta es la misma que el viernes. Si no traen algo más, no la vamos a aceptar”, anticipó Maturano en la entrevista radial.

Hasta ahora, el Estado no planteó una propuesta diferente a la ya rechazada, y las empresas tampoco han dado señales de mejorar los tramos ofrecidos. Mientras tanto, los ferroviarios enfrentan su segundo mes sin recomposición, en un escenario marcado por aumentos de tarifas, alimentos y transporte.

JJD

Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, advirtió que si el Senado avanza con la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales deberán responder con una medida de fuerza antes y durante el tratamiento. En una entrevista radial, el dirigente pidió a los gobernadores no prestar sus votos para aprobar la iniciativa y sostuvo que “sería traicionar a la clase trabajadora”.

“El Presidente solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto son los gobernadores o espacios provinciales, que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM 530. Palazzo cuestionó que se esté negociando “el paquete fiscal a cambio de derechos laborales” y llamó a rechazar en bloque el proyecto que el Ejecutivo buscará aprobar en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Según el dirigente, no hay posibilidad de reforma positiva: “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, sostuvo. “Todos son perjudiciales. Ya sea por afectar directamente un derecho o por inclinar la balanza a favor de sectores empresariales”, remarcó.

El proyecto de “modernización laboral” promovido por el oficialismo incluye cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva. También introduce figuras como el banco de horas, que permite a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral.

Palazzo consideró que la iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años” en materia de derechos y criticó la estrategia de fragmentar el tratamiento parlamentario: “Pareciera que la discusión se reduce a ‘me sacás esto y yo te acompaño’. Pero no se trata solo de recursos fiscales, se trata de derechos fundamentales”, afirmó.

Durante la entrevista, recordó que la reforma ya fue frenada en diciembre por falta de consenso legislativo y por la movilización de la CGT durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno insiste en el Senado, “tendrá que haber una acción gremial más fuerte”.

“Yo soy de los que entienden que la medida de fuerza tiene que ser previa al tratamiento. Inclusive el día del debate tiene que haber interrupción de actividades y una fuerte movilización al Congreso”, anticipó. En esa línea, señaló que la CGT debería convocar a un Consejo Directivo para definir un plan de acción común. “Es responsabilidad de todos. No solo de los legisladores, también de los trabajadores, los gremios y las centrales”, agregó.

Palazzo también apuntó contra la conducción política de algunos bloques aliados al oficialismo. “Si ya tuvieran los votos, el Gobierno habría adelantado las sesiones para tratar la reforma. Pero no los tienen. Eso quiere decir que hay margen para frenarla”, planteó. Según el dirigente, las conversaciones entre legisladores radicales y Patricia Bullrich revelan que hay sectores dispuestos a votar en general, aunque pidan cambios puntuales. “Pero aun con cambios, la ley implica inevitablemente pérdida de derechos”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar un proyecto alternativo, relativizó su alcance: “No se pueden tratar proyectos que no sean del Ejecutivo durante extraordinarias”, recordó. Aclaró que el bloque de Unión por la Patria ya presentó 283 proyectos de reforma laboral en los últimos dos años, todos a favor de los trabajadores. “El proyecto de Kelly Olmos es uno más dentro de ese conjunto. Si conseguimos dictamen de mayoría, van a estar incluidos allí”, explicó.

La Bancaria ratificó su alineamiento con un rechazo total al proyecto del Gobierno, tanto en el plano legislativo como sindical. “Estamos muy convencidos de frenar esta reforma laboral. Ojalá ni siquiera llegue a tratarse”, concluyó.

JJD

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD

El periodismo deportivo argentino perdió este sábado a una de sus voces más emblemáticas. Guillermo Salatino murió a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco, horas antes de someterse a una intervención quirúrgica de cadera que tenía prevista.

La noticia sacudió de inmediato al ambiente del tenis, disciplina a la que dedicó gran parte de su vida profesional y desde la cual dejó una huella profunda e indeleble.

Guillermo Salatino fue mucho más que un cronista especializado: fue testigo privilegiado de generaciones enteras de tenistas argentinos, a quienes acompañó desde los inicios hasta los grandes escenarios del circuito internacional. Su mirada experta, su estilo directo y su capacidad para explicar el juego lo convirtieron en una referencia obligada durante décadas.

Aunque en 2022 dejó de viajar a los torneos por recomendación médica —tras su última cobertura presencial en Wimbledon—, nunca se alejó del tenis. Continuó opinando, analizando y marcando agenda con la misma pasión de siempre. De hecho, su despedida de las grandes coberturas llegó recién este año, con las finales de la Copa Davis 2025 en Bologna, donde volvió a demostrar su vigencia y compromiso con la profesión.

Con la franqueza que lo caracterizaba, había hablado públicamente de sus problemas de salud: múltiples stents, EPOC y dificultades de movilidad que lo obligaron a bajar el ritmo de una vida marcada por jornadas extenuantes en los principales torneos del mundo.

En los últimos días, Salatino se encontraba de vacaciones junto a su familia, a la espera de una operación programada que había mencionado incluso en sus intervenciones previas al Australian Open. Su fallecimiento, inesperado, provocó una inmediata ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales, tanto de colegas como de deportistas y fanáticos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició este miércoles 17 de diciembre un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues de vuelos nacionales e internacionales en todo el país. La medida se mantendrá hasta fin de mes, en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año, y ocurre tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio reclama incumplimientos de acuerdos salariales, despidos injustificados en aeropuertos con emergencia dotacional, y la falta de respuestas a más de 60 reclamos operativos. También exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales y del monto por refrigerio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo”, denunció Atepsa en un comunicado. La organización advirtió que muchos controladores necesitan dos o tres empleos para completar sus ingresos, y que la situación ya fue expuesta en reiteradas instancias oficiales sin solución.

El Gobierno, en cambio, respondió con dureza. La Secretaría de Trabajo calificó las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y sostuvo que el plan de lucha responde a intereses políticos y no laborales. EANA, por su parte, acusó al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” en plena época de fiestas.

El primer paro se realizó hoy entre las 8 y las 11. El cronograma seguirá así:

Las medidas afectan únicamente los despegues de aeronaves, con restricciones en autorizaciones en tierra y transmisión de planes de vuelo. Están exceptuadas las aeronaves en emergencia y los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o búsqueda y rescate.

EANA insiste en que el acuerdo paritario de noviembre aún está vigente, y que el gremio rompió unilateralmente la mesa de negociación, incluso antes de agotar las instancias de conciliación. Aún así, se convocó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, sin impacto en la huelga ya iniciada.

El conflicto amenaza con escalar si no hay avances. Para los trabajadores del sector, la parálisis operativa no es el objetivo sino la herramienta: buscan reabrir un canal de diálogo frente a lo que describen como desidia patronal y precarización silenciosa en un servicio estratégico para el país.

JJD

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realiza este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso.

Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su Secretario General, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.

“En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”, agregó el dirigente de ATE.

Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó: “La intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal”

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

“Un acatamiento promedio que supera el 90%”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%”. 

Aguiar dijo que la medida de fuerza se lleva a cabo para expresar el “rechazo a una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado” y “que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Nos quieren vender pasado por futuro, porque no hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, enfatizó el sindicalista en declaraciones a Splendid AM 990.

El titular de ATE dijo que para juzgar el proyecto del Gobierno “solo basta apelar a la historia”, ya que es similar a “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era Presidente, conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos ni reducir salarios, y eso sí crearía empleo”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará. 

Por otra parte, se refirió a la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. No obstante, aclaró que nunca se deja de atender a los pacientes y que “no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos” por plegarse a medidas sindicales.

“Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, aseguró.

ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló la semana pasada y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El anuncio de ATE se dio la semana pasada, un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad y no se actualizaba desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresará por estas horas al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del este martes será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

El Gobierno descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. 

Así lo señalaron fuentes oficiales, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración desde las 11 frente al Congreso de la Nación.

El triple reclamo de ATE y críticas a gobernadores

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral y la agenda del gobierno

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo.

Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos. 

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13:30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.

El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

JJD