La Argentina retrocedió 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa y quedó en el puesto 98, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La caída se explica por el aumento de la hostilidad oficial hacia el periodismo y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante coberturas de protestas.

El descenso se da además en una semana marcada por un nuevo capítulo en ese conflicto, luego de que el Ejecutivo dispusiera restricciones al acceso de periodistas a la Casa Rosada. Para RSF, este tipo de medidas se inscribe en un clima más amplio de deterioro de las condiciones para el ejercicio de la profesión.

El informe advierte que la situación local no es aislada. A nivel global, la libertad de prensa atraviesa su peor momento desde que el organismo comenzó a elaborar este ranking, hace 25 años. La puntuación promedio de los 180 países evaluados alcanzó su nivel más bajo histórico y más de la mitad (52,2 %) se encuentran en condiciones “difíciles” o “muy graves”.

En ese marco, RSF señala que el retroceso responde a múltiples factores, entre ellos la proliferación de marcos legales restrictivos -muchas veces justificados en la seguridad nacional-, la criminalización del periodismo y los ataques directos desde el poder político. Como ejemplo, menciona las descalificaciones recurrentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la prensa.

Según el organismo, ese estilo también encuentra eco en otros líderes, como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países registraron caídas en la clasificación. En ambos casos, RSF advierte sobre una tendencia a confrontar con los medios y cuestionar su legitimidad.

Un fenómeno regional

El deterioro es particularmente visible en América Latina, donde varios países registraron retrocesos significativos. Ecuador cayó 31 puestos (al 125) en un contexto de violencia ligada al crimen organizado y asesinatos de periodistas, mientras que Perú descendió 14 lugares (144) tras registrar homicidios de trabajadores de prensa en 2025.

También El Salvador bajó ocho posiciones (143) por la intensificación de la presión sobre el periodismo. En el extremo inferior del ranking regional aparecen Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168), donde RSF describe escenarios de fuerte restricción o colapso del sistema de medios.

Una excepción parcial es Colombia, que mejoró 13 posiciones, aunque se mantiene en un puesto rezagado (102).

Un problema global

A nivel internacional, el ranking sigue encabezado por países europeos como Noruega, Países Bajos y Estonia, mientras que en el extremo opuesto se ubican regímenes como Eritrea, Corea del Norte, China e Irán.

Incluso democracias consolidadas registraron retrocesos. Estados Unidos descendió siete puestos (al 64), en gran parte por el deterioro del clima político, mientras que España cayó seis posiciones (29) por un empeoramiento en distintos indicadores, especialmente en las condiciones económicas del periodismo.

En ese contexto, RSF advierte que menos del 1 % de la población mundial vive en países con una situación “buena” de libertad de prensa, una caída drástica frente al 20 % registrado en 2002.

El caso argentino

En el plano local, la caída de la Argentina refleja tanto factores estructurales como episodios recientes. El informe menciona la creciente confrontación entre el Gobierno y los medios, así como hechos de violencia contra periodistas en coberturas de manifestaciones, en particular durante protestas sociales.

El país se ubica ahora en una zona media-baja del ranking, en línea con una tendencia regional de deterioro, y lejos de los estándares más altos de protección de la libertad de expresión.

La Comisión Episcopal de Comunicación Social de la iglesia Católica, encabezada por su presidente, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, recibió el viernes a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y este lunes, el sacerdote acompañó a los trabajadores de prensa en el ingreso de la calle Balcarce: “Hay que visibilizar la situación porque la labor que realizan, a la que tienen derecho y es muy importante, ayuda a informar a toda la sociedad de los actos de gobierno”, dijo Lozano. Y agregó: “Es fundamental que puedan volver a desarrollar el trabajo que realizan cotidianamente”.

“Ante el cierre temporal de la Sala de Periodistas 'Decano Roberto Di Sandro', los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad”, expresa la iglesia a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Asimismo, la Conferencia Episcolal detalló que los trabajadores de prensa, en representación de los 60 trabajadores de prensa que desde el pasado jueves se vieron impedidos de ingresar a Balcarce 50 por una decisión unilateral de Javier Milei, “hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”, al tiempo que se coincidió “en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes'.

Hacia el final de su escrito, la Comisión Episcopal de Comunicación Social pidió que haya “una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”.

A mediados de marzo, previo al 50 aniversario del último golpe militar, la Iglesia se había expresado en el mismo sentido: “Teneos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción”.

El 23 de abril, el Gobierno dio de baja las acreditaciones de todos los periodistas que se desempeñan en la Casa Rosada. El argumento oficial que brindó la secretaría de Comunicación -que depende de Javier Lanari, parte del equipo de Manuel Adorni-, es que hubo supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con uno anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas de TN.

La medida implicó el quite de huellas dactilares de los periodistas acreditados -entre ellos, uno de elDiarioAR- y la caída de una prórroga que estaba vigente sobre las acreditaciones del año pasado, que vencieron en diciembre. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, completaron en el equipo de Lanari. No hubo comunicado oficial.

Además, la disposición de la administración Milei es una continuación del quite de acreditaciones de hace tres semanas a un grupo de periodistas. En su momento el Gobierno impidió el ingreso a los trabajadores de medios que publicaron algunas de las noticias producidas por una supuesta red rusa que buscaba desacreditar a Milei. También hubo una acción similar en el Congreso.

La decisión también está alineada a los cuestionamientos e insultos de Milei contra los medios y trabajadores de prensa. En sus redes sociales instaló el latiguillo “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A su vez, además de la Iglesia, organizaciones internacionales como Anmistía, y todo el espectro del arco político, cultural y social del país y buena parte del mundo se hicieron eco del cercenamiento oficialista al trabajo peridístico y denunciaron el feroz ataque del Gobierno a la libertad de prensa a partir de la represión sistemática contra los trabajadores en cada una de las manifestaciones donde se activa el protocolo antipiquetes, como en la mayoría de las manifestaciones con las que el presidente Milei inunda sus redes sociales con el llamado público a odiar al periodismo.

La enérgica condena del gremio de prensa

En cuanto los periodistas acreditados en la Casa Rosada comunicaron que por “una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, el SiPreBA repudió “el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”.

“En el último tiempo, la persecución consistió en inventar causas judiciales con tipos penales graves, y agredir físicamente a los cronistas, fotógrafos y móviles en las protestas sociales. Todo apunta a generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa”, remarcaron desde el gremio que nuclea a los periodistas.

“Una vez más, advertimos que la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica. No lo van a lograr. Nos solidarizamos con los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y nos ponemos a disposición de todos los acreditados y compañeros de los más de 50 medios afectados por el cierre de la Sala de Periodistas. ¡Basta de intentar silenciar a la prensa!”, reclamaron desde SiPreBA.

La decisión del Gobierno de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada y de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados generó una fuerte repercusión pública y política. Los propios trabajadores de prensa afectados emitieron un comunicado exigiendo que se retrotraiga la medida, mientras el gremio Sipreba denunció censura. También hubo varias declaraciones contra la medida oficial desde el Congreso, mientras voces ligadas al oficialismo decidieron guardar silencio ante la consulta de elDiarioAR. Solo hizo una velada expresión la diputada bullrichista de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará”.

“Desde esta mañana, por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado”, comunicaron los acreditados en la Casa Rosada. Unos 60 trabajadores de distintos medios, de todo el abanico editorial, fueron afectados. “La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, afirmaron en su comunicado.

“Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”, cerró el texto de los acreditados en Balcarce 50.

También desde el gremio de Sipreba hubo una fuerte definición de censura por la medida de Javier Milei, adoptada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Javier Lanari, secretario de Medios. “Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”, expresó el sindicato de prensa en redes sociales.

El argumento oficial que brindó el Gobierno es que la medida responde al supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN, que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con unos anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas del medio del Grupo Clarín.

Según un mensaje que publicó Lanari en sus redes sociales, “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”. “El único fin es garantizar la seguridad nacional...”, cerró el funcionario.

También hubo un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional”. “Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, agregó la entidad.

FOPEA señaló que, según surge de la información disponible, el equipo periodístico de TN “había dado a conocer el trabajo que se encontraba realizando dentro de la Casa Rosada, un ámbito que, aun con normas específicas de funcionamiento y seguridad, mantiene su carácter de espacio público”.

También la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió el accionar del Gobierno: “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”, expresó en un comunicado. “ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública”, concluyó.

Repercusión en el Congreso

En otra medida que profundiza su ataque a la prensa, el Gobierno dio de baja las acreditaciones de todos los periodistas que se desempeñan en la Casa Rosada. Este jueves unos 60 trabajadores de prensa se vieron impedidos de ingresar a Balcarce 50 por una decisión unilateral de Javier Milei. La medida ocurre el mismo día en que el mandatario recibe al magnate tecnofascista Peter Thiel, CEO de Palantir.

El argumento oficial que brindó la secretaría de Comunicación -que depende de Javier Lanari, parte del equipo de Manuel Adorni-, es que hubo supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con uno anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas de TN.

La medida implicó el quite de huellas dactilares de los periodistas acreditados -entre ellos, uno de elDiarioAR- y la caída de una prórroga que estaba vigente sobre las acreditaciones del año pasado, que vencieron en diciembre. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, completaron en el equipo de Lanari. No hubo comunicado oficial.

La medida de restricción a la prensa es una continuación del quite de acreditaciones de hace tres semanas a un grupo de periodistas. En su momento el Gobierno impidió el ingreso a los trabajadores de medios que publicaron algunas de las noticias producidas por una supuesta red rusa que buscaba desacreditar a Milei. También hubo una acción similar en el Congreso.

La medida además está alineada a los cuestionamientos e insultos de Milei contra los medios y trabajadores de prensa. En sus redes sociales instaló el latiguillo “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A su vez, organizaciones internacionales como Anmistía denunció el feroz ataque del Gobierno a la libertad de prensa a partir de la represión sistemática contra la prensa en cada una de las manifestaciones donde se activa el protocolo antipiquetes.

MC

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció este lunes que el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de varios medios de comunicación. Según el gremio, la medida constituye un acto de censura directa contra el periodismo crítico.

“El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados. Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad”, expresó el sindicato en sus redes sociales.

El gremio encuadró lo ocurrido dentro de lo que describió como una política deliberada del Ejecutivo: “Este episodio se suma a los graves ataques y el hostigamiento sistemático que el Gobierno realiza sobre la actividad de prensa, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno.”

La justificación esgrimida por el Gobierno para inhabilitar el acceso tiene como trasfondo una investigación internacional que señala a una red de inteligencia rusa, denominada “La Compañía”, como presunta financiadora de notas periodísticas críticas a la gestión de Milei publicadas en medios argentinos durante 2024. Según relató el periodista Javier Slucki, de El Destape, uno de los medios afectados, al llegar a Casa Rosada le informaron que su huella estaba inhabilitada, y la justificación dada fue el “espionaje de medios a través de los servicios rusos”.

Slucki precisó además que la restricción “baja directamente de la Oficina de Comunicación” y remarcó que “la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto”.

Para el SiPreBA, ese contexto no justifica en ningún caso una restricción al ejercicio profesional: los periodistas acreditados tienen el derecho y la obligación de cubrir los actos de gobierno, y ninguna acusación sin sustento judicial puede usarse como herramienta para bloquear ese acceso.

Según supo este medio, a un grupo de periodistas acreditados les sacaron la huella con el justificativo oficial de que se trata de “una medida preventiva hasta que se esclarezca la situación”. “No tienen ninguna culpa los periodistas, el problema es con los medios”, dijo una fuente del Gobierno. Desde este martes citarían en la Casa Rosada a los directivos de los medios involucrados.

Según supo este medio, la medida fue replicada en la Cámara de Diputados, que conduce Martín Menem. Quedaron suspendidas las acreditaciones de los periodistas que realizaban la cobertura para esos medios.

El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) denunció que el Gobierno volvió a limitar el trabajo de la prensa durante la Asamblea Legislativa y repudió la decisión de impedir que los periodistas acreditados ocupen los palcos históricos destinados a la cobertura periodística en el Congreso desde el retorno de la democracia.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la entidad cuestionó a la Presidencia de la Nación Argentina por una medida que —según señalaron— fue avalada por las autoridades del Congreso de la Nación Argentina y que, por segundo año consecutivo, desplaza a los cronistas parlamentarios de su lugar habitual durante la apertura de sesiones ordinarias.

La decisión libertaria ocurre en un marco general de fuerte avanzada sobre la libertad de prensa. Este viernes el Gobierno espera sancionar la reforma laboral donde se incluye la derogación del Estatuto del Periodista. Además hay una continua agresión a los trabajadores de prensa: el último caso ocurrió este jueves con la detención de un camarógrado del canal A24 que cubría una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso.

El impedimento mileísta choca incluso con una tradición que aún respeta hasta el propio Donald Trump en Estados Unidos. En su reciente discurso del Estado de la Unión en el Capitolio, la prensa acreditada norteamericana se ubicó detrás del mandatario. El espacio es similar al que ocuparían los periodistas en el Congreso argentino.

Resolución injustificada y arbitraria

Desde el CPP calificaron la resolución como “injustificada y arbitraria” y advirtieron que obstaculiza el normal desarrollo de la tarea periodística, además de afectar la libertad de prensa y de expresión consagrada en la Constitución Nacional. Según denunciaron, no hubo explicaciones oficiales por parte de la Vicepresidencia, responsable de la organización del evento.

En tanto, indicaron que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados se esgrimieron razones “de seguridad” para fundamentar la decisión. Sin embargo, los periodistas remarcaron que esos mismos palcos son utilizados en cada sesión ordinaria sin que se hayan registrado incidentes, por lo que consideraron que la justificación resulta “inaceptable”.

El comunicado también recuerda que se trata de la tercera vez que los trabajadores de prensa son desplazados durante la actual gestión. La primera ocurrió durante la presentación del Presupuesto 2025 en 2024; luego se repitió en la Asamblea Legislativa de 2025, cuando fueron reubicados en las galerías destinadas a invitados. En esas oportunidades, señalaron, las limitaciones de espacio, sonido y visibilidad dificultaron la cobertura y se restringió la libre circulación por el Palacio Legislativo, pese a tratarse de acreditados permanentes.

Por último, el CPP informó que solicitó reuniones formales con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para revertir la decisión. Hasta el momento, aseguraron, no obtuvieron respuesta. Si bien valoraron los esfuerzos del personal de la Cámara baja para mejorar las condiciones de trabajo, anticiparon que no claudicarán en su reclamo para recuperar su ubicación habitual en el recinto.

MC

“Todo lo que haya para corregir o sancionar, soy la primera interesada. También es cierto que los agentes son hostigados siempre”. Con esa frase la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la represión de este jueves por la mañana en el Congreso que terminó con trabajadores de prensa agredidos y con un camarógrafo del canal A24 detenido.

La funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera se comunicó con el conductor de A24 Luis Novaresio, apenas minutos después de la represión. Confirmó que fue ella quien instruyó a la Policía Federal para avanzar en la custodia del Congreso.

El operativo policial se activó a partir de una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se vota esta tarde en el Senado. Esa acción sobre las escalinatas del Palacio Legislativo motivó una fuerte cobertura de prensa y de canales de noticias en vivo alrededor de las 8 de la mañana.

En ese contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 manifestantes de la organización ambiental. Y posteriormente avanzó contra los trabajadores de prensa. Las imagenes de varios canales y periodistias registraron el momento exacto en que un policía agredió a un camarógrafo de A24, quien cayó al suelo. Luego fue detenido por un grupo de efectivos y posteriormente trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, con custodia policial.

El camarógrafo Facundo Tedechini, de 50 años, fue llevado a una dependencia del Congreso por seis policías antes de ser trasladado al hospital, donde quedo fuera de peligro. También fue agredida la movilera de A24 Agustina Biloti, que fue asistida por el efecto del gas pimienta que tiró la policía.

MC

Más de 300 periodistas permanecieron entre rejas en todo el mundo al cierre de 2025, en un contexto de “creciente autoritarismo y conflictos armados”, según el informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que sitúa a China, Birmania e Israel como los países que más reporteros encarcelan, seguidos de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán.

El estudio documenta un total de 330 periodistas privados de libertad por motivos relacionados con su trabajo informativo, la tercera cifra más alta desde que CPJ comenzó a llevar registros en 1992 y solo por debajo del récord de 384 en 2024.

Más de un tercio de los periodistas encarcelados llevan más de cinco años en prisión y casi la mitad no han sido sentenciados, mientras que el 26% ha permanecido detenido durante cinco años o más “sin juicio, en violación del derecho internacional, que exige procesos justos sin demoras indebidas”, según la organización.

Casos emblemáticos de periodistas detenidos

El informe subraya que al 61% de los periodistas encarcelados en 2025 se los acusó de delitos considerados contra el Estado, entre ellos terrorismo, espionaje o recepción de fondos extranjeros, una tendencia que afecta sobre todo a quienes cubren información política.

CPJ advierte además de que la labor periodística crítica se trata en numerosos países como una amenaza a la seguridad nacional y que utilizan “marcos legales ambiguos para silenciar voces independientes”, lo que contribuye a “la erosión de la democracia y a la falta de rendición de cuentas”.

Entre los casos emblemáticos citados figura el del periodista chino Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y con contacto muy limitado con su familia durante casi cuatro años, o el de la reportera palestina Farah Abu Ayash, que permanece detenida en Israel sin cargos formales y que ha denunciado aislamiento prolongado y abusos físicos y médicos, según la organización.

En Etiopía, la periodista Genet Asmamaw enfrenta cargos de terrorismo tras cubrir el conflicto en la región de Amhara, mientras que en Rusia la reportera Anastasiya Glukhovska permanece encarcelada desde 2023 en la región ocupada de Zaporizhzhia sin información clara sobre los cargos en su contra.

Asia concentra un tercio de los periodistas encarcelados

Por regiones, Asia concentra el mayor número de periodistas encarcelados, con 110, encabezados por China, Birmania y Vietnam.

Europa y Asia Central suman 96, con Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán a la cabeza, mientras que Oriente Medio y el norte de África suman 76 periodistas presos, principalmente palestinos detenidos por Israel y reporteros encarcelados en Egipto, según CPJ.

África contabiliza 42 periodistas tras las rejas, incluidos 16 en Eritrea y cinco en Etiopía, mientras que América es la región con menos casos, seis, aunque CPJ alerta de persecución política en países como Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Al margen, CPJ asegura que “casi un tercio de los periodistas encarcelados denunció maltrato” y que un 20 % informó haber sufrido “torturas o palizas”, con “Irán, Israel y Egipto entre los países con más denuncias históricas de abusos”.

“Estos incluyen aislamiento prolongado, privación de alimentos y atención médica, violencia física y psicológica y amenazas de muerte”, afirma la organización, que enfatiza que las cifras siguen siendo “persistentemente altas” y que representan una grave amenaza para el derecho de la sociedad a estar informada.

EFE

“Nosotros estamos para gobernar y ustedes para contar la verdad. Y confiamos en que, si hacemos las cosas bien, lo van a contar; y, si hacemos las cosas mal, lo van a contar”. La frase es parte del discurso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pronunció el último jueves en la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

“Nos sentimos más que cómodos con la crítica”, insistió en otro tramo. Su discurso resultó difícil de sostener frente a lo que se anunció ese mismo día: la intención del Gobierno de derogar el estatuto del periodista, establecido por ley hace casi 80 años –fue sancionado el 18 de diciembre de 1946–, un instrumento pensado para darle a los trabajadores de prensa garantías en el ejercicio de su profesión.

La decisión de avanzar sobre el estatuto es un nuevo escalón en una política sistemática de hostigamiento que el gobierno de Javier Milei ejerce sobre la prensa. Desde su llegada al poder, el Presidente desmanteló los medios públicos, cerró la agencia Télam, y naturalizó como política de Estado los ataques contra los trabajadores de prensa. Sus burlas, en particular, dejaron al descubierto su misoginia.

Sobre eso ya hemos hablado en estas columnas. Lo que hoy nos preocupa es la soltura con el jefe de Gabinete describe la relación de su gobierno con la prensa. El mismo día de la cena de Adepa, Adorni hizo en su cuenta de X un balance autocelebratorio sobre la cantidad de conferencias de prensa ofrecidas a lo largo de sus dos años como vocero y mencionaba, entre otras cosas, “1.341 entrevistas de funcionarios a medios de comunicación”. Cerraba el posteo así: “Nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa”.

En este racconto el ex vocero no olvida, mas bien decide omitir que en estos dos años el Presidente sólo ofreció entrevistas a periodistas que comulgan con sus pensamientos, quizás con la excepción del reportaje que aceptó darle a Eduardo Feinmann a pocos días de las elecciones. ¿Se preguntará acaso que resulta inconcebible en cualquier democracia que quien ejerce la máxima autoridad de un país llame a odiar más a los periodistas?

Hace apenas dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su intención de visitar el país para conocer de cerca la situación que viven los trabajadores de prensa. Un relevamiento de Foro de Periodismo Argentino (Fopea) indica que los ataques a la prensa pasaron de 179 casos en 2022 a 256 en 2023. Según indicó Paula Moreno, su titular, las agresiones parten en su mayoría del propio Presidente y superan, incluso, a las de Nicolás Maduro.

Adorni no es periodista. Estudió Economía –en una universidad pública, la de La Plata, y luego se recibió de contador–. Su carrera en los medios es más bien errática, basada más en su voluntad para construir un blog personal que luego lo convirtió en columnista. Quizás por eso, por no haber asistido a las clases de Periodismo I, no aprendió que la función de un periodista no es celebrar lo que está bien, para eso están los acólitos. El periodismo, por definición, está para meter el dedo en la llaga incluso cuando el poder prefiere el aplauso.

Adorni no es periodista. Pero es jefe de Gabinete. Un cargo lo suficientemente relevante como para entender —o hacerse cargo— del rol central que cumple la prensa en una democracia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes por la noche en Truth Social la presentación de una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, al que acusa de servir como portavoz de los demócratas.

En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que la demanda se interpone en Florida y señaló, entre otras preocupaciones, el respaldo del Times a la excandidata presidencial Kamala Harris.

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose prácticamente en un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical”, ha posteado Trump: “ Lo considero la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia. Su apoyo a Kamala Harris fue colocado en el centro de la portada de The New York Times, ¡algo inaudito hasta ahora! Durante décadas, The Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento, MAGA y nuestra nación en su conjunto”.

Trump prosigue: “Me ENORGULLECE responsabilizar a este periódico, otrora respetado, como lo hacemos con las cadenas de noticias falsas, como nuestro exitoso litigio contra George Slopadopoulos/ABC/Disney y 60 Minutes/CBS/Paramount, quienes sabían que me estaban difamando falsamente mediante un sistema altamente sofisticado de alteración documental y visual, lo cual era, en efecto, una forma maliciosa de difamación, y, por lo tanto, llegaron a acuerdos por cantidades récord. Practicaron esta intención a largo plazo y este patrón de abuso, que es inaceptable e ilegal. El New York Times ha tenido permitido mentir, difamarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA! La demanda se presenta en el Gran Estado de Florida”.

El trabajo de Wissam Yassin depende del azar. También su vida. Un día a día que no es solo el suyo. En peligro constante, la reportera gazatí ha estado informando desde octubre de 2023 de la brutal ofensiva israelí contra Gaza, que ha acabado con la vida de casi 250 de sus compañeros y compañeras –según datos de las autoridades locales–.

“La supervivencia es cuestión de suerte. Nadie sabe cuándo, cómo ni dónde podría ser blanco de un ataque. Somos como cualquier ciudadano que vive bajo los bombardeos y cada momento de nuestro trabajo bajo el fuego está lleno de riesgo y presión psicológica”, dice a elDiario.es la Wissam, que trabaja para la televisión pública iraquí. “Un periodista palestino es, ante todo, un ser humano que vive bajo los bombardeos y, en segundo lugar, un transmisor de noticias”.

Los últimos asesinados, el pasado día 25 de agosto, fueron cinco periodistas de diferentes medios de comunicación, blanco de un ataque israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza. Entre ellos estaba la fotoperiodista Mariam Abu Daqqa, mujer y madre como Yassin.

Además del peligro que corren, Yassin dice a este periódico que la presencia de menores entre las víctimas aumenta la carga psicológica para los y las profesionales que tienen hijos. “Ver a niños asesinados me hace sentir como si fueran mis propios hijos: su sangre es la sangre de mis hijos. La responsabilidad de una periodista que también es madre es mayor, especialmente con las viudas y las mujeres separadas”, afirma. Según datos del Ministerio de Sanidad palestino, más de 16.000 mujeres se han quedado viudas en el enclave palestino.

Yassin y los demás periodistas acuden a los hospitales de Gaza porque son una fuente fundamental de información, pero también es donde presencian las escenas más difíciles. “Los hospitales siempre son una fuente primaria de noticias, ya que reciben los primeros muertos y heridos”, explica. Los reporteros dependen de los datos que les facilitan los médicos y trabajadores sanitarios; además, los centros hospitalarios se han convertido en un lugar donde poder trabajar porque el suministro eléctrico está casi siempre garantizado.

“Uno de los obstáculos más difíciles es encontrar un lugar seguro donde trabajar, obtener información precisa y fiable, acceder a fuentes oficiales y comunicarse con las familias afectadas por el bombardeo. Todo esto dificulta enormemente la recopilación de noticias, especialmente por el constante movimiento entre lugares”, detalla la reportera de 49 años, que como todos y todas se tiene que desplazar de un sitio a otro, con el riesgo que eso conlleva, antes de retransmitir las noticias a través de las cámaras de televisión.

La “misión” de mantener al mundo informado

El periodista gazatí Monzer Al Sherafi también describe su trabajo como una lucha constante por la supervivencia física, psicológica y profesional. Sin embargo, cree que es un deber seguir informando: “Sin palabras ni imágenes, Gaza desaparecería de la vista del mundo. Nadie sabría de la hambruna, del genocidio ni de la matanza diaria de niños, mujeres y ancianos. El periodismo es aquí la voz de más de 2,2 millones de personas que viven bajo los bombardeos y la destrucción constantes”.

Al Sherafi explica a elDiario.es que informar no solo es peligroso, sino también agotador: desplazamientos constantes, cortes de electricidad e internet, falta de equipo y restricciones que las herramientas más básicas lleguen a Gaza por el bloqueo de Israel. A menudo, los periodistas dependen únicamente de sus teléfonos móviles para grabar y transmitir testimonios. A las dificultades logísticas y técnicas, se suman las económicas, ya que transferir dinero a Gaza y obtener efectivo en la Franja es casi imposible, y muchos periodistas también deben mantener a sus familias.

El periodista independiente de 41 años –que ha colaborado con la televisión libanesa Al Mayadeen, entre otros medios– dice que quienes documentan el desplazamiento están a menudo también desplazados; quienes cubren la vida en los campamentos viven también en una tienda de campaña; quienes graban a las víctimas pueden haber perdido a sus propios familiares.

Él mismo ha perdido a más de 200 miembros de su familia extensa, además de colegas de profesión, en los pasados 23 meses. Pero esas pérdidas devastadoras le impulsan a continuar: “Somos una gran familia. Compartimos comida, desplazamiento, peligro y trauma. Cuando uno cae, el resto continúa la misión por la que el otro ha muerto”, asegura.

A pesar del miedo, Al Sherafi afirma que dejar de hacer su trabajo no es una opción: “Documentamos, informamos y mantenemos al mundo informado”. “A los periodistas extranjeros se les prohíbe la entrada, por lo que los reporteros locales somos la única ventana a Gaza. La verdad debe prevalecer, cueste lo que cueste”, añade.

“El equilibrio mental se desmorona gradualmente”

El fotoperiodista Mohammed Asad –que cuenta con 18 años de experiencia cubriendo las ofensivas israelíes sobre Gaza desde 2007– explica a elDiario.es lo difícil que es seguir haciendo su trabajo en la Franja ahora mismo. “Un periodista aquí no solo se enfrenta a los peligros del trabajo, sino que vive situaciones complejas, entre cumplir con su misión [de informar], garantizar la seguridad de su familia y conseguir comida para ella o decidir si quedarse o marcharse. El sufrimiento del periodista es complejo, ya que trasciende el trabajo profesional y abarca todos los aspectos de la vida”, dice.

Además, cita los desafíos logísticos a los que se enfrentan en su día a día: “Hay una grave escasez de combustible, lo que nos obliga a desplazarnos a pie o en burro para llegar a los lugares bombardeados” e informar sobre los ataques israelíes. Las dificultades no han evitado que Asad, de 41 años, haya hecho su trabajo, incluso en los peores momentos: “Estaba desplazado en Al Zawayda [en el centro de la Franja] cuando bombardearon la Torre Mushtaha, cerca de donde estaba. La metralla volaba por todas partes y dudé entre buscar refugio o grabar. Al final, opté por grabar, a pesar del miedo y el temblor de mis manos”.

El fotógrafo que trabaja para el medio digital Middle East Monitor habla asimismo del coste psicológico que están pagando él y sus compañeros y compañeras. “El equilibrio mental se desmorona gradualmente. Al principio, estás agotado, pero te das cuenta de que el mensaje debe transmitirse a toda costa”.

“Durante esta guerra, vivimos en condiciones muy duras, entramos varias veces a la morgue donde había familiares y amigos. Filmar a diario los cuerpos y ver los cuerpos desmembrados deja inevitablemente un profundo impacto psicológico. A menudo, nos desplazamos de forma urgente para cubrir acontecimientos o declaraciones, lo que nos hace estar constantemente tensos y agitados. Intentamos reprimir la tristeza mientras trabajamos, pero luego nos derrumbamos en casa”, relata Asaad.

El fotoperiodista cuenta que su experiencia en las cuatro guerras anteriores no le garantiza sobrevivir: “Todos estos años de cobertura me han proporcionado una importante experiencia, me han enseñado a moverme y anticipar algunos peligros. Después de 18 o 20 años, un fotoperiodista desarrolla una intuición especial para desenvolverse en el terreno. Pero algunos acontecimientos son impredecibles, como el reciente ataque contra un hospital donde los periodistas fueron atacados directamente con un segundo proyectil. En ese momento, toda tu experiencia parece insignificante”.

Asaad se refiere al ataque contra el Hospital Nasser, en el que el ejército israelí empleó una estrategia llamada “doble ataque”, que consiste en efectuar un primer bombardeo y, poco después, un segundo, cuando acuden los periodistas y rescatistas. Añade que los equipos como chalecos antibalas y cascos son más bien simbólicos ante las fuerzas israelíes: “La ocupación no reconoce ninguna ley ni señal de prensa. Estas cosas pueden protegerte en países que respetan la ley, pero aquí no significan nada”.

Sin ninguna protección real ni legal

El director del Sindicato de Periodistas Palestinos, Nasser Abu Bakr, explica a elDiario.es que este órgano busca presionar a Israel y obtener algún tipo de protección para sus integrantes a través de los canales legales e internacionales: “Celebramos conferencias en parlamentos europeos, presentamos expedientes ante los tribunales y denuncias ante la Corte Penal Internacional. Trabajamos con la Federación Internacional de Periodistas para exigir sanciones, pero hasta ahora no hemos conseguido ninguna protección real”.

“La Federación Internacional de Periodistas organiza eventos y marchas en Bruselas y Canadá para presionar a la ocupación y exigirle responsabilidades por los crímenes contra los periodistas palestinos. Tenemos listas de periodistas israelíes que incitan al asesinato de nuestros colegas que se presentarán a organizaciones internacionales para que se tomen medidas legales”, añade.

El pasado lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano Avaaz (voz) lanzaron una iniciativa internacional contra el asesinato de periodistas en Gaza y el veto de Israel a la prensa extranjera en la Franja, a la que se han sumado más de 250 medios de comunicación de todo el mundo, incluido este periódico. RSF ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional por lo que considera “crímenes de guerra” cometidos por el Ejército israelí contra periodistas gazatíes. Todos los asesinatos han permanecido impunes, de momento.

“¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, preguntaba uno de los carteles que levantaron este miércoles los reporteros gráficos frente al Ministerio de Seguridad, mientras adentro la ministra Patricia Bullrich se preparaba para recibir a su par chileno para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Afuera, en silencio, con fotografías en alto y consignas escritas en blanco y negro, una multitud de trabajadores y trabajadoras de prensa marchó para denunciar el hostigamiento, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias que se repiten cada semana en el marco de las manifestaciones callejeras. “No hay democracia sin libertad de expresión”, dice el comunicado conjunto de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

Desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder, la violencia contra la prensa en el espacio público se intensificó. El protocolo antipiquetes reimplementado por Bullrich, declarado inconstitucional por diversos organismos, sentó las bases para una represión sistemática que se extiende incluso a quienes solo registran los hechos.

Las agresiones se multiplican: los fotógrafos son gaseados, golpeados, apuntados con armas no letales mal utilizadas —que se vuelven letales— y, en algunos casos, arrestados sin justificación. En especial, los miércoles, día habitual de movilización de agrupaciones de jubilados, los operativos de seguridad desembocan en episodios de violencia descontrolada.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de Gendarmería Nacional. El cartucho lo alcanzó en la cabeza. Desde entonces, Grillo transita una lenta y dolorosa recuperación tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Ese mismo día, Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo luego de que un agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martínez, le disparara a solo tres metros con un rifle Byrna, apuntando directamente a su cara.

Estos casos se suman al de Matías Aufieri, abogado en causas por derechos humanos y asesor del Frente de Izquierda, quien en junio de 2024 perdió un ojo en una protesta frente al Congreso. En aquella jornada, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad ingresaron en moto a la Plaza del Congreso y dispararon contra manifestantes y trabajadores de prensa. Luego, las detenciones arbitrarias completaron el operativo.

Lejos de ser hechos aislados, los ataques parecen obedecer a un patrón sostenido en el tiempo. El Mapa de la Policía, una herramienta de monitoreo ciudadano, fue clave para identificar a los agresores en los casos de Grillo y Navarro, lo que muestra la importancia de los registros audiovisuales que justamente los reporteros gráficos buscan garantizar.

“Expresión sin represión”, “Y a vos, ¿por qué te reprimen?”, “No hay democracia sin libertad de expresión”: las consignas de la protesta no apelaron al grito sino a la imagen. Fue la fotografía, la misma que incomoda al poder, la herramienta elegida para visibilizar la violencia de Estado. Porque no se trata solo de fotógrafos heridos: se trata del derecho a informar, del derecho de la ciudadanía a estar informada, y de un Gobierno que ve en ese derecho una amenaza.

El comunicado de Argra y Sipreba: “No hay democracia sin libertad de expresión”

Esta tarde, trabajadores y trabajadoras de prensa, reporteros graficos de aRGra, SiPreBA e independientes marcharon en silencio frente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar por las sucesivas y violentas represiones en las que son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar.

Las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, “Y a vos, ¿porqué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad.

En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al Ministro del Interior de la República de Chile, para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la misma fue demorada.

La violencia estatal comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, con el protocolo antipiquetes, que es anticonstitucional, nuevamente implementado por la Ministra de Seguridad. Desde los debates por la Ley Ómnibus, a los miércoles en los que concentran las agrupaciones de jubilados - quienes también son reprimidos brutalmente cada semana-, las agresiones de las fuerzas de seguridad son sistemáticas.

El punto más álgido de la represión se dio el 12 de marzo pasado, con el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional, durante una multitudinaria marcha de jubilados que contó con el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. El agente utilizó su arma de manera irregular, apuntando a la multitud, y el cartucho impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien luego de varias operaciones sigue en un lento proceso de recuperación. Pero Grillo no fue el único herido durante aquella jornada. También perdió la visión el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien recibió un disparo antirreglamentario. El martes pasado, gracias al trabajo del Mapa de la Policía – que también aportó a la identificación del autor del disparo a Grillo- se identificó al agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martinez, quien disparó su rifle Byrna a tan solo tres metros de Navarro, apuntado a la cara del manifestante.

Ya un año atrás, el 12 de junio de 2024, Matías Aufieri había sido el primer herido de gravedad. Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado en causas por DD.HH, participaba de las protestas en el Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus y, así como Navarro, recibió un disparo en su rostro que le ocasionó la pérdida de un ojo. En esta ocasión, el modus operandi fue orquestado por las divisiones motorizadas de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes subieron con sus motocicletas a la Plaza del Congreso, disparando a mansalva a manifestantes y trabajadores de prensa. Luego procedieron a detenciones arbitrarias. Una cacería que se repite con asiduidad en las diversas manifestaciones, sobre todo durante los miércoles, cuando marchan los jubilados.

A pesar de los sucesivos actos de violencia y represión estatal, por parte de las Fuerzas de Seguridad al mando de Bullrich como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la Ciudad, la represión, la violencia y el ataque sistemático y constante a fotoperiodistas, camarógrafos y prensa en general son parte de una decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Un ataque que no cesa.

JJD

Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (UP) y Juan Manuel López (CC) presentaron este jueves un proyecto de ley que busca brindar un marco de protección a periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa para garantizar el ejercicio libre y seguro de sus labores frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven expuestos cotidianamente.

“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

“Esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”, agregaron los diputados firmantes, al hacerse eco de la preocupación por la violencia del presidente Javier Milei contra periodistas.

Entre otros objetivos, la iniciativa busca “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa“, ”asegurar la protección de las fuentes periodísticas“ e ”investigar, juzgar y sancionar ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones“ contra ellos.

Según precisa el proyecto, “el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores” periodísticas y en ese sentido “deberá adoptar todas las medidas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad” de los trabajadores de prensa. En particular, deberá “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros”, y en esa línea los “funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a actos de violencia”.

Además, deberán “realizar campañas públicas en medios de comunicación y redes sociales que concienticen a la sociedad respecto de la importancia del libre ejercicio de la actividad” periodística y “respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Por otra parte, deberá “asegurar el acceso a fuentes de información” de manera tal que “las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar el acceso a documentos e información que obren en poder del Estado, incluidos sitios web oficiales, y garantizar la obtención de respuestas oportunas incluso en conferencias de prensa”.

En otro orden, deberá “garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas”. “Esto implica que las personas que invoquen su sola condición de periodistas, fotorreporteros/as o trabajadores de prensa, no podrán ser molestados, hostigados, agredidos, detenidos, trasladados, dañadas sus herramientas de trabajo, ni sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de ejercer su profesión, antes, durante y después de la manifestación pública”, detallaron.

Aparte, los funcionarios deberán “abstenerse de requisar, secuestrar, acceder y/o extraer sin orden judicial, los soportes de registro o materiales de trabajo de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa”.

“Las fuerzas de seguridad que intervengan en los operativos en contextos de manifestación pública tendrán expresamente prohibido realizar acciones que impidan a periodistas, fotorreporteros/as ytrabajadores de prensa o demás asistentes a la manifestación pública, el registro de imágenes y/o la obtención de testimonios en esas circunstancias”, se señala en el proyecto.

MM con información de la agencia NA.

Dirigentes de los principales partidos políticos, con excepción de los libertarios y la izquierda, firmaron este viernes una declaración multipartidaria en defensa de la Libertad de Prensa y con duras críticas al presidente Javier Milei por los permanentes ataques del Gobierno a los periodistas y medios de comunicación.

“Observamos con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el Presidente de la Nación, y muchos de sus seguidores, usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra”, sostiene la declaración.

En ese sentido, puntualiza que “el ataque a la prensa no busca ni defiende la verdad. Se utiliza el poder del Estado para intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica. Es necesaria una reacción común y colectiva y hacerlo a tiempo, desde la política y desde todos los estamentos de la sociedad”.

La nota fue redactada por el presidente del Gen, Sergio Abrevaya, y firmada por Margarita Stolbizer (GEN) Emilio Monzó, Miguel Angel Pichetto, y Mónica Fein de Encuentro Federal; de UP, Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Ramiro Gutiérrez.

También lo hicieron por la UCR Carla Carrizo, Martin Lousteau, Julio Cobos, de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Paula Oliveto, del PRO Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri y de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, y el ex radical Facundo Manes.

La declaración, denominada “25 de Mayo y un compromiso democrático en Defensa de la Libertad de Prensa”, busca convocar a todos los partidos políticos para defender a los medios de comunicación del ataque de Milei.

“Nuestra fecha patria, este 25 de Mayo, es una oportunidad para ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa”, destaca el documento.

En ese marco expresa: “ convocamos a líderes y fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, referentes culturales, entidades periodísticas y ciudadanas y ciudadanos, a suscribir un compromiso público en defensa de la libertad de expresión y de la labor de los trabajadores y trabajadoras de la prensa”.

Señaló que ante cada intento de silenciamiento se propone:

Además, agrega que “el silencio frente al autoritarismo es una forma de complicidad. ”Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño“. Y subraya: ”La incitación al odio de manera explícita, o el ejercicio de violencia física en algunos casos, hacen más grave aún la situación y nos ponen en el deber de advertir sobre el grave retroceso institucional que ello implica, afectando la convivencia democrática, el respeto y el debate público en la Argentina“.

Adorni restringe las acreditaciones a la prensa en la Casa Rosada

El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación y Medios, que está a cargo de Manuel Adorni hasta que el 10 de diciembre asuma su cargo como legisladsor porteño, oficializó este viernes nuevos criterios obligatorios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. La medida, que lleva la firma del portavoz presidencial, deroga la disposición anterior de 2024 y, de acuerdo a sus considerandos detallados en la resolución 1319/2025 publicada en el Boletín Oficial , busca “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”. Habrá cupo limitado en las salas de prensa, código de vestimenta, una evaluación a periodistas y medios ppara conseguir la acreditación a la casa de Gobierno y control sobre las preguntas a c argo del moderador de turno.

Los medios de comunicación tendrán ahora un plazo de 30 días hábiles para presentar las solicitudes de acreditación para el período que va desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Las nuevas reglas incluyen un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, la reducción de periodistas autorizados a estar en la sala de conferencias cuando hay comunicaciones oficiales, un código de vestimenta, una declaración jurada obligatoria, restricciones a los espacios dentro de la casa de Gobierno y una “matriz de evaluación objetiva” que se utilizará para aprobar (o no) la solicitud de los postulantes.

De acuerdo a la norma, el objetivos de los lineamientos es “asegurar el acceso equitativo a la información pública por parte de todos los ciudadanos, promoviendo una cobertura periodística plural, diversa y sin discriminación, resulta pertinente redefinir loscriterios generales para la acreditación de periodistas en la Casa de Gobierno, sobre la base de principios razonables y equitativos, conforme a la capacidad operativa de las salas de periodistas ”Decano Roberto Di Sandro“ y de conferencias”.

Asimismo, considera necesario “establecer un número máximo de personas que puedan acceder a las mencionadas salas, en función del aforo disponible, a fin de garantizar condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei denunció este viernes a los periodista Carlos Pagni, Ari Lijalad, y Viviana Canosa. Los acusa por “calumnias e injurias”. Fuentes judiciales dijeron a elDiarioAR que las denuncias tiene mínimas chances de prosperar. Con cierto hartazgo, agregaron que ese tipo de presentaciónes suelen llegar a los Tribunales sin demasiado sustento legal.

Una primera lectura indica que el Presidente optó por el atajo más fácil de quienes tienen recursos y poca tolerancia a la crítica. Esto es recurrir a la justicia para que defienda lo que ellos mismos no pueden defender, sumando una cuota de trabajo extra a Tribunales ya bastante abarrotados de causas con una denuncia que llega floja de papeles.

Periodistas habemus de todo tipo, brillantes y mediocres, malos, malísimos, excelentes, rápidos y lentos, honestos y corruptos. De todo se consigue en esta profesión. Y por eso es admisible –y también necesario– que nuestro trabajo sea escrutado. Nos obliga a ser más profesionales, a pensar mejor lo que vamos a decir o escribir. Es parte del juego de la democracia.

Pero aquí no está en discusión la tensión natural que hay entre periodismo y poder.

Al confirmarse su presencia en el canal, el Gordo Dan –cuyo nombre es Daniel Parisini– y el resto de personajes que lo acompañan en el programa denominado “La Misa” festejaron al grito de “la tienen adentro” mientras que con sus manos simulaban gestos de fornicar vaya a saber qué cosa.

Ante esos interlocutores se sentó el Presidente de la Nación el jueves pasado. Estuvo sentado allí casi 6 horas, desde las 20 hasta casi las 2 de la mañana. Apenas arrancó su exposición –no podríamos llamar “entrevista” a lo que ocurrió allí– el Presidente le dijo a Parisini: “¿Tenés la libreta con los periodistas que tengo que meter en cana? ¿Y los funcionarios que tengo que echar? Son tan rudimentarios... y están enfermos de literalidad, no entienden la ironía”.

“Mierdas”, “prostitutas”, “mandriles”, “soretes”, “infradotados”, son algunos de los términos con los que el Presidente se refiere a los periodistas. Lo hizo también el jueves donde repartió insultos a una docena de periodistas a los que les cambiaba el nombre de tal manera que el resultado era siempre denigrante. Por las risotadas de sus interlocutores debieran resultar ser graciosos. Vistos desde la pantalla se asemejaban más a las picardías de los niños pequeños cuando descubren una grosería.

Así, entre insultos, palabrotas y risotadas de una mesa que desbordaba testosterona, el Presidente dijo que los periodistas “son las prostitutas de los políticos”. “Si odias al político, al periodista odialo más porque cobran para hacer lo que el político no hace”, sostuvo. Y una vez más volvió a decir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Esto no pretende ser una defensa corporativa ni mucho menos, porque, como se dijo más arriba, los periodistas no somos quienes para creernos ajenos a las críticas y los enojos. Pero si es una defensa de lo distinto, de los que piensan diferente al Presidente, al periodista que ven en la pantalla o leen en un diario, de los que no comparten la opinión del vecino, el amigo, la tía o el que está detrás en la fila del supermercado.

Las denuncias que este viernes hizo contra tres periodistas –más allá de que prosperen o no– representan un paso más en su avanzada no contra el periodismo sino contra los que opinan distinto.

Pero además, Milei arrremete contra un gremio devastado por los salarios por debajo de la línea de pobreza, el pluriempleo y trabajos sin relación de dependencia. La gran mayoría de este gremio no cuenta con recursos para pagar un abogado en caso de que al Presidente se le ocurra revolear una denuncia por un comentario que no le gustó. En ese contexto, las denuncias presentadas este viernes deberían encender una señal de alarma en el sistema democrático que, nunca está demás volver a recordarlo, garantiza la libertad de expresión en uno de los artículos más imporantes de su Constitución, el 14.

El miércoles, durante la reunión de sumario de elDiarioAR discutimos sí debíamos darle cobertura a la presentación del Presidente en el streaming libertario Carajo. En el año y medio que Javier Milei lleva en el Gobierno dejó de sorprendernos las palabrotas y los gestos obscenos de quien tiene a su cargo la Presidencia de la Nación. No es una buena práctica dejar de sorprenderse ante la agresión. Y por más que sus insultos resulten recurrentes y trillados deberíamos seguir dando cuenta de ellos y por eso decidimos dar cuenta de lo que allí ocurrió

Este jueves, en un país donde llegar a fin de mes sigue siendo una odisea para más de la mitad de la población, el Presidente de la Nación repartió a lo largo de seis horas, en un programa que también hace del insulto un culto, y acompañado por dos miembros de su Gobierno. No debería resultarnos indiferente.

MG

El presidente Javier Milei anticipó este jueves que ya firmó “tres denuncias contra distintos periodistas” por supuestamente haber difundido “mentiras” en su contra.

El mandatario no dio los nombres de los profesionales que llevará a la Justicia, pero dio a entender que uno de ellos es Carlos Pagni, de La Nacion, con quien está enfrentado ya que considera que lo vinculó al nazismo.

“Ayer (por el miércoles) firmé tres denuncias a distintos periodistas por mentiras. Una es por tratarme de nazi. El presidente de Israel (Isaac Herzog) salió a bancarme. Es la banalización del Holocausto”, sostuvo en una entrevista en el canal de streaming Carajo, en el programa “La Misa” que conduce el influencer libertario Daniel “el Gordo Dan” Parisini. La participación del Presidente en el streaming se extendió por 6 horas.

El Presidente dedicó gran parte de su intervención a cuestionar la periodismo, como lo viene haciendo en sus redes desde hace semanas, y al respecto consideró que los profesionales de esa actividad “son rudimentarios, están enfermos de literalidad, no entienden la ironía”.

De esa forma, cruzó las críticas que recibió por su intercambio en redes de días atrás con “el Gordo Dan”, donde éste último le decía al mandatario que debía meter presos a periodistas por decreto.

“¿Tenés la libreta con los periodistas que tengo que meter en cana? ¿Y los funcionarios que tengo que echar? Son tan rudimentarios... y están enfermos de literalidad, no entienden la ironía”, sostuvo al dirigirse al “Gordo Dan” quien llevó adelante el reportaje.

Al respecto, Milei dijo que los periodistas “son las prostitutas de los políticos”. “Si odias al político, al periodista odialo más porque cobran para hacer lo que el político no hace”, sostuvo.

“Son calumniadores e inquisidores, tenían el monopolio del micrófono y te tiraban un volquete de mierda y te la tenías que bancar, una cosa profundamente violenta. Lloran asimetría, cuando yo tuve la campaña negativa, desde 2020 hasta que llegué a presidente, más grande de la historia, que la hizo el catalán Rubí”, insistió.

“Son muchos los errores, muy sesgados, y sus errores se repotencian siempre en período de elecciones y el error siempre es en favor de los gobiernos que ponen pauta”, siguió. Y completó: “Yo no uso el poder del Estado, yo no te tiro la SIDE, ARCA, como hacían otros gobiernos. Me consta que hay periodistas buenos, que laburan la noticia, que se toman el laburo de preguntar, que entienden su función, que entienden que la estrella es la noticia”.

En otro tramo, reivindicó con énfasis su año y medio de gestión: “Hicimos 2.000 reformas en 500 días. Somos el gobierno más reformista de la historia”, celebró y agregó: “Somos el primer gobierno en 18 años que hizo que Aerolíneas Argentinas sea superavitaria”.

A su vez, dijo que con sus ministro prima el “bilardismo puro, te mandas una macana y patada en el traste”. “(Carlos) Bilardo es un tipo que está en todos los detalles. Lo lleva hasta el límite del reglamento”, destacó.

MM

En la actual gira de la venganza de Donald Trump, los medios de comunicación están en el punto de mira. “Debería haber sido otra persona o el Departamento de Justicia pero voy a hacerlo yo”, dijo el lunes el presidente electo. “Cuesta mucho dinero hacerlo, pero tenemos que arreglar la prensa”, añadió. “Nuestra prensa es muy corrupta; casi tan corrupta como nuestras elecciones”.

Este mismo lunes, una estudiante de 15 años mataba a dos personas en Wisconsin, hería a otras seis y terminaba quitándose la vida con una pistola de nueve milímetros.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorga la misma protección constitucional a las armas de fuego que a la libertad de expresión y culto. Pero en el mundo Trump, las armas y la segunda enmienda están bien; la prensa, no tanto.

Horas después de la rueda de prensa y del tiroteo, el presidente electo se puso manos a la obra sin perder un segundo presentando una demanda contra el periódico Des Moines Register, contra su matriz Gannett, y contra la encuestadora política J Ann Selzer por una encuesta de opinión publicada antes de las elecciones en la que Kamala Harris le ganaba por tres puntos en Iowa (47% para Harris frente a 44% para Trump). 

El día de las elecciones, Trump ganó en Iowa con una ventaja de dos dígitos. Con ese dato, la demanda alega que los acusados violaron las leyes de Iowa de fraude al consumidor y cometieron una injerencia electoral. Trump, que no es conocido por su precisión, se embarcó en otra fantasía a través de sus abogados. “Las elecciones del 5 de noviembre fueron una victoria descomunal para el presidente Trump, tanto en el colegio electoral como en el voto popular, una representación apabullante para sus principios de America First”, decía el alegato.

Eso no es cierto. De acuerdo con los números reales, el margen logrado por Trump en el voto popular fue de 1,48 puntos. Recibió menos de la mitad de todos los votos, por los votos a terceros y por las boletas en las que los electores escriben nombres de candidatos que no se presentan. Los márgenes de victoria de Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton fueron más amplios.

Estamos ante el mismo Trump que insinuaba una y otra vez que Obama había nacido fuera de EEUU. El mismo Trump que tiene que pagar más de 85 millones de dólares a E. Jean Carroll [unos 82 millones de euros] tras perder dos demandas civiles por difamación y por abuso sexual presentadas en un tribunal federal de Manhattan.

Su mensaje sigue siendo claro: hay que arrodillarse, o afrontar las consecuencias. 

Ceder a la presión

Algunos medios de comunicación ya están asumiendo lo que significa Trump. Días después de las elecciones, 'Morning Joe' Scarborough y su esposa y copresentadora Mika Brzezinski corrieron a Mar-a-Lago para una entrevista con Trump demostrando que el tiempo y el miedo lo curan todo. En 2017, Trump llamó “psicópata” a Scarborough y arremetió contra Brzezinski. “Mika, la loca de bajo coeficiente intelectual”, dijo, haciendo un chiste sobre ella por haber “sangrado mucho con un lifting de cara”.

Luego está ABC News. La cadena llegó hace poco a un acuerdo por el que se comprometía a pagar 15 millones de dólares a Trump [unos 14,4 millones de euros] para resolver una demanda por difamación. La primavera pasada, George Stephanopoulos, el presentador de su programa dominical, había dicho en varias ocasiones que Trump era culpable de violación, cuando la realidad era que el jurado lo había declarado culpable de abuso.

Pero hay más. En agosto de 2023, Trump perdió su contrademanda por difamación contra E. Jean Carroll. Desestimando la contrademanda, el juez de Nueva York Lewis A. Kaplan explicó que las palabras de Carroll al decir que Trump la había violado eran “sustancialmente ciertas”. El juez también pormenorizó las razones que justificaban por qué era posible decir que Trump violó a Carroll.

Stephanopoulos dijo en mayo que las intimidaciones no lograrían que dejara de hacer su trabajo. Pero tanto él como la cadena ABC han expresado “arrepentimiento” por la elección de palabras. Se mire como se mire, la cadena ABC ha cedido ante la presión y es de esperar que el presidente electo se envalentone.

Trump también ha interpuesto una demanda de 10.000 millones de dólares contra la CBS [unos 9.600 millones de euros] por la supuesta manipulación de una entrevista con Kamala Harris en el programa 60 Minutes. Pendiente de tramitarse en un tribunal federal de Texas, la demanda también se basa en la ley estatal de fraude al consumidor. La cadena CBS solicitó a principios de diciembre que el caso fuera desestimado.

¿El fin de una sentencia histórica?

Pero el premio final para Trump y sus aliados es lograr que deje de servir como precedente el caso 'New York Times' contra Sullivan, una sentencia unánime del Tribunal Supremo que en 1964 marcó un hito para la libertad de prensa. Quieren suprimir la exigencia de demostrar “malicia real” y que los personajes públicos requieran una carga de prueba menor para enfrentarse a la prensa. El hecho de que haya transcurrido más de medio siglo desde la decisión no significa nada.

“Decisiones políticas disfrazadas de derecho constitucional”, ha dicho el juez conservador del Tribunal Supremo Clarence Thomas sobre el caso Sullivan y los que le siguieron. Más sutil, el también conservador juez Neil Gorsuch sostiene que la llegada de la televisión por cable, de Internet y del ciclo de noticias 24/7 justificaban revisar la exigencia de demostrar “malicia real”.

“En 1964, el Tribunal pudo haber considerado que el criterio de la malicia real era necesario para garantizar que las voces disidentes o críticas no quedaran excluidas del debate público”, argumenta Gorsuch. “Pero si esa justificación tenía peso en un mundo donde comparativamente había pocas plataformas para la expresión, su peso es menos evidente en un mundo donde todo el mundo lleva una tribuna en la mano”.

Todo esto nos lleva de nuevo a la ofensiva de Trump contra Des Moines Register, y es que lo que es bueno para unos es bueno para todos. En los últimos días de septiembre, a pocas semanas de las presidenciales, emergió la noticia de que la empresa de sondeos Rasmussen Reports había compartido datos de sus encuestas con altos cargos de la campaña de Trump. Según los periodistas de American Muckrakers y de New Republic, un correo electrónico había dejado al descubierto la “estrecha colaboración entre el equipo de campaña de Trump, Rasmussen y el Heartland Institute”, una ONG clasificada como 501(c)3 [uno de los tipos de organizaciones sin ánimo de lucro de los EEUU], lo que podría representar un problema legal y un quebradero de cabeza. Darle la vuelta al argumento es lo normal. Sin darse cuenta, es posible que Trump haya abierto una puerta para ir contra sus amigos.

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Lloyd Green es abogado en Nueva York y trabajó en el Departamento de Justicia de EEUU de 1990 a 1992.

Traducción de Francisco de Zárate.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, hace exactamente un año, en la Argentina se produjo un ataque a la prensa cada dos días por parte de altos funcionarios estatales, incluido el propio Presidente de la Nación. Esto suma 173 agresiones a lo largo del primer año de la administración libertaria.

Así lo denunció este martes el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) que sostuvo que “el deterioro de la libertad de expresión es preocupante” y detalló que esos ataques llegan en forma de “hostigamiento y violencia digital”,

Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, en 120 de esas agresiones la violencia llegó desde una fuente estatal, “lo que implica que en el 69,36% de los casos registrados existió una participación de algún tipo de funcionario público”. Pero además, remarcó que se registraron 22 casos de “violencia paraestatal, es decir de allegados directos al poder estatal, un 12,72%”.

Pero quizás lo más preocupante del informe es que es el propio presidente Milei quien protagonizó más agresiones, 56 en total (32,37% del total), mientras que otros diez casos fueron obra de funcionarios del Gobierno nacional (5,78%). 

De acuerdo a Fopea, el resto de los agresores se repartieron entre funcionarios de la Policía, cargos municipales, provinciales y de Migraciones, intendentes, miembros de la Justicia federal y provincial, legisladores y gobernadores.

El análisis de la asociación señala también que de los 173 ataques, un total de 77 (44,51%) fueron clasificados “discurso estigmatizante”, es decir, ataques directos a la reputación de periodistas y/o medios“. 

Hubo, además, 44 “ataques a la integridad”, 23 a la “restricción de acceso a la información”, once “acciones judiciales civiles o penales”, seis casos de “censura”, cinco catalogados como “abuso de poder estatal”, tres “ataques contra bienes”, dos de “uso abusivo de la publicidad oficial” y dos de “censura interna”. 

Los 173 casos registrados por Fopea dejan un rastro de 275 víctimas, de las cuales 153 fueron hombres, 57 mujeres, 15 medios de comunicación. En otras ocasiones, los ataques fueron a la prensa en general o a una organización de periodistas. 

Fopea, un organismo que vela por la libertad de información y el periodismo de calidad en Argentina, también denuncia “el tono discriminatorio, agraviante y estigmatizante con el que el presidente se refiere a la prensa en general y a periodistas, en particular”. Y recuerda que esos ataques también los ha llevado a cabo ante organismos internacionales.

El pasado 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en la  80ª Asamblea General, que se desarrolló en la provincia de Córdoba, un informe sobre la relación de Milei con la prensa. Allí, denunció que “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, a la vez que remarcó que los periodistas y medios de comunicación argentinos “experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

Con información de EFE

Una serie de eventos y medidas se combinaron durante la última semana hasta encastrar como un frasco perfecto: ese que contiene a esta época de preguntas durísimas para la industria de los medios, especialmente, para el periodismo.

El lunes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de medidas destinadas a los medios de comunicación. Entre ellas, declaró el fin de la exención del IVA a las empresas periodísticas dedicadas a la publicación de diarios, revistas y publicaciones periódicas así como a las suscripciones de ediciones online. Además, le quitó a Arsat y al Enacom 100 MHz de espectro “para ampliar la oferta en el rubro de telecomunicaciones”. 

Para Martín Becerra, que analizó las medidas con precisión, los anuncios se engloban en un persistente ataque de Milei a periodistas pero también constituyen en su conjunto un ataque ruidoso al grupo Clarín y un probable cimento para los negocios de Elon Musk, la persona más rica del mundo, dueño de X, Tesla y Starlink. 

Ese mismo lunes de anuncios, en la Universidad Di Tella, Marty Baron disertaba sobre el futuro del periodismo en una entrevista con la periodista Inés Capdevilla. Exdirector del Washington Post, ganador de 11 premios Pulitzer, con una película tope de gama (“Spotlight”) basada en su trabajo de investigación: no hay un mayor representante del periodismo liberal profesional que Baron, que describía al periodismo como un proveedor de certezas fundamental para una democracia. Tiene ejemplos que lo respaldan: desde la investigación por los abusos en la Iglesia Católica que lideró en el Boston Globe y le dio la película premiada hasta la cobertura del ataque al capitolio en enero del 2021, que lo hizo ganar otro Pulitzer.

El Washington Post también cumple con la curva de una empresa de medios exitosa para esta era: cuna del Watergate en los 70, sostiene y amplía una redacción de 1.200 periodistas. Fue comprado por Jeff Bezos –uno de los hombres más ricos del mundo– en 2013, quien invirtió visiblemente en tecnología –por ejemplo, para mejorar los sistemas de suscripción– y aportó una mirada de mediano plazo poco común para el rubro –según Baron–, sin meterse en la línea editorial –también según Baron–, hasta que ¡último momento! impidió este viernes al directorio apoyar a un candidato para las próximas elecciones, algo que había hecho en los últimos 36 años y que provocó revuelo interno y 2.000 cancelaciones de suscriptores en un día. Suscripciones que, tal como sucedió en el New York Times, crecieron exponencialmente durante el trumpismo, en parte –más allá de sus innegables aciertos– probablemente porque una porción de la población mundial encontró en estos referentes del periodismo serio un espacio de apoyo a instituciones democráticas que Trump estaba dinamitando discursivamente y un sentido común progresista que desde hace un tiempo quedaba bien cuestionar en voz alta. El Washington Post sumó en 2017 su primer slogan de sus 140 años, también aprobado por Bezos: “Democracy Dies in Darkness”, que ahora se reversiona en memeras varias, incluyendo una viñeta de la ilustradora estrella del diario, Ann Telaes.    

La práctica del endorsement de los medios estadounidenses a los candidatos es ya tradicional, aunque en los últimos años en los que caen en confianza y se desesperan por ganar lectores (o no perderlos) está disminuyendo y despierta discusiones alrededor de cuánto conviene y corresponde. Además de que cada vez más se duda más acerca de su peso real. Normativamente, tiene sus reglas y se apoya en la idea de que es apropiado que los diarios tengan espacios para la opinión y también directorios editoriales sin que eso impregne las coberturas informativas y la búsqueda de un tratamiento justo o imparcial. Sobra decir que el caso es muy diferente en la televisión en Estados Unidos y muchas otras plataformas, visiblemente opinionadas y polarizadas. (Y que para las audiencias, en general, todos los medios tienen intereses partisanos).

En la historia larga, los apoyos pasaron de favorecer al Partido Republicano a una paridad y luego, hacia comienzos del nuevo milenio, a manifestar una leve ventaja para los demócratas. Sin embargo, más acá en el tiempo, las veces que se presentó Donald Trump, los medios de mayor circulación eligieron en mucha mayor cantidad y énfasis a su contrincante, indicando que Trump estaba por fuera de ciertos consensos democráticos, también en relación a la prensa, y que requería una oposición mucho más fuerte. Ese arco se puede ilustrar con un caso. Leonard Downie Jr, cuando dejó de ser el editor ejecutivo del Post en 2008, contó que no estaba ni registrado para votar y que ahora que no ejercía más como periodista iba a tener que pensar qué hacer porque no solamente había dejado de votar: “dejé de tener incluso opiniones privadas sobre políticos o temas para tener la mente totalmente abierta a la hora de supervisar nuestra cobertura”. En mayo de este año, 15 años después, escribió un editorial en el que decía: “Una segunda presidencia de Trump sería un desastre para los medios noticiosos”, mientras citaba múltiples ejemplos de Trump llamando a boicotearlos, amenazándolos de diversos modos, persiguiendo a periodistas, y mucho más.

La discusión en 2016 sobre este tema había sido áspera, con periodistas de renombre indicando que pretender imparcialidad frente a Trump –entre otras cosas, un mentiroso serial a la hora de declarar públicamente– era lo que se conoce como falso equilibrio.

Para estas elecciones, el New Yorker, el New York Times, el Boston Globe y muchos otros ya apoyaron a Harris. La flamante decisión de Jeff Bezos de bloquear el apoyo del Post que había elevado el directorio abre un nuevo panorama y presenta enigmas respecto de la reacción de la audiencia en el mediano plazo. Son pocos los que están viendo en esto una vocación de imparcialidad y sí lo interpretan como una previsión (que también tuvo Los Angeles Times) fruto del miedo a que un reelecto y vengativo Donald Trump apunte contra sus otros negocios, especialmente Amazon y Blue Origin, con contratos multimillonarios con el Estado.

Betsy Reed, la editora de la versión estadounidense de The Guardian, otro medio epítome del periodismo liberal de calidad, le escribió a su comunidad en duros términos: “Nunca ha estado más claro que la propiedad de los medios es importante para la democracia. The Guardian no es propiedad de multimillonarios ni tiene accionistas. Contamos con el apoyo de lectores y somos propiedad de Scott Trust, lo que garantiza nuestra independencia editorial a perpetuidad. Nadie influye en nuestro periodismo. Somos tremendamente independientes y responsables sólo ante ustedes, nuestros lectores.

Lo que está en juego en estas elecciones no podría ser mayor. El periodismo valiente y un público informado son los cimientos de nuestra democracia, y es una abdicación de nuestro deber como periodistas no participar en estas elecciones por interés propio. Un editorial de The Guardian respaldó firmemente a Kamala Harris para la presidencia a principios de esta semana, y no tememos las posibles consecuencias“.

Terminó su carta pidiendo contribución económica para poder hacer ese periodismo.

¿El que se enoja pierde?

Aunque ahora parece estar entrando en crisis, en Estados Unidos la hostilidad de Trump contra los medios fue provechosa para los que supieron usarla. En el caso argentino, eso está por verse. 

En el segundo gobierno de Carlos Menem, su encono hacia el periodismo de investigación que había publicado ya tramas como las del YomaGate, el contrabando de armas o la privatización de Entel fue tal que al conseguir su reelección aseguró que les había ganado a la oposición y a los medios de comunicación. Pero a pesar de las acusaciones cotidianas, e incluso por ellas, la institución periodística salió fortalecida de cara a la sociedad: los periodistas eran hombres y mujeres probos. Se armaron organizaciones profesionales –primero Periodistas, más tarde FOPEA–, Clarín se había hecho holding y los canales de televisión incorporaban contenido periodístico en los que los auspiciantes querían estampar su nombre. Basta recordar a los tres hombres de negro subiéndose a un Ford Fiesta, mascando Beldent y fumando Philip Morris. Los libros de investigación periodística se vendían de a cientos de miles. 

A diferencia de los 90, el encono del kirchnerismo contra determinados grupos de medios –y la reinterpretación de los periodistas como títeres de las voluntades de sus dueños– caló muy profundo en parte de la sociedad y también coincidió con una transformación demoledora del modelo de negocios de los medios: el fin del monopolio de la distribución de noticias aún genera más preguntas que respuestas. Las críticas constantes al estatus social del periodismo se combinaron con un visible deterioro del estatus económico de quienes lo ejercían.

Los medios argentinos llegaron a la tercera década del milenio con crisis económica y crisis de credibilidad: ese es el colchón electrizado sobre el que caen las medidas y los ataques de Milei.

En estas elecciones en Estados Unidos, Elon Musk apoya a Trump con entusiasmo, al tiempo que desdeña ostentosamente al periodismo tradicional por obsoleto. En la misma línea, Milei, muchos de sus funcionarios y muchísimos de sus seguidores no creen que haya una diferencia sustancial o favorable entre el periodismo “profesional” y la distribución de contenidos por parte de personas en redes sociales, como por ejemplo expresaron algunos funcionarios encumbrados cuando justificaban el cierre de la agencia de noticias Telam (“hoy la agencia es Twitter”, dijo Patricia Bullrich). 

En su charla, Baron habló de funciones periodísticas que se mantienen y hasta deberían potenciarse: una de ellas es la transparencia en pos de la credibilidad. A diferencia de las plataformas sociales, que administran la conversación pública con una combinación de edición humana y algorítmica cuyos criterios y motivaciones desconocemos, el periodismo profesional debería mostrar sus procedimientos, los documentos que sostienen sus investigaciones, sus razonamientos, ser consistentes. Abrirse a la audiencia. Esa audiencia, hoy ultra metrificada, va a ser clave en este nuevo round entre el poder político y el periodismo, en un contexto mundial de creciente rechazo a las noticias, nichos fragmentados, atención dispersa, pero también de crecimiento de ciertas marcas periodísticas novedosas. Esa audiencia es la que va a decidir si vuelve a confiar en que un seguimiento cotidiano de la realidad llevado a cabo por periodistas profesionales tiene para ellos un valor agregado. 

NS/DTC

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en las últimas horas sus conclusiones tras cuatro días de presentaciones y conferencias en el marco de la 80ª Asamblea General que se desarrolló en la provincia de Córdoba y remarcó que los periodistas y medios de comunicación argentinos “experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

En las Conclusiones de la asamblea de la organización, formada por 1.300 medios y asociaciones de prensa, se expresa que en América “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, al tiempo que detallan que las expresiones “más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”, denunciaron.

Para la SIP, existen “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones”, que “plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Con respecto a la Argentina, la organización retoma las advertencias que viene haciendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y reafirma que “periodistas y medios de comunicación experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

Como argumentos, la SIP menciona que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) “advirtió que un tercio de todos los ataques en los primeros meses del gobierno provinieron de Milei. Más de medio centenar de periodistas fueron desacreditados en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales con epítetos como 'ensobrados' (en alusión a un supuesto condicionamiento de su trabajo por publicidad estatal), 'mentirosos', 'difamadores', 'esbirros', 'manipuladores', 'extorsionadores' y 'cómplices de los violentos'”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación de la prensa en la Argentina durante la gestión Milei

“Uno de los episodios más graves en los que se registraron agravios del presidente ocurrió el 28 de septiembre. En un acto proselitista Milei dedicó algunos de los párrafos más enfáticos de su discurso a gritar insultos contra periodistas. Terminó dirigiendo un coro de miles de militantes que repetía ”hijos de puta“.

A la asimetría de poder entre la máxima autoridad y cualquier periodista, se suma el efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos, incluyendo amenazas de muerte, por lo general amparadas en el anonimato, lo que genera un efecto inhibitorio y degrada el debate público.

“Todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas”, afirmó en un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), pero subrayó que “debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional”.

El periodista Jorge Lanata anunció que iniciaría una demanda por haber sido llamado “ensobrado” por el presidente Milei, lo que a su juicio implica la imputación del delito de soborno. Editorial Perfil y el editor Jorge Fontevecchia, impulsan causas judiciales en el mismo sentido, además por discriminación publicitaria y por los daños y perjuicios que implican las declaraciones del presidente sobre la viabilidad económica de ese medio. La primera demanda fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, con un sobreseimiento express al presidente. Fontevecchia apeló la resolución, proponiendo como amicus curiae a Amnesty, Periodistas sin Fronteras, Fopea y Adepa.

En los inicios de la nueva gestión gubernamental, el presidente anunció la suspensión de la publicidad oficial por ajuste de gastos estatales. No obstante, organismos descentralizados y empresas públicas usaron fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores. Un grupo de diputados nacionales solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado de los montos usados, de los resultados y que quienes intermediaron en esas operaciones.

Un decreto del Poder Ejecutivo introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que desentonan con estándares internacionales y con el espíritu del principio de “máxima divulgación”. El decreto pretende flexibilizar los criterios legales con una ambigüedad que afecta la consistencia de la ley, bajo el argumento de la protección de la privacidad de los funcionarios y de ciertos aspectos de la gestión. El Gobierno estableció que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.

La extensión del secreto, cuando va más allá de lo previsto en la legislación, pone en riesgo la capacidad del periodismo y la ciudadanía de fiscalizar la gestión, y afecta los niveles de transparencia.

La sanción de la Ley de Acceso, en 2017, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de las libertades de expresión y de prensa en el país, que se suma a la eliminación del desacato, la protección constitucional de las fuentes periodísticas, la despenalización de las calumnias e injurias y los fallos judiciales que vedaron el uso discriminatorio de la publicidad oficial. La Ley de Acceso, además, está en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trazada en fallos como la causa “Menem contra Noticias”, en la que el tribunal revirtió el fallo de la Justicia argentina que condenaba a un medio y sus editores por violación de la privacidad, al publicar fotografías e información relacionadas con un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem.

El presidente Milei no ofreció conferencias de prensa desde que asumió en diciembre de 2023, aunque privilegia el uso de la red X para manifestar opiniones y restringe la concesión de entrevistas a un grupo reducido de periodistas televisivos y radiales.

El vocero presidencial es quien a diario informa a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Otros casos relevantes

A partir de las críticas de organizaciones ligadas a la defensa de la libertad de prensa y por legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de ministros admitió ante el Congreso que quizás el Gobierno debería revisar las modificaciones introducidas en el decreto sobre acceso. No obstante, el vocero presidencial señaló que el Gobierno no contemplaba revisión alguna.

Un anuncio público del Ministerio de Capital Humano, en junio, sobre la exigencia de una matrícula para ejercer el periodismo disparó las alertas. El anuncio luego quedó descartado.

También generó críticas la decisión de cancelar la acreditación de la periodista Silvia Mercado a la sala de prensa de la Casa de Gobierno. La periodista dijo que judicializaría su caso y el Gobierno decidió renovar su acreditación.

En agosto, el empresario tabacalero Pablo Otero demandó al periodista Andrés Sanguinetti y a los directivos del medio iProfesional por dos millones de dólares, por una nota sobre denuncias de evasión impositiva, contrabando y lavado de activos. La demanda del empresario está fuera de los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y presenta las características que configuran un caso de Slapp.

A mediados de agosto, la jueza Lucila Córdoba dictó una resolución que prohibía toda referencia al periodista Lanata, quien se encuentra internado desde hace cuatro meses y en torno al cual se han desatado conflictos familiares que derivaron en denuncias. La medida inconstitucional por configurar un caso de censura previa fue revocada después del rechazo de distintas organizaciones que defienden la libertad de expresión.

Adepa ha señalado la necesidad de tutelar los derechos de autor de los contenidos periodísticos. Dos de las grandes empresas tecnológicas llegaron a acuerdos de pago por el uso de ciertos contenidos con un centenar de medios de comunicación. Una de ellas, Meta, decidió no renovar esos acuerdos. La otra, Google, los renovó. Estos últimos acuerdos, señaló Adepa, constituyen un antecedente positivo, pero insuficientes para configurar una retribución justa“.

Qué pasa en el resto de los países de América

Según el informe de la SIP publicado este 20 de octubre, en las Américas “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo. Las expresiones más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”.

Para la organización, “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones, plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Además, detalla que en este período “tres periodistas fueron asesinados en México y uno en Colombia, mientras en Nicaragua desapareció una reportera de un medio independiente”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación en América

“La estigmatización y el descrédito contra comunicadores y medios provinieron de políticos, activistas, funcionarios públicos y grupos de interés. También preocupan el acoso y los insultos contra mujeres periodistas, principalmente a través de las redes sociales. Entre los países más afectados por estos flagelos, figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica y Nicaragua.

Las agresiones contra la prensa surgen desde ideologías políticas diversas. En Argentina, el presidente Javier Milei continúa sus diatribas contra periodistas y medios, mientras que, en Colombia, el presidente Gustavo Petro igualmente utiliza insultos para cuestionar la labor de los periodistas.

En la región norte del continente también preocupan las agresiones contra periodistas en Canadá y Estados Unidos, particularmente durante manifestaciones y demostraciones públicas. Incidentes similares ocurrieron en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

En Estados Unidos, asimismo, el expresidente Donald Trump continuó criticando a los medios de comunicación en el marco electoral.

El Índice Chapultepec 2024, presentado en la asamblea, señaló que existen “severas restricciones” para la libertad de expresión en las Américas y, por segundo año consecutivo, subrayó un retroceso de las libertades de expresión y de prensa.

Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen mostrando constantes violaciones a los derechos humanos, que traducen en la inexistencia de libertad de prensa. En junio fue excarcelado y desterrado el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, pero desde el 2021 continúa en prisión su colega Jorge Bello. En septiembre se registró una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición a salir del país a varios periodistas a los que, a la vez, se les insta a emigrar, pero renunciando a su derecho a retornar a su país.

En Nicaragua fue excarcelado y enviado al exilio, despojado de su nacionalidad, el periodista Víctor Ticay. La periodista Fabiola Tercero se halla desaparecida desde mediados de julio. En Venezuela, antes, durante y después del proceso electoral, más de una docena de comunicadores fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de incitación al odio.

En Guatemala, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. La repetición del juicio contra Zamora sigue demorándose.

En El Salvador, una misión conjunta de la SIP y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), corroboró el clima de presión contra la prensa y una restricción severa al acceso a la información pública. También en República Dominicana varios medios denunciaron restricciones al acceso a información pública y en la cobertura de eventos oficiales.

En Perú recrudecieron las iniciativas legislativas para silenciar a la prensa ante denuncias de medios y periodistas sobre irregularidades en la función pública.

En México prosiguió el derramamiento de sangre en las filas del periodismo con los asesinatos de Alejandro Martínez Noguez, Roberto Figueroa y Víctor Culebro Morales, mientras que en Colombia fue asesinado Jaime Vásquez, en medio de un aumento de la violencia en el interior del país. Por otra parte, durante el desarrollo de esta asamblea, el 17 de octubre, desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del edificio del diario El Debate en el estado de Sinaloa.

En Haití, la violencia generalizada de parte de bandas criminales sigue mermando la capacidad de informar de la prensa, en un marco de profundo deterioro social y político, En Jamaica, las violaciones a la libertad de prensa se relacionan con el proceso electoral del próximo año. Seguidores de los dos principales partidos políticos han realizado intentos de desacreditar a periodistas y medios.

En Bolivia, la crisis política generó una ola de violencia contra periodistas y en Honduras una reciente misión de Naciones Unidas advirtió sobre la exposición a la violencia que enfrentan periodistas, defensores de derechos humano y ambientalistas.

En Paraguay, el gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones contra la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y del periodista Juan Carlos Lezcano en una de varias querellas por difamación.

En Ecuador, prosiguió una ola de ataques contra periodistas, proveniente de funcionarios públicos y del crimen organizado. Varios periodistas se vieron obligados a salir del país debido a amenazas.

El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, continuó su ataque contra medios y periodistas críticos durante conferencias de prensa y discursos públicos. Esta violencia se tradujo también en prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial.

En Brasil, el Tribunal Supremo cerró la red social X durante varios días, lo que ocasionó graves perjuicios de cobertura periodística. Del lado positivo, el mismo tribunal determinó que la presentación de numerosas demandas con el propósito de coaccionar a un periodista o un medio de prensa constituye acoso judicial.

En Panamá las demandas por difamación contra medios y periodistas, así como las desproporcionadas sumas de dinero en las sentencias, representan problemas de sostenibilidad para los medios. Una iniciativa legal busca eliminar el embargo de bienes y cuentas bancarias en este tipo de litigio“.

Con información de la SIP.

IG