Fue culpa del camarógrafo

Cuando Patricia Bullrich dejó el cargo de ministra de Seguridad, en diciembre pasado, el Gobierno bautizó sus dos años de trayectoria como el periodo en que se implementó la llamada “doctrina Bullrich”. El saldo del ciclo 2023-2025 fue la instauración del tristemente célebre protocolo antipiquetes y una fuerte avanzada de mano dura represiva: hubo más de 1.300 manifestantes heridos dos años y un sinfín de detenciones. Las fuerzas de seguridad no distinguieron nunca entre manifestantes, jubilados, transeúntes o trabajadores de prensa, como le pasó al fotógrafo Pablo Grillo. 

Ese historial de criminalización de la protesta social y del trabajo periodístico volvió con todo este jueves en la protesta por la reforma de la Ley de Glaciares. Las imágenes de la policía agrediendo y llevándose detenido al camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini no son un hecho aislado, sino el reflejo más fiel de una política represiva institucionalizada desde que asumió Javier Milei.

“Ya no estoy a cargo de eso”, dijo esta mañana la exministra de Seguridad en la puerta del Senado, donde el Gobierno espera aprobar cambios en la norma que protege los glaciares para favorecer la minería. Pero Bullrich rápidamente se ocupó de informar que el agente que agredió al camarógrafo –aún no identificado– ya fue sumariado.

Bullrich habló ante los medios porque Alejandra Monteoliva, su sucesora, está de viaje oficial en Chile, justamente del otro lado de la cordillera que buscan explotar las mineras. Desde allí la ministra habló con Luis Novaresio, conductor de A24, vía mensajes de WhatsApp y no hizo más que exponer la narrativa de su jefa política: “Los agentes son hostigados siempre”. Novaresio se mostró indignado y le pidió la renuncia al aire. Pero también vale preguntarse cuál fue la cobertura de los medios más importante durante las represiones de los últimos dos años.

A fin del año pasado, Bullrich argumentó en una audiencia en la Cámara de Diputados frente a la oposición que la criticaba por la represión: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. 200 policías dista bastante de los 1.300 manifestantes heridos registrados por el CELS solo en los dos primeros años de gobierno.

Este año 2026 no se aventura menos represivo: solo la última protesta contra la reforma laboral terminó con unos 70 manifestantes heridos por las balas, los palazos y los gases de la policía, además de que hubo al menos ocho detenidos. El 11 de febrero, cuando se votó en el Senado y la protesta quedó empañada por un minúsculo grupo de manifestantes que tiraron bombas molotov, el Gobierno desplegó 800 agentes de seguridad.

Monteoliva es un alfil –por no decir títere– de Bullrich. La estructura en el ministerio no se cambió al asumir la nueva ministra y hasta el equipo de prensa sigue a cargo de la vocería de la actual jefa del bloque libertario en el Senado. “Nunca conocí a alguien tan inoperante como Monteoliva”, apuntó a elDiarioAR un exfuncionario de Bullrich durante este periodo mileísta. Monteoliva fue expulsada del gobierno de Córdoba cuando no pudo detener una rebelión policial años atrás.

La foto de la represión de este jueves está conectada con el protocolo para supuestamente “preservar la integridad física de periodistas” que inventó Monteoliva la semana pasada. El Ministerio de Seguridad Nacional –a la cartera se le agregó “Nacional” el año pasado para alinearse a la doctrina militarista– buscó armar un espacio específico en las afueras del Congreso para la prensa que estaba por cubrir la movilización y el paro de la CGT contra la votación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. 

Buscó así allanar el camino para la represión por delante: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, avisó, y recomendó públicamente a periodistas y camarógrafos “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”, bajo advertencia de que hacerlo podría implicar una “autopuesta en peligro”.

Hoy ocurrió eso. Las cámaras de los diversos medios que transmitían en vivo registraron cómo el Tedeschini, de 50 años, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal. Durante esos minutos de tensión hubo empujones y los efectivos de seguridad hasta tiraron gas pimienta. Luego del hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, inició actuaciones sumariales contra los efectivos.

La Policía Federal publicó un comunicado en el que aclaró poco la situación: responsabilizó al camarógrafo por la represión, habló de “forcejeo” –cuando el trabajador tenía las dos manos sosteniendo la cámara–, reconoció que lo liberó por orden del juez –no que fue decisión de la PF– y mencionó el sumario interno –pero sin cargar las tintas sobre los efectivos–. 

“Se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas. Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”, fue la versión de la Federal. “Un camarógrafo intentó entrar al lugar donde estaban los detenidos de Greenpeace y quiso tomar fotografías”, sintetizó Bullrich ante los medios. 

“En un momento la Policía empezó a avanzar, el cable me quedó enganchado y eso no me dejaba retroceder”, explicó Tedeschini en diálogo con el programa de Antonio Laje, y agregó: “Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos”. “Me tiraron, quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo”, completó.

Rápidamente llegó el recuerdo de lo que le sucedió a Pablo Grillo, que está a punto de recibir el alta y su agresor, el gendarme Héctor Guerrero, a un paso de ir a juicio oral. “Lo ocurrido hoy no puede ser leído como un hecho aislado o el simple ‘exceso’ de un efectivo distraído. Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo, estamos ante un método. La falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente: es la herramienta necesaria para anular la mirada externa. Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir”, escribió la familia del fotorreportero en una carta pública.

La granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo fue una de seis que disparó Guerrero en línea recta, por fuera del protocolo reglamentario que pide posicionar el arma a 45 grados hacia arriba. Durante la represión, como está comprobado en el expediente judicial, el gendarme recibió un espaldarazo de su superior inmediato. Semanas atrás, Bullrich dijo sobre la actuación de Guerrero: “Fue un tiro bien hecho”.

MC