El Gobierno de Javier Milei reforzó este martes la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, ante las protestas iniciadas el lunes por la noche por la policía local en reclamo de un incremento salarial, que dejaron las calles de la región desprovistas de efectivos de ese cuerpo de seguridad durante la jornada.

Asimsimo, el Gobierno santafesino anunció este miércoles un aumento de sueldo para la Policía local y la reincorporación de los agentes que habían sido suspendidos por abandonar sus funciones para manifestarse, pese a lo cual continúan las protestas iniciadas el lunes por la noche.

Pablo Olivares, el ministro de Economía de Santa Fe, anunció en conferencia de prensa que habrá una recomposición salarial para los policías de la provincia, para que sus remuneraciones alcancen la canasta básica de un hogar promedio.

“El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga horaria es mayor”, dijo Olivares, quien además destacó que tal dedicación semanal impide a los agentes contar con ingresos alternativos.

Por su parte, este martes por la noche, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que desde la mañana “estamos patrullando con las cinco fuerzas federales”, mientras un centenar de patrulleros y motos bloqueaban la entrada de la principal unidad policial en Rosario y se agudizaba el conflicto.

Las declaraciones de la ministra se produjeron tras un día de silencio oficial ante las protestas iniciadas el lunes por la noche en la ciudad de Rosario, que continuaron este martes en otras ciudades de la región y causaron preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en la zona.

“De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida”, reconoció Monteoliva en una entrevista con el canal LN+, y luego agregó: “Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, instó este miércoles a los policías que protestan por mejores condiciones salariales a que “depongan su actitud, pasen por jefatura, retiren su arma reglamentaria y vuelvan a reintegrarse al servicio de manera inmediata”. Además, advirtió que los efectivos sancionados de la Policía local y del Servicio Penitenciario “saldrán en lo inmediato de la disponibilidad”.

Cococcioni remarcó que “entendemos el fondo del reclamo” y sostuvo que las autoridades provinciales “valoran a las fuerzas de seguridad” aunque instó al “escaso personal que queda” a que “deponga su actitud, pase por jefatura, retire su arma reglamentaria y vuelva a reintegrarse al servicio de manera inmediata”.

En este sentido, el titular de la cartera consideró que “pedimos” a los oficiales que “dieran una muestra de voluntad y compromiso” hacia la seguridad de los santafesinos y rosarinos: “Fue muy importante el acatamiento del pedido, por lo que procedimos a entablar contacto con referentes de los policías”.

“Fueron convocados a la sede de gobierno y mantuvimos una reunión”, sostuvo y añadió: “Los conflictos pueden tener distintos grados y escalas. En este caso, la seguridad nunca fue descuidada en la provincia y la ciudad de Rosario”.

“Estamos en permanente contacto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva”, indicó el funcionario, quien brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía local, Pablo Andrés Olivares.

Las protestas se producen en un contexto marcado por los bajos salarios de los efectivos -que, según aseguró el vocero de los policías, Gabriel Sarla, no son suficientes para cubrir los gastos mensuales- y el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

El lunes por la noche efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron.

Después de varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida y cortaron el tránsito con neumáticos prendidos fuego.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rosario, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los policías.

Según confirmó Sarla en entrevista con LN+, las armas, las credenciales y el chaleco antibalas de los agentes fueron confiscados este martes.

Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional aseguró a última hora de este martes que “se está abriendo un canal de diálogo” entre las autoridades provinciales y los policías.

Sarla, por su parte, confirmó que una reunión entre ambas partes está prevista para la medianoche.

Con información de agencias.

IG

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, aunque la menor se encuentra estable, continúa en Terapia Intensiva de Neonatología ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5 de este miércoles y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Qué dijo la policía que encontró a la bebé

La teniente 1° Verónica Ayala y el Sargento Hugo Leiva compartieron cómo fue el momento en que encontraron a una beba recién nacida y prematura en un tacho de basura.

“Recibimos el llamado del 911 a las 5.40 y acudimos al lugar en donde el llamante refirió que escuchaba el llanto de un bebé. Cuando llegamos, la encontramos en la base del cesto de basura, en el interior, donde sólo se le veía la carita y sobre ella tenía más bolsas de basura”, explicó Ayala en compañía de Leiva.

Durante el móvil televisivo, la oficial señaló: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”.

Con el foco nuevamente en la menor, la oficial rememoró: “Le dimos abrigo porque estaba sin ropa, desnuda, la abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”.

“No vi una nena. Era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”, añadió.

En línea, enfatizó: “La bebé estaba en la base del tacho, en la parte de adentro, pero en la base. Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda”.

“Sobre ella, había más bolsas de basura. Todavía tenía el cordón. Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”, continuó.

“Ahora pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando la sacamos. Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, cerró la policía.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Se celebra el Día Internacional del Policía, en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación, al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público.

La labor desempeñada por los distintos cuerpos de seguridad policial conlleva riesgos y peligros al constituir el primer eslabón en la defensa de la paz ciudadana, el combate del crimen y la delincuencia y la construcción de una sociedad de paz.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Policía?

Esta efeméride se originó en México, a raíz de los sucesos ocurridos el 2 de enero de 1927. Hubo un enfrentamiento entre reos del Penal de Andónegui en Tamaulipas (México), con una baja considerable de funcionarios policiales.

En honor a estos policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber se comenzó a celebrar este día internacional a partir del año 1932, siendo conocido inicialmente como Día del Gendarme. Posteriormente se cambió su denominación a Día Internacional del Policía.

¿Cómo se celebra el Día Internacional del Policía en el mundo?

El Día Internacional del Policía se celebra en diversas partes del mundo en fechas distintas, con una misma finalidad: honrar y reconocer la encomiable labor desempeñada por los funcionarios policiales en el resguardo del orden público y la seguridad de personas y bienes.

Igualmente se rinde un merecido homenaje póstumo, a los oficiales de policía que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Durante este día se realizan desfiles, actos conmemorativos, reconocimientos y condecoraciones.

A continuación te hacemos un breve resumen de las variaciones en la fecha de celebración del Día Internacional del Policía en distintos países:

NB

Organizaciones de jubilados marcharon este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal valló la zona para garantizar la libre circulación del tránsito.

Fuentes policiales indicaron que la única fuerza apostada al operativo fue la Policía Federal.

Como cada miércoles, los jubilados realizaron una protesta por mejoras en sus haberes en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, donde las fuerzas de seguridad vallaron la zona para garantizar la libre circulación.

Cerca de las 15 los manifestantes lograron tirar una parte de las vallas que habían sido apostadas como parte del operativo policial en la Avenida Rivadavia. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Hasta el momento no se registraban mayores incidentes ni enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jubilados que se acercaron a protestar a las inmediaciones del Congreso.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por haber gaseado a una nena de diez años en una represión durante una marcha de jubilados, en el Congreso, el 11 de septiembre de 2024.

Rivaldi había pedido su sobreseimiento tras negar los hechos de los que se lo acusaba y asegurar que durante el operativo aquel día “cumplió órdenes” de superiores.

Entre otras cosas, a través de un escrito, había manifestado que no vio a la niña de nombre Fabrizia durante la marcha y que en esa jornada había “violencia” en “forma constante” por lo que, a través de la radio policial, recibieron órdenes “con disposiciones tales como 'avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada'”. El operativo estuvo conducido políticamente por Patricia Bullrich, que en aquellos días negó la actuación policial y llegó a decir “nadie gaseó a la nena”.

Rivaldi está imputado por abuso de autoridad y lesiones leves. Según el juez Sebastián Ramos, utilizó gas contra dos personas —una de ellas una menor de edad— que estaban caídas en el suelo y no representaban ninguna amenaza.

MM

La Justicia federal resolvió procesar al agente Cristian Rivaldi, integrante de la Policía Federal, por haber rociado con gas a una niña de 10 años durante la represión de una protesta de jubilados frente al Congreso, el pasado 11 de septiembre de 2024. El fallo lo imputa por abuso de autoridad y lesiones leves, en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada.

Según el juez Sebastián Ramos, Rivaldi utilizó gas contra dos personas —una de ellas una menor de edad— que estaban caídas en el suelo y no representaban ninguna amenaza. “Actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo”, señala la resolución judicial.

La víctima fue alcanzada por el gas junto a su madre mientras ambas se encontraban en el piso, sin ofrecer resistencia. “El agente se encontraba en pie, en una posición de dominio, y aun así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres”, agregó el magistrado.

En su defensa, el uniformado presentó un extenso descargo de 60 páginas en el que aseguró haber cumplido con los protocolos y actuado siguiendo las instrucciones de sus superiores. Además, sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder y que nunca vio a una niña en la escena. “Si la hubiera visto, la habría retirado del lugar”, dijo.

El juez desestimó esa versión y valoró como veraz el testimonio de la querella. “Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional”, concluye el fallo.

MM con información de agencias.

El fotógrafo argentino Pablo Grillo, de 34 años, se encuentra en estado grave tras recibir este miércoles el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo, según confirmó su padre, Fabián Grillo.

A las 23.30 de este miércoles, el hombre informó además que su hijo salió de cirugía y que su pronóstico es reservado y crítico. Se encuentra en terapia intensiva en coma inducido. Además, que pudieron bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido, y que la respuesta pupilar fue, en principio, buena. 

Grillo fue disparado cuando tomaba fotografías a los policías en la plaza del Congreso donde se desató una gran represión contra los manifestantes que acudieron a apoyar las demandas de los jubilados.

Según se puede ver en un video que se hizo viral, Grillo estaba agachado para captar las imágenes cuando el cartucho impactó en su cabeza, lo que le hizo desplomarse en el acto. En las imágenes se puede apreciar cómo el policía le apunta y dispara.

Según su padre, el fotógrafo es un trabajador independiente que suele acudir a protestas y otro tipo de eventos para documentar acciones sociales y políticas. Estudió fotografía en la escuela de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).

Fabián Grillo, su padre, confirmó en la puerta del hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, donde está ingresado, que “le están operando. Está grave, está muy grave”.

“Somos una familia de militantes, lo decimos con orgullo. Él es militante y también fotógrafo, estaba trabajando de forma independiente, documentando, siempre lo hace”, dijo Fabián a los periodistas congregados a las puertas del hospital, donde fueron trasladados otros heridos.

Grillo dio detalles de la militancia peronista de su hijo después de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dijera despectivamente de su hijo que era un militante kirchnerista y calificara a los detenidos de “criminales”.

Por el cuadro, se necesitan donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Deben presentarse en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) el día jueves 13 de marzo a la mañana con su DNI.

Hasta el momento, fuentes oficiales han confirmado la detención de 103 personas y han informado de más de 25 heridos, entre ellos, Grillo.

MM con información de agencias.

Un joven de 26 años fue asesinado a balazos por policías de civil en Mar del Plata. El caso generó tal conmoción que obligó al gobernador bonaerense Axel Kicillof a suspender el acto que tenía previsto este sábado en la ciudad costera. Según la investigación, los efectivos de la Policía Bonaerense lo persiguieron en vehículos no identificables por la zona del barrio Bosque Grande mientras que uno de sus dos de sus amigos sufrió diversas heridas.

La víctima fue identificada como Matías Paredes, quien viajaba en un automóvil Fiat Palio con otros dos jóvenes, Emanuel Astete (25) y Cristian Pizarro Novas (27), mientras que los policías pertenecientes a las comisarías decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y Destacamento Camet lo hacían en una camioneta Ford EcoSport y en un Volkswagen Bora.

Paredes recibió cuatro disparos, uno en la espalda, un roce en la cara, uno en el hombro derecho y otro en el brazo derecho y, a pesar de que se lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció a causa de la gravedad de las lesiones producidas por los proyectiles, según consignó el diario local La Capital, .

En tanto, en la EcoSport viajaban Héctor Murray, policía de Estación Camet; Yancamil Masia, de la comisaría decimocuarta, y Emilio Flores, de la decimoquinta; mientras que en el Bora iban los policías Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, de la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en la zona.

Las cámaras de seguridad que están colocadas en las inmediaciones de las calles Polonia y Fortunato de la Plaza tomaron videos que servirán para reconstruir el caso. De acuerdo a las imágenes, todo comenzó a la 1.36 de la mañana, cuando el auto en el que iban Paredes y sus amigos circulaba por Polonia y, a la altura de Tripulantes del Fournier, la Ford EcoSport se les colocó detrás.

Al llegar el rodado de los jóvenes en el cruce de Polonia y Fortunato de la Plaza, el Volkswagen Bora salió de una estación de servicios y cruzó su paso, tras lo cual, asustado por no saber quiénes ni por qué los interceptaban, según contarían luego los dos sobrevivientes a sus allegados, Astete, quien conducía, decidió doblar hacia Goñi y al llegar a la 37 “fue interceptado por un patrullero”, de acuerdo a la versión que dio el fiscal Pellegrinelli en una rueda de prensa.

“Un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo, es interceptado por dos vehículos no identificables, no venían en persecución, el auto intenta evadir, se bajan dos hombres del coche, que serían personal policial, disparando”, señaló el investigador al ser consultado acerca de lo que pudo ver en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Mientras Astete y Pizarro Novas escaparon corriendo (el primero sufrió heridas de postas de goma en la espalda y debió ser hospitalizado luego), Paredes quedó en el asiento de atrás y había sufrido cuatro disparos de arma de fuego, por lo cual sus allegados arribaron al lugar y lo trasladaron por sus propios medios al HIGA en una camioneta marca Toyota Hilux, que también apareció en los videos analizados. En el centro de salud se constató el deceso.

El medio marplatense señaló que el titular de la Policía Científica, Juan Manuel Lara, encabezó el rastrillaje hasta que el instructor decidió derivar las actuaciones a la Asesoría Pericial (dependiente del Poder Judicial) al corroborar que los homicidas eran policías de civil.

Sobre esto, Pellegrinelli señaló que “no es normal que (el auto) no tenga la chapa colocada; hay recomendaciones de al menos tener alguna mínima identificación para que la persona que es interceptada sepa que son personal policial”.

“Entendemos que debe haber existido algún intento del personal policial, sin indumentaria, de identificar el auto, entiendo que seguramente el ocupante debió haber intentado evadir por razones obvias, todo hace presumir que hay una breve interceptación, no es una llegada rápida del auto, es normal, interpreto que los jóvenes pueden haber creído que los iban a robar”, añadió.

Por último, el investigador dijo que este viernes se va a producir el cotejo de las armas reglamentarias que fueron secuestradas. “Con eso y la autopsia vamos a determinar de dónde provinieron los disparos que le dieron muerte (a Paredes). Necesito hacer esa pericia para saber la pertenencia de esas armas. El cuerpo en principio presenta cuatro disparos, es lo que me dicen desde el HIGA”, concluyó.

Qué dice la autopsia

Matías Paredes sufrió dos impactos de bala que le provocaron tres lesiones, según indicó el informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal Alejandro Pellegrinelli.

Según informó La Capital, de acuerdo a la autopsia una de las balas ingresó en la escapula izquierda, atravesó la clavícula y rozó el rostro, mientras que la otra lesión se distinguió en el tórax y causó el daño letal en Paredes. Los dos proyectiles llegaron en trayectoria de izquierda a derecha, lo que supone que los policías estaban de ese lado del vehículo donde iba la víctima.

En tanto, se indicó que, además del lugar en donde recibió los balazos Paredes, se menciona su trayectoria y se logró recuperar un pomo de calibre 9 milímetros, por lo cual, en conjunto con el análisis balístico sobre las cinco armas secuestradas se podrá determinar quién fue el autor de los disparos a partir de la posición que ocupaban los policías al momento de detener el auto en el que Paredes viajaba ocupando el asiento de atrás.

Por otro lado, en las próximas horas se van a cotejar las armas, en especial las Bersa Thunder del oficial principal Emilio Flores (conductor de la EcoSport) y del subteniente Juan Manuel Molina, ya que, se sospecha que de esas pistolas salieron los 7 disparos, aunque también se analizaran la Bersa Thunder 9 del oficial principal Javier Yancamil Macías, del sargento Julio Rufino Jerez y del también oficial principal Héctor Murray.

La versión de uno de los policías

La versión policial del procedimiento en el que habría sido asesinado Paredes asegura que, cuando los efectivos bajaron a identificar a los ocupantes del Fiat Palio, uno de ellos pareció mostrar un arma y hacer una detonación.

Este relato se ajusta a dichos exculpatorios que se orientan a dar algunas explicaciones que los videos captados por cámaras de seguridad desmentirían y quien escribió el acta fue Juan Molina, el encargado del gabinete técnico operativo de la 16a. que, junto con el sargento Julio Rufino Gerez, estaba en la estación de servicio de Polonia y Fortunato de la Plaza en su auto particular Volkswagen Bora escuchando la radio policial y atentos a la orden de servicio por un operativo de prevención con orden de detención de Cristian Monje, el sindicado asesino del kiosquero Cristian Velázquez.

De acuerdo a la versión de Molina, escucharon por la frecuencia policial que una Ford EcoSport con personal policial venía siguiendo al Fiat Palio por considerarlo sospechoso y en su relato el policía indicó que se tenía el dato que Monje iba a ser trasladado de noche a la ciudad de Miramar, por lo que decidieron sumarse a la interceptación.

“Detenidos en la playa de estacionamiento de la estación de servicio allí emplazada observamos que el vehículo Palio descripto circulaban por Fortunato de la Plaza desde Brumana en dirección a Polonia, cruzamos nuestro automotor a fines de interceptarlo, descendiendo ambos, mientras que los efectivos que solicitaron la identificación detienen su camioneta EcoSport de color negra detrás del rodado”, se describió en un acta.

Luego se indicó en el documento: “Seguidamente nos identificamos como personal policial, observando desde la luneta a un masculino realizar ademanes con un arma tipo revólver color plateado y tras ello se escucha un fuerte estruendo. Acto seguido el rodado acelera con claras intenciones de fugarse del lugar y esquivando el automóvil en el que nos desplazamos. Tras haber escuchado la detonación mencionada, el suscripto (Molina) extrae el arma reglamentaria y procede a efectuar varias detonaciones, aproximadamente tres, como así el oficial principal Flores Emilio, el cual tenía colocado chaleco de transporte mismo reza inscripto POLICIA, consecuentemente, el rodado Fiat Palio, sale raudo en fuga, comenzando una persecución”.

El resto del acta se completa diciendo que persiguieron al Palio hasta que se detuvo, que pidieron una ambulancia para el herido y que empezó a llegar gente por lo que debieron retirarse. Además de Molina y Rufino Gerez están implicados en el procedimiento Héctor Murray, Yancamil Masia y Emilio Flores, de la decimoquinta, que ocupaban la Ford Ecosport.

Con información de NA.

IG

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue detenida en las últimas horas acusada de connivencia y posible complicidad con al menos uno de los dos presos que se escaparon de la cárcel de Contraventores del barrio porteño de Nueva Pompeya.

La detención se produjo el domingo mientras desempañaba su tarea, pero trascendió hoy, luego de que difundiera la noticia el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.

La uniformada está vinculada con la fuga de Darlin Javier Polanco Agüero, de 32 años, quien estaba preso por un homicidio, y de Dilson Eduardo Polanco Muñoz, de 35, el dominicano que había sido detenido por la División investigaciones Antidrogas IV, que aceptó su culpa en un juicio abreviado y fue condenado a cinco años y medio de prisión. A este último lo recapturaron este lunes en Paraguay. 

La oficial apresada habría logrado un vínculo con uno de los dos sujetos prófugos. “Se la arrestó porque cuando se escapa, se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que él la saluda y sigue, como si nada, y ella le responde con un ademán”, según detalló el portal Infobae a través de fuentes del caso.

Por su parte, Wolff dio a conocer la detención e su cuenta de X (antes Twitter), con un título que indicaba que “el uniforme no se mancha”.

“Así como respaldamos a la inmensa mayoría de nuestros policías que arriesgan su vida todos los días, somos implacables con aquellos que mancillan a la institución usando nuestro uniforme para delinquir. En una de las fugas se constató una cadena de connivencia. Ya hay una `policía` detenida, y continuaremos investigando hasta las últimas consecuencias”, remarcó el ministro.

Asimismo, añadió: “Quiero destacar la actuación de la fuerza, en especial al área de Desempeño, quienes defienden el honor que conlleva nuestro uniforme investigando y poniendo a disposición de la Justicia a quienes defraudan la confianza pública. El que traiciona el uniforme, preso”.

De esta manera, Wolff confirmó la detención de esta oficial, luego de que el domingo anunciara el desplazamiento del asesor de su cartera, Sebastián Vela, y del director de Alcaidías de la 

Policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa, tras la fuga de presos que se registró en las últimas semanas en diferentes edificios de la fuerza.

En ese sentido, se trata del escape de estos dos reclusos de la cárcel de Contraventores de Pompeya y de los 11 reos de la alcaidía de Barracas.

MM con información de la agencia NA.

Cuando los policías llegaron a su casa en La Calera, el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No eran agentes de la Jefatura, sino los comisionados que trabajan bajo las órdenes de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, con especialidad en delitos económicos. El subjefe de la Policía cordobesa quedó inmediatamente detenido por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una investigación ligada a la protección de una “cueva” financiera y a la venta ilegal de neumáticos robados y teléfonos móviles.

A la misma hora en que el comisario general Mercado era detenido en esta localidad ubicada a sólo 18 kilómetros al oeste de esta capital, se realizaron diez allanamientos más en la propia casa de Gobierno cordobesa y en domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba, Arroyito, Río Segundo y la comuna de Lozada, donde además fueron detenidos otros dos policías, un empleado judicial y cuatro miembros de una misma familia que presuntamente integraban una banda dedicada a la venta de neumáticos, teléfonos celulares y lavado de activos provenientes de ese comercio ilegal.

Tras la detención de Mercado —es uno de los tres subjefes de la fuerza de 23 mil efectivos—, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa donde se anunció el operativo: “La detención se produjo a raíz de una investigación que se inició el año pasado, sobre hechos ilícitos de 2022 y 2023, un lugar de venta de telefonía celular donde también funcionaba una financiera y también tendría otro tipo de actividades como venta de neumáticos de origen ilegal”.

El funcionario señaló, además, que “hay funcionarios públicos del área de Investigaciones, un hombre y una mujer que prestaban servicios en esa área y que también están detenidos, un comisario inspector y una subcomisaria si mal no recuerdo sus jerarquías; pero hay ocho detenidos en total, los otros cinco son civiles; creo que también hay un empleado del Poder Judicial que está involucrado y detenido”.

Esta tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a elDiarioAR que, a través de una resolución del propio ministro Quinteros, se pasó a retiro obligatorio al subjefe Alejandro Mercado “atento a la investigación judicial en la que se encuentra involucrado”, “sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa con razón de las resultas del proceso judicial y/o administrativo que se lleve adelante en su contra”.

Además del comisario general Mercado, también fueron detenidos los policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera (asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica); la subcomisaria Verónica Aguilar (asociación ilícita); el empleado judicial Juan José Corzo (falsa denuncia y falsedad ideológica, presuntamente involucrado en el armado de falsas denuncias) y los integrantes de una familia de Arroyito, que tenían el teléfono celular de Lorena Aubán, una joven asesinada en la ciudad de Arroyito en 2007: Roberto Adrián “Coquito” Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge, todos imputados por el delito de asociación ilícita. Mientras que Fiorella del Valle Monge también está imputada y con orden de captura, pero no fue detenida por no poder establecer su domicilio.

De Delitos Económicos a subjefe de Policía

Con 35 años de carrera, el comisario general Alejandro Mercado hizo una meteórica carrera que lo llevó en la última década a ascender de jefe del Departamento de Delitos Económicos a subjefe de la Policía, cargo al que ascendió desde el 10 de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió como gobernador de Córdoba. Polémico y resistido por los cuadros medios de la propia fuerza, varias veces Mercado estuvo a punto de ser desplazado de la Policía, pero la excelente sintonía con dos fiscales muy allegados al poder político provincial, Raúl Garzón y Rubén Caro —que se jubiló hace pocos meses—, le permitieron sobrevivir. Con Quinteros como flamante ministro de Seguridad, el nombre del comisario general Mercado sonó como jefe de Policía, pero finalmente el gobernador Llaryora se inclinó por el comisario general Leonardo Gutiérrez, hasta entonces jefe de la Dirección General Departamentales Sur, como número 1 de la fuerza. Mercado fue nombrado como uno de los tres subjefes y las otras dos subjefaturas quedaron para la comisaria general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marín.

Un oficial en ascenso

Hasta junio de 2015, el comisario inspector Alejandro Mercado estaba al frente del Departamento de Delitos Económicos, y en los medios gozaba de buen trato cada vez que realizaba megaoperativos contra la venta ilegal de teléfonos celulares en la Galería Norte. Eran épocas en que la Policía de Córdoba era manejada con puño de acero por el comisario general Julio Suárez, quien no dudó en amenazar al periodista Dante Leguizamón que investigó el caso de gatillo fácil de Fernando “Güere” Pellico, asesinado en julio de 2014. 

Pero a mediados de 2015 la suerte del jefe de Delitos Económicos cambió para bien: el jefe del Departamento Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Alvarez, fue pasado a situación pasiva —como ahora le ocurre a Mercado—, fue relevado de su cargo, y además fue impedido de desempeñar ninguna función, portar su arma, ni vestir uniforme y se le retuvo el 70% del sueldo. “Alvarez se comió una bronca de arriba, una interna con Mercado”, contaron aquella vez.

Agentes del grupo de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al mando del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, allanaron la Jefatura de Policía y detuvieron al chofer del comisario Alvarez, el cabo de Robos y Hurtos, Franco Ormeño, sospechado de integrar una banda de secuestradores que en abril de ese año había capturado a Carlos Córdoba (73), padre de Daniel Córdoba, un presunto narcotraficante e informante de la disuelta División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, involucrado en el narcoescándalo que en 2013 terminó con los jefes de la División presos por encubrir narcos.

Con mucha razón, el desplazado Alvarez se había quejado por su desplazamiento: “Yo no puedo saber qué hace un policía de mi área cuando no está en funciones”. 

Así fue que de facto, el comisario Mercado se hizo cargo de Robos y Hurtos y, al poco tiempo, de Sustracción de Automotores; además de seguir comandando Delitos Económicos.

Ricos y famosos

En diciembre de 2015, cuando Juan Schiaretti sucedió como gobernador a José Manuel de la Sota, también hubo cambios en la plana mayor de la Policía y el comisario general Gustavo Vélez reemplazó como jefe al polémico Julio Suárez, quien fue pasado a retiro.

En mayo de ese año, delincuentes robaron una cantidad nunca precisada de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía de Córdoba, y trascendió que el propio Suárez, al enterarse del robo, le ordenó a Mercado recuperar las armas. Finalmente, la Justicia computó el faltante de 67 pistolas Bersa Thunder, de las cuales fueron apareciendo “por goteo” algunas, en distintos allanamientos “al voleo”.

Mercado cayó en el ostracismo y fue desplazado a una dependencia del interior. Pero la suerte volvió a salpicarlo, gracias a la buena muñeca y la buena llegada con los llamados “fiscales del poder” —Caro y Garzón manejaron causas de alto impacto mediático—.

La víspera de la Navidad de 2016, la noche del 23 de diciembre, en la vivienda de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, en un coqueto caserón donde estaba reunida la flor y nata de la política, la Justicia y el empresariado cordobés. Esa noche, un grupo comando copó la vivienda de Faustino Allende 410, esquina Sucre, y se alzó con un botín nunca declarado, tras maniatar a 22 invitados.

Siempre sobrevoló la sospecha de que el asalto en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Hermann Karsten, ligado al poder político de De la Sota y Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente ni bien ocurrió el hecho.

En esa fiesta estaban la dirigente peronista disidente Olga Riutort —ex esposa de De la Sota—, el juez federal Luis Rueda, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña, el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, el yerno de Panetta y exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el dirigente radical y docente universitario José Ignacio Cafferata Nores y el reconocido penalista Carlos Hairabedian —todos con sus esposas— quienes agasajaban al polémico empresario y lobbista Hermann Karsten, investigado en Argentina y Guatemala por diversos hechos de corrupción.

A las mujeres les robaron joyas y a los hombres relojes y plata. A todos les sacaron sus teléfonos celulares para evitar que alertaran sobre el robo, los metieron en una bolsa y los abandonaron en barrio Pueyrredón en un canasto de residuos.

Horas después del atraco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Víctor Barrionuevo, un subcomisario de Villa Allende, y cinco cómplices. En enero de 2017, con la causa paralizada, fue desplazado el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, comisario mayor Calixto Luna, y en su reemplazo fue nombrado como jefe Alejandro Mercado, rescatado del destierro por el fiscal Garzón.

En diciembre de 2018, casi dos años después del atraco, Barrionuevo y los cinco sospechosos fueron absueltos. En ese fallo, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen, Eduardo Valdés (presidente), Ítalo Vitozzi y Gustavo Ispani, ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Garzón, al juez de Control 5, César Lezcano, al comisario general Mercado y a otros policías, quienes están sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a Barrionuevo y los otros detenidos.

El crimen de la farmacéutica 

Los allanamientos de hoy ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se desprenden de un caso juzgado en la Cámara Octava del Crimen, en el cual aparece un teléfono celular involucrado en el homicidio de Lorena Aubán, una farmacéutica de la ciudad de Arroyito, asesinada el 22 de junio de 2007. La joven de 28 años fue hallada en el baño del local por su padre, Oscar Aubán. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, el torso semidesnudo, los pantalones bajos y las manos atadas. La autopsia reveló que fue estrangulada y violada. En la ropa había manchas húmedas de semen y, bajo sus uñas, restos de piel y sangre de su asesino. Le habían robado su teléfono celular, entre otras cosas de poco valor.

En abril de 2012, por el crimen de Lorena Aubán fue condenado a 14 años y seis meses de prisión Yonatan Arias, un adolescente que, cuando ocurrió el ataque mortal, tenía dieciocho años y serios problemas de adicción a las drogas. El principal sospechoso, el viudo Cristian Bizone, fue absuelto en un polémico juicio realizado en los Tribunales de San Francisco, donde dos de los jurados populares denunciaron que les cambiaron su voto.

Además de Arias, en ese juicio fue condenado por encubrimiento Alberto “Calmao” Flores, un hombre que trabajó de seguridad privada de políticos en campaña cuando visitaban esta ciudad del este cordobés.

A Flores lo vinculan directamente con el teléfono celular de Lorena Aubán: el seguimiento del chip del aparato permite ubicarlo en Córdoba. Lo estaba usando una mujer. Al ser interrogada, la mujer declaró que lo había comprado en un local de la Galería Norte, cuyo dueño es Adrián “Coquito” Monge, uno de los detenidos esta mañana.

En 2007, cuando la Policía interrogó a Adrián “Coquito” Monje, este declaró: “Me lo vendió ‘Calmao’ Flores, como era de confianza ni le borré el IMEI”.

La Galería Norte, el lugar donde al comisario general Alejandro Mercado, le gustaba encabezar operativos para la prensa.

GM/JJD

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este lunes que la Ciudad de Buenos Aires suma más de mil policías en las principales avenidas para reforzar la seguridad.

De acuerdo a lo informado, estos agentes cumplían tareas administrativas en las comisarías, pero ahora estarán presentes en las calles.

En un acto en el Rosedal de Palermo, Jorge Macri explicó que esos mil policías “se suman a los más de 18.000 que ya están patrullando la Ciudad y a los 851 cadetes que acaban de egresar de nuestro instituto de formación” y añadió: “A fin de año tendremos otros 900 policías más y llegaremos a más de 20.000 policías desplegados en las calles”.

“Nuestro objetivo es claro, que es que el vecino se sienta más seguro. Nuestra tarea es dar más y mejores respuestas, pero además poner énfasis en tener una policía profesional con una actitud proactiva que tenga una capacidad de alerta constante, y que tenga las herramientas y el apoyo político que le damos de intervenir de la manera más rápida”, indicó el jefe de Gobierno porteño, quien estuvo junto con el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, y el jefe de la Policía, Pablo Luis Kisch.

En la conferencia de prensa, los funcionarios porteños explicaron que los nuevos policías se distribuirán en las principales avenidas, como en la 9 de Julio, donde además se incorporarán cien binomios a lo largo de toda la traza y doscientos en centros comerciales a cielo abierto. Además, se refuerza la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y se incorporaron 14 cápsulas trabajando en zonas de intenso flujo comercial y vehicular, y se suman 21 motos.

A su vez, detalló que los grupos especiales en auto y moto tendrán un nuevo sistema de trabajo: “Los efectivos están 30 minutos en un lugar fijo y 30 minutos en movimiento. Se entregaron 600 nuevos cascos como parte del reequipamiento de la policía motorizada, que cuenta con 300 motos y cuyo patrullaje permite un despliegue más ágil en una Ciudad de tránsito intenso como Buenos Aires”.

“Tenemos un equipo de Gobierno con decisión política, una fuerza policial capacitada y comprometida, vamos a seguir persiguiendo a los delincuentes, no compartimos la lectura de algunos jueces que liberan delincuentes en esta lógica de puerta giratoria. Lo vimos este fin de semana una vez más, un delincuente que lo detuvimos 18 veces y sigue estando libre”, manifestó Jorge Macri.

Mensaje a Kicillof: “Le pedimos un mayor compromiso”

En torno a la política de seguridad, el alcalde porteño destacó: “Nuestra decisión es muy clara, en la Ciudad el que comete delitos tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley. Le pedimos al gobierno de la Provincia de Buenos Aires un mayor compromiso; a la Justicia, no sólo mayor celeridad, sino mayor rigurosidad a la hora de analizar cómo se libera un delincuente que ya ha sido detenido varias veces”.

Durante estos meses de gestión se incorporó el uso de las armas de baja letalidad: 500 pistolas Byrna complementan a las 90 Taser que ya había. También se instalaron 200 cámaras en distintos puntos que se sumaron a las más de 15.000 que ya funcionaban. Así, el sistema de videovigilancia cubre el 75% de la Ciudad, lo que permite dar respuestas más rápidas y efectivas desde los cuatro Centros de Monitoreo Urbano.

Sumado a que se reforzó el patrullaje con grupos especiales en moto, se mejoró la iluminación en parques y plazas de la Ciudad y se están instalando tótems de seguridad llamados “Puntos Seguros”.

Los patrullajes en cuatriciclos en los grandes parques se incrementaron y se sumaron cámaras infrarrojas que serán distribuidas en las zonas consideradas de mayor riesgo, según datos del Mapa del Delito.

Con información de agencias.

IG

Fiscales federales solicitaron la detención de Laudelina Peña, la tía de Loan que declaró ante instructores provinciales que el niño de cinco años que desapareció en Corrientes murió atropellado, pero la jueza federal Cristina Pozzer Penzo rechazó la medida. 

En tanto, en la localidad de 9 de Julio, un grupo de vecinos realizaba una manifestación frente a la vivienda en la que se encontraba alojada la mujer, que prestó la declaración que podría darle un nuevo brusco a la desaparición de su sobrino, ocurrida el 13 de junio pasado.

Laudelina viajó días atrás a la ciudad de Corrientes para prestar testimonio ante la Fiscalía General, al confesar que al pequeño lo atropellaron María Victoria Caillava y Carlos Pérez, los integrantes de un matrimonio que están entre los detenidos por el caso, y que luego enterraron su cuerpo en el monte. 

La mujer aseguró que no habló antes porque Caillava la amenazó de muerte. 

El pedido de detención de Laudelina, especulaban allegados al caso, podría indicar que los fiscales federales le dan alguna verosimilitud a su versión y la acusarían de “encubrimiento”. No obstante, el rechazo de la jueza podría deberse a que aún no cuenta con elementos para sustentar esa hipótesis y quiere que la tía de Loan permanezca como testigo. 

DM con información de agencia NA

La Policía federal y canina, en conjunto con drones especiales, realizan un extenso rastrillaje en el basural que Laudelina, tía de Loan, marcó como posible lugar en el que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habrían descartado el cuerpo del pequeño después de atropellarlo.

El operativo se realiza en un basural de la localidad 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, que no había sido rastrillado en otra ocasión. A su vez, también se llevan a cabo otros procedimientos en campos aledaños a la casa de la abuela de Loan.

Estos puntos de análisis comenzaron a ser estudiados minutos después de que se haya dado a conocer la declaración de Laudelina en donde sostuvo que la ex funcionaria y su marido atropellaron al menor con su camioneta, la “amenazaron de muerte” para que no diga nada y que el comisario Maciel plantó la zapatilla.

Ahora, la principal hipótesis que maneja la Justicia Federal es que Loan fue atropellado y luego enterraron su cuerpo en uno de los campos. 

Lo que llama la atención de las autoridades, y que todavía no tiene respuestas, es por qué si la declaración es verídica no se habló antes y se tardó más de dos semanas. 

Este testimonio ocurrió en las últimas horas del viernes cuando, junto con su hija y su abogado, fue a dar declaración frente a un fiscal provincial de turno. La misma fue grabada y se espera que lo reafirme en la Justicia Federal.

DM con informarmación de agencia NA

La principal marcha de este martes en defensa de la universidad pública estará celosamente custodiada por efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal durante su recorrido por las calles de la Capital Federal. En el marco del protocolo antipiquete, Jorge Macri ya autorizó de manera extraoficial a la Federación Universitaria Argentina (FUA) a movilizarse a la Plaza de Mayo, supo elDiarioAR de fuentes del gobierno porteño.

Este lunes por la tarde en la sede de la jefatura de Gobierno, en la calle Uspallata, se reunieron el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, y su segundo, Gabriel Sánchez Zinny, con el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz. Ahí se conversó del operativo que desplegará la fuerza local para “acompañar” –según recogió este medio– a la columna de estudiantes y docentes universitarios. 

El encuentro de los funcionarios porteños revela la especial preocupación que tiene Macri de contener una movilización que aspira a ser masiva contra el ajuste de Javier Milei. El operativo de la Ciudad además debe coordinarse con las fuerzas que conduce Patricia Bullrich porque la marcha transitará por puntos que se consideran “objetivos federales”, como es el Congreso y la Plaza de Mayo. 

La ministra de la gestión libertaria ya advirtió que activará el protocolo si hay situaciones de violencia, pero también dependerá de la cantidad de personas concentradas. En recientes manifestaciones hubo una dura respuesta represiva de la policía, como fue el 10 de abril en la avenida 9 de Julio o más atrás en el tiempo sobre el puente Pueyrredón. Ambas de organizaciones sociales que reclamaban asistencia alimentaria. La multitudinaria y multisectorial del 24 de marzo, en cambio, se desarrolló de manera pacífica.

Esta vez convoca la FUA pero también el Frente Sindical de Universidades Nacionales –que nuclea a los gremios docentes y no docentes–, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que agrupa a los rectores–, las tres centrales obreras CGT, CTA Autónoma, CTA de las y los trabajadores; organismos de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles secundarias y terciarias, movimientos sociales; legisladores y legisladoras; partidos políticos; graduados y la comunidad científica, entre otros.

El recorrido que la FUA le planteó vía carta a la Ciudad es conectar Plaza Houssay, donde están las facultades de Economía y Medicina, con el Congreso a través de la avenida Callao. Eso ocurrirá entre las 13 y las 15.30. En la Plaza de los Dos Congresos habría un primer acto de concentración, para luego, a las 16.30, partir hacia la Plaza de Mayo, por avenida de Mayo. 

Cada uno de esos momentos contaría con un operativo particular entre las fuerzas porteñas y las federales. En el tramo de la Plaza Houssay y el Congreso, por Callao, supo elDiarioAR que habrá “solo policías con chaleco” para seguir de cerca la movilización. Es decir que los agentes de la Ciudad estarán dispuestos con elementos distintivos pero sin elementos de seguridad como armas antidisturbios, escudos o motorizados en motos o camionetas. “Nadie quiere irritar a la gente”, apuntó una fuente consultada.

El Congreso será el primer punto crítico porque esa zona depende de la custodia de la Federal. Bullrich ha llegado a desplegar allí también a la Gendarmería durante las manifestaciones contra el tratamiento de la primera ley de Bases. Y en el primer paro general de la CGT, hubo una fuerte custodia policial en la avenida Entre Ríos, que es la continuación de Callao, para mantener alejadas las columnas de los sindicatos del edificio del Parlamento. 

El segundo momento crítico que evaluaban en la Ciudad es el recorrido por la avenida de Mayo, sobre todo por cómo gestionar el corte de tránsito en la neurálgica 9 de Julio y el ingreso de la columna a la Plaza de Mayo, que sería el tercer momento crítico. Una fuente porteña aseguró que podría haber un operativo tipo “pulmón”, para que la interrupción de la avenida troncal que conecta el sur y el norte porteño deje espacios para la circulación de vehículos, al menos de las líneas de colectivos por el metrobús. Además habrá consignas policiales para que la manifestación no ocupe calles aledañas a la avenida de Mayo. “Que no se desborde”, dijo una voz del gobierno porteño.

En Plaza de Mayo otra vez la responsabilidad correría por cuenta de las fuerzas federales. Es una expectativa qué actividad habrá en la Casa Rosada, porque los martes el presidente Milei suele encabezar la reunión de gabinete por la mañana y permanecer en Balcarce 50. Sobre la plaza, a la altura de la Pirámide de Mayo, habrá un escenario para la lectura del acto formal de la marcha. 

En la Ciudad ponderaron el pedido de autorización para la realización de la movilización, pero advirtieron que estarán alerta a su desarrollo. “Si hay lío, va a aparecer la policía”, enfatizó una de las fuentes consultadas. En las acciones represivas desde que se puso en práctica el protocolo antipiquete muchas veces la mera presencia de las fuerzas de seguridad desencadenó la chispa de los choques entre manifestantes y policías. “Toda la movilización puede ser crítica, pero depende de la voluntad de la gente”, justificó un vocero de Seguridad porteño.

Este domingo a la noche fue la ministra Bullrich la que abrió el paraguas al respecto: habló de la posibilidad de “provocaciones” por parte de la CGT, la CTA y la izquierda, a los que acusó de “generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad”. Y en la Casa Rosada reconocieron el “reclamo legítimo” de estudiantes de salir a la calle, pero aseguraron que existen unos “pocos dirigentes” que los usan para hacer hacer una apropiación “política” de la marcha. “La marcha es algo incentivado por la política. Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”, dijo el vocero Manuel Adorni en la conferencia diaria.

Durante este martes se pondrá en marcha un centro de comando unificado entre la Nación y la Ciudad que funcionará de manera presencial y virtual, con la idea de ir monitoreando los pormenores de la movilización. La ministra tiene enlace directo con Wolff, además de contar con el secretario de Seguridad, Vicente “Tito” Ventura Barreiro. “El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir”, reconoció Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

Por la noche, el Ministerio de Seguridad porteño difundió un comunicado con el detalle de la movilización, tal como lo había anticipado elDiarioAR en esta nota.

También desde las organizaciones civiles custodiarán el operativo policial. El Comité Nacional para la prevención de la tortura (CNPT), por caso, estará monitoreando el accionar de las fuerzas de seguridad articuladamente con su capítulo porteño y la Comisión bonaerense por la Memoria. Esa actuación está dentro de las facultades legales otorgadas por la Ley N° 26.827, de acuerdo a la Guía para el control del uso de la fuerza que emitió el organismo recientemente.

El viernes pasado el CNPT hizo pedidos de informes a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad requiriendo detalles acerca de quiénes serán los responsables del operativo, la cantidad de efectivos y las divisiones intervinientes, así como el tipo de armamento y equipamiento que se usará, entre otros aspectos. Al cierre de esta nota, no habían recibido respuesta.

MC/JJD

Yanina Marotte, la policía que asesinó a un delincuente que intentó robarle mientras esperaba el colectivo en La Matanza, fue sobreseída tras el exhaustivo pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso ocurrió el miércoles 6 de marzo cuando Marotte esperaba el colectivo y fue sorprendida por delincuentes que intentaron robarle el celular. Durante su defensa, y al dar la voz de alto, la agente mató a uno de los ladrones y por este motivo fue detenida.

Aun así, luego de que se diera a conocer la noticia, fue la propia ministra de Seguridad de la Nación quien solicitó que Marotte sea liberada: “La oficial de la PFA usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

Horas después de este pedido la efectiva fue puesta en libertad, aunque seguía bajo investigación por el delito de homicidio agravado, por lo que también le dictaron una prohibición para salir del país.

Su situación procesal se modificó en las últimas horas cuando el Juzgado N°15 dictó “falta de mérito para procesar” a la oficial y de este modo fue sobreseída.

Previo a esta noticia, la mujer de 33 años relató como fue aquella madrugada: “Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió”.

“Se me vino la imagen de mi nena en la cabeza. Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a ella”, agregó.

CRM con información de la agencia NA

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 20 de la ciudad de Buenos Aires ordenó hoy al Gobierno porteño la identificación de las fuerzas policiales y de seguridad que estarán afectadas en el operativo de seguridad durante el paro con movilización del próximo miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional, convocado por la Confederación General del Trabajo.

De esta manera la justicia porteña hizo lugar al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital que había solicitado la correcta identificación de los efectivos policiales y de seguridad durante la manifestación del 24 de enero en rechazo del DNU 70/2023 y la ley 'Bases'.

Según el texto del falló de la jueza Patricia López Vergara, la medida de identificación alcanza a uniformados, civiles y vehículos de la fuerza y se le da dos días al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que informe al juzgado “cómo cumplirá con la identificación de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se le solicita al Gobierno porteño que publique en su página web oficial lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N 5688 para “posibilitar el conocimiento de sus derechos a todas aquellas personas que participen del acto”.

El artículo 100 de la Ley de Seguridad Pública 5688/16 obliga al personal policial que participe en manifestaciones públicas a “portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”.

La jueza López Vergara entendió que “la presencia y la intervención de policías de civil y móviles policiales sin identificación en el operativo a desplegarse por la Policía de la Ciudad devendrían contrarias a la normativa vigente y en transgresión a la protección de los derechos fundamentales”.

“Ello así, en tanto afectarían el posterior control, la rendición de cuentas y la asignación de responsabilidades”, indicó la jueza en el texto del fallo, donde remarcó que además sin la correspondiente identificación se presentan “problemas para la revisión administrativa y/o judicial de posibles irregularidades y/o violaciones de derechos”.

ATE detalló en la demanda que con los antecedentes de la última movilización del pasado 27 de diciembre en donde “la Policía de la Ciudad no se encontraba debidamente identificada y su accionar fue provocador e ilegal resulta menester disponer de medidas que garanticen el debido cumplimiento de la ley, y en consecuencia, resguarden los derechos fundamentales de las personas que decidan participar del acontecimiento”.

El secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, manifestó en su cuenta de la red social X que “la Justicia de CABA falló a favor ante nuestro pedido: obliga a que la Policía de la Ciudad, tanto uniformados como civiles y sus vehículos, estén identificados en el operativo de seguridad en el marco de la movilización del Paro del 24 de enero”.

“Tal como manifestamos en la audiencia, hace años la policía viene ejerciendo violencia institucional sobre los manifestantes. Vamos a seguir defendiendo y luchando por nuestros derechos en las calles y en todos los ámbitos donde sea necesario”, sostuvo el dirigente gremial.

MM

Con información de la agencia Télam.

Un policía mató de un balazo a un ladrón que le había robado una garrafa en su casa de la localidad cordobesa de La Calera.

La Justicia tomó la decisión de detener al uniformado por cometer el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

El efectivo declaró que estaba en su casa, de franco de servicio, cuando de repente vio que un delincuente había ingresado a su domicilio y le quitó su envase de gas.

Por lo tanto, decidió perseguirlo y lo atrapó a unos metros de su vivienda, que se encuentra en la calle Los Pinos, de barrio Cuesta Colorada.

En ese encuentro, ambos forcejearon hasta que el policía le disparó en el estómago. El servicio de emergencia arribó al lugar y constató la muerte del ladrón, identificado como Alejandro Bustos, de 30 años.

El hombre tenía antecedentes por hurto y daño calificado en 2019.

También por resistencia a la autoridad en 2020, según lo informado por El Doce.

Interviene en la causa la fiscal de feria del distrito 4, Liliana Copello, quien ordenó que se detuviera al policía por cometer el delito “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Con información de agencia NA.

El 10 de enero dos hombres de nacionalidad chilena y uno colombiano fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Balvanera por haber robado 14 celulares en un local. Anoche, además, otros dos ciudadanos chilenos fueron capturados en Palermo, en un edificio de seis pisos de la calle Ángel Carranza, con intenciones de robo. Estos dos hechos desencadenaron el debate sobre qué debe hacer la Justicia con los extranjeros sin ciudadanía argentina que delinquen en el país.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que se los debe “expulsar” y que la Ciudad “no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”. Sobre el tema, los datos oficiales publicados sobre el delito en esta jurisdicción, que llegan solamente hasta 2022, dicen que ese año el 16% de los ilícitos cometidos en la Ciudad fueron responsabilidad de ciudadanos de otros países mientras que el 84% restante correspondió a argentinos. La cifra fue igual a la del 2021.

A través de la red social X, el mandatario porteño consideró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó “coincidir” con Macri. Dijo que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena” y “ser expulsados del país con prohibición de reingreso” e informó que el Ejecutivo está “extremando los recaudos para evitar” que ingresen al país aquellos que tengan “antecedentes criminales”.

El ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, abonó la opinión de su jefe. “Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4.000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada). El 37% de los homicidios los cometieron ciudadanos de otros países que no llegaron ni a trabajar ni a estudiar, sino a intentar quebrar el orden”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la Ciudad y sólo en la última semana arrestamos a 8 delincuentes en tres operativos por separado (video correspondiente al jueves 11 de enero, con la detención de dos delincuentes extranjeros en Palermo). Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones, que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestro país. Es con orden”, agregó.

Consultado por elDiarioAR, el ministro porteño señaló que estas cifras se corresponden a datos del 2023 de la Policía de la Ciudad. Por otra parte, de acuerdo con el Informe del Mapa del Delito 2022 que fue actualizado 7 de diciembre del año pasado y que está disponible en el portal de datos abiertos BA Data, “las detenciones efectuadas sobre personas de nacionalidad extranjera son proporcionales a la estructura de la población de la Ciudad de Buenos Aires, así como las nacionalidades que presentan mayor cantidad de casos están relacionadas con países de América del Sur”.

Según el mismo informe, en el 2022 fueron detenidos 26.386 ciudadanos de Argentina (83,65%), 1337 de Perú (4,24%), 991 de Paraguay (3,14%), 484 de Bolivia (1,53%), 368 de Colombia (1,18%), 224 de Venezuela (1,17%), 372 de Chile (0,71%), 152 de Uruguay (0,48%), 139 de República Dominicana (0,44%), 49 de Brasil (0,16%) y 1043 de otros países (3,31%).

Por otro lado, los datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del Servicio Penitenciario Federal señalan que el 83% de los detenidos en el Sistema Penal Federal son argentinos, mientras que el 13% corresponde a personas de países limítrofes y Perú y el 3% a ciudadanos de otros países.

MM/JJD

Cada 2 de enero es conmemorado el Día Internacional del Policía en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público.

Esta efeméride surgió en México para recordar un enfrentamiento entre presos ocurrido el 2 de enero de 1927 en el Penal de Andónegui en Tamaulipas, que ocasionó la muerte de una gran cantidad de efectivos.

En honor a estos policías comenzaron a conmemorarse este día a partir de 1932, conocido en un principio como Día del Gendarme, aunque luego cambió su nombre por el de Día Internacional del Policía.

Cuándo es celebrado el Día Nacional de la Policía en cada país

-México: el 13 de julio es conmemorado el Día del Policía Federal y el 22 de diciembre, el Día del Policía.

-Argentina: el 19 de abril es el Día Nacional del Policía.

-Venezuela: el Día Nacional del Policía es conmemorado cada 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen, patrona del Ejército venezolano.

-Colombia: el 5 de noviembre es celebrada el Día de la Policía Nacional de Colombia.

MB

Esta noche, la Policía reprimió en Córdoba a un grupo de manifestantes que protestaba en los alrededores del Patio Olmos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei que busca desregular la economía. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Al igual que ocurrió este miércoles tras el anuncio del presidente, vecinos se congregaron en distintos puntos del país y esquinas emblemáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para expresar su disconformidad con un cacerolazo. Hoy, algunos cordobeses decidieron movilizarse y cortar la calle. Las fuerzas de seguridad provinciales arribaron al lugar para dispersar la protesta e impedir el corte total de la Avenida General Paz.

En los videos, quedó registrado cómo los efectivos policiales avanzaron contra los manifestantes con balas de goma y gas pimienta.

Córdoba es sólo una de las ciudades en las que se produjeron cacerolazos este jueves. Nuevamente, el Congreso de la Nación fue el epicentro de las protestas. Afuera del Palacio Legislativo, ayer los vecinos clamaban por un “paro general” en contra del DNU, una medida que la CGT evaluará el próximo jueves. Esta noche, para evitar incidentes, la Policía de la Ciudad se instaló frente a la entrada principal, sobre Entre Ríos.

Cerca de las 21.30, se iniciaron protestas en otros barrios porteños como Núñez, Palermo, Flores, Constitución y Almagro.

Una situación similar se vio en Luján, Morón, Ensenada, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Chascomús, Rosario, Mendoza y San Carlos de Bariloche.

ACM con información de agencias.