Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron este miércoles la recusación presentada por defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la revisión de su condena por la causa conocida como “Vialidad”. En el mismo fallo, aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, quien planteó que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso.

De quedar firme la resolución, Hornos y Borinsky integrarían el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, debería ser sorteado un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron el fallo.

En marzo pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer los fundamentos de las condenas impuestas a Kirchner, Báez, José López, exsecretario de Obras Públicas, y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública. El mismo fue apelado por defensas y también recurrido por el fiscal Diego Luciani, quien se opuso a la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

La defensa de la Vicepresidenta, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa, así como por la supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente de la Presidencia.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, habían señalado en aquella presentación los abogados defensore Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en relación a Hornos y Borinsky, quienes integran la sala cuarta del máximo tribunal penal.

Los jueces de la casación desestimaron “in límine” las recusaciones, al recordar que intervienen como jueces naturales de la causa en virtud del sorteo efectuado y opinaron que los planteos que buscaban apartarlos están “basados en expresiones imprecisas y conjeturales”, según surge del fallo.

Por otro lado, ante las alegaciones de prejuzgamiento referidas por la defensa según diversos fallos dictados por la Sala IV en las etapas previas al proceso, los jueces dijeron que es la primera vez que están llamados a resolver sobre cuestiones de fondo y que todas las intervenciones anteriores se trataban de incidencias en las que rechazaron la intervención porque los recursos se dirigían contra sentencias no definitivas.

En cuanto al juez Carbajo, su excusación fue aceptada porque el propio magistrado había señalado en su presentación que al juzgar en el caso “la ruta del dinero K”, ya se había expresado en que el dinero lavado por Báez provenía de delitos vinculados a la obra pública, lo que significó adelantar opinión sobre el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir.

LC con información de agencia Télam

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

La Cámara Federal de Casación ratificó este miércoles a los jueces y los fiscales que intervienen en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, al rechazar las recusaciones planteadas, entre otros, por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El máximo tribunal penal, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, recordó que “por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia”.

Tras conocerse las fotos del juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, la defensa de Cristina Kirchner –a cargo del abogado Alberto Beraldi- recusó a ambos.

A esas recusaciones se sumaron luego la del fiscal Sergio Mola y del juez Jorge Gorini, a las que se adhirieron o directamente presentaron las defensas de los imputados Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti.

El 22 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio (que se encuentra en su etapa final) rechazó todas las recusaciones.

Ahora, la Cámara ratificó ese criterio, “pues la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución impugnada”.

Pese a invocar el “temor de parcialidad” que generaron aquellas circunstancias que motivaron las recusaciones, la Casación entendió que la defensa de la ex presidenta “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”.

Cuando planteó las recusaciones Beraldi expuso una serie de elementos que, según su criterio, generan temor de parcialidad en relación a los magistrados que intervienen en el proceso, como el hecho de haberse enterado a través del diario Página/12 que el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu comparten un equipo de fútbol llamado La Liverpool que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

“El juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. (entonces Ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones”, recordó el abogado de la expresidenta en otro tramo del recurso que había presentado.

“¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta”, afirmó Beraldi.

Con información de NA y Télam.

IG

La Cámara Federal de Casación deberá decidir el destino de uno de los casos de presunta corrupción judicial más resonantes de los últimos años, confirmaron fuentes judiciales y de la defensa ante la consulta de elDiarioAR. Un prostíbulo solicitado por hombres del poder en Mar del Plata, trata de personas, supuesto tráfico de influencias y la presunta complicidad de uno de los jueces otrora más poderosos de la ciudad atlántica forman parte de la trama del caso contra el exjuez federal Jorge Daniel Ferro.

En agosto último, Ferro fue procesado por el juez federal de Mar del Plata Santiago Martín por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros dos acusados, sus presuntos cómplices, quedaron procesados por tráfico de influencias agravado. Sin embargo, en marzo, tres jueces convocados exclusivamente para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en este caso revocaron los procesamientos del excamarista y el resto de los imputados. Por eso, el equipo de fiscales federales a cargo del caso recurrió ante el máximo tribunal penal del país para que revise esta decisión de los jueces Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena. El expediente pende de un hilo por el paso del tiempo, la posible prescripción y la decisión de los camaristas. Los tres magistrados les negaron el recurso, por lo que los fiscales presentaron una queja ante Casación.

Desde abril, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, tiene pendiente resolver el recurso de queja presentado por Daniel Adler, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y sus pares Diego Velasco y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación contra Ferro estaba a cargo de la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri.

Borinsky, Hornos y Carbajo deberán determinar primero si admiten la presentación de los fiscales. Luego, de admitirla, si la conducta del exjuez y sus supuestos cómplices implicó delitos penales o meras “faltas disciplinarias”, lo que marcará precedentes para futuros casos de presunta corrupción de jueces y fiscales.

El caso implica una supuesta red de tráfico de influencias en torno a una causa de trata de mujeres en uno de los territorios más complejos de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata.

La causa contra el prostíbulo Madaho's comenzó en 2013. En plena investigación, en septiembre de 2014, la Justicia corroboró que el inmueble de la calle Alem en el que funcionaba la organización dedicada a la trata de mujeres estaba a nombre de Alejandro Ferrarello, cabeza de un estudio jurídico de Mar del Plata, aunque no es abogado.

La prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores

César Sivo — Abogado defensor de Ferrarello, uno de los investigados.

En un primer tramo de la causa del prostíbulo, Ferrarello quedó imputado como partícipe necesario de la trata de personas, aunque finalmente fue sobreseído. Sí está procesado en un segundo expediente del caso por el presunto lavado de dinero, que actualmente se encuentra en juicio.

Ferrarello y el juez Ferro se conocían desde 1989 y el primero fue empleado en el juzgado número 2 de Mar Del Plata cuando el segundo era el juez titular. Además de los asiduos llamados, mensajes y correos entre los investigados que demostraban extrema confianza entre ambos, según la investigación, Ferrarello tuvo cinco extensiones de la tarjeta de crédito American Express de Ferro entre 2003 y 2016, de acuerdo a los dictámenes fiscales analizados por elDiarioAR.

En abril de 2015, se allanaron las oficinas de Ferrarello de la calle Colón, donde funcionaba el estudio Games & Asociados. Si bien Ferrarello no es abogado, la investigación determinó que era quien manejaba el bufete. Allí, secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook de Ferrarello que fueron peritados. De esa pericia informática, surgieron las conexiones con el entonces camarista Ferro, que intervenía al mismo tiempo en la causa revisando las decisiones de juez de primera instancia, Santiago Inchausti.

Ferrarello

Además de ser el propietario del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, los investigadores también hallaron que, entre 2011 y 2014, el estudio de Ferrarello había funcionado en otra dirección en donde también funcionaba el estudio contable que administraba la sociedad anónima que explotaba el prostíbulo: Rolafa SRL. La defensa de Ferrarello rechazó las acusaciones de que éste estaría vinculado a la explotación sexuales de las mujeres que permanecían en Madaho’s.

El 1° de septiembre de 2016, los fiscales denunciaron a Ferro por sus nexos con Ferrarello y solicitaron que se apartara de la causa de Madaho's, cuando descubrieron la estrecha relación entre el juez y el imputado, a quien Ferro, según la investigación, favorecía en sus decisiones desde la Cámara Federal: aprobar las salidas del país del acusado; votar por la nulidad de la causa de trata; intervenir en el incidente de devolución de los teléfonos y aparatos informáticos cuya apertura permitió descubrir “el vínculo de corrupción existente entre ambos”; y votar a favor de apartar al juez Inchausti, quien avanzaba con la investigación contra el prostíbulo.

Ferro recién se apartó casi tres meses después de la denuncia en su contra, a finales de diciembre de 2016.

Los fiscales también denunciaron que en los correos y mensajes analizados surgía cómo el magistrado y su amigo habrían actuado en tándem durante trece años en distintos expedientes. Se abrió entonces un nuevo expediente en Mar del Plata contra el juez y Ferrarello, que quedó a cargo de la fiscal Mazzaferri.

La magistrada determinó que Ferrarello habría utilizado su amistad y relaciones económicas con el entonces juez Ferro para “influir” en sus decisiones judiciales en las causas que llevaba adelante el estudio jurídico a cambio de “beneficios económicos”, y a las que “el juez accedió en reiteradas ocasiones” a través de “colaboración y asesoramiento”, “dictado de decisiones judiciales ventajosas, decretos y resoluciones siempre favorables al estudio jurídico, que coinciden con los expresos pedidos que efectuaran” no sólo Ferrarello sino otros dos abogados de su estudio.

Estas meras infracciones no constituyen per se el delito

Fallo de los jueces López, Candisano Mera y Villena.

Ferro

La investigación de la fiscalía acusó a Ferro desde planificar la estrategia de un divorcio que llevaba adelante el estudio Ferrarello hasta adelantarle fallos por e-mail que no habían sido firmados; habilitar la feria para quitarle un expediente a otro juez de la Cámara Federal de Mar del Plata para lograr tener control de la causa; y recomendar a su amigo cómo debía hacer para apartar a ese magistrado; o incluso “aplazar deliberadamente” el tratamiento de un expediente que había llegado a la Cámara Federal de Mar del Plata por una deuda de dinero iniciada por una cooperativa contra dos particulares que eran clientes del estudio de Ferrarello “al ocultarlo en su caja de seguridad durante seis años” hasta que la fiscalía solicitó el expediente, según surge de los dictámenes de la fiscalía analizados por elDiarioAR.

Los correos electrónicos también “demostrarían que Ferro derivó clientela al estudio de Alejandro Ferrarello, participando inclusive del asesoramiento y la estrategia del proceso”, según la investigación fiscal.

Esta red de influencias habría funcionado entre 2002 y 2018, cuando Ferro finalmente presenta su renuncia al cargo, ante un proceso para removerlo por juicio político.

Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); informar la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)

Recurso de los fiscales ante Casación.

César Sivo, abogado de Ferrarello y los otros abogados investigados, sostuvo que “la prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores”; que los fiscales y juez Martín no tuvieron en cuenta los descargos de los acusados que explicarían las razones “inocuas” de los correos y mensajes que intercambiaron; que las pruebas recolectadas no constituyen la comisión de delitos, según un escrito presentado ante la Cámara. “Una abierta connotación moralista en el decisorio, rayano al derecho natural, pero por fuera del ordenamiento penal vigente”, dijo Sivo.

 La defensa de Ferro, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, también negó las acusaciones ante la consulta de elDiarioAR y sostuvo que se trató de un “hostigamiento” a su cliente. Además, el abogado afirmó que la causa “ya está prescripta” y que realizó dicho planteo ante el juzgado de Martín para que el juez de primera instancia dicte el sobreseimiento y cierre del expediente.

El fallo de la Cámara

Para tratar este caso, se debió constituir una nueva integración de la Cámara Federal de Mar del Plata, ya que es el tribunal que integraba Ferro. Se convocó a tres jueces que intervinieron para revisar los procesamientos: Alfredo López, Candisano Mera y Villena. En marzo, los tres les dieron la razón a las defensas de Ferro y Ferrarello.

¿Qué dijeron los jueces de la Cámara? Que las conductas cometidas por Ferro y los abogados “importarían la infracción de deberes institucionales”, del ámbito disciplinario y no penal, y que debían ser tratadas en el Consejo de la Magistratura. “Estas meras infracciones no constituyen per se el delito”, afirmaron. “De hecho, bajo la premisa de que el vínculo entre los aquí imputados podría poseer contenido económico y que las conductas investigadas podrían tener impacto en los patrimonios de los investigados, se creó un legajo patrimonial para cada uno, del que no surgió –en principio– tal circunstancia”, indicaron. “El contenido de una resolución judicial no puede, en principio, ser delito”, agregaron.

Ante la Casación, los fiscales replicaron: “Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); incitar a la denuncia de sus propios colegas jueces y compartir modelos de escritos para presentar en contra de aquellos en el Consejo de la Magistratura; informar a las partes acerca de cuál es la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)”.

Si la causa se cierra o avanza, dependerá de la Sala IV de Casación.

ED

El fiscal federal Marcelo Colombo rechazó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 8 el pedido de las defensas para hacer caer por inexistencia de delito la causa del Memorándum con Irán por la que están acusados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli; el actual embajador en Rusia y exvicecanciller, Eduardo Zuaín; Jorge Khalil; Fernando Esteche y Luis D'Elia.

Según manifestó Colombo al inicio de la audiencia de este miércoles, “a diferencia de la causa dólar futuro, la instrucción suplementaria había determinado que existía un estudio pericial que dijo que no existía un perjuicio económico para el Estado, uno de los puntos que configuran la administración fraudulenta. Allí Casación aplicó esa regla porque la prueba nueva permitía demostrar que la figura no estaba configurada. Eso no ocurrió aquí, así que vamos a solicitar el rechazo de las nuevas incidencias de la excepción de falta de acción”, comenzó.

Asimismo, el fiscal consideró que el Ministerio Público “no puede en esta instancia determinar si existió delito ya que esa evaluación deberá tomarse de lo que surja del debate oral”, al tiempo que recordó que en agosto de 2018 todas las partes ofrecieron pruebas y testigos y, tras dos años de análisis, los jueces del TOF decidieron habilitar la convocatoria de 300 testigos. Para Colombo, “algunos declararon en instrucción y otros 50 eran testigos nuevos. Mal podemos saber lo que esos testigos tengan para aportar”, reflexionó.

Además, sostuvo que la prueba nueva introducida al debate por las defensas sobre las alertas rojas de Interpol, en parte ya estaban en rigor en la causa o surgían de decisiones de primera instancia en la causa residual que, para el Ministerio Público, no podían generar impacto en esta instancia de debate oral, por lo que ratificó el rechazo a las nulidades solicitadas a raíz de las visitas que los dos jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron al ex presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y la Casa de Gobierno, cuestión que deberá ser resuelta por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. “Las cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no lo son”, aseveró el funcionario judicial.

Para el fiscal Colombo, si el tribunal considera que esas visitas a la residencia presidencial y a la Casa Rosada por parte de Hornos y Borinsky estaban vinculadas a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman o “violaron el principio del juez natural o imparcial, entonces la discusión sobre si el Memorándum fue o no delito no tendrá importancias porque la causa de por sí quedaría en la nada”.

Al término de la exposición de Colombo, comenzó la del abogado Tomás Farini Duggan, en representación de la querella de familiares de las víctimas, quien por primera vez se presentó en la audiencia.

Farini Duggan reclamó el “rechazo” de todos los planteos porque “son propios” del juicio oral y “deben ser resueltos en la etapa del debate”. El abogado reclamó al Tribunal que “fije fecha de inicio al juicio”.

La audiencia

El Tribunal Oral Federal 8 había convocado para este miércoles a una nueva audiencia en el marco de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, luego de que los jueces decidieran incorporar planteos por “inexistencia de delito” en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que podría derivar o no en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.

De esta manera, los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa -María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado- escuchan las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.

Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de “economía procesal” después de escuchar a las defensas repetir que “no hubo delito” y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, la causa en la que fue enviada a juicio junto a parte del que fue su Gabinete durante su gestión presidencial, podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.

La denuncia de Nisman por supuesto “encubrimiento agravado” a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por “inexistencia de delito” en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas. En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que “el presunto delito nunca se cometió”.

Rafecas sostuvo que las evidencias “inhiben el inicio de un proceso penal” al descartar los delitos de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y, en mayo de 2016, por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que “no hubo delito”

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.

De esta manera, la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta “traición a la Patria”, un delito que luego quedó descartado.

La intervención completa de la Vicepresidenta en la audiencia del 16 de julio de 2021

Con información de agencias.

IG

A menos 48 horas de que se cumplan 27 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este viernes la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán en una audiencia oral y pública con el objetivo de frustrar el juicio en su contra, aún sin fecha de inicio. Se refirió al ataque como “el más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país” y definió la acusación como un “disparate judicial, institucional y político”.

“Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo el montaje de una mentira para poder ganar las elecciones y entretener a la gente”, aseguró sobre la causa del memorándum. Fernández de Kirchner enmarca el avance de este expediente en la “guerra judicial” o lawfare que, sostiene, se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri para generarle numerosas causas judiciales siempre a cargo de los mismos jueces, con supuestos nexos con su opositor político.

La expresidenta, exfuncionarios y aliados políticos de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por la voladura del edificio de la mutual a través de un supuesto pacto de inmunidad denunciado por el fiscal Alberto Nisman, acusación que todos ellos han rechazado y que sostienen, se basa en evidencias presuntamente falaces. 

Ante el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y el Tribunal Oral Federal número 8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, Fernández de Kirchner expuso de manera virtual y desde su despacho en la presidencia del Senado. Cerca de las 14, más de 24.500 personas estaban conectadas para escuchar la audiencia, que además se trasmitió en directo por la TV Pública. La vicepresidenta se excedió de sus 45 minutos de exposición pero no fue interrumpida por la presidenta del tribunal, María Gabriela López Iñiguez. Eligió un tono político pero neutral para repasar cuestiones históricas y anecdóticas sobre el caso hasta el final, cuando se emocionó y elevó el tono de voz para defenderse de la supuesta persecución en su contra.

¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?

Aniversario

La audiencia comenzó alrededor de las 13, unas tres horas después de que se realizara el acto virtual por un nuevo aniversario del atentado terrorista que costó la vida a 85 personas, el 18 de julio de 1994. A las 9.53 de este viernes, familiares de las víctimas se congregaron en un encuentro virtual en el que sonó nuevamente la sirenas que recuerda el momento exacto de la explosión y se leyeron los nombres de cada uno de los asesinados.

Fernández de Kirchner volvió a explicar que el objetivo del memorándum era lograr un avance en la estancada investigación por el atentado terrorista y que se llegara a un acuerdo para indagar a los funcionarios y exfuncionarios iraníes acusados de ordenar el ataque, quienes nunca pudieron ser capturados, a pesar de las alertas rojas de Interpol.

“Me duele tanto porque tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces y lo único que me mueve nada más que dejarles a mis hijos y a mis nietos y a mi nieta un país mejor”, dijo emocionada al final de su exposición. “¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?”; nunca vi una ilegalidad así, es un escándalo monumental nunca visto y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos“, agregó.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.  El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Durante la audiencia, CFK dedicó gran parte de su defensa a acusar a ambos jueces de la Casación de haber actuado en los expedientes en su contra con consonancia con el macrismo. También apuntó a quien instruyó el expediente. “Todo termina en Bonadio -quien instruyó la causa del memorándum, entre otras-, y arriba, Hornos y Borinsky”, dijo para sostener que los expedientes en su contra que llegaron a la etapa de juicio fueron casi todos instruidos por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y luego confirmados en la Cámara de Casación Federal por los jueces Hornos y Borinsky. 

También mencionó al juez Julián Ercolini, a cargo de casos como Hotesur, Los Sauces y Vialidad. “En primera instancia, Ercolini y Bonadio, y después, estaban, en Casación, Hornos y Borinsky esperándome para darme, según ellos, lo que sería mi merecido”. “Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces”, dijo.

“Esto es como el rey desnudo”, agregó. “Acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la Presidencia en Casa Rosada como a la Quinta de Olivos el ingreso del doctor Hornos y el doctor Borinsky de manera asidua” y en fechas relacionadas con las decisiones en su contra.

Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en el juez Borinsky, quien figura con 15 ingresos a la Quinta de Olivos y a quien adjudica además haber supuestamente asesorado a los familiares de víctimas de la AMIA sobre cómo lograr la reapertura de la causa del memorándum. “Jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿En serio pueden creer que ese juez iba a ser imparcial con Cristina Kirchner?”. “No les quedó nada por violar”, dijo en referencia al gobierno de Macri y sus supuestos aliados en la Justicia.

“Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada, y al otro día, el 30 de noviembre (de 2016), el presidente Macri en una radio de Mendoza salió felicitando con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo en el que resucitaron la causa contra Fernández de Kirchner”, dijo. Definió la investigación judicial como una “cacería”. “Bonadio logró encarcelar a (Carlos) Zannini, a (Luis) D'Elía y a otros. Zannini sigue pidiendo que expliquen la razón por la cual estuvo preso cuatro meses”, aseguró Fernández de Kirchner.

Alrededor de las 13, había comenzado haciendo un repaso sobre a qué se dedicaban cada uno de los acusados al momento de que estallara la AMIA y remarcó que dos de ellos estaban en la escuela secundaria (los funcionarios Andrés Larroque y Juan Martín Mena). Fernández de Kirchner era entonces diputada provincial en Santa Cruz.

Contó que integró la comisión bicameral destinada al seguimiento del caso en el Congreso y que le valió tener que declarar como testigo durante el primer juicio por el atentado, que terminó anulando toda la investigación del juez Juan José Galeano por el pago al imputado Carlos Telleldín para que imputada a policías de la provincia de Buenos Aires como miembros de la “conexión local” de los terroristas. “Lo que todos seguimos queriendo saber es la verdad sobre la AMIA” y sostuvo que el caso “siempre fue utilizado por cuestiones políticas internas e internacional”, dijo. “Uno de las causas de la impunidad es el manejo político que se le dio a la causa”, agregó.

En la causa por el memorándum, familiares de víctimas de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) son querellantes pero anunciaron al tribunal que no estarían presentes en la audiencia, ya que se oponen a la nulidad del juicio y a la realización de la audiencia. La DAIA había solicitado posponer la audiencia ante la coincidencia con el acto del aniversario del atentado, propuesta rechazada por el tribunal debido a inconvenientes en la agenda de los jueces, que siguen varios juicios en diferentes tribunales, según explicaron en un escrito. 

La defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el gobierno de Fernández de Kirchner y uno de los imputados, también pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa. El mismo planteo fue realizado por otro funcionario acusado en la causa, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Por este caso, también fueron elevados a juicio el senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el dirigente Luis D'Elia y Fernando Esteche (Quebracho), entre otros.

En excanciller Héctor Timerman declaró en indagatoria de juicio en julio de 2018, cinco meses antes de fallecer en diciembre de ese año. Lo hizo de manera anticipada debido a un avanzado cáncer. De anularse el juicio, será el único de los procesados del caso indagado por los jueces y el fiscal en etapa de audiencias orales y públicas. Su situación procesal aún no fue resuelta por el tribunal y hay un pedido para que se dicte su sobreseimiento. Fernández de Kirchner recordó al exfuncionario varias veces durante su alocución.

El Memorándum con Irán 

El acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán fue firmado en 2013 y aprobado por el Congreso pero en 2014 la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional, por lo que nunca entró en vigencia.

El expediente judicial se basa en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada en enero de 2015, días antes de aparecer muerto en el departamento donde vivía. Ese mismo año, el juez federal Daniel Rafecas la desestimó y archivó, a pesar de que el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado producir medidas para corroborar los supuestos hechos relatados por Nisman: un pacto para indagar a los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la AMIA en un tercer país que supuestamente implicaba hacer caer las alertas roja de Interpol que pesan en su contra. A cambio de la “impunidad”, dijo Nisman, Irán garantizaría acuerdos comerciales con Argentina. Su denuncia se basó, principalmente, en escuchas telefónicas, en su mayoría, a dirigentes periféricos, algunos con llegada directa al kirchnerismo y a la dirigencia iraní en el país. Las intervenciones fueron realizadas por un sector de los servicios de inteligencia que se encontraba enfrentado con Fernández de Kirchner por la firma del acuerdo con Irán.

Tras el archivo de la causa original, dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016 en base a supuesta nueva prueba, durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara de Casación Federal ordenó la reapertura ese mismo año en un expediente paralelo que estaba a cargo del juez Claudio Bonadio. 

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Fernández de Kirchner sostiene que los expedientes se construyeron sobre la base del lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; y el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo, entre otras cuestiones planteadas por su defensa. Por esa razón, este viernes la vicepresidenta dedicó parte de su exposición a enumerar los organismos y funcionarios de Macri y del Poder Judicial y medidas que supuestamente fueron parte de la embestida en su contra, entre ellos la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Próximos pasos

El juicio oral y público por el Memorándum con Irán está en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. La audiencia de este viernes se enmarca en la estrategia judicial de la vicepresidenta para evitar el inicio de los juicios en su contra. 

La audiencia continuará el 4 de agosto para terminar con las exposiciones. Luego vendrá la decisión del tribunal. Los escenarios son diversos e inciertos debido a lo inédito de la audiencia, explicó una fuente directa de la causa. El tribunal podría anular el juicio o sostenerlo; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados; o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Tras la decisión del tribunal, el caso terminará en la Cámara Federal de Casación, ya sea por recursos de la defensa o de las querellas.

Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes en la causa, dijo a elDiarioAR que no acudirían a la audiencia, no sólo porque la fecha coincidió con el acto de aniversario del atentado sino también porque sostienen que la audiencia es ilegal, que “permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba”. “Es una parodia del juicio porque no existe la posibilidad de condena” antes del juicio, agregó Farini Duggan, quien pidió las recusaciones de los jueces y del fiscal del juicio, Marcelo Colombo por haber autorizado la reunión.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, explicó a este medio que el tribunal incorporó nuevas pruebas solicitadas por la defensa para argumentar la nulidad del juicio, como  registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo), a quien CFK señala como parte del lawfare o guerra judicial en su contra.

Los planteos de los querellantes

La autorización de esta audiencia provocó un sismo entre el tribunal, la fiscalía y las querellas. En un escrito presentado este jueves, los familiares de la AMIA se dirigieron a los jueces: “Decidieron realizar una audiencia oral no legislada, que fue pedida por los imputados para tratar la nulidad de fallos dictados por la Cámara de Casación, el día en que se celebrará el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA”. 

“Hemos decidido no participar de la audiencia. En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar, porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, afirmaron. 

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las  sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”, concluye el escrito.

En junio, los familiares de la AMIA recusaron a los miembros del tribunal y, junto a la DAIA, al fiscal del juicio. Entre finales de junio y principios de julio, los jueces López Iñiguez, Obligado y Michilini rechazaron ambos planteos de los familiares de la AMIA y la DAIA. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirmó Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó ante la consulta de este medio a principios de julio.

El testigo más buscado

Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario general de Interpol (2000-2014), para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020,pero nunca ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA. La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería, correo electrónico y mensajes de texto, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso.

La dificultad se basa en al menos dos cuestiones: Interpol no autoriza a su exfuncionario a declarar y Noble, a su vez, está imputado en otro expediente paralelo al juicio. El exjefe de Interpol fue denunciado por los familiares de la AMIA y luego sobreseído en octubre de 2020. Su caso está trabado en la Cámara Federal porteña porque tampoco logran ubicarlo para que nombre a su abogado defensor. 

Actualmente, el juez Julián Ercolini intenta rastrear a Noble, aún sin éxito, confirmó una fuente del expediente. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

ED

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, envió este lunes una carta al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, pidiéndole que renuncie al cargo “en aras del bien de la República”.

La jueza Servini, internada en observación por un cuadro de Covid-19, dirigió la misiva a Hornos y en el último párrafo, luego de analizar su situación, le pide que “dé un paso al costado”.

Hornos, junto al también camarista Mariano Borinsky, están cuestionados por haberse reunido con Mauricio Macri, entre 2015 y 2018, en reiteradas oportunidades y previo a tomar decisiones que involucraban a miembros de la oposición.

“Los 45 años que llevo en la Justicia me han dado sobrada experiencia para reparar con tristeza que existe una guerra dentro de ese Tribunal que, francamente, como ciudadana y magistrada, me angustia”, señaló Servini.

Para la jueza, esa disputa “solo trasciende el egocentrismo de ciertos integrantes en detrimento del ejemplo que deben dar a la sociedad como miembros de tan importante Tribunal revisor de sentencia penales”.

La magistrada no dudó de que todo ello “perjudica tremendamente la imagen de la justicia y da motivos para que la condena social se extienda a todo el Poder Judicial”.

“Las Instituciones están primero que los intereses personales de los hombres y mujeres que la integran”, antepuso Servini, y añadió para cerrar su carta: “Dada la situación tal como está planteada públicamente, dé una muestra de desinterés y civismo, dando un paso al costado y renuncie a la representación de la que esta imbuido, en aras del bien de la República”.

Con información de agencias.

IG