El Gobierno dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos, como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

El Ejecutivo dejó sin efecto esas medidas -que habían sido rechazadas por ambas Cámaras del Congreso-, mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial, por lo que las fusiones y cierres quedaron sin efecto.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”, indicó el decreto 627.

A partir de la publicación en el BOE quedaron sin efecto la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).

De igual manera quedó cancelada la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).

De igual modo se dejó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).

También se volvió a cero la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

Por otra parte, se restituyeron los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/2025), de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto 571/25), y de las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).

Además, se incluyó el restablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

Los decretos explican que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025”.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retornen a sus funciones.

En cuanto al Decreto 628/2025, ordenó la eliminación de los cambios aplicados en el Decreto 340/2025, que aprobaba un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

En el mismo, también se había declarado a la navegación por agua marítima y/o fluvial como servicio esencial tanto como para el transporte de pasajeros, como para mercaderías.

Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto“, establecieron en el primer artículo.

Los reparos del Gobierno

La Casa Rosada argumentó que el rechazo parlamentario tiene efecto derogatorio hacia el futuro pero no reactiva automáticamente los regímenes anteriores, lo que —según el Ejecutivo— generó un “vacío normativo de extrema gravedad” y afectó la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.

En los considerandos, el Gobierno invocó el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución y jurisprudencia de la Corte Suprema sobre circunstancias excepcionales, para justificar un nuevo DNU que “aclare” el marco jurídico y recomponga estructuras, competencias y procedimientos vigentes antes de la reingeniería estatal.

El decreto instruye a las jurisdicciones a dictar los actos complementarios y prevé un andamiaje transitorio: Jefatura de Gabinete, Secretaría General y Economía brindarán soporte presupuestario, contable, financiero, de compras, RR.HH., control interno y jurídico hasta completar las adecuaciones. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida procura seguridad jurídica y previsibilidad, en tanto el Congreso rechazó los decretos de reorganización “sin definir un régimen sustituto”. En términos políticos, la decisión profundiza la tensión institucional por la aplicación de la Ley 26.122 y el alcance del control parlamentario sobre decretos.

Las reformas habían afecado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; CNRT y Junta de Seguridad en el Transporte recuperan el marco anterior a su reorganización como el INASE, ARICCAME, INAFCI; INTA e INV. También deberían regresar al esquema institucional previo el INTI e INPI y el BNDG deja sin efecto su desconcentración.

Con información de NA.

IG

La escena puede repetirse: el Congreso avanzando en dirección contraria al Poder Ejecutivo. Y con la misma fuerza. El Senado debate desde las de este jueves un extenso temario que incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y una serie de decretos delegados con fuerte impacto institucional. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Javier Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

La sesión fue acordada en una reunión de Labor Parlamentaria liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sigue acumulando tensión interna con la Casa Rosada, que ayer se anotó una de cal y una de arena en Diputados: en el recinto de la Cámara baja la oposición volteó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad (que pasó al Senado) pero no consiguió los dos tercios para rechazar el veto al aumento de las jubilaciones.

La sesión de este jueves del Senado es otra batalla legislativa en plena campaña electoral para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre próximo, y con la mirada puesta ya también en los nacionales del 26 de octubre. Uno de los núcleos más conflictivos del temario de este jueves son los decretos delegados que reconfiguran profundamente áreas del Estado, y que podrían ser rechazados en el recinto por impulso de la oposición.

Entre los más importantes se encuentra el que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia. El decreto justifica la decisión en “altos costos operativos” y “desproporciones” internas, especialmente entre personal administrativo y operativo. El Ejecutivo también remarcó que los tramos concesionados a privados muestran “mayor eficiencia”.

Además de la disolución, el decreto dispone que tareas esenciales de Vialidad como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión pasen a unidades internas del Ministerio de Economía.

En la misma línea, el Ejecutivo busca eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trasladando sus competencias a la Secretaría de Transporte, excepto el control de infracciones en rutas nacionales, que quedaría en manos exclusivas de la Gendarmería. La decisión se apoya en el argumento de “reducir el gasto público” y aprovechar la capacidad operativa existente en las fuerzas de seguridad.

Otro decreto controvertido es el que afecta al INTA y al INTI, al quitarles su carácter de entes autárquicos para convertirlos en organismos desconcentrados bajo la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente.

El Gobierno justificó los cambios en el INTA citando informes de la Sigen que señalaron un “sobredimensionamiento notorio de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, además de “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento. En el caso del INTI, se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos estuviera concentrado en el área administrativa, un nivel considerado “muy por encima de los estándares habituales”.

A esta batería de decretos se suman otros con cambios estructurales: el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de cultura como Monumentos, Conabip y el Instituto Nacional del Teatro, la Marina Mercante y diversas agencias de transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, y la Junta de Seguridad en el Transporte, que sería rebautizada como “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su ámbito de actuación solo al transporte aéreo.

Emergencias en carpeta

Entre las medias sanciones que esperan tratamiento se destaca la ley de financiamiento universitario, que busca corregir el desfase presupuestario de las casas de altos estudios en medio del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

También figura la emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan, que arrastra serios problemas de financiamiento y cobertura. Sin embargo, la ley de emergencia en discapacidad, recientemente rechazada en Diputados al veto presidencial, no podrá tratarse todavía en el Senado porque falta la comunicación formal de la Cámara baja.

El contexto político de la sesión del miércoles estará atravesado por una nueva embestida de la oposición, que busca torcerle el brazo al oficialismo con herramientas institucionales. Ya ocurrió con el rechazo al mega-DNU 70/2023 en el Senado, que el Gobierno logró evitar que se repitiera en Diputados gracias a la división del bloque peronista.

Ahora, con un temario que toca educación, salud, infraestructura y organismos científicos, la sesión se perfila como una caja de resonancia para el descontento creciente frente al ajuste libertario, en un contexto en el que Milei mantiene su bandera del equilibrio fiscal aún a costa de profundizar el conflicto con el Congreso.

Si el Senado avanza con las leyes y rechaza los decretos, sería otro revés institucional fuerte para un gobierno que sigue sin articular consensos legislativos, incluso tras casi un año y nueve meses de gestión.

JJD, con información de NA

El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en $684.990.350.139,86 millones el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, según fuentes judiciales.

La cifra actualizada tomó como base $86.085.463.548,25 millones que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

El fallo que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba escrito desde hacía días pero no estaba en los planes acordados que saliera el martes último, afirmó una fuente judicial con conocimiento directo del caso. Faltaba poco, pero no era inminente. Algo precipitó todo y provocó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocara a sus pares del tribunal a adelantar los tiempos.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte y aliado de Rosatti en medio de una interna feroz con el juez Ricardo Lorenzetti, aceptó la propuesta de firmar el fallo el martes 10 de junio.

La decisión iba a llevar las firmas de Rosatti y Rosenkrantz, pero finalmente, Lorenzetti se unió para conformar un voto unánime. “Es un triunvirato de impresentables”, afirmó Fernández de Kirchner, quien adjudicó el momento del fallo a la etapa electoral. “Agregaron el cepo al voto popular”, afirmó.

No está claro qué precipitó a Rosatti a adelantar los planes de la Corte, como pedía Lorenzetti. Lo cierto es que los rumores se confirmaron: el martes 10 de junio la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Deberá cumplir una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No podrá ser candidata ni funcionaria.

La decisión es inédita por donde se la mire: Fernández de Kirchner es la primera presidenta con condena firme por un caso de corrupción; el fallo de la Corte llegó en tiempo record -comenzaron a analizar el expediente en abril-; e impacta de lleno en todo el arco político, en medio de una precampaña electoral que deja a la principal líder opositora fuera de la carrera.

La unanimidad de la decisión del máximo tribunal no calmó las aguas agitadas por la pelea interna de poder. “La previa estuvo plagada de operaciones mediáticas”, aseguró una voz en la Corte. Pero lo cierto es que no hubo fisuras a la hora de condenar a Fernández de Kirchner, una resolución que se diferencia ampliamente de otras tomadas en casos similares por los jueces cortesanos.

Tanto la Corte como la Procuración General de la Nación y el tribunal que le antecede en la escalera del Poder Judicial -la Cámara Federal de Casación Penal- fallaron con una premura que no se aplica a los casos comparables, como los del fallecido expresidente Carlos Menem. Los tiempos se parecen más a los del caso del exvicepresidente Amado Boudou, pero aún así en algunos casos lo supera.

La revisión de la condena a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) vio la luz en dos años y medio. Fue condenada en diciembre de 2022. Venía de un largo trayecto: la causa había comenzado en 2008 pero no se activó hasta 2016.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados, y dejaron firme la condena en diciembre de 2020. Pero si de diferencias se trata, las causas contra Menem exhiben otros tiempos totalmente diferentes.

Otro cantar

El expresidente murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador seguía circulando por la Corte, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación.

Menem había sido absuelto por la Casación por “plazo razonable” en octubre de 2018. Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”. El juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. La Corte nunca llegó a revisar la decisión final contra Menem, quien murió absuelto.

La causa Armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita. Estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió. Esta vez, la Corte, con otra composición, sí actuó en tiempo record.

En 2007, luego de que la causa pasó al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años.

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, en 1995. El hecho era vinculado a una supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Los tiempos de la Procuración

Uno de los factores que aceleraron la confirmación de la condena de Fernández de Kirchner fue el pronto despacho en la Procuración General de la Nación. El jefe interino del organismo, Eduardo Casal, recibió el expediente a mediados de abril y dictaminó en tal sólo un mes, a mediados de mayo último.

El titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo el recurso presentado por el fiscal general Mario Alberto Villar en el que se solicitaba elevar penas y revocar las absoluciones del caso Vialidad.

En el caso conocido como “los sobresueldos de la SIDE” -por la Secretaría de Inteligencia del Estado-, Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015, por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Estaban acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

En octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

Dos meses más tarde, el caso llegó a la Corte. El expediente circuló durante casi seis años por el máximo tribunal. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Casal.

En noviembre de 2024, con Menem ya fallecido, la Corte declaró la causa de los sobresueldos extinta por violación del “plazo razonable” del juicio, que tardó 18 años. Cavallo, el único acusado, quedó absuelto.

AMIA: otra absolución de Menem

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. En febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos.

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Finalmente, el tribunal lo absolvió.

En 2022, cuando Fernández de Kirchner fue condenada por Vialidad, la causa por el encubrimiento del mayor atentado de terrorismo internacional del país aún estaba en la Cámara Federal de Casación.

Recién en mayo de 2024, el tribunal que antecede a la Corte en la revisión de sentencias declaró al atentado de 1994 como un crimen de lesa humanidad. Además, confirmó condenas y, en algunos casos, redujo penas a los acusados. Entre ellos, no estaba Menem, ya fallecido.

ED/DTC

Los responsables del Distrito 23 de Vialidad Nacional, quienes habían quedado en el ojo de la tormenta tras ser responsables de destruir el monumento del historiador Osvaldo Bayer, fueron cesanteados por el Gobierno de Javier Milei.

Se trata de Paulo Croppi (Jefatura del Distrito 23) y Raúl Bórquez (División Conservación), a quienes la demolición del monumento del escritor y periodista el pasado 25 de marzo les valió el repudio desde muchos lugares del país que vieron el video que se viralizó en el cual se veía cuando una retroexcavadora destruía la obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba, ubicado en el ingreso norte de la ciudad de Río Gallegos, a pocos metros del control policial de Güer Aike.

A través de una disposición, se conoció que el Gobierno solicitó “iniciar las actuaciones tendientes a formalizar la desafectación y consecuente rescisión del vínculo contractual que une a los ocupantes de la Jefatura del Distrito 23 Santa Cruz, Paulo Croppi y Raúl Borquez”, según la información de La Opinión Austral.

Además, en el mismo documento se le pidió a la abogada Andrea Lebrand que atienda el despacho de la citada jefatura, “hasta tanto se determine quién revestirá como titular de esa función jerárquica y/o se adopte una decisión equivalente”.

En tanto, desde la provincia patagónica aseguran que la decisión también tuvo que ver con una investigación interna que se llevaba a cabo contra Croppi y Borquez quienes, de acuerdo a una denuncia de una empleada de Vialidad, según informa el periodista Juan Ignacio Paradiso en su cuenta de Facebook, por el supuesto “uso indebido de equipos viales y combustible, e irregularidades en asentamientos de hojas de ruta, horas máquina y mantenimientos de caminos”.

La destrucción del monumento a Bayer generó también denuncias en la Justicia, mientras que además hubo un cruce entre el autor de la obra y los familiares del historiador, con las autoridades nacionales y con el gobierno provincial por la reubicación del monumento.

Además, en las últimas horas, en medio de la inauguración oficial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025, en medio de los discursos de las autoridades, hubo una intervención sorpresiva de un grupo de escritoras y escritores que levantaron carteles con la cara de Osvaldo Bayer, en un homenaje autogestivo para recordar al escritor fallecido en 2018 y mantener vigente el reclamo por la demolición del monumento en su honor en la provincia de Santa Cruz por una cuadrilla de Vialidad Nacional.

Qué pasó

El pasado 25 de marzo, al día siguiente de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, una cuadrilla de Vialidad Nacional, que en la provincia de Santa Cruz dependía hasta las últimas horas de Paulo Croppi y Raúl Bórquez (ahora despedidos) desde mayo de 2024, demolió el monumento creado por el escultor Miguel Jerónimo Villalba con la imagen del escritor Osvaldo Bayer y la frase “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, que estaba ubicado desde el 24 de marzo de 2023 en la entrada por la Ruta Nacional 3 a la ciudad de Río Gallegos.

La medida llevada a cabo por la administración libertaria generó múltiples reacciones en redes sociales, mientras que a las horas, Pablo Grasso, el intendente peronista de Río Gallegos, anunció que van a restituirlo: “Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”, escribió el 25 de marzo el mandatario en su cuenta de X.

En tanto, un día después, el periodista Esteban Bayer, hijo del escritor Osvaldo Bayer, dijo a elDiarioAR que nadie del Gobierno se comunicó con la familia. “Ni Vialidad Nacional ni ningún funcionario del Gobierno se comunicó con nosotros para dar una explicación. Absolutamente nada. Tampoco lo espero”.

Además, señaló que la versión que indica que Vialidad Nacional va a devolver el monumento y se lo va a entregar a la provincia es “un disparate mayúsculo”. “El monumento está hecho escombros y chatarra. No sé lo que pretenden devolver. Lo de entregárselo a la Gobernación es otro disparate, porque la Gobernación es defensora y aliada del Gobierno”.

Sí confirmó que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se comprometió a levantar un monumento nuevo. “Él está reclamando los restos de la chatarra. Con él hablé y se comprometió a restituir el monumento en el Paseo de la Memoria que tienen ahí en Río Gallegos. Es un lugar muy lindo, una plaza grande, donde están los homenajes a los detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Cruz. También están los homenajes a los huelguistas de la Patagonia Rebelde. Y ahí lo quieren poner”.

Con información de agencias.

IG

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal de Casación rechazara un recurso extraordinario contra un fallo en su contra.

A través de un comunicado, la exvicepresidenta denunció que el tribunal “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.

Además, recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García-Mansilla, argumentando que su nombramiento por decreto por parte del presidente Javier Milei “viola la Constitución Nacional”. La exmandataria recordó que García-Mansilla había declarado en una audiencia en el Senado que no aceptaría una designación de ese tipo.

En el mismo escrito, la dirigente del PJ vinculó la decisión de recusarlo con declaraciones recientes de Milei, quien en un reportaje aseguró que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, lo que, según ella, implica una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”.

Por otra parte, señaló que su partido solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril con el objetivo de rechazar el pliego del magistrado.

El escrito prersentado

La recusación de García-Mansilla

“No hay ninguna posibilidad de que vaya presa”

Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.

Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.

Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer. 

Con información de agencias.

IG

Un detalle del video de la retroexcavadora que destruyó la escultura de hierro de Osvaldo Bayer en la entrada de Río Gallegos llamó la atención en el seno de Vialidad Nacional: “De fondo aparece una camioneta blanca con el logo nuestro, es bochornoso lo que hicieron; una provocación total”. El comentario de un trabajador con más de 15 años de carrera dice mucho del estado en que está el organismo responsable de las rutas nacionales bajo la gestión de Javier Milei. La acción contra la memoria del escritor que retrató la represión a obreros en la Patagonia a principios del siglo XX revela el uso político de una dependencia que tiene todas sus obras paralizadas, a sus empleados a tiro de ser despedidos y a las vías de tránsito sin mantenimiento.

Quién mandó a derribar el monumento a Bayer y por qué se hizo un día después del Día de la Memoria es un misterio que permanece 72 horas después del escándalo. Pero las miradas dentro del área apuntan a Paulo Croppi, jefe del distrito 23 del organismo –con injerencia en Santa Cruz–, quien fue señalado por fuentes internas de ser “más que un libertario” y de línea directa con el director nacional, Marcelo Campoy, de pasado menemista.

Con la polémica ya instalada, Vialidad devolvió este jueves la obra artística al Estado local. Croppi y su mano derecha, Rubén Borquez, se mostraron con el secretario de Cultura de Río Gallegos, Adriel Ramos, y la secretaria de Igualdad e Integración, Jazmin Macchiavelli, para acordar esa restitución. La propia provincia de Santa Cruz divulgó imágenes de la obra del escultor Gerónimo Villalba restituida, luego de que fuera doblada casi por la mitad por la pala de la grúa. Ayer, el hijo de Bayer, el artista y familiares de los obreros fusilados durante la Semana Trágica de 1919 le exigieron al gobierno local que se les permita ver el estado en que quedó la escultura de hierro. La obra quedó guardada ahora en el Centro Cultural Santa Cruz hasta que la Comisión por la Memoria determine un nuevo emplazamiento para su instalación definitiva, luego de su correspondiente restauración, informaron en la provincia.

“No sabemos de dónde vino la orden y no lo sabremos nunca. Hasta ahora hay un silencio total y absoluto”, aseguró a elDiarioAR el hijo del legendario escritor, Esteban Bayer, que presentó una denuncia penal contra los directivos de Vialidad por peculado, daño agravado (porque se destruyó una obra de arte) y abuso de autoridad. “Nunca se comunicaron con nosotros, ni antes ni después del atentado”, apuntó.

Según explicaron en Vialidad, la obra fue removida por cuestiones de seguridad, pero fuentes internas explicaron a este medio que solo se trató de una cuestión política. “La estructura no contaba con el permiso a tercero que habilita la instalación de las mismas en zonas seguras. La medida se llevó adelante ya que estas zonas deben estar libres de estructuras fijas con la que los vehículos puedan impactar en un eventual despiste. Las tareas se dieron en el marco de las mejoras en el nudo y el distribuidor vial para facilitar el acceso a los edificios utilizados por Gendarmería Nacional y la Policía Provincial”, fue la explicación que dio un vocero del organismo. “También decían que perjudicaba el escurrimiento del agua en esa zona. Es todo mentira”, comentó el directivo consultado por elDiarioAR. “Croppi es más que libertario, es un facho. Lo hizo por fanatismo político”, dijo otro trabajador.

Croppi, el jefe del distrito 23, “es un monje negro ejecutor”, lo calificó una fuente, tras una serie de despidos y persecuciones a trabajadores de Santa Cruz. Su ascendencia es Campoy, quien fue designado al frente de Vialidad cuando Raúl Bértola, un funcionario de carrera del organismo que asumió cuando llegó Milei, dejó su cargo en julio de 2024 por supuestos motivos personales. La trama que recogió este medio es que Bértola se negó a paralizar el organismo como le pedían desde la Casa Rosada a tono con la motosierra oficial.

Campoy ya había trabajado en Vialidad durante los últimos meses del gobierno de Carlos Menem y en el decreto que oficializó su nombramiento se ungió a Osvaldo Adrián Fuentes como subadministrador. Ahora habría llegado al organismo de la mano de Lule Menem, el armador electoral de Karina Milei y La Libertad Avanza. Arriba de Croppi-Campoy está Luis Giovine, secretario de Obras Públicas, debajo del radar de Luis Caputo en Economía. En el primer mes del gobierno libertario, la secretaría –y por tanto Vialidad– dependía del ministerio de Infraestructura, que se disolvió el 23 de febrero de 2024.

Dichos desmanejos del organigrama impactaron en la política pública para el área, con la obra pública paralizada y la poca que había transferida a las provincias y municipios pero sin fondos. Además se habría impuesto un bozal para sus trabajadores. “Acá el que habla o no está de acuerdo, vuela. Capaz no te echan, pero te frizan. La gente tiene mucho miedo de hablar”, explicó un experimentado trabajador consultado.

Varios fueron los ejemplos que remarcó sobre el desguace en Vialidad. Por un lado, no hay previsión de las tareas a realizar, por lo que los viernes hay desconcierto sobre la semana siguiente o la agenda es cambiada a último momento el lunes por la mañana. Recientemente hubo una resolución para “cerrar todas las obras al 30 de abril”, lo que quiere decir que desde mayo habrá una paralización total de las actividades en las rutas. Tampoco hay previsiones de materiales de oficina; “o sea que no podes hacer lo poco que te piden hacer”, comentó la fuente.

Esta misma semana la secretaria general del sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunciaron que Campoy les comunicó que habrá despidos y se suspenderá el convenio colectivo del sector, así como que se eliminará la ley 505/1958, el estatuto orgánico de la agencia nacional, consignó Página/12. En marzo los gremios se movilizaron del Congreso al Ministerio de Economía bajo la consigna “¡Vialidad es la patria. Defendamoslá!”. 

“Parar la obra pública nos mató. El mayor ajuste de Milei se produce sobre la obra pública por encima de los jubilados”, apuntó a elDiarioAR Fabián Catanzaro, también dirigente sindical en Vialidad. La motosierra repercute en que hay una amenaza de 1.500 despidos luego de que en 2024 se subejecutaron el presupuesto en $340.000 millones.

Campoy anunció a los gremios el 14 de febrero que está a tiro un decreto de Federico Sturzenegger para fusionar unas 50 empresas y organismos, donde entraría Vialidad. La reestructuración significaría despedir al 30% de la actual planta de 5.200 trabajadores. Además, denuncian los sindicatos, el Gobierno acelera concesionar con peajes unos 2.500 kilómetros a los actuales 7.000, completando así un cuarto de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. “El proceso de licitación sería perjudicial porque no hay obras nuevas. Se va a pagar peaje para cortar el pasto y bachear”, cuestionó Catanzaro.

Tanto Campoy (Vialidad) como Giovine (Obras Públicas) fueron citados por Diputados para dar explicaciones sobre el estado de las rutas nacionales pero nunca fueron. La última reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja fue este martes, casi en paralelo a que se hiciera viral el video de la retroexcavadora que destruía la figura de Bayer. Video que mostraba, de fondo, una camioneta de Vialidad Nacional.

MC

El Gobierno publicó el llamado a licitación de los tramos de rutas nacionales comprendidos en el Corredor Vial 18, para delegar en el sector privado el mantenimiento y la conservación de los mismos “con el fin de reducir el gasto público”.

El puntapié para el comienzo del proceso de privatización de senderos de jurisdicción nacional había sido anticipado por el Ejecutivo en los últimos días y fue oficializado este miércoles mediante el Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial.

En la normativa se precisó que la iniciativa fue impulsada partiendo de la idea de “mantener un criterio sistematizado y unificado con relación a la concesión por peaje de los tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional”. 

Al respecto, se estimó conveniente que “el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, lleve a cabo, entre otras tareas, el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, la aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización del proceso licitatorio y, oportunamente, el dictado del acto administrativo de adjudicación”.

Al argumentar la decisión, se expuso que “con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Además, en el texto oficial se aclaró que la medida permite “garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de todos los Tramos de la Red Vial Nacional detallados” junto con “la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”. 

Los tramos que serán otorgados en Concesión de Obra Pública por peaje, bajo el régimen de la Ley Nº 17.520, son los pertenecientes al Corredor Vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay, compuestos por las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).

En relación a las rutas seleccionadas para comenzar el proceso de privatización de la red vial nacional, el documento oficial recordó que “el corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.

El comunicado de Vialidad Nacional

El Gobierno Nacional oficializó hoy, a través del Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial, el inicio de la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones. Esta fase contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Todos estos Tramos y Rutas forman parte del nuevo sistema de concesiones por peaje para la operación y mantenimiento de la denominada Red Federal de Concesiones.

Este proceso será posible gracias a que se generaron las condiciones económicas óptimas donde capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales. El objetivo primordial de esta apertura al capital privado es reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero concentran el 80 % del tránsito.

El sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse. Cabe destacar que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación. 

A su vez, Vialidad Nacional realizará un exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas. 

En esta iniciativa, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

Reforzamos el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país.

Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web de Vialidad Nacional, con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno le dio de baja a la asignación de privilegios que la exvicepresidenta Cristina Kirchner venía percibiendo por orden del presidente Javier Milei. 

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, a la vez que indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de $21.827.000 mil pesos”.

De acuerdo al portavoz, “el beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, argumentó Adorni la decisión de la administración libertaria, en relación a la confirmación este miércoles de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación por la causa Vialidad.

Y agregó: “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

Más tarde, confirmó en redes sociales que la asignación de privilegio “que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja”.

Además, el vocero consideró que la medida adoptada por el ministerio de Capital Humano y comunicada por ANSES “es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, concluyó.

Según aclaró, la titular actual del PJ va a poder percibir “una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”, y vaticinó que “es una posibilidad” que la exfuncionaria recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello argumentó que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, y la calificó como “una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. 

Para el Presidente, la condena contra la ex vice “torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”. 

“Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada”, plantearon.

En el Poder Ejecutivo exponen que el artículo 29 de la Ley 24.018 debe alcanzar también a “las causas de responsabilidad” que dan lugar a la remoción en el cargo, y no sólo al “mal desempeño”.

La decisión resulta llamativa dado que, en mayo, el libertario fue consultado por el tema en una entrevista con el periodista Jonatan Viale para TN, en la que calificó a la jubilación y a la pensión de privilegio como “un derecho adquirido”. 

“Si considero que no voy a tener jubilación de privilegio, no lo puedo hacer hacia atrás, es un derecho adquirido”, definió en aquel entonces, y agregó: “Estoy tan indignado que le pegó un tiro a mi propio bolsillo, pero no puedo hacer nada y tengo que corregirlo hacia adelante. Esto al primero que afecta es a mí mismo”.

Algunos meses después, su vocero fue el encargado de anunciar la medida: “Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ningún corrupto que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, aseveró.  

Tras el anuncio, el mandatario recién aterrizado en Florida, donde participará de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebró: “El que las hace las paga. Privilegio de Cristina, ¡¡Afuera!!”. Y aprovechó para repostear la catarata de tweets que los seguidores del libertario hicieron en la red social de Elon Musk en favor de la medida del Gobierno.

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene diez días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá entonces resolver si la condena queda firme.

El texto del comunicado

Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión.

La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En efecto, el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo.

No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor.

La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal.

Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada.

Por último, es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó este miércoles la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene diez días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá entonces resolver si la condena queda firme.

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Minutos antes de las 11, la expresidenta publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

En su fallo, el tribunal rechazó “por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas” y confirmó “la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación”. Justo antes de leer la parte correspondiente a la exmandataria, el juez Hornos, quien dio a conocer el fallo, hizo una pausa y tomó agua.

La decisión de Casación fue “condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Igual pena para Lázaro Báez.

Asimismo, por mayoría, Casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita, algo que habían pedido los fiscales Diego Luciani y Mario Villar.

Además, Casación confirmó las penas a seis años de prisión al exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Lázaro Báez.

También se confirmó la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y las absoluciones de Abel Fatala y Héctor René Garro.

En tanto, confirmó las condenas a Juan Carlos Villafañe a 5 años y Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, a José Santibáñez a 4 años y Raúl Daruich a 3 años de prisión, todos ex funcionarios de Vialidad.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisaron la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, dictada el 6 de diciembre de 2022 y resolvieron confirmar el fallo del TOF N°2. El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

Tras la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de las decisiones del tribunal oral. Los abogados de la exmandataria solicitaron su absolución mientras que los fiscales Diego Luciani y Mario Villar reclamaron que CFK sea también condenada por el delito de asociación ilícita, cargo del que resultó absuelta por dos votos contra uno durante el juicio oral y público. Casación rechazó este miércoles este pedido.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

En el edificio de Comodoro Py se montó un operativo especial de seguridad porque el dirigente social Juan Grabois encabezó una “clase abierta” en apoyo a la exvicepresidenta y en denuncia del “lawfare del cual Crisitna Kirchner es víctima”.

A inicios de este año, los integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la exvicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la expresidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la expresidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.

En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un “hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.

A lo largo de tres años y medio de juicio oral se comprobó “un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, agregó el Tribunal.

En las audiencias ante Casación, la defensa de la exvicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.

Además de definirse sobre las condenas, los camaristas resolverán si dejan en pie el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.

IG

La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará al centro de la escena pública este miércoles con un fallo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos el 6 de diciembre de 2022, tras un juicio oral y público de casi cuatro años. 

El caso, conocido como Vialidad, tuvo a CFK como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos. 

A partir de la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de la sentencia. Estas son algunas claves para entender el fallo que se viene y sus implicancias.

ED/MG

Un poco más lejos de los cortocircuitos en torno a la presidencia del PJ, pero aún en un clima de escaso o nulo diálogo entre los líderes del Justicialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la causa Vialidad dos días antes de que Casación anuncie si confirma la condena a seis años de cárcel para Cristina Kirchner y remarcó que la Justicia utilizó “un derecho fantasía” y montó “una ficción” donde “no hay una sola prueba” en contra de la exvicepresidenta y se la acusa de “un delito que no existió”, dando un golpe a la credibilidad del sistema Judicial.

Según Kicillof, que dejó por un momento de lado las diferencias que los últimos meses pisieron la interna peronista al rojo vivo hasta la confirmación de Cristina como presidenta del PJ, es una especie de “aleccionamiento” para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos, “donde está claro que lo que hay es una proscripción”.

Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Martín Mena, el mandatario provincial señaló este lunes en conferencia de prensa que “no hubo sobreprecio en las obras de Santa Cruz” y que “no hay ninguna sin terminar”.

“Nunca pudo haber cometido ese ilícito por la función que tenía, porque no era la encargada de tomar esas decisiones”, añadió.

“Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que va a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima, que es Cristina”, dijo el mandatario provincial, al tiempo que remarcó que se trata de “una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción”.

Para el gobernador bonaerense, “es un escándalo jurídico, que según dicen algunos diarios no tenemos que esperar al miércoles para saber el fallo. como ha pasado en cada causa que se ha llevado adelante contra dirigentes populares, particularmente contra Cristina. Nos enteramos por los diarios de los detales de dictámenes que todavía no han sido escritos ni firmados, No sé si se redactan en las editoriales o estamos hablando de un entramando espantoso de los llamados sótanos de la democracia”, cuestionó.

Más tarde, Kicillof se manifestó también sobre el tema en redes soociales: “El fallo contra CFK en la causa Vialidad representa un hecho de una inmensa gravedad institucional: no hay ni una sola prueba en los expedientes, las obras se hicieron y no hubo sobreprecios, pero la condena ya está escrita. Estamos ante un nuevo capítulo de este proceso de persecución política, judicial y mediática al que llamamos lawfare y que busca disciplinar y proscribir a los dirigentes populares. Desde la Provincia manifestamos nuestro absoluto rechazo a este nuevo golpe a nuestras instituciones y expresamos nuestro total acompañamiento a Cristina”, posteó el mandatario.

En el mismo sentido habló Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, al preguntar “¿quién puede creer en una Justicia que va a hacer lo que algunos medios anuncian con lujo de detalles desde hace meses?”. Para el funcionario, se trata de “una persecución judicial acompasada con el calendario electoral”.

“Nada de lo que dijo la Justicia en esa sentencia en 2022 se probó en el juicio: no hubo sobreprecios, lo construido estaba instalado. No hubo nadie que pueda avalar la ridiculez de la acusación fiscal en la causa Vialidad; pero había que mantener el relato de supuestos hechos de corrupción. Esto es una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una mezcla inescrupulosa de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito pero muy poderoso de la Argentina”, remarcó Mena. Y concluyó: “Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde la Provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo”.

Casación se expide el miércoles

La Cámara Federal de Casación penal dará a conocer el próximo 13 de noviembre su decisión en la causa de Vialidad en la que está condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos con la obra pública en Santa Cruz.

La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados, informaron fuentes judiciales.

Se trata de una audiencia de “lectura de sentencia” a la que asistirán los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky para dar a conocer la decisión.

La fecha se fijó tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta, en los que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy aludieron a “indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos” para “influir y direccionar” la causa Vialidad.

En uno de esos planteos habían cuestionado los dichos del presidente Javier Milei vinculados a la causa durante un acto en Parque Lezama, donde aludió a la supuesta responsabilidad de los jueces, y también la publicación de notas periodísticas donde se adelantaba que habría una decisión de Casación vinculada a confirmar esa condena por administración fraudulenta emitida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al término de un juicio oral.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un acto de relanzamiento de su partido político en el cual, ante la proclama de su público, exhortó a los magistrados que integran esta Cámara Federal de Casación Penal para avanzar en esta causa y ratificar la injusta condena impuesta a nuestra asistida”, sostuvo Beraldi en ese escrito, ahora rechazado por Casación.

Se trata de la causa en la que se analizó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en ese debate oral.

El veredicto del TOF 2 fue apelado por todas las defensas, que reclaman absoluciones, y por la fiscalía, desde donde se exigió agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”, en base a lo cual se habían reclamado 12 años de cárcel para la ex presidenta.

Con información de agencias.

IG

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, reafirmó su reclamo de declarar la emergencia vial por la situación en las rutas a causa de los temporales invernales.

Al mismo tiempo, consideró que Vialidad Nacional es un ente estratégico y lo relacionó con el rol del Operativo Nieve, que, entre otras cosas, busca liberar a los numerosos vehículos que quedaron varados en la nieve.

“Vialidad sirve para conectar los pueblos, como está pasando ahora que están sin conectarse por culpa de la nieve”, agregó Aleñá.

En ese sentido, añadió: “Nuestro rol es garantizar la transitabilidad de los caminos que se ven afectados por la lluvia o el hielo, con tareas como la distribución de sal sobre las rutas, el despeje de nieve sobre las calzadas y la verificación permanente por tramos”.

Por otra parte, destacó que “es por esto que venimos alertando desde principios de año al Gobierno que la desfinanciación del organismo iba a traer consecuencias graves, con posible riesgo de vida”.

Así, concluyó que “lejos de ser un beneficio, los recortes perjudican a la población de todo el país y se verifican al momento de tener que llevar adelante el Operativo Nieve u otras actividades similares, además de en el propio mantenimiento de las rutas, caminos y puentes por donde circulan vehículos”.

CRM con información de la agencia NA

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de asociación ilícita” y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa “Vialidad”.

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que “se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita”, delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita. El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”.

Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo “una verdadera asociación criminal” integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron “desviar fondos hacia ellos mismos”.

Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por “asociación ilícita”.

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía. “Cada ministro es responsable de los actos que legaliza”, es decir “que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia”, remarcó Villar.

“Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez”, sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la “asociación ilícita”.

En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita “realizó los desvíos” de dinero y “se organizó para realizar estas defraudaciones”

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando “funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado” hacia el dueño de Austral Construcciones.

“Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido”, el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.

Báez “se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto”, dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr “el fin delictivo” se “construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz” y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un “razonamiento arbitrario” al descartar la asociación ilícita “a los cinco miembros”

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de “asociación ilícita”: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de “administración fraudulenta” en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas “Austral Construcciones”, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó “un hecho de corrupción estatal” que derivó en un “perjuicio descomunal” a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta “asociación ilícita agravada por su calidad de jefe” y “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.

Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.

MM con información de la agencia Télam.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes “inadmisible” el recurso extraordinario federal con el que la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner buscó llegar a la Corte Suprema para cuestionar la intervención de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la revisión de la sentencia del caso conocido como Vialidad.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros de la sala cuarta del máximo tribunal penal del país, integrada por los propios Hornos y Borinsky, así como por el magistrado Diego Barroetaveña.

En esa sala se encuentran radicados desde mayo de este año los recursos de las defensas contra las condenas impuestas a la exmandataria, al empresario Lázaro Báez y a José López entre otros exfuncionarios, por el delito de fraude a la administración pública y el recurso del fiscal Diego Luciani contra la absolución por el delito de asociación ilícita.

Cuando la causa ingresó a Casación, la defensa recusó a los jueces Hornos y Borinsky por ya haber intervenido en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri durante su administración.

Aquel planteo fue denegado y la defensa intentó diversos recursos para forzar la intervención de una sala diferente a la que resultó sorteada, todos también rechazados.

En esta última oportunidad, tal como solicitó el fiscal del caso Mario Villar ante la Casación, el tribunal denegó el recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise su integración. A esto, se prevé que la defensa de la expresidenta recurrirá “en queja” al máximo tribunal.

De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky, de la Sala IV de Casación integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa, donde se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz en favor de Báez.

LC con información de agencia Télam

La Vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que apunta contra los recientes sorteos de jueces para revisar, por un lado, la causa Vialidad en la que fue condenada; por el otro, el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: 'Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan', contó la expresidenta.

Y analizó: “¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: 'Y muy buenas noticias para Macri'”, cuestionó.

Al preguntar “¿por qué buenas para el jefe del PRO?”, Cristina Kirchner explicó: “Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos”. Y concluyó: “Es joda. Más explícito no se consigue”.

Barroetaveña revisará las condenas en la causa Vialidad

El juez Diego Barroetaveña salió sorteado días atrás para formar parte de la sala de la Cámara Federal de Casación que revisará la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa “Vialidad”, en la que fueron juzgados por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El acto se realizó el pasado 9 de junio luego de que, la semana anterior, los integrantes de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaran apartarse del caso y ordenaran realizar el sorteo para designar al tercer integrante que revisará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2.

Barroetaveña resultó designado en un sorteo “informático” que se cumplió con acceso a las partes, en la oficina de sorteos de Casación Penal.

De esta manera, este magistrado, junto a Hornos y Borinsky, serán quienes tramiten las apelaciones que se presentaron tanto por parte de los imputados como de la fiscalía contra el veredicto.

Hornos y Borinsky rechazaron la semana pasada un planteo de la defensa de la Vicepresidenta para que se aparten del caso.

Barroetaveña reemplazará al tercer miembro de la sala IV, Javier Carbajo, quien se excusó de intervenir.

La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.

En la apelación se consideró que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, en un recurso que mantuvo el fiscal ante esa instancia Raúl Pleé.

Este último fue recusado por la defensa de la Vicepresidenta, un tema que aún no fue resuelto.

El 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovo

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

En el juicio se debatió si el también condenado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López.

Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Borinsky revisará el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

Recusan a Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Con información de agencias.

IG

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el rechazo “in limine” de las recusaciones planteadas contra dos miembros de ese tribunal, quienes deben revisar su condena a seis años de prisión, en el marco de la causa “Vialidad”.

Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, apuntados por dichos recursos, resolvieron “declarar inadmisible el recurso de casación 'horizontal' interpuesto por la defensa particular” de la vicepresidenta, con el que se reclamaba que las recusaciones rechazadas sean revisadas por otros jueces.

De quedar firme la resolución, los magistrados miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, deberá sortearse un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron aquel fallo.

Fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que podrían presentar un recurso de queja con la intención de que sean otros jueces del máximo tribunal penal los que revisen si deben o no proceder las recusaciones planteadas contra Hornos y Borinsky.

La defensa de Kirchner, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces porque ya intervinieron en la causa, así como por supuesta falta de independencia y parcialidad, ya que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el entonces presidente Mauricio Macri.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer en marzo pasado los fundamentos de las condenas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios, por el delito de fraude a la administración pública.

Las defensas apelaron las condenas, mientras que el fiscal Diego Luciani la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio. Ahora, deberá intervenir la Casación cuando el tribunal quede confirmado.

Asimismo, los camaristas de la Sala IV de Casación confirmaron que los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini serán quienes lleven a cabo el juicio del segundo tramo de la causa Vialidad, donde deben juzgarse los escalafones menores de la maniobra investigada.

LC con información de agencia Télam

Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron este miércoles la recusación presentada por defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la revisión de su condena por la causa conocida como “Vialidad”. En el mismo fallo, aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, quien planteó que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso.

De quedar firme la resolución, Hornos y Borinsky integrarían el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, debería ser sorteado un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron el fallo.

En marzo pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer los fundamentos de las condenas impuestas a Kirchner, Báez, José López, exsecretario de Obras Públicas, y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública. El mismo fue apelado por defensas y también recurrido por el fiscal Diego Luciani, quien se opuso a la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

La defensa de la Vicepresidenta, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa, así como por la supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente de la Presidencia.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, habían señalado en aquella presentación los abogados defensore Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en relación a Hornos y Borinsky, quienes integran la sala cuarta del máximo tribunal penal.

Los jueces de la casación desestimaron “in límine” las recusaciones, al recordar que intervienen como jueces naturales de la causa en virtud del sorteo efectuado y opinaron que los planteos que buscaban apartarlos están “basados en expresiones imprecisas y conjeturales”, según surge del fallo.

Por otro lado, ante las alegaciones de prejuzgamiento referidas por la defensa según diversos fallos dictados por la Sala IV en las etapas previas al proceso, los jueces dijeron que es la primera vez que están llamados a resolver sobre cuestiones de fondo y que todas las intervenciones anteriores se trataban de incidencias en las que rechazaron la intervención porque los recursos se dirigían contra sentencias no definitivas.

En cuanto al juez Carbajo, su excusación fue aceptada porque el propio magistrado había señalado en su presentación que al juzgar en el caso “la ruta del dinero K”, ya se había expresado en que el dinero lavado por Báez provenía de delitos vinculados a la obra pública, lo que significó adelantar opinión sobre el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir.

LC con información de agencia Télam

Javier Carbajo, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debía revisar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros imputados por la causa Vialidad, se excusó este jueves de intervenir. El juez de la sala IV del máximo tribunal penal consideró que ya había opinado al resolver en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, por lo que no garantizó su imparcialidad.

El magistrado sostuvo que el caso de Báez tiene hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública, el cual ahora estaba llamado a intervenir. “Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones S.A. en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”, planteó Carbajo en su excusación.

La sala también está integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces que deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó paralelamente que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados que representan a la exmandataria, recusaron a los tres jueces de la sala de Casación, los cuales deben intervenir en la revisión de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron los letrados.

La defensa de la Vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión, mientras que a Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir que trascendiera que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri durante su administración. “Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el cual ya fue apelado, entre otros, por la Vicepresidenta quien reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que reclamaron agravar las condenas.

En su apelación, la defensa de Fernández de Kirchner reclamó: “Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”. Agregaron que la condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”.

Por otro lado, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la condena a la Vicepresidenta y los demás acusados, y que se los condene también por el delito de asociación ilícita. En aquella presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron además que Casación revoque las absoluciones que favorecieron a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el juicio de la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución. Fue tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

En tanto, el fiscal Diego Luciani solicitó que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta, y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que en su momento fue descartada por el Tribunal Oral Federal 2.

La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. En diciembre pasado, Fernández de Kirchner obtuvo la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Los letrados dijeron en su presentación que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”. “Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

Beraldi y Llernovoy anunciaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”. Sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, y “los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

La defensa sumó que “se violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”. Aseveraron además que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta vulneración al principio de congruencia”.

Remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”. Otra supuesta irregularidad destacada fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Continuaron diciendo que “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal en trato (arts. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.

De esa manera, los Beraldi y Llernovoy pidieron que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma el presente recurso”. En ese contexto, solicitaron “al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite” y a la “Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación”.

Concluyeron: “y, por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

LC con información de agencia Télam