El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú emitió hoy una sentencia en la que considera que el exmandatario Alejandro Toledo favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.

Así, la Justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos.

“En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique”, indicó el Poder Judical en la red social X.

El fallo, que fue leído por la magistrada Inés Rojas, afirma que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.

“Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado”, señala.

Además, resalta que el expresidente, para hacerse con el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.

El juzgado anunció que la pena de prisión es inmediata, por lo que Toledo regresará al penal conocido como Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanecía desde su extradición desde Estados Unidos, en abril de 2023.

Toledo es el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht.

El fallo judicial también dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios públicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós.

DM con información de agencia EFE

Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

La Cámara de Casación Penal desestimó una queja de los abogados de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la investigación por el pago de sobornos en Argentina y corrupción en la obra pública durante las administración kirchneristas. “El Tribunal resuelve: No hacer lugar a la queja interpuesta por los abogados representantes de Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Sucursal Argentina)”, sostuvieron los jueces en el fallo.

Según la investigación, la empresa habría pagado 35 millones de dólares para acceder a distintas obras como la ampliación de gasoductos a través de la firma Cammesa. El juez Daniel Rafecas logró comprobar que originalmente se abrió un proceso de licitación que terminó transformando en una negociación privada donde Odebrecht resultó favorecida.

En este marco, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 había decidido actualizar el monto del embargo dispuesto el 8 de mayo de 2018 y llevarlo a $8.528.856.000. Ante esa resolución, los abogados de la empresa interpusieron un recurso de casación, el cual fue rechazado hoy por la Justicia.

“El fallo contra el cual se dedujo al impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no revisa la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Penal Procesal de la Nación; ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, explicaron los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Y agregaron: “Por lo demás, no se advierte ni el presente logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente Di Nunzio”.

El juez Alejandro Slokar, también integrante del tribunal, advirtió que la queja interpuesta se presentó ante un cuerpo que carece de competencia en la causa. “La vía intentada no resulta de recibo, por cuanto los letrados impugnantes se limitaron a manifestar su disconformidad con los argumento denegatorios expuestos, sin lograrlos refutar adecuadamente a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación”, aseguró.

ACM con información de agencias.

El expresidente peruano Alejandro Toledo, que gobernó el país desde el 2001 al 2006, a su llegada a Lima el domingo 23 de abril extraditado por EEUU, dos días después de que se entregara a las autoridades estadounidenses, acusado de corrupción y lavado de dinero en el escándalo de los sobornos pagados a las autoridades por la constructora brasileña Odebrecht fue trasladado para su prisión en el penal de Barbadillo 

“Cholo sano y sagrado”, según las difundidas palabras de su esposa Eliane Karp, Toledo fue la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El caso cobró notoriedad en febrero de 2017 cuando la prensa peruana filtró que Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú, había confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que el entonces presidente Toledo había recibido sobornos de 20 millones de dólares a cambio de que esa empresa obtuviera la concesión para la construcción de la carretera Interoceánica.

El fiscal Halmiton Castro, encargado de la investigación por el caso de sobornos de Odebrecht en Perú, pidió la detención preventiva del expresidente con cargos de tráfico de influencias y lavado de activos. No sólo el ex mandatario sino también otros funcionarios de su gobierno y de las gestiones de los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) fueron imputados del mismo delito: Odebrecht pagó 29 millones de dólares, según un acuerdo firmado por la empresa con el Departamento de Justicia de EEUU.

Toledo, quien en ese momento se encontraba en Francia junto a su esposa Eliane, negó categóricamente – y así lo sostuvo siempre- haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus “enemigos” y consideró que Barata “mintió” en su declaración ante la Fiscalía.

El primer presidente peruano de origen indígena

 La imagen del ex presidente Toledo  devuelve a sus 77 años, con el desgaste físico debido al paso del tiempo, la misma estampa que de alguna manera lo catapultó en su carrera política iniciada a fines de los ‘90: un peruano común, de rasgos indígenas, con una historia de esfuerzo y educación basada en el mérito, que surgía desde las bases para contrarrestar la figura del poderoso expresidente Alberto Fujimori. 

Toledo nació en una familia humilde de la región de Ancash, al norte de Lima, de niño fue lustrabotas y vendió diarios, según su propio relato. Después de finalizar sus estudios primarios, obtuvo una beca de para estudiar economía en Universidad de San Francisco, en el norte de California. Y gracias a su talento con el fútbol, pudo mantener su beca, terminar la universidad, realizar un máster y un doctorado en la Universidad de Stanford, donde conoció a su mujer Eliane.

En las presidenciales de 1995, solo obtuvo  3,2 % de los votos por el partido Perú Posible por él fundado en 1994. A principios de 2000 y de cara a las siguientes elecciones presidenciales, se convirtió en el líder de la coalición opositora a Fujimori, quien después de una década en el poder era centro de denuncias por corrupción y violaciones a los DDHH. Los esfuerzos de Toledo por unificar la oposición no impidieron que el “Chino” venciera en segunda vuelta e iniciara su tercer periodo. 

Lima fue un polvorín: la Marcha de los Cuatro Suyos 

Toledo convocó en julio de 2000 la denominada “marcha de los Cuatro Suyos”, en alusión a las cuatro regiones del Imperio Inca e invitó a la ciudadanía del entero Perú a unirse en Lima dos días antes de que Fujimori asumiera el 28 de julio su tercer mandato. La Ciudad de los Reyes fue el escenario de saqueos e incendios perpetrados por los manifestantes al ex Ministerio de Educación, el Palacio de Justicia y la sede del Jurado Nacional Electoral, con la intervención indiscriminada de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la Policía. 

En septiembre de ese mismo año,  la transmisión nacional de un video difundió la vasta red de corrupción del gobierno de Fujimori. Fue el primero “vladivideos”, cuyo total se estima en 30.000 el número de  grabados de manera clandestina por el principal asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos que registró  sobornos a dirigentes políticos, jueces, empresarios, comunicadores y autoridades locales. El escándalo provocó la huida de Montesinos y la convocatoria a elecciones generales por parte de Fujimori quien luego de un viaje oficial al sultanato de Brunei en noviembre se autoexilió en Japón y renunció a la presidencia.

 Ocho meses después y tras un corto periodo de presidencia interina de Valentín Panigua (200-2001), Toledo fue elegido presidente de Perú en segunda vuelta en junio de 2001 contra Alan García, el candidato aprista. 

El presidente elegido por el pueblo por ser del pueblo

Toledo asumió la presidencia con enormes expectativas de sus votantes que habían confiado en su idoneidad para enfrentar la transición de la Nación hacia la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el crecimiento económico. El primer día de su presidencia,  Toledo o Pachacutec, aquel guerrero y conquistador del Incario con quien gustaba compararse, reeditó el camino del Inca, con un bastón y un tobillo maltrecho, y juramento y ofrendó su gobierno a los espíritus de las montañas en las alturas del Machu Picchu. “Mi objetivo central será crear trabajo. Seré un guerrero frontal contra la pobreza en el Perú, particularmente en el Perú Posible”, anunció en su potente discurso que retumbó contra las piedras de las montañas y la Ciudad Sagrada de los Incas.

Grandes esperanzas e ilusiones perdidas 

Las reformas que muchos de los sectores sociales esperaban quedaron postergadas. Poco pudo hacer por la inclusión social y por atender los temas que causaban conflictos económicos sociales. Aún más: para lograr la estabilidad económica recurrió a políticas ampliamente cuestionadas: la privatización de empresas, un paso no menor al neoliberalismo transnacional que él había denunciado en su campaña electoral. Y aún más, se había comprometido a “defender el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de propiedad y administración pública”. Transcurrido un año de mandato, autorizó la venta de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) y EGESUR de Tacna; una medida que desató la ira del sur de Perú. Huelgas de hambre, cacerolazos y protestas masivas dramatizaron la molestia popular ante un presidente elegido por el pueblo por ser del pueblo que no cumplía con sus promesas de campaña, y que solo bajo presión de las protestas firmara un acta para dejar sin efecto la privatización.

Los escándalos éticos, denuncias de corrupción, como el llamado denominado “Caso Bavaria”, las contramarchas en las políticas de Estado erosionaron la popularidad del entonces presidente Toledo quien tuvo que  afrontar la rebelión de un sector de la población liderada por el militar en retiro Antauro Humala, que acusó a la presidencia y a las FFAA de integrar la mafia fujimontesinista. 

Hacia finales de su mandato, en 2005, una comisión investigadora del Congreso lo halló culpable de fraude electoral por la falsificación de más del 80% de las 520.000 firmas para inscribir en 1997 a su partido Perú Posible. Sin embargo, las acusaciones que más complicaron a Toledo fueron dos. La primera, le valió un proceso judicial acusado formalmente de lavado de activos después de la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra por unos 4,5 millones de dólares con fondos presuntamente no declarados, a través de una empresa “fantasma” creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva. Y la segunda, su supuesta vinculación con el escándalo internacional de sobornos de  Odebracht.

Con todo esto, no sorprende que la vuelta de Toledo en 2011 a la arena política con la presentación de su candidatura a la presidencia en la contienda que ganó Ollanta Humala (2011-2016), sólo le valiera un cuarto lugar en número de votos.

El regreso del ‘Cholo’ Toledo a Perú: “que no me maten en la cárcel”

Toledo en su reciente y obligado regreso a Perú fue recibido por fiscales y policías en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao, en el área metropolitana de Lima. En el penal de Barbadillo cumplirá la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en febrero del 2017, hasta octubre del 2024, que motivó su posterior extradición.

El fiscal Pérez Gómez a cargo del caso por el que se extraditó al expresidente Toledo pide para él una condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de lavado de activos y colusión. También, sospechoso de tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.  “[Esperamos] que lo que viene a ser la parte intermedia del proceso pueda concluir en unos meses y ya entrar en etapa de juzgamiento”, declaró Gómez a la prensa peruana. Sin embargo, según trascendió en medios locales, se espera que el juicio no comience hasta dentro de año y medio.

Antes de entregarse Toledo reclamó a los cuatro vientos: “Le pido a la justicia peruana que no me maten en la cárcel, que me dejen pelear con argumentos. Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas al día, tengo presión arterial alta y padezco restos de cáncer […]. Respeten eso, no han probado nada y ya me quieren arrestar”, tras afirmar no haber recibido “un solo dólar” de forma ilícita. 

En EEUU y antes de su extradición, dijo tener problemas en el corazón y remanentes de cáncer, sin embargo, semanas antes de aquellas declaraciones presentó un documento ante el juez norteamericano que evaluaba su caso, en cuyo contenido aseguró que su esposa Eliane sería sometida a una cirugía a la cadera, por lo que dependería de sus cuidados. 

El abogado del ex presidente Toledo asegura que su defendido padece cáncer, probablemente con intenciones de solicitar una variación de prisión preventiva por detención domiciliaria bajo la invocación del artículo 290 del Código Procesal Penal para que Toledo cumpla la detención en su hogar. También su exministro de Economía y Finanzas y luego presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) logró variar la prisión: su edad avanzada y padecer fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de muerte súbita le permitió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario en 2021.   

Durante el desarrollo de la audiencia de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria, el fiscal adoptó una inusual posición a favor del arresto domiciliario. Uno de sus argumentos contribuyó al análisis de la eventual variación: aunque los informes médicos no mencionen de forma expresa que la enfermedad era grave, esto debe ser determinado luego de que los jueces analicen estos informes. 

Un dilema para el Perú 

Con Toledo en la prisión donde se encuentran Fujimori, cumpliendo una condena de 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad y Pedro Castillo, preventiva acusado de corrupción y rebelión, son tres los exmandatarios encarcelados además de los procesados Ollanta Humala y Kuczynsky. El expresidente Alan García se suicidó antes de ser detenido. No queda exceptuada la actual presidenta, Dina Boluarte, quien será investigada por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones de 2021, según anunció la Fiscalía a fines de marzo. Además, de esclarecer lo ocurrido en la represión de las protestas al inicio de su gobierno, en las que murieron unas 60 personas. 

Esta particular situación, sostiene el politólogo Fernando Tuesta, de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) significa “un vaciamiento de las instituciones”.  Y es probable que se genere un espacio para outsiders y nuevos partidos, que no garantiza necesariamente que vayan a ser mejores o más limpios que los anteriores.

AGB

El expresidente de Perú Alejandro Toledo, quien encarnó en 2001 la esperanza del país por el retorno a la democracia, llegó este domingo a Lima extraditado desde Estados Unidos, para afrontar un juicio por corrupción que podría terminar en una condena de hasta 20 años de cárcel.

Toledo, de 77 años, arribó escoltado por alguaciles estadounidenses en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles. Lucía demacrado, aunque sin la silla de ruedas con que se le vio en el aeropuerto de partida, y ocultaba bajo una manta las manos presumiblemente esposadas.

En una primera diligencia, el exmandatario fue llevado a una instalación policial del aeropuerto Jorge Chávez, donde fue notificó que queda privado de la libertad, pues está vigente una orden de prisión preventiva en su contra por 18 meses.

Toledo enfrentará un proceso por presuntos lavado de activos, colusión ilegal y tráfico de influencias, derivados de la supuesta recepción de un soborno por unos 35 millones de dólares pagado por la constructora brasileña Odebrecht por la adjudicación de un tramo de la carretera Interoceánica, que conecta al Pacífico de Perú con el Atlántico de Brasil.

El fiscal del caso, José Domingo Pérez, pide 20 años de cárcel para el expresidente, quien durante seis años logró dilatar el proceso de extradición por parte de Estados Unidos, país en el que vivió buena parte de su vida y en el que se formó profesionalmente.

Finalmente fue derrotado en todos los recursos que presentó y se entregó el viernes a las autoridades norteamericanas. “Solo pido que no me maten en la cárcel”, afirmó tras admitir que la extradición era un hecho y asegurar que sufre complicaciones graves de salud, incluido un supuesto cáncer.

En Lima, Toledo irá a la cárcel Barbadillo, en la que solo hay otros dos internos: los expresidentes Alberto Fujimori, que paga 25 años de cárcel desde 2007 por 25 asesinatos; y Pedro Castillo, que espera un proceso por supuesta sedición, derivada del intento de cierre del Congreso por el que fue destituido en diciembre pasado.

Su gobierno

“(Toledo) generó esperanza y terminó siendo un penoso personaje. No se puede decir que gobernó mal, que maltrató a la economía o que fue insensible con la pobreza. Tampoco que fue un gran represor. Pero había algo en él que lo hacía poco creíble, borroso, ridículo incluso”, comentó el analista Ramiro Escobar.

Y continuó: “Recuerdo adjetivos contra él que claramente rezumaban un racismo torvo. Espero que ahora, cuando finalmente va a caer en desgracia y nos va a ofrecer el triste espectáculo de sus enredadas palabras y sus medias verdades, sepamos distinguir el origen social del personaje de sus actos”.

Con una procedencia indígena que se refleja en su rostro, Toledo apareció en el panorama político peruano en la década de 1990, como un egresado y profesor visitante de la universidad estadounidense de Stanford que solía comentar temas económicos.

Poco a poco, Perú se acostumbró a sus formas pomposas, a su español rebuscado y varias veces mal articulado, a relatos personales que en ocasiones sonaban inverosímiles y a sus tendencias sibaritas, pero también a su fortaleza en la capacidad de sintonizar con sectores populares.

Toledo enfrentó en la última parte al Gobierno autoritario de Fujimori (1990-2000) y terminó convertido en la alternativa con un discurso de centroderecha que prometía “construir el segundo piso”, con las bases económicas liberales sembradas por el fujimorismo, pero con un proceder democrático.

Derrotado supuestamente por Fujimori en las elecciones de 2000, cuya legalidad y legitimidad no fueron reconocidas por la comunidad internacional ni gran parte del país, Toledo, caído el régimen autoritario, llegó un año después a la Casa de Pizarro con el partido Perú Posible, ahora desaparecido.

Así, se convirtió en lo que él denomina “un error de la estadística”. Hijo de un albañil y de una lavandera de ropas, nació en el pequeño poblado quechuahablante de Cabana, en los Andes norteños, y creció en la ciudad de Chimbote, donde sobrevivió como lustrabotas o vendedor ambulante de pescado.

Su vida, que parecía destinada a ser una más entre las de los millones de peruanos en pobreza extrema, dio un giro en 1980, cuando obtuvo una beca para Estados Unidos. “Cholo de Harvard”, lo apodaron sus adversarios en referencia al origen étnico y social que despreciaban.

Toledo terminó su período con bajo respaldo popular y con fama de aficionado al alcohol y a los lujos, pero siguió siendo un referente político importante, al punto que en las elecciones de 2011 punteó en las encuestas durante casi todo el proceso, pero se derrumbó en la parte definitiva.

Los adversarios le atribuían a Toledo todo tipo de defectos, pero la corrupción no estaba entre ellos. La percepción empezó cambiar cuando, hacia 2016, no logró explicar los más de cuatro millones de dólares que aparecieron en las cuentas de Ecoteva, una organización suya.

Su situación se complicó gravemente desde 2017, cuando el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata afirmó, en el marco de las confesiones de esa empresa, el pago del soborno, del que en principio se dijo que fue de 20 millones de dólares, pero cuyo supuesto monto creció en testimonios posteriores.

“Nunca recibí un centavo mal habido”, insiste Toledo, para quien todo es un complot político. Entre quienes han declarado en su contra están su otrora íntimo amigo Josep Maiman, un acaudalado empresario israelí -fallecido en 2021- que afirmó que usó sus cuentas para recibir el dinero del entonces gobernante.

La defensa de Toledo anticipó que pedirá que la prisión sea domiciliaria, pero la Fiscalía ya dijo que no lo aceptará y los expertos consideran remoto que lo consiga.

El ex mandatario habla ahora de cáncer, pero no se lo cree quien fue su vicepresidente, David Waisman, que considera la única enfermedad real del acusado es el alcoholismo.

Ahora son tres los tres expresidentes peruanos presos. Y Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski también enfrentan procesos y han estado privados temporalmente de la libertad. También hay cargos contra Martín Vizcarra y, si Alan García no corrió igual suerte, fue porque se suicidó en 2019, cuando la Justicia lo tenía acorralado.

MB con información de agencia de noticias Télam

Alejandro Toledo, el expresidente de Perú, se entregó este viernes a la Justicia de Estados Unidos, donde residía desde 2017, para iniciar el proceso de extradición a su país. Está acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando estaba en el poder.

El exmandatario de 77 años acudió esta mañana a un tribunal de San José, en California, minutos después del plazo que habían estipulado las autoridades para su entrega, luego de que la Justicia rechazara las mociones presentadas por sus abogados para frenar la extradición, según reportaron medios peruanos.

Por las fotos que circulan en redes sociales, Toledo vestía una campera verde y chaleco rojo, jean y zapatillas cuando se presentó ante las autoridades. Ingresó por una entrada no prevista, con lo que logró esquivar a los periodistas que lo esperaban en la entrada del edificio federal Robert Peckham.

Toledo permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea entregado a las autoridades peruanas, apuntó el juez Thomas Hixson, quien había ordenado que el exmandatario se entregara en esa localidad californiana, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde Toledo reside con su esposa Eliane Karp.

El magistrado había solicitado ayer jueves la entrega del pasaporte de Toledo a las autoridades estadounidenses y autorizado que el pasaporte de Karp le sea devuelto una vez “el acusado se haya entregado”.

El expresidente está acusado por la fiscalía peruana de haber recibido sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Sostienen que Toledo habría recibido cerca de 20 millones de dólares a cambio de otorgar a la empresa la concesión de la obra de la ruta Interoceánica, al sur del país andino.

El gigante de la construcción Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región, en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de Latinoamérica están encarcelados.

Por este delito, se los fiscales solicitan para Toledo una pena de 20 años y 8 meses de cárcel.

El exjefe de Estado peruano fue detenido en 2019 en California, y pasó ocho meses en prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga. Sin embargo, en marzo de 2020 fue beneficiado con el arresto domiciliario. Fuentes judiciales citadas por la agencia AFP señalaron que los trámites de extradición podrían demorar alrededor de una semana.

José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú adelantó a la emisora local RPP que en su país Toledo podría ser encarcelado en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, indicó que el centro de Barbadillo tiene capacidad para recibir a Toledo cuando llegue al país. “Debería ser y es probable que pase a Barbadillo. El penal está preparado, es indudable, y tenemos las condiciones para recibirlo. Está fuera de dudas. Siempre hay capacidad para uno más y tiene las condiciones adecuadas para recibirlo”, señaló a un canal limeño, en declaraciones que recogió La República.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la elevación a juicio oral y público de la Causa Odebrecht, la investigación por el presunto pago de unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014 por parte de la empresa brasileña para quedarse con al menos tres contratos de obra pública en la Argentina.

El máximo tribunal penal rechazó dos planteos de nulidad de elevación de la causa a juicio formulados por Gustavo Dalla Tea, presidente de la empresa Supercemento, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La Sala Tercera de la Cámara, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, también declaró “inadmisibles” los recursos de queja interpuestas por las defensas de Eduardo Miguel Blomberg y Lucas Patricio Cesa, quienes también se habían opuesto a la clausura del sumario y el pase a la etapa de debate.

La objeción central de las defensas se basaba en que el juez instructor, Sebastián Casanello, no había respondido los cuestionamientos ni la evacuación de citas como pruebas de descargo.

Tampoco esos planteos habían sido atendidos en la etapa de “instrucción suplementaria”, previa al juicio oral, adujeron.

“La decisión impugnada no es, por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni a ella equiparable”, sostuvo la Cámara de Casación.

“Las resoluciones que deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva, pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictivo. Tampoco se acreditó en el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio”, resumieron los fallos.

La decisión de la Casación despeja el camino para que el Tribunal Oral Federal número siete, que también tiene asignada la Causa Cuadernos, avance con la convocatoria al debate oral.

En la Causa Odebrecht se investigan las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o “Planta del Bicentenario”.

Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht S.A. -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A.

Con información de NA.

IG

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en la cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

La amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: “Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones”. Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7.700 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo. 

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de noviembre de 2022 a las 20:32. Donde decía que Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares debía decir por 7.700 millones de dólares.

ED

Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de Nación Fideicomisos SA. Además, ningún miembro de la compañía -que protagonizó el mayor caso de corrupción en América latina- ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*, con la coordinación de Convoca.pe y periodistas de seis países de América latina. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los ex ejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La obra y la causa

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho. A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluará la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América latina entre los años investigados. 

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Odebrecht se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad de la decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el  acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, quienes niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

ED/MG

Silvana Carrión Ordinola lidera la Procuraduría encargada del caso Lava Jato en Perú desde 2017, un organismo que nuclea a los abogados del Estado (equivalente a la Procuración del Tesoro en Argentina). Su rol como procuradora ad hoc es calcular y negociar las reparaciones económicas que su país les exige a las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos de obra pública o privada. En una entrevista con el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* relató cómo Perú logró que Odebrecht una compensación económica por los daños que la corrupción le causó al Estado y explicó cómo fue el proceso que comenzó hace casi seis años. Un camino que no fue fácil y estuvo -está- plagado de obstáculos y que intenta alcanzar a otras empresas involucradas en el megacaso conocido como Lava Jato. 

En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América (incluyendo Brasil) y dos países de África. En ese contexto, la constructora brasileña ha admitido el pago de 29 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios peruanos para conseguir contratos de obra pública y privada (los PPP, en Argentina). Este jueves, el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* -que integra elDiarioAR en Argentina- reveló que la constructora brasileña dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países latinoamericanos por más de US$1.600 millones mientras los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. 

Si bien, casi seis años más tarde, Perú sólo tiene una condena por el caso Lava Jato, Carrión y su equipo han logrado que Odebrecht se comprometiera al pago de 190 millones de dólares al Estado peruano como reparación civil por los daños provocados por sus actos de corrupción. ¿Cómo lo hicieron?

Ese monto incluye 152,5 millones de dólares en reparación económica más 37,5 millones de dólares por intereses, ya que el pago será desembolsado a lo largo de 15 años. En el marco de ese acuerdo, en los últimos tres años, Odebrecht ha pagado a Perú unos 33 millones de dólares. 

Cuando se le preguntó qué garantizó el éxito contra la impunidad en su país -aunque parcial y posteriormente intervenido-, Carrión resaltó la importancia de la especialización de los funcionarios, fiscales y jueces con dedicación exclusiva en este tipo de casos complejos, pero también, y especialmente, “la voluntad de las cabezas en las instituciones”. “El Estado peruano creó en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales a cargo de este caso Lava Jato y a su par, el Poder Ejecutivo, creó la Procuraduría Ad Hoc. Hubo incluso jueces que solamente estaban dedicados a atender estos casos del Lava Jato, pero ese sistema se desintegró, lo cual ha retrasado el avance judicial de los casos”, aseguró Carrión.

¿En qué influyó la especialización de fiscales, funcionarios y jueces?

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas de cómo se han comportado en muchos de los proyectos desde el brazo político, cómo fue la captación de las esferas de alto poder en la parte política, los funcionarios públicos a cargo de estos proyectos. Hemos visto el diseño legal como parte de este patrón criminal y detectar a los funcionarios públicos que estaban a cargo de las licitaciones y estaban comprometidos en este esquema de corrupción. 

Calcular el daño

Ese esquema de corrupción no sólo incluyó a los expresidente del Perú acusados en el caso sino que se extendió como una mancha venenosa desde la cabeza hasta la raíz. “Sobre todo Odebrecht, ha llegado a tener comprometidos o vinculados a los árbitros en los arbitrajes de controversias contractuales con el Estado: si no lo conseguían mediante la ejecución de contrato, lo conseguían vía laudos arbitrales pero con árbitros obviamente comprados”, explicó Carrión. 

¿Cómo se calcula la reparación civil de una empresa que ha sobornado durante años a agentes del Estado para obtener contratos? 

Nosotros como Procuraduría hacemos un rastreo temprano de bienes. Los empresarios o la gente vinculada a la esfera de alto poder  tratan siempre de esconder esos bienes para que cuando lleguen los juicios y las sentencias, finalmente no tengan nada a su nombre. Entonces, desde que comienza una investigación penal, a nivel preliminar, lo que hacemos es un rastreo de bienes de todas las personas que están siendo investigadas, de cara a pedir las medidas que correspondan. En un primer momento nosotros no podemos ir directamente al juez a pedir estas medidas, porque la norma procesal indica que hay un momento posterior, que se llama investigación preparatoria, en la que nosotros podemos acudir ante el juez. Pero en la etapa preliminar, que es donde los investigados intentan transferir sus bienes, tratamos de asegurar los bienes a través de la Fiscalía (que lleva adelante la investigación penal). Le hacemos estos pedidos a la Fiscalía porque sí tiene competencia para pedirle directamente al juez. 

Perú no tenía un escenario favorable para avanzar hacia la reparación civil, pero ideó y promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías también se acojan a la colaboración eficaz (no sólo las personas humanas, como antes) y aporten información como “arrepentidas”. 

¿Cómo sigue el proceso después de asegurarse los bienes?

El acuerdo con Odebrecht comenzó cuando no había marco legal para tener una colaboración eficaz empresarial. La Fiscalía hizo acuerdos preparatorios con la empresa, respecto a qué información iba a entregar; es decir, sobre qué proyectos (contratos) iba a entregar información la empresa, y luego se fue desarrollando la entrega de información. Luego, en el 2018, en marzo, se promulgó la ley 30.737, que crea el marco legal para la colaboración eficaz internacional y ya se adecua ese proceso de colaboración de Odebrecht a este marco legal y se siguen los casos que establece la norma. El juez que interviene en el caso penal tiene que analizar si todos los acuerdos a los que han arribado el colaborador con la Fiscalía y con la Procuraduría han cumplido o han seguido lo que dice la norma y ejecutar la sentencia. Las empresas tienen que pedir permiso si quieren vender efectivos, si quieren transferir dinero al exterior. Es una ley que combina ambas cosas: asegurarle a la empresa la cadena de pagos y la parte económica, que era lo que le interesaba también en ese momento al país, pero sin dejar desprovista de una eventual reparación civil. 

¿Qué información entregó Odebrecht?

Para que exista la reparación civil, se tiene que acreditar el daño. La manera de cuantificarlo es a través de fórmulas matemáticas que establece la ley. La empresa entregó información completa sobre cuatro proyectos (contratos), que fueron los primeros con los que se acogió a la colaboración. Entonces la Fiscalía corroboró estos cuatro proyectos, en los que estaban reconociendo hechos ilícitos. El acuerdo se cerró por estos cuatro proyectos y sobre esos contratos la Procuraduría fijó una reparación civil de casi 760 millones de soles (equivalente a casi 190 millones de dólares). Para cerrar el acuerdo, Odebrecht está en un fideicomiso que establece la norma, que es de retención de flujos. Entonces, lo que se diseñó con la empresa es que para que paguen esa reparación civil, mientras estuvieran en el fideicomiso legal se iba a cobrar la reparación de esa retención de flujos legales. Pero una vez que salieran de la ley, por efectos de la colaboración, se diseñó con la empresa un fideicomiso contractual con la Procuraduría, en la cual iba a capturar no solamente los flujos de los contratos públicos, sino también los privados, así como dividendos y otros conceptos que no incluía la ley. De alguna manera ampliamos la base de retención de flujos en ese fideicomiso consensuado con Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht se aprobó en junio de 2019. Han pasado tres años y la empresa viene pagando casi 132 millones de soles (unos 33 millones de dólares). Viene cumpliendo con el cronograma de pago establecido. 

¿Odebrecht recurrió a tribunales para evitar pagar la reparación?

En el marco del acuerdo de colaboración que tienen con nosotros no ha habido ningún proceso en el cual ellos hayan pretendido no pagar la reparación civil. El acuerdo se viene cumpliendo desde que se firmó. Quizá (acudió a tribunales) respecto a otros proyectos que no forman parte de este acuerdo, porque este acuerdo es por cuatro proyectos. Quizá de otros proyectos ellos sí están reclamando en otras vías arbitrales, pero no forman parte de este acuerdo de colaboración. 

Qué hacer con el dinero

¿Qué hacen con el dinero de la reparación? ¿Cuál es el destino de los bienes?

El dinero de la reparación civil, según señala la ley va a las cuentas de la Procuraduría General, para el fortalecimiento del sistema. Eso es lo que dice la norma, pero ahora con el tema de la pandemia y todas las restricciones presupuestales que hay, han salido normas especiales de emergencia que indican que este dinero probablemente se vaya al Tesoro público, para la repartición de otros temas. Son cuestiones excepcionales. Dependemos del Ministro de Justicia y lo que está sucediendo ahora es que se le recortó el presupuesto y los fondos recaudados con la reparación civil no nos los pueden dar a nosotros. Ahorita estamos en riesgo de que nos recorten personal, está en riesgo la operatividad de la Procuraduría. a partir de 2023 todo el dinero como el del tema de la reparación civil que son recursos directamente recaudados va a pasar al Tesoro Público. Yo entiendo que debe ser por toda la situación económica y política que estamos pasando.

¿Han tenido colaboraciones internacionales? ¿Con qué países?

La cooperación internacional principalmente se ha dado con Brasil, porque ahí están los servidores de Odebrecht  y es la Fiscalía de Brasil la que ha ido facilitando también la entrega de esta información. También hemos tenido cooperación con Israel, con Uruguay. Básicamente con ellos. No con México. Ha habido algún pedido con México, pero es muy puntual, no es recurrente en todo caso. En el caso de (el expresidente Alejandro) Toledo, hemos conseguido en base a los instrumentos de Naciones Unidas que Estados Unidos nos repatrie alrededor de 800 mil dólares encontrados en las cuentas de Alejandro Toledo en Estados Unidos. En la cooperación internacional ha sido bastante útil para poder conseguir la información y evidencia de otros países entablar canales no formales de comunicación. Han funcionado muy bien. 

Para algunos países ha sido difícil lograr la cooperación de Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál fue su experiencia?

No teníamos conocimiento previo de las autoridades de otros países. La relación se construía a partir de este caso. Influye mucho quiénes están a la cabeza de estas organizaciones, de estas instituciones, para poder lograr también ese acercamiento, y la voluntad de que exista esa cooperación por parte de la institución. La Fiscalía Lava Jato en Perú, que está a cargo del doctor Rafael Vela, construyó un acercamiento importante con el fiscal Orlando Martelo, que era el fiscal de Brasil a cargo de estos casos y de la cooperación internacional. Su relación con el doctor Martelo se fue construyendo a partir de intereses comunes y problemas comunes porque los problemas que nosotros hemos tenido acá con la empresa Odebrecht como empresa colaboradora ellos también ya lo habían vivido allá. Cada vez que había necesidad de recibir la declaración a los brasileños se coordinaba primero con Martelo y Martelo decía en qué fechas podrían asignarse a las audiencias y luego se hacía el pedido formal. Incluso yo he logrado entrevistarme con los fiscales (de Brasil), ellos nos explicaban cómo lo habían abordado y nosotros aprendimos, a pesar de que nosotros tenemos un marco legal distinto al que tiene Brasil. Tuvimos que combinar cosas para poder aplicarlo también en nuestro país.

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas.

El frente penal y las otras empresas

¿Cuál es la situación de las investigaciones penales sobre presunta corrupción en la obra pública?

Tenemos dos casos en juicio oral y estamos entrando a más procesos administrativos. Tenemos a 24 sentenciados (una persona jurídica o empresa, 11 funcionarios públicos y 12 personas del sector privado); y 840 personas investigadas, de las cuales más del 50% son funcionarios o servidores públicos. El 28% son ejecutivos y trabajadores de empresas y otro 16% son particulares. Los contratos investigados son por más de 12.800 millones de dólares -aunque el Estado peruano no ha desembolsado todo- y las investigaciones no sólo alcanzan a funcionarios del Ejecutivo nacional sino también de la ciudad de Lima y otros nueve gobiernos regionales. Tenemos 160 procesos ahorita a cargo de la Procuraduría por el Lava Jato (contra personas y compañías) y 28 son de colaboración eficaz, algunos en trámite y otros ya firmados.

¿Cuál ha sido la actitud o la reacción a la colaboración que han tenido las otras empresas del caso Lava Jato?

Las empresas que se someten al proceso de colaboración eficaz están obligadas a entregar toda la información sobre los temas que ellos dicen que están sometiendo a colaboración. Entonces claro, ellos entregan una información sobre determinados proyectos y nosotros preguntamos. La regla de la colaboración es que el colaborador esté de manera voluntaria reconociendo ilícitos de manera total o parcial, o sea que ellos pueden reconocer parcialmente algunos delitos o hechos y otros no. Las compañías nacionales, donde la prueba de los ilícitos está, han tratado de entregar la mayor parte de la información porque quieren solucionar su problema en materia civil. Otras empresas que no se han sometido a colaboración deciden litigar de manera intensa, muy agresiva, y nosotros litigamos y procedemos a los embargos. Otras empresas se han acercado solamente a nosotros y nos han dicho que están siendo investigadas y que si bien niegan los cargos penales quieren arreglar el tema patrimonial con el Estado, llegar a un acuerdo extrajudicial de reparación civil porque, por ejemplo, una de ellas es consciente que participó en un consorcio donde su socia ya reconoció responsabilidad, entonces de manera objetiva va a ser alcanzada por la responsabilidad civil, como establecen las normas civiles.

¿Cuáles son las empresas brasileñas que litigan intensamente en Perú?

Camargo Correa, Andrade  y Queiroz Galvao, y otra que se transfirió a Lambra (operadora del proyecto Línea Amarilla, luego vendida a la francesa Vinci). La Fiscalía está pidiendo o ha requerido la cooperación de Brasil, pero no ha funcionado muy bien a partir de que se deshizo la Fuerza de Tareas -el equipo de fiscales dedicados al Lava Jato-. Entiendo que todavía no han recibido la información sobre lo que habría declarado Camargo Correa en Brasil y si habló de otros países.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

Conozca a su cliente

La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL

Al asumir la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri puso en suspenso la obra pública, bajo el argumento de que debía emprender auditorías tras los años de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada. Esa decisión reconoció una excepción notable. El 16 de febrero de 2016, el mandatario anunció la reanudación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, proyecto largamente anunciado y apenas concretado durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

Macri encabezó un acto en Haedo, sobre las vías del Sarmiento, junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, y María Eugenia Vidal. “Esta obra se anunció hace 10 años y todo fueron anuncios… fruto de este proceso que se vivió en los últimos años en la Argentina”, evaluó Dietrich.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando una orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados US$ 747 millones, dos tercios de ellos desembolsados en los meses previos a la suspensión. Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de US$ 12,5 millones, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública presentado por este medio.

El nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

En junio de 2016, Macri se apresuró a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disponía fondos estatales por $ 45.000 millones (US$ 3.000 millones de entonces) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó US$ 30,2 millones a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a su primo Angelo Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Al año siguiente, la suma abonada saltó a US$ 211,9 millones, aunque la máxima aceleración llegaría en 2018, con pagos por US$ 504,3 millones. Semejante dispendio se toparía con una decisión abrupta. El 7 de diciembre de ese año, Dietrich firmó la orden de servicio N° 548 que suspendió los trabajos por falta de financiamiento y recortes presupuestarios.

Todas las cifras y fechas citadas corresponden a una auditoría encargada por el Ministerio de Transporte a la Universidad de San Martín (UNSAM), tarea realizada entre febrero y septiembre de 2021. Los montos informados a elDiarioAR por la Dirección Nacional de Articulación Legal de la cartera mencionada fueron mayormente expresados en pesos y convertidos a dólares por este medio, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año. Por ejemplo, en 2018, el pago fue de $14.169.416.800,67; al cambio promedio de $28,09 por dólar, equivale a US$ 504.357.400,1. Una fuente del Gobierno de Macri consideró que, prima facie, el registro de pagos concentrados en 2018 es correcto.

La tuneladora comenzó a excavar en Haedo, en octubre de 2016, y se detuvo dos años más tarde en el barrio porteño de Villa Luro. El soterramiento del Sarmiento alcanzó 27,5% de la ejecución planeada y hasta allí llegó.

Así y todo, pese a la parálisis ordenada por Dietrich y mantenida por sus sucesores del Frente de Todos, Mario Meoni (fallecido) y Alexis Guerrera, los US$ 759 millones gastados por el Estado constituyen uno de los mayores montos invertidos en obra pública durante los cuatro años de Macri en Casa Rosada.

Sobornos sin autor

El proyecto del Sarmiento es emblemático sobre la presunta corrupción con la obra pública bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia-Martín Irúrzun). Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados (ver aparte).

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos con casco y chaleco antibalas frente a las cámaras y los paneles de la televisión celebraban la regeneración ética que implicaba —a su entender— la Presidencia de Macri. A esa altura, Marcelo Odebrecht, accionista del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la macrocausa entablada en los tribunales de su país por presuntas coimas en varios países de América Latina. Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sobrellevaba varios procesamientos y dos condenas.

El consorcio encargado de la obra en el Sarmiento tuvo modificaciones desde la licitación del proyecto (2006), pero siempre tuvo a IECSA como protagonista central. Es decir, el interés por la obra nació un año antes de que los Macri transfirieran la constructora a Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, Gianfranco, Florencia, Sandra y Mariano.

¿No despertó prevenciones la reanudación de una obra tan costosa asignada por funcionarios a los que el macrismo acusaba de corruptos, como Jaime y De Vido, en manos de una empresa como Odebrecht?

No. “Cuando llegamos hicimos una evaluación de costos y pagos realizados, y no notamos ninguna irregularidad. Los montos eran acorde al avance de la obra, que casi no había tenido ejecución”, dijo la fuente del Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Macri. “Pedimos informes, sumamos a la PIA (Procuración de Investigaciones Administrativas) y no presentó ninguna objeción”, agregó la voz, al tanto de los pormenores del contrato.

Una fuente con acceso a la causa dijo a este medio que la única intervención de la PIA, organismo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se dio sólo en dictámenes aportados a la causa a raíz de una denuncia presentada, en 2016, por la legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña (juzgado federal de Martínez de Giorgi y fiscalía de Franco Picardi). El contenido de los dictámenes de Rodríguez fue resumido como “lapidario” para las empresas que intervinieron (ver aparte).

Los responsables del Ministerio de Transporte que dirigía Guillermo Dietrich se encontraron con fondos asignados a un fideicomiso específico garantizado por el impuesto al gasoil, que había sido creado por De Vido en 2011, explicó la fuente del Ejecutivo de Macri.

Patrón de negocios

Durante la gestión de Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) en Transporte, y Julio de Vido en Planificación (2003-2015), el Estado renegoció varias veces el contrato y abonó los siguientes montos: US$ 18,6 millones en 2011, US$ 17,7 millones en 2012 y US$ 55,5 millones en 2013, según la auditoría de la Universidad de San Martín. En el expediente que instruye Martínez de Giorgi, los montos considerados “acreditados” por el juez son mayores, y alcanzan US$ 158,3 millones entre 2010 y 2012 (la tuneladora fue armada en 2011), y US$ 28 millones entre 2013 y 2014.

El curso económico y político del Gobierno de Macri aporta algunas respuestas a las dudas planteadas.

En marzo de 2017, Calcaterra vendió IECSA a Marcelo Mindlin, socio mayoritario del generador eléctrico y productor de gas y petróleo Pampa Energía. Mindlin rebautizaría la constructora como Sacde.

El monto de la venta no fue hecho público, pero la secuencia reconoce un patrón de otras operaciones de las empresas de Macri y su familia. Tanto la venta de los parques eólicos a Genneia —firma de la familia Brito— como la de la participación de Sideco Americana en Autopistas del Sol se dieron después de decisiones del Gobierno de Cambiemos que beneficiaron directamente a esas empresas o mejoraron sustancialmente las condiciones del negocio, lo que redundó en una extraordinaria revalorización de los activos. En el medio, aparecen nombres recurrentes que entran y salen en el pasamanos, como Isolux, firma española con causas por presuntos fraudes en varios países.

En el vínculo IECSA-Sacde se suma el contrato ganado y pagado para la construcción de uno de los tramos del Paseo del Bajo, en Puerto Madero, adjudicado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, coincidentemente, en 2016. Como en el affaire de los seis parques eólicos que redundaron en una ganancia para los Macri de US$ 69,2 millones, en el Paseo del Bajo también aparece Isolux en el papel de aparente competidor y un armado sospechoso de la licitación para beneficiar a IECSA, lo que mereció una denuncia de una Auditoría General de la Ciudad y un cierre in límine de la causa por parte de Claudio Bonadio, con sobreseimiento exprés para Dietrich y Larreta, ratificado por Cámara en 2019 (otra vez Bruglia, más Pablo Bertuzzi —ambos trasladados a ese tribunal a dedo por Macri— y Mariano Llorens —arquero del Liverpool—).

Baile de cifras y pasamanos

Las novedades en el consorcio del soterramiento de 2017 incluyeron al otro socio principal del soterramiento. Con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y Michel Temer en el Planalto, Odebrecht ocupaba el centro de la escena del Lava Jato. Sus ejecutivos confesaron pagos de coimas por al menos US$ 3,3 millones para ganar la obra del tren Sarmiento, una tarea que habría llevado a cabo, según la delación premiada, Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en IECSA. Los receptores de las coimas habrían sido “Duvidoso” y “Festança”, pseudónimos para identificar a funcionarios de Cristina.

El baile de cifras de los aparentes sobornos por el soterramiento varía hasta los US$ 20 millones. Todo indica que algunos números en danza son fragmentos o cuotas de pagos mayores. Lo más certero asentado en el expediente judicial es una reconstrucción del fiscal Picardi sobre un giro de USD 4,4 millones por parte del consorcio a través de una offshore de Odebrecht en Andorra, cifra coincidente con otra recibida por una sociedad de Jorge “El Corcho” Rodríguez en una cuenta radicada en Uruguay.

Al tiempo que Picardi trataba de validar los testimonios de los arrepentidos brasileños para la causa iniciada en Comodoro Py, el Gobierno de Macri impulsó que Odebrecht vendiera su participación en el consorcio del Sarmiento, bajo apercibimiento de excluir a la firma de listado de contratistas del Estado. El lugar del gigante brasileño fue ocupado por Ghella, compañía italiana que había sido socia de IECSA en obras y servicios adjudicados por el Gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2017, segundo año de Cambiemos en Casa Rosada, las obras públicas cobraron ritmo. Ese año, el Estado pagó US$ 211 millones de dólares a la nueva sociedad del soterramiento entre Ghella (70%) y Sacde (30%).

Vértigo

Tras las elecciones legislativas que ganó el macrismo, sobrevino el objetivo de recortar gastos con la reforma jubilatoria y la reducción de la obra pública. El cierre del financiamiento internacional para Argentina significó un golpe letal para un Gobierno que había basado su gestión en la toma de deuda externa. En junio de 2018 llegó el salvataje del FMI por US$ 45.000 millones, y con éste, la meta del déficit cero.

Tras cartón, en agosto explotó la causa Cuadernos en el juzgado de Bonadio, que tuvo a Calcaterra como uno de los supuestos arrepentidos por pagar coimas y a una oficina del nuevo dueño de IECSA, Mindlin, como una de las presuntamente anotadas por el chofer Oscar Centeno como destino para buscar bolsos con dólares. La mención a la oficina de Mindlin fue difusa y no mereció que Bonadio actuara contra él.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo de los Cuadernos y el colapso financiero, el Estado abonó US$ 504.357.400,1 al consorcio Ghella-Sacde. De inmediato, la máquina dejó de perforar.

La bitácora atribuida a Centeno encendió la efímera versión de que a las empresas que hubieran pagado sobornos les sería retirado el permiso como contratistas del Estado.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo provocado por los Cuadernos, el colapso financiero del Gobierno de Macri y la implementación de ajustes draconianos, el Estado argentino abonó US$ 504,3 millones al consorcio Ghella-Sacde sólo en 2018. Desde diciembre de ese año, la gigantesca máquina dejó de perforar.

Los costos actuales de mantenimiento básico de la obra son inferiores a US$ 500.000 anuales, informó el Ministerio de Transporte a elDiarioAR. Cuando se encamina a cumplir tres años de mandato, el Gobierno de Alberto Fernández continúa a su ritmo habitual la auditoría de lo realizado y advierte que no cuenta con financiamiento para continuar la obra. Los responsables del soterramiento durante la gestión Macri, que podrían regresar a sus sillas en Transporte en 2023, analizan que el tramo Villa Luro-Caballito podría ser en altura, como el proyecto concretado en el ramal San Martín que cruza Palermo, Chacarita, La Paternal y Villa Devoto.

La tuneladora no es comercializable de por sí. Es tan grande y compleja, que se arma especialmente para cada proyecto y sólo se podrían vender algunas de sus partes. Varado en Villa Luro, el monstruo excavador mira a sus espaldas un agujero de 11,5 metros de diámetro a 22 metros bajo tierra que nadie transita.

SL

La causa por supuestos delitos en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner tendrá este lunes un segundo testigo clave para definir si el expediente avanza o se cierra. Se trata de Antonio Pronsato, titular de la Unidad Ejecutora de la megaobra hasta hace dos semanas, cuando presentó su renuncia indeclinable al cargo debido a las demoras en el avance del proyecto.

Citado para el mediodía, ingeniero civil especializado en gasoductos y también interventor de Enargas entre 2007 y 2015 -parte de la era de Julio De Vido-, Pronsato se presentará ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli para defender los pliegos de las licitaciones del gasoducto investigado “con el manual de termodinámica de la facultad de Ingeniería bajo el brazo y la NAG-100”, afirmó a elDiarioAR un allegado al exfuncionario. La NAG-100 son las Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el transporte y distribución de gas natural.

Pronsato es la cabeza del equipo de ingenieros, abogados y economistas que redactaron los pliegos de las licitaciones del gasoducto, entre ellas, dos que quedaron en la mira judicial por los dichos del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que terminó relativizando ante la Justicia. El juez Rafecas sabe que este lunes le espera una audiencia con alto contenido técnico, uno de los fuertes de su segundo testigo en esta causa.

Curriculum

“Pronsato es responsable de las obras civiles de 5.000 kilómetros de gasoductos en Argentina -durante su gestión como interventor del Enargas- y entre otras cosas llevará también un documento de 37 páginas sobre cómo debe hacerse el gasoducto, y por qué se decidió que los caños tengas el diámetro determinado” -las renombradas 36 pulgadas-, explicó a elDiarioAR un hombre allegado al ingeniero, quien también contó que en el entorno de Pronsato debieron frenarlo para evitar que haga una conferencia de prensa desmintiendo a Kulfas la semana última. 

La clave de esas decisiones es la singularidad de Vaca Muerta, determinada por variables como de donde sale el gas; a dónde debe llegar; y cuánto gas y a qué presión tiene que transportar el gasoducto. “Para el gasoducto de Vaca Muerta, los caños deben transportar gas a una presión de unos 90 kilos por centímetro cuadrado. Para tener una dimensión, la explosión y derrumbe del edificio de Rosario en 2013 fue por una fuga de gas de un caño que transportaba 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Usted cree que se puede usar cualquier chapa de acero? ¿La de un auto o un barco?”, agregó la persona consultada. Estos son algunos de los puntos que justificarían cómo estuvo planeado el pliego de la licitación que ganó Techint para vender los tubos por casi US$500 millones.

Entre los 5.000 kilómetros de gasoductos en su haber, el ingeniero Pronsato tiene la obra civil de la ampliación de los gasoductos que ganó la constructora brasileña Odebrecht (gasoductos General San Martín y Neuba) gracias a una licitación a medida por la que el exministro De Vido y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, deben afrontar un juicio oral y público. Pronsato no estuvo imputado en la causa de los gasoductos de Odebrecht, que se centró en la etapa previa a su participación, aclaró un allegado ante la consulta. 

En aquel caso, funcionarios y ejecutivos de Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$2.300 millones. Se armó una licitación que sólo Odebrecht podía cumplir, según reveló Perfil en 2017 en base a documentos internos del Ejecutivo y confirmó la investigación judicial del fiscal Federico Delgado. El propio Rafecas fue juez de la causa.

El saliente ministro y hombre de confianza del presidente Alberto Fernández había sostenido en un texto distribuido entre periodistas que la licitación para la adquisición de los tubos de acero había estado hecha a medida de la multinacional ítalo-argentina Techint y que una segunda licitación de válvulas no había respetado la ley de compre nacional. Sin embargo, Kulfas negó este viernes ante la Justicia tener conocimiento de supuestos delitos y hechos de corrupción en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, de acuerdo con su declaración testimonial. 

Un día antes de las declaraciones de Kulfas, las autoridades de los Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un acuerdo con Tenaris, principal compañía de Techint y la fabricante de los caños para gasoductos en cuestión, para que la compañía pague una multa de US$78,1 millones por haber supuestamente sobornado a un funcionario de Petrobras entre 2008 y 2013 para ganar contratos directos de caños para la industria petrolera y gasífera.

La otra renuncia

El gasoducto Néstor Kirchner fue planificado para transportar el gas que se extrae de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia la provincia de Buenos Aires y luego a Santa Fe -en un segundo tramo-. La megaobra terminó siendo eje de las disputas constantes entre distintos sectores del oficialismo que derivaron además en las denuncias de opositores al Gobierno ante la Justicia. 

La crisis, además, pone en duda si el Ejecutivo podrá concretar la megaobra que el Presidente anunció para frenar la importación de gas que doblega las reservas de dólares del Banco Central y que ahora gira en torno a un expediente judicial.

La causa judicial se estructura sobre tres hipótesis: el supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero; la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional; y supuestas presiones del empresario Cristóbal López para ingresar en el negocio que habrían dilatado el avance de la obra, que habían trascendido en artículos periodísticos.

La salida de Pronsato no es menor en la trama que comenzó públicamente con las declaraciones de la vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, la respuesta redactada en altas temperaturas por parte de Kulfas y los posteriores dardos al entonces ministro por parte de la conducción del área energética del Gobierno en forma de comunicados oficiales. 

El ingeniero Pronsato renunció a su cargo el 30 de mayo último, cuatro días antes de que estallara la última crisis política del gabinete de Alberto Fernández con la vicepresidenta. Su salida podría significar la parálisis de la obra. Era el hombre con diálogo directo con las empresas, informó el medio especializado Econojournal, que viene siguiendo la trama del proyecto energético.

El nombre del exfuncionario reapareció en los medios de comunicación durante la última semana por la salida de Kulfas en medio de su disputa con CFK y los funcionarios de La Cámpora a cargo de llevar adelante la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. 

Pronsato tendría además sus discrepancias no sólo con Kulfas por sus declaraciones sobre la licitación “a medida” de Techint sino también con el funcionario Agustín Gerez, gerente general de Enarsa (ex IEASA), la empresa pública responsable del gasoducto, y su jefe, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, referente de La Cámpora en materia energética.

Antes de abandonar su cargo, Pronsato entregó a Gerez el pliego de la licitación central del gasoducto, informó Econojournal, que adelantó la salida del ingeniero en el marco de su “disconformidad con el escaso avance real de la obra, que lleva meses de retraso”. Hacía un mes y diez días que el presidente Fernández había anunciado la obra en Neuquén. 

¿Cuáles son los hechos que habrían motivado la renuncia del directivo? La demora en la firma del contrato con Tenaris de Techint y de la licitación de la construcción de la obra. Además, de la dilación en la entrega de los estudios de impacto ambiental de la provincia de Buenos Aires; y de la aprobación de una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA), reveló el periodista Nicolás Gandini en Econojournal.

Tras la declaración de Pronsato, Rafecas y Stornelli escucharán el martes a expertos designados por las cuatro petroleras que extraen gas de Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Total Austral y Tecpetrol, esta última del grupo Techint); y el miércoles, será el turno de los especialistas de las empresas que transportan el gas (TGS y TGN o  Transportadora Gas del Norte y del Sur), por parte del Enargas y un experto de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Las audiencias de martes y miércoles se grabarán en una sala de los tribunales y se harán públicas más tarde por internet, a pedido del juzgado. “Rafecas tiene muy en claro que con este expediente también está en juego la continuidad de un gasoducto que es esencial para el país y lo último que quiere es que la causa demore la obra”, dijo a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado, de buen diálogo con el presidente Fernández.

ED

Documentos inéditos del caso Lava Jato revelan presuntos pagos ilegales de la constructora Odebrecht por los gasoductos en Argentina y el registro de dos destinatarios de supuestos pagos indebidos por el “proyecto Sarmiento”, que correspondería al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, según las planillas analizadas en los últimos días por elDiarioAR.

Se trataría de los pagos más antiguos registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht con respecto a obras en Argentina. Hasta el momento, se conocían este tipo de registros del periodo 2010-2014. Los documentos que salen ahora a la luz incluyen pagos registrados en 2006 por obras de la constructora en el país. Convoca.pe, medio digital de periodismo de investigación en Perú, tuvo acceso a las planillas y las compartió con elDiarioAR, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. 

Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú, y contiene una gran cantidad de nuevos seudónimos o codinomes (en portugués) que ocultan a personajes supuestamente sobornados por la constructora brasileña en Perú. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países, entre ellos, Argentina. 

El Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña manejaba la “caja 2” de la compañía, es decir, la contabilidad de pagos ilegales, indebidos, sobornos y gastos relacionados con actividades de lavado de dinero de la corrupción, según admitieron altos ejecutivos y el propio Marcelo Odebrecht ante la Justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que bautizó en 2016 al área que elaboraba las planillas como el “departamento de sobornos”. 

A diferencia de publicaciones anteriores, estas planillas tienen un formato diferente. No son archivos de excel sino documentos de organización contable interna. Además, en algunos casos, hay destinatarios con nombres en clave pero sin montos asignados. En ambos casos, los documentos surgieron de la causa judicial en Brasil, según pudo corroborar este medio.

En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento -sólo se procesó a los exfuncionarios-; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. En los tres casos se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones y presuntos sobornos a funcionarios. 

“Gasoducto San Martín”

El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Sobornos de Odebrecht registró un pago de US$162.790,70 para el apodo “Barbie”, según una de las planillas obtenidas por los fiscales de Perú. 

Este tipo de pagos eran solicitados u ordenados por los Directores Superintendentes o DS de cada país en los que operaba Odebrecht, quienes quedaban registrados en las planillas de la contabilidad paralela con sus iniciales. En este caso, se anotó a “FF”, quien sería Favio Faria, entonces a cargo del área de Ingeniería de Odebrecht en Argentina. Así lo identificaron fuentes directas de la compañía, que aclararon que el entonces jefe directos de Faria en Brasil (el ejecutivo Marcio Faria) se hizo cargo ante la Justicia de Brasil de haber autorizado esos pagos que figuran vinculados a Flavio.

“Barbie” ya había aparecido en otras planillas con anterioridad. Por las obras en Argentina, también se registraron pagos a dirigentes de Brasil por al menos 2.860.000 reales (unos US$950 mil) entre agosto y septiembre de 2010. Fueron registrados con los apodos “Drácula”, “Barbie”, “Campones” y “Ferrari”, como reveló Perfil en 2017.

A partir de 2005, Odebrecht participó en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). En Brasil, los delatores identificaron a dos mujeres como “Barbie”.

La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas.

Odebrecht.

“Dutos Argentina”

Desde 2007, Odebrecht también participó en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias. En las planillas obtenidas por los fiscales de Perú, se registraron varios pagos en torno a la obra “dutos argentina”. El principal destinatario fue “Vinho” (vino, en portugués). Aparece relacionado a ocho pagos por un total de US$663.938, entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de noviembre de 2006. De los ocho pagos, sólo cinco figuran como “ejecutados”.

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco. La licitación había sido hecha a medida de la empresa brasileña, según una investigación de Perfil publicada en 2018.

Durante 2006, otras personas fueron registradas con nombres en clave para recibir pagos por los “dutos Argentina”: “Bonito”, “Iluminado”, “Novatos” (principiantes) y “Duvidoso” (dudoso). Pero no se anotó ningún monto. Sin embargo, “Bonito”, “Novatos” y “Duvidoso” sí figuran en otras planillas con pagos en fechas posteriores por esta misma obra en Argentina.

Otro destinatario de pagos por los “dutos Argentina” en las planillas obtenidas por los fiscales peruanos es “Super Novos” (Super Nuevo). Aparece registrado con un pago por US$60.000, el 14 de diciembre de 2009. La ejecución del pago estuvo a cargo de “Gigolino”, el alias del financista Olivio Rodrigues Junior, uno de los encargados de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Gigolino declaró como arrepentido del Lava Jato en Brasil.

“Super Novos” también aparece como destinatario de una transferencia bancaria dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2011, por una suma de US$100.000 que partió de la cuenta de la offshore Klienfeld, reconocida por los arrepentidos de Odebrecht como una de las firmas fantasma utilizadas para pagar coimas. “Super Novos” recibió el dinero en una cuenta a nombre de Wheaton Corporation SA, otra offshore de Panamá con cuenta bancaria en las Antillas Holandesas, según el pago registrado en una planilla.

En otra planilla, figura “Brancos” (Blanco) con un pago por US$2 millones, anotado el 11 de enero de 2010.

Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido.

Rafael Vela Barba. — Cordinador del equipo de fiscales del Lava Jato en Perú.

Todos los pagos por los “dutos Argentina” fueron requeridos por “FF”, las mismas iniciales del encargado de negociar los contratos de los gasoductos con el gobierno de Kirchner: Flavio Faria.

En Argentina, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios están procesados por el direccionamiento de la licitación de los gasoductos a favor de Odebrecht pero la investigación por presunto pago de sobornos aún está en trámite.

“Proyecto Sarmiento”

Los datos sobre obras de Argentina en la nueva tanda de planillas que salen a la luz son escasos, pero aportan información nueva, aunque aislada. Por ejemplo, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento surgen dos posibles destinatarios de pagos ilegales apodados “Gardelón” y “Mudinho” (tonto o tonta). 

No hay montos asignados para “Gardelón” y “Mudinho” en las planillas a las que tuvo acceso elDiarioAR, pero los codinomes o apodos quedaron registrados para recibir pagos relacionados con el “proyecto Sarmiento”.

Los datos sobre el “proyecto Sarmiento” fueron registrados a pedido de “MC”. Mauricio Couri Ribeiro era el encargado del área de Infraestructura de Odebrecht en Buenos Aires, la rama a cargo del soterramiento. En Brasil, su jefe directo, Luiz Mameri, se hizo responsable ante la Justicia por los pagos vinculados a Couri.

La obra del soterramiento se anunció en diciembre de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, se abrió una licitación para la primera etapa del proyecto: los trabajos iban a realizarse entre las estaciones de Once y Liniers. 

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios para competir por la licitación del soterramiento. Uno de ellos era liderado por Iecsa e integrado por Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella. Iecsa era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y futuro presidente, Mauricio Macri. La alianza empresaria se llamó  Consorcio Nuevo Sarmiento y quedó pre-calificado como el mejor oferente.

El 7 de junio de 2007, tras la celebración de audiencias públicas, el gobierno modificó la licitación y el proyecto pasó a tener tres etapas, en lugar de una. El consorcio que integraba Odebrecht ganó la licitación pública el 23 de enero de 2008, con Cristina ya a cargo de la Presidencia.

La obra nunca avanzó debido a supuestas trabas para obtener el financiamiento privado. En 2016, el gobierno de Macri quiso financiar la obra con fondos del Estado, hasta que el Lava Jato cruzó las fronteras al sur de Curitiba. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso las confesiones de ejecutivos de la constructora brasileña: habían pagado “al menos” US$35 millones en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El informe habla de “al menos” tres obras de infraestructura comprometidas y revela que la empresa obtuvo “beneficios”económicos por US$278 millones en el país durante ese período.

La nueva información

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en Lima, dijo al Convoca.pe: “Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido (sobre los nuevos 'codinomes'). Pero ciertamente tiene que haber una muestra de interés para que esta información sea trasladada de acuerdo con las formalidades de la cooperación internacional”.

“Estamos a disposición. De la misma manera en que fuimos apoyados y respaldados en Brasil, también seremos solidarios con quienes estén interesados en develar los graves casos de corrupción y lavado de activos relacionados con Odebrecht, y que puedan significar el avance de sus investigaciones”, añadió el fiscal ante la consulta.

Las planillas necesitan ser interpretadas por los hombres de Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de los documentos obtenidos por Perú, llevan dos fechas distintas: los pagos habrían sido pactados durante 2006 pero hay un registro contable que se repite en todas las planillas de ese año: 11 de abril de 2008, que podría referirse a cuestiones contables internas del departamento de sobornos. En las planillas también se dejó asentado que los pagos relacionados con estas obras pertenecían al “Programa Verba” (progama presupuesto, en portugués), una forma de organización interna de los pagos del departamento. Además, algunos apodos se habrían utilizado para más de una persona, según explicaron algunos de los responsables del área ante la Justicia brasileña.

El área de Operaciones Estructuradas también habría pagado bonos a los ejecutivos de Odrebrecht en los países en los que no podían cobrar las bonificaciones en dólares de manera oficial, debido a las restricciones cambiarias, según explicó una fuente de la compañía a elDiarioAR.

Ante la consulta de elDiarioAR, la sede central de Odebrecht en Brasil respondió: “La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas”. La empresa también afirmó: “La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas”. 

La Procuraduría de Brasil ya envió al fiscal Franco Picardi y al juez Marcelo Martínez De Giorgi registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos y las confesiones en video de los dos ejecutivos que describieron los pagos ilegales en el país, Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los ex popes de la constructora con sede en Brasil. Sin embargo, no enviaron datos sobre quiénes son los destinatarios de estos pagos y tampoco identificaron a las personas detrás de los apodos de las planillas, según fuentes judiciales consultadas.

Odebrecht también respondió a elDiarioAR: “En los últimos cinco años, a partir de la implementación de mecanismos reconocidamente estrictos para fortalecer su gobierno corporativo y su sistema de integridad, la Compañía ha podido demostrar una actuación ética, integra y transparente en todos los países en que actúa,  previniendo y evidenciando la inexistencia de cualesquiera nuevos hechos indebidos”.

La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas.

Odebrecht.

Antecedentes

Las planillas obtenidas por los fiscales peruanos se suman a otra serie de documentos obtenidos previamente por dos iniciativas periodísticas entre 2017 y 2019: Investiga Lava Jato -liderado por Folha de Sao Paulo y Convoca.pe- y el proyecto Departamento de Sobornos, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Las primeras planillas del Departamento de Coimas de Odebrecht salieron a la luz en junio de 2017, reveladas por la investigación transnacional Investiga Lava Jato, en la que participó Diario Perfil por Argentina. De allí, surgía que el ex Director Superintendente de  Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras vinculadas entonces a los pagos eran los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata.

En 2018, los periodistas de Investiga Lava Jato también revelaron pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. De acuerdo con las planillas, Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. “Río Grande”. “Caballo” “Raúl Seixas”, un apodo en honor al padre del Rock & Roll brasileño.

En 2019, una iniciativa de los medios Mil Hojas y La Posta, de Ecuador, y ICIJ con más de 50 periodistas en 10 países revelaron más de 13 mil documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Al menos once sobrenombres aparecían recibiendo dinero por obras de Argentina a través de un entramada de sociedades offshore: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto.

La obra del soterramiento del Sarmiento apareció por primera vez en esta tanda de planillas de pagos ilegales. El destinatario del dinero fue identificado con el apodo “De Niro”. Recibió un pago de US$193.500 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA. La Justicia argentina atribuye esta empresa al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, allegado al ex ministro Julio De Vido. El empresario niega que esa sociedad haya sido suya o haber participado o recibido pagos ilegales de Odebrecht.

ED

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El empresario Aldo Benito Roggio y sus tres hijos -actualmente accionistas de su grupo empresario y proveedor estatal- constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, entre julio y noviembre de 2016, para abrir cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos, según surge de los documentos de Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con el equipo argentino que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

“La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar. Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes”, respondió la familia Roggio ante la consulta del equipo argentino de ICIJ a través de un vocero, que también dio acceso a la información declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para corroborar los dichos de los empresarios. 

De los documentos de la filtración también surge que la familia recibió una herencia de dos tíos de Aldo Roggio que estuvo estructurada a través de un fideicomiso por más de US$5,5 millones en el mismo paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, y cuyas ganancias los empresarios han tributado en Argentina, según informaron ante la consulta. Con respecto a las cuentas bancarias, los documentos analizados no hablan de cifras monetarias.

Roggio es un referente de la construcción y el transporte, exaccionista de Benito Roggio e Hijos SA. Su grupo tiene a través de Metrovías-Roggio la explotación del servicio del subterráneo de Buenos Aires y Cliba, que tiene parte de la recolección de residuos de la Ciudad. En agosto de 2018, Aldo Roggio admitió ante la Justicia que para mantener sus contratos con el Estado Nación realizó aportes ilegales para campañas electorales y pagó al exsecretario de Transporte de los Kirchner (2003-2009) el retorno mensual del 5% de los subsidios del transporte que recibía del Estado Nacional. 

Tras su declaración como imputado colaborador en la causa de los cuadernos, Roggio renunció a la dirección de sus compañías y dio un paso al costado, que terminó con la transferencia de esas acciones a sus hijos en 2020, según informaron ante la Comisión Nacional de Valores.

Roggio también deberá afrontar un juicio oral y público por el caso Odebrecht. En julio de 2019, el juez Sebastián Casanello envió a los tribunales orales la causa por supuestos sobornos y defraudación a la administración pública, pero la causa comenzó con una denuncia en febrero de 2016 y para diciembre de ese año, se oficializó que los ejecutivos de Odebrecht habían admitido el pago de sobornos en Argentina. Las constructoras locales que eran socias de la brasileña sostienen que no participaron del pago de sobornos, mientras que los ex funcionarios kirchneristas niegan haber recibido pagos indebidos o haber direccionado las licitaciones.

Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes.

Dos años antes de la crisis desatada en el grupo por el caso cuadernos, los Roggio acudieron al estudio panameño Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee) para que su división de fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas organizara la estructura offshore de la familia, según surge de los documentos de Pandora Papers.

Las sociedades

La primera de las compañías de esta estructura es Gotland International Limited, inscripta el 5 de julio de 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. Es una compañía limitada por acciones. Sus beneficiarios finales son Aldo Roggio y sus tres hijos: Lucía Inés, Martín Benito y Rodolfo Roggio Picot. También son los apoderados, según los documentos.

El 7 de marzo de 2017, Aldo y sus tres hijos firmaron un acta en el que autorizan a abrir una cuenta bancaria a nombre de Gotland International Limited en el EFG Bank, de Suiza, y en EFG Capital, de Miami. A su vez, los cuatro son autorizados por los directores de la sociedad (que responden al estudio Alcogal) a operar y disponer de los fondos de esas cuentas como apoderados de las mismas.

Ocho días después de la inscripción de la primera offshore, se creó la segunda compañía, Graymark International Limited, incorporada el 13 de julio de 2016 en el mismo archipiélago del Caribe, conocido como una jurisdicción opaca y de baja o nula tributación. En los documentos no aparecen datos extra de esta sociedad, pero la familia Roggio explicó que se utiliza para administrar un fideicomiso ciego para los hijos de Aldo Roggio.  

La tercera compañía se inscribió unos tres meses más tarde. Linhill International Limited fue incorporada el 25 de octubre de 2016 en Islas Vírgenes Británicas, con los mismos beneficiarios finales y apoderados. Los directores son empleados de Alcogal. Roggio y sus tres hijos figuran como accionistas.

Los Roggio también abrieron cuentas en el JP Morgan de Nueva York a nombre de al menos dos de las sociedades. Entre septiembre y diciembre de 2016, solicitaron la apertura de cuenta en el JP Morgan de Nueva York a nombre de Gotland International Limited, según una carta que consta en los registro de Alcogal; y el 14 de diciembre de 2016, presentaron formularios ante el banco para la apertura de cuenta de ahorros e inversiones a nombre de Linhill International Limited.

La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar.

Ante el banco, los Roggio se presentaron como los beneficiarios finales de Gotland y se comprometieron a certificar “la debida información a las autoridades fiscales argentinas de todos los activos mantenidos en JPMorgan y en cualquier Morgan Afiliados”. Los tres hijos de Aldo Roggio declararon en un formulario ante el JP Morgan que cada uno de ellos tenía el 33,33% de las acciones de Gotland por lo que se entiende que Aldo Roggio dejó de ser accionista de la offshore para septiembre de 2016.

“Las sociedades realizan inversiones en activos financieros a través de carteras de inversión en diferentes entidades y no han adquirido otro tipo de bienes, muebles o inmuebles”, respondió la familia ante la consulta del equipo argentino. “Las sociedades se encuentran actualmente activas”, agregaron.

Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Aldo Roggio surge en la base de datos de Pandora Papers a partir de un documento de los archivos internos de Alcogal, en el que la empleada Aura González fichó al empresario como uno de los Beneficiarios finales de “alto riesgo” (“nivel 6”) que son clientes del estudio panameño. Fue por su cargo como vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un cargo que desempeñaba al momento de la apertura de las offshore, en 2016. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Graciela Roggio e hijos

Las acciones de Roggio SA estaban hasta 2020 a nombre de Aldo y su hermana, Graciela Roggio, además de una financiera (Doya SA, con el 14,77%), que también era propiedad de los hermanos. El grupo también tiene negocios en Perú, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se destaca en la construcción (Benito Roggio e Hijos, Sehos y Haug), transporte (Metrovías, Benito Roggio Transporte y Benito Roggio Ferroindustrial), servicios ambientales (Benito Roggio Ambiental, Cliba, Tecsan y Envairo), provisión de agua (Aguas Cordobesas) y tecnología de la información (Prominente, que estaba a cargo de Graciela Roggio). También tienen hoteles y casinos (19 salas de Slots, 1 casino de Paño en 17 ciudades de Córdoba y gerencia 4 Hoteles-Casinos de la cadena Howard-Johnson), según informa el grupo en su sitio web oficial.

De perfil mucho más bajo que su hermano, Graciela también cedió sus acciones a sus hijos. La empresaria también tuvo una sociedad offshore. Junto a sus hijos Fernando, Florencia y María Lejarza, figura en los documentos de Pandora Papers como accionista, apoderada y directora de la compañía Signature Summer Adventures Ltd., inscripta en Islas Vírgenes Británicas, el 7 de febrero de 2014. “La sociedad creada por Graciela Roggio y sus hijos nunca operó, ya que fue constituida para una actividad en el exterior que nunca se desarrolló”, respondió la familia.

Fideicomiso y una herencia

La familia también figura en los documentos de un fideicomiso offshore, constituido en Islas Vírgenes Británicas en 2004 y administrado por el estudio Trident Trust Company. Los activos fueron transferidos al fideicomiso por dos tíos de Aldo y Graciela, Iride Rosa Verzini De Conti y Américo Humberto Conti. 

Tras el fallecimiento de ambos, en 2009, Aldo Roggio y otro familiar solicitaron en una carta a Trident “la distribución de los activos existentes entre los beneficiarios designados por el matrimonio Conti en un todo de acuerdo a las instrucciones que ellos impartieran a la firma del Contrato y posteriores modificaciones introducidas”.

“Estas participaciones o dinero en efectivo serán transferidas por parte del fideicomiso o Trust a las cuentas bancarias estipuladas por cada uno de los beneficiarios”, agregaron. “Esta notificación se la hacemos llegar en nuestra calidad de Protectores del Fideicomiso tal cual fuéramos designados por el matrimonio Conti al constituir el mismo”.

El fideicomiso superaba entonces los US$5,5 millones. Aldo Benito Roggio recibió poco más del 5%, al igual que su hermana. “Aldo Roggio y Graciela Roggio declaran en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales los bienes recibidos en calidad de herederos”, respondieron en la familia al equipo de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.

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ED

Aunque está curtido por los años, Alberto Binder permanece todavía en estado de incredulidad. El sobreseimiento de Paolo Rocca y los directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta que firmó el juez federal Julián Ercolini en la causa Cuadernos superó todos los antecedentes en la materia y confirmó que al poder económico no lo tocan las generales de la ley. Hace casi un mes, Ercolini benefició a la cúpula de la multinacional siderúrgica, todos arrepentidos confesos de haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo en el mismo fallo que confirmó el procesamiento del ex funcionario Roberto Baratta, con el argumento de que hicieron los pagos ilegales bajo “estado de necesidad” y con el objetivo de que el gobierno del Frente para la Victoria hiciera gestiones ante la Venezuela de Hugo Chávez en medio del proceso de expropiación de Sidor.

Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Binder prepara una presentación contra el fallo de Ercolini por considerarlo “cosa juzgada irrita”, producto del prevaricato. “Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular”, dice. El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) no sólo cuestiona al juez sino también a una serie de actores que avalaron a Ercolini: primero, el fiscal Carlos Stornelli y el ministerio Público Fiscal que sigue a cargo de Eduardo Casal porque no apelaron la medida; después, a la Unidad de Información Financiera, de Carlos Cruz, que lo hizo tarde y en forma incorrecta; finalmente, a los grandes medios de comunicación y a la oposición que suelen tener el tema de la corrupción como prioridad y en este caso hicieron un silencio abrumador.

Reapareció Paolo Rocca en el Día de la Industria planteando que la salida de la Argentina no es con planes ni con empleo público. ¿Qué impresión le genera?

Es muy sintomático. El empresariado argentino no tiene vergüenza en hablar de la decadencia pero muy rara vez se le va a escuchar una autocrítica por haberse aprovechado de un Estado prebendario. Se trata de una participación muy consciente y cómplice en un esquema de corrupción muy profundo. Más allá de que los Cuadernos fue una operación de inteligencia, por virtud, por negocio o por miedo decenas de los empresarios más poderosos de la Argentina han confesado ser parte de este esquema de la peor de las corrupciones. La Constitución de 1994 considera ese tipo de corrupción como un grave atentado a la democracia en su artículo 36. Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban imputados por formar parte de una asociación ilícita.  ¿Qué significa esto? Que es un esquema organizado, no un acto puntual. Rocca es solamente una manifestación más de este problema estructural y yo creo que ha salido a la luz una pequeña porción de esta matriz corrupta del Estado. Con este empresariado que no tiene ningún pudor, no hay ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. 

¿Por qué piensa que Ercolini decide el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta en el mismo fallo que confirma el procesamiento de Baratta?

Es posible que lo haya hecho porque nuestros jueces no toman decisiones fundadas en una interpretación razonada del Derecho sino en una arquitectura político-comunicacional. Hay un prevaricato muy claro, eso está pensado y es el resultado no solo de abogados sino de operadores político-judiciales. 

Usted sostiene que Rocca no podía no estar al tanto del pago de coimas.

No, por la magnitud de los negocios que tenía en Venezuela. Cuando Bonadio procesa a Rocca, a Betnaza y a Zabaleta, lo hace -a diferencia de otros casos- sin prisión preventiva. Al resto de los empresarios, los procesaba con prisión preventiva y eso forzaba mayores confesiones, después negociaban las prisiones preventivas como parte del esquema extorsivo que el mismo Stornelli había montado. A Rocca lo procesan sin prisión preventiva y Stornelli y Rívolo apelan en diciembre de 2018 y dicen que Rocca tenía que estar preso, que conocía todo, que los hechos estaban probados y que eran gravísimos. Ahora Ercolini procesa a Baratta y los exculpa a ellos con el argumento del estado de necesidad. Es increíble.

¿Por qué Ercolini falla de esa manera a favor de Techint? ¿Comodoro Py intenta dejar en claro su compromiso político con el poder económico? 

Hace años que vengo cuestionando a los jueces de instrucción de Comodoro Py. Comodoro Py se está reconfigurando para continuar con el mismo juego político. Hoy el comando de operaciones no está en la inteligencia pero los operadores siguen dando vueltas por ahí. La operación política sobre el poder judicial se ha restablecido. 

Se murió Bonadio, se murió Oyarbide, se jubiló Canicoba Corral y de la generación de jueces del menemismo sólo queda Servini...

Si, pero quedan los Ercolini, los Lijo y tantos otros impresentables.

Muchos de ellos son los jueces que nombró el primer kirchnerismo.

Va más allá de los gobiernos. Se van aggiornando. Pero en este caso cometieron el error de pretender salvar con un barniz académico, muy a lo Ercolini, una decisión escandalosa. El modelo Stiuso era potente porque era eficaz y poco pretencioso en sus formas. Esta segunda generación primero no es tan inteligente, segundo no tiene las habilidades del poder y tercero no maneja los resortes de inteligencia, pronto va a quedar muy claro el grotesco. Es una decisión obscena y torpe, muestra que han perdido la noción de realidad.

Van a hacer una presentación judicial contra el fallo de Ercolini. ¿Por qué hablan de cosa juzgada írrita? 

Porque se trata de una absolución que es nula porque está precedida de una conducta de prevaricato. Buscamos revertir la cosa juzgada de estos sobreseimientos, que son totalmente inválidos, nulos. Es una decisión que se dicta a sabiendas de que es una medida irregular.

¿Cómo lo decidieron?

La cosa juzgada es algo que hay que cuidar mucho. Yo no soy de los que piensan que cuando un caso no nos gusta tenemos que reabrirlo porque eso termina debilitando al poder judicial que queremos fortalecer. Pero existe la figura, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso y hay casos reconocidos en el derecho internacional y el derecho comparado cuando una decisión es producto de prevaricato, es decir, de dejar de lado dolosamente la ley con intención, entonces no se puede convalidar la cosa juzgada. Si vos sobornaste a una persona, esa persona por dar favores toma una decisión y produce cosa juzgada y ya no la podes tocar más, la cosa juzgada misma se vuelve un chiste. 

¿Cuándo van a hacer esa presentación?

Es inminente pero invitamos a sumarse a todos los que cuestionan el fallo. Lo primero que hay que hacer es restablecer los plazos de tal manera que vuelvan a apelar otras personas que no sean las que dejaron correr a propósito los plazos. Lo de Stornelli fue un silencio ruidoso. La UIF lo dejó pasar no se sabe si por descuido y después quiso hacer una jugarreta muy tonta porque va en contra de cualquier manual de Derecho Procesal Penal. Lo hizo para producir un efecto en la prensa pero la Cámara Federal tardó 30 segundos en desestimarla. 

Desde la UIF de Carlos Cruz sostienen que ellos hicieron una apelación.

Eso no es así. Ellos dejaron pasar el plazo. Acá hay cuatro decisiones distintas. Una lo procesa a Baratta, otra lo sobresee a Rocca, otra lo sobresee a Betnaza y otra a Zabaleta. Cada una de esas decisiones debe ser impugnada. Sin embargo, ninguno de los tres sobreseimientos fue impugnado por ninguno de los acusadores, ni la UIF ni Stornelli ni el ministerio Público Fiscal de Eduardo Casal. Obviamente el defensor de Baratta impugnó y pidió la revisión de su procesamiento. Lo único que hizo la UIF fue adherir al recurso del defensor de Baratta pero eso no servía para revocar el sobreseimiento de Rocca y los demás directivos de Techint. Eso que hizo la UIF, si un estudiante de Derecho te lo plantea, lo tenés que reprobar. La UIF tenía que apelar el sobreseimiento. 

Es difícil pensar que hubo ingenuidad en eso. Si no se apeló en tiempo y forma es porque la decisión de la UIF era convalidar el sobreseimiento de Ercolini.

No lo sé. Yo creo que hay desorientación porque se cree que la causa Cuadernos es solo una cuestión contra Cristina. Piensan que convalidar la impunidad para 40 empresarios corruptos es un mal menor frente a la necesidad de sacar la nulidad para Cristina, porque ni siquiera piensan en los otros funcionarios. Ese es el modo como razonan. 

Hace tres años, Cuadernos tuvo un grandísimo impacto porque no sólo involucraba al kirchnerismo sino a gran parte del establishment que había permanecido siempre intocable. Mirado desde hoy ¿Qué fue lo que se buscó con la causa? ¿Qué quedó?

La causa Cuadernos es información guardada en inteligencia, toscamente judicializable. Vino a confirmar algo que muchas veces denunciamos: estaban los servicios de inteligencia autonomizados y lo judicializaron de un modo muy torpe. Entregar cuadernos, quemarlos, armar una causa con fotocopias. Ahora por fuera de eso, que es una barbaridad, se montó una arquitectura para salvar a los empresarios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios y de un sector importante de la Justicia, de los dos sectores porque quedaron embarrados profundamente para que queden liberados también los funcionarios y los políticos, salvo la entrega que va haber de unos poquitos al estilo María Julia. 

¿Qué falló en el diseño original para que aparecieran los empresarios involucrados en esta causa?  

Eso se vincula con otra cosa a nivel regional, que tiene que ver con el movimiento Odebrecht, que repartía tipo capo de la mafia a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina no se dejó que una empresa hiciera lo mismo porque lo hacía el Estado. Esa cartelización de los negocios más rentables impedía que otras multinacionales entraran.

En Brasil, Marcelo Odebrecht estuvo preso dos años y medio. Ustedes cuestionan la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué tipo de consecuencias tiene ese criterio?

Los que dominan la cartelización son los funcionarios públicos. Si el sistema económico quiere corromper la política, tiene posibilidades inmensas de hacerlo una y otra vez. Si naturalizamos el financiamiento ilegal de la política, no estamos atacando a la causa principal del problema: estamos atacando a los gerentes de turno. Se puede pensar que en el kirchnerismo hubo gerentes muy hábiles pero hay un problema estructural. El gobierno macrista también quiso gerenciar la corrupción. Los funcionarios pasan, el poder económico queda.

¿Cómo se explica el silencio general en un país donde la corrupción es un tema muchas veces central de la agenda?

Hagamos la lista. ¿Habló Carrió de esto? ¿Habló Ocaña? ¿Habló Olivetto? ¿Hablo Sabsay? Me refiero a las voces que se pasean en forma habitual por los medios. ¿Cuántos periodistas han hablado de esto? Dos o tres nada más. Esto es el poder económico. Alguna vez vamos a entender que atrás de todo esto hay un problema de plata. No hay ideología, no hay política, no hay nada, hay plata. Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. 

¿Por qué dice que el financiamiento de la política es el problema principal?

Hay tres tipos de corrupción: la de la policía, la del funcionario que junta plata para ponerse una empresita y la gran maquinaria que hay que atacar, donde se hace política y se gestiona el Estado, se ganan elecciones, se hacen alianzas. El financiamiento de la política no es solamente que llegó el día de la campaña y te pasan unos bolsos negros. Es todo un modelo donde se va gestionando el Estado y por eso todo es una gran caja de favores. La política se ha convertido en una especie de bazar donde se entregan cosas, vos me ayudas a que yo gane, vos me ayudas a que haga la alianza con este y hay empresarios que se mueven, Techint, Cristóbal López, Mindlin, el mismo Macri, que viene de eso. La Justicia forma parte de este esquema de favores porque ahí adentro también se hace lo mismo. Te asciendo, asciendo a los miembros de tu tribu, ¿Por qué duran años los concursos en el Consejo de la Magistratura? Ya llevamos un año desde la decisión de urgencia institucional de las vacantes de Bruglia y Bertuzzi. Pero no alcanza con la indignación sino con una acción como la que queremos hacer. 

¿Hay antecedentes de una presentación de este tipo?

Si hay varios. En el caso Skanska, se reabrió la causa. El gobierno anterior lo quería hacer y yo me opuse porque vuelvo a decir: creo que hay que ser prudente. Si no te abre la puerta a la persecución política permanente. Las cárceles del país están llenas de gente que está presa por razones reales de estado de necesidad. Vos sos pobre y le quisiste dar lo básico a tus hijos y te meten preso si tuviste un antecedente. Es un insulto que estos tipos hipermillonarios hablen de estado de necesidad y digan que tuvieron que salir a coimear a funcionarios de tercer nivel para que les arreglaran sus negocios en Venezuela. No sé cómo Ercolini puede durar un minuto después de un fallo así. Tendrían que hacerle un juicio académico además en la universidad. Dirige una maestría y es gente que no tiene aptitud moral para enseñar a los jóvenes abogados. Mientras el Consejo de Beliz lanza una discusión sobre la ética de la abogacía se permite y se guarda silencio sobre los casos más elementales de inmoralidad judicial. Nadie sale a decir nada. Ni la Asociación de Magistrados ni la asociación de fiscales. 

DG/WC