Patrullas de militares recorren Ceuta en busca de migrantes a los que agreden y roban dinero y teléfonos móviles, según una veintena testimonios de migrantes que denuncian a elDiario.es haber sido víctimas de estas actuaciones. Los relatos recopilados de manera directa por este medio, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes. 

Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. elDiario.es recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras. 

En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse. En ese momento, un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada, descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó Ibrahim Benavides, vecino y líder comunitario de la barriada de El Príncipe, delante del uniformado. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó. 

Cuando los militares se retiraron del barrio, un migrante tras otro empiezan a aparecer entre los rincones donde se habían escondido. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dice Adam, uno de los muchachos que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. A su alrededor, una decena de migrantes quieren contar lo sucedido.“Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añade mientras ese mismo adolescente que menciona, también llamado Adam, toca su labio ensangrentado. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia. 

Los migrantes con heridas más visibles –otros sufrieron contusiones leves en manos, brazos y pies que no requirieron traslado al centro sanitario– presentaban contusiones en la cabeza, rostro y/o costillas, todas lesiones compatibles con los golpes de las defensas. Especialmente la de Omar (nombre ficticio). De su brecha alargada de unos cuatro centímetros de largo brotaba la sangre que manchaba su cara, cuello y manos. “¿Por qué nos hacen esto? ¿Esto es legal en España?”, se preguntaba el hombre, desconcertado, quien a medida que pasaban los minutos empezó a sentirse mareado y desorientado. A Adam, de 17 años, además de sus labios inflamados y cubiertos de sangre se agarraba la cabeza, que presentaban marcas de un golpe reciente. “Me duele mucho la cabeza. Soy menor. Nos ha dado mucho miedo, estábamos atrapados y se reían de nosotros mientras nos golpeaban”, denunciaba con los ojos enrojecidos, minutos antes de subir en la ambulancia. 

El lugar exacto de los hechos denunciados, a donde nos acompañó el grupo de migrantes que denuncia la agresión, era la salida de los restos de una casa en ruinas donde pernoctaban los jóvenes para evitar este tipo de actuaciones, de las que todos los migrantes hablan con miedo en Ceuta. Para acceder al lugar es necesario tumbarse por un estrecho hueco, que da paso a un habitáculo lleno de cascotes, basura y olor a orina. Los migrantes hacían turnos para dormir, no ahí, sino en otra zona por la que también había que acceder a rastras.

“Los militares no se metieron aquí. Desde fuera nos dijo uno en árabe que saliésemos. Que si salíamos nosotros no iban a hacernos nada, que solo querían cachearnos. Pero en cuanto salió el primero, agachado, le dieron en la cabeza cuando estaba aún de rodillas. Fue con el que más se ensañaron”, explica el chico que logró correr aterrado hasta esconderse en la casa de un vecino ceutí. 

Justo en ese punto, el suelo del edificio estaba manchado de sangre, tal y como pudo comprobar elDiario.es. También había varios móviles con la pantalla rota tirados en el suelo. “Nos rompieron los móviles a algunos. A otros nos lo robaron”, denuncia Adam, quien denuncia el robo por parte de militares de 180 euros. “Es un dinero que me dio mi madre para aguantar aquí. Se lo había quitado ella de su comida y su medicina para ayudarme y salir adelante”, añade el joven, también de 17 años. 

Parte médico menciona golpes de militares

El 8 de septiembre, en torno a las 18:30 horas de la tarde, Hassan (hombre ficticio) descansaba bajo la sombra de su chabola en uno de los asentamientos de migrantes de la ciudad (que no detallamos por riesgo a que pueda ser identificado). elDiario.es había estado hablando con él sobre la situación del campamento, en los alrededores de su tienda, apenas una hora y media antes de que “cinco militares” irrumpieran en el interior de la colorida tienda. Su abrupta entrada le despertó, asegura.

“Entraron a mi cabaña, donde duermo cada noche, y me dijeron: ‘¿Quién eres?’. Le dije: Soy un hombre normal. Me preguntaron dónde vivía y por qué hablaba español. Uno de ellos tomó la porra y me dio en la cara”, detalla a elDiario.es, apenas tres horas después de la supuesta actuación de los militares, a las puertas del Hospital de Ceuta.

Le cuesta hablar. El lado izquierdo de su rostro está inflamado por un golpe con la defensa que, además de la contusión, le ha roto una muela. Su ojo derecho comenzaba a hincharse entonces y se acabaría de amoratar al día siguiente, cuando este medio volvió a reunirse con él tras su salida del centro sanitario. El informe médico, al que ha accedido elDiario.es, describe sus lesiones y parte de los hechos denunciados: “Paciente que acude refiriendo haber sido agredido por militares con una porra en la cara (región facial izquierda), así como en la pierna derecha y codo derecho”, incluye el documento. 

elDiario.es acompañó a Hassan al hospital y tomó fotografías de todas las lesiones apenas tres horas después de los hechos, así como un vídeo en el que él mismo denuncia los hechos. Sin embargo, este medio se ha comprometido con el denunciante a no publicarlas mientras se encuentre en la ciudad autónoma, ante su miedo a posibles represalias. El marroquí asegura que los militares querían expulsarle ilegalmente a Marruecos tras la supuesta paliza, pero él escapó. “Me metí corriendo en el mar y, con el agua a la cintura, caminé hasta salir por otro lado y huir”, dice. Sus zapatillas aún estaban mojadas cuando nos encontramos con él tras la agresión. 

El hombre no ha regresado al asentamiento donde permanecía desde las primeras semanas tras la entrada masiva. “Me da miedo que vuelvan a por mí. No puedo acercarme allí”, explica Hassan, quien lleva una semana compatibilizando las noches en las calles de algunos barrios ceutíes con algunas noches en habitaciones alquiladas gracias al envío de dinero de un familiar. Esta semana, elDiario.es volvió a recibir una llamada suya desde el hospital: “Me ha dado un ataque de pánico. Pasé la noche en la calle y hubo varias redadas de militares cerca de mí. Lo he pasado fatal”. El parte médico, de nuevo, confirma su testimonio. 

Desde la entrada de migrantes a Ceuta, cuando más de 70.000 personas llegaron a una ciudad de 20 kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes, el Gobierno movilizó al Ejército para apoyar las labores de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el enclave español. Su presencia es visible en cualquier punto de la ciudad, y algunas patrullas permanecen durante horas fijas en zonas donde realizan una función disuasoria al acceso de migrantes, como en la entrada al centro de la ciudad. Las Fuerzas Armadas no poseen las funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público que corresponden a los cuerpos civiles como la Policía o la Guardia Civil, por lo que las actuaciones denunciadas sobrepasarían las que son permitidas por ley.

Fuentes del Gobierno aseguran a elDiario.es que “no les consta ninguna denuncia” y condenan “cualquier tipo de violencia”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en Ceuta para preservar la convivencia. No cabe duda de que se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer”, señalan las mismas fuentes.

El Partido Popular ha aprobado en el Senado este martes una iniciativa para instar al Gobierno de España a “otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta” con el objetivo de “reforzar así su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que continúa viviendo la ciudad”.

Humillaciones

Más allá de violencia, los migrantes entrevistados por elDiario.es hablan también de prácticas humillantes y denigrantes. El mismo día de la agresión denunciada por Hassan, tres furgones militares irrumpieron en las naves del Tarajal alrededor de las 18 horas. Sus chapiris y la insignia de sus vehículos confirmaban que eran legionarios. Más de una decena de soldados se desplegaron a lo largo del polígono y comenzaron a cachear a algunos de los migrantes acampados allí. “Estamos buscando a gente con cortes y tatuajes”, dijo un uniformado a elDiario.es, que se acercó rápido a explicar al ver a una periodista en la zona. Una fuente policial explica que las primeras redadas se centraron en un inicio en buscar a personas tatuadas y con heridas cicatrizadas, pues Marruecos envió en un inicio un listado a las fuerzas de seguridad españolas en las que daba información con personas de estas características, que aparentemente serían ciudadanos marroquíes condenados en su país.

Dos chicos ceutíes señalaban algunos lugares del asentamiento, en lo que parecía una actuación coordinada con estos. Más allá de la retirada de la camiseta a algunos migrantes o el registro de sus enseres personales, los militares que estaban a la vista de esta periodista parecían comportarse de una manera amigable con algunos jóvenes, especialmente con los niños.  Sin embargo, minutos después de su retirada de la zona, varios de ellos comenzaron a salir con la cabeza rapada de un punto de las naves más escondido. Algunos se tocaban la cabeza con desconcierto, otros estaban cabizbajos sin entender nada.

Abdul (nombre ficticio) era de los segundos y su cabeza no estaba rapada, estaba trasquilada. Encogido, se tocaba la mitad del cuero cabelludo que mantenía su pelo largo, que muchos marroquíes acostumbran a cuidar con esmero. “Han venido los militares y le han dicho al barbero que, o me rapaba, o le echaban a Marruecos. Le ha ordenado que me haga esto”, dice Youssef (nombre ficticio), con el rostro desencajado, a punto de llorar. “¿Por qué hacen eso? ¿Hay alguna razón o solo es divertirse? Quiero justicia”, añadió el chico muy afectado. Poco después, un compañero le peló para igualar el destrozo. Otros dos de los chicos (que este medio había visto con pelo largo antes de la llegada de los militares y se los encontró rapados tras su salida) aseguraron haber sido pelados de manera forzada ante la amenaza de ser expulsados. “O eso o 'fuera, fuera'”, resumían algunos de ellos. 

En otro punto de Ceuta, en los alrededores del asentamiento del Trampolín, elDiario.es habló con otros dos jóvenes marroquíes que aseguraban haber sido retenidos por militares y, después de ser “rociados con gas pimienta”, ser retenidos en otro punto de la ciudad y obligados a cortar parte de su cabello. “Me engrilletaron, me pegaron con la porra. Llevaban unas tijeras y me cortaron a trozos. Me sentí muy mal”, explica el chico veinteañero, quien días después pudo pedir a uno de los barberos marroquíes repartidos por distintos asentamientos que arreglase su corte de pelo. Uno de esos peluqueros asegura que esta semana fue detenido por militares tras negarse a rapar el cabello de dos amigos menores de edad.

Denuncias de palizas en el bosque

“Me dijeron que les rapase. Los chicos empezaron a llorar, a pedir que no lo hiciese y me negué. Me tomaron, me metieron en su furgón y me llevaron cerca del CETI, en el bosque. Allí me dieron con la porra en todas partes”, decía el joven. La actitud vacilona de días anteriores había desaparecido. “¿Cómo pueden hacernos esto?”. 

Un modus operandi similar es el que describe Bilal. El hombre denuncia haber sido retenido por varios militares en los alrededores de la playa del trampolín. Tras ser introducido a la fuerza en un vehículo militar, cuenta, fue trasladado al bosque en el área donde se encuentra el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Muestra sus brazos, marcados con señales de cigarros. Su espalda varios moratones alargados, coincidentes con los que habitualmente deja el impacto de las porras en la piel.

“No estaba haciendo nada cuando me tomaron”, indica el hombre, cuyo ojo también está amoratado. Su caso htambién a sido denunciado por el colectivo Border Resistance, que ha publicado un vídeo del estado en el que quedó su espalda tras las agresiones. “No es Libia ni es Ceuta. Lo llegaron en coche hasta el bosque donde, según nos contó, le torturaron y lo grabaron”, ha indicado el colectivo en redes sociales.

Madrugada en el hospital

Fatima iba a hacer la compra cuando, frente a un supermercado cerca del puerto de Ceuta, escuchó el llanto de un chico. Cuando miró hacia él, vio a un joven menudo, encogido, con los ojos rojos y el “brazo desencajado”. Lo acompañaban dos militares que “le acababan de encontrar tirado en el suelo entre quejidos de dolor, según su relato. ”Me acerqué a él y le dije que qué le había pasado. Me dijo que le pegaron los militares. Le pregunté que qué había hecho y los otros soldados, los que le acompañaban, me respondieron con cierta vergüenza que seguro que no había hecho nada, porque había otros militares que ‘ya se estaban pasando’“, explica la mujer, vecina ceutí.

Según advirtió a elDiario.es, estos dos uniformados, que aparentemente afeaban las actuaciones de otros compañeros, llevaron al menor al hospital de Ceuta. Dos horas más tarde, este medio encontró al chico en la sala de espera específica para los migrantes, que el Hospital de Ceuta ubica en el exterior del centro sanitario (mientras que los ceutíes pasan dentro). Dice que tiene 17 años, pero parece menor. Sujetaba el brazo con una mano y decía que le dolía. “¿Han sido los militares?”, preguntamos. “Sí, porra”, dijo. Este medio no pudo hablar más con el niño porque dos guardias de seguridad del centro sanitario ordenaron la salida de la vía que conduce a las Urgencias. 

En el trayecto, una mujer comenzó a gritar desde la ventanilla de un vehículo blanco. “¿Donde está el niño que hemos encontrado en la calle? ¡Que han dado una paliza los militares! Que nos lo han dicho otros militares, que os estáis pasando, le han dejado destrozado”, empezó a decir la mujer, la hermana de Fatima. Esta periodista grabó un vídeo de ese momento pero una guardia de seguridad cortó a empujones la grabación y, después de retenerla durante unos minutos y amenazar con llamar a la Policía, elDiario.es decidió borrar las imágenes para continuar trabajando. 

En cuestión de minutos, otros dos adolescentes marroquíes llegaron a Urgencias cargando a un joven que no podía mantenerse en pie ni apenas la consciencia. “¿Han sido los militares?”, preguntamos. “No, se ha caído”, dijeron en un inicio. Una hora más tarde, los amigos del herido reconocieron que el chico había recibido una “paliza brutal” por parte de militares a las puertas de la casa donde están siendo acogidos. El joven se tuvo que quedar esa noche ingresado, según sus acompañantes. “Nos tratan como animales. Somos menores y no importa. No te hablan, no te dicen nada, solo llegan, buscan si tienen porros y te pegan mucho”, afirmó el chico. 

El robo de móviles, dinero y enseres personales es otra de las denuncias repetidas en la mayoría de testimonios recogidos por elDiario.es. Algunos migrantes aseguran ser esperados en los alrededores del Carrefour próximo a la playa del Trampolín, en algunas calles poco transitadas, y una vez retenidos ser víctima de golpes o robos de sus teléfonos, dinero o incluso la comida que acaban de comprar. Asad (nombre ficticio) duerme desde hace semanas en el asentamiento informal de migrantes más grande de Ceuta. elDiario.es se lo encuentra corriendo mientras un militar le persigue con la defensa en la mano. Cuando el uniformado ve la presencia de este medio, frena y se da la vuelta.

El hombre va descalzo y se queja de que ha tenido que tirar la compra de arroz, huevos y leche que acababa de hacer. “En el asentamiento no nos hacen nada, incluso son simpáticos, porque saben que hay mucha gente. El problema es cuando vamos a comprar, están escondidos en algún punto y te paran para hacer controles. A veces solo te registran y otras te toman, te esconden en algún sitio y te pegan. Otros han sido expulsados después de ir a comprar”, añade el marroquí. Este medio preguntó a ese mismo agente y él aseguró que solo iba a hacer un control rutinario. Preguntado sobre qué hizo con la bolsa llena de comida, dijo que se la había entregado a otro migrante. Asad se fue cabizbajo y descalzo. Por si acaso, intercambió su camiseta roja con la negra de otro amigo. “Tengo miedo de que ahora vengan a por mí. Ya me pegaron otra vez y estaban a punto de agarrarme”. 

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

Un ataque fronterizo instigado por redes sociales que no se supo predecir y una crisis migratoria posterior que no se supo calibrar. Y todo en pleno mes de agosto, con la administración del gobierno español a medio máquina por las vacaciones de verano. Esa es la principal conclusión que se comparte de puertas hacia dentro entre los distintos departamentos del gobierno implicados en la gestión de un problema que hoy mantiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Estabilizada la frontera, un mes después quedan en las calles de Ceuta miles de personas que se enfrentan a un largo proceso administrativo antes de poder ser acogidas o retornadas. Y que permanecen varadas en una ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat y en la que, lo que es peor, empiezan a estallar episodios de violencia racista.

Todo se desencadenó la mañana el 30 de julio, cuando ya se respiraba en la política española un ambiente parecido al de un fin de curso. Lo previsto aquella mañana, víspera de las vacaciones de verano, era una especie de tregua política tras un ejercicio especialmente corrosivo para Pedro Sánchez, coronado con la peor ola de incendios en tres décadas. Pero nada más lejos de la realidad. La fecha del 30 de julio de 2026 ya está marcada en rojo como la crisis fronteriza más grave documentada en la historia reciente en España. Y amenaza con convertirse en un callejón sin salida para un gobierno acorralado por los errores de su propia gestión y por la ofensiva de la derecha de PP y Vox, que han encontrado en Ceuta el contexto perfecto para abrirle otra vía de agua al Ejecutivo.

La sensación generalizada en el gobierno español es que se reaccionó tarde, que el tiempo perdido ha complicado mucho las cosas y que la actitud de Europa y la presión del PP (y de un Vivas mucho más hostil que en crisis anteriores), les deja en una situación imposible. Y no solo desde el punto de vista de la mera gestión migratoria. También desde un enfoque político, con la imagen de un Ejecutivo que no supo actuar a tiempo en un tema de especial sensibilidad para la opinión pública. “Nos volcamos en la crisis fronteriza y con la migratoria hubo un error de cálculo”, asumen en el gobierno de Sánchez.

Lo que sigue a continuación es una reconstrucción de la gestión de la crisis en sus fechas clave, con información obtenida de una decena de fuentes al más alto nivel, tanto en la ciudad autónoma como en el gobierno central. Y que arranca con un precedente que resulta trascendental para comprender lo ocurrido: la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de España sobre devoluciones migratorias en frontera.

8 de julio. La sentencia del Supremo

“Quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo en el sentido literal del precepto, y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera”. Si hay que buscar el origen exacto de la crisis fronteriza en Ceuta, seguramente esté en esta frase de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. La resolución judicial tiene que ver con el caso de un ciudadano argelino que entró a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2024 y que fue devuelto a Marruecos de forma inmediata por las autoridades españolas. Una actuación que ahora el alto tribunal concluye como irregular y que cambia de forma radical el paradigma de la seguridad fronteriza.

Las consecuencias son inmediatas. La prensa local ceutí, pero también el gobierno de la propia ciudad autónoma e incluso la Delegación del gobierno central, comienzan a reportar un incremento constante y progresivo de entradas a nado por El Tarajal, aunque nada ni remotamente parecido a lo que acabaría sucediendo el 30 de julio. Para hacer frente al nuevo escenario, en cualquier caso, el Ministerio del Interior ordena entonces un refuerzo de 70 efectivos: 60 dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo. Además, se destinan siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones compuestas por casi 30 agentes: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.

Pero la situación empeora conforme transcurre el mes de julio. En un comunicado conjunto, el gobierno local de Vivas y la Delegación del gobierno en Ceuta hablan el 27 de julio de una “emergencia migratoria” que requiere “una respuesta extraordinaria e inmediata” tras la entrada de mil personas a nado en una semana. Ese mismo día, Juan Jesús Vivas mantiene una conversación telefónica con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.

Según el ejecutivo ceutí, Vivas había reclamado poder hablar con el presidente del gobierno para trasladarle personalmente su preocupación por la deriva en la frontera, pero fue derivado a su jefe de gabinete. Según Moncloa, en esa conversación (que acotan a unos pocos minutos), el presidente de Ceuta reporta datos de entrada que no resultan llamativos respecto a la situación fronteriza de otros veranos, cuando siempre se produce un repunte de entradas. Y añaden que, en cualquier caso, se da traslado a Interior. Nadie entonces es capaz de calibrar la magnitud de lo que ocurriría tres días después.

La vía directa de comunicación sobre la situación fronteriza esas semanas previas se establece entre la Delegación del gobierno y la secretaria de Estado de seguridad, Aina Calvo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumerge durante todo el mes de julio en la gestión de la peor ola de incendios en 30 años. El fuego arrasa 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo en uno de los peores episodios registrados jamás en el centro de la Península.

Es Marlaska quien declara la emergencia de nivel nacional (nivel 3) por el fuego y quien, por tanto, asume la dirección operativa en coordinación sobre el terreno con el general jefe de la UME. El día 29, en una entrevista en La Sexta a colación de los incendios, le preguntan también por la situación en Ceuta que denuncia Vivas: “Las relaciones con Marruecos son cercanas, basadas en la lealtad. Y ellos trabajan de manera denodada por limitar las salidas irregulares. Es una situación excepcional que estamos afrontando con los medios que tenemos allí dispuestos de forma permanente. Estoy convencido de que en breve podremos solventarlo”. Faltaban menos de 24 horas para el cruce masivo.

30 de julio. Fin de la emergencia por el fuego, principio de la emergencia en Ceuta

El 30 de julio amanece con buenas noticias, pero no durarán mucho tiempo. El parte meteorológico da por fin un respiro. La cuarta ola de calor afloja, se reducen los vientos y cesan las tormentas secas. El gobierno rebaja la emergencia de los incendios a nivel 2 y Moncloa organiza en la agenda de Pedro Sánchez una visita in situ al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila). A las once en punto de la mañana interviene públicamente el presidente para confirmar que la emergencia nacional queda atrás. En las imágenes oficiales que distribuye Moncloa en sus redes sociales, se aprecia a la espalda del presidente al ministro de Interior pendiente de su teléfono móvil durante la comparecencia.

Es allí, en Navaluenga, donde el ministro y el presidente del gobierno se enteran de la alerta en Ceuta. La casualidad hace que se encuentren juntos cuando el teléfono de Grande-Marlaska empieza a echar humo. Son la once y media de la mañana y desde la Delegación del gobierno y desde los altos mandos de la Policía y la Guardia Civil se reportan las impactantes imágenes que empiezan a llegar en directo desde el paso fronterizo del Tarajal. Miles de personas agolpadas y cruzando a nado o por el espigón desde Marruecos a suelo español. Los primeros cálculos que se trasladan dejan atónitas a las autoridades: 250 personas por minuto. El ministro y el presidente regresan a Madrid para atender la emergencia y tomar las primeras decisiones.

Marlaska convoca a la una de la tarde a una reunión de urgencia a la plana mayor de Interior, con secretarios de Estado y directores generales. Antes, habla personalmente por teléfono con el ministro del Interior de Marruecos. En Moncloa, Sánchez convoca también a su equipo más cercano. Habla, ahora sí, personalmente con Juan Jesús Vivas. Se estudian todos los escenarios posibles y se evalúa también la situación con la información que llega en tiempo real desde Marruecos, principalmente a través de la interlocución de Marlaska y Albares con sus homólogos de Interior y Exteriores. Sobre la mesa se pone la posibilidad de convocar de urgencia ya en ese momento un Consejo de Seguridad Nacional. Y se descarta. La decisión final es que el presidente del gobierno se traslade a Ceuta al día siguiente.

31 de julio. Sánchez visita Ceuta: “Ataque a la integridad de España”

El presidente del gobierno y el ministro del Interior comparten avión para viajar a Ceuta a primera hora del viernes 31 de julio. Cuando aterrizan, la situación permanece fuera de control. Decenas de miles de personas recorren de un extremo a otro una ciudad cerrada a cal y canto. Ni tiendas, ni supermercados, ni oficinas. Nada funciona en Ceuta en esas primeras horas de colapso. La imagen que describen desde los equipos de Sánchez y Marlaska que les acompañaron en esa visita resulta esclarecedora: “Fue una sensación de desborde absoluto. Apenas se podía transitar por las calles porque estaban repletas de gente agolpada que había cruzado la frontera. Eran más de 70.000 personas sin tener a dónde ir en una ciudad de 80.000 habitantes”. En ese momento aún no se tienen datos fidedignos, pero se calcula ahora que asciende a 140 el número de personas muertas en la frontera.

Sánchez y Marlaska se reúnen con el presidente Vivas. El jefe del Ejecutivo comparece en público: “Lo sucedido se define como un ataque y una violación de la integridad territorial de España”. Los contactos diplomáticos entre España y Marruecos se suceden al más alto nivel durante esas horas. Pedro Sánchez regresa a Moncloa ese mismo día. El ministro del Interior se queda en Ceuta al frente de un operativo que es, ante todo, de seguridad fronteriza.

Y llega otro mazazo. En pleno estallido de la crisis, un numeroso grupo de socios europeos liderados por la italiana Giorgia Meloni le da la espalda a España. Plantean abiertamente suspender el espacio Schengen de libre circulación en nuestro país por la situación en Ceuta. Se apresuran a secundar a Meloni los gobiernos de República Checa, Dinamarca o Finlandia. A la crisis fronteriza se acaba de sumar una de reputación internacional, por las imágenes de la frontera sur, y otra diplomática de primer nivel con gran parte de la UE.

1 de agosto. Retorno a Marruecos, crisis con la UE

El 1 de agosto, Pedro Sánchez se pone también al frente de la durísima crisis abierta con la UE. Contacta personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los pocos apoyos que mantiene intacto el líder español entre sus socios. Y eleva una enérgica queja a Bruselas. En una carta, Sánchez lamenta la reacción “egoísta, polarizadora e ilícita” de varios de los países de la Unión. Y reclama una reunión urgente de los Ministerios del Interior de los 27 para “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros”.

En esa carta, Sánchez asegura que su gobierno ha logrado “restablecer plenamente el control sobre la frontera” y que lo ha hecho gracias a la cooperación de Marruecos. En efecto, la inmensa mayoría de las personas que cruzaron a nado o a pie El Tarajal el 30 de julio deciden volverse. Aunque el Ejecutivo ensalza en público esa colaboración del gobierno marroquí para un retorno masivo de decenas de miles de personas en apenas 48 horas, desde los departamentos ministeriales implicados en la gestión de la crisis restan heroica al operativo: “Decidieron volverse ellos mismos porque se encontraron una ciudad en la que no podían ni comprar comida, ni agua. Y en la que obviamente no se encontraron lo que les habían prometido, aunque es verdad que la policía marroquí facilitó ese regreso por la frontera”.

Es también el 1 de agosto cuando Marlaska ordena el comienzo de instalación del sistema provisional de contención marítima: una línea de boyas de 730 metros para delimitar en el agua el espacio fronterizo como respuesta a la sentencia del Supremo del 8 de julio, tres semanas antes. El presidente del gobierno se traslada a la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, para iniciar sus vacaciones de verano.

2 de agosto. “Un error de cálculo”

En esa carta que Pedro Sánchez remite a la presidenta de la Comisión Europea, expone algunos datos que el paso del tiempo ha demostrado incorrectos. Sánchez cifra en esa misiva en 50.000 el número de personas que pasaron de manera irregular a suelo español. Y añade que se había logrado “devolver a prácticamente todos”. Ninguno de los dos datos eran ciertos, pero la información que manaba desde las fuentes del Ministerio del Interior en esas primeras horas así lo trasladaban.

Ese 2 de agosto por la tarde, de hecho, el ministro del Interior decide regresar a Madrid. Lo hace porque, según traslada públicamente, “la situación se ha revertido casi en su totalidad”. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Marlaska asegura que “todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro de que así no se entra en España”. Y que por eso “la normalidad” se estaba “alcanzando” y ya no tenía “nada que ver” con los días previos. A preguntas de la prensa, puntualizó que, en cualquier caso, “la crisis no se daba por cerrada” hasta que no se pudiera dar “por concluida definitivamente”.

“En 48 horas el panorama era completamente distinto. Vimos a riadas de gente saliendo por la frontera del Tarajal de vuelta a Marruecos sin ningún tipo de incidentes. Y seguramente cometimos el error de pensar que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado. Es evidente que fue un error de cálculo”, admite una de las personas del gobierno desplazadas a Ceuta y que ha seguido in situ el operativo.

4 de agosto. Actualización de cifras: “Solo quedan 2.000”

El 4 de agosto tiene lugar por videoconferencia la reunión de ministros del Interior de la UE. En un comunicado conjunto posterior, los miembros de los 27 cambian el tono de las primeras horas y ponen en valor el trabajo del Ejecutivo español para devolver al grueso de migrantes que cruzaron la frontera. El gobierno da carpetazo a la crisis con sus socios a excepción de Meloni, que establece de manera unilateral controles en los aeropuertos para vuelos procedentes de España. Sánchez ordena la misma medida a vuelos italianos. Y Grande-Marlaska actualiza los datos: entraron 72.000 y se volvieron 70.000, así que solo permanecen 2.000 personas en suelo ceutí.

Esas cifras ni siquiera concuerdan con las que manejan ya desde el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, que aprueba una dotación de emergencia de 6,5 millones de euros para prestación de servicios, ejecución de obras y atención sociosanitaria y distribuye a través de Cruz Roja kits de alimentación diarios para entre 3.000 y 4.000 personas, así como productos de higiene femenina y atención sanitaria. Los datos que manejan ya las autoridades de la ciudad autónoma hablan a una cifra superior a las 5.000 personas.

6 de agosto. La ministra de Infancia viaja a Ceuta, enfrentamiento Robles-Marlaska

La titular de Infancia, Sira Rego, se convierte en la primera ministra que visita Ceuta después de Grande-Marlaska. Durante su estancia acude a centros de acogida de niños y niñas no acompañados, anuncia una partida de 25 millones de euros y se reúne con el presidente de Ceuta, al que traslada todas las vías abiertas por el gobierno para la gestión de los menores: reunificación familiar, campaña de acogida familiar en la Península, despliegue de la acogida vinculante para las comunidades y posibilidad de convenio con entidades del tercer sector para trasladar a 500 niñas a la Península. Pero en ningún caso saltarse la ley. Es decir, que la expulsión de niños y niñas a Marruecos resultaba una demanda imposible en la que el propio Vivas, el PP y Vox se encargaban de insistir en público diariamente.

En los últimos días, se produce un choque soterrado entre los Ministerios de Defensa e Interior. Desde el departamento de Grande-Marlaska se niega de forma categórica que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro estamento o responsable político o policial hubiera dado aviso previo de que algo similar a lo que sucedió el 30 de julio podía ocurrir. Desde el Ministerio de Defensa se insinúa lo contrario, y esa tensión escalará durante todo el mes hasta la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso. Esta semana, la titular de Defensa llegó a precisar que el 29 de julio se produjeron avisos “orales” a la Delegación del gobierno sobre los movimientos en frontera. Moncloa, el resto de Ministerios y la propia Delegación del gobierno en Ceuta lo niegan.

7 de agosto. Reunión clave para dimensionar la crisis

Sánchez convoca una reunión de coordinación por videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones e Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores. Según todas las fuentes consultadas, en esa reunión se comparte un balance de la situación y se adoptan nuevas medidas de seguridad, pero con una prioridad muy clara por encima del resto: fortalecer el control de la frontera a uno y otro lado del Tarajal ante la amenaza “real y creíble” de nuevos llamamientos a cruces masivos.

Con perspectiva, los equipos ministeriales consultados por este periódico asumen que en ese momento la preocupación por la frontera superó con creces a la atención que se otorgó a un flujo migratorio instalado en Ceuta que decidió no volver a Marruecos y que ni siquiera se acertó a dimensionar de forma certera. “Los datos que teníamos hablaban de que quedaban 2.000 personas, que es una situación tensa pero no dramática, porque Ceuta había afrontado crisis muy superiores”, exponen desde el gabinete de uno de los departamentos más implicados en la gestión.

Desde otro Ministerio se asume como una “desconexión” con la realidad de Ceuta el fallo al calibrar la situación migratoria. “Ese día se pusieron sobre la mesa los datos y se concluyó que la ciudad podía estar tensionada, pero que desde un punto de vista migratorio 2.000 personas no suponían una emergencia. Ahora es fácil mirar atrás y aceptar que era una desconexión con la realidad”.

De hecho, Sánchez ni siquiera considera esta vez convocar la Comisión de Migraciones presidida por Ángel Víctor Torres que estuvo al frente de crisis anteriores, como la de la isla de El Hierro en 2023, y que según todas las fuentes consultadas implica un nivel de coordinación clave entre distintos departamentos que esta vez no se produjo. Varias de las fuentes consultadas recuerdan que en esa crisis de El Hierro también jugó un papel fundamental de coordinación el ministro Félix Bolaños, en esta ocasión volcado en las decisiones que afectan más estrictamente a su departamento.

Como lo ocurrido fue abordado en este caso como una crisis fronteriza y no migratoria, el peso operativo de las primeras semanas recayó fundamentalmente en Interior, con la secretaria de Estado, Aina Calvo, y la Directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, como principales apoyos de Marlaska. Esta última, en el cargo desde el último gobierno del PP de Mariano Rajoy, con una gran ascendencia sobre el ministro.

15 de agosto. La frontera bajo control.

Desde el 30 de julio, los servicios de inteligencia y de la seguridad del Estado sí detectan los movimientos en redes sociales que incitaron al cruce masivo y que repetían ese llamamiento para una fecha muy concreta: el 15 de agosto. Aunque en el gobierno español extreman la prudencia sobre el diagnóstico, sí existen conclusiones claras sobre que servidores de Estados Unidos y Rusia estaban detrás de la difusión de mensajes, muchos de ellos en inglés y francés, a través de plataformas como Facebook, Instagram o Telegram. Y por eso el Ejecutivo se mantiene también tan cuidadoso con las insinuaciones de colaboración de Marruecos que, a día de hoy, aseguran no tener claras.

Para ese 15 de agosto los mensajes eran explícitos. “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”, escribió un usuario de Facebook en un grupo llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, tal y como publicó Maldita.es. Otro usuario, en Telegram, pedía organizarse para antes incluso de esa fecha. “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. Los Ministerios del Interior y de Defensa redoblaron sus esfuerzos para el operativo de seguridad fronteriza, y el ministro de Exteriores lanzó un mensaje directo en una comparecencia pública: “No arriesguen su vida, porque serán devueltos”. Tras una intensa labor de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes, el 15 de agosto se frenaron algunos cruces, pero la situación no llegó a mayores.

17 de agosto. Primer anuncio del gobierno español para la ubicación de migrantes

Tuvieron que pasar 18 días para que la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz (aterrizada en Ceuta el día antes), anunciara la habilitación de cuatro espacios temporales de acogida humanitaria para 1.500 personas. A esas alturas, las organizaciones desplegadas sobre el terreno y el gobierno de la ciudad autónoma claman por medidas urgentes que palien una situación muy lejos de estar controlada.

Desde el gobierno explican que la propia ministra Saiz había negociado personalmente por teléfono con Juan Jesús Vivas varios emplazamientos para atender a las personas migrantes de la calle que luego se habían visto frustrados. “Este Vivas no es el de 2021. La presión de su partido, de Vox y de muchos vecinos no es la misma, porque estamos en un momento antimigratorio global. Y el gobierno ceutí ha obstaculizado emplazamientos porque se les han quejado vecinos que no querían a los migrantes cerca de sus casas”, sostienen en la Moncloa sobre las razones de la tardanza.

Del 20 al 25 de agosto. Primeras plazas bajo techo y mando único

No es hasta el 20 de agosto, 22 días después del paso fronterizo, cuando se abren los dos primeros espacios de atención humanitaria con 1.800 plazas. Y hasta el día siguiente, 21 de agosto, cuando la Policía Nacional puede comenzar a hacer uso del Centro de Atención Temporal de Extranjeros para labores de triaje. El 22 de agosto, regresa a la Moncloa desde Lanzarote el presidente del gobierno y se acelera la toma de decisiones.

El lunes 24 visita por primera vez la ciudad el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y anuncia que al día siguiente se aprobará la designación del mando único reclamada por Vivas. Explica el gobierno que esta decisión “permite dotar de más agilidad a la toma de decisiones y a la puesta en marcha de todos los recursos”. Se formaliza el martes 25, el día que vuelve a reunirse el Consejo de Ministros y que se convoca el Consejo de Seguridad Nacional. 26 días después de que pida ese mando único el presidente de la ciudad autónoma.

La crisis ha escalado en los últimos días con episodios de violencia explícita. Grupos organizados impidieron esta semana a la Cruz Roja el reparto de comida a los migrantes, prendieron fuego a sus escasas pertenencias y agredieron a vecinos musulmanes. Y varios marroquíes atacaron con piedras a un vehículo militar en el que resultaron heridas varias personas. En la Moncloa, ahora sí, han saltado las alarmas. La preocupación es máxima por el bloqueo de un flujo migratorio que tiene por delante un largo proceso administrativo que impide legalmente su expulsión. Ni pueden retornar hasta tramitar sus expedientes, ni nadie quiere oír hablar de un traslado temporal a la Península en mitad, además, de la presión extrema de los socios europeos. Así que a Ceuta le quedan meses para volver a la normalidad.

“No es verdad que hayamos estado desconectados, y ahí están las actuaciones, pero es muy probable que una situación así no se hubiera producido en el mes de marzo con todo el mundo en sus puestos”, sostiene un alto cargo del gobierno cuestionado sobre los problemas de gestión de esta crisis. Otro apela directamente al desgaste político y personal del presidente tras un curso especialmente doloroso en los tribunales para su pareja, su hermano o incluso para el expresidente Zapatero. Y también alude al escaso perfil político de vicepresidentes que son esencialmente especialistas de sus materias, como Carlos Cuerpo o Sara Aagesen, pero que no se desenvuelven en la gestión de crisis políticas de este calado.

La obsesión ahora es atajar de raíz los episodios de violencia antes de que la herida en Ceuta sea irreparable. Y conseguir emplazamientos suficientes para sacar de la calle a todos los migrantes que aún deberán permanecer meses en la ciudad autónoma a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo, en el caso de los mayores de edad, o a su posible reagrupación familiar en el caso de los menores.

Aunque en privado la mayoría de departamentos asume abiertamente los errores de coordinación y de cálculo, la consigna de Pedro Sánchez es mirar hacia adelante y volcarse en sofocar este otro incendio, social y político, también de gran magnitud. Porque Ceuta se ha convertido en un polvorín de consecuencias imprevisibles y en el caladero soñado para los discursos políticos que galopan a lomos de la ola xenófoba y antimigratoria que recorre Europa y buena parte del mundo. Por eso son conscientes en la Moncloa de que, del éxito de esa empresa, depende ahora casi todo. Primero, la convivencia de la ciudad autónoma. Y segundo, el porvenir del propio gobierno.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvieron a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa del Trampolín para desalojar a los más de mil migrantes que se encontraban nuevamente concentrados en esa zona tras haber sido desalojados este jueves.

Por ahora no se comunicó oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

Se siguen acondicionando zonas de acogida

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes volvieron a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

La situación evidencia las dificultades para mantener desalojado el asentamiento después de que ayer más de 1.200 migrantes fueran trasladados desde El Trampolín hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, ya que horas después decenas de ellos regresaron a la playa, aparentemente para recuperar pertenencias, lo que obligó a paralizar temporalmente los trabajos de limpieza por falta de presencia policial que garantizase la seguridad de los operarios.

La Ciudad Autónoma mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.

EFE

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes en España. El plazo del procedimiento cerró con 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según confirmó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del más de un millón de peticiones, el Ejecutivo admitió por ahora más de 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas recibió un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos ya obtuvieron una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes solicitaron la regularización no tuvieron que atravesar una frontera de manera irregular, sino que entraron en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose al 30% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que accedió elDiario.es. El Ministerio de Inclusión programó una convocatoria de prensa este jueves para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, declaró la ministra Elma Saiz, en un video difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, agregó la titular de Inclusión.

La medida tuvo un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso dio específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres presentaron más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que fueron enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición fue admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no aclaró por el momento el número de nuevas altas que fueron posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social remarcó que el 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hotelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se convirtió en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se fue acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se acogieron a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

Las autonomías que recibieron un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se presentaron más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, destacó el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, señaló. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela hizo hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales aseguraron a elDiario.es que todas las personas que registraron una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes fueron admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no cumplió con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo afirmó que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes solicitaron la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud fue admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional lo empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y recuperó sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora salió de la invisibilidad.

A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump. 

Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad. 

“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EE.UU.— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE fue una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.

No solo los trabajadores están en riesgo: hace apenas un año, en la final de la Copa Mundial de Clubes, el denominado Mundialito, un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos al partido fue detenido, encarcelado durante tres meses y deportado a su país (su nacionalidad no se hizo pública). Durante las últimas semanas, seguidores procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití también denunciaron denegaciones de visado y restricciones de entrada. Aficionados de hasta 39 países se han quejado de problemas para acudir al Mundial. 

Amnistía Internacional, que definió al ICE como una “amenaza escalofriante” incluso para los jugadores participantes, ha aprovechado el Mundial para hacer comparaciones con la política migratoria de Trump. Solo en 2025 se expulsó a más de medio millón de personas, más de seis veces el número de espectadores que verá la final en el estadio MetLife de Nueva York.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habría redadas masivas de inmigrantes durante el Mundial. A continuación, sin embargo, dijo que no podía descartar detenciones por motivos migratorios en los partidos o en sus alrededores. La contradicción en los mensajes, como era de suponer, siembra más intranquilidad entre las potenciales víctimas del ICE.

La polémica llevó a la FIFA a reconocer que existen problemas. “Chill, relax”, declaró hace una semana su presidente, Gianni Infantino, antes de recordar que su organismo no tiene capacidad para influir en las decisiones de los Gobiernos sobre inmigración. 

Después del Mundial de Qatar, cuyos estadios se construyeron por migrantes en un régimen de semiesclavitud —fallecieron unos 6.500 trabajadores, según una investigación de The Guardian—, y de que la Fifa haya decidido que la edición de 2034 se dispute en Arabia Saudí, tampoco nadie esperaba mucha más contundencia del presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro que gobierna el fútbol. 

Aunque parezca mentira, la FIFA dice haber incorporado en sus procesos de elección de sedes una “Política de Derechos Humanos” para los países que quieren albergar el evento. El primer Mundial bajo esta premisa es el de EEUU, México y Canadá. El de 2034 se celebrará en la dictadura de Arabia Saudí. En medio, Marruecos será sede en 2030 del que se disputará también en España y Portugal.

Miedo en distintas sedes

El miedo de los migrantes a acabar en un centro de detención tras una redada del ICE recorre las 11 ciudades estadounidenses en las que se jugarán partidos, alimentado en parte gracias a la ambigüedad de los mensajes lanzados por la administración Trump.

En febrero, el director interino del ICE afirmó que la agencia jugaría “un papel clave” en el dispositivo de seguridad durante el mundial. Poco después el Ejecutivo estadounidense matizó que la presencia de estos agentes sólo estaría vinculada a tareas de seguridad y contraterrorismo,

La inquietud se percibe sobre todo en lo que los estadounidenses llaman las “ciudades santuario”: municipios o jurisdicciones que limitan todo lo que pueden su cooperación con las autoridades federales para deportar migrantes. 

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó a finales de mayo que “no había lugar para el ICE” en el Mundial y calificó de “mera retórica” las amenazas de la administración Trump. Otras sedes progresistas como Nueva York, Seattle o Los Ángeles afirman haber obtenido el compromiso de que no habrá redadas. 

Las asociaciones que apoyan a los migrantes, sin embargo, no se fían. “Tenemos todo el derecho a temer que esta administración utilice este gran momento cultural para reforzar su narrativa sobre el caos, la seguridad y quién pertenece aquí”, afirmó recientemente el director del sindicato Working Washington de Seattle. 

Ante la falta de garantías, son varias las entidades que han impulsado campañas públicas para exigir que los estadios, las zonas de aficionados y los eventos oficiales del Mundial sean considerados espacios libres de intervenciones del ICE. Argumentan también que su presencia podría disuadir a miles de aficionados y residentes de acudir a los partidos o participar en actos relacionados con el evento.

La tensión tampoco pasó desapercibida en el Congreso. La representante demócrata Nellie Pou, de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium donde se jugará la final, presentó la Save the World Cup Act, que prohibiría las operaciones de inmigración civil en un radio de un kilómetro y medio alrededor de los estadios, aparcamientos y zonas para los aficionados. 

Pou justificó su iniciativa de esta manera: “Cuando le pedí directamente al jefe de ICE que nos garantizara que se mantendrían alejados de los partidos, se negó”, afirmó.

Su compañera de partido LaMonica McIver, también de Nueva Jersey, impulsó una propuesta paralela para impedir que fondos federales de seguridad se destinen a operaciones del ICE en las sedes del torneo. 

Ambas iniciativas, sin embargo, tienen escasas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos antes del inicio del torneo. 

El Consejo de Ministros de Esapaña aprobó este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 migrantes, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

Así, la regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria –que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias–. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintas noticias falsas difundidas por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racalizadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hotelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Arrestos de niños de cinco años, centros de detención inhumanos o un récord de muertos a manos de sus agentes es el historial de ICE, la policía migratoria a la que Trump infló en este segundo mandato en la Casa Blanca.

2026 empezó con la ejecución a plena luz del día y delante de cámaras de Renee Good y Alex Pretti, dos de los casos que causaron conmoción y crearon protestas masivas en Estados Unidos. Pero no fueron casos aislados: en todo 2025 hubo 32 muertes bajo responsabilidad de ICE, la cifra más alta desde 2004, un año después del nacimiento de la agencia. 

Todas las víctimas antes de Renee Good y Alex Pretti eran personas migrantes, algunos con décadas en EE.UU. y procedentes de países tan dispares como Honduras, Ucrania, República Dominicana o China. A todo este historial se suma el caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido por un agente de ICE cuando volvía del colegio con su mochila de Spiderman. Su historia se convirtió en símbolo y, esta semana, una jueza de Estados Unidos ordenaó su liberación y la de su padre.

Pero el caso del menor por parte de ICE no es una excepción. Solamente de enero a octubre de 2025 esta policía migratoria detuvo a 3.800 menores junto a sus padres. El segundo mandato de Trump comenzó con un nombre clave: Kilmar Abrego García. Si recordás, es el salvadoreño al que Estados Unidos deportó a una cárcel de Nayib Bukele en El Salvador “por error” en un caso se convirtió en un símbolo de resistencia.

Para repasar los últimos episodios del ICE, es importante hablar de Alligator Alcatraz. Se trata del centro de detención de personas migrantes que acumula un historial de denuncias por las pésimas condiciones y desapariciones. Es el lugar en el que terminan las redadas y detenciones por perfil racial de ICE, y las cifras hablan por sí solas: 2025 acabó con 75.000 personas retenidas en estos centros y, por mucho que Trump diga que todos son criminales, simplemente no es verdad: el 75% de los arrestados ni siquiera tiene condenas penales.

Las imágenes de los imponentes despliegues de Trump en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles o Minnesota dieron la vuelta al mundo. Y esto habla de cómo Trump disparó económicamente y en número a ICE en este segundo mandato: su presupuesto anual pasó de 10.000 a 29.000 millones anuales, el dinero para centros de detención de migrantes asciende a los 45.000 millones y el número de oficiales pasó de 10.000 a 22.000 según la propia agencia.

La gran pregunta es: ¿alguien podrá parar todo esto?

Estados Unidos y la Argentina estarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría al gobierno de Donald Trump enviar a inmigrantes deportados de terceros países al territorio argentino. La información fue revelada este viernes por The New York Times, que citó a dos personas al tanto de las negociaciones y documentos internos de la administración estadounidense. El entendimiento, que aún no fue cerrado, habilitaría a que los extranjeros sean trasladados a Buenos Aires para luego tomar vuelos hacia sus países de origen.

Según el diario neoyorquino, Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. La versión fue confirmada al medio por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem. El objetivo central de la Casa Blanca sería acelerar las deportaciones en el marco de la política migratoria endurecida impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Consultadas por la prensa local, fuentes de la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios. Desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado repitieron la misma fórmula de silencio, aunque remarcaron que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad.

De acuerdo con los documentos citados por The New York Times, el Gobierno de Javier Milei expresó reparos internos ante la posibilidad de una reacción negativa de la opinión pública, así como preocupaciones vinculadas a los costos financieros, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. También se mencionan limitaciones de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes, además de la tensión que el acuerdo podría generar con la propia política oficial de control migratorio en la Argentina.

En la Casa Rosada reconocieron, en paralelo, que durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad hubo sondeos informales por parte de autoridades estadounidenses, aunque sin avances concretos. Las dudas, señalaron fuentes oficiales, estuvieron vinculadas al impacto social y político que podría generar la llegada de personas de otras nacionalidades, en un país con una tradición migratoria distinta a la de otros Estados que ya firmaron acuerdos similares, como El Salvador o Panamá.

El eventual pacto se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para sellar acuerdos con países aliados y utilizar terceros territorios como escala para deportaciones. Según el diario estadounidense, esta modalidad busca enviar un “mensaje disuasorio” a quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera y facilitar la expulsión de migrantes provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o enfrenta dificultades para obtener documentación de viaje.

El artículo de The New York Times también subraya que el interés de Milei por avanzar en este entendimiento refleja su voluntad de profundizar la alianza política con Trump, aun cuando el acuerdo pueda resultar controversial a nivel local. En ese marco, se menciona que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta formal para instrumentar el mecanismo, con el aval del canciller Pablo Quirno.

Por el momento, no hay confirmación oficial ni plazos definidos. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un nuevo frente de debate sobre el rol de la Argentina en la política migratoria regional y el alcance de su alineamiento con Estados Unidos en un tema especialmente sensible.

Los dos agentes federales que asesinaron a Alex Pretti, enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, llevan de baja desde el tiroteo del sábado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional este miércoles.

El anuncio se produce en un momento en que Trump parece mostrarse dispuesto a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración, aunque no había indicios de cambios significativos después de semanas de retórica agresiva y enfrentamientos con los manifestantes.

Aún está pendiente de saber si el departamento tomó medidas con respecto a los otros agentes involucrados en el asesinato del enfermero, como es el caso de quienes lo habían inmovilizado antes de que los dos agentes le dispararan y lo mataran.

Enfrentamiento previo con ICE

Pretti se vio envuelto en un altercado previo con agentes de ICE el 13 de enero, 11 días antes de que lo matasen. Un video publicado por el medio The News Movement lo muestra increpando a agentes subidos en un coche de la agencia migratoria y pateando las luces traseras del vehículo, tras lo cual los ocupantes se bajan y lo placan agresivamente.

“Una semana antes de que lo tiroteasen en la calle —pese a no amenazar a nadie— fue agredido violentamente por un grupo de agentes de ICE. Nada de lo que pasó [...] puede haber justificado el asesinato de Alex”, declaró a The Guardian Steve Schleicher, abogado de la familia.

Altos representantes de la Administración Trump, que defendieron enérgicamente el asesinato y mintieron sobre las acciones de Pretti, de 37 años, antes de su muerte, no han identificado públicamente a los agentes que le dispararon.

El domingo, Greg Bovino, quien entonces supervisaba las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump en MInneapolis, declaró a CNN que los agentes seguían trabajando, habían sido trasladados a otras ciudades y “muy probablemente estarían en funciones administrativas”.

La noticia llega mientras las autoridades de Minneapolis y la Policía del Capitolio de Estados Unidos investigan el ataque contra la representante por Minnesota Ilhan Omar, demócrata, que es una de las personas más insultadas por Donald Trump: un hombre la roció con una sustancia desconocida durante un acto público el martes por la noche, mientras ella criticaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Trump dijo a la ABC el martes por la noche que no había visto el video del ataque a Omar: “No pienso en ella. Creo que es una farsante. Probablemente, se hizo rociar ella misma, conociéndola”.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de Trump, llegó a decir este martes en la CNN que los agentes que mataron a Pretti después de que fuera inmovilizado y desarmado “podrían no haber seguido” el protocolo. El día del asesinato, Miller justificó a los agentes y describió a Pretti como un presunto asesino.

Este martes, los tres principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a más de 150 demócratas del Congreso para respaldar una iniciativa de juicio político contra ella la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Chuck Schumer, líder demócrata en Senado, instó al senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, a separar la financiación de Seguridad Nacional de otros cinco proyectos de ley que financiarían otros departamentos, incluidos Defensa, Salud, Educación y Trabajo.

Los republicanos se han resistido hasta ahora a esa idea, diciendo que los demócratas deberían intentar llegar a un acuerdo con la Casa Blanca en lugar de obstaculizar los proyectos de ley de financiación. Está prevista una votación de prueba sobre el paquete de financiación para el jueves.

Schumer expuso las demandas de los demócratas para nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración. En términos generales, quieren que se ponga fin a las patrullas de inmigración itinerantes. También quieren que los agentes observen los estándares convencionales de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza y que los agentes federales dejen de usar máscaras, con el requisito adicional de que siempre porten la identificación adecuada.

Si no se cumplen esas demandas, dijo, los demócratas no votarán a favor del paquete de gastos en el Senado que financiaría gran parte del gobierno después del viernes. Y el país entraría de nuevo en un cierre parcial del Gobierno.

El Consejo de Ministros español aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que se ha pactado con el partido de izquierda Podemos.

El Ejecutivo comunicó esa iniciativa después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciara el acuerdo con el PSOE, partido gobernante en España, con el objetivo de regularizar en torno a medio millón de personas.

Según Montero, la medida implica “que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”.

Según las estimaciones de los movimientos sociales, la medida alcanzará a más de medio millón de personas migrantes.

Podrán hacerlo con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisan que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente.

Al tramitarse como un real decreto, el Ejecutivo español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios de Gobierno encontraron en materia migratoria.

Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el conservador Partido Popular (PP) aprobaron desde los años ochenta hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes con los que intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.

El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes de que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).

Las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo.

Con información de la agencia EFE

El terror que está desencadenando Donald Trump en las calles de Minneapolis ya se tradujo en dos asesinatos en lo que va de año. Pero las muertes de Renée Nicole Good y de Alex Pretti también son la muestra del tejido solidario que las comunidades y los barrios de Minneapolis desarrollaron en los últimos meses para hacer frente al despliegue de unos 3.000 agentes federales en Minneapolis y la vecina Saint Paul.

“La gente está muy aterrorizada”, explica un vecino de Minneapolis, Brian (nombre ficticio por motivos de seguridad), “y tenemos toda la experiencia de George Floyd. Por eso nos están castigando, porque defendimos a George Floyd. Y Trump nos quiere joder: es parte de su revancha. Además, parece estar obsesionado, incluso sexualmente, con Ia congresista [por Minnesota, de origen somalí] Ilhan Omar”.

En efecto, el estado de Minnesota es singular: es un potente bastión demócrata en el que nunca ganaron los republicanos, y controlan todas las administraciones, lo cual es algo que no soporta Donald Trump, que lanzó una cruzada contra el gobernador, Tim Walz, excandidato a la vicepresidencia con Kamala Harris, la comunidad somalí, numerosa en Minnesota y a la que ha calificado de “basura”, y la congresista Ilhan Omar, para quien ha pedido la cárcel.

Y, ante eso, que se fue recrudeciendo a partir de diciembre, los barrios se están organizando para dar apoyo mutuo a los vecinos migrantes que no se atreven a salir de casa: patrullas de civiles que van observando a los agentes federales para grabar y así poder usar esos vídeos en un juicio, los equipos de respuesta rápida para ir cuando se producen las redadas; abogados para representar a testigos y víctimas de la violencia de ICE...

Pero también para resolver necesidades básicas como ser visto por un médico, recoger la nieve de la puerta o ir al supermercado a comprar comida.

Javier Morillo, puertorriqueño, residente en la ciudad gemela de Saint Paul, explica: “Me llena de orgullo vivir en estas calles, porque para mí esto parece el equivalente a que en 1930 los alemanes se hubieran sublevado para proteger a la comunidad judía. Es lo que está pasando. Aquí, principalmente los blancos americanos, aquellos con ciudadanía estadounidense, están arriesgando sus vidas para proteger a sus vecinos. Y hoy, en este frío increíble, que salgan ahora 60.000 personas a la calle es increíble”.

“Cada vecindario tiene una comunicación a través de Signal”, explica Morillo, “y se están protegiendo las escuelas. Yo vivo al lado de una escuela y desde la mañana hay patrullas de vecinos para ver si llega la migra. Es increíble. Para mí, una parte importante de hoy es que el resto del país vea que podemos resistir”.

“En este momento estoy dedicado a esto las 24 horas del día”, dice Brian, quien explica: “Yo estoy aquí organizando notarios. ¿Para qué? Para autentificar cartas de apoyo para los detenidos y para autentificar firmas de [Delegation of Authority, DOPA], o poder de abogado. Cuando te lleven, deberías asignar a alguien como responsable del hijo, por ejemplo. Pero la gente no sabe cómo llegar al notario. Y estoy motivando a los notarios a organizarse y vincularse con las redes organizadas de apoyo”.

Otro ejemplo de apoyo mutuo, explica Brian, es “organizar médicos, para visitas a casas para atender a la gente, sobre todo priorizando la situación de mujeres, embarazadas y niños”.

Hay varias redes de apoyo mutuo, como Monarca, Emergent Reference Network o Vuelo Sagrado. Y luego están los grupos de Signal.

“Se organiza de manera hiperlocal”, prosigue Brian: “Por zonas de la ciudad”.

Hay varios canales en Signal sobre información general, apoyo mutuo, patrullas y respuesta rápida.

La organización es viva y la respuesta es inmediata, relata Brian: “Estamos organizados en tiempo real. Y tenemos subgrupos, de notarios, de salud... Los médicos de nuestra zona se están involucrando para brindar el servicio de salud a población que no puede salir de la casa. El otro sábado yo me fui a una casa con una doctora y estuvimos dos horas haciendo un diagnóstico de la familia entera. El apoyo mutuo también es comida, claro. Hay gente que empaqueta, hay gente que distribuye y de manera orgánica, natural, están adoptando a las familias y encargándose de todas las necesidades. Hay otro apoyo mutuo de asistencia para el alquiler, y los grupos que trabajan el tema de vivienda están trabajando duro para que el gobernador apruebe una moratoria contra desahucios y buscando fondos de asistencia para arriendo, entre entidades del condado, estatales, municipales... Están tratando de reunir el dinero para tener un fondo para subvencionar a la gente el alquiler”.

Jessica Garraway, profesora de Secundaria y miembro de la Federación de Educadores de Minneapolis, explica: “La brutalidad del gobierno federal en esa situación es realmente un factor movilizador para la ciudad. Y creo que para este país también. No creo que estuviéramos donde estamos ahora, con toda esta gente movilizada”.

Para Garraway, los asesinatos a manos de agentes federales son momentos decisivos: “Como cuando se produjo el asesinato de George Floyd. Evidencia el espíritu de lucha y la pasión de la gente aquí. Y creo que estamos desempeñando un papel realmente importante al mostrarle al país cómo es la resistencia, con las patrullas que se han estado realizando, la ayuda mutua que se ha estado brindando en el terreno... Soy profesora, y los profesores se están organizando, los padres se están organizando... Es una resistencia masiva para proteger a los niños en nuestras comunidades. Enseño a estudiantes inmigrantes, y prácticamente todos mis estudiantes están aprendiendo de forma virtual en este momento, los padres tienen miedo de enviar a sus hijos”.

Miedo a los infiltrados

“Para llegar a los grupos más especializados”, explica Brian, “hay que pasar un proceso de filtración, de evaluación, que se llama acá, que básicamente es donde investigamos a la persona para asegurar que no sea un infiltrado. Hay miedo. Y se dice que el ICE está tratando de vestirse más como obreros, como trabajadores, carpinteros, sin distintivos. Y que están comprando marca Northface para disimular un poco”.

“Pero no basta con cambiar de marca de ropa”, prosigue, “hay mucho miedo de infiltrados. Siempre en la calle hay infiltrados en las protestas, lo vimos mucho con George Floyd. Todos sabemos que incluso esta conversación podría estar intervenida. Pero yo soy más optimista que la media. La gente estuvo muy golpeada el sábado por este asesinato. Pero tuve un día muy lindo, me fui con mis dos niñas de siete y nueve años al sitio del asesinato y lo compartí con ellas, que están entendiendo que hay ahí violencia de Estado y terrorismo de Estado”.

Una de las claves en este caso es la proximidad. “Aquí nosotros nos conocemos”, explica Brian: “Todos somos de aquí, no viene mucha gente de afuera. Nos podemos poner en contacto de inmediato y de diferente maneras tanto por sistemas de comunicación como por vías más tradicionales: nos vemos en las bibliotecas, los cafés, paseando al perro”.

Amenazas de Trump

La respuesta del presidente de EEUU no está siendo hacer autocrítica por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Al revés: calificaron a Renée Good de terrorista y a Alex Pretti lo quisieron hacer pasar por un pistolero.

Así, este domingo dijo Trump en Truth Social: “Las ciudades y estados santuario gobernados por demócratas se niegan a cooperar con el ICE, e incluso están alentando a agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores criminales. Al hacer esto, los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, y han creado circunstancias peligrosas para todos. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

“Por eso”, afirma el presidente de EEUU: “Hago un llamamiento al gobernador Walz, al alcalde Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de EEUU para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.

Y exige: “El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encuentran encarcelados en las prisiones de su estado, junto con todos los inmigrantes ilegales con una orden de arresto activa o con antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata; las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local; la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener a los inmigrantes ilegales que son buscados por delitos; y los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida expulsión de todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., ya lo han hecho, lo que ha resultado en calles más seguras para todos”.

Mientras tanto, enfrente del lugar en el que fue asesinado Alex Pretti, un músico toca el saxofón y un reguero de personas se congregan para mostrar su dolor.

La respuesta del presidente de EE.UU. no está siendo hacer autocrítica por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Al revés: calificaron a Renée Good de terrorista y a Alex Pretti lo quisieron hacer pasar por un pistolero.

Así, este domingo ha dicho Trump en Truth Social: “Las ciudades y estados santuario gobernados por demócratas se niegan a cooperar con el ICE, e incluso están alentando a agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores criminales. Al hacer esto, los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, y han creado circunstancias peligrosas para todos. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

En una entrevista telefónica de cinco minutos con The Wall Street Journal este domingo, el presidente de EE.UU. no responde directamente cuando se le pregunta en dos ocasiones si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente. Ante la insistencia del periodista, el presidente afirma: “Estamos investigando, estamos revisando todo y emitiremos una decisión”.

“No me gusta ningún tiroteo”, añadió Trump: “Pero tampoco me gusta que alguien vaya a una protesta con un arma muy potente y completamente cargada, con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco está bien”. Al preguntársele si los agentes se irían pronto, elogió lo que la administración ya había hecho en Minnesota y dijo: “Dejaremos allí a otro grupo de personas para que se encarguen del fraude financiero”.

Trump afirmó que Pretti portaba un “arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible”, y añadió: “Es un arma que se dispara sin que la gente se dé cuenta”. El Departamento de Seguridad Nacional informó que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm.

Altos miembros de la Administración Trump, incluido el propio presidente, han defendido públicamente al agente y culpado a la víctima.

En este sentido, en su Truth Social, señala el presidente de EE.UU.: “Hago un llamamiento al gobernador Walz, al alcalde Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de EE.UU. para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.

Y exige: “El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encuentran encarcelados en las prisiones de su estado, junto con todos los inmigrantes ilegales con una orden de arresto activa o con antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata; las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local; la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener a los inmigrantes ilegales que son buscados por delitos; y los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida expulsión de todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., ya lo han hecho, lo que ha resultado en calles más seguras para todos”.

“Además”, prosigue Trump, “insto al Congreso de Estados Unidos a que apruebe de inmediato la legislación para poner fin a las ciudades santuario, que son la causa principal de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser refugios seguros únicamente para los ciudadanos estadounidenses que respetan la ley, no para los inmigrantes ilegales delincuentes que han infringido las leyes de nuestra nación”.

Preocupación por el salón de gala

Mientras todo EE.UU. mira Minneapolis, Donald Trump tiene tiempo para preocuparse por el salón que está construyendo en la Casa Blanca, después de haber demolido el Ala Este del edificio presidencial.

“Además de todo lo demás que estoy haciendo, estoy construyendo uno de los salones de baile más grandes y hermosos del mundo, con más de 300 millones de dólares provenientes del dinero de grandes patriotas estadounidenses, y trabajando en estrecha colaboración, desde el principio, con el Ejército y el Servicio Secreto de los Estados Unidos”, ha publicado el presidente de EE.UU. en Truth Social.

“Este es un regalo (¡sin financiación de los contribuyentes!) para Estados Unidos, de entre 300 y 400 millones de dólares (¡dependiendo del alcance y la calidad de los acabados interiores!), para un espacio que se necesita con urgencia y que ha sido anhelado durante más de 150 años por presidentes y administraciones anteriores, para que la Casa Blanca ya no se vea obligada a usar una 'carpa' barata para grandes e importantes compromisos de estado, cenas, reuniones, conferencias e inauguraciones futuras ya programadas (¡por motivos de seguridad y capacidad!), en el césped de la Casa Blanca, que suele estar muy húmedo y expuesto a las inclemencias del tiempo”.

Pero el preisdente de EE.UU. no está contento porque hay quien no ve bien que destruya media Casa Blanca sin control externo: “Casi todo el mundo pensó que hacer un regalo tan grande a los Estados Unidos era 'una cosa maravillosa'. Pero no, como de costumbre, me demandaron, esta vez por la organización de izquierda radical National Trust for Historic Preservation, un grupo al que no le importa en absoluto nuestro país. Todo el acero estructural, las ventanas, las puertas, el equipo de aire acondicionado/calefacción, el mármol, la piedra, el hormigón, las ventanas y el vidrio a prueba de balas, el techo antidrones y mucho más, ya se ha encargado (o está listo para serlo), y no hay forma práctica ni razonable de dar marcha atrás. ¿Por qué estos obstruccionistas y alborotadores no presentaron su demanda sin fundamento mucho antes?”

“Los llamados 'conservacionistas', que reciben financiación de fuentes de lo más extrañas, no deberían poder impedir esta ampliación tan necesaria de nuestra magnífica Casa Blanca”, ha dicho Trump, “un lugar donde ningún presidente ha necesitado jamás permiso para realizar cambios o mejoras, debido a la importancia histórica del terreno en el que se encuentra, por grande (¡e importante!) que sea dicha mejora. Además, en este caso, se está llevando a cabo con el diseño, el consentimiento y la aprobación de los más altos niveles del Ejército y del Servicio Secreto de Estados Unidos. La mera presentación de esta ridícula demanda ya ha revelado, lamentablemente, este hecho hasta ahora de alto secreto: detener la construcción a estas alturas, cuando ya se ha encargado y realizado tanto trabajo, sería devastador para la Casa Blanca, para nuestro país y para todos los implicados”.

La respuesta de Clinton y los Obama: “Esto tiene que acabar”

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama estadounidense, Michelle Obama, han respondido a la gestión de Donald Trump en un comunicado que han publicado en redes sociales. “El asesinato de Pretti es una tragedia desgarradora, y también debería ser una llamada de atención para cualquier estadounidense, independientemente de su partido, para que veamos que nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados”, lee el texto. Los exmandatarios demócratas reconocen que los agentes federales encargados de la inmigración tienen un “trabajo difícil”, pero les piden “reconsiderar” su modus operandi: “Los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública”.

Eso no es lo que está ocurriendo a ojos de los Obama, que hablan de “tácticas” empleadas por las fuerzas de ICE y “diseñadas” para “intimidar, acosar, provocar y poner en peligro” a los estadounidenses. “Estas tácticas sin precedentes han provocado ahora la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses. Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer una apariencia de disciplina y responsabilidad a los agentes que han desplegado, el presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por agravar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y Renee Good que no se basan en ninguna investigación seria”, añaden. “Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia y proteger nuestras libertades fundamentales”

Una carta parecida ha publicado también el expresidente Bill Clinton. El statement critica duramente las políticas de Trump y las acciones de ICE, tanto durante las protestas de Minneápolis como durante las redadas antiinmigrantes de las últimas semanas, en las que los agentes federales han llegado a arrestar a varios menores de edad. “Todo esto es inaceptable y debería ser evitable. Para empeorar aún más las cosas, los responsables nos han mentido todo el rato, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han aplicado tácticas cada vez más agresivas y antagónicas, entre ellas obstaculizar las investigaciones de las autoridades locales”, critica Clinton. “A lo largo de nuestra vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que nuestras decisiones dan forma a la historia en los años venideros. Este es uno de ellos. Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que nunca las recuperemos”, advierte.

Usar la cuenta oficial de X de la Casa Blanca para difundir una imagen modificada de una detenida en una protesta contra el ICE en Minnesota para hacer creer, erróneamente, que se encontraba llorando. Esto es lo que está haciendo la Administración Trump en estos momentos, y lo defiende de la siguiente manera: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará, y los memes continuarán”.

La imagen manipulada muestra el arresto de Nekima Levy Armstrong, una destacada abogada de derechos civiles, quien junto a otras dos personas involucradas en una protesta contra el ICE, fueron detenidas este jueves tras interrumpir un servicio religioso en una iglesia de Saint Paul (Minnesota). Se les acusa de un delito federal contra la libertad religiosa.

Las detenciones se produjeron mientras el vicepresidente de EEUU, JD Vance, se encontraba en Minnesota. En declaraciones en Minneapolis, instó a las fuerzas policiales estatales y locales a colaborar con las federales, y dijo que los manifestantes deben dejar de interponerse en su camino.

La fiscal general, Pam Bondi, informó del arresto de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X este jueves.

El domingo, los manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de Saint Paul (Minnesota), donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejerce de pastor religioso.

Bondi publicó más tarde en X que se había detenido a una segunda persona, seguida de un tercer arresto anunciado por el director del FBI, Kash Patel en relación con el grupo que interrumpió los servicios religiosos coreando “Fuera ICE” y “Justicia para Renée Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

A raíz de la detención de Nekima Levy Armstrong, la Casa Blanca decidió publicar una foto manipulada para hacer creer que lloraba durante su arresto.

La misma imagen, pero sin manipular, fue difundida este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Los investigadores de Seguridad Nacional y los agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, quien desempeñó un papel clave en la organización de los disturbios en la iglesia de Saint Paul, Minnesota. Se le acusa de un delito federal. La libertad religiosa es la base de los Estados Unidos: no existe el derecho de la primera enmienda a impedir que alguien practique su religión”.

La Casa Blanca explicó en X, a través de un portavoz: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma automática a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Y concluyó el mensaje a la manera que lo suele hacer Donald Trump: ”Gracias por su atención en este tema“.

De azote contra los migrantes a altavoz del imperialismo más crudo del Gobierno de Donald Trump. El jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, apuntaba a Groenlandia sin tapujos con una demoledora frase que sigue resonando en Europa: “Somos una superpotencia y nos comportaremos como una superpotencia”. Aunque parezca una más de las muchas salidas de tono por parte de asesores de segunda línea del Gobierno estadounidense, cuando Miller habla, hay que escucharle. 

Este hombre de 40 años se ha convertido en el asesor de máxima confianza del presidente a base de ser un buen soldado: Trump ordena y él ejecuta con una precisión mecánica, aunque no esté de acuerdo con el mandatario. Y la discrepancia no viene porque al subalterno le parezcan demasiado extremas las ideas del presidente, sino al contrario. El mismo Trump ha llegado a señalar que el dogmatismo de su asesor le ha parecido demasiado radical en algunas ocasiones. “Me encantaría que [Miller] viniera aquí y explicara sus verdaderos sentimientos, o quizá no los más verdaderos”, bromeaba en octubre el presidente en una reunión informativa en el Despacho Oval.

Trump considera que las ideas de Miller pueden ser demasiado duras para el público externo. Pero eso no ha impedido que se haya convertido en una de las principales referencias del presidente, que le consulta casi todas sus decisiones políticas.

Esta cosmovisión geopolítica tan hobbesiana se enfoca en la que siempre ha sido la gran obsesión de Miller: la inmigración. La dureza y supremacía desde donde observa el resto del mundo es la misma con la que contempla a las personas extranjeras

Las declaraciones del lunes en la CNN, aunque para muchos resultaran impactantes, no eran un intento del jefe de gabinete adjunto por escalar posiciones —no le hace falta— ni ganar atención. Lo decía porque lo cree de verdad, del mismo modo que retrató a la oposición política como las “fuerzas del mal” después del asesinato de Charlie Kirk; que defendió suspender el derecho de habeas corpus para los inmigrantes; y que cree realmente en la llegada de un orden internacional gobernado por la “fuerza”. 

Esta cosmovisión geopolítica tan hobbesiana se enfoca en la que siempre ha sido la gran obsesión de Miller: la inmigración. La dureza y supremacía desde donde observa el resto del mundo es la misma con la que contempla a las personas extranjeras. Tengan papeles o no. Miller es el gran ideólogo de la campaña de deportaciones masivas de Trump y es el ojo que cada día escruta todas las acciones y planes relacionados con dicha empresa. Esto lo puede hacer porque además de su cargo en el gabinete, también es el director del Consejo de Seguridad Nacional.

Este grupo de trabajo entre agencias, vestigio de la guerra contra el terror de la administración de George W. Bush, es el auténtico vértice de poder que le permite a Miller supervisar toda la sopa de letras que conforman el FBI, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el CBP (Patrulla Fronteriza) y otras similares. Con intransigencia y sequedad, Miller maneja el látigo para que la maquinaria de la campaña de deportaciones funcione a toda marcha. Como uno de los arquitectos del Project 2025, el plan ultraconservador del think tank Heritage Foundation, Miller se está asegurando de que se cumpla con la hoja de ruta marcada.

Fueron estas mismas presiones las que incentivaron las macrorredadas de ICE en Los Ángeles, caracterizadas por la arbitrariedad y la brutalidad, que después desencadenaron las protestas en la ciudad. Miller presionó al cuerpo porque consideraba que el número de deportaciones estaba siendo demasiado bajo para llegar a un millón al año. En mayo, justo antes del desembarco en la ciudad californiana, exigió al ICE un ritmo de 3.000 arrestos de inmigrantes al día. Esta presión por acelerar el proceso también pudo ser el motivo detrás de la macrorredada en la fábrica de Hyundai de Georgia de septiembre.

Miller también está detrás de la campaña de reclutamiento para ampliar la agencia migratoria, que inicialmente contaba con unos 10.000 efectivos. Quiso duplicarlos llamando a defender la nación de una “invasión”. A principios de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció con satisfacción que había incorporado 12.000.

Las simpatías de Miller por el supremacismo blanco son más que conocidas, como cuando envió unos correos electrónicos al portal web conservador 'Breitbart News' para que difundiera ideas de una novela de los años 70 popular entre nacionalistas blancos y neonazis

Sobre el reciente tiroteó mortal a una mujer filmado en directo durante una redada de ICE, Miller ha sido el más vociferante. No solo niega el sentido propio de las imágenes, sino que las atribuye a una conspiración con tintes de guerra civil: “El Partido Demócrata está decidido a incitar una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros en nuestro territorio”.

Miller fue el ideólogo de las políticas de separación de familias durante el primer mandato de Trump. Aunque no es un experto en derecho, también fue quien durante la COVID-19 reinterpretó de forma imaginativa una disposición de emergencia de 1944 para cerrar la frontera y expulsar en caliente a los migrantes que entraran desde México. Entonces era solo asesor del presidente y, por tanto, no tenía tanto poder como ahora. Pero aun así dio cobertura a la mano dura del magnate contra las personas migrantes.

La fijación con los inmigrantes no es casual: las simpatías de Miller por el supremacismo blanco son más que conocidas. En 2019, el Southern Poverty Law Center informó de la filtración de unos correos electrónicos que Miller había enviado al portal web conservador Breitbart News, en los que los presionaba para que difundieran ideas del libro The Camp of the Saints, una novela de los años 70 popular entre nacionalistas blancos y neonazis.

Miller trata de frenar incluso la llegada de inmigrantes legales, especialmente si estos no encajan con su ideal de la sociedad americana. De este modo, ha presionado para poner trabas a los programas de inmigración legal, como el DACA, creado por Obama en 2012 para dar protección a los menores que entraron en Estados Unidos sin papeles. Las siglas, que significan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también se utilizan para describir a este grupo poblacional. Trump solía hablar bien de los DACA, pero recientemente su tono ha cambiado.

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, durante una confrontación por las crecientes redadas migratorias en el estado de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del fallecimiento de la mujer, a la que acusó de ser “una alborotadora violenta”. Según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, la víctima “usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento de matarlos”, algo que calificó de “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, señaló en sus redes sociales, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

La mujer fue tiroteada mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde según el DHS fueron detenidos en total más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria desde comienzos del año nuevo.

Residentes de Minnesota estaban protestando este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS afirmó que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, quienes afrontan un incremento del 1.300% en los ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte, según los datos ofrecidos por McLaughlin.

El alcalde de Mineápolis: “Quieren una excusa para demostrar su fuerza”

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, remarcó en una rueda de prensa esta tarde que está “muy enfadado”, pero pidió a la población de Mineápolis “hacer frente al odio” con su “amor”: “La pregunta es por qué un agente federal antiinmigración dispara a una mujer (...) Quieren que respondamos de una forma que les dé pie a ocupar militarmente nuestra ciudad, quieren una excusa para demostrar su fuerza... No vamos a dejar que eso ocurra”.

“Somos mejores que un puñado de policías que se despliegan en las ciudades y que ponen en peligro a nuestras familias y comunidades”, agregó Frey ante los medios de comunicación, antes de darle la palabra al jefe de policía de la ciudad del estado de Minnesota.

Antes de la comparecencia, el alcalde demócrata había exigido en sus redes sociales que el ICE abandonara “inmediatamente” la ciudad: “Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”.

Una agenda nacional antiinmigración

El incidente recuerda a otro similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU en 2024, Tim Walz, anunció el lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena de televisión CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Mineápolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

“Aguanté todo lo que pude, pero ya era sumamente difícil”, relató una joven venezolana llegada hace un año a Madrid, durante una concentración en apoyo a la oposición de su país. Como ella, miles siguen eligiendo España como destino para rehacer su vida lejos de la persecución, la crisis económica y el colapso institucional en Venezuela.

Según el censo español al 1 de enero de 2025, ya residían 377.809 personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un crecimiento del 16,2% en un año y casi diez veces más que en 2014. De este modo, la comunidad venezolana pasó a ser el 5,5% de la población extranjera en el país y es, por amplísimo margen, la más numerosa de Europa.

La gran mayoría se radicó en las zonas con mayor actividad económica: el 33% vive en Madrid y el 11,3% en Barcelona, de acuerdo al Observatorio Permanente de la Inmigración. Y aunque España es solo uno de los destinos posibles, se destaca dentro de la Unión Europea: en 2023 había allí más de 209.000 venezolanos con residencia legal, frente a los 14.000 de Italia, su inmediato seguidor, según Eurostat.

La lengua, la historia compartida y la existencia de redes familiares explican parte de la elección. Pero el dato más significativo es que se trata de una migración masiva, continua y cada vez más joven: el 80% de los residentes venezolanos en España tiene entre 16 y 64 años, y la mitad son menores de 35.

Trabajo, asilo y formación profesional

A fines de 2025, 214.904 venezolanos tenían permiso de trabajo en el país. De ellos, el 87% eran asalariados y casi la mitad mujeres. Esto ubica a la comunidad como la segunda más importante entre las latinoamericanas en términos de aportes a la Seguridad Social, solo detrás de la colombiana.

Más de 66.000 personas solicitaron protección internacional en 2024, y ya en el primer trimestre de 2025 se sumaron otras 23.724, que representaron el 59% de todas las solicitudes en ese período. El año pasado se resolvieron 33.004 peticiones, con una aprobación del 99%, una señal de reconocimiento generalizado a la situación crítica que atraviesa Venezuela.

Pese a ello, la inserción laboral no siempre refleja el capital profesional de quienes emigran. Según la fundación Código Venezuela, más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros, y cientos de odontólogos y veterinarios venezolanos residen en el país, aunque cerca del 40% trabaja en hostelería, comercio, atención al cliente, cuidados, limpieza o agricultura.

Muchos llegan con títulos universitarios y experiencia, pero enfrentan obstáculos burocráticos para homologar sus estudios o acceder a empleos acordes a su formación. La fundación apunta que hay una gran demanda de acompañamiento para la integración sociolaboral, especialmente entre los jóvenes y profesionales calificados.

Expectativas, desafíos y redes de apoyo

El crecimiento sostenido de la comunidad venezolana plantea nuevos desafíos para las políticas de integración y el sistema de reconocimiento de cualificaciones. También visibiliza una transformación profunda del perfil migratorio latinoamericano en España: más politizado, más joven, con más mujeres y más propensión al arraigo permanente.

En paralelo, se expanden las redes de apoyo entre migrantes y las organizaciones que impulsan capacitaciones, acceso a derechos y espacios de contención. “No es fácil empezar desde cero, pero hay mucha solidaridad”, destacan desde varias asociaciones.

Con decenas de miles de nuevas llegadas cada año, la experiencia venezolana en España seguirá marcando el pulso de las políticas migratorias en la región y cuestionando modelos de inserción laboral que muchas veces desperdician talento y esfuerzo.

JJD

El Día Internacional del Migrante se celebra cada 18 de diciembre con el objetivo de reconocer la contribución social, cultural y económica de las personas migrantes en todo el mundo, así como de concientizar sobre los desafíos que enfrentan quienes dejan su lugar de origen para construir un nuevo proyecto de vida en otro país. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una mirada basada en los derechos humanos y la inclusión.

La migración es un fenómeno histórico que atraviesa fronteras, generaciones y culturas. Según organismos internacionales, millones de personas migran cada año impulsadas por distintos motivos, como la búsqueda de trabajo, la reunificación familiar, el acceso a la educación o la necesidad de escapar de conflictos, crisis económicas o situaciones de violencia. Detrás de cada desplazamiento hay historias personales marcadas por el esfuerzo, la resiliencia y la esperanza.

A pesar de su aporte a las sociedades de destino, las personas migrantes suelen enfrentar obstáculos como la discriminación, la precarización laboral, la falta de acceso a servicios básicos y la vulneración de derechos fundamentales. En este contexto, el Día Internacional del Migrante busca poner en agenda la importancia de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, integración social y condiciones de vida dignas.

La fecha también invita a reflexionar sobre el rol de las comunidades receptoras y la necesidad de construir sociedades más inclusivas. La diversidad cultural que aportan las migraciones enriquece las identidades nacionales y fortalece el tejido social, promoviendo el intercambio cultural y el crecimiento colectivo.

En países como Argentina, la migración forma parte central de la historia y la identidad nacional. Desde sus orígenes, el país se construyó a partir de múltiples corrientes migratorias que dejaron una huella profunda en la cultura, el trabajo, la educación y la vida social.

Más que una efeméride, el Día Internacional del Migrante es un llamado a la empatía y al compromiso con los derechos humanos. Reconocer y valorar a las personas migrantes implica avanzar hacia sociedades más justas, solidarias y respetuosas de la diversidad.

NB

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington y que pone a la Policía de la capital bajo control federal. Trump quiere aplicar a Washington DC el mismo libreto que empleó en Los Ángeles: dibujar una ciudad decadente, marcada por el caos y el crimen, para así poder justificar el despliegue de la Guardia Nacional.

“La tasa de homicidios en Washington es hoy más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que suelen considerarse de los peores del mundo”, afirmó falsamente el presidente en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca este lunes. Según datos del departamento de policía de DC, en 2024 la tasa de homicidios fue de 112 asesinatos. En Bogotá, solo de enero a septiembre de 2024, hubo 863 homicidios, según datos del Concejo de Bogotá.

Debido a la condición administrativa particular que tiene el Distrito de Columbia, la movilización de la Guardia Nacional es potestad del presidente. El republicano también anunció que pone la policía local bajo control federal. Para hacerlo, hizo uso de la sección 740 de la District of Columbia Home Rule Act, la norma que lo habilita para tomar esta decisión. “Tendrán más policía, y estarán tan felices porque estarán seguros cuando caminen por la calle, veran policías o veran agentes del FBI”, dijo.

“Nuestra capital fue ocupada por bandas violentas y criminales sanguinarios, grupos errantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no permitiremos que esto pase más”, defendió Trump, aunque las estadísticas dicen lo contrario. El crimen violento disminuyó un 26% en la ciudad en comparación con esta misma época de 2024, según datos de la policía de Washington. Asimismo, los homicidios bajaron un 12%.

“El proceso empieza ahora”, anunció el presidente. “Será algo increíble de ver. Y creo que muchos de ustedes dijeron que sería algo lindo de hacer, ¿verdad? Iremos retirando todos los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques, nuestros preciosos parques”, aseguró.

Trump amenazó a otras ciudades santuario como Washington, con tomar medidas similares a las se toman ahora en la capital y que se aplicaron en su momento en Los Ángeles. “”Enseguida vamos a mirar Nueva York“, dijo Trump. ”Y si es necesario, también vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre“.

Los términos ciudad, santuario y estado santuario se utilizan para referirse a los lugares de Estados Unidos donde las policías locales no tienen permitido cooperar con las federales, lo que los hace más seguros para las personas indocumentadas. Nueva York, Chicago, DC y Los Ángeles, además de ser bastiones demócratas —a los cuales ve como enemigos— también son un freno a su campaña de deportaciones masivas debido a que garantizan más derechos para las personas sin papeles.

Durante los últimos días, la administración ya desplegó agentes del FBI en las calles durante los turnos nocturnos de la policía local para ayudar a prevenir robos de vehículos con violencia y otros delitos, según informan las autoridades.

Horas antes de su comparecencia, escribió: “¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”.

Mientras, el ejército estadounidense se prepara para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., adelantó un funcionario del Departamento de Defensa citado por The New York Times.

Trump ya se había quejado en la campaña electoral de la supuesta decadencia de la capital y la retrataba como un lugar plagado por el crimen y la inseguridad. Una de sus promesas electorales era devolver el supuesto esplendor perdido a DC y hacer una “limpieza” de las calles. Este domingo, el presidente Trump comparó la mano dura aplicada en la frontera con México —donde al inicio de su mandato desplegó a militares para frenar los cruces fronterizos— con sus planes para Washington. El presidente dijo que desalojaría “inmediatamente a la población sin hogar de la ciudad y tomaría medidas rápidas contra el crimen”.

Al presidente estadounidense le molesta incluso ver señales de pobreza en la capital cuando juega al golf, pero pese a su empeño en hacer un retrato oscuro y sórdido de la capital, lo cierto es que el crimen violento disminuyó. La alcaldesa de Washington, Muriel E. Bowser, salió a condenar esta descripción y señalar que el crimen disminuyó en los últimos dos años, tras un fuerte aumento posterior a la pandemia en 2023.

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados. “Hace unas semanas empezó a repartirse por el país una carta, con fecha 20 de junio de 2025, en la que se dice que queda cancelado el permiso concedido al entrar en el país y que llegó la hora de salir de EEUU”, explica la activista Julie Contreras, de la organización religiosa United Giving Hope, desde Waukegan (Illinois) en conversación con elDiario.es. Y añade que tiene constancia de cientos de cartas similares enviadas a jóvenes que entraron legalmente a EEUU durante el último año con un permiso condicional humanitario como menores no acompañados, y luego se reunieron con progenitores, generalmente sin papeles, u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.

A pesar de esa reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en las vistas de inmigración debido a la forma en que entraron al país –solos y con ese permiso temporal–, por lo que necesitan abogados para poder defender su caso, algo que no es sencillo para un menor.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como el que representa Contreras, advierten de que estos casos son cada vez más comunes, y que un número creciente de niños recibe cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que informan de la cancelación de ese permiso condicional humanitario que recibieron al llegar al país, lo cual supone una medida para despojar a los menores de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar su deportación sin garantías.

Contreras, fundadora de United Giving Hope, una organización que apoya a familias migrantes en Illinois, cuenta cómo Xally Pastor, una niña de 13 años que recibió una de las cartas, obtuvo el permiso condicional humanitario como menor no acompañada, y se reunió con sus hermanas mayores en Waukegan, a 75 kilómetros de Chicago.

Durante la última década, Contreras ayudó a cientos de niños y madres a cruzar legalmente la frontera sur en busca de asilo, ayudándolos con el papeleo y conectándolos con abogados que apoyan sus casos. “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. La sola amenaza les causa un trauma psicológico severo”, afirma Contreras.

La madre de Xally, por ejemplo, Francisca Petra Guzmán, de 48 años, llegó a EEUU en enero, también como solicitante de asilo. Ambas, explica Contreras, huyeron de un contexto violento en su país.

Trump lleva desde que regresó al cargo enuna cruzada contra la migración, que ahora se ha acentuado con la persecución de los menores. No obstante, la recepción de esta carta no significa automáticamente que el ICE se vaya a presentar en la casa de los menores o en su escuela para deportarlos, explica el abogado especializado en asuntos de inmigración John Antia al Chicago Tribune.

Muchos de estos niños podrían acogerse a otras formas de protección legal. Pero, para ello, deben recurrir a un abogado, lo cual suele estar fuera del alcance de las familias. “Que el ICE pueda detener legalmente a estos niños depende en gran medida del estatus migratorio de cada uno y de sus circunstancias individuales”, dice Antia.

En el caso de Xally, con quien habló elDiario.es, llegó al área de Chicago en septiembre del año pasado, después de haber pasado casi un mes en un centro federal en Texas administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados, con otros menores que, como ella, habían cruzado la frontera sur en busca de asilo.

Deportación de menores

En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Esta es la cifra más alta para ese grupo de edad en cualquier mes desde que comenzó el seguimiento hace más de 35 años, según datos judiciales del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, recogidos por The Independent.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces ordenaron la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes: la mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 eran menores de 4 años y otros 20.000 tenían entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 con órdenes de deportación, aunque esa cifra aún está por debajo del pico registrado en 2020, durante el primer mandato de Trump, según The Independent.

Algunos de estos niños son menores no acompañados, como Xally, pero no se sabe cuántos, ya que las autoridades de inmigración ya no registran esos datos.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una declaración enviada por correo electrónico al Tribune, afirmó que “las acusaciones de que el ICE está 'apuntando' a los niños son falsas y un intento de demonizar a las fuerzas del orden”. McLaughlin añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “no se centra en los niños ni los deporta ni separa a las familias”. En cambio, “ICE pregunta a las madres si desean ser deportadas con sus hijos o si el niño debe ser ubicado con una persona segura designada por el padre o la madre”. Sin embargo, afirma el Tribune, las preguntas sobre por qué se envían cartas a menores no acompañados, como Xally, y cuál es el protocolo para deportarlos, como se indica en la carta, quedaron sin respuesta.

Autodeportación de menores

La Administración Trump está ordenando a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que emplacen a los adolescentes migrantes a autodeportarse a sus países de origen, en lugar de ser enviados a albergues gubernamentales, lo que supone un cambio en la política migratoria estadounidense, según informaron la CNN y CBS News.

Durante muchos años, los funcionarios de inmigración de EEUU debían transferir a todos los niños migrantes no acompañados —o aquellos que ingresaron al país sin permiso y sin sus padres o tutores legales— al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El HHS supervisa una red de albergues donde estos menores permanecen hasta que cumplan 18 años o puedan ser reubicados con alguien que asumiera el cuidado, que tradicionalmente ha sido un familiar residente en Estados Unidos.

Pero ahora se ordenó a los funcionarios de la CBP que ofrezcan a los niños migrantes no acompañados mayores de 14 años la opción de autodeportarse a sus países de origen.

Si los adolescentes eligen esa opción, las autoridades migratorias estadounidenses facilitarían el regreso rápido a sus países de origen.

De lo contrario, serían transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Esta política de salida voluntaria se limitaba anteriormente a los menores no acompañados de los países fronterizos, Canadá y México.

La Ley para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas otorgó protecciones legales especiales a los menores migrantes de países no fronterizos, incluyendo la prohibición de que las autoridades los deportaran por la vía rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a CBS que la megaley 'One Big Beautiful Bill' permite a la Administración Trump el cambio de política.

“Esta es una práctica que se utiliza para priorizar el regreso de los menores con un progenitor o tutor legal en su país de origen”, declaró el DHS en un comunicado. “El único cambio conforme a la 'One Big Beautiful Bill' es ampliar esta opción para que los menores no acompañados regresen a casa desde otros países, además de México y Canadá”, agregó el departamento.

Se desconoce cuántos adolescentes migrantes se verán afectados por la nueva orden.

El número de migrantes que cruzan la frontera sur de EEUU se desplomó a niveles no vistos desde la década de 1960, a causa de la represión de la Administración Trump. En junio, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 6.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, un mínimo mensual récord, que incluyó a menos de 700 menores no acompañados.

La administración tomó medidas de fuerza para deportar a migrantes que viven en situación irregular o cuyo estatus legal fue revocado. Pero, también, ha lanzado una campaña para alentar las autodeportaciones, ofreciendo 1.000 dólares para el viaje y amenazas de arresto, multas y procesamiento si permanecen de forma irregular en EEUU.