El Consejo de Ministros de Esapaña aprobó este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 migrantes, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

Así, la regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria –que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias–. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintas noticias falsas difundidas por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racalizadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hotelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Arrestos de niños de cinco años, centros de detención inhumanos o un récord de muertos a manos de sus agentes es el historial de ICE, la policía migratoria a la que Trump infló en este segundo mandato en la Casa Blanca.

2026 empezó con la ejecución a plena luz del día y delante de cámaras de Renee Good y Alex Pretti, dos de los casos que causaron conmoción y crearon protestas masivas en Estados Unidos. Pero no fueron casos aislados: en todo 2025 hubo 32 muertes bajo responsabilidad de ICE, la cifra más alta desde 2004, un año después del nacimiento de la agencia. 

Todas las víctimas antes de Renee Good y Alex Pretti eran personas migrantes, algunos con décadas en EE.UU. y procedentes de países tan dispares como Honduras, Ucrania, República Dominicana o China. A todo este historial se suma el caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido por un agente de ICE cuando volvía del colegio con su mochila de Spiderman. Su historia se convirtió en símbolo y, esta semana, una jueza de Estados Unidos ordenaó su liberación y la de su padre.

Pero el caso del menor por parte de ICE no es una excepción. Solamente de enero a octubre de 2025 esta policía migratoria detuvo a 3.800 menores junto a sus padres. El segundo mandato de Trump comenzó con un nombre clave: Kilmar Abrego García. Si recordás, es el salvadoreño al que Estados Unidos deportó a una cárcel de Nayib Bukele en El Salvador “por error” en un caso se convirtió en un símbolo de resistencia.

Para repasar los últimos episodios del ICE, es importante hablar de Alligator Alcatraz. Se trata del centro de detención de personas migrantes que acumula un historial de denuncias por las pésimas condiciones y desapariciones. Es el lugar en el que terminan las redadas y detenciones por perfil racial de ICE, y las cifras hablan por sí solas: 2025 acabó con 75.000 personas retenidas en estos centros y, por mucho que Trump diga que todos son criminales, simplemente no es verdad: el 75% de los arrestados ni siquiera tiene condenas penales.

Las imágenes de los imponentes despliegues de Trump en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles o Minnesota dieron la vuelta al mundo. Y esto habla de cómo Trump disparó económicamente y en número a ICE en este segundo mandato: su presupuesto anual pasó de 10.000 a 29.000 millones anuales, el dinero para centros de detención de migrantes asciende a los 45.000 millones y el número de oficiales pasó de 10.000 a 22.000 según la propia agencia.

La gran pregunta es: ¿alguien podrá parar todo esto?

Estados Unidos y la Argentina estarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría al gobierno de Donald Trump enviar a inmigrantes deportados de terceros países al territorio argentino. La información fue revelada este viernes por The New York Times, que citó a dos personas al tanto de las negociaciones y documentos internos de la administración estadounidense. El entendimiento, que aún no fue cerrado, habilitaría a que los extranjeros sean trasladados a Buenos Aires para luego tomar vuelos hacia sus países de origen.

Según el diario neoyorquino, Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. La versión fue confirmada al medio por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem. El objetivo central de la Casa Blanca sería acelerar las deportaciones en el marco de la política migratoria endurecida impulsada por Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Consultadas por la prensa local, fuentes de la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios. Desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y el Departamento de Estado repitieron la misma fórmula de silencio, aunque remarcaron que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad.

De acuerdo con los documentos citados por The New York Times, el Gobierno de Javier Milei expresó reparos internos ante la posibilidad de una reacción negativa de la opinión pública, así como preocupaciones vinculadas a los costos financieros, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. También se mencionan limitaciones de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes, además de la tensión que el acuerdo podría generar con la propia política oficial de control migratorio en la Argentina.

En la Casa Rosada reconocieron, en paralelo, que durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad hubo sondeos informales por parte de autoridades estadounidenses, aunque sin avances concretos. Las dudas, señalaron fuentes oficiales, estuvieron vinculadas al impacto social y político que podría generar la llegada de personas de otras nacionalidades, en un país con una tradición migratoria distinta a la de otros Estados que ya firmaron acuerdos similares, como El Salvador o Panamá.

El eventual pacto se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump para sellar acuerdos con países aliados y utilizar terceros territorios como escala para deportaciones. Según el diario estadounidense, esta modalidad busca enviar un “mensaje disuasorio” a quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera y facilitar la expulsión de migrantes provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas o enfrenta dificultades para obtener documentación de viaje.

El artículo de The New York Times también subraya que el interés de Milei por avanzar en este entendimiento refleja su voluntad de profundizar la alianza política con Trump, aun cuando el acuerdo pueda resultar controversial a nivel local. En ese marco, se menciona que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta formal para instrumentar el mecanismo, con el aval del canciller Pablo Quirno.

Por el momento, no hay confirmación oficial ni plazos definidos. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un nuevo frente de debate sobre el rol de la Argentina en la política migratoria regional y el alcance de su alineamiento con Estados Unidos en un tema especialmente sensible.

Los dos agentes federales que asesinaron a Alex Pretti, enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, llevan de baja desde el tiroteo del sábado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional este miércoles.

El anuncio se produce en un momento en que Trump parece mostrarse dispuesto a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración, aunque no había indicios de cambios significativos después de semanas de retórica agresiva y enfrentamientos con los manifestantes.

Aún está pendiente de saber si el departamento tomó medidas con respecto a los otros agentes involucrados en el asesinato del enfermero, como es el caso de quienes lo habían inmovilizado antes de que los dos agentes le dispararan y lo mataran.

Enfrentamiento previo con ICE

Pretti se vio envuelto en un altercado previo con agentes de ICE el 13 de enero, 11 días antes de que lo matasen. Un video publicado por el medio The News Movement lo muestra increpando a agentes subidos en un coche de la agencia migratoria y pateando las luces traseras del vehículo, tras lo cual los ocupantes se bajan y lo placan agresivamente.

“Una semana antes de que lo tiroteasen en la calle —pese a no amenazar a nadie— fue agredido violentamente por un grupo de agentes de ICE. Nada de lo que pasó [...] puede haber justificado el asesinato de Alex”, declaró a The Guardian Steve Schleicher, abogado de la familia.

Altos representantes de la Administración Trump, que defendieron enérgicamente el asesinato y mintieron sobre las acciones de Pretti, de 37 años, antes de su muerte, no han identificado públicamente a los agentes que le dispararon.

El domingo, Greg Bovino, quien entonces supervisaba las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump en MInneapolis, declaró a CNN que los agentes seguían trabajando, habían sido trasladados a otras ciudades y “muy probablemente estarían en funciones administrativas”.

La noticia llega mientras las autoridades de Minneapolis y la Policía del Capitolio de Estados Unidos investigan el ataque contra la representante por Minnesota Ilhan Omar, demócrata, que es una de las personas más insultadas por Donald Trump: un hombre la roció con una sustancia desconocida durante un acto público el martes por la noche, mientras ella criticaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Trump dijo a la ABC el martes por la noche que no había visto el video del ataque a Omar: “No pienso en ella. Creo que es una farsante. Probablemente, se hizo rociar ella misma, conociéndola”.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de Trump, llegó a decir este martes en la CNN que los agentes que mataron a Pretti después de que fuera inmovilizado y desarmado “podrían no haber seguido” el protocolo. El día del asesinato, Miller justificó a los agentes y describió a Pretti como un presunto asesino.

Este martes, los tres principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a más de 150 demócratas del Congreso para respaldar una iniciativa de juicio político contra ella la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Chuck Schumer, líder demócrata en Senado, instó al senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, a separar la financiación de Seguridad Nacional de otros cinco proyectos de ley que financiarían otros departamentos, incluidos Defensa, Salud, Educación y Trabajo.

Los republicanos se han resistido hasta ahora a esa idea, diciendo que los demócratas deberían intentar llegar a un acuerdo con la Casa Blanca en lugar de obstaculizar los proyectos de ley de financiación. Está prevista una votación de prueba sobre el paquete de financiación para el jueves.

Schumer expuso las demandas de los demócratas para nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración. En términos generales, quieren que se ponga fin a las patrullas de inmigración itinerantes. También quieren que los agentes observen los estándares convencionales de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza y que los agentes federales dejen de usar máscaras, con el requisito adicional de que siempre porten la identificación adecuada.

Si no se cumplen esas demandas, dijo, los demócratas no votarán a favor del paquete de gastos en el Senado que financiaría gran parte del gobierno después del viernes. Y el país entraría de nuevo en un cierre parcial del Gobierno.

El Consejo de Ministros español aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que se ha pactado con el partido de izquierda Podemos.

El Ejecutivo comunicó esa iniciativa después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciara el acuerdo con el PSOE, partido gobernante en España, con el objetivo de regularizar en torno a medio millón de personas.

Según Montero, la medida implica “que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”.

Según las estimaciones de los movimientos sociales, la medida alcanzará a más de medio millón de personas migrantes.

Podrán hacerlo con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisan que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente.

Al tramitarse como un real decreto, el Ejecutivo español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios de Gobierno encontraron en materia migratoria.

Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el conservador Partido Popular (PP) aprobaron desde los años ochenta hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes con los que intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.

El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes de que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).

Las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo.

Con información de la agencia EFE

El terror que está desencadenando Donald Trump en las calles de Minneapolis ya se tradujo en dos asesinatos en lo que va de año. Pero las muertes de Renée Nicole Good y de Alex Pretti también son la muestra del tejido solidario que las comunidades y los barrios de Minneapolis desarrollaron en los últimos meses para hacer frente al despliegue de unos 3.000 agentes federales en Minneapolis y la vecina Saint Paul.

“La gente está muy aterrorizada”, explica un vecino de Minneapolis, Brian (nombre ficticio por motivos de seguridad), “y tenemos toda la experiencia de George Floyd. Por eso nos están castigando, porque defendimos a George Floyd. Y Trump nos quiere joder: es parte de su revancha. Además, parece estar obsesionado, incluso sexualmente, con Ia congresista [por Minnesota, de origen somalí] Ilhan Omar”.

En efecto, el estado de Minnesota es singular: es un potente bastión demócrata en el que nunca ganaron los republicanos, y controlan todas las administraciones, lo cual es algo que no soporta Donald Trump, que lanzó una cruzada contra el gobernador, Tim Walz, excandidato a la vicepresidencia con Kamala Harris, la comunidad somalí, numerosa en Minnesota y a la que ha calificado de “basura”, y la congresista Ilhan Omar, para quien ha pedido la cárcel.

Y, ante eso, que se fue recrudeciendo a partir de diciembre, los barrios se están organizando para dar apoyo mutuo a los vecinos migrantes que no se atreven a salir de casa: patrullas de civiles que van observando a los agentes federales para grabar y así poder usar esos vídeos en un juicio, los equipos de respuesta rápida para ir cuando se producen las redadas; abogados para representar a testigos y víctimas de la violencia de ICE...

Pero también para resolver necesidades básicas como ser visto por un médico, recoger la nieve de la puerta o ir al supermercado a comprar comida.

Javier Morillo, puertorriqueño, residente en la ciudad gemela de Saint Paul, explica: “Me llena de orgullo vivir en estas calles, porque para mí esto parece el equivalente a que en 1930 los alemanes se hubieran sublevado para proteger a la comunidad judía. Es lo que está pasando. Aquí, principalmente los blancos americanos, aquellos con ciudadanía estadounidense, están arriesgando sus vidas para proteger a sus vecinos. Y hoy, en este frío increíble, que salgan ahora 60.000 personas a la calle es increíble”.

“Cada vecindario tiene una comunicación a través de Signal”, explica Morillo, “y se están protegiendo las escuelas. Yo vivo al lado de una escuela y desde la mañana hay patrullas de vecinos para ver si llega la migra. Es increíble. Para mí, una parte importante de hoy es que el resto del país vea que podemos resistir”.

“En este momento estoy dedicado a esto las 24 horas del día”, dice Brian, quien explica: “Yo estoy aquí organizando notarios. ¿Para qué? Para autentificar cartas de apoyo para los detenidos y para autentificar firmas de [Delegation of Authority, DOPA], o poder de abogado. Cuando te lleven, deberías asignar a alguien como responsable del hijo, por ejemplo. Pero la gente no sabe cómo llegar al notario. Y estoy motivando a los notarios a organizarse y vincularse con las redes organizadas de apoyo”.

Otro ejemplo de apoyo mutuo, explica Brian, es “organizar médicos, para visitas a casas para atender a la gente, sobre todo priorizando la situación de mujeres, embarazadas y niños”.

Hay varias redes de apoyo mutuo, como Monarca, Emergent Reference Network o Vuelo Sagrado. Y luego están los grupos de Signal.

“Se organiza de manera hiperlocal”, prosigue Brian: “Por zonas de la ciudad”.

Hay varios canales en Signal sobre información general, apoyo mutuo, patrullas y respuesta rápida.

La organización es viva y la respuesta es inmediata, relata Brian: “Estamos organizados en tiempo real. Y tenemos subgrupos, de notarios, de salud... Los médicos de nuestra zona se están involucrando para brindar el servicio de salud a población que no puede salir de la casa. El otro sábado yo me fui a una casa con una doctora y estuvimos dos horas haciendo un diagnóstico de la familia entera. El apoyo mutuo también es comida, claro. Hay gente que empaqueta, hay gente que distribuye y de manera orgánica, natural, están adoptando a las familias y encargándose de todas las necesidades. Hay otro apoyo mutuo de asistencia para el alquiler, y los grupos que trabajan el tema de vivienda están trabajando duro para que el gobernador apruebe una moratoria contra desahucios y buscando fondos de asistencia para arriendo, entre entidades del condado, estatales, municipales... Están tratando de reunir el dinero para tener un fondo para subvencionar a la gente el alquiler”.

Jessica Garraway, profesora de Secundaria y miembro de la Federación de Educadores de Minneapolis, explica: “La brutalidad del gobierno federal en esa situación es realmente un factor movilizador para la ciudad. Y creo que para este país también. No creo que estuviéramos donde estamos ahora, con toda esta gente movilizada”.

Para Garraway, los asesinatos a manos de agentes federales son momentos decisivos: “Como cuando se produjo el asesinato de George Floyd. Evidencia el espíritu de lucha y la pasión de la gente aquí. Y creo que estamos desempeñando un papel realmente importante al mostrarle al país cómo es la resistencia, con las patrullas que se han estado realizando, la ayuda mutua que se ha estado brindando en el terreno... Soy profesora, y los profesores se están organizando, los padres se están organizando... Es una resistencia masiva para proteger a los niños en nuestras comunidades. Enseño a estudiantes inmigrantes, y prácticamente todos mis estudiantes están aprendiendo de forma virtual en este momento, los padres tienen miedo de enviar a sus hijos”.

Miedo a los infiltrados

“Para llegar a los grupos más especializados”, explica Brian, “hay que pasar un proceso de filtración, de evaluación, que se llama acá, que básicamente es donde investigamos a la persona para asegurar que no sea un infiltrado. Hay miedo. Y se dice que el ICE está tratando de vestirse más como obreros, como trabajadores, carpinteros, sin distintivos. Y que están comprando marca Northface para disimular un poco”.

“Pero no basta con cambiar de marca de ropa”, prosigue, “hay mucho miedo de infiltrados. Siempre en la calle hay infiltrados en las protestas, lo vimos mucho con George Floyd. Todos sabemos que incluso esta conversación podría estar intervenida. Pero yo soy más optimista que la media. La gente estuvo muy golpeada el sábado por este asesinato. Pero tuve un día muy lindo, me fui con mis dos niñas de siete y nueve años al sitio del asesinato y lo compartí con ellas, que están entendiendo que hay ahí violencia de Estado y terrorismo de Estado”.

Una de las claves en este caso es la proximidad. “Aquí nosotros nos conocemos”, explica Brian: “Todos somos de aquí, no viene mucha gente de afuera. Nos podemos poner en contacto de inmediato y de diferente maneras tanto por sistemas de comunicación como por vías más tradicionales: nos vemos en las bibliotecas, los cafés, paseando al perro”.

Amenazas de Trump

La respuesta del presidente de EEUU no está siendo hacer autocrítica por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Al revés: calificaron a Renée Good de terrorista y a Alex Pretti lo quisieron hacer pasar por un pistolero.

Así, este domingo dijo Trump en Truth Social: “Las ciudades y estados santuario gobernados por demócratas se niegan a cooperar con el ICE, e incluso están alentando a agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores criminales. Al hacer esto, los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, y han creado circunstancias peligrosas para todos. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

“Por eso”, afirma el presidente de EEUU: “Hago un llamamiento al gobernador Walz, al alcalde Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de EEUU para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.

Y exige: “El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encuentran encarcelados en las prisiones de su estado, junto con todos los inmigrantes ilegales con una orden de arresto activa o con antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata; las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local; la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener a los inmigrantes ilegales que son buscados por delitos; y los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida expulsión de todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., ya lo han hecho, lo que ha resultado en calles más seguras para todos”.

Mientras tanto, enfrente del lugar en el que fue asesinado Alex Pretti, un músico toca el saxofón y un reguero de personas se congregan para mostrar su dolor.

La respuesta del presidente de EE.UU. no está siendo hacer autocrítica por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Al revés: calificaron a Renée Good de terrorista y a Alex Pretti lo quisieron hacer pasar por un pistolero.

Así, este domingo ha dicho Trump en Truth Social: “Las ciudades y estados santuario gobernados por demócratas se niegan a cooperar con el ICE, e incluso están alentando a agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores criminales. Al hacer esto, los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, y han creado circunstancias peligrosas para todos. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

En una entrevista telefónica de cinco minutos con The Wall Street Journal este domingo, el presidente de EE.UU. no responde directamente cuando se le pregunta en dos ocasiones si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente. Ante la insistencia del periodista, el presidente afirma: “Estamos investigando, estamos revisando todo y emitiremos una decisión”.

“No me gusta ningún tiroteo”, añadió Trump: “Pero tampoco me gusta que alguien vaya a una protesta con un arma muy potente y completamente cargada, con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco está bien”. Al preguntársele si los agentes se irían pronto, elogió lo que la administración ya había hecho en Minnesota y dijo: “Dejaremos allí a otro grupo de personas para que se encarguen del fraude financiero”.

Trump afirmó que Pretti portaba un “arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible”, y añadió: “Es un arma que se dispara sin que la gente se dé cuenta”. El Departamento de Seguridad Nacional informó que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm.

Altos miembros de la Administración Trump, incluido el propio presidente, han defendido públicamente al agente y culpado a la víctima.

En este sentido, en su Truth Social, señala el presidente de EE.UU.: “Hago un llamamiento al gobernador Walz, al alcalde Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de EE.UU. para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.

Y exige: “El gobernador Walz y el alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encuentran encarcelados en las prisiones de su estado, junto con todos los inmigrantes ilegales con una orden de arresto activa o con antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata; las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local; la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener a los inmigrantes ilegales que son buscados por delitos; y los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida expulsión de todos los inmigrantes ilegales con antecedentes penales de nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., ya lo han hecho, lo que ha resultado en calles más seguras para todos”.

“Además”, prosigue Trump, “insto al Congreso de Estados Unidos a que apruebe de inmediato la legislación para poner fin a las ciudades santuario, que son la causa principal de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser refugios seguros únicamente para los ciudadanos estadounidenses que respetan la ley, no para los inmigrantes ilegales delincuentes que han infringido las leyes de nuestra nación”.

Preocupación por el salón de gala

Mientras todo EE.UU. mira Minneapolis, Donald Trump tiene tiempo para preocuparse por el salón que está construyendo en la Casa Blanca, después de haber demolido el Ala Este del edificio presidencial.

“Además de todo lo demás que estoy haciendo, estoy construyendo uno de los salones de baile más grandes y hermosos del mundo, con más de 300 millones de dólares provenientes del dinero de grandes patriotas estadounidenses, y trabajando en estrecha colaboración, desde el principio, con el Ejército y el Servicio Secreto de los Estados Unidos”, ha publicado el presidente de EE.UU. en Truth Social.

“Este es un regalo (¡sin financiación de los contribuyentes!) para Estados Unidos, de entre 300 y 400 millones de dólares (¡dependiendo del alcance y la calidad de los acabados interiores!), para un espacio que se necesita con urgencia y que ha sido anhelado durante más de 150 años por presidentes y administraciones anteriores, para que la Casa Blanca ya no se vea obligada a usar una 'carpa' barata para grandes e importantes compromisos de estado, cenas, reuniones, conferencias e inauguraciones futuras ya programadas (¡por motivos de seguridad y capacidad!), en el césped de la Casa Blanca, que suele estar muy húmedo y expuesto a las inclemencias del tiempo”.

Pero el preisdente de EE.UU. no está contento porque hay quien no ve bien que destruya media Casa Blanca sin control externo: “Casi todo el mundo pensó que hacer un regalo tan grande a los Estados Unidos era 'una cosa maravillosa'. Pero no, como de costumbre, me demandaron, esta vez por la organización de izquierda radical National Trust for Historic Preservation, un grupo al que no le importa en absoluto nuestro país. Todo el acero estructural, las ventanas, las puertas, el equipo de aire acondicionado/calefacción, el mármol, la piedra, el hormigón, las ventanas y el vidrio a prueba de balas, el techo antidrones y mucho más, ya se ha encargado (o está listo para serlo), y no hay forma práctica ni razonable de dar marcha atrás. ¿Por qué estos obstruccionistas y alborotadores no presentaron su demanda sin fundamento mucho antes?”

“Los llamados 'conservacionistas', que reciben financiación de fuentes de lo más extrañas, no deberían poder impedir esta ampliación tan necesaria de nuestra magnífica Casa Blanca”, ha dicho Trump, “un lugar donde ningún presidente ha necesitado jamás permiso para realizar cambios o mejoras, debido a la importancia histórica del terreno en el que se encuentra, por grande (¡e importante!) que sea dicha mejora. Además, en este caso, se está llevando a cabo con el diseño, el consentimiento y la aprobación de los más altos niveles del Ejército y del Servicio Secreto de Estados Unidos. La mera presentación de esta ridícula demanda ya ha revelado, lamentablemente, este hecho hasta ahora de alto secreto: detener la construcción a estas alturas, cuando ya se ha encargado y realizado tanto trabajo, sería devastador para la Casa Blanca, para nuestro país y para todos los implicados”.

La respuesta de Clinton y los Obama: “Esto tiene que acabar”

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama estadounidense, Michelle Obama, han respondido a la gestión de Donald Trump en un comunicado que han publicado en redes sociales. “El asesinato de Pretti es una tragedia desgarradora, y también debería ser una llamada de atención para cualquier estadounidense, independientemente de su partido, para que veamos que nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados”, lee el texto. Los exmandatarios demócratas reconocen que los agentes federales encargados de la inmigración tienen un “trabajo difícil”, pero les piden “reconsiderar” su modus operandi: “Los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública”.

Eso no es lo que está ocurriendo a ojos de los Obama, que hablan de “tácticas” empleadas por las fuerzas de ICE y “diseñadas” para “intimidar, acosar, provocar y poner en peligro” a los estadounidenses. “Estas tácticas sin precedentes han provocado ahora la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses. Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer una apariencia de disciplina y responsabilidad a los agentes que han desplegado, el presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por agravar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y Renee Good que no se basan en ninguna investigación seria”, añaden. “Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia y proteger nuestras libertades fundamentales”

Una carta parecida ha publicado también el expresidente Bill Clinton. El statement critica duramente las políticas de Trump y las acciones de ICE, tanto durante las protestas de Minneápolis como durante las redadas antiinmigrantes de las últimas semanas, en las que los agentes federales han llegado a arrestar a varios menores de edad. “Todo esto es inaceptable y debería ser evitable. Para empeorar aún más las cosas, los responsables nos han mentido todo el rato, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han aplicado tácticas cada vez más agresivas y antagónicas, entre ellas obstaculizar las investigaciones de las autoridades locales”, critica Clinton. “A lo largo de nuestra vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que nuestras decisiones dan forma a la historia en los años venideros. Este es uno de ellos. Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que nunca las recuperemos”, advierte.

Usar la cuenta oficial de X de la Casa Blanca para difundir una imagen modificada de una detenida en una protesta contra el ICE en Minnesota para hacer creer, erróneamente, que se encontraba llorando. Esto es lo que está haciendo la Administración Trump en estos momentos, y lo defiende de la siguiente manera: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará, y los memes continuarán”.

La imagen manipulada muestra el arresto de Nekima Levy Armstrong, una destacada abogada de derechos civiles, quien junto a otras dos personas involucradas en una protesta contra el ICE, fueron detenidas este jueves tras interrumpir un servicio religioso en una iglesia de Saint Paul (Minnesota). Se les acusa de un delito federal contra la libertad religiosa.

Las detenciones se produjeron mientras el vicepresidente de EEUU, JD Vance, se encontraba en Minnesota. En declaraciones en Minneapolis, instó a las fuerzas policiales estatales y locales a colaborar con las federales, y dijo que los manifestantes deben dejar de interponerse en su camino.

La fiscal general, Pam Bondi, informó del arresto de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X este jueves.

El domingo, los manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de Saint Paul (Minnesota), donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejerce de pastor religioso.

Bondi publicó más tarde en X que se había detenido a una segunda persona, seguida de un tercer arresto anunciado por el director del FBI, Kash Patel en relación con el grupo que interrumpió los servicios religiosos coreando “Fuera ICE” y “Justicia para Renée Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

A raíz de la detención de Nekima Levy Armstrong, la Casa Blanca decidió publicar una foto manipulada para hacer creer que lloraba durante su arresto.

La misma imagen, pero sin manipular, fue difundida este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Los investigadores de Seguridad Nacional y los agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, quien desempeñó un papel clave en la organización de los disturbios en la iglesia de Saint Paul, Minnesota. Se le acusa de un delito federal. La libertad religiosa es la base de los Estados Unidos: no existe el derecho de la primera enmienda a impedir que alguien practique su religión”.

La Casa Blanca explicó en X, a través de un portavoz: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma automática a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Y concluyó el mensaje a la manera que lo suele hacer Donald Trump: ”Gracias por su atención en este tema“.

De azote contra los migrantes a altavoz del imperialismo más crudo del Gobierno de Donald Trump. El jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, apuntaba a Groenlandia sin tapujos con una demoledora frase que sigue resonando en Europa: “Somos una superpotencia y nos comportaremos como una superpotencia”. Aunque parezca una más de las muchas salidas de tono por parte de asesores de segunda línea del Gobierno estadounidense, cuando Miller habla, hay que escucharle. 

Este hombre de 40 años se ha convertido en el asesor de máxima confianza del presidente a base de ser un buen soldado: Trump ordena y él ejecuta con una precisión mecánica, aunque no esté de acuerdo con el mandatario. Y la discrepancia no viene porque al subalterno le parezcan demasiado extremas las ideas del presidente, sino al contrario. El mismo Trump ha llegado a señalar que el dogmatismo de su asesor le ha parecido demasiado radical en algunas ocasiones. “Me encantaría que [Miller] viniera aquí y explicara sus verdaderos sentimientos, o quizá no los más verdaderos”, bromeaba en octubre el presidente en una reunión informativa en el Despacho Oval.

Trump considera que las ideas de Miller pueden ser demasiado duras para el público externo. Pero eso no ha impedido que se haya convertido en una de las principales referencias del presidente, que le consulta casi todas sus decisiones políticas.

Esta cosmovisión geopolítica tan hobbesiana se enfoca en la que siempre ha sido la gran obsesión de Miller: la inmigración. La dureza y supremacía desde donde observa el resto del mundo es la misma con la que contempla a las personas extranjeras

Las declaraciones del lunes en la CNN, aunque para muchos resultaran impactantes, no eran un intento del jefe de gabinete adjunto por escalar posiciones —no le hace falta— ni ganar atención. Lo decía porque lo cree de verdad, del mismo modo que retrató a la oposición política como las “fuerzas del mal” después del asesinato de Charlie Kirk; que defendió suspender el derecho de habeas corpus para los inmigrantes; y que cree realmente en la llegada de un orden internacional gobernado por la “fuerza”. 

Esta cosmovisión geopolítica tan hobbesiana se enfoca en la que siempre ha sido la gran obsesión de Miller: la inmigración. La dureza y supremacía desde donde observa el resto del mundo es la misma con la que contempla a las personas extranjeras. Tengan papeles o no. Miller es el gran ideólogo de la campaña de deportaciones masivas de Trump y es el ojo que cada día escruta todas las acciones y planes relacionados con dicha empresa. Esto lo puede hacer porque además de su cargo en el gabinete, también es el director del Consejo de Seguridad Nacional.

Este grupo de trabajo entre agencias, vestigio de la guerra contra el terror de la administración de George W. Bush, es el auténtico vértice de poder que le permite a Miller supervisar toda la sopa de letras que conforman el FBI, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el CBP (Patrulla Fronteriza) y otras similares. Con intransigencia y sequedad, Miller maneja el látigo para que la maquinaria de la campaña de deportaciones funcione a toda marcha. Como uno de los arquitectos del Project 2025, el plan ultraconservador del think tank Heritage Foundation, Miller se está asegurando de que se cumpla con la hoja de ruta marcada.

Fueron estas mismas presiones las que incentivaron las macrorredadas de ICE en Los Ángeles, caracterizadas por la arbitrariedad y la brutalidad, que después desencadenaron las protestas en la ciudad. Miller presionó al cuerpo porque consideraba que el número de deportaciones estaba siendo demasiado bajo para llegar a un millón al año. En mayo, justo antes del desembarco en la ciudad californiana, exigió al ICE un ritmo de 3.000 arrestos de inmigrantes al día. Esta presión por acelerar el proceso también pudo ser el motivo detrás de la macrorredada en la fábrica de Hyundai de Georgia de septiembre.

Miller también está detrás de la campaña de reclutamiento para ampliar la agencia migratoria, que inicialmente contaba con unos 10.000 efectivos. Quiso duplicarlos llamando a defender la nación de una “invasión”. A principios de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció con satisfacción que había incorporado 12.000.

Las simpatías de Miller por el supremacismo blanco son más que conocidas, como cuando envió unos correos electrónicos al portal web conservador 'Breitbart News' para que difundiera ideas de una novela de los años 70 popular entre nacionalistas blancos y neonazis

Sobre el reciente tiroteó mortal a una mujer filmado en directo durante una redada de ICE, Miller ha sido el más vociferante. No solo niega el sentido propio de las imágenes, sino que las atribuye a una conspiración con tintes de guerra civil: “El Partido Demócrata está decidido a incitar una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros en nuestro territorio”.

Miller fue el ideólogo de las políticas de separación de familias durante el primer mandato de Trump. Aunque no es un experto en derecho, también fue quien durante la COVID-19 reinterpretó de forma imaginativa una disposición de emergencia de 1944 para cerrar la frontera y expulsar en caliente a los migrantes que entraran desde México. Entonces era solo asesor del presidente y, por tanto, no tenía tanto poder como ahora. Pero aun así dio cobertura a la mano dura del magnate contra las personas migrantes.

La fijación con los inmigrantes no es casual: las simpatías de Miller por el supremacismo blanco son más que conocidas. En 2019, el Southern Poverty Law Center informó de la filtración de unos correos electrónicos que Miller había enviado al portal web conservador Breitbart News, en los que los presionaba para que difundieran ideas del libro The Camp of the Saints, una novela de los años 70 popular entre nacionalistas blancos y neonazis.

Miller trata de frenar incluso la llegada de inmigrantes legales, especialmente si estos no encajan con su ideal de la sociedad americana. De este modo, ha presionado para poner trabas a los programas de inmigración legal, como el DACA, creado por Obama en 2012 para dar protección a los menores que entraron en Estados Unidos sin papeles. Las siglas, que significan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también se utilizan para describir a este grupo poblacional. Trump solía hablar bien de los DACA, pero recientemente su tono ha cambiado.

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, durante una confrontación por las crecientes redadas migratorias en el estado de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del fallecimiento de la mujer, a la que acusó de ser “una alborotadora violenta”. Según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, la víctima “usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento de matarlos”, algo que calificó de “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, señaló en sus redes sociales, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

La mujer fue tiroteada mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde según el DHS fueron detenidos en total más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria desde comienzos del año nuevo.

Residentes de Minnesota estaban protestando este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS afirmó que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, quienes afrontan un incremento del 1.300% en los ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte, según los datos ofrecidos por McLaughlin.

El alcalde de Mineápolis: “Quieren una excusa para demostrar su fuerza”

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, remarcó en una rueda de prensa esta tarde que está “muy enfadado”, pero pidió a la población de Mineápolis “hacer frente al odio” con su “amor”: “La pregunta es por qué un agente federal antiinmigración dispara a una mujer (...) Quieren que respondamos de una forma que les dé pie a ocupar militarmente nuestra ciudad, quieren una excusa para demostrar su fuerza... No vamos a dejar que eso ocurra”.

“Somos mejores que un puñado de policías que se despliegan en las ciudades y que ponen en peligro a nuestras familias y comunidades”, agregó Frey ante los medios de comunicación, antes de darle la palabra al jefe de policía de la ciudad del estado de Minnesota.

Antes de la comparecencia, el alcalde demócrata había exigido en sus redes sociales que el ICE abandonara “inmediatamente” la ciudad: “Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”.

Una agenda nacional antiinmigración

El incidente recuerda a otro similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU en 2024, Tim Walz, anunció el lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena de televisión CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Mineápolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

“Aguanté todo lo que pude, pero ya era sumamente difícil”, relató una joven venezolana llegada hace un año a Madrid, durante una concentración en apoyo a la oposición de su país. Como ella, miles siguen eligiendo España como destino para rehacer su vida lejos de la persecución, la crisis económica y el colapso institucional en Venezuela.

Según el censo español al 1 de enero de 2025, ya residían 377.809 personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un crecimiento del 16,2% en un año y casi diez veces más que en 2014. De este modo, la comunidad venezolana pasó a ser el 5,5% de la población extranjera en el país y es, por amplísimo margen, la más numerosa de Europa.

La gran mayoría se radicó en las zonas con mayor actividad económica: el 33% vive en Madrid y el 11,3% en Barcelona, de acuerdo al Observatorio Permanente de la Inmigración. Y aunque España es solo uno de los destinos posibles, se destaca dentro de la Unión Europea: en 2023 había allí más de 209.000 venezolanos con residencia legal, frente a los 14.000 de Italia, su inmediato seguidor, según Eurostat.

La lengua, la historia compartida y la existencia de redes familiares explican parte de la elección. Pero el dato más significativo es que se trata de una migración masiva, continua y cada vez más joven: el 80% de los residentes venezolanos en España tiene entre 16 y 64 años, y la mitad son menores de 35.

Trabajo, asilo y formación profesional

A fines de 2025, 214.904 venezolanos tenían permiso de trabajo en el país. De ellos, el 87% eran asalariados y casi la mitad mujeres. Esto ubica a la comunidad como la segunda más importante entre las latinoamericanas en términos de aportes a la Seguridad Social, solo detrás de la colombiana.

Más de 66.000 personas solicitaron protección internacional en 2024, y ya en el primer trimestre de 2025 se sumaron otras 23.724, que representaron el 59% de todas las solicitudes en ese período. El año pasado se resolvieron 33.004 peticiones, con una aprobación del 99%, una señal de reconocimiento generalizado a la situación crítica que atraviesa Venezuela.

Pese a ello, la inserción laboral no siempre refleja el capital profesional de quienes emigran. Según la fundación Código Venezuela, más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros, y cientos de odontólogos y veterinarios venezolanos residen en el país, aunque cerca del 40% trabaja en hostelería, comercio, atención al cliente, cuidados, limpieza o agricultura.

Muchos llegan con títulos universitarios y experiencia, pero enfrentan obstáculos burocráticos para homologar sus estudios o acceder a empleos acordes a su formación. La fundación apunta que hay una gran demanda de acompañamiento para la integración sociolaboral, especialmente entre los jóvenes y profesionales calificados.

Expectativas, desafíos y redes de apoyo

El crecimiento sostenido de la comunidad venezolana plantea nuevos desafíos para las políticas de integración y el sistema de reconocimiento de cualificaciones. También visibiliza una transformación profunda del perfil migratorio latinoamericano en España: más politizado, más joven, con más mujeres y más propensión al arraigo permanente.

En paralelo, se expanden las redes de apoyo entre migrantes y las organizaciones que impulsan capacitaciones, acceso a derechos y espacios de contención. “No es fácil empezar desde cero, pero hay mucha solidaridad”, destacan desde varias asociaciones.

Con decenas de miles de nuevas llegadas cada año, la experiencia venezolana en España seguirá marcando el pulso de las políticas migratorias en la región y cuestionando modelos de inserción laboral que muchas veces desperdician talento y esfuerzo.

JJD

El Día Internacional del Migrante se celebra cada 18 de diciembre con el objetivo de reconocer la contribución social, cultural y económica de las personas migrantes en todo el mundo, así como de concientizar sobre los desafíos que enfrentan quienes dejan su lugar de origen para construir un nuevo proyecto de vida en otro país. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una mirada basada en los derechos humanos y la inclusión.

La migración es un fenómeno histórico que atraviesa fronteras, generaciones y culturas. Según organismos internacionales, millones de personas migran cada año impulsadas por distintos motivos, como la búsqueda de trabajo, la reunificación familiar, el acceso a la educación o la necesidad de escapar de conflictos, crisis económicas o situaciones de violencia. Detrás de cada desplazamiento hay historias personales marcadas por el esfuerzo, la resiliencia y la esperanza.

A pesar de su aporte a las sociedades de destino, las personas migrantes suelen enfrentar obstáculos como la discriminación, la precarización laboral, la falta de acceso a servicios básicos y la vulneración de derechos fundamentales. En este contexto, el Día Internacional del Migrante busca poner en agenda la importancia de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, integración social y condiciones de vida dignas.

La fecha también invita a reflexionar sobre el rol de las comunidades receptoras y la necesidad de construir sociedades más inclusivas. La diversidad cultural que aportan las migraciones enriquece las identidades nacionales y fortalece el tejido social, promoviendo el intercambio cultural y el crecimiento colectivo.

En países como Argentina, la migración forma parte central de la historia y la identidad nacional. Desde sus orígenes, el país se construyó a partir de múltiples corrientes migratorias que dejaron una huella profunda en la cultura, el trabajo, la educación y la vida social.

Más que una efeméride, el Día Internacional del Migrante es un llamado a la empatía y al compromiso con los derechos humanos. Reconocer y valorar a las personas migrantes implica avanzar hacia sociedades más justas, solidarias y respetuosas de la diversidad.

NB

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington y que pone a la Policía de la capital bajo control federal. Trump quiere aplicar a Washington DC el mismo libreto que empleó en Los Ángeles: dibujar una ciudad decadente, marcada por el caos y el crimen, para así poder justificar el despliegue de la Guardia Nacional.

“La tasa de homicidios en Washington es hoy más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que suelen considerarse de los peores del mundo”, afirmó falsamente el presidente en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca este lunes. Según datos del departamento de policía de DC, en 2024 la tasa de homicidios fue de 112 asesinatos. En Bogotá, solo de enero a septiembre de 2024, hubo 863 homicidios, según datos del Concejo de Bogotá.

Debido a la condición administrativa particular que tiene el Distrito de Columbia, la movilización de la Guardia Nacional es potestad del presidente. El republicano también anunció que pone la policía local bajo control federal. Para hacerlo, hizo uso de la sección 740 de la District of Columbia Home Rule Act, la norma que lo habilita para tomar esta decisión. “Tendrán más policía, y estarán tan felices porque estarán seguros cuando caminen por la calle, veran policías o veran agentes del FBI”, dijo.

“Nuestra capital fue ocupada por bandas violentas y criminales sanguinarios, grupos errantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no permitiremos que esto pase más”, defendió Trump, aunque las estadísticas dicen lo contrario. El crimen violento disminuyó un 26% en la ciudad en comparación con esta misma época de 2024, según datos de la policía de Washington. Asimismo, los homicidios bajaron un 12%.

“El proceso empieza ahora”, anunció el presidente. “Será algo increíble de ver. Y creo que muchos de ustedes dijeron que sería algo lindo de hacer, ¿verdad? Iremos retirando todos los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques, nuestros preciosos parques”, aseguró.

Trump amenazó a otras ciudades santuario como Washington, con tomar medidas similares a las se toman ahora en la capital y que se aplicaron en su momento en Los Ángeles. “”Enseguida vamos a mirar Nueva York“, dijo Trump. ”Y si es necesario, también vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre“.

Los términos ciudad, santuario y estado santuario se utilizan para referirse a los lugares de Estados Unidos donde las policías locales no tienen permitido cooperar con las federales, lo que los hace más seguros para las personas indocumentadas. Nueva York, Chicago, DC y Los Ángeles, además de ser bastiones demócratas —a los cuales ve como enemigos— también son un freno a su campaña de deportaciones masivas debido a que garantizan más derechos para las personas sin papeles.

Durante los últimos días, la administración ya desplegó agentes del FBI en las calles durante los turnos nocturnos de la policía local para ayudar a prevenir robos de vehículos con violencia y otros delitos, según informan las autoridades.

Horas antes de su comparecencia, escribió: “¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”.

Mientras, el ejército estadounidense se prepara para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., adelantó un funcionario del Departamento de Defensa citado por The New York Times.

Trump ya se había quejado en la campaña electoral de la supuesta decadencia de la capital y la retrataba como un lugar plagado por el crimen y la inseguridad. Una de sus promesas electorales era devolver el supuesto esplendor perdido a DC y hacer una “limpieza” de las calles. Este domingo, el presidente Trump comparó la mano dura aplicada en la frontera con México —donde al inicio de su mandato desplegó a militares para frenar los cruces fronterizos— con sus planes para Washington. El presidente dijo que desalojaría “inmediatamente a la población sin hogar de la ciudad y tomaría medidas rápidas contra el crimen”.

Al presidente estadounidense le molesta incluso ver señales de pobreza en la capital cuando juega al golf, pero pese a su empeño en hacer un retrato oscuro y sórdido de la capital, lo cierto es que el crimen violento disminuyó. La alcaldesa de Washington, Muriel E. Bowser, salió a condenar esta descripción y señalar que el crimen disminuyó en los últimos dos años, tras un fuerte aumento posterior a la pandemia en 2023.

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados. “Hace unas semanas empezó a repartirse por el país una carta, con fecha 20 de junio de 2025, en la que se dice que queda cancelado el permiso concedido al entrar en el país y que llegó la hora de salir de EEUU”, explica la activista Julie Contreras, de la organización religiosa United Giving Hope, desde Waukegan (Illinois) en conversación con elDiario.es. Y añade que tiene constancia de cientos de cartas similares enviadas a jóvenes que entraron legalmente a EEUU durante el último año con un permiso condicional humanitario como menores no acompañados, y luego se reunieron con progenitores, generalmente sin papeles, u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.

A pesar de esa reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en las vistas de inmigración debido a la forma en que entraron al país –solos y con ese permiso temporal–, por lo que necesitan abogados para poder defender su caso, algo que no es sencillo para un menor.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como el que representa Contreras, advierten de que estos casos son cada vez más comunes, y que un número creciente de niños recibe cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que informan de la cancelación de ese permiso condicional humanitario que recibieron al llegar al país, lo cual supone una medida para despojar a los menores de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar su deportación sin garantías.

Contreras, fundadora de United Giving Hope, una organización que apoya a familias migrantes en Illinois, cuenta cómo Xally Pastor, una niña de 13 años que recibió una de las cartas, obtuvo el permiso condicional humanitario como menor no acompañada, y se reunió con sus hermanas mayores en Waukegan, a 75 kilómetros de Chicago.

Durante la última década, Contreras ayudó a cientos de niños y madres a cruzar legalmente la frontera sur en busca de asilo, ayudándolos con el papeleo y conectándolos con abogados que apoyan sus casos. “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. La sola amenaza les causa un trauma psicológico severo”, afirma Contreras.

La madre de Xally, por ejemplo, Francisca Petra Guzmán, de 48 años, llegó a EEUU en enero, también como solicitante de asilo. Ambas, explica Contreras, huyeron de un contexto violento en su país.

Trump lleva desde que regresó al cargo enuna cruzada contra la migración, que ahora se ha acentuado con la persecución de los menores. No obstante, la recepción de esta carta no significa automáticamente que el ICE se vaya a presentar en la casa de los menores o en su escuela para deportarlos, explica el abogado especializado en asuntos de inmigración John Antia al Chicago Tribune.

Muchos de estos niños podrían acogerse a otras formas de protección legal. Pero, para ello, deben recurrir a un abogado, lo cual suele estar fuera del alcance de las familias. “Que el ICE pueda detener legalmente a estos niños depende en gran medida del estatus migratorio de cada uno y de sus circunstancias individuales”, dice Antia.

En el caso de Xally, con quien habló elDiario.es, llegó al área de Chicago en septiembre del año pasado, después de haber pasado casi un mes en un centro federal en Texas administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados, con otros menores que, como ella, habían cruzado la frontera sur en busca de asilo.

Deportación de menores

En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Esta es la cifra más alta para ese grupo de edad en cualquier mes desde que comenzó el seguimiento hace más de 35 años, según datos judiciales del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, recogidos por The Independent.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces ordenaron la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes: la mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 eran menores de 4 años y otros 20.000 tenían entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 con órdenes de deportación, aunque esa cifra aún está por debajo del pico registrado en 2020, durante el primer mandato de Trump, según The Independent.

Algunos de estos niños son menores no acompañados, como Xally, pero no se sabe cuántos, ya que las autoridades de inmigración ya no registran esos datos.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una declaración enviada por correo electrónico al Tribune, afirmó que “las acusaciones de que el ICE está 'apuntando' a los niños son falsas y un intento de demonizar a las fuerzas del orden”. McLaughlin añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “no se centra en los niños ni los deporta ni separa a las familias”. En cambio, “ICE pregunta a las madres si desean ser deportadas con sus hijos o si el niño debe ser ubicado con una persona segura designada por el padre o la madre”. Sin embargo, afirma el Tribune, las preguntas sobre por qué se envían cartas a menores no acompañados, como Xally, y cuál es el protocolo para deportarlos, como se indica en la carta, quedaron sin respuesta.

Autodeportación de menores

La Administración Trump está ordenando a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que emplacen a los adolescentes migrantes a autodeportarse a sus países de origen, en lugar de ser enviados a albergues gubernamentales, lo que supone un cambio en la política migratoria estadounidense, según informaron la CNN y CBS News.

Durante muchos años, los funcionarios de inmigración de EEUU debían transferir a todos los niños migrantes no acompañados —o aquellos que ingresaron al país sin permiso y sin sus padres o tutores legales— al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El HHS supervisa una red de albergues donde estos menores permanecen hasta que cumplan 18 años o puedan ser reubicados con alguien que asumiera el cuidado, que tradicionalmente ha sido un familiar residente en Estados Unidos.

Pero ahora se ordenó a los funcionarios de la CBP que ofrezcan a los niños migrantes no acompañados mayores de 14 años la opción de autodeportarse a sus países de origen.

Si los adolescentes eligen esa opción, las autoridades migratorias estadounidenses facilitarían el regreso rápido a sus países de origen.

De lo contrario, serían transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Esta política de salida voluntaria se limitaba anteriormente a los menores no acompañados de los países fronterizos, Canadá y México.

La Ley para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas otorgó protecciones legales especiales a los menores migrantes de países no fronterizos, incluyendo la prohibición de que las autoridades los deportaran por la vía rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a CBS que la megaley 'One Big Beautiful Bill' permite a la Administración Trump el cambio de política.

“Esta es una práctica que se utiliza para priorizar el regreso de los menores con un progenitor o tutor legal en su país de origen”, declaró el DHS en un comunicado. “El único cambio conforme a la 'One Big Beautiful Bill' es ampliar esta opción para que los menores no acompañados regresen a casa desde otros países, además de México y Canadá”, agregó el departamento.

Se desconoce cuántos adolescentes migrantes se verán afectados por la nueva orden.

El número de migrantes que cruzan la frontera sur de EEUU se desplomó a niveles no vistos desde la década de 1960, a causa de la represión de la Administración Trump. En junio, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 6.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, un mínimo mensual récord, que incluyó a menos de 700 menores no acompañados.

La administración tomó medidas de fuerza para deportar a migrantes que viven en situación irregular o cuyo estatus legal fue revocado. Pero, también, ha lanzado una campaña para alentar las autodeportaciones, ofreciendo 1.000 dólares para el viaje y amenazas de arresto, multas y procesamiento si permanecen de forma irregular en EEUU.

De las caras de odio se pasó a los insultos, de los insultos y las consignas ultras y racistas a las bengalas y los estallidos de petardos, y ya de las bengalas, a las agresiones y los lanzamientos de piedras, cristales y botellas. El municipio de Torre Pacheco se convirtió en la noche del sábado en un polvorín. Una batalla campal entre nazis y jóvenes de estética ultra llegados de otras ciudades con ganas de pelea, por un lado, y grupos de chicos marroquíes encapuchados y organizados esperándoles a las puertas de sus barrios.

La “caza” al migrante en Torre Pacheco continúo en la noche de este sábado, tal y como habían amenazado en los últimos días los ultra que se organizan a través de algunos grupos en Telegram y otras plataformas para poner en marcha “patrullas”. Su objetivo, migrantes magrebíes, foco de las persecuciones de estos exaltados que ya se tomaron este viernes la justicia por su mano en respuesta a la brutal agresión sufrida el pasado miércoles contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de un joven presuntamente de origen magrebí.

Sobre las 20.30 empezaron a congregarse en la plaza del Ayuntamiento decenas de individuos con camisetas negras, las caras tapadas, gritos de “arriba España” y los brazos en alto. “Moros no, España no es un zoo”, “España, una grande y libre” o “España cristiana y no musulmana” son algunas de las consignas que coreaban con rabia, muchos de ellos totalmente alcoholizados. Los rostros estaban a cada momento más desencajados por la ira.

A las 22.00, las amenazas de “cacerías” al migrante dejaron de ser un simple mensaje en un foro de “patriotas”. Los antidisturbios se tuvieron que desplegar por el casco urbano de Torre Pacheco y la llama prendió en uno de los focos más conflictivos, el barrio de San Antonio, donde el mayor porcentaje de vecinos es de nacionalidad extranjera.

A las puertas de este barrio —la Guardia Civil había cerrado todos los accesos para que los ultras no pudieran llegar al corazón de sus calles— la disputa se originó cerca de un kebab donde se encontraban grupos de jóvenes magrebíes. Las peleas han dejado varios heridos, aunque a estas horas se desconoce cuál ha sido el balance. Han tenido que movilizar varias ambulancias.

El número de policías fue, en todo momento, muy escaso. Alrededor de medio centenar de agentes para más de medio millar de exaltados. Pese a ello, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, aseguró esta misma noche que “este sábado hemos continuado con nuestros máximos esfuerzos y números de efectivos en Torre Pacheco”, pese a que la cifra de efectivos policiales hizo imposible controlar la guerra campal.

Seguidamente, Guevara añadió que se van a incorporar más agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (USECIC), y refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad. “El Ministerio del Interior puso a disposición más recursos y agentes que vienen de camino”.

Guevara apuntó que, por el momento, los agentes desplegados no han tenido que intervenir, “simplemente contener a dos grupos con pequeños enfrentamientos para evitar situaciones violentas”. Y ha advertido que “en breve” va a haber detenidos por estas situaciones: “Estamos muy pendientes de la investigación de la agresión a Domingo el miércoles, pero también de las personas que están generando este desorden público con estos mensajes de odio e incitaciones a la violencia”.

Al menos un detenido y varios heridos

Este mismo domingo la delegada del Gobierno confirmó a primera hora el arresto de una persona en el municipio, donde hay además al menos tres personas heridas leves. Guevara indicó que “durante todo el día de hoy” se mantuvo un dispositivo que se ha reforzado con incorporación de diferentes unidades y con la puesta a disposición de “todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino” desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio de Interior, según informa Europa Press.

Todas las rotondas de acceso a Torre Pacheco estaban esta noche vigiladas por controles de la Guardia Civil para dar el alto a los vehículos sospechosos que intentaban entrar al pueblo. Y en las avenidas periféricas, donde suele haber al caer la tarde decenas y decenas de personas, se veía mucha menos gente de lo habitual.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió esta noche al Gobierno que refuerce los efectivos en Torre Pacheco para “frenar la espiral de violencia inmediatamente”.

Así lo ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha añadido que habló con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Cuando la batalla estalló también empezaron a llegar las primeras ambulancias para atender a heridos. Había en varias esquinas hombres jóvenes con las caras chorreando sangre de botellazos y golpes de piedras lanzadas al aire.

Para calentar los ánimos, en los chats de grupos como Deport Them Now Spain han seguido enviando imágenes de los presuntos agresores de Domingo -aunque como él mismo denunció ante la Guardia Civil solo fue un individuo el que le agredió- y vídeos de agentes de la Policía Nacional intentando reducir a jóvenes marroquíes, aunque fuentes locales han confirmado a este periódico que no están grabadas en Torre Pacheco.

“Va a ser un polvorín, estamos hasta los huevos de los moros” o “Torre Pacheco será conocida en toda Europa por ser el lugar donde comienzan las Cruzadas” son algunos de los mensajes que esta noche se han seguido cruzando en estos chats, mientras decenas de exaltados recorrían gritando consignas racistas, con las caras totalmente descompuestas por el odio y encendiendo bengalas en los puntos calientes de los barrios donde vive más población migrante: San Antonio, San Juan o Los Pérez, ubicados en la zona sur del municipio.

En Torre Pacheco conviven 89 nacionalidades, el 30% de la población es extranjera. “Tenemos empadronados 41.000 habitantes de derecho, más los que no están empadronados y el municipio crece entre 800 y mil personas más al año”, cuenta Juan Salvador Sánchez Saura, exconcejal socialista de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura.

Sánchez Saura reconoce que “tenemos el doble de población que hace 20 años, pero seguimos con el mismo catálogo de puestos de la Guardia Civil, por eso siempre estamos reclamando más medios, la plantilla no está ajustada”. El municipio, además, tiene 181 kilómetros cuadrados, con 11 pedanías y solo un 53% de la población reunida en el casco urbano.

A plena luz del día, este sábado ha sido el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, quien convocó a un par de centenares de simpatizantes y aprovechó la ocasión para lanzar las consignas del partido en contra de la inmigración ilegal. Eso sí, ha evitado condenar las persecuciones a migrantes magrebíes este viernes: “Torre Pacheco se ha levantado, están cansados de ver por qué calle van y a qué hora; los responsables de estos sucesos son PSOE y PP que son los que han traído a los inmigrantes y han generado esta inseguridad”, dijo Antelo. El presidente de Vox en la Región afirmó, además, “que los españoles tenemos la capacidad de defender a los nuestros, para eso estamos aquí”.

“Cometí un error, quiero pedir perdón a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos”. En un mundo ideal, ese sería un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus políticas anti inmigración. Pero por ahora eso solo podemos escucharlo en un sitio: en un videoclip de Bad Bunny. El cantante lanzó un potente mensaje con el vídeo de su canción 'Nuevayol': “Este país no es nada sin los inmigrantes”.

El artista llamó a la unidad de las personas latinas en su tema, cuyo videoclip salió el viernes 4 de julio. “Juntos somos más fuertes”, dice en un mensaje al final del vídeo, publicado el mismo día en el que se celebra el Día de la Independencia.

En las imágenes se ve a unos jóvenes escuchando en una radio un discurso (falso) de Donald Trump en el que se muestra arrepentido por su política de deportaciones masivas. “Cometí un error, quiero pedir perdón a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos. Sé que América es todo el contienente”, dice en un audio 'fake'. “Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos”, continúa.

Además, en el vídeo el cantante coloca una bandera de Puerto Rico en la frente de la estatua de la libertad.

'Nuevayol' forma parte del nuevo álbum de Bad Bunny, 'Debí tirar más fotos', un homenaje a su país natal y que suma todavía más éxitos mundiales a su laureada carrera musical.

“Acabás de disparar a una periodista”, se oye gritar a un testigo mientras la periodista y el camarógrafo corren despavoridos para alejarse del pelotón de antidisturbios. En el video se ve que, mientras entra en directo la periodista australiana Lauren Tomasi, de 9 News –canal vinculado a la CNN–, un policía se gira para apuntar directamente hacia ella y dispara por la espalda en las piernas: la periodista ni estaba cerca de los policías, ni se interponía en su trabajo ni se encontraba en una línea de fuego cruzado, sino en un costado de la escena.

“La situación se deterioró rápidamente, la policía de Los Ángeles se desplazó a caballo, disparando balas de goma”, se encontraba diciendo Tomasi cuando recibió el balazo.

Por las imágenes no está claro a qué cuerpo concreto pertenece el agente, si bien los policías locales suelen vestir uniforme azul y la Guardia Nacional, caqui.

Tomasi fue alcanzada en la pierna por una bala de goma, disparada a quemarropa por un agente de policía. “Quedó dolorido, pero ilesa”, informa su canal de noticias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia emitió un comunicado en el que declaraba que “todos los periodistas deben poder hacer su trabajo con seguridad”, tras el disparo contra Tomasi, recoge The Guardian: “Australia apoya la libertad de los medios de comunicación y la protección de los periodistas”.

El problema con las balas y proyectiles de goma es que las autoridades los usan como “no letales” en contraposición a munición real, pero sí pueden causar lesiones graves.

Además de Tomasi, un periodista del New York Times fue alcanzado por otra bala de goma a última hora del domingo en el centro de Los Ángeles, y según informa su periódico fue atendido en un hospital, pero no resultó herido de gravedad.

En otro episodio, Nick Stern, fotoperiodista británico afincado en el sur de California, explicó a The Guardian que había resultado gravemente herido por lo que parecía ser un proyectil no letal disparado por la policía contra él mientras cubría una protesta el sábado en Paramount, municipio del condado de Los Ángeles. Resultó herido en una pierna y fue trasladado para ser operado, según informan los medios de comunicación.

Tercer día consecutivo de protestas y movilizaciones contra las redadas masivas contra migrantes en Los Ángeles y primer día de gran discusión política en Estados Unidos por el envío de la Guardia Nacional a la ciudad. Dos mil efectivos equipados con material militar fueron desplegados para imponer “la ley y el orden”, en palabras del presidente Donald Trump: “La situación es muy mala, ¡que entren las tropas!”. En otro post exige: “¡Arresten a las personas con máscaras ya!”

Tanto el gobernador de California Gavin Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass protestaron contra lo que consideran una injerencia del Gobierno federal al desplegar tropas de manera unilateral en sus territorios. “Que me detenga”, dijo en relación al zar antimigración de Trump, Tom Homan, que había amenazarlo con hacerlo previamente, y al propio presidente de EEUU. “Que venga por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

Newsom afirmó que presentó una solicitud formal a la administración Trump para que revoque el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devuelva el control de las tropas al estado. La presencia de la Guardia Nacional “alimenta las tensiones” en la ciudad, según una carta enviada por Newsom a Trump. “Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por la administración”, declaró Bass. “Esto responde a otra agenda. No se trata de seguridad pública”.

“No tuvimos ningún problema hasta que Trump se involucró”, dijo Newsom en X. “Esto es una grave violación de la soberanía estatal que agrava las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Revoquen la orden. Devuelvan el control a California”.

En una declaración conjunta varios gobernadores demócratas condenaron el despliegue como “un alarmante abuso de poder” y afirmaron: “Los gobernadores son los comandantes en jefe de su Guardia Nacional y que el Gobierno federal la active dentro de sus territorios sin consultar ni coordinarse con ellos es ineficaz y peligroso”.

La alcaldesa de Los Ángeles por su parte dijo que el despliegue de la Guardia Nacional es “lo último que necesita Los Ángeles” y aseguró que recibió poca información sobre cuánto tiempo permanecerán las tropas en la ciudad. Bass afirmó que había intentado disuadir a la administración federal de enviar a la Guardia Nacional. “Esperaba evitar que esta situación ocurriera nuestra ciudad todavía está intentando recuperarse de los incendios forestales”.

“No necesitamos ver nuestra ciudad destrozada” añadió señalando que la población está “aterrada”. La alcaldesa pidió que las protestas se mantengan pacíficas. “Hago un llamamiento a todos los angelinos para que sigan expresando su derecho su indignación su enfado pero de forma pacífica”.

El presidente por su parte afirmó en sus redes sociales: “Una ciudad estadounidense que alguna vez fue grandiosa Los Ángeles fue invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y delincuentes. Ahora turbas violentas e insurreccionales están atacando a nuestros agentes federales para intentar frenar nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios sin ley no hacen más que reforzar nuestra determinación. Di instrucciones a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem al secretario de Defensa Pete Hegseth y a la fiscal general Pam Bondi en coordinación con todos los departamentos y agencias pertinentes para que tomen todas las medidas necesarias con el fin de liberar Los Ángeles de la invasión migrante y poner fin a estos disturbios. Se restablecerá el orden los inmigrantes ilegales serán expulsados y Los Ángeles será liberada”.

En otro post criticó de nuevo contra Newsom y Bass: “Deberían pedir disculpas al pueblo de Los Ángeles por el trabajo absolutamente desastroso que hicieron, que incluye los disturbios que continúan en Los Ángeles. Estas no son protestas, son alborotadores e insurreccionistas. Recuerden: ¡SIN MÁSCARAS!” En efecto, Trump el sábado por la noche afirmó que las “máscaras no estaban permitidas” en las protestas, sin decir por medio de qué ley o decreto eso era así.

Aumenta la tensión

Las tensiones aumentaron este domingo en Los Ángeles cuando miles de manifestantes salieron a las calles en respuesta al despliegue extraordinario de la Guardia Nacional ordenado por Trump. Los manifestantes bloquearon una autopista principal e incendiaron vehículos mientras las fuerzas policiales locales respondían con gases lacrimógenos balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Los enfrentamientos ocurrieron en el tercer día de manifestaciones contra la ofensiva migratoria de Trump en la región mientras la llegada de unos 300 soldados federales desató indignación y temor entre algunos residentes.

A mediodía cientos de personas se congregaron frente al Centro Metropolitano de Detención en el centro de Los Ángeles donde permanecen detenidas algunas de las personas arrestadas en redadas migratorias anteriores. Los manifestantes coreaban “vergüenza” y “váyanse a casa” a los miembros de la Guardia Nacional que se mantenían en formación hombro con hombro portando armas largas y escudos antidisturbios.

Cuando algunos manifestantes se acercaron a los soldados otro grupo de agentes uniformados avanzó contra la multitud y lanzó bombas de humo a la calle.

Minutos después el Departamento de Policía de Los Ángeles disparó proyectiles de control de multitudes para dispersar a los manifestantes que según las autoridades se encontraban reunidos de forma ilegal. Gran parte del grupo se desplazó entonces a bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California los desalojaron de la vía a última hora de la tarde, según informa Associated Press.

Los enfrentamientos contra las redadas masivas de los agentes antimigración se recrudecen en el condado Los Ángeles mientras Donald Trump decide enviar a la Guardia Nacional y amenaza con intervenir en la ciudad y el estado de California. “Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, dijo Trump en sus redes sociales.

“En los últimos días, turbas violentas atacaron a agentes de ICE y a funcionarios federales encargados de llevar a cabo operaciones de deportación en Los Ángeles, California”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado: “Ante esta violencia, los ineficaces líderes demócratas de California han abdicado por completo de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Por eso el presidente Trump firmó un memorando presidencial para desplegar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional con el fin de hacer frente a la ilegalidad que se ha permitido que prospere. La Administración Trump mantiene una política de tolerancia cero frente al comportamiento delictivo y la violencia, especialmente cuando esta se dirige contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Estos criminales serán arrestados y llevados rápidamente ante la justicia. El comandante en jefe se asegurará de que las leyes de EE.UU. se apliquen de forma plena y completa”.

En las fotografías y en las imágenes de televisión y redes sociales se ven gases lacrimógenos y humo por las calles del sur de Los Ángeles en el segundo día consecutivo de enfrentamientos con los agentes de migración (ICE), que están desplegando redadas masivas con equipo antidisturbios y máscaras de gas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a los “agitadores de Los Ángeles” advirtiendo que no tolerará ninguna interferencia con la labor de las autoridades migratorias: “No nos detendrán ni nos retrasarán. ICE hará cumplir la ley. Y si tocan a un agente serán procesados con todo el peso de la ley”.

La misma Noem, en 2024 como gobernadora de Dakota del Sur, protestaba contra los despliegues en fronteras de la Guardia Nacional en tiempos de Joe Biden.

Más represión

Según organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, citadas por Associated Press, se produjeron detenciones en tiendas como Home Depot y en una cafetería de las afueras de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado que las recientes operaciones de ICE en Los Ángeles dejaron 118 personas detenidas.

Entre los detenidos en las protestas figura David Huerta, presidente regional del sindicato Service Employees International Union (SEIU). Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a AP que Huerta permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles a la espera de una vista judicial el lunes.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió su liberación inmediata y denunció “un patrón alarmante de arrestos de ciudadanos estadounidenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Estas redadas se producen mientras el Gobierno de Trump intensifica su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EE.UU.

Según ICE, sus operaciones esta semana en Los Ángeles dejaron 118 personas arrestadas, entre ellas cinco presuntos miembros de bandas criminales. A escala nacional, ICE afirma haber detenido esta semana a unas 2.000 personas al día.