La Justicia decidió no abrir la feria judicial para tratar los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda le dio al Gobierno una primera señal de alivio en el frente judicial, al considerar que no se verifican las condiciones de “urgencia” necesarias para habilitar el tratamiento del caso durante el receso de enero.

Según confirmaron fuentes judiciales, Canda se pronunció en el mismo sentido en todos los expedientes vinculados al DNU 941/2025. En uno de los dictámenes, elaborado en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal sostuvo que habilitar la feria implicaría ingresar en cuestiones de fondo que deben ser analizadas por los jueces naturales una vez retomada la actividad judicial. “La habilitación durante la feria es una medida de excepción y debe acordarse con carácter restrictivo”, señaló, y agregó que no se acreditó un “riesgo previsible e inminente” de afectación de derechos que justifique apartarse de esa regla.

Ahora será el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, quien deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones, aunque el dictamen fiscal marca una línea clara. Las causas quedaron radicadas en los juzgados 3, 4 y 11 del contencioso administrativo federal. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo, que encabeza Yamil Santoro.

La decisión del fiscal choca de frente con el planteo del CELS, que había solicitado la habilitación de la feria al advertir que el decreto “no admite demoras”. En su presentación, la organización sostuvo que el DNU constituye un “actuar ilegal e inconstitucional” del Poder Ejecutivo, incompatible con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y alertó sobre la afectación actual o inminente de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y la participación política.

El decreto firmado por Milei el 31 de diciembre pasado —cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Ejecutivo— reordena el sistema de inteligencia, redefine competencias y ensancha de manera significativa el rol de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en el marco de sus tareas, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad y que abrió una fuerte controversia política y jurídica.

En uno de los escritos presentados ante la Justicia, el grupo de abogados encabezado por Leopoldo Moreau advirtió que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”. Para los denunciantes, el DNU avanza sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo y vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La negativa a abrir la feria judicial encaja, además, con la estrategia política que el oficialismo viene desplegando desde Balcarce 50. En el entorno presidencial descuentan que, al menos por ahora, el frente judicial no alterará el calendario del Gobierno y confían en ganar tiempo también en el Congreso, donde apuestan a que el debate sobre el DNU quede postergado hasta después de la discusión de la reforma laboral. La decisión de la Justicia de no acelerar los plazos refuerza esa hoja de ruta.

Con los amparos en pausa y el tratamiento parlamentario aún lejano, el decreto seguirá vigente durante las próximas semanas. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: los jueces naturales deberán pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y el Congreso mantiene la facultad de rechazar el DNU en su totalidad. Por ahora, el Gobierno consiguió lo que buscaba: tiempo. Pero el conflicto por el alcance del poder de la SIDE y los límites democráticos del sistema de inteligencia apenas empieza a recorrer su capítulo en los tribunales.

PL/MG

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó la Ley de Inteligencia. La organización también solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de varios artículos del decreto y pidió la habilitación de la feria judicial.

Según el CELS, el decreto es inconstitucional por al menos tres motivos centrales. En primer lugar, el Poder Ejecutivo no brindó ninguna explicación concreta sobre la urgencia que justificara una reforma de esta magnitud a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, en lugar de someterla al debate parlamentario. En segundo término, el DNU avanza sobre materia penal, una facultad expresamente vedada al Ejecutivo por la Constitución Nacional, al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control posterior. Por último, la organización advirtió que los contenidos del decreto son ilegales, arbitrarios y desproporcionados por los derechos fundamentales que afectan.

La acción judicial cuestiona especialmente los artículos 4, 17, 18 y 19 del DNU 941/25, cuya aplicación inmediata —sostiene el CELS— produce una afectación directa a derechos constitucionales y humanos. Entre ellos, la libertad personal y ambulatoria, la privacidad, el debido proceso, la autodeterminación informativa y la libertad de acción y participación social y política.

Uno de los ejes más problemáticos del decreto, según el planteo judicial, es el desmantelamiento de las prohibiciones históricas que regían sobre los organismos de inteligencia. La reforma amplía de manera imprecisa las facultades de intervención estatal bajo el paraguas de las llamadas “investigaciones de inteligencia” y, especialmente, de la contrainteligencia. Mientras que la ley anterior prohibía expresamente que las agencias influyeran en la vida política, social, económica, partidaria o en la opinión pública, el nuevo DNU excluye de esas restricciones a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance redefine y expande de forma arbitraria. De este modo, advierte el CELS, prácticamente cualquier actividad podría ser encuadrada como contrainteligencia, habilitando la intervención estatal en ámbitos que antes estaban vedados.

Otro punto central del cuestionamiento es el acceso irrestricto a información personal. El nuevo artículo 10 autoriza a los organismos de inteligencia a requerir datos personales a cualquier dependencia del Estado nacional o provincial sin control externo y sin necesidad de justificar la proporcionalidad de la medida ni su vinculación con una finalidad legítima de seguridad nacional. Además, el artículo 4.5 permite a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) compartir esa información con entidades nacionales o extranjeras mediante convenios confidenciales, sin orden judicial previa, una exigencia que sí contemplaba la legislación anterior.

Esto implica, según el amparo, que datos sensibles recolectados por organismos como el Renaper, Migraciones o la Anses —originalmente destinados a fines administrativos— puedan ser utilizados, almacenados y divulgados por las agencias de inteligencia sin control civil ni judicial y sin una finalidad concreta vinculada a la seguridad nacional.

El CELS también cuestionó con dureza la nueva facultad otorgada a los agentes de inteligencia para detener personas sin orden judicial, tanto en el marco de actividades de inteligencia como ante supuestos delitos en flagrancia. En esos casos, el decreto establece que el aviso debe darse a fuerzas policiales o de seguridad, y no a un juez. Para la organización, esta habilitación viola la prohibición constitucional que impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y se apoya, además, en definiciones vagas y amplias de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés para la Inteligencia Nacional”, conceptos que el DNU no define con precisión.

La consecuencia, advirtió el CELS, es la posibilidad de detenciones sin hipótesis concreta de delito ni un umbral mínimo de sospecha, lo que supone una grave afectación de las garantías individuales. “No se trata de meros ajustes administrativos”, señalaron desde la entidad, sino de intervenciones directas y restrictivas sobre ámbitos centrales de la autonomía personal y la acción social, adoptadas mediante un instrumento de “baja calidad democrática”.

En ese sentido, la presentación judicial remarca que el DNU no solo carece de una justificación clara sobre la necesidad y urgencia de su dictado, sino que tampoco explica por qué la reforma no podía esperar los tiempos del debate democrático en el Congreso.

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) publicó el tercer censo popular que confirma un incremento en la población que vive en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires: hay alrededor 11.900 personas, casi el triple de lo que informó el Gobierno porteño.

Según el CELS, este trabajo sirve para “visibilizar con cifras más reales” lo que sucede con la gente que vive “de manera crítica” y que, durante el invierno, “necesita aún más ayuda” por parte del Estado.

“Estos nuevos datos permiten entender cómo la gente atraviesa la pérdida de casa, de trabajo, el deterioro de su salud y cómo sufren distintas violencias. Además, desnuda el aumento de consumos problemáticos, el deterioro físico y mental y la criminalización de las fuerzas policiales”, indicaron desde el informe.

En la misma línea, aseveraron que la situación económica actual provocó que muchas personas “tuvieran que enfrentar situaciones muy críticas” como, por ejemplo, dejar de pagar el alquiler (de casas o, incluso, de pensiones) y, “de manera precipitada”, dejaron de tener un techo.

De las 5.900 personas entrevistadas, el 20% explicó que está en situación de calle “por primera vez”, mientras que el 38% contó que “lleva un año o menos” viviendo de esa manera.

“La población que vive en la calle es principalmente trabajadora: el 23% cartonea como principal fuente de ingresos, el 29% hace changas, el 10% vende de forma ambulante y un 12% pide dinero. La mayoría de los encuestados nacieron en la Ciudad (45%), el 30% llegó desde la provincia de Buenos Aires, el 16% del interior y el 7% de otros países. Casi el 50% al menos cursó la educación secundaria”, indicaron desde el CELS.

Por otra parte, remarcaron que vivir a la intemperie, con mala alimentación y sin acceso a los servicios médicos, “agrava las condiciones de salud”. De hecho, el 64% de los entrevistados afirmó que “empeoró” su estado y el resto asegura que, desde que está en la calle, “aumentó su problema con el consumo de drogas”.

Además, el organismo sostuvo que, paralelamente, “crecieron las situaciones de maltrato” por parte de la Policía de la Ciudad y de los trabajadores del Ministerio de Espacio Público: “Les quitan sus cosas, los echan de los lugares donde duermen, los someten a requisas irregulares, son tratados con violencia física y verbal y padecen detenciones arbitrarias”, añadieron.

“Con el decreto 373/25, el Gobierno Nacional modificó la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle (27.654) y deslindó la responsabilidad del Estado pasándoles las responsabilidades a las provincias. Estas personas están expuestas a todo tipo de vulneraciones. Para mejorar su situación se necesitan políticas públicas con respuestas interdisciplinarias que actúen ante la emergencia, pero también para que quienes vivir en la calle puedan volver a vivir en otro lugar y sostenerse”, concluyeron.

Con información de la agencia NA

Las detenciones a cinco jóvenes militantes en la “causa Espert” -con el trasfondo de múltiples allanamientos y detenciones a organizaciones sociales desde 2024 y la reciente detención y proscripción de Cristina Fernández- forman parte de un conjunto de acciones y mensajes de los poderes del Estado dirigidos a generar una conciencia extendida de que las prácticas organizativas y expresivas de los activismos están en un horizonte de riesgo y son pasibles de ser ilegalizadas.

En estos últimos 40 años existieron intervenciones estatales autoritarias contra la acción política, entre las que se destacan la represión y la criminalización. Así entendimos las respuestas judiciales y/o políticas contra acciones colectivas, generalmente protestas sociales. Esta criminalización es una forma de regulación político-penal de la acción política: el procesamiento judicial de activistas, manifestantes y referentes sociales, políticos o sindicales por participar en protestas, a los que se acusó con figuras penales para reprocharles las formas o los tiempos de sus acciones. El esquema típico arranca con una imputación no grave (de expectativa de penas bajas), pero que exige que el o la referente esté sometido a proceso, que su organización se retire de la calle a los tribunales y destine recursos de todo tipo a sostener la libertad del acusado o acusada. Todo con un costo reputacional para la persona y su espacio social y político. La sospecha que queda es mayor cuando se suma una acusación de corrupción. En general, la acusación original se desmorona en la instrucción o en el juicio por ausencia total de pruebas. Pero el daño ya está hecho, el mensaje al conjunto de la militancia enviado y el control penal de la acción política, realizado.

A veces la racionalidad era restringir las protestas en las calles y en las rutas, pero cada vez más se usó la protesta como una oportunidad para involucrar a referentes en un proceso penal, poder interferir sus comunicaciones y afectar a su organización. Es decir, el efecto principal más que la libre circulación fue condicionar y limar la organización. Ya en el gobierno de Cambiemos, la protesta fue vista como una acción ilegítima, dejando de ser la gran escena de la democracia para ser cada vez más tildada de situación delictiva. La narrativa de los grandes medios combinó la acusación de violencia con la de manejo espurio de fondos o corrupción como la fórmula para desacreditar la legitimidad social y política de las organizaciones.

Esto que decimos que “es otra cosa” no es una novedad de 2025. Se viene padeciendo en varias provincias, a veces por iniciativa de los gobiernos locales, a veces impulsado desde Nación, a veces por activismo judicial. Lo hemos visto contra comunidades mapuche y contra movimientos sociales. Ahora llegó al centro del país, en concierto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, afectando a una organización política también central y eso emite un mensaje fuerte y generalizado a la militancia.

Las detenciones a cuatro mujeres y un varón, todos militantes jóvenes, en la causa Espert muestran este tipo de intensificación: se dicta la prisión efectiva sin que haya riesgo procesal, se imponen condiciones gravosas en la detención, se califica con tipos penales graves acciones exentas de violencia, se establece el secreto de sumario sin motivos legales, se habla de asociación sin elementos, se acusa de querer “imponer ideas por la fuerza” para describir una simple acción de escrache. Con absoluta inverosimilitud, se encuadra un mensaje de descalificación política como “amenazas agravadas” y se lo trata de hacer entrar en grandes figuras como el atentado contra el orden público e incitación al odio por motivos políticos.

Posiblemente fue con las acusaciones y la prisión efectiva a Milagro Sala, junto con el desguazamiento de la Tupac Amaru como organización e infraestructura social, que la lógica de la criminalización se transformó por su intensidad y su naturaleza. Ya no se trató de una modalidad de regulación penal sino de ilegalización y anulación de una organización popular. Al día de hoy, continúan los intentos de agravar sus condiciones de detención. A lo largo de su proceso quedó muy claro que el “bien protegido” no era el orden público, la integridad de nadie, ni la propiedad privada. Lo que quedó protegido y reforzado fue un proyecto de hegemonía política y de ordenamiento de la sociedad.

Las 33 detenciones del 12 de junio de 2024 en el centro de Buenos Aires en ocasión de la protesta contra la Ley Bases, mostraron la desinhibición de este gobierno y de parte del Poder Judicial para utilizar la fuerza policial, penal y penitenciaria. Detenciones arbitrarias al voleo, acusaciones de terrorismo y prisión preventiva en cárcel común. Para el momento en el que se cayeron todas las acusaciones y se dictaron las libertades, el mensaje a la sociedad ya había sido enviado: la protesta social será entendida como una acción directa, reprimida y castigada. No importa si no sos el que prende fuego un auto: más aún, importa que aunque no prendas fuego a los autos, tu presencia en los alrededores de una protesta será considerada ilegal.

Las detenciones de la causa Espert confirman esa desinhibición para el uso del aparato policial-penal-punitivo pero en lugar de dirigirse al activismo inorgánico que participa de movilizaciones, se dirige a la organización política. Esta vez no es al voleo, es dirigida, te van a buscar. El mensaje es también de intimidación: la organización no te blinda ni te protege de la embestida penal.

La escalada en los tipos penales también incluye la acusación de terrorismo, lo que sirve para hacer ingresar a las y los acusados en zonas de excepción y activar las máximas medidas penales y punitivas.

Una de las ideas fuertes de la democracia desde los 80 fue la de garantía penal. Era una cuestión seria, protegida por todo el sistema político y que se consolidó con la incorporación del derecho internacional a nuestro marco legal en los noventa. Que el repudio a estas detenciones sólo provenga de los sectores que ya están identificados como opositores expresa que esa valoración común de las garantías quedó muy atrás.

*La autora es Directora del área de Investigación del CELS

MC

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe en el que aseguran que, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, “sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado” y que “2.866.000 personas perdieron al menos una” de la que eran destinatarias.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, indicó que, a través de este monitoreo, quedaron vigentes sólo 4 “de las 50 políticas de cuidados existentes” a nivel nacional.

“Las (políticas de cuidado) que quedan son vinculadas a transferencias directas de ingresos, como es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, reforzándose el modelo del individualismo. Lo que resulta sumamente insuficiente, a pesar de que la AUH ha tenido un incremento en su valor, pero que no alcanza para cubrir las demandas de cuidados en las familias”, expresó.

Según los datos del informe, que se refleja también en los reclamos de todos los miércoles en la marcha de los jubilados, los adultos mayores “deben elegir entre comer o medicarse”.

“Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones”, sostiene el texto.

Por otra parte, el CELS hace una mención particular a la situación de las personas con discapacidad que tienen “más trámites y menos prestaciones”, que dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sufre un recorte presupuestario, desde diciembre de 2023, al igual que todas las dependencias estatales.

El informe asegura que el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad “creció del 40% al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes”.

“Hemos visto que no solo se han puesto más trámites para obtener pensiones y algunas prestaciones por parte del Estado, sino que, inclusive, las pensiones por discapacidad han sido rechazadas en mayor medida y sin mucha fundamentación. Otra de las cuestiones que traemos en el informe es que se afecta la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres”, explicó de la Vega.

En esa línea, explicó que las transferencias de ingresos a las infancias, se sostienen “con límites”, sin embargo, paralelamente, “se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil” en sus distintas formas y se “desarman” las políticas de educación sexual, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo y métodos anticonceptivos: “A largo plazo se reproduce desigualdad”, asegura el informe.

“Lo que también mostramos es que se han dejado de lado todas las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. No hay cupos vinculados al cupo travesti - trans, que ya no se encuentra vigente y que la única condición para ingresar es la idoneidad. Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde el mes de enero. Y también es muy grave la situación de las mujeres rurales que se encuentran en emergencia”, concluyó de la Vega.

Con información de Laura Impellizzeri de la agencia NA

El nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto presidencial desató un fuerte rechazo en el ámbito jurídico y académico. Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez criticaron la decisión del Ejecutivo, mientras que un grupo de organizaciones de la sociedad civil también expresaron su oposición.

Sabsay, director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la gravedad institucional de la medida. “El decreto del presidente (Javier) Milei que nombra en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ha provocado una grave crisis institucional. Espero que los contrapesos impidan que se concrete”, dijo en sus redes sociales.

Por su parte, Gil Domínguez recordó que la Constitución Nacional establece un procedimiento claro para la designación de jueces de la Corte Suprema, que debe contar con la intervención del Senado. Si bien reconoció la existencia de un mecanismo excepcional que permite al Ejecutivo designar jueces en comisión, subrayó que este sólo se aplica ante vacantes producidas durante el receso del Senado y en circunstancias extraordinarias que justifiquen la urgencia.

“Los dos procedimientos no son equivalentes ni intercambiables. No se puede iniciar el mecanismo regular y, si no se obtienen los consensos necesarios, recurrir al mecanismo excepcional. De lo contrario, se generaría una herramienta para eludir el control del Senado de manera indefinida”, alertó.

Gil Domínguez sostuvo que el Decreto 137/2025 es “nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable”, ya que no se verifican las circunstancias excepcionales que habilitarían el uso del mecanismo de designación en comisión. Advirtió que su aplicación transformaría a los designados en “jueces de facto”, afectando la legitimidad democrática de la Corte, la independencia del Poder Judicial y el orden institucional.

Asociaciones civiles y organismos de derechos humanos también cuestionaron la medida. A través de un comunicado difundido por el Cels, que lleva 38 firmas, dijeron que “constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.

“La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud”, marcaron.

Por otra parte, desde el organismo recordaron que “las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes” y que “eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”.

MM

La justicia resolvio abrir la feria judicial para tratar la situacion del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, luego de que el Gobierno nacioal decidiera la intervencion del centro de salud. La intervencion judicial se produce a partir de una presentacion del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

Luego de que el pasado 16 de enero, el Ministerio de Salud comunicó los despidos a los trabajadores, el Cels presentó “una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios”.

 En un comunicado, el Ministerio había argumentado que la medida tenía como objetivo “garantizar su funcionamiento regular y asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”.  Y defendió la intervención afirmando que la medida “forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de los recursos en el sistema de salud y corregir irregularidades detectadas en la institución”.

Lo mismo aseguro el nuevo interventor, el neurocirujano Mariano Pirozzo, en una reunión que tuvo la semana pasada con varios jefes del Hospital, a los que les dijo que su misión allí era volver al hospital “rentable”, tal como informó elDiarioAR. Pirozzo ya estuvo a cargo de la intervencion de otro hospital, el Baldomero Sommer, en donde se despidieron a más de 120 empleados.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el Cels explico que “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el centro.

El año pasado, el Gobierno ya había intentado el cierre del Hospital pero tuvo que dar marcha atrás a causa de la presión de los trabajadores y pacientes. Según el Cels, durante 2024, más de 100.000 consultas se atendieron en el centro de salud de manera ambulatoria. Cada mes, 1.500 pacientes acuden a sus consultas farmacológicas, a los que se suman 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También se atendieron 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. “Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental. El Bonaparte es el único hospital de esa especialidad en el AMBA”, detalló el Cels.

Además de la presentacion judicial, el Cels pidió la intervención a la CIDH y al Alto Comisionado y la Relatora de Salud de Naciones Unidas.

El gobierno de Javier Milei, que celebra la euforia de los mercados, la baja de la inflación (aunque con una brutal caída de la economía y un notable aumento de la pobreza) y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se sentó este jueves en una suerte de banquillo internacional de los acusados, al tener que dar respuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre distintos asuntos como la desprotección de las personas más vulnerables, las mujeres y las minorías sexuales; el desmantelamiento de políticas sociales y el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Fue en tres audiencias realizadas en la sede de la CIDH, en Washington DC, un escenario adverso para los representantes del gobierno de La Libertad Avanza, debido a que enfrente tenían a los peticionantes, que no coinciden en nada con la visión de esta gestión, dedicada con exclusividad a los resultados fiscales y al achicamiento del Estado, sin importar que como consecuencia de la falta de presupuestos no cumpla siquiera algunas de sus funciones esenciales.

Estas audiencias se realizaron el mismo día en que Milei participaba junto con Trump, en Palm Beach, Florida, de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), una convención de la derecha internacional.

Las audiencias habían sido solicitadas ante la CIDH por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que denunciaron recortes y políticas de ajuste que, según afirman, profundizan la pobreza y vulneran los derechos de los sectores más desprotegidos. Fue algo inédito porque la CIDH no suele dar tres audiencias en el mismo día a un solo país.

La denuncia de los trabajadores de la economía popular: “Nos están dejando sin nada”

La primera de las tres audiencias fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Entre los puntos más críticos estuvieron los recortes en la asistencia social y alimentaria, la eliminación de programas de inclusión laboral y el impacto negativo en los sectores más empobrecidos, en un país donde la pobreza alcanzó al 53% de la población en 2024. Las exposiciones, que hicieron hincapié en la falta de recursos para los sectores vulnerables, coincidieron con cuestionamientos de los comisionados de la CIDH, que pidieron explicaciones sobre los motivos detrás de estas políticas de ajuste y su impacto social.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó la delegación de organizaciones sociales en la audiencia. Durante su exposición, Gramajo afirmó: “Lamentablemente, tenemos que estar aquí porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”. Explicó que en la Argentina, la economía popular es un sector clave que representa casi la mitad de la fuerza laboral, ya que millones de personas, excluidas del mercado formal, sobreviven con trabajos informales y precarios como la venta ambulante y la agricultura familiar.

Gramajo denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han congelado el Salario Social Complementario en $78.000, “una suma que apenas alcanza para 50 litros de leche”, en sus palabras, y señaló que esta medida ha dejado a miles de familias al borde de la indigencia. “El desfinanciamiento de los comedores comunitarios en un contexto de pobreza creciente es una decisión que condena a nuestros hijos al hambre”, agregó.

El secretario de la UTEP también señaló el impacto del ajuste en los barrios humildes, donde obras de infraestructura básica como el acceso a agua potable, electricidad y cloacas han sido canceladas. Estos proyectos, establecidos por leyes como la Ley de Emergencia Social y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, habían sido cruciales para mejorar la vida de más de 6.000 barrios populares, pero actualmente “millones de familias están otra vez sin acceso a servicios básicos”, subrayó.

El CELS denunció la “destrucción” de políticas públicas

Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que las decisiones del gobierno de Milei representan una regresión en los derechos sociales. “Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hecho y un proceso de estigmatización de las organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen”, expresó Morales, al presentar los datos sobre el crecimiento de la pobreza en 2024.

Morales detalló que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29%, mientras que los recursos para comedores y merenderos comunitarios fueron reducidos en un 85%.

“El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol fundamental”, afirmó y subrayó la falta de inversión en infraestructura pública y la suspensión de proyectos de reurbanización, que dejaron sin opciones de vivienda digna a cinco millones de personas que residen en asentamientos precarios.

La respuesta del Gobierno: “Es una readecuación de políticas”

Desde la delegación oficial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, la estrategia fue la defensa de un modelo de “racionalización de recursos”. El funcionario insistió en que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de “autonomía” para los sectores populares, aunque no ofreció detalles sobre cómo estas políticas beneficiarían a quienes han quedado sin recursos básicos. “El objetivo es eliminar las dependencias estructurales y crear un sistema más justo”, sostuvo Baños, pero sin explicar cómo se garantizarán los derechos básicos a los sectores más vulnerables en el proceso.

A la hora de responder sobre los recortes en políticas alimentarias, el funcionario de Milei, que fue presentado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo (hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), minimizó la situación y desvió las críticas afirmando que “no hay destrucción sistemática, sino una readecuación de las políticas debido a la situación económica calamitosa heredada”.

Según Baños, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación y la recuperación económica, aunque las consecuencias para los sectores empobrecidos de la sociedad no fueron abordadas en profundidad.

Los comisionados de la CIDH plantearon interrogantes incisivos al Gobierno argentino. Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de derechos de personas privadas de libertad, cuestionó la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Además, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, al recordar un fallo de la Corte Interamericana en 2016, advirtió sobre el peligro de retrocesos en políticas públicas, enfatizando la obligación de progresividad de los Estados en derechos sociales. Ambas cuestiones quedaron sin respuestas claras por parte del Gobierno, que se limitó a comprometerse a enviar explicaciones por escrito.

La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, insistió en la importancia de que las políticas fiscales y de austeridad no comprometan los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza. Baños, en su respuesta, reafirmó el compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero, aunque no ofreció soluciones a las denuncias sobre desfinanciamiento de comedores y recortes en políticas de asistencia alimentaria.

El secretario de Derechos Humanos de Milei, un exjuez que llegó a la magistratura durante la última dictadura, adoptó un tono desafiante en defensa de las medidas de ajuste y recortes, describiéndolas como una “racionalización de recursos necesaria para corregir el sistema asistencialista”. En lugar de responder de manera directa a las críticas sobre el impacto social negativo de estas políticas, Baños se centró en un enfoque técnico, subrayando la “autonomía” como el objetivo principal del Gobierno: “Estamos generando un modelo de desarrollo para que cada ciudadano sea autosuficiente y no dependa de planes que perpetúan la pobreza”, afirmó, sosteniendo que los cambios implementados desde diciembre de 2023 buscan erradicar lo que llamó una “cultura de dependencia”.

Baños desestimó las denuncias de desfinanciamiento en políticas sociales, alegando que la “readecuación de políticas” es una respuesta necesaria a la crisis fiscal del país. Aunque admitió que el presupuesto para programas sociales y alimentarios había sido reducido, justificó esta decisión como parte de una estrategia de “eficiencia” orientada a reducir el déficit fiscal. Según Baños, el Gobierno pretende alcanzar un “déficit cero” que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo” y, según sus palabras, esto “eventualmente beneficiará a todos los sectores”.

En cuanto a los programas de empleo y asistencia, Baños también defendió la sustitución del Plan Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, una medida que ha sido criticada por las organizaciones sociales por su falta de alcance y de incentivos reales para la inclusión laboral. En su exposición, Baños insistió en que el nuevo programa permitirá a los trabajadores informales “insertarse de manera independiente en el mercado”, aunque no ofreció datos sobre los resultados de esta política ni respondió a las denuncias de que la mayoría de los beneficiarios se han quedado sin alternativas efectivas para acceder a un empleo estable.

En varios momentos de la audiencia, Baños recurrió a un discurso que deslegitimó el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el “clientelismo” y de intermediar en forma “sesgada” la asistencia pública. “Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó, en un intento de justificar la exclusión de las organizaciones del sistema de asistencia. Baños aseguró que la “desintermediación” de los programas sociales es un paso hacia un modelo que fomente la autosuficiencia, aunque las organizaciones presentes señalaron que esta política ha dejado a miles de personas sin asistencia concreta.

Finalmente, Baños trató de minimizar las críticas sobre el impacto en los niños y en la atención de necesidades básicas, aludiendo a una “mejora” en los índices de inflación que, según afirmó, “empieza a reducir lentamente los índices de pobreza”. No obstante, evitó referirse a los datos que muestran una suba sostenida de la indigencia en 2024. Al cerrar su exposición, Baños reafirmó el compromiso del gobierno de Milei con el “desarrollo económico y la libertad individual”, pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los comisionados de la CIDH, quienes destacaron que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la austeridad fiscal.

La intervención de Baños refleja la visión de un gobierno que prioriza la “sostenibilidad macroeconómica” sobre las necesidades de los sectores más desprotegidos, una postura que, de acuerdo con las organizaciones y los críticos presentes, continúa agravando la crisis social en Argentina.

El desfinanciamiento a las políticas de protección a las mujeres

A esa primera audiencia le seguía otra sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.

Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expuso la alarmante situación de las políticas de género en Argentina durante los primeros meses de 2024. Acompañada por representantes de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y el CELS, Gherardi detalló el retroceso en la atención y erradicación de las violencias de género y la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva.

Gherardi destacó que entre enero y marzo de 2024, 2,462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional que brinda ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, solo 434 pudieron acceder al programa, a pesar de que el 54% de ellas se encontraba en situación de grave riesgo. En comparación, en el primer trimestre de 2023, 34,000 mujeres lograron acceder al mismo programa, lo que representa una caída del 98%. “Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas”, afirmó Gherardi.

Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas

Natalia Gherardi — directora ejecutiva de ELA

Desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, se han desmantelado políticas públicas exitosas, desacreditado instituciones sin evidencia, recortado arbitrariamente el presupuesto y reducido el personal encargado de implementar estas políticas mediante despidos masivos. Estas acciones, según Gherardi, incumplen compromisos internacionales vigentes, como la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han iniciado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes en situación de múltiple vulnerabilidad. Solicitan que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo responsable de cumplir las obligaciones en materia de violencia de género, qué políticas públicas están vigentes y cómo se garantizarán estas obligaciones en todo el territorio.

La CIDH, en su informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral con recursos específicos y permanentes, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. Gherardi subrayó que la situación actual en la Argentina refleja un grave retroceso que contradice estos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales.

La “eficiencia” en género y derechos de las minorías: más recortes, menos protección

De nuevo, Baños —junto a Javier Salgado, director del área de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Bueno, asesor legal de la misma dirección— fue el responsable de las respuestas ante la CIDH en esta segunda audiencia en nombre del Estado argentino. El funcionario intentó justificar la política de género adoptada por el gobierno, en un discurso cargado de datos sobre las “ineficiencias” de las administraciones anteriores y con promesas de una gestión más “eficiente”. Pese a sus palabras, los datos y las decisiones que destacó apuntan a recortes y traslados de competencias que, según organizaciones sociales, resultan en un debilitamiento de la protección estatal hacia las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Baños también se refirió a la Línea 144, asegurando que el servicio de asistencia sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”, pero sin mencionar que esta línea sufrió una reducción de agentes, pasando de 140 a solo 81, lo que organizaciones señalan como un golpe a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según él, la coordinación con la Línea 137, también afectada por recortes, “fortaleció” el alcance del servicio, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.

Intentó reforzar el supuesto compromiso del gobierno de Milei con las políticas de género, resaltando que “las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina,” e indicando que varios altos cargos dentro del gobierno están ocupados por mujeres.

Según Baños, el cierre de organismos y la disminución de personal “ineficiente” forman parte de una estrategia que busca el “renacimiento” económico del país. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue presentada como una medida necesaria para enfrentar lo que calificó de “ineficiencia” en la gestión pública, aunque sin ofrecer detalles claros sobre cómo las políticas se verían beneficiadas por este cambio.

Respecto del aborto legal y la salud reproductiva, Baños utilizó los tratados internacionales y los derechos humanos para argumentar que la protección de la vida desde la concepción es un principio fundamental, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cita fue interpretada como un ataque implícito al aborto legal, al afirmar que la protección de la vida “debe ampliarse y no retroceder”, una crítica a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2020.

En su intervención, Baños también subrayó que los derechos sexuales y reproductivos, tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo, no incluyen el aborto. Esta postura se presentó como parte de una estrategia para reducir el financiamiento en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Según el funcionario, el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente experimentó una fuerte disminución desde 2021, lo que, según él, refleja una falta de efectividad en los programas anteriores.

En cuanto al embarazo adolescente, Baños citó datos de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ubican a Argentina por encima del promedio regional en embarazos no deseados, especialmente en el ciclo primario. Según Baños, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) no ha logrado los resultados esperados, ya que las provincias que no implementaron el plan obtuvieron resultados similares a las que sí lo hicieron. Para Baños, este fracaso exige un “nuevo abordaje” que permita afrontar el problema, aunque su exposición careció de propuestas claras para una solución efectiva.

Tras la exposición del funcionario de Milei, el comisionado Caballero Ochoa señaló: “Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, entonces la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho antidiscriminatorio de la igualdad”. La sentencia, previa a preguntas que luego formuló, fue una crítica abierta y lacerante sobre la idea del gobierno de Milei y Baños sobre la protección a las mujeres y a las minorías sexuales.

“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina”

La última audiencia contó como expositora Estela de Carlotto en forma remota desde el edificio del excentro clandestino de detención de la ESMA, hoy reconvertido en sitio de memoria. “Aunque lamento no poder estar en forma presencial con ustedes, es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, aunque también una gran tristeza. Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Posteriormente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, advirtió sobre lo que consideró una grave regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina. Litvachky denunció el desfinanciamiento, la clausura de líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria.

En su presentación, Litvachky señaló que las promesas de campaña del gobierno de Milei se han traducido en acciones concretas que amenazan un proceso consolidado desde la posdictadura y que ha sido modelo en la región y el mundo. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, sostuvo la directora de CELS.

Litvachky también expresó preocupación por un discurso oficial que, según afirmó, reivindica la represión clandestina y critica los juicios de lesa humanidad como una “campaña contra las Fuerzas Armadas”. Esta postura, indicó, se ve reflejada en acciones como el elogio de indultos a militares condenados y la realización de reuniones políticas con responsables de torturas y asesinatos masivos.

Según Litvachky, estos ataques no solo ponen en riesgo la continuidad de las políticas de derechos humanos sino que también buscan minar el consenso social y político que condena las atrocidades cometidas durante la dictadura. “Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales”, afirmó, alertando sobre los efectos que esto podría tener en la sociedad argentina y la región.

La directora del CELS realizó una solicitud formal a la CIDH para que inste al Estado argentino a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el restablecimiento de las políticas desmanteladas y el abandono de posturas relativistas sobre crímenes de lesa humanidad. Litvachky pidió además que la Comisión realice una visita a Argentina para evaluar de primera mano los retrocesos denunciados y formular recomendaciones.

Luego, en una contundente intervención, el escritor Martín Kohan alertó sobre las amenazas que enfrenta la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, argumentando que el intento de cerrar el capítulo de esta memoria viva representa, en realidad, un esfuerzo por silenciar y suprimir el trabajo colectivo de la sociedad para entender y condenar los crímenes de la última dictadura militar. “La memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta”, afirmó Kohan, subrayando que se trata de un proceso continuo que mira al presente y al futuro, más allá de lo sucedido en el pasado. Para Kohan, esta memoria no puede considerarse concluida ni fija, pues debe mantenerse en movimiento y en construcción para preservar la verdad y exigir justicia.

El escritor alertó que cualquier intento de “dar por completo” o dejar atrás esta memoria implica, de hecho, un esfuerzo por negarla. Kohan también denunció lo que considera una producción de “desconocimiento” por parte del Estado, ya que “pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado” es una forma de aplastar el conocimiento logrado a lo largo de más de 40 años de democracia. Según Kohan, la memoria argentina se ha forjado en un extenso y valioso proceso social, lleno de debates y contradicciones, que ha permitido una comprensión profunda de la historia reciente. “Pero si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y a la justicia”, sostuvo Kohan.

El escritor pidió a la CIDH que proteja los avances alcanzados, recordando que tanto las verdades como las justicias obtenidas en el pasado necesitan ser defendidas de los embates actuales. Según Kohan, los ataques a la política de memoria en Argentina ponen en riesgo no solo la comprensión y condena de la historia de violencia estatal, sino también los cimientos democráticos y los valores colectivos que han guiado a la sociedad en el proceso de “Nunca Más”. 

Negando el negacionismo

Baños, otra vez, aseguró que la administración del presidente Milei respalda plenamente los principios de memoria, verdad y justicia, y refutó las acusaciones de negacionismo que, según afirmó, no tienen fundamento real.

Baños destacó que el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibe más de 400 visitas diarias y 20 escuelas por semana, lo que muestra, según él, un sólido compromiso estatal con la preservación de la memoria. Además, recordó que el Estado argentino destina alrededor de $4.000 millones al año para mantener este espacio y a los organismos allí presentes, incluido el Archivo Nacional de la Memoria. Para Baños, el hecho de que estos sitios sean accesibles al público demuestra que el gobierno no ha abandonado las políticas de derechos humanos.

En cuanto a las causas por delitos de lesa humanidad, Baños señaló que se han dictado 331 sentencias desde 2006, de las cuales 9 corresponden a 2024. Asimismo, mencionó que en este año la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido activamente en 265 causas en las que las víctimas no cuentan con patrocinio legal propio. Según el secretario, estos datos evidencian que el Estado no ha modificado su enfoque en estos temas.

Respecto a la derogación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños, Baños explicó que esta decisión se tomó para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Indicó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) sigue adelante con sus funciones, y que las investigaciones sobre apropiación de niños continúan a cargo de la Procuración General de la Nación y los juzgados pertinentes.

Baños también subrayó que los archivos relacionados con delitos de lesa humanidad están resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, y desestimó cualquier preocupación por la vulnerabilidad de estos documentos. Reiteró que la política de leyes reparatorias continúa en marcha y que una auditoría reciente permitió detectar irregularidades en los expedientes, lo que ha llevado al inicio de acciones judiciales.

Para cerrar su intervención, Baños aseguró que el gobierno no cederá a lo que calificó como “presiones ideológicas” y reafirmó que el compromiso con los derechos humanos y la memoria abarca “a todas las víctimas, sin distinción de banderas”.

Anteriormente, uan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, dijo que las decisiones que está tomando el gobierno de Milei responden a una “crisis económica sin precedentes” que exige optimizar recursos y suprimir estructuras duplicadas.

El secretario también abordó los cuestionamientos por la negativa de proporcionar información sensible a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Battaleme argumentó que la solicitud de acceso a legajos militares debe ser específicamente ordenada por la justicia y bajo circunstancias debidamente justificadas, en línea con la Constitución Nacional y el secreto militar establecido por decreto. “No se trata de ser más o menos colaborativos, sino de actuar bajo un marco de legalidad”, subrayó.

Sobre el final de la audiencia, se le dio la palabra al experto de Naciones Unidas Jan Jarab, quien es representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación a la memoria, la verdad y la justicia. La exposición del funcionario de la ONU fue duramente cuestionada por Baños, quien señaló su “absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor, relator de Naciones Unidas, no avisada, no informada”.

Las tres audiencias ante la CIDH pusieron de manifiesto las profundas preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la política de derechos humanos en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las críticas de organismos internacionales, junto con las denuncias de organizaciones sociales y figuras históricas como Estela de Carlotto, dan cuenta del riesgo de un retroceso en áreas fundamentales como la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las políticas de protección a las minorías.

Mientras el Gobierno insiste en que sus reformas son necesarias para enfrentar la crisis económica, la comunidad internacional sigue vigilante, instando al Estado argentino a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En este contexto, la defensa de los avances conseguidos en democracia y la preservación de los derechos fundamentales se convierten en una responsabilidad compartida, que sigue siendo crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

JJD

Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.

El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.

Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.

“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.

EFE.

IG

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso hoy que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores.

“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, sostuvo el reciente fallo.

La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.

En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. El magistrado pidió además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. 

“Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”, agregó.

La causa comenzó a principio de este año, cuando las organizaciones reclamaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales. A raíz de esto, se presentó un amparo colectivo que el juez Lara Correa lo aprobó.

MM con información de la agencia NA.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer mañana su fallo sobre el reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA.

El tribunal anunciará su decisión a poco más de un mes de cumplirse 30 años del atentado y como consecuencia de un pleito que insumió un cuarto de siglo en esa instancia internacional.

El fallo será dado a conocer a las 11 y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Corte.

“Las condiciones políticas e institucionales que ocasionaron que, pasadas tres décadas del atentado, todavía no sepamos casi nada de lo que sucedió siguen presentes. Los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”, informó el CELS.

En octubre de 2022, en audiencias celebradas en Uruguay, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado.

Tras esa instancia, el tribunal pasó a sesionar y mañana anunciará su decisión sobre “en qué términos el Estado argentino y los políticos y funcionarios que intervinieron son responsables de este fracaso que dejó a la sociedad argentina sin una explicación histórica, sin una verdad judicial posible, sobre un crimen que produjo 85 muertos y cientos de heridos”.

En 1999, Memoria Activa con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia. En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. El caso pasó a la Corte Interamericana en marzo de 2021.

CRM con información de la agencia NA

En el pico de la violencia narco desatada en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (PB), insistió con que los militares intervengan en lo que caracteriza como una lucha contra el narco-terrorismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel (VV) sorprendió en aquel momento al confrontar con esta posición. Estas diferencias sobre el rol de las fuerzas armadas en el presente están directamente conectadas con los modos en que cada una caracteriza la represión de la última dictadura. Milei, por su parte, coincide con la visión del pasado de las fuerzas armadas con Villarruel y con la del presente de Bullrich, subordinando su visión sobre la defensa al alineamiento incondicional con Estados Unidos.

El límite entre seguridad interior y defensa exterior se estableció mediante un conjunto de leyes construido a lo largo de varias décadas, con el compromiso de diferentes gobiernos y partidos. El criterio principal es que inhabilita a las fuerzas armadas a intervenir en la conflictividad y seguridad internas. Este principio de demarcación se instituyó como valor de la democracia a partir de la revisión política, social y jurídica del terrorismo de Estado. 

Sin embargo, para VV los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad ni hubo terrorismo de Estado. Hubo una acción represiva frente a una demanda del gobierno civil encabezado por Isabel Perón, en la que eventualmente pueden haberse cometido excesos. VV omite así por partida doble. Por un lado, al decir que el error de las Fuerzas Armadas fue intervenir en el ámbito interno contra civiles, niega la cuestión principal que se ha probado en los juicios: que esa intervención fue ilegal, clandestina y criminal. Por otro, al establecer el inicio del aniquilamiento en los decretos de 1975, diluye el golpe de Estado, y el posterior control absoluto del aparato represivo estatal por parte de las fuerzas armadas para aplicar un plan sistemático de tortura, exterminio y desaparición. Esta posición es la misma que han sostenido los militares en los juicios por delitos de lesa humanidad. Expresa la desconfianza de un sector del mundo militar por lo que consideran una traición fundante: los civiles los enviaron a combatir contra un enemigo interno y luego desataron un reproche político y jurídico que culminó en el encarcelamiento de muchos militares y el descrédito de la institución. 

VV extrae de esta experiencia una moraleja que puede sorprender: su desacuerdo con la intervención actual de las fuerzas armadas en conflictos internos. Para la vicepresidenta no hay reproches a las fuerzas armadas por los métodos de la “lucha contra la subversión”, sino por su ingenuidad política. Por lo tanto, para ella resulta táctico expresar una negativa, con la cual se diferencia tanto del mundo de los derechos humanos, como del programa de Bullrich y Petri. Su sugerente negativa contiene, además, un mensaje revanchista: que el mundo civil se arregle ahora solo, que resuelvan las “nuevas amenazas” sin comprometer el futuro de las fuerzas armadas. 

Es posible también que la posición de VV no implique un rechazo de principios a la intervención en el ámbito interno, sino una exigencia reforzada de garantías y recursos para hacerlo. Si la clase política insiste con su solicitud, ella reclama claridad sobre la responsabilidad civil de ese mandamiento, la modificación del marco legal y mayores recursos.

Su vocería parece receptar la mirada sobre la última dictadura y el proceso de memoria, verdad y justicia de militares retirados. Pero VV va más allá, y suma también una agenda para los oficiales activos: asume la demanda de mayor presupuesto militar, tal como sostuvo en campaña y refuerza ahora. No sólo por lo que se requeriría para un gran despliegue en Rosario, sino sobre todo para concretar la equiparación prometida de la escala salarial militar con la de seguridad que está pendiente. Estos planteos tensionan con quienes empuñan la motosierra y la licuadora. 

PB replicó que no fue por intervenir en el ámbito interno que fueron enjuiciadas las fuerzas armadas, sino por los métodos ilegales que aplicaron: “Lo que se está discutiendo respecto al pasado no es haber participado del combate al terrorismo, sino también los métodos que el Estado usó para combatirlo”. No omite la ilegalidad de la represión, pero considera que ese rechazo ya fue suficiente, pertenece al pasado y no hay por qué extraer de allí recetas para el presente. Esta vez se puede hacer bien, sostiene la ministra. De esta forma, PB se recorta de sus ex aliados de coalición y de los sectores del mundo político y de los derechos humanos que sostienen el principio de demarcación como un valor de la democracia. A la vez, fortalece el esquema bi-ministerial que negoció para su ingreso al gobierno y que la instituye como la dama de hierro de la seguridad y la defensa, que se impuso sobre las expectativas de VV de manejar esas materias, ahora limitada al Senado.  

Mientras la nueva conducción civil y los militares retirados que PB nombró en el Ministerio de Defensa promueven su línea intervencionista, las mayores resistencias a su idea provienen de las propias fuerzas armadas, sobre todo de sectores en actividad: en las tres fuerzas hay oficiales que priorizan evitar las consecuencias de este tipo de intervención en función de la experiencia de la post-dictadura y de los desastrosos precedentes de Colombia y México en materia de derechos humanos, connivencia con el crimen organizado y corrupción. 

La decisión de Bullrich de poner el foco de manera acotada en los métodos ilegales de la última dictadura y no en la intervención militar en el ámbito interno, también es más táctica que principista. Y contribuye a postular el principio de demarcación como una fase agotada. Bullrich considera que ya es tiempo de sacar a los militares del rincón de la “penitencia”, mientras el ministro de Defensa, Petri, lleva más allá el discurso de su referenta: “A las Fuerzas Armadas se las ha demonizado, denostado, vapuleado, perseguido porque ha habido un sesgo ideológico”. El Ministro presenta al proceso de memoria, verdad y justicia -sostenido por la mayor parte del arco político, con una importante contribución de la UCR, su propio partido- como una campaña excesiva y sectorial, en un gesto negacionista que se toca con el programa de VV. En sintonía con esta perspectiva, su Ministerio habilitó hace pocos días un acto reivindicatorio de la dictadura en la ex ESMA, encabezado por un grupo de militares retirados que denuncian al sitio de memoria como “usurpación”. 

El presidente Milei también ha ido expresando sus posicionamientos sobre estos puntos. Comparte con ambas la idea de que las FFAA han sido hostigadas. Con VV además, que llegó el momento de la reconciliación y que los indultos contribuyeron a la pacificación. Pero a la vez, impulsa la agenda intervencionista en seguridad de PB. Es decir, retoma y sintetiza lo peor de cada postura, para subordinarse a la estrategia regional de los Estados Unidos y prometer una nueva etapa de reconciliación que resulta fuera de tiempo: la exaltación del rol represivo de las FFAA es un abrazo incómodo para los militares en actividad. Tenemos, entonces, un rompecabezas político-militar al que aún le faltan muchas piezas: 

¿Cuáles son los argumentos con los que diferentes oficiales resisten la tracción a sumarse a la seguridad interior? ¿Cuál es la consideración del proceso de memoria, verdad y justicia que hacen los oficiales en actividad con menor compromiso con la experiencia dictatorial? ¿No bregaron muchos de ellos por dejar atrás la reivindicación de la actuación ilegal de las fuerzas armadas durante la dictadura? ¿En qué medida se miran en los espejos de México y Colombia? ¿Qué potencia y vigencia tienen los valores soberanistas y nacionalistas en las fuerzas argentinas y cuán problemático resulta el alineamiento con Estados Unidos?   

En tiempos de este rompecabezas de militarismo civil, sopesar qué tan representativos son estos liderazgos políticos y sus propuestas para el universo militar, es una condición para construir un programa de futuro y democrático para la defensa nacional.   

Marcela Perelman, directora de investigación del CELS  y Verónica Torras, comisión directiva del CELS

Paula Litvachky (Buenos Aires, 1972) es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo dedicado a la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Litvachky estuvo en Madrid, en el Congreso, en unas jornadas sobre los 40 años de democracia en Argentina, organizadas por el diputado Gerardo Pisarello (Sumar), en un momento en el que las libertades parecen en riesgo por las políticas del Gobierno de Javier Milei. 

Este jueves se celebró la segunda huelga general contra el Gobierno, que el pasado fin de semana desató un fuerte conflicto con España con un comunicado contra Pedro Sánchez como respuesta a un comentario del ministro Óscar Puente en el que deslizaba que Milei estaba bajo los efectos de “sustancias” en una intervención televisiva. “Sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte”, dijo el presidente de Argentina sobre su homólogo español.

“Ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, decía Milei de Sánchez.

-¿Cómo ve la reciente tensión del Gobierno argentino con España?

-Es parte de su estrategia internacional, que comparte con sus aliados de Vox en este caso. Y consiste en entrar en este tipo de conflictos y disputas. En el terreno de la provocación y la violencia es donde mejor se mueven, donde se sienten más cómodos y donde logran construir su núcleo de apoyo político más fuerte. La política exterior del Gobierno está definida por un alineamiento extremo a EEUU e Israel, y por este tipo de disputas con gobiernos como el de España, Chile, Colombia y Brasil, por ejemplo.

-¿Qué pasó en Argentina para que alguien como Javier Milei acceda a la presidencia del país?

-Milei es un candidato de la ultraderecha que construye su base política con un discurso anticasta, antiestablishment y antisistema, que plantea que viene a traer un cambio de régimen. Pero que llega al mismo tiempo con el apoyo del partido de la derecha tradicional de Argentina y tiene en su gobierno personas muy relevantes del partido conservador, del macrismo.

¿Qué pasó, entonces? Hay muchas explicaciones. Pero podría decirte que Milei es el que mejor ha leído el momento histórico de Argentina, y pudo conectar con una base del electorado y de la población argentina que está muy enojada con el sistema y con el Gobierno, que tiene la sensación de que nadie los ayuda, de que están solos. Y ahí fue exitoso un discurso de que el Estado es el enemigo y nadie te va a ayudar, y tenés que lograrlo por vos mismo, y que Milei va a generar las condiciones para que vos logres por vos mismo tu futuro, tu ascenso. Fue muy exitoso.

Argentina viene arrastrando una crisis económica y social desde hace mucho tiempo. La pandemia fue muy determinante. La información y los datos de las encuestas plantean que el impacto de la pandemia en cierto sector de la juventud y de los varones, sobre todo trabajadores informales, fue muy fuerte en una mirada antiestatal, en el sentido de que el Estado estaba ayudando a otros y no los ayudaba a ellos.

Después, cuando una hila más fino, no es necesariamente antiestatal en todo, sino que hay una especie de idea de que el Estado sí te tiene que garantizar la salud, la educación... Es un poco más complejo, en las percepciones sociales no necesariamente se traduce un sentimiento antiEstado total, pero sí en la idea de votar algo por fuera de lo que venía.

Hay un descontento, una desafección por la política muy importante. Todo eso confluyó de una manera u otra, y Milei emerge capitalizando eso por sí solo. Y, después, el macrismo decidió darle el apoyo por una confluencia ideológica en términos de programa político y económico, en el sentido de la desregular, el alineamiento con Estados Unidos, la supuesta guerra contra el terrorismo...

Pero no toda la gente del partido conservador tiene una mirada antiestablishment, son ellos el establishment, aunque los ves en el Gobierno y planteando una retórica anticasta, antipolítica, como si el establishment económico no fuera casta...

La idea de la casta está asociada a la cuestión del Estado y a vivir del Estado, y la idea de que Argentina solo va a poder ser próspera en la medida en que se deje ser al sector privado y no tengas el ancla del Estado; la mirada colectivista, en palabras de Milei.

-Hablando de Mauricio Macri. Ustedes en el CELS fueron muy críticos con su Gobierno en relación con las políticas de memoria, de reparación y justicia. Sin embargo, parece que este Gobierno todavía está yendo más lejos. ¿Es así?

-Está yendo más lejos. Había un sector del Gobierno de Macri que habría querido ir por ahí, pero no lo hicieron porque había sectores liberales democráticos que defendían el proceso de memoria, verdad y justicia.

La transacción de ese Gobierno fue quitar la financiación a algunos sectores, tener algún discurso de revisión de lo que fueron las políticas de memoria, verdad y justicia, y lanzar algunos discursos con la teoría de los dos demonios, con cierto revisionismo. Pero los juicios, por ejemplo, siguieron.

Ahora hay una decisión de no financiar sitios de memoria, planteamientos negacionistas, en algunos casos directamente reivindicaciones de la dictadura o el terrorismo de Estado. Hay casos como el del ministro de Defensa, (Luis) Petri, haciendo una conexión entre la 'guerra contra la subversión', según sus palabras, 'contra las organizaciones terroristas armadas de los 70', y las conexiones con la guerra actual contra el terrorismo y, por ejemplo, la necesidad de intervenir en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que tiene un problema importante de violencia vinculada al narcotráfico.

Es decir, conectan lo que se hizo en aquel momento y lo que hay que hacer ahora para justificar la posibilidad de que los militares participen en la seguridad interior. Y lo más importante es que, según ellos, durante todos estos años, ha habido un ensañamiento y una persecución contra las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, Patricia Bullrich plantea que ella no justifica lo que sucedió, que califica de represión ilegal. Y lo explica en esos términos, como que era lo que había que hacer, pero fueron excesos en ese momento y hay que reivindicar a los militares de nuevo, con una dirección civil que los ponga a hacer tareas de seguridad.

Se dan distintas formas de romper lo que fue una política de Estado todas estas décadas, repudiar el golpe de Estado, y que lo que sucedió en los 70 fue un plan represivo, sistemático de desaparición y tortura de personas.

Las narrativas derivan no solo en esos mensajes, sino, por ejemplo, en la pérdida de financiación de políticas de memoria, de estructuras del Estado que hacen de archivo para poder sostener los juicios de lesa humanidad, o cierta estigmatización de quienes recibieron reparaciones como víctimas del terrorismo de Estado, con la idea de que hay que auditarlas, por el subtexto de que fue irregular.

-Existía, incluso, el proyecto de buscar antepasados de hijos secuestrados durante la dictadura a través de muestras de ADN, por ejemplo...

-Ahora se le está quitando la financiación. Por eso hay una cuestión que tiene que ver con lo ideológico, lo narrativo y el marco político que trata de romper con la política de la memoria, verdad y la justicia como política de Estado. Romper con eso y, al mismo tiempo, plantear también por los propios recortes y el ajuste económico la no financiación de esas políticas, que en términos de impacto presupuestario es absolutamente mínimo.

La justificación no es la cuestión del impacto presupuestario, sino más bien una idea de que el Estado no tiene que hacer eso, no está para hacer archivo vinculado al terrorismo de Estado, como que ese no es el rol.

-¿Y llegarán al punto de indultar a represores?

-No parece. Hay algunas discusiones sobre que el Poder Judicial no avanza todo lo que tiene que avanzar en los juicios a raíz de estos mensajes, pero no la idea de que puedan ser indultados.

-Y luego está la paradoja de que el Gobierno apuesta por adelgazar el Estado al tiempo que interviene para limitar los espacios de la protesta, por ejemplo.

-Se trata de dejarle lugar al mercado, para que el mercado sea el regulador, y de mercantilizar la vida. Pero, al tiempo, con una tarea muy fuerte del Estado en el uso de la fuerza, en su función represiva, de ley y orden, de defensa, y se está poniendo presupuesto y dinero en la compra de armamento y de aviones. Y hay una posición de regulación clara en contra de la protesta y la criminalización de la protesta, mientras los recursos se ponen en los operativos represivos.

-En la primera protesta contra Milei no dejaban a la gente ir por la calle...

-Es por el protocolo de protesta, que dice que solo se puede protestar y hacer marchas en la vereda, no por la calle. En las grandes manifestaciones es obvio que es imposible cumplir, pero las manifestaciones que no son tan masivas han derivado en represión porque intentan ridículamente hacer que la gente no baje a las calles.

-El Gobierno creó el protocolo nada más llegar.

-Ya lo había intentado imponer Patricia Bullrich en el Gobierno de Macri. No le funcionó, lo tuvieron que dejar. Ahora viene con un protocolo más represivo todavía, está vigente y lo trata de aplicar, pero no lo puede aplicar todas las veces que quiere porque, en última instancia, quienes tienen que intervenir en las protestas son las policías locales, y los gobiernos locales tampoco tienen el objetivo político de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias.

El tema es que han sido muy graves las protestas en todo este tiempo, ha habido más de 40 detenidos y dos personas han perdido los ojos por el uso de balas de goma: ya son protestas reprimidas duramente y está siempre el riesgo de que la cosa termine aún peor. Para nosotros es una especie de caracterización central del gobierno en este momento, que tiene que ver con su planteamiento político de que cualquiera que se manifieste en contra o plantee una disidencia, una crítica, es estigmatizado y caracterizado como enemigo del régimen, que quiere desestabilizar al Gobierno.

Eso se ve también en un entorno bastante violento en las redes, con trolls que en algunos casos hay sospechas de que están financiados desde el gobierno con fondos reservados y que no está muy claro de quién dependen: son una especie de grupos paraestatales virtuales que atacan muy fuerte a quienes se posicionan en contra y generan una intimidación y un temor bastante importante a quienes quieren salir a a plantarse en contra del Gobierno. Así, se están viendo algunos problemas de libertad de expresión bastante complicados.

-¿Ningún gobierno en Argentina había llegado a esta situación de tanta represión o estrechamiento de libertades en tan poco tiempo?

-Sí, de represión, sí. En 2001 tuvimos una represión feroz. En los 90 también hubo represiones muy fuertes. El asunto ahora no es únicamente la represión, sino todo el paquete político, económico e ideológico asociado a la represión: la narrativa antiderechos, anticomunista, anti-igualitaria, anti-igualitarista, antisocialista... Se crea un entorno muy complicado, muy peligroso, muy antidemocrático también. Y ante un ajuste tan feroz, que es justificado como lo que hay que hacer para salir del pozo, la protesta queda legitimada porque no hay negociación ni mediación, no hay marcha atrás.

El planteamiento de la derecha, de lo que ha sido el Gobierno de Macri, es que ellos no pudieron hacer las transformaciones económicas que querían porque no fueron lo suficientemente a fondo, y ahora con Milei ya se puede. Y, claro, lo de Milei es: 'Ahora tenemos que ir a fondo, y no importa si protestan; el Estado está legitimado para que se desarrollen estas transformaciones'.

Y esa sí es una diferencia frente a otros contextos de protesta que ha habido en el pasado en Argentina. Además de la retórica de seguridad, Patricia Bullrich, la segunda persona en importancia en el Gobierno, está la retórica antiterrorista y la inserción de Argentina en el mundo.

Las políticas antiterroristas tienen una derivada exterior con el alineamiento claro con Estados Unidos y con Israel, y tiene otra derivada interna de cómo se despliega la política de seguridad federal asociada con esta idea de lucha contra el terrorismo. Ya ha habido casos graves, incluso de detenciones de una familia de Paraguay refugiada en Argentina, y que fueron detenidas por orden del Poder Ejecutivo, algo contrario a todas las leyes internacionales. O también algunas detenciones, que son más bien espectacularización, de personas que supuestamente son parte de organizaciones internacionales terroristas que cuando se las investiga tienen que ser liberadas porque no hay nada.

Y así se van creando mensajes, climas, contextos y formas de intervenir en la protesta.

-Muchas veces, en este tipo de situaciones, se habla de polarización, como si fuera lo mismo los que quieren estrechar la democracia y los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, por ejemplo, y quienes abanderan la lucha por esos derechos civiles.

-Hay una lógica de la política de la confrontación, también por la lógica digital, por la que se alimenta esa confrontación, y creo que está en la inteligencia de todos poder salir de ese círculo.

Es decir, por un lado hay un planteamiento de que a veces hay que defender lo que hay que defender. Y hay que decir lo que hay que decir, por más contramayoritario que parezca en algunos momentos.

Y otras veces hay que ser inteligente, y ahí hay una reflexión para hacer desde nuestro campo, también por el alejamiento de las preocupaciones de lo que le pasa a la gente todos los días. Me parece que hay que tratar de entender esa conflictividad y problemas, y tratar de entender un poco cuáles están siendo los enojos, y también poder pensar soluciones efectivas cotidianas a esos problemas y dejarnos de abstracciones. Entonces, hay las dos cosas y a veces hay que pararse frente a esos planteamientos represivos estatales y antiderechos.

-Como el aborto...

-Sí, pero el tema es tener la inteligencia de no alimentar esa división y plantear que muchas veces lo que se está proponiendo desde el esquema de ampliación de servicios de salud es algo que las personas van a aceptar como algo bueno. Y también tiene que ver con desde dónde nos paramos nosotros a tener esa conversación social, por un lado, y desde donde nos paramos nosotros a confrontar con el Estado. A veces son dos cosas distintas: hay que hacer las dos y hay que tener también alguna reflexión sobre el momento político en el que estamos viviendo, con cierta autocrítica y cierta idea de recoger demandas y construir algunas soluciones comunes, porque también hay alguna idea de tratar de volver a lo común, a lo colectivo, a lo comunitario y generar lazos en la red.

-Hay margen de disputa, además de que siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina.

-Sí, está la moneda todavía en el aire, sobre qué va a pasar con el Gobierno, qué va a pasar en las legislativas de 2025. No está claro qué va a pasar, pero puede empezar a incrementarse la conflictividad social. Y hay que ver cuál va a ser la posición del Gobierno, si va a querer mediar, si va a querer negociar, si va a querer aflojar en algunas cosas o si se va a mantener duro. ¿A dónde va a derivar? Un escenario posible es una deriva más antidemocrática, más en términos de uso de la fuerza.

-El Gobierno no tiene ahora mayoría clara en la Cámara.

-Logra la mayoría con el apoyo del partido de Macri en algunos casos, y con ciertos sectores del radicalismo y del peronismo. Se necesitan muchas alianzas para lograr mayoría, pero sí tiene más del 50% del apoyo social, y eso es lo relevante hoy. Y lo que hay que ver es si ese apoyo deja de ser tan mayoritario y, si la conflictividad se incrementa, cuál va a ser la reacción del gobierno: si va a ser de confrontación absoluta o de armar ciertos niveles de negociación y de mediación de los conflictos. Ahí va a estar la diferencia de hacia dónde va a derivar: ha habido otras experiencias en Latinoamérica que se pusieron más duras.

No puede descartarse con esa ministra de Seguridad, con ese ministro de Defensa, pero no podemos decir que va a pasar sí o sí; está ahí, es parte de la preocupación que tenemos y por la que venimos a visibilizar la situación de Argentina, para prevenir esa deriva más autoritaria y, si acaba sucediendo, para que haya cierta solidaridad internacional y comprensión.

-En este sentido, está el discurso de Milei en Davos, que supone un compendio de todo su pensamiento ultra en apenas 15 minutos.

-Es el más claro de todo su programa. Incluso cuando plantea frente a los líderes del mundo que Occidente está en peligro por el socialismo. Parece que se puede ridiculizar esa retórica, pero hacia adentro está teniendo unos efectos importantes recorte de derechos a todo lo que tiene que ver con la disidencia: todo lo vinculado a las políticas de género, la igualdad de género, políticas de cultura... La educación pública es marxismo cultural en sus términos. Parece un chiste, pero en términos políticos, no es un chiste: hemos tenido experiencias de políticas anticomunistas muy duras en Argentina, en el sentido de que todo lo contrario al régimen es estigmatizado, tildado de comunista, rojo, zurdo... En el lenguaje virtual de Milei, en las redes, es un león machacando una bandera roja. Ese tipo de retórica cala bastante.

Y también hay otro asuntos de los que alertan algunos especialistas en relaciones internacionales, y es el alineamiento argentino con Estados Unidos e Israel, en una política de hiperoccidentalismo inédita, y con pocos réditos para los intereses argentinos.

Hoy hay una discusión sobre nuestra soberanía, y esto quizás hace el modelo argentino diferente a las expresiones de extrema derecha de otros lugares del mundo, que son bastante más nacionalistas.

-¿Cómo se vive ese alineamiento con Israel en estos momentos?

-Quienes apoyan al gobierno lo viven como algo bastante natural, igual que cierto sector de la comunidad judía más ortodoxa en Argentina. Y hay un sector de Argentina que lo está viendo con cierto escándalo, porque ha cambiado posiciones históricas argentinas pacifistas o de neutralidad. En este caso, ese alineamiento es directamente hacia posiciones bélicas, y eso es bastante extraño para Argentina.

-¿Y no se lo penaliza?

-Algunas encuestas ya empiezan a mostrar que la situación social le empieza a generar algún tipo de impacto, pero no necesariamente por la política exterior.

AG/CRM

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó hoy el proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso por su carácter regresivo en materia de derechos humanos y sistema constitucional. “Pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia”, sostuvo la organización e instó al Poder Legislativo a no convalidar una iniciativa de tales características.

“En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal”, agregó el CELS en un comunicado titulado “Sobre el proyecto de ley ómnibus”. Según indicaron, ambas medidas suponen una “desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud”.

En línea con los expresado por dirigentes de la oposición desde el anuncio de las sucesivas reformas, para el organismo de derechos humanos, “el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica”. En este sentido, planteó que la iniciativa no busca “solo un cambio de régimen económico sino también de régimen político”, dado que pretende gobernar sin intervención del Congreso.

“El primer punto del proyecto de ley llamado 'Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos' es el pedido del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato”, especificaron desde el CELS.

Desde el organismo cuestionaron la falta de límites a las fuerzas de seguridad, lo que, a su criterio, redunda en un aumento de la violencia en lugar de una reducción del delito. Además, las restricciones a las reuniones de tres o más personas supone, según indicaron, “una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado”.

No sólo esto, sino que las mismas medidas económicas que se buscan instrumentar bajo el argumento de los beneficios de la liberación económica podrían tener un impacto negativo en el delivery de servicios básicos. Según expresaron en el comunicado el dominio de la lógica mercantil “no deja ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas (privatizadas) prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible”.

ACM con información de agencias.

“Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, con esta frase terminó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich la conferencia en la que anunció un nuevo marco a la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales, que abre múltiples vías para suprimirlas y reprimirlas, a la vez que ofreció protección e incondicionalidad para los policías que tengan que rendir cuentas por su accionar. 

Así, Bullrich busca dar por cerrado un ciclo en el que la violencia de la respuesta estatal a las protestas sociales se transformó en un problema político central, luego de muchos asesinatos de manifestantes en los 90, y una escalada represiva que tuvo momentos máximos el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002, con los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Estas represiones quedaron directamente vinculadas con el final abrupto del gobierno de la Alianza en 2001 y el acortamiento del mandato interino de Eduardo Duhalde. El asesinato de manifestantes había marcado también el final de una serie de gobernaciones durante los noventa, por lo que la clase política tomó nota de que este era un escenario que se debía prevenir por aspectos éticos, sociales y políticos.

 A partir de 2002, se intensificaron los debates acerca de qué debe y qué no puede hacer el Estado en los diferentes formatos de protesta: intervenir, dejar hacer, “reprimir sin sangre”, saturar, negociar. El llamado principio de no-represión tuvo variaciones. Pueden, sin embargo, reconocerse algunas constantes: la prohibición de portar armas letales y la habilitación de canales de negociación, como mínimo para acordar los tiempos y formas de la protesta y en los mejores para tratar los reclamos y demandas. No matar y dialogar.

La orden de Néstor Kirchner de prohibir la portación de armas de fuego en 2004 fue, sin dudas, un hito fundacional de enorme valor operativo y simbólico. Construir regulaciones para intervenciones estatales respetuosas de los derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas fue un largo proceso que incluyó varias regulaciones internas de las fuerzas de seguridad y que atravesó gestiones e involucró incontables intercambios entre movimientos sociales, organismos de derechos humanos, funcionarios de seguridad, policías federales, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y la participación de sindicatos, en un sostenido proceso multisectorial. En este marco, entre 2003 y 2009, no se registraron casos de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad federales. En 2007, el homicidio de Carlos Fuentealba, docente y activista sindical asesinado en una manifestación por la policía de la provincia de Neuquén, fue un caso que mostró la extrema disparidad de la violencia utilizada en esos años entre el gobierno nacional y algunas provincias. El período de mayor cantidad de protestas en democracia fue el que tuvo un menor nivel de confrontación y violencia en las calles y rutas.

En 2010, “la política de no represión” mostró serias inconsistencias políticas, especialmente frente a conflictos con otros actores, contextos y lógicas. La represión se dirigió contra pueblos originarios, grupos que demandaban vivienda y protestas sindicales. En 2010 hubo diferentes operativos de extrema violencia y homicidios, como la represión contra las comunidades Qom en Formosa y la toma del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires. Ese año, el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por parte de una patota sindical en presencia y con la protección de la Policía Federal también expuso el desgaste que había alcanzado esta política.

Esta puesta en crisis de la política de no represión fue el marco en el que se creó el Ministerio de Seguridad de la Nación (hasta entonces, era una secretaría del Ministerio del Interior) que tomó la actuación policial en las protestas sociales como una cuestión central. En la resolución 210/2011, más conocida como “los 21 puntos” el ministerio sistematizó y mejoró las regulaciones que se venían debatiendo desde 2002. Se nutrió del análisis de las causas en las que se investigaban represiones, de sus peritajes, del diálogo con los jefes de las unidades policiales y de gendarmería con experiencia de trabajo ante multitudes, de la experiencia internacional, de principios de regulación del uso de la fuerza. No era un marco idealista, sino un producto concreto del análisis situacional en el marco de una elaboración multisectorial. Establecía pautas para el uso de la fuerza, para la negociación, sobre las responsabilidades operativas y de control; consideraba la integridad de los manifestantes, efectivos policiales y terceros; regulaciones muy estrictas respecto de armas de fuego, munición letal y pistola lanza gases, así como sobre los agresivos químicos y municiones anti tumulto; establecía la obligación de identificación de agentes y vehículos, y disponía garantías para la actividad periodística y el registro de imágenes.

El desgaste de este abordaje se arrastra al menos hace 10 años ya. A pesar de algunos intentos y proyectos, nunca logramos una ley de no represión. La implementación de los criterios fue dispar y se fue debilitando desde entonces, con enorme intensidad durante el gobierno de Cambiemos.

El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado desapareció luego de un operativo represivo completamente ilegal en el que la Gendarmería respondió a la orden de avanzar contra los manifestantes a como diera lugar: ingresó en el territorio habitado por la Pu Lof, persiguió a quienes cortaban la ruta, quemó las pertenencias de las familias, las amenazó. Setenta y siete días después, Santiago fue encontrado muerto en el río Chubut. Las responsabilidades por el operativo violento en el marco del cual Santiago Maldonado perdió la vida quedaron en segundo plano. El 25 de noviembre de ese mismo año, la Prefectura Nacional participó de un operativo con otras fuerzas federales, para reprimir la resistencia a un desalojo en tierras cercanas al Lago Mascardi. Dispararon armas de fuego y Rafael Nahuel fue asesinado por el impacto de esos disparos.

En agosto de este año, el militante y fotorreportero Facundo Molares murió como consecuencia de la represión de la policía de la Ciudad a una manifestación en el Obelisco. Estaba en la explanada de la Plaza de la República, los policías comenzaron a golpearlo junto a otros manifestantes, los aprisionaron contra el suelo. Molares se descompuso, no recibió asistencia aunque otros lo pidieron a gritos y murió. Sin embargo, este hecho ocurrido en el punto neurálgico del país fue ignorado como noticia en general y como muerte en una represión, en particular.

Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política. Las campañas de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza colocaron a la circulación como un derecho absoluto que no admite restricciones y es incompatible con el orden que proponen. Ayer Bullrich habilitó la represión, garantizó cobertura a los policías, amenazó a las organizaciones. La derogación de la resolución 210 de 2011 termina de arrasar el principio de no represión. Quita una ficha fundamental en un jenga ya muy fragilizado.

Marcela Perelman es Directora del Área de Investigación del CELS

Debates políticos, shows musicales e intervenciones artísticas serán parte de la jornada de celebración por los 40 años de democracia en Argentina, que se realizará en el estadio porteño Malvinas Argentinas el domingo 5 de noviembre organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“La democracia argentina cumple 40 años. Para el movimiento de derechos humanos es mucho más que una efeméride: la fecha nos interpela a relanzar discusiones. Porque en el CELS entendemos que no alcanza con defender la democracia, sino que debemos ensancharla. Porque creemos que los problemas se resuelven con más política y más derechos”, señalaron desde la organización.

“Es una jornada para escuchar, imaginar y compartir un futuro común, para conversar, debatir y bailar. Imparable es una invitación a movilizarnos, más que nunca”.

El Festival Imparable combinará mesas de conversación, debates, una feria y una variada oferta de presentaciones artísticas y musicales.

Entre los disertantes habrá referentes de organizaciones políticas, gremiales, sociales y de derechos humanos. Habrá invitados de España, Italia y Brasil, entre ellos Steven Forti, historiador italiano y autor del libro Extrema Derecha 2.0, y el pastor Henrique Vieira, diputado brasileño por el PSOL. También participarán las escritoras argentinas Leila Guerriero y Tamara Tenenbaum.

La Bomba de Tiempo, Gauchito Club y Paula Maffía serán algunas de las bandas y presentaciones musicales que habrá durante la jornada, que incluirá también shows para los más chicos.

Las distintas actividades se desarrollarán de 14 a 22 en el Estadio Malvinas Argentinas ubicado en Gutenberg 350 en el barrio porteño de Paternal.

La entrada es gratuita, pero se requiere una reserva previa en cels.org.ar/imparable/ y llevar al estadio un alimento no perecedero para los 150 espacios de la asociación civil La Poderosa.

Agenda de actividades

Música

En Imparable tocarán La Bomba de Tiempo, Los Rockan, Puel Kona, Shitstem, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, Paula Maffía, Jim Lpz DJ, Biomas, Gauchito Club y otras bandas sorpresa.

Conversaciones

Las charlas comenzarán temprano. A las 14.30, Nora Calandra (MTE Liberadxs), María Claudia Albornoz (La Poderosa), José Luis Calegari (Centro Angelelli), Federico Aliaga (IDUAR-Moreno), Fer Bercovich (ACIJ-CEM), Natalia Quinto (La Boca Resiste y Propone) y Aramis Lascano (RESET) conversan en De territorios a comunidades.

También a las 14.30, en La torta y el trabajo participarán Luis Campos (Observatorio del Derecho Social-CTA), Luci Cavallero (Ni una menos), Flora Partenio (DAWN).

Luego, a las 15.30, en Espabilar la política, conversarán Deolinda Carrizo (MoCaSE), Lucila de Ponti (diputada PJ Santa Fe), Abel Furlán (UOM), Clarisa Gambera (ATE Nacional) y Alejandro Vilca (diputado FIT Jujuy).

En la charla La tierra rural en disputa, a las 16, conversan Rocío Andrade (coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro), Santiago Elena (MNCI-ST), Damián Verzeñassi (Inst. Salud Socioambiental)y Sara Choque Vilca (ANDHES).

A las 16, en ¿Todo meme es político?, Maga Chirom (Disputar. ComPol), Juan Ruocco (escritor), Ivana Szerman (Mate/Gelatina), Galia Moldavsky (Blender), Flor Alcaraz (LatFem) conversarán sobre activismos digitales y comunicación.

A las 17, Steven Forti de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Nacho Levy, de La Poderosa, charlarán con Gerardo Pisarello (diputado Sumar-ECP de España), Dina Sánchez (UTEP - FPDS), Sofía Saraceno (Centro Estudiantes del Lenguas Vivas) y Henrique Vieira (pastor, diputado PSOL de Brasil) en Resetear la democracia.

En la conversación Ni locos ni cuerdos: todes adentro, sobre salud mental, participarán Leila Guerriero (escritora y periodista), Eugin Rodriguez (trabajador social), Belén Maruelli (médica del Hospital Korn) y Federico Lavagnino (centro de estudiantes Esnaola). Será a las 17.30.

Desde las 19.15, en Un futuro que nos guste, participarán Miguel Santucho (Abuelas de Plaza de Mayo), Belén Silva (Identidad Marrón), Tamara Tenenbaum (escritora) y Caren Tepp (Ciudad Futura). 

Arte, infancias y juventudes

Durante toda la jornada habrá un mural colectivo para intervenir con stencils con imágenes de estos 40 años. También habrá un espacio de aprendizajes, desafíos y talleres para infancias y un laboratorio joven para pensar, compartir e imaginar lo que somos y lo que podemos ser. La Fundación Augusto y León Ferrari harán impresiones en serigrafía sobre papeles o telas que los participantes traigan al festival.

Feria de organizaciones

Desde las 14, se instalarán puestos del Bachillerato Popular Mocha Celis, el Centro de Economía Política (CEPA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, CAREF, Ciudad Futura, la Escuela Idaes de la UNSAM, la Fundación Hora de Obrar, Fundeps, Futurock, La Poderosa, el Mapa de la Policía, la Mesa Agroalimentaria Argentina, el MoCaSE, el MTE Liberadxs, el Núcleo PT Argentina, Radar, Revista Crisis, Siglo XXI Editores, SiPreBA, Tiempo Argentino y Yo No Fui.

CRM

Jujuy vive una nueva escalada de violencia institucional, a casi un mes de las protestas contra la reforma constitucional que promovió el gobernador Gerardo Morales, hoy compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la carrera presidencial. En las últimas horas volvieron los reclamos callejeros, y las organizaciones sociales y sindicales denunciaron que comenzaron a ejecutarse más de 40 órdenes de allanamiento y detenciones “arbitrarias” en la capital, San Salvador, y la localidad de Humahuaca. 

La tensión llegó al punto tal que este miércoles efectivos de la Policía jujeña irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, atentando contra la autonomía de las casas de altos estudios. Tras la ola de repudios a ese accionar, Morales anunció vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de seguridad. 

La nueva andanada represiva en Jujuy motivó para este viernes una conferencia multisectorial en el Congreso. La cita será a las 12 en el salón Delia Parodi, donde la Multisectorial Solidaridad con el Pueblo Jujeño denunciará la “grave situación” que atraviesa la provincia. 

Del acto participarán referentes de los derechos humanos como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Además, habrá funcionarios nacionales como Horacio Pietragalla (Secretario de DDHH de la Nación), legisladores nacionales del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, y referentes sindicales de la CGT, las dos CTA y la UTEP.

“Cacería” y “sedición”

“Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en sus redes sociales. 

Las órdenes judiciales se ejecutaron entre ayer y hoy, y fueron calificadas por las organizaciones sociales como “arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos”. Aseguraron que Morales realizó una “cacería” a través de las detenciones. La contraofensiva por las protestas durante junio –las más fuertes fueron los días 17, 20 y 30 del mes pasado– la está llevando adelante el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, con la intervención del fiscal Diego Funes. La Justicia apunta al supuesto delito de “sedición”, además de otros cargos como privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad, daño agravado, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos. 

“Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de 'sedición'. Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno. Otra forma de generar miedo para coartar el derecho a manifestarse”, advirtió el CELS. Incluso se difundió un video en el que se ve a la policía deteniendo al docente y dirigente de la Izquierda Iván Blacutt. En San Salvador hay 20 detenidos, mientras que en Humahuaca la cifra asciende a 22.

Según supo elDiarioAR por parte de los denunciantes, en las últimas 48 horas hubo allanamientos simultáneos “como si se tratara de redadas”. Una de las detenciones más repudiables ocurrió en Humahuaca, donde tres personas, antes de comparecer ante el juez, fueron trasladados a San Salvador –a 130 km de distancia– para hacerles un “examen mental”. 

Ese traslado demoró desde las 15.45 del miércoles hasta las 06.30 de la mañana del jueves. El argumento policial fue usar rutas alternativas para evitar los cortes de rutas. “Durante esas horas los familiares desconocieron su paradero. El examen mental no se requiere para esta instancia judicial y se podría haber realizado en Humahuaca, por lo que todo indica que el traslado fue una forma de castigo anticipada”, recogió este medio de un informe extraoficial realizado por las organizaciones.

Amenazas contra la universidad pública

La avanzada de Morales contra la protesta social derivó paralelamente en las universidades públicas. Por un lado, ayer la Policía local irrumpió en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Por otro lado, el mandatario acusó por los piquetes en las rutas a trabajadores del Centro Universitario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

“La ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)” por parte de efectivos policiales que responden al gobernador radical, y que ingresaron sin autorización a esa casa de altos estudios, constituye “una violación a la autonomía” que tienen esas instituciones educativas, expresó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. También hubo repudios del Consejo Interuniversitario Nacional –que agrupa a rectores de universidades públicas del país–.

Este jueves Morales salió a anunciar vía Twitter que pidió “sanciones” para los efectivos de la Policía jujeña que irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Calificó de “inadmisible y condenable” el operativo de su propia policía que, evaluó, representa un “abuso de poder”.

El compañero de fórmula de Larreta resaltó que “los responsables ya están pagando las consecuencias” y agregó: “Respetando la Ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”. Junto a ese mensaje, el gobernador compartió una publicación del Comité de la UCR de Jujuy, que horas antes del tuit del mandatario ya había repudiado el accionar policial al considerarlo un “abuso de poder totalmente condenable” que atenta contra “la autonomía universitaria”.

El lunes pasado, durante una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, Morales había dicho que los empleados del Centro Universitario de Tilcara se encargaron de “incentivar el corte de rutas en Tilcara”. Aseguró “tener la identificación” de todos ellos, y advirtió que podría “expropiar” sus instalaciones. En esas tierras que pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucará.

MC con información de agencia Télam

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos denunciaron en las últimas horas que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de más de 40 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales “cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

“Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas”, escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos denunció que se produjeron “detenciones arbitrarias” y hubo “armado de causas” a manifestantes que fueron reprimidos en la madrugada del 1 de julio en inmediaciones del municipio de Humahuaca.

Al menos tres hombres fueron detenidos este miércoles bajo la figura legal de presuntos delitos como “sedición”, “privación ilegítima de la libertad”, “lesiones graves”, al tiempo que libraron órdenes para encarcelar a un total de 12 hombres y 9 mujeres.

Las personas acusadas habían participado de una protesta para que el Concejo Deliberante de Humahuaca se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, sesión que culminó en la madrugada del 1 de julio con una violenta represión.

El agente fiscal de investigación con asiento en Humahuaca, Fernando Alancay, requirió al Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy 22 allanamientos en domicilios ubicados en la localidad quebradeña y también 22 detenciones.

Asimismo, acusó a los manifestantes de “privación ilegítima de la libertad” al indicar que el 30 de junio aproximadamente desde horas 19 hasta las 2 de la madrugada de 1 de julio pasado, en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca, se “retuvo” a los seis ediles cuando se disponían a retirarse.

También se los acusó de los presuntos delitos de sedición, resistencia a la autoridad y daño agravado a bienes de uso público.

Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia fueron los primeros detenidos durante este mediodía y posteriormente trasladados a la capital jujeña, al tiempo que se libraron citaciones para el resto de los acusados y acusadas, informaron allegados de los perseguidos.

“Mi hijo fue citado a policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy”, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos.

Y afirmó que el joven “está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó”, agregó la mujer quien mantenía su reclamo a las afueras de la seccional policial de Humahuaca.

En un hilo de tuits, el CELS remarcó que, con esta acción, “el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

Además, apuntó contra “algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca” que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y “pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro”.

“La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión”, subrayó el CELS en sus posteos.

Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.

Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.

Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó su madre, Elizabeth Sandoval.

El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado.

Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.

Con información de agencias.

IG

“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lápices siguen escribiendo”, dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo del barrio porteño de Monserrat.

Entre otras organizaciones, de la conferencia participaron también HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusándolos de permanecer en lugares sin autorización”, dijo Diego Morales, director de litigio del CELS. Explicó que “en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminación y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa”.

“Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigación de los delitos. Qué bonita forma de escuchar y encontrar soluciones”, ironizó el director. Morales se refirió a la “estrategia inadmisible” del Ejecutivo porteño de “presionar a las familias económicamente, enviándole una carta documento para que paguen, cada una, un millón doscientos mil pesos” por supuestos daños al patrimonio escolar. “El objetivo de este proceso de criminalización es silenciar el reclamo”, advirtió y definió la estrategia del GCBA como “jurídicamente inviable y políticamente lamentable”.

Luego, tomaron la palabra varias estudiantes, entre ellas Valentina de la escuela Rogelio Yrurtia de Parque Avellaneda, actualmente tomado. “Recibimos múltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería”, detalló.

Por su parte, Malena del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describió uno de los reclamos de los estudiantes: “Estamos 11 horas cátedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diálogo, queremos formar parte de las decisiones”. La alumna planteó que “los mensajes de odio que da la ministra de Educación (Soledad Acuña) en los medios de comunicación incita a la violencia”.

Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg de Palermo, y sintetizó que, en su caso, el “principal reclamo son las pasantías mal implementadas”. “A muchos les dijeron que iban a hacer un curso y terminaron lavando platos”, explicó.

Después, tomó la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° año en el colegio Federico García Lorca, de Paternal. Una noche de la semana pasada, a las 21, llegó un patrullero con dos policías a la casa de Elsa, preguntaron por ella y le mostraron una cédula por una contravención por la toma del Lorca, pero se negaron a entregarle la notificación. “La consigna fue: si no se presenta en la fiscalía en tres días, la llevaremos por la fuerza”, contó Elsa.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys-CTA. “Mañana realizaremos una medida de fuerza para acompañar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas”, afirmó Angélica Graciano, secretaria general de UTE.

LC con información de agencia Télam