El DNU de la SIDE entra en fase judicial mientras el Gobierno busca ganar tiempo en el Congreso

El conflicto abierto por el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, pasó a una nueva fase: ya no se discute solo el contenido del texto, sino quién y cómo pondrá límites a una norma que amplía de manera inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con presentaciones judiciales en marcha, advertencias de organismos de derechos humanos y una oposición que busca activar los resortes del Congreso, el decreto quedó atrapado en una carrera contra el calendario político y judicial.

En los tribunales, la discusión inmediata pasa por la feria de enero. Al menos cuatro presentaciones ingresaron al fuero Contencioso Administrativo Federal y fueron giradas a la fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar el receso y tratar medidas cautelares urgentes. En todos los casos se solicita la suspensión inmediata de la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo utilizó un decreto para modificar aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia Nacional sin acreditar una situación real de necesidad y urgencia.

Entre los planteos más relevantes se encuentra el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un amparo colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En su escrito, la organización sostuvo que la norma amplía de forma “imprecisa y genérica” las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia y habilita una intervención directa sobre derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. También advirtió que el decreto eleva el nivel de sospecha sobre toda la población y refuerza el carácter secreto del sistema sin controles democráticos efectivos.

A esas acciones se sumaron presentaciones de diputados de distintos espacios políticos, como el socialista Esteban Paulón o el lilito Maximiliano Ferraro, que sostienen que el decreto de Milei viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, avanza sobre materias vedadas y modifica de hecho el Código Procesal Penal al habilitar aprehensiones por parte de agentes de inteligencia. Para los firmantes, no existió ninguna situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario, más aún cuando el decreto fue firmado al día siguiente de finalizadas las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo.

Desmentidas y “urgencias”

Frente a ese escenario, la Casa Rosada decidió salir a defender la reforma en el plano discursivo. A través de un comunicado oficial, difundido a modo de desmentida de una nota publicada en el diario La Nación, la SIDE negó que el decreto habilite espionaje interno sobre militantes políticos, organizaciones sociales o periodistas. También rechazó que la norma borre los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y afirmó que, lejos de militarizar la inteligencia, elimina superposiciones y tareas de investigación criminal que no le corresponden al organismo.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la justificación del carácter “urgente” del decreto. En Balcarce 50 sostienen que el contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto en Venezuela, obligó a acelerar una reforma que, argumentan, no podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo. Con ese razonamiento, el Ejecutivo admite que los cambios “más profundos” se discutirán luego en el Congreso, pero defiende la necesidad de haber avanzado ahora con un primer reordenamiento por decreto.

Incluso dentro del propio oficialismo circulan posturas más duras, que van bastante más allá de la letra del decreto y de los protocolos internos que ahora el Gobierno promete redactar. Según pudo saber elDiarioAR, en la Casa Rosada hay quienes sostienen, sin demasiados pruritos, que cualquier funcionario público debería estar habilitado a aprehender a una persona si presencia la comisión de un delito. Bajo esa lógica, la polémica por las facultades policiales otorgadas a la SIDE aparece relativizada: no se trataría de una excepción propia del sistema de inteligencia, sino de una potestadque debería extenderse a todo agente del Estado en nombre del orden y la seguridad.

En cuanto a la conducción y los nombres que integran la cúpula del organismo, por ahora no se esperan movimientos inmediatos. “Sin cambios por ahora, pero a tiro de firma de Cristian si no responden”, sintetizan cerca de Santiago Caputo cuando se les consulta por eventuales desplazamientos o recambios internos. La referencia es al contador Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE, anunciado en su cargo el pasado 3 de diciembre, que concentra la lapicera formal para avanzar con ajustes finos en un organismo todavía en plena reconfiguración. La señal es doble: no habrá purga inmediata, pero tampoco margen para desmarques en un esquema que busca alineamiento político y operativo sin fisuras.

Objetivo: blindar y dilatar

En el entorno presidencial hacen oídos sordos a una advertencia que circula incluso entre aliados: desde el punto de vista político, no faltan voces “amigables” que argumentan que hubiera sido más pragmático enviar un proyecto de ley y debatirlo artículo por artículo. Es que, si el DNU es rechazado, cae completo. No admite correcciones parciales ni negociaciones quirúrgicas. Aun así, la estrategia elegida por el laboratorio caputista fue avanzar por esa vía y apostar a blindarlo en al menos una de las dos cámaras.

En ese tablero, el Congreso aparece como el próximo campo de batalla. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques reclamaron formalmente a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU.

Según admiten en el propio oficialismo, parte de la estrategia pasa por no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios. Sin ellas, los plazos corren a favor del Ejecutivo. Milei tiene diez días hábiles para girar el decreto al Congreso y, una vez cumplido ese paso, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para dictaminar. Como hoy no está integrada, recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían habilitadas para discutir el DNU en el recinto.

La ley es clara: para que un decreto presidencial quede sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras por mayoría simple, como ocurrió en 2024 con el que aumentaba en 100 mil millones el presupuesto de la SIDE. En el Gobierno confían en que ese escenario es improbable y recuerdan el antecedente del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de votos opositores. En ese marco, la Casa Rosada puede concentrarse en blindar una sola cámara para sostener la reforma.

Poroteo

En Balcarce 50 transmiten además una confianza explícita en que no habrá sobresaltos inmediatos. Admiten que la prioridad política de las próximas semanas estará puesta en la reforma laboral y descuentan que la oposición no logrará forzar una discusión de fondo sobre la inteligencia antes de ese debate. “No va a pasar nada”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que el tema espionaje es áspero y difícil de convertir en una ofensiva parlamentaria sostenida.

Los números, por ahora, acompañan esa lectura. La oposición no está tan lejos del quórum, pero todavía necesita sumar voluntades. A los 93 diputados del peronismo se agregan 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como Natalia De la Sota o Jorge “Gato” Fernández. Aun así, faltan al menos ocho apoyos más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y el posicionamiento del radicalismo aparecen como claves. En la UCR, por ahora, guardan silencio.

El PRO, en tanto, expresó un respaldo condicionado a través de un comunicado: avaló la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, destacó la integración de bases de datos como una deuda histórica, pero reclamó conocer los protocolos de uso, además de los alcances operativos de facultades sensibles como las aprehensiones. En la Casa Rosada leen ese apoyo como suficiente para resistir un intento de volteo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto recién empieza. Con el decreto ya vigente, protocolos todavía en borrador y la promesa de una futura ley que nadie vio, el Gobierno eligió avanzar primero y explicar después. En Balcarce 50 apuestan a que la polémica por el DNU de la SIDE se diluya entre la reforma laboral y el calendario parlamentario. Pero la pregunta incómoda ya quedó instalada: cuánto poder está dispuesta a concentrar el Estado en nombre de la urgencia y cuán frágiles pueden volverse los controles democráticos cuando el espionaje deja de ser un subsistema y pasa a ser un eje del poder.

PL/MF