A siete semanas de la convocatoria a los proveedores de vacunas contra el Covid-19 en el Congreso, ninguno de los cinco laboratorios contratados hasta esa fecha rindió explicaciones sobre los contratos con el Gobierno ni las demoras en las entregas de las dosis. Mediante dos cartas, la oposición reclamó en los últimos días al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que reanude las reuniones informativas para que las farmacéuticas den sus versiones de los hechos.

El armado de las listas para las elecciones legislativas y la descompresión que trajo la primera reunión celebrada el 8 de junio en torno a la polémica con Pfizer, sacó de la agenda la citación “bajo apercibimiento de ley” a los responsables de las farmacéuticas y laboratorios, pero las conversaciones para retomar la citación siguen en pie, según explicó una fuente del oficialismo en Diputados.

Otros anuncios de aquel 8 de junio también quedaron en suspenso. Massa dijo aquella mañana: “Nuestro Presidente nos pidió que trabajemos en una comisión de seguimiento y un observatorio con todas las fuerzas políticas que sea capaz de controlar para dar transparencia” a la adquisición y fabricación de vacunas contra el Covid-19, pero según las consultas a miembros del oficialismo y oposición en la Cámara baja ni el observatorio ni la comisión de seguimiento se pusieron en marcha.

En medio de la dilaciones en la llegada de las vacunas de AstraZeneca y el por entonces trunco acuerdo con Pfizer, Massa había citado a los proveedores para que informen a los diputados de las comisiones de Salud y Legislación General y respondan sus preguntas sobre el estado de cumplimiento de los contratos con el Estado Nacional. 

Sin embargo, aquel martes 8 de junio, sólo se presentaron ante los legisladores el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y el presidente de Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, a cargo de la producción local de la vacuna Sputnik V. Ninguno de los dos tenía contratos firmados con el gobierno de Alberto Fernández.

El acuerdo con Pfizer llegó recién esta semana, según anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El Estado nacional adquirió 20 millones de dosis de una de las dos únicas vacunas aprobadas para uso pediátrico (la otra es Moderna, ambas de Estados Unidos). Richmond, por su parte, tiene un acuerdo comercial con los rusos, no con Argentina, por el momento, según explicó Figueiras ante los diputados.

Nuestro Presidente nos pidió que trabajemos en una comisión de seguimiento y un observatorio con todas las fuerzas políticas.

Sergio Massa — 8 de junio.

El 8 de junio, Argentina tenía firmados cinco contratos para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). De los cinco proveedores contratados, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance o Covax, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield, aliada de AstraZeneca) y Sinopharm International Hong Kong LTD (China).

“AstraZeneca está en constante diálogo con el oficialismo y se ha puesto a disposición para exponer en el Congreso vía conferencia virtual”, aseguró una fuente de Diputados que participa del diálogo con la farmacéutica. También se dialoga con Covax, una iniciativa de la ONU y la OMS para actuar como intermediarios entre países y laboratorios. Covax cobró un adelanto de US$32,1 millones de Argentina para proveer unos 9 millones de vacunas pero también viene atrasado en las entregas.

El 22 de julio último, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (JuntosxelCambio) envió cartas a Massa y Pablo Yendlin (Frente de Todos), presidente de dicha comisión parlamentaria para solicitarles que reanuden la convocatoria a “las reuniones informativas relacionadas” y citen a la ministra Vizzotti y a los representantes de AstraZeneca y del fondo COVAX “que, por diversos motivos, no asistieron a la convocatoria anterior”. También insistieron con la presencia de representantes de Moderna.

“El secretismo y la falta de transparencia no fueron buenos compañeros de la negociación desde un principio. La posibilidad de escuchar de primera mano a todos los actores hubiera sido fundamental para comprender cómo fue el desarrollo de la compra de vacunas”, dijo Polledo a elDiarioAR.

En nombre del interbloque, la diputada también reclamó “las respuestas a las preguntas que le enviamos el día 14 de junio dirigidas a los representantes de los laboratorios Sinopharm International Hongkong Limited y Human Vaccine Limited Liability (la compañía comercial que firmó el contrato por la Sputnik V que produce Gamaleya y representa el Fondo Ruso de Inversión) a través de las respectivas embajadas de esos Estados. 

Ni los representantes rusos ni los chinos comparecerán ante Diputados, ya que responderán sólo por escrito, para lo cual los legisladores enviaron pliegos de preguntas. A un mes y medio del envío a presidencia de la Cámara baja, “no tenemos noticias aún acerca de las preguntas que presentamos al Fondo Ruso ni al laboratorio chino de Sinopharm. Tampoco novedades de la visita de AstraZeneca ni de Covax al Congreso. Vamos a insistir”, aseguró Polledo.

Quisiéramos que Richmond exponga nuevamente en la comisión, además de Nicolini y Vizzotti.

Graciela Ocaña — Diputada (JuntosxelCambio).

Además, los opositores solicitaron “de forma urgente” la citación al Congreso de la asesora presidencial Cecilia Nicolini para que rinda explicaciones por su carta del 7 de julio dirigida, vía mail, a Anatoly Braverman, mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión. 

La misiva virtual se filtró la semana última en una nota en La Nación del periodista Carlos Pagni y dejó expuesta la tensión y contradicciones entre el Gobierno y el proveedor ruso por las demoras en la entrega de las Sputnik V ya contratadas, en especial, 13,1 millones de dosis del componente 2 que debían arribar al país para completar la inmunización de la población. Los plazos del calendario de vacunación se vencen y las vacunas no llegan.

“Quisiéramos que Richmond exponga nuevamente en la comisión, además de Nicolini y Vizzotti -dijo la diputada Graciela Ocaña (JuntosxelCambio) a elDiarioAR-. A raíz de la carta que se filtró, es importante que Richmond explique cuál es el estado del acuerdo entre el laboratorio local, Rusia y el Estado argentino; y si cambiaron las condiciones del contrato original”. 

Se sabe hasta el momento que el contrato por las vacunas es entre el laboratorio ruso y el Estado argentino; y que Richmond tiene un contrato con Rusia para la fabricación local de las dosis, pero no con el Gobierno. La diputada quiere saber si hay adendas y nuevos contratos que hayan cambiado esa situación; y cómo afecta la provisión de vacunas y la fabricación de las dosis en Argentina.

ED

Con la ausencia de los cinco proveedores de vacunas contra el Covid-19, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) encabezó este martes la comisión informativa convocada para escuchar e interrogar a los laboratorios que firmaron contratos con el Estado nacional. Las farmacéuticas habían sido citadas “bajo apercibimiento de ley”, y en acuerdo con el interbloque de Juntos por el Cambio, pero Massa anunció que ninguna de ellas se presentaría ante los diputados. 

Durante la reunión sí expusieron de manera virtual representantes de Pfizer -en negociaciones con el Ministerio de Salud- y del Laboratorio Richmond, que producirá en el país la vacuna Sputnik V.I.D.A., tras firmar un acuerdo con el Fondo de Inversión Ruso.

Al inicio de la comisión informativa, Massa aclaró que AstraZeneca hará su presentación por escrito; y que representantes del organismo Covax -que funciona como intermediario con los laboratorios extranjeros- expondría más adelante, posiblemente también por escrito. Se espera que la próxima semana. 

¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?

Sergio Massa — Durante la exposición de Pfizer.

Massa informó, además, que las farmacéuticas que dependen de los Estados de Rusia (el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso) y China (Sinopharm) responderán vía Cancillería las preguntas de los diputados de las comisiones parlamentarias de Salud y Legislación General.

Tanto antes como después de la exposición de Pfizer, oficialistas y opositores manifestaron o infirieron la posibilidad de modificar la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, sancionada a finales de 2020 para posibilitar los acuerdos con los laboratorios.

La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas, pero éstas no se adecuaron a los requisitos de Pfizer, explicó este martes ante los diputados el gerente general de ese laboratorio, Nicolás Vaquer, aunque no precisó por qué, a pesar de las insistencias de legisladores de todos los bloques. 

Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

“¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?”, le preguntó Massa al ejecutivo en nombre de varios diputados. Vaquer reiteró: “Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual”. Previamente, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo durante la reunión que la oposición está dispuesta a debatir las modificaciones necesarias para acelerar y aumentar la entrega de vacunas.

En el caso de Richmond, el presidente del laboratorio nacional, Marcelo Figueiras, respondió: “No tenemos un acuerdo con el Gobierno nacional” para producir la vacuna Sputnik V.I.D.A. “Nuestro acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión no es confidencial”, agregó, tras remarcar que envió una copia a la oposición. 

“El Fondo Ruso ha visitado muchos laboratorios en Argentina”, respondió Figueiras al diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), ante las dudas de la oposición sobre si el laboratorio, con buena llegada al Gobierno, había tenido ventajas sobre otras farmacéuticas locales para fabricar la vacuna rusa de manera exclusiva en el país. 

“Las primeras semanas fabricaremos 500 mil dosis semanales”, afirmó el empresario. “No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro”, aseguró el presidente de Richmond, quien inició su presentación solicitando una baja en los impuestos. “Es muy difícil invertir en estos proyectos de alto costo biotecnológico si no se encuentra una promoción impositiva”, sostuvo. “Debemos pagar sólo US$10 millones de derechos de importación de maquinaria productiva”, dijo. “Otros gobiernos nos llaman para que invirtamos en otros países pero aquí nos quedamos”, agregó el empresario.

El contrato que no fue

El ejecutivo de Pfizer aseguró que el actual marco legal para la provisión de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la farmacéutica busca negociar con el Ejecutivo. El gerente también afirmó que el gobierno de Fernández no le solicitó “pagos indebidos” ni intentó imponer un socio local como intermediario en la provisión de las dosis. Así lo había sugerido la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Vaquer declaró que Pfizer firmó el 11 de julio de 2020 un acuerdo de confidencialidad con el Ejecutivo y que el primer ofrecimiento del laboratorio al Gobierno fue el 25 de julio de 2020. “El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre. El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y demostró interés para las vacunas que pudiéramos entregar antes de marzo de 2020”, dijo Vaquer ante los diputados.

Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

En 2020, Pfizer ofreció al Gobierno proveer “13,2 millones de vacunas, a ser entregadas a partir de diciembre” de ese año, según el representante del laboratorio. Detalló además que las entregas requeridas por el Ministerio de Salud constaban de una primera entrega de un millón de dosis antes de finales 2020: otros dos millones durante el primer trimestre de 2021; y otros 5 millones para el segundo trimestre. El resto sería entregado después. Pero el acuerdo nunca se selló.

El debate sobre la indemnidad

La mayoría de las preguntas de los diputados al representante de Pfizer giró en torno a por qué la ley actual, especialmente votada para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, no encuadra con los requisitos de protección legal que exige el laboratorio.

El representante sostuvo que ese conflicto está siendo discutido por los abogados del laboratorio con el Ministerio de Salud en una mesa de negociación para concretar el acuerdo y no brindó mayores detalles. 

Aseguró que las cláusulas de indemnidad son las mismas impuestas en 116 países donde firmaron y están proveyendo vacunas y cuya necesidad se basa en “los riesgos inusuales y sin precedentes” en la producción de las dosis, teniendo en cuenta que la velocidad y escalas de producciones son “requeridas por los gobiernos” de distintos países. 

El gerente dijo que las cláusulas también se deben a la necesidad de “intercambiar información con el Ejecutivo” que no sería de acceso público y dijo que Pfizer tiene “un cumplimiento contractual del 99,99%” en el mundo. También afirmó que el laboratorio proyecta producir 3.000 millones de dosis en 2021.

Desarrollar una vacuna lleva “de siete a diez años para producir” y “de 10 moléculas que se prueban, sólo una termina dando resultados”, dijo Vaquer. “Pfizer asumió los riesgos de acelerar esos procesos que llevan meses a semanas y de semanas a días” y “empezó a invertir para que si la vacuna era aprobada se esté en condiciones de entregarla al mundo”, justificó el gerente general en torno a los requisitos legales que el laboratorio impone en sus contratos.

“Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales”, dijo antes de las preguntas de los diputados y ante los señalamientos de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) en las últimas semanas.

No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro.

Marcelo Figueiras — Presidente de Laboratorio Richmond.

La vacuna local

Ante las preguntas de los diputados opositores, Figueiras declaró: “No hemos recibido de parte del Gobierno ninguna indicación de si nosotros debíamos o podíamos fabricar (la vacuna rusa), sino que a través de nuestros socios nos invitaron a participar”, afirmó en referencia al laboratorio indio que trabaja en conjunto con Richmond.

La diputada Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) solicitó a Figueiras explicaciones sobre la suba de las acciones que percibió Richmond en la bolsa de comercio tras el anuncio del acuerdo. “El mercado de capitales argentino es chico y somos el único laboratorio nacional que cotiza en bolsa”, respondió Figueiras. Polledo había dicho que las acciones registraron una suba del 33% en una sola rueda.

Polledo también le preguntó sobre la transferencias de acciones de la compañía tras la visita de Alberto Fernández a la planta de producción del laboratorio el 5 de febrero. El empresario respondió: “Fue una transacción que se hizo (por parte de) alguien totalmente ajeno a nosotros, un empresario que le compró (acciones) a otro” y “no tiene nada que ver con la visita del Presidente a la planta”.

Los acuerdos

El país firmó cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). De los cinco proveedores contratados, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD.

Hasta el sábado último, Argentina había recibido un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021: 58.924.000 dosis, según había informado el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, como informó este medio en base a datos oficiales. 

ED

Representantes de los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus exponen este martes ante las autoridades de la Cámara de Diputados, los presidentes de los diferentes bloques y los referentes en materia de salud sobre “el estado contractual vigente o en discusión” con el Estado argentino acerca de la provisión de dosis.

Los directivos participan desde las 10 de la reunión que se realiza en el Salón Delia Parodi y que es de carácter público, reservada a un número acotado de legisladores y televisada por el canal institucional de la Cámara.

La decisión de convocar a los representantes de los laboratorios fue resuelta el miércoles pasado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, que contó para ello con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el objetivo de la reunión con los laboratorios es “tener la máxima información en un tema que es de gran sensibilidad para la sociedad” y anunció que se conformará un observatorio en el Congreso. Massa habló previo a que comiencen a exponer los representantes de los Laboratorios Pfizer, Nicolás Vaquer y Miguel del Pino, y del Laboratorio Richmond Marcelo Figueiras.

Los directivos fueron citados “bajo apercibimiento de ley”, una herramienta legal con la que cuenta el Poder Legislativo para evitar posibles evasivas ante sus convocatorias.

En la reunión están las autoridades de la Cámara, los jefes de los bloques y los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Acción Social; en tanto que el resto de los integrantes de ésta última se conectan por vía remota, en el marco del cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

La decisión de convocar a los representantes de los laboratorios surgió tras las declaraciones cruzadas de los últimos días entre diferentes involucrados en el tema, en relación a los contratos, la cantidad de vacunas y los cupos de las mismas contemplados en fondos internacionales.

En ese sentido, la resolución firmada por Massa se funda “en la necesidad de establecer criterios comunes en cuanto al control y seguimiento de los contratos de provisión de vacunas contra la Covid-19”.

Además, la Presidencia de la Cámara subrayó que está facultada por ley para “citar a los representantes de las empresas laboratorios que fueron parte de contratos en curso de ejecución o que se encuentran bajo discusión en punto a la producción y provisión vacunas con el Estado nacional”.

“Resulta necesario dar intervención a las autoridades de las respectivas comisiones permanentes de incumbencia, a los fines de la consideración mencionada”, añaden los fundamentos de la resolución para dar alcance a los órganos parlamentarios antes mencionados.

Entre los convocados por Diputados se encuentran directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y del Instituto Gamaleya -productor de la vacuna rusa Sputnik-, según enumeraron fuentes parlamentarias.

En ese caso se llevaría adelante un esquema en el que cada laboratorio expondría por turnos ante los diputados, y al término de esos testimonios, los funcionarios harían sus consideraciones; por lo que no habría cruces entre empresarios e integrantes de la cartera sanitaria.

Sobre la reunión del martes, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), destacó la importancia de esclarecer “información incorrecta” sobre las vacunas y las tratativas para su adquisición y aseguró que la oposición “se ha esmerado desde el inicio de pandemia en cuestionar todo”.

“Es una convocatoria pedida por el presidente de la Cámara y que tiene que ver con la cantidad de información incorrecta que ha circulado: plazos de entrega, cumplimientos e incumplimientos de los contratos, sobre todo por parte de un grupo de la oposición que se ha esmerado desde el principio de la pandemia en cuestionar todo”, afirmó en declaraciones periodísticas.

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que desde esa fuerza política quieren “ayudar a que lleguen más vacunas” contra el coronavirus al país y señaló que “es importante escuchar el martes a todos los laboratorios”, cuyos directivos expondrán en el Congreso.

“Desde el Congreso queremos ayudar a que lleguen vacunas, está en juego la vida de millones de personas; por eso es importante escuchar a todos los laboratorios el martes, tal como se lo pedimos al presidente de la Cámara de Diputados. Si hay que cambiar la ley, avancemos rápido”, subrayó el dirigente del radicalismo cordobés.

Cecilia Moreau: “Queremos saber si van a seguir cumpliendo las entregas”

La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, dijo este lunes que en la reunión con los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus se buscará saber, entre otras cuestiones, “si se van a seguir cumpliendo las entregas” de los fármacos.

“Todos los laboratorios fueron invitados y esperemos que participen. Había algunos que tenían dificultades, como el de la India, porque no había ningún representante de la empresa en Argentina. Veremos quién concurre”, sostuvo la legisladora nacional en diálogo con Radio 10.

Moreau comentó que aún no recibieron la confirmación de los laboratorios, pero supone que “en la jornada de hoy” ya sabrán quiénes participarán.

Al respecto, sostuvo que, aunque a ningún laboratorio “le debe haber gustado” la convocatoria, tienen que dar cuenta al Congreso sobre los contratos firmados como indica la ley, y agregó que “obviamente no habrá preguntas sobre la fórmula de las vacunas”.

“Queremos ver cuál es el ritmo de vacunación que calculan que vamos a seguir teniendo, si se van a seguir cumpliendo las entregas como imaginamos y si el año que viene va a haber innovaciones, cuando estas vacunas seguro queden viejas”, completó.

Al ser consultada sobre las controversias alrededor de las vacunas de Pfizer, Moreau dijo que el laboratorio “debería ir” al encuentro puesto que un grupo de diputados de la oposición “metió miedo” y “generó revuelo” alrededor de los contratos.

“Ha habido tanto lobby que estaría bueno que den explicaciones sobre qué es lo que realmente quieren”, remarcó.

Con información de agencias.

IG

A ocho meses de la firma de los primeros contratos para acceder a las vacunas contra el Covid-19, Argentina ha recibido sólo el 31% de las dosis contratadas por el Estado Nacional, según surge del análisis de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud. Además, casi la mitad de esas vacunas entregadas por las farmacéuticas llegaron al país en los últimos 37 días, en medio de las presiones de la oposición, los medios y las denuncias judiciales.

Hasta el momento, Argentina recibió un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, sostiene el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31,31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021. El país firmó contratos por al menos 58.924.000 de unidades, según había informado en abril el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El jueves por la noche, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibió la última entrega que llegó al aeropuerto de Ezeiza. Se trata de 818.150 dosis del componente uno de la vacuna Sputnik V, una de las cuatro contratadas a la fecha. Con esa cifra, el país alcanzó las 18.450.150 unidades. 

Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, según el relevamiento de este medio en base a datos oficiales. “Sólo esta semana, llegaron 2.966.750 vacunas, entre las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que lo hicieron el lunes y las de hoy desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia”, informó Salud en el reporte de este jueves. 

Hasta la tarde del jueves, el Ejecutivo había distribuido 17.322.690 vacunas en todo el país, de las cuales 13.275.602 ya fueron aplicadas (10.326.816 personas recibieron la primera dosis y 2.948.786 ambas)

El Gobierno de Alberto Fernández busca contrarrestar las acusaciones de la oposición por la demora en un acuerdo con el laboratorio Pfizer, la dilatada entrega de las vacunas de AstraZeneca y las versiones contrapuestas entre oficialismo y oposición sobre el convenio entre Argentina y el mecanismo Covax, ya que se discute si Argentina debería haber suscripto contratos con más laboratorios y por más vacunas.

“Esta semana fue récord, casi 3 millones de vacunas. Ya recibieron la primera dosis más de 10 millones de personas y completaron 3 millones el esquema. Ya tenemos el 82% de las personas mayores de 60 años vacunadas”, celebró la titular de la cartera sanitaria este jueves.

Por la tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había brindado su informe de gestión ante el Senado y debió responder varias interpelaciones de la oposición por la gestión del plan de vacunación por la pandemia. “Tenemos mucha expectativa de estar llegando la semana que viene a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional”, aseguró el funcionario durante la sesión. 

Cafiero también adelantó: “Estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más” de vacunas con Sinopharm, el laboratorio chino que ya entregó 4 millones de dosis.

Esta semana fue récord, casi 3 millones de vacunas.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud.

Detalles de los contratos

El país firmó al menos cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: Oxford -AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta que dio Salud a fines de abril ante una solicitud de acceso a la información pública de elDiarioAR y ACIJ, en el marco del proyecto transnacional “Vigila la Pandemia”, realizado con medios y ONGs de siete países latinoamericanos. Argentina también rubricó un convenio con la Alianza GAVI para adquirir dosis a través del mecanismo Covax, que facilita el acceso equitativo a las vacunas.

Por esos cinco contratos, el Ejecutivo se comprometió a pagar a las farmacéuticas al menos US$478.254.000, como publicó este medio. Equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. Además, Salud desembolsó adelantos financieros a cada uno de los proveedores, según aseguró Vizzotti en su declaración como testigo ante el fiscal Guillermo Marijuán, en la causa en la que se investiga el supuesto incumplimiento del contrato de AstraZeneca.

Los proveedores contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. 

Tenemos mucha expectativa de la semana que viene estar llegando a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional.

Santiago Cafiero — Jefe de Gabinete.

Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad, ya que se contrataron 30 millones de dosis por US$298.500.000), AstraZeneca (por cantidad, más de 22,4 millones de dosis que recién comenzaron a llegar a fines de mayo) y Sinopharm (por precio: es la vacuna más cara contratada), como publicó este medio en abril. 

Sputnik ha entregado casi 9 millones de dosis (casi un tercio de su contrato). AstraZeneca recién comenzó a enviar vacunas a finales de mayo y por el momento entregó casi 3 millones. Sinopharm (China) tiene su contrato cumplido: 4 millones de dosis entregadas. Covishield también completó su contrato por 580.000 vacunas, según el informe mensual de Presidencia de este viernes. Además, Argentina recibió 1.944.000 dosis de AstraZeneca a través del convenio Covax.

El miércoles 12 de mayo, Vizzotti declaró ante la fiscalía de Marijuán que el Ministerio tiene “en trámite” negociaciones para firmar otros siete contratos con proveedores de vacunas contra el coronavirus. Además de Pfizer, el Gobierno negocia para obtener la vacuna Janssen (Johnson & Jonhson), la del Instituto Butantan (Brasil), la de Cansino Biologics Inc. (China) y también con Bharat Biotech (Covaxin, India), el laboratorio Bayer, Novavax (Estados Unidos, vía convenio Covax) y otro contrato con Johnson & Jonhson (también a través de la intermediación del mecanismo Covax), según la declaración testimonial de la ministra. 

Estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más de vacunas con Sinopharm.

Santiago Cafiero — Jefe de Gabinete.

En total, existen catorce expedientes confidenciales sobre contratos para las vacunas, informó Vizzotti a la Justicia, en el marco del expediente en el que se investiga el contrato con AstraZeneca. 

Hasta la tarde del jueves, el Ejecutivo había distribuido 17.322.690 vacunas en todo el país, de las cuales 13.275.602 ya fueron aplicadas (10.326.816 personas recibieron la primera dosis y 2.948.786 ambas), de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación.

*Esta nota se actualizó a las 12.50 con los últimos datos proporcionados en el informe mensual de Presidencia de la Nación, con fecha viernes 4 de junio.

ED

“No se logró aún un acuerdo (con la farmacéutica Pfizer) porque los requerimientos de ese laboratorio no se condicen con el marco legal nacional”, declaró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ante la fiscalía de Guillermo Marijuan, según la declaración a la que accedió elDiarioAR. 

La funcionaria fue citada como testigo en la causa en la que se investiga el contrato con otro laboratorio, AstraZeneca (saber más), para la provisión de vacunas contra el Covid-19. En el marco de su declaración, fue interrogada por el fallido acuerdo con la farmacéutica estadounidense Pfizer, una negociación que despertó críticas de la oposición y un enfrentamiento público con la compañía ante supuestas exigencias del contrato que el Gobierno dijo no poder cumplir por cuestiones legales.

La funcionaria declaró por escrito este miércoles y sostuvo ante la Justicia que, a pesar de los cortocircuitos, el Gobierno no descarta llegar a un acuerdo con Pfizer. “Personalmente convoqué a representantes de Pfizer para continuar las negociaciones con el fin de avanzar en un posible acuerdo y bajo condiciones aceptables para ambas partes”, dijo Vizzotti. Es la primera vez que lo asegura ante la Justicia. 

De ninguna manera la suscripción del acuerdo con AstraZeneca es producto de no haberse suscripto el contrato con Pfizer.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud, ante la fiscalía.

Además, Vizzotti informó a la fiscalía que el Ejecutivo tiene “en trámite” negociaciones para firmar otros siete contratos con proveedores de vacunas contra el coronavirus, pero no detalles sobre el estado de esos pre-acuerdos. Además de Pfizer, el Gobierno negocia para obtener la vacuna Janssen (Johnson & Jonhson), la del Instituto Butantan (Brasil), la de Cansino Biologics Inc. (China) y también con Bharat Biotech (Covaxin, India), el laboratorio Bayer, Novavax (Estados Unidos, vía convenio Covax) y otro contrato con Johnson & Jonhson (también a través de la intermediación del mecanismo Covax). Surge de la declaración testimonial de la ministra. 

En total, existen catorce expedientes confidenciales sobre contratos para las vacunas, informó Vizzotti. Además de los ocho en trámite, el ministerio de Salud ya firmó un convenio con la organización Covax y cinco contratos para dosis de AstraZeneca-Oxford, Sputnik V (Rusia), Covishield (India) y Sinopharm (China). La funcionaria agregó que “actualmente hay conversaciones con Israel y Cuba, entre otros”.  

El factor Sigman

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Marijuan tienen a su cargo un expediente para determinar si existen irregularidades en el contrato con AstraZeneca, que cobró más de US$53,8 millones del Estado Nacional y aún no entregó ni una sola dosis de las vacunas contra el Covid-19.

Entre las preguntas realizadas por la fiscalía, Vizzotti fue consultada sobre “si el hecho de no haberse celebrado un acuerdo con el laboratorio Pfizer favoreció la necesidad o desencadenó la necesidad de contratar con AstraZeneca”, que aún no ha podido cumplir con el cronograma de entrega de las vacunas. 

Una de las hipótesis en la causa es si el gobierno de Fernández se inclinó por contratar a AstraZeneca, en detrimento de Pfizer, por la relación comercial del primer laboratorio con el empresario argentino Hugo Sigman, cercano al Ejecutivo. 

El ministerio de Salud no suscribió ningún contrato de provisión de vacunas contra Covid-19 con (el laboratorio) mAbxience, ni con Hugo Sigman, ni con empresas de su propiedad.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud, ante la fiscalía.

La ministra respondió: “No, de ninguna manera la suscripción del acuerdo con AstraZeneca es producto de no haberse suscripto el contrato con Pfizer”. “Argentina inició gestiones con el laboratorio Pfizer desde el primer momento, y si bien la negociación sufrió un impasse, nunca se suspendió definitivamente; no se logró aún un acuerdo porque los requerimientos de ese laboratorio no se condicen con el marco legal nacional”, declaró Vizzotti.  

“De todas maneras, reitero que trabajamos para sortear esa dificultad, de hecho, personalmente convoqué a representantes de Pfizer para continuar las negociaciones con  el fin de avanzar en un posible acuerdo y bajo condiciones aceptables para ambas partes”, agregó.  

La ministra también detalló las fechas y adelantos abonados por el Gobierno a AstraZeneca; reconoció que el Ejecutivo debió reclamar las vacunas en nueve oportunidades mediante reuniones, notas y hasta una carta del Presidente al CEO de AstraZeneca a nivel global, Pascal Sorior, con fecha 17 de abril. 

Argentina inició gestiones con el laboratorio Pfizer desde el primer momento.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud, ante la fiscalía.

El fiscal Marijuan también interrogó a la funcionaria sobre el rol del empresario Hugo Sigman y el de Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete del Ministerio de Salud) y una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. 

Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. 

En su declaración, Vizzotti sostuvo que su cartera “no suscribió ningún contrato de provisión de vacunas contra Covid-19 con (el laboratorio) mAbxience, ni con Hugo Sigman, ni con empresas de su propiedad”. Sobre si Tarragona tuvo algún tipo de participación o actividad  en la celebración del contrato con AstraZeneca, la ministra respondió: “No, no tuvo ninguna participación ni actividad vinculada”. 

“Al momento de la celebración del contrato, la licenciada Sonia Tarragona ocupaba el cargo de Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, área sin incumbencia en el  trámite”, agregó Vizzotti, aunque concluyó: “Sin perjuicio de haber podido participar en algún encuentro donde el Laboratorio AstraZeneca presentó la propuesta de la vacuna, tanto a los equipos técnicos del Ministerio ya la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNain)”.  

ED

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

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