A ocho meses de la firma de los primeros contratos para acceder a las vacunas contra el Covid-19, Argentina ha recibido sólo el 31% de las dosis contratadas por el Estado Nacional, según surge del análisis de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud. Además, casi la mitad de esas vacunas entregadas por las farmacéuticas llegaron al país en los últimos 37 días, en medio de las presiones de la oposición, los medios y las denuncias judiciales.

Hasta el momento, Argentina recibió un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, sostiene el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31,31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021. El país firmó contratos por al menos 58.924.000 de unidades, según había informado en abril el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El jueves por la noche, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibió la última entrega que llegó al aeropuerto de Ezeiza. Se trata de 818.150 dosis del componente uno de la vacuna Sputnik V, una de las cuatro contratadas a la fecha. Con esa cifra, el país alcanzó las 18.450.150 unidades. 

Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, según el relevamiento de este medio en base a datos oficiales. “Sólo esta semana, llegaron 2.966.750 vacunas, entre las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que lo hicieron el lunes y las de hoy desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia”, informó Salud en el reporte de este jueves. 

Hasta la tarde del jueves, el Ejecutivo había distribuido 17.322.690 vacunas en todo el país, de las cuales 13.275.602 ya fueron aplicadas (10.326.816 personas recibieron la primera dosis y 2.948.786 ambas)

El Gobierno de Alberto Fernández busca contrarrestar las acusaciones de la oposición por la demora en un acuerdo con el laboratorio Pfizer, la dilatada entrega de las vacunas de AstraZeneca y las versiones contrapuestas entre oficialismo y oposición sobre el convenio entre Argentina y el mecanismo Covax, ya que se discute si Argentina debería haber suscripto contratos con más laboratorios y por más vacunas.

“Esta semana fue récord, casi 3 millones de vacunas. Ya recibieron la primera dosis más de 10 millones de personas y completaron 3 millones el esquema. Ya tenemos el 82% de las personas mayores de 60 años vacunadas”, celebró la titular de la cartera sanitaria este jueves.

Por la tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había brindado su informe de gestión ante el Senado y debió responder varias interpelaciones de la oposición por la gestión del plan de vacunación por la pandemia. “Tenemos mucha expectativa de estar llegando la semana que viene a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional”, aseguró el funcionario durante la sesión. 

Cafiero también adelantó: “Estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más” de vacunas con Sinopharm, el laboratorio chino que ya entregó 4 millones de dosis.

Esta semana fue récord, casi 3 millones de vacunas.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud.

Detalles de los contratos

El país firmó al menos cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: Oxford -AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta que dio Salud a fines de abril ante una solicitud de acceso a la información pública de elDiarioAR y ACIJ, en el marco del proyecto transnacional “Vigila la Pandemia”, realizado con medios y ONGs de siete países latinoamericanos. Argentina también rubricó un convenio con la Alianza GAVI para adquirir dosis a través del mecanismo Covax, que facilita el acceso equitativo a las vacunas.

Por esos cinco contratos, el Ejecutivo se comprometió a pagar a las farmacéuticas al menos US$478.254.000, como publicó este medio. Equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. Además, Salud desembolsó adelantos financieros a cada uno de los proveedores, según aseguró Vizzotti en su declaración como testigo ante el fiscal Guillermo Marijuán, en la causa en la que se investiga el supuesto incumplimiento del contrato de AstraZeneca.

Los proveedores contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. 

Tenemos mucha expectativa de la semana que viene estar llegando a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional.

Santiago Cafiero — Jefe de Gabinete.

Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad, ya que se contrataron 30 millones de dosis por US$298.500.000), AstraZeneca (por cantidad, más de 22,4 millones de dosis que recién comenzaron a llegar a fines de mayo) y Sinopharm (por precio: es la vacuna más cara contratada), como publicó este medio en abril. 

Sputnik ha entregado casi 9 millones de dosis (casi un tercio de su contrato). AstraZeneca recién comenzó a enviar vacunas a finales de mayo y por el momento entregó casi 3 millones. Sinopharm (China) tiene su contrato cumplido: 4 millones de dosis entregadas. Covishield también completó su contrato por 580.000 vacunas, según el informe mensual de Presidencia de este viernes. Además, Argentina recibió 1.944.000 dosis de AstraZeneca a través del convenio Covax.

El miércoles 12 de mayo, Vizzotti declaró ante la fiscalía de Marijuán que el Ministerio tiene “en trámite” negociaciones para firmar otros siete contratos con proveedores de vacunas contra el coronavirus. Además de Pfizer, el Gobierno negocia para obtener la vacuna Janssen (Johnson & Jonhson), la del Instituto Butantan (Brasil), la de Cansino Biologics Inc. (China) y también con Bharat Biotech (Covaxin, India), el laboratorio Bayer, Novavax (Estados Unidos, vía convenio Covax) y otro contrato con Johnson & Jonhson (también a través de la intermediación del mecanismo Covax), según la declaración testimonial de la ministra. 

Estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más de vacunas con Sinopharm.

Santiago Cafiero — Jefe de Gabinete.

En total, existen catorce expedientes confidenciales sobre contratos para las vacunas, informó Vizzotti a la Justicia, en el marco del expediente en el que se investiga el contrato con AstraZeneca. 

Hasta la tarde del jueves, el Ejecutivo había distribuido 17.322.690 vacunas en todo el país, de las cuales 13.275.602 ya fueron aplicadas (10.326.816 personas recibieron la primera dosis y 2.948.786 ambas), de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación.

*Esta nota se actualizó a las 12.50 con los últimos datos proporcionados en el informe mensual de Presidencia de la Nación, con fecha viernes 4 de junio.

ED

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró el miércoles último como testigo en la causa en la que se investiga por qué el laboratorio AstraZeneca cobró más de US$53,8 millones del Estado Nacional y aún no entregó ni una sola dosis de las vacunas contra el Covid-19, informó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

La ministra declaró ante el fiscal Guillermo Marijuan por escrito, una posibilidad que tienen los funcionarios públicos, y detalló las fechas y adelantos abonados por el gobierno de Alberto Fernández al laboratorio; reconoció que el Ejecutivo debió reclamar las vacunas en nueve oportunidades mediante reuniones, notas y hasta una carta del Presidente al CEO de AstraZeneca a nivel global, Pascal Sorior con fecha 17 de abril. 

La fiscalía investiga una compleja hipótesis: si la falta de entrega de las vacunas, a pesar del pago por adelantado del Estado Nacional, implica un mero incumplimiento comercial o si el laboratorio firmó el contrato y cobró los adelantos millonarios a sabiendas de que no podría cumplir con lo pactado, lo cual podría implicar la comisión de delitos contra la administración pública. “El 17 de abril, el Presidente de la Nación envió una carta a Pascal Sorior, CEO de AstraZeneca global, explicando la situación epidemiológica y sanitaria de Argentina y solicitando implementar todas las acciones que estuvieran a su alcance para agilizar la concreción de las entregas comprometidas en el contrato”, declaró Vizzotti, y adjuntó una copia de la misiva.  

En su testimonial, la ministra de Salud afirmó que la farmacéutica incumplió con el cronograma de entregas pactado en el contrato (aunque no lo informó y remitió al documento obtenido por la fiscalía) pero justificó el accionar de AstraZeneca al contextualizar la falta de entrega de vacunas en la situación mundial de la pandemia. También resaltó que el laboratorio aún tiene tiempo de cumplir con el contrato, si entrega las dosis antes de que finalice el semestre. 

Argentina firmó cinco contratos para la provisión de vacunas contra coronavirus (AstraZeneca, Sputnik, Covishield y Sinopharm, además de un quinto convenio con el mecanismo Covax, que entregó partidas de AstraZeneca por fuera del contrato comercial con el laboratorio). Vizzotti declaró que el Gobierno tiene “en trámite” nuevos contratos con otros laboratorio, dio su versión sobre el frustrado contrato con Pfizer y respondió sobre la relación con el empresario Hugo Sigman (saber más).

El contrato es secreto. elDiarioAR solicitó en marzo copia del documento (así como de los contratos firmados con el resto de los proveedores de vacunas contra el Covid-19), junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y en marco de la alianza transnacional de medios “Vigila la pandemia”, pero el ministerio de Salud denegó el pedido. A cambio informó algunos de los puntos acordados con las farmacéuticas. Ante las consultas de este medio para conocer su versión sobre el conflicto, voceros de AstraZeneca informaron en abril que la compañía sólo informa con los medios a través de comunicados oficiales. La fiscalía logró hacerse con el contrato confidencial tras una orden de presentación en la que el juez Julián Ercolini exigió la entrega del mismo.

El 17 de abril, el Presidente de la Nación envió una carta a Pascal Sorior, CEO de AstraZeneca global,

Vizzotti también declaró ante la Justicia que tras nueve gestiones para obtener al menos un lote de las vacunas ya abonadas, AstraZeneca entregaría 3.960.000 dosis antes del 31 de mayo, como trascendió en los medios tras la comunicación oficial. Esa cantidad equivale al 17,6% del contrato suscrito el 6 de noviembre de 2020, que contrató la entrega de un total de 22.429.842 de dosis. 

La ministra sostuvo que, a fines de diciembre, AstraZeneca “admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo”. 

Luego, agregó Vizzotti, el laboratorio informó el 18 de marzo que la demora se debía a retrasos en “los resultados del control de calidad de los lotes formulados en Estados Unidos”.

Considero relevante resaltar que el cronograma se estableció para ser cumplido dentro del primer semestre 2021.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud, ante la fiscalía.

Los pagos al laboratorio

Vizzotti no fue categórica sobre una de las dudas en torno al contrato con AstraZeneca. Los cronogramas de entrega son secretos. “Considero relevante resaltar que el cronograma se estableció para ser cumplido dentro del primer semestre 2021”, declaró Vizzotti ante la fiscalía. Si la farmacéutica se comprometió a entregar la totalidad de las dosis contratadas (más de 22 millones de vacunas) durante el primer semestre del año, ¿estaría entonces incumpliendo definitivamente el contrato si sólo entrega una parte de lo pactado antes de esa fecha?

La ministra informó los detalles de los pagos que el Gobierno desembolsó a AstraZeneca, según la declaración a la que accedió elDiarioAR. “A la fecha Argentina ha abonado el 55,68% del total del contrato”, ratificó. El 18 de noviembre de 2020, doce días después de firmar el contrato, AstraZeneca recibió un pago de US$11.764.705,60, dijo la ministra. Ese mismo día, el Gobierno transfirió un segundo pago por US$6.179.168. En total, el primer anticipo que recibió el laboratorio equivale a US$17.943.873,60. 

El segundo anticipo se pagó en febrero, cuando AstraZeneca tampoco había entregado ni una sola vacuna. Debido a lo pactado en el contrato, tres meses antes, Argentina desembolsó el 12 de febrero US$26.032.110,09, “en concepto de pago parcial”, respondió Vizzotti ante la consulta de la fiscalía. Siete días más tarde, el 19 de febrero, AstraZeneca recibió otros US$9.855.637, informó la funcionaria.

“Cabe destacar que el contrato es un contrato de pago anticipado. Conforme las  condiciones imperantes en el mercado internacional de la vacuna, todos los contratos de  compra de vacunas Covid-19 establecen como condición el pago anticipado, y como se  explicó anteriormente establecen cronogramas de entrega tentativos”, dijo.  

Nueve gestiones oficiales

Vizzotti detalló ante la fiscalía que en el caso de AstraZeneca, la única farmacéutica que no entregó aún ni una sola dosis, el Gobierno intervino nueve veces ante la compañía entre el 29 de diciembre de 2020 y 11 de mayo último. Recién en esta última fecha, el laboratorio informó una fecha de entrega de los primeros lotes. Llegarían antes del 31 de este mes.

En esas nueve gestiones ante el laboratorio intervinieron desde Fernández hasta el exministro Ginés González García -quien terminó expulsado del Gobierno por el caso de las vacunas de privilegio-; la propia Vizzotti; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación y el Secretario de Gestión Administrativa del ministerio, Mauricio Monsalvo.

La provisión de dosis para combatir la pandemia del coronavirus ha dado como resultado millones de dólares desembolsados por el Estado y vacunas entregadas a cuentagotas, como demostró una investigación de elDiarioAR publicada el 25 de abril.

Argentina rubricó cinco contratos para recibir casi 59 millones de unidades de Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y Covishield, pero sólo recibió a la fecha alrededor del 20% de las dosis contratadas, a mayo, según la Auditoría General de la Nación (AGN). 

ED

Esta investigación es parte de “Los desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que han desinformado durante la pandemia, que está realizando Latam Chequea, la red de chequeadores latinoamericanos coordinada por Chequeado, y cuenta con las ediciones de las organizaciones que participan y del periodista Hugo Alconada Mon.

Un grupo de médicos se ha dedicado a desinformar durante la pandemia. Se trata de una organización internacional que nació en Alemania, se fortaleció en España y se expandió por América Latina. Las falsedades que difunden van desde promover falsas curas, llamar a no usar mascarillas y hasta negar la pandemia, por ser parte de un supuesto “plan de dominación global”. Al ser médicos, su peso en la discusión pública es mayor y algunos colegios de médicos de distintos países comenzaron procesos para investigarlos por temor al daño que pueden generar en la salud pública.

Domingo 15 de marzo de 2020. Segundo día de confinamiento domiciliario en España. Natalia Prego Cancelo, quien se presenta como médica de familia, envía un audio sobre el coronavirus de cinco minutos y 47 segundos de duración por WhatsApp a sus contactos. El mensaje, que era falso y decía cosas como que el coronavirus no es más grave que una gripe y que la población sana no tiene que aislarse, se hace viral.

Esa fue la primera intervención pública de Prego durante la pandemia. Menos de tres meses después, el 13 de junio, en Madrid se organizó una manifestación “contra el nuevo orden mundial”. El médico Ángel Ruiz Valdepeñas acudió a ese acto y dijo varias falsedades sobre la COVID-19, como que “no hay pandemia de coronavirus” y que, por lo tanto, “no tiene sentido ni la mascarilla ni el distanciamiento social”.

Tras esta manifestación, Ruiz Valdepeñas y Prego fundaron el colectivo “Médicos por la Verdad”, según cuenta la propia Prego. El sábado 25 de julio de 2020 se presentaron en público en un evento en el Palacio de la Prensa de Madrid. En él participaron Prego y la licenciada en Medicina y homeópata María José Martínez Albarracín, entre otros. Fue un evento caracterizado por decenas de afirmaciones falsas sobre la COVID-19, el uso de mascarillas y las vacunas de la gripe. Las principales figuras y la mayoría de los miembros públicos de esta organización promovía o practicaba pseudoterapias contrarias a la evidencia científica desde antes de la pandemia (aquí pueden verse algunas de las falsas afirmaciones).

Las organizaciones médicas españolas han reaccionado contra este negacionismo con comunicados de rechazo, apertura de expedientes y posibles sanciones contra estos profesionales. También han alertado de que los efectos de estos bulos difundidos por personas que se presentan como médicos “pueden ser muy graves para la salud individual y colectiva” y suponen un “desprestigio y pérdida de confianza en la profesión médica” por “acusaciones sin fundamento contra todos los que no participan de sus planteamientos”. Además, la desinformación con apariencia científica está asociada con un mayor rechazo a la vacunación contra la COVID-19, según un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour.

Una organización que empezó en Alemania y se fortaleció en España

A ese primer acto del 25 de julio no sólo acudieron negacionistas de España. También estuvo presente Heiko Schöning, cofundador de “Médicos por la Verdad Alemania”. El grupo de Schöning es anterior al colectivo fundado por Prego y Ruiz Valdepeñas. El 28 de abril de 2020 subieron el primer vídeo. El 7 de mayo de 2020 Schöning dio una conferencia de prensa en Berlín. Walter Weber, Marc Fiddike y Olav Müller-Liebenau son los otros tres médicos de Hamburgo cofundadores de la organización, explican los verificadores alemanes de Correctiv.org, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN).Fiddike también practica la homeopatía, una práctica que no está probado que funcione (más allá del efecto placebo).

Prego lleva, al menos desde julio de 2020, viajando por España y otros países interviniendo en actos y manifestaciones en las que minimiza el impacto de la pandemia. Este medio ha comprobado la celebración de uno de estos actos en el Hotel Colón Plaza de Valladolid el 21 de agosto de 2020. Un portavoz del establecimiento confirma que alquilaron lugar para la charla. Quién y por cuánto rentó el espacio “es privado”, según el hotel.

El 10 de octubre de 2020, Prego participó en Berlín en la autodenominada Comisión extraparlamentaria internacional del Comité de investigación de la COVID-19. Le devolvía de esta forma la visita de julio a Heiko Schöning.

“Médicos por la Verdad”, una marca registrada por Natalia Prego

El 28 de septiembre de 2020, Natalia Prego presentó una solicitud para registrar la marca “Médicos por la Verdad Doctors for the Truth” en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Su logo son dos manos azules sosteniendo un globo terráqueo rodeado por un estetoscopio con un corazón rojo situado en la península ibérica. 

Prego aparece como médica especialista en medicina general colegiada en Pontevedra en el buscador de colegiados de la Organización Médica Colegial de España. Pero el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha anunciado un comunicado de prensa su desacuerdo con las declaraciones de Prego y ha elevado a la Comisión Central de Deontología Médica de España las declaraciones “presuntamente negacionistas” de Prego por su repercusión a nivel nacional.

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra comunicó en julio de 2020 a este medio que las declaraciones de Prego sobre COVID-19 “en ningún caso nada tienen que ver con la opinión de este colegio”. Esta institución añade que “ha reiterado a sus colegiados y a la población en general, la necesidad de seguir rigurosamente las recomendaciones y órdenes de las autoridades sanitarias del gobierno, en lo relacionado con la situación producida por la pandemia del COVID-19”.

Además, el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) señala a este medio que su nombre no consta “en las bases de datos de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud” como “trabajadora con ese nombre ni apellidos que haya trabajado o trabaje en el SERGAS”. La clínica privada de Vilagarcía de Arousa (en Pontevedra) en la que trabajaba Prego informó públicamente que le rescindió el contrato “de forma inmediata” tras la difusión de su primer audio viral desinformador.

Desde entonces, en sus canales en redes sociales, Prego aporta un número de cuenta bancaria y una cuenta de Paypal para “el pago de querellas, demandas, investigación en España y el extranjero (sic), cooperación con la comisión extraparlamentaria con los médicos de Alemania, desplazamientos, alquiler de espacios para comunicación de resultados en ruedas de prensa, producción audiovisual y demás gastos para satisfacer necesidades básicas de la vida”. La web de “Médicos por la Verdad” también aporta una cuenta de Paypal para financiar la actividad del colectivo. El 16 de julio de 2020 también lanzó una campaña de crowdfunding en GoFundMe, donde ha recaudado 4.149 euros al 4 de mayo de 2021.

Estos médicos difunden desinformación a través de redes sociales y apariciones en algunos medios de comunicación. Más allá del audio viral distribuido por WhatsApp, Prego tiene un canal de Telegram con casi 12.000 seguidores y Ruiz Valdepeñas supera los 1.900.

También distribuyen sus teorías negacionistas a través de videos publicados en YouTube y Rumble, otra plataforma que, a diferencia de lo que dice hacer YouTube, no borra videos que contengan desinformación sobre la pandemia. Ruiz Valdepeñas también ha lanzado en su canal de Telegram su número de cuenta y de PayPal para recibir donaciones de sus seguidores.

¿Quiénes son las caras más visibles de “Médicos por la Verdad”?

El otro cofundador, Ángel Ruiz Valdepeñas Herreros, es médico colegiado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y ejercía en las urgencias de atención primaria del Centro de Salud de Formentera (en las Islas Baleares) con contrato eventual “como refuerzo y para cubrir guardias”, según explica el Servicio Balear de Salud a este medio. También indica que se le abrió un expediente por declaraciones en las que inducía a las personas a no usar mascarillas y por hacerlas vistiendo el uniforme del centro sanitario, pero el centro de salud no ha aportado información sobre su resolución. Según el propio Ruiz Valdepeñas, le han prohibido ejercer como médico en la sanidad pública balear durante tres años.

María Jesús Martínez Albarracín, quien el 15 de febrero de 2021 anunció en su cuenta de Facebook que abandonaba “Médicos por la Verdad” “por pura higiene mental”, era otra de los integrantes del colectivo negacionista que más intervenía en actos y charlas. Aclaró en ese momento que abandonaba las plataformas en las que estaba porque se encontraba muy cansada, aunque seguía defendiendo la honorabilidad de “Médicos por la Verdad” y sus fundadores. Ahora lo sigue haciendo, pero a título individual. Esta licenciada en medicina está jubilada, no está colegiada en ningún colegio médico y aunque se presenta como catedrática de Procesos de Diagnósticos Clínicos, lo es pero de enseñanza secundaria y no de universidad. Desvinculada ya de la organización, continúa propagando desinformación sobre la pandemia en redes sociales y actos.

Martínez Albarracín vive en la Región de Murcia. Hemos contactado al Colegio de Médicos de esa provincia para obtener datos sobre esta persona y nos han remitido a un comunicado “sobre las declaraciones carentes de evidencia científica sobre la pandemia vertidas por una persona que se presenta como médica”, cuya identidad no develan, pero sí aclaran que no está colegiada en Murcia ni aparece en el registro de colegiados de España. El Colegio de Médicos de Murcia destaca que estas declaraciones “contienen afirmaciones carentes de evidencia científica sobre la pandemia y que pueden generar temor y alarma social” y “dañan el honor de las instituciones públicas, con la consecuente alteración del equilibrio público”. También ha anunciado que ha comunicado a la Fiscalía estas declaraciones “a fin de proteger los intereses legítimos de los ciudadanos y por si existieran responsabilidades de índole penal, dada que la conducta de esta persona pudiera ser constitutiva de delitos como desorden público, delito de odio, delito de injurias y/o calumnias contra instituciones públicas y delito contra la salud pública”.

Grupos de Telegram para viajar desde toda España a las manifestaciones negacionistas

 El 20 de marzo de 2021, se celebró en Madrid una “marcha por la libertad” convocada por la asociación negacionista “Policías por la Libertad” y apoyada por “Médicos por la Verdad”. Este acto se celebró en ciudades de todo el mundo. Pese a que fue prohibido por la Delegación del Gobierno en Madrid por razones de salud pública, más de 500 personas de toda España se organizaron en un grupo de Telegram para compartir coche. También se preparó un autobús desde la ciudad gallega de Vigo, comprobó este medio.

Este es un ejemplo de cómo en estas plataformas cerradas, como Telegram (donde no hay límites de miembros de grupos y algunos sobrepasan hasta 100.000), se difunden y organizan actos negacionistas. Dado que otras redes sociales abiertas han tomado medidas contra el negacionismo, Telegram se ha convertido en un reducto “sin censura” de la desinformación sobre el coronavirus. En el video en que “Policías por la Libertad”, publicado en Rumble, anunciaba que el acto había sido prohibido, remitía a su chat de Telegram para recibir más información sobre “próximas concentraciones/marchas”. Los propios carteles que convocaban al acto remiten a canales de Telegram, sin aludir a web alguna o red social abierta.

Nexos en otros países, como Perú e Italia

Pero no sólo en Alemania y España han surgido y se han organizado negacionistas de la pandemia que se presentan como médicos. En el video de felicitación de la Navidad que Natalia Prego subió a su canal de YouTube, aparecen personas que dicen ser sanitarios de -o que ejercen en- Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, Italia, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Perú, Polonia y Suecia. Todos ellos, organizados bajo la marca paraguas “Médicos por la Verdad”.

Perú es el país del que más personas aparecen como parte de los autodenominados “Médicos por la Verdad” con cinco miembros: Lydia Vargas, Julio César Sarmiento, Jackeline Montero, Roxana Cárdenas y Jency Velásquez. El tercer país que tiene más representantes en el video no es hispanohablante: es Italia, con cuatro. Hemos podido comprobar que el negacionismo es muy activo en ese país. De hecho, hemos desmentido las desinformaciones de otros dos médicos negacionistas que no llegan a aparecer en el vídeo: Roberto Petrella y Pasquale Bacco.

La doctora puertorriqueña Sally Priester, que también ha tenido una charla con Natalia Prego publicada en el canal de Rumble de esta última, se encuentra en investigación por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico que regula y certifica a los profesionales de la salud en esta isla y estado libre asociado de los Estados Unidos de América por negar la evidencia de la existencia de la COVID-19. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, lo confirmó a este medio y aseguró que las medidas cautelares le prohíben seguir haciendo declaraciones públicas “por poder estar infringiendo los procedimientos de ética. Una vista decidirá si será sancionada o no y con qué sanción le supondrá. Priester fue precandidata a gobernadora de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que gobierna actualmente la isla.

En la Argentina, el grupo también está activo y Chequeado, una organización de chequeadores de ese país, ha desmentido a varios de sus referentes.

Las organizaciones médicas de España rechazan las tesis de “Médicos por la Verdad”

Mientras las versiones negacionistas se expandían por varios países, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) comenzó a reaccionar. En agosto de 2020, ese órgano que agrupa y representa a todos los colegios oficiales de médicos a nivel estatal inició los trámites de apertura de un expediente informativo a “Médicos por la Verdad” por si existe algún comportamiento que vulnere su Código Deontológico. Junto con la Organización Médica Colegial de España (OMC), el organismo que representa a los médicos colegiados de España, el CGCOM publicó en septiembre un informe sobre las tesis negacionistas sobre la pandemia de COVID-19.

El documento de las organizaciones médicas españolas señala que han surgido grupos liderados por “profesionales médicos que desconocen y niegan la evidente realidad de la pandemia COVID-19, creando confusión, alarma social y provocando que ciertos ciudadanos que les prestan atención abandonen las únicas medidas que han demostrado eficacia”.

Estas personas “utilizan cualquier argumento, tergiversando informes, haciendo referencia a estudios obsoletos, parciales o directamente falsos, empleando la opinión de falsos expertos o relacionando cuestiones que nada tienen que ver entre sí” para “ganar adeptos”, afirman la CGCOM y la OMC.

Las consecuencias de estas tesis negacionistas difundidas por personas que se presentan como médicos “pueden ser muy graves para la salud individual y colectiva” y además supone “desprestigio y pérdida de confianza en la profesión médica” por “acusaciones sin fundamento contra todos los que no participan de sus planteamientos”, destaca el informe.

Por ello, la OMC y la CGCOM consideran que los colegios de médicos “deberán actuar de manera contundente contra los médicos” negacionistas “en un acto de responsabilidad para la protección de la salud de la sociedad española”. La deontología médica no permite falsificar datos y las prácticas inspiradas en el charlatanismo, según recuerda el documento.

Cómo actúa la Comisión Deontológica ante el negacionismo médico

El presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha explicado a este medio que cuando un colegiado es denunciado se abre un expediente deontológico por parte de su colegio provincial que puede llevar la descolegiación por un tiempo, de forma definitiva o un apercibimiento. Pero advierte que sería consecuencia de una falta en el código deontológico, que es de obligado cumplimiento. En cambio, para colegiarse basta con acreditar la titulación en Medicina y pagar la cuota del colegio.

Como aclara Sendín, cuando se reciben quejas la Junta Directiva de cada colegio evalúa el caso. Si la junta considera que puede haber una falta o hay denuncia expresa de un paciente u otro médico, se pasa a la Comisión Deontológica provincial. Allí se escucha al médico en investigación y se emite un informe final. Con este informe, la Junta Directiva decide si abre expediente disciplinario o no. Si se abre, tiene que nombrar a dos médicos colegiados que redacten el expediente, que vuelve a la Junta Directiva para imponer la sanción correspondiente, explica Rodríguez Sendín. Es un proceso, añade Sendín, que “tiene máximas garantías y puede tardar hasta siete meses. El resultado final puede ser recurrido a la Justicia si el afectado lo considera”.

Sendín aclara que han recibido el expediente remitido por el Colegio de Médicos de Pontevedra y tras su valoración lo devolverán al Colegio de Médicos y ahí se terminará el expediente, que puede concluir que Prego no incumplió el código deontológico, que sea apercibida o sea descolegiada temporal o definitivamente.

Apariciones en una televisión en manos de un empresario ligado al partido Vox

La ideología o intereses políticos que tienen estas personas para negar la pandemia es una cuestión abierta. Los apoyos políticos y mediáticos de forma pública son actualmente limitados. Pero en el caso de España sí podemos señalar que los integrantes de “Médicos por la Verdad España” han aparecido en numerosas ocasiones en la televisión española El Toro TV, la antigua Intereconomía, propiedad de Julio Ariza Irigoyen.

Este empresario fue diputado del Partido Popular en el Parlament de Cataluña entre 1992 y 1999. En las elecciones generales de abril de 2019, volvió a ir en listas de un partido político, en esta ocasión de Vox, como el último miembro de la candidatura por Barcelona. Vox define su proyecto como “la defensa de España, de la familia y de la vida”. En el Parlamento Europeo es miembro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Además, en su canal de Telegram, con más de 42.000 seguidores, reenvía mensajes del canal de Vox. El propio Ariza ha entrevistado en el plató de El Toro TV a los autodenominados “Médicos por la Verdad”.

Promueven teorías de la conspiración sobre fraude electoral en España

En la rueda de prensa donde se presentó el colectivo y en otro acto en los salones de Ecocentro en la ciudad de Madrid en enero de 2021 participó Pilar Baselga, conocida divulgadora de teorías conspirativas y negacionista de la pandemia. Además, Baselga fundó la Plataforma Elecciones Transparentes para denunciar sin pruebas un supuesto fraude electoral en las dos elecciones generales que hubo en España en 2019. En el evento de enero de 2021, Ángel Ruiz Valdepeñas calificó al Gobierno de España de “ilegal” e “ilegítimo” como “denunciasteis muy acertadamente Elecciones Transparentes”. Las mascarillas, por supuesto, brillaban por su ausencia.

En ese acto de enero de 2021, además de Ruiz Valdepeñas, Prego y Martínez Albarracín, también intervinieron la oftalmóloga Blanco Lario Elboj y el médico Luis Miguel de Benito. Los negacionistas defendieron como tratamiento frente a la COVID-19 y otras patologías el dióxido de cloro (CDS) y el MMS, una “lejía gourmet” y supuesta solución milagrosa para todo que no cura nada y es peligrosa. Proponer el CDS como tratamiento contra la COVID-19 es una tesis negacionista, según la Organización Médica Colegial. (Acá puede verse una investigación sobre quiénes venden esta sustancia tóxica en Argentina y otros países de América Latina).

METODOLOGÍA: Esta investigación surge del rastreo en redes sociales de las intervenciones de los integrantes de “Médicos por la Verdad”, especialmente del canal de Telegram de Natalia Prego y de las distintas plataformas de videos donde aloja sus videos. Plataformas como YouTube han eliminado parte de esos videos como “acciones contra la desinformación sobre la COVID-19”, lo que ha impedido poder llegar más lejos en la investigación, sobre todo en los comienzos de este colectivo. También hemos usado buscadores y medios de comunicación para encontrar conferencias y actos que han realizado.Maldita.es también ha contactado con todos los colegios médicos provinciales donde están colegiadas estas personas para conocer si tienen expedientes abiertos y su conclusión, así como los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma española para saber si ejercen en el sistema sanitario público. Además, se ha contactado con algunos de los lugares en los que dieron charlas para conocer si pagaron por su uso y cuánto.

A pesar de que se destinarán al menos US$3.747 millones en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México, Venezuela y Argentina (saber más) con empresas farmacéuticas que producen las sustancias y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos “Vigila la pandemia”*.

Las vacunas son un insumo central para avanzar en la batalla contra el coronavirus e inmunizar a la población mundial. Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales o detalles de estos acuerdos. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaron el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, presentados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará US$1.660 millones a la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos US$497 millones, y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de US$478 millones. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de US$458 millones.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: US$408 millones. Luego, Venezuela, con más de US$230,3 millones, según los datos relevados por “Vigila la Pandemia”. Los montos por país fueron obtenidos a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el relevamiento de anuncios, comunicados e información oficial.

México: cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de US$1.660 millones en vacunas antiCovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional. Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2,3 millones de contagios.

El velo venezolano

En Venezuela, los estragos de la pandemia que se conocen hasta el momento se basan en discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta alguna.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con una inversión de US$200 millones. Pero, hasta ahora, han llegado sólo 380.000 dosis, entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es el 3,8% de lo acordado. 

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder a 12 millones de dosis por más de US$30 millones. El acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1,8 millón se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos US$408,8 millones, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por US$237,6 millones a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza “Vigila la pandemia” envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida  por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. 

En el caso de Cenares, evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas antiCovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. 

Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

La negativa de Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado US$497 millones para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. 

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66,5 millones de dosis. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país, de acuerdo con cifras oficiales. 

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares.

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de un total de US$458 millones para la compra de vacunas. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1.498.410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado, según datos oficiales.

El caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial habla de una inversión total de US$76 millones en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y  también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Esta versión del artículo periodístico es un resumen de la versión completa.

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED