“Nos hicieron la cama”, sintetiza Rosa, una señora de 79 años que vendía ropa de dama en uno de los predios de feriantes de Once.  “Nos sacaron del galpón de la calle La Rioja y nos amontonaron a todos en el de la Perón para poder allanarnos después a todos juntos”, dice y agrega: “No tengo más mercadería ni lugar para vender”.

El 30 de septiembre el Gobierno de la Ciudad cerró el predio de feriantes de La Rioja 70 y obligó a los vendedores a que se trasladen al otro inmueble ubicado en Perón 3000. Sin embargo, el viernes pasado a las cinco de la mañana, fue allanado en un megaoperativo que incluyó 600 efectivos policiales. Decomisaron la mercadería encontrada y, desde entonces, le prohibieron el ingreso a los feriantes.  

“Es un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo”, expresó en ese momento el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Se terminó la joda”.

Este martes, a cuatro días del allanamiento, los vendedores independientes de Once, junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron desde la Plaza Miserere hasta el predio en la calle Perón. Se instalaron frente a una valla policial que impedía el paso al sitio donde hace pocos días trabajaban. 

“Quedamos en banda”, dice Vladimir Esquivel, del MTE. “Ahora vamos a pedir que nos reubiquen o empezaremos un plan de lucha, porque primero nos desalojaron de la calle y ahora de los predios que nos habían habilitado”. 

El delegado del MTE señaló que todos los vendedores son “monotributistas, pagan impuestos, están habilitados y la policía viene y vallan todo y se llevan la mercadería”. Esquivel también denunció que esta mañana uno de los policías empujó y le provocó heridas a una persona con discapacidad. “Está filmado y lo vamos a demandar”.

Por su parte, Rosa, la señora de 79 años, nacida en Perú y radicada hace 25 años en Argentina, se encontraba sentada junto a una delegada de la UTEP, sollozando por el dolor que le provoca una enfermedad en los huesos y por la imposibilidad de costear los remedios ahora que no tiene más trabajo.

“Me sacaron todo. Desde la soldadora y la mesa que construí hasta la ropa de dama que vendía. Todo. Y yo solo trabajaba en el predio porque no puedo caminar”, entre lágrimas lamenta la mujer que crió 10 hijos, entre propios y ajenos. “¿Yo que he criado tantos niños con tan poco, porque esta gente que tiene tanto nos hace esto?”.

Juan Carabajal tiene 45 años y tres hijos. Se dedica a la venta de ropa desde que en 2017 perdió el trabajo como encargado de un edificio. “Esto es mi base de comida, con esto alimentaba a mis nenes”, dice. “Siguen sacando mercadería, da mucha impotencia porque dicen que se vende droga o cualquier otra cosa, pero es toda gente laburadora que vive con lo mínimo al día, y no nos quieren dejar trabajar a nosotros, que somos monotributistas, pagamos impuestos”.

Marta, una mujer de 43 años que vendía ropa en unos de los predios de feriantes, contó que en su momento “tomaban asistencia tres veces al día para intentar desalojarnos de nuestros puesto, hasta ahora que directamente no nos dejan pasar. No queremos un plan ni queremos plata, solo queremos un lugar para vender”.

La pandemia y la cuarentena fueron parte del caldo de cultivo del fenómeno que impulsó a Javier Milei a la presidencia. Daniel Menéndez, líder de la organización social Barrios de Pie y nuevo subsecretario de Economía Popular bonaerense, lo sabe.

Después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, Menéndez apunta a esos trabajadores independientes de la economía popular en su nueva gestión bajo la órbita de Axel Kicillof. Así lo conversó con elDiarioAR en una sede de Barrios de Pie en el barrio del Congreso, antes de que este miércoles se reúna por primera vez el Consejo de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires.

“Este consejo reúne a organizaciones sociales, espacios institucionales del conjunto de los municipios de la provincia, instituciones académicas, fundaciones, observatorios de universidades, y lo que hicimos en esta primera reunión fue presentar los lineamientos de la Subsecretaría de Economía Social y Popular y presentar una serie de iniciativas”, cuenta Menéndez.

–¿Cuáles?

–Tienen que ver con la preocupación por el impacto de la situación social, el avance del Gobierno (de Milei) en desarticular instancias que tienen que ver con lo productivo, en particular con el impacto de la ley de Bases, específicamente con la derogación del monotributo social y a partir de ahí presentar una serie de miradas de cómo trabajar en el contexto social y productivo de la economía popular.

El desaparecido plan Potenciar Trabajo, que fomentaba cooperativas de esos movimientos sociales, pero también de provincias, municipios o iglesias, incluía a 1,2 millones de trabajadores de este sector. Sin embargo, había nueve veces más de personas necesitadas y por eso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se distribuyó en tres oportunidades durante la pandemia de coronavirus, alcanzó a 9 millones. Ahí estaban incluidos muchos de esos cuentapropistas, como los repartidores de plataformas, que se las debieron arreglar sin el paraguas del Estado y que en 2023 votaron al candidato fanático del libre mercado.

“El gran desafío de la dirigencia política y de los gobiernos, sobre todo los gobiernos populares, con una mirada transformadora, es entender el mundo del trabajo”, apunta el subsecretario. “Nosotros tuvimos como en la etapa previa a Milei, en pandemia, una discusión con funcionarios del área económica respecto de cuánto se iban a inscribir en el IFE. Había una mirada de que iban a haber 1,5 millones o 2 millones, lo que implicaba un desconocimiento del mundo del trabajo por fuera de los convenios colectivos. Se anotaron 11 millones, terminaron accediendo más de 9 millones. Está claro que el mundo productivo en la Argentina desborda lo que puede ser una asistencia monetaria, como pudo ser el Potencial Trabajo, que subsidiaba una parte del ingreso. Hay un mundo en la Argentina del trabajo que se manejó independiente del mercado, sin derechos y en paralelo a las políticas públicas.”

Hay un mundo en la Argentina del trabajo que se manejó independiente del mercado, sin derechos y en paralelo a las políticas públicas

“Hay muchos emprendimientos de los más diversos”, reconoce Menéndez que no se trata sólo de repartidores de Rappi y PedidosYa. “Todo lo que tiene que ver con emprendimientos comerciales, pequeños comercios que se abren en los barrios desde bicicleterías, barberías, las manicuras, los cortes de pelo, hasta las que producen repostería, las que hacen desayunos, los que trabajan en el reciclado. Hay un esfuerzo por parte de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) de agrupar una cantidad de ramas vinculadas con el mundo de la economía popular, pero hay un mundo que desborda los márgenes de la incipiente gremialidad que existe y que incluso es policlasista. No es solo un universo de los sectores más humildes, sino hay sectores que se han construido desde trabajadores de plataformas, no sólo de Rappi, sino de programación, quienes producen contenidos o aspectos artísticos, musicales. Es un universo enorme en el que no existen derechos y que el Estado no legisla, no existe una política pública suficiente que los potencie y eso hace a una salida individualizante.”

Lo que se propone Menéndez entonces es “primero construir un registro de trabajadores, retomar una iniciativa que se hizo en el gobierno nacional anterior y ampliarla, pero en la provincia de Buenos Aires, articularlo con los municipios, para después potenciar las iniciativas productivas que existen”. ¿Cómo? “Que el registro sea una herramienta que permita acceder al crédito, discutir nuevas formas impositivas, nuevas formas de registración, poner en primer plano la discusión del monotributo social y ampliarlo para poder cubrir el universo del mundo productivo, de la economía social y familiar, acompañar los procesos de comercialización, impulsar a través del compre estatal el compre social, que permita ganar en escala, fortalecer todo lo que tiene que ver con maquinarias, subsidiar a la producción.”

Menéndez formula una autocrítica: “Dejar a la intemperie por parte del peronismo ese universo fue lo que permitió que primero aniden un nivel de resentimiento, de bronca contra derechos que no se vivían como propios y que no se ejercían, que pareciera que no existen. Hay un esfuerzo no reconocido por parte del universo popular. Eso permitió que se ancle esa falta de representación, porque una parte de la política no lo miró. Lo terminó viendo Milei y ejerció ese resentimiento contra la desarticulación de un entramado que tiene que ver con un Estado y con ideas que atentan contra el gasto del Estado, contra su presencia, contra una serie de valores asentados en lo colectivo. Esto explica en muchos casos que hoy esté en el Gobierno.”

A partir de las nuevas políticas, el subsecretario busca “construir un sujeto social que pueda ejercer una transformación, ya no desde el resentimiento y desde la mirada desarticulada de lo colectivo, sino con un proyecto que los incluya productivamente”. “En un escenario recesivo y de destrucción de empleo como el que se va a vivir, ese universo va a crecer. No es una subsistencia que pide subsidios, acá va a haber una subsistencia donde se va a crear productivamente como se pueda.”

Hay sectores que se han construido desde trabajadores de plataformas, no sólo de Rappi, sino de programación, quienes producen contenidos o aspectos artísticos, musicales. Es un universo enorme en el que no existen derechos y que el Estado no legisla, no existe una política pública suficiente que los potencie y eso hace a una salida individualizante

Uno de los problemas para las nuevas políticas radica en contactar a sus potenciales beneficiarios. “Hay desafíos de articular tanto instancias de capacitación como de comercialización, construir espacios de ferias y de mercados que permitan un salto en la capacidad de venta. Tiene que haber cadenas y encadenamientos productivos que ayuden a mejorar los márgenes de rentabilidad. El Estado tiene que ordenar, facilitar saltos y mejoras en la producción y construir una planificación.”

¿Hay dinero en la provincia pese al ajuste de transferencias desde la Nación? Menéndez no aclara cuántos, pero alega que “hay fondos para articular una serie de iniciativas que existen”. “En áreas como producción existen beneficios a los que se puede acceder, como la cuenta DNI para mejorar la perspectiva de venta. Existe en el Ministerio de Asuntos Agrarios mucha política para potenciar los mercados. Se puede avanzar con el Banco Provincia con crédito y microcrédito.”

“El peronismo se tiene que meter de cabeza, articular y dar respuestas”, sostiene Menéndez. “Porque hay una parte de los sectores medios y de los trabajadores que no encuentran respuestas en un proyecto colectivo, que no los contiene, no expresa sus derechos, no mejora la vida cotidiana, no lo acompañan en el desarrollo productivo.”

El Gobierno de Milei le ha quitado poder a los movimientos sociales como Barrios de Pie al dejar de enviarles alimentos para los comedores y al eliminar el Potenciar Trabajo, que gestionaban en parte estas organizaciones. Pero Menéndez confía que sobrevivirán: “La organización comunitaria en la Argentina está muy arraigada. Sin duda hay un gobierno que busca no solo el empobrecimiento como consecuencia de su política económica. Hay una idea de miseria planificada y para eso atenta contra la organización comunitaria. Pero va a fracasar en su idea de desarticularla. En la Argentina hay una tradición de organización que va a desbordar cualquier intento de un gobierno de desarticularla. Romper todo el espacio comunitario es una forma de garantizar que entren, a través del individualismo, las ideas que se propagan por los grandes medios de comunicación, un relato de gobierno que le permita ganar un sentido común. En esa pelea, estoy convencido de que la organización comunitaria va a prevalecer porque el volumen de daño social va a hacer que haya participación popular. Me parece que en todo caso el desafío es construir un horizonte superador a la realidad y a las penurias que vamos a estar viviendo, que reflexione sobre lo mal que se gobernó en la Argentina y todos los problemas que no se resolvieron durante la etapa previa. Hay una posibilidad, por ejemplo, de Axel en el ejercicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de mostrarse antagónico a los esquemas de gobierno que se plantean nacionalmente.”

AR/MG

El mileista Ramiro Marra publicó un elocuente video donde casi la totalidad de los dirigentes políticos relevantes de argentina se pronuncian contra la “intermediación” de los “planes sociales”. Tiene un punto: la denostación de los movimientos sociales es un consenso mayoritario en la política. A veces reduciéndolos a instrumentos de contención. A veces atacandolos como causantes de los males sociales. Se trata de una derrota cultural de los que creemos en las organizaciones libres del pueblo, los conceptos de subsidiariedad y solidaridad, la potencia de la comunidad organizada como catalizador de la democracia real. 

Todo el trabajo de las organizaciones comunitarias está teñido de sospechas y hostigamiento. Se trataría, según esta visión, de una suerte de cárcel para los excluidos que les impide progresar. Es una barrera en su tránsito de la barbarie a la civilización. Nuestras construcciones sociales son estructuras tiránicas de poder lideradas por personas inescrupulosas, gerentes de la pobreza, que se enriquecen a costa del erario público y la extorsión a los beneficiarios. Muchas veces, se proyecta en las organizaciones y sus dirigentes el odio a los pobres, la tirria contra los negros, cabecitas, villeros. Otras veces, son producto de una sincera convicción de que la existencia de las organizaciones sociales distorsiona las políticas de estado. 

Nunca hemos logrado tener una discusión pública sincera al respecto. Los avances que se obtuvieron fueron a pesar de la percepción dominante y no producto de una síntesis en torno a qué hacer con el problema social más dramático de las últimas décadas: la exclusión, una forma multidimensional de pobreza estancada que afecta en forma permanente a al menos a un tercio de nuestro pueblo. 

Estos últimos días, por enésima vez, un gobierno decide cambiar el nombre a los llamados “planes sociales” y decretar la ruptura de la intermediación y el fin de los movimientos sociales. Como si la realidad se rigiera por decretos, el gobierno de Javier Milei, mediante la turbia ministra Sandra Pettovello, modifica las condiciones reglamentarias de las políticas sociolaborales, las transfiere de una dependencia a otra, recorta con dudoso criterio la cantidad de beneficiarios, elimina las partidas destinadas al mejoramiento productivo de las cooperativas y proclama que han encontrado la forma de pasar “de los planes al trabajo” con programas que se han de llamar alternativamente “empalme al trabajo”, “puente al trabajo” y ahora… “volver al trabajo”. Un ejemplo de creatividad.  

Desde luego, no pasó por su cabecita hueca de medio pelo porteño que la inmensa mayoría de los beneficiarios –lo pongo en itálica porque no se trata de beneficencia, sino de un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes– tiene trabajo efectivo en alguna de las miles de cooperativas y grupos socio comunitarios. Estas unidades productivas que emplean a cientos de miles de personas se sostienen gracias a los planes sociales –lo pongo en itálica porque es la denominación peyorativa de políticas públicas de fomento al asociativismo, complementación de ingresos laborales y cobertura social–.

Todo esto que cualquiera puede ver en los barrios, para ellos directamente no existe. No existen comedores, merenderos, centros de cuidado infantil, casas para mujeres víctimas de violencia, casas comunitarias para la recuperación de adicciones, espacios para la reinserción laboral de personas que salieron de la cárcel, bachilleratos y profesorados comunitarios, cooperativas de limpieza, recolección diferenciada y reciclado, polos textiles, cuadrillas de construcción, mejoramiento de viviendas e integración urbana, herrerías y carpinterías, núcleos de agricultura familiar y  elaboración de alimentos, huertas comunitarias, grupos de comercialización colectiva, ferias y mercados populares, etc. Todo es un “curro” o una “caja política”. 

Supongamos que con “volver al trabajo” se refieren al empleo registrado en el sector privado. Lo que parecieran no considerar estos héroes del trabajo –que paradójicamente también quieren destruir los derechos laborales– es que la informalidad se ha convertido en la realidad de una creciente masa de los trabajadores al menos de 1976 a la fecha. Con altos y bajos, el núcleo duro de la informalidad no ha bajado del 30% desde ese 1992. El número aumenta si se toma como base la cantidad de adultos en condiciones de trabajar en vez de la más imprecisa Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que deja afuera ciudades pequeñas y el sector rural. 

La dirigencia política pareciera no observar que el fenómeno de la informalidad laboral –compuesto por trabajadores asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia de subsistencia– es una constante del mercado que no cesa ni con políticas de flexibilización ni con políticas de protección laboral. No se trata de una cuestión de costo laboral ni de competitividad sino de las nuevas realidades derivadas de la globalización económica a las que no escapa ninguna región del planeta pero que se agravan por la dependencia y el subdesarrollo. 

Una situación similar se da en el mercado inmobiliario formal que no deja de retraerse frente a la creciente imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Este fenómeno se expresa en una rampante inquilinización –con o sin contrato– y la expansión de la cantidad de habitantes de los barrios populares –villas y asentamientos–, sumado a la expulsión de la familia rural y el languidecimiento de los pequeños pueblos. Esta situación afecta, llamativamente, a un número similar de habitantes de nuestro país que no baja del 30%. Con argumentos similares, hace dos semanas destruyeron la única política pública de integración urbana y acceso al suelo que funcionaba en el país. 

Es en este contexto de informalidad estructural del mercado laboral e inmobiliario en el que se desarrolla la economía popular y las organizaciones territoriales. Se trata de un contexto que no elegimos, que ya estaba cuando comenzamos a militar, que es causa y no consecuencia de la existencia de los movimientos. Vimos que organizar la informalidad laboral en formas comunitarias mejora la vida de la gente, les da un espacio de pertenencia, les permite progresar económicamente poquito a poquito. 

Tal vez molesta que la organización comunitaria —social, barrial, sindical, política, cultural, estudiantil, ambiental—, además de cumplir una función social, construya conciencia cívica y poder popular. Tal vez les molesta que sea una forma alternativa de poder frente a la plutocracia y la partidocracia. Tal vez sea, simplemente, cuestión ideológica en el sentido de una falsa representación de la realidad o una nostalgia lacrimosa del pleno empleo de otros tiempos.  

En efecto, la hipótesis predominante en la política oficial afirma que el crecimiento económico –con o sin intervención pública–  y una reforma laboral –sea de corte progresista o neoliberal– resolverá el problema en un plazo indeterminado pero indefectible. Una hipótesis alternativa, bastante más idiota que la primera, sugiere que el problema es precisamente el “plan social” porque desincentiva el trabajo (“en el campo no se consigue gente para la cosecha porque todos tienen el plan”, se escucha cada tanto). 

Semejante desatino no tiene en cuenta que la cantidad de trabajadores en la informalidad cuadruplican la cantidad de beneficiarios de planes sociales y que el monto de los mismos no alcanza para que una familia tipo se alimente una semana. El plan es un complemento a los ingresos fruto del trabajo. 

Nuestra hipótesis es bien distinta. Consideramos que los mencionados cambios en la economía global –que incluyen la automatización, la robotización, la deslocalización, la inteligencia artificial, financiarización, monopolización, entre otros– combinados con la nueva cartografía que redefine la división internacional del trabajo, ha enterrado la sociedad laboral y el pleno empleo como modelo posible de nuestro país al menos hasta que las condiciones estructurales cambien a nivel planetario. 

Plantear esta hipótesis, que tiene un fuerte sustento empírico, no implica cristalizar la precariedad laboral sino reconocer la existencia –independiente de nuestra voluntad política– de una nueva formación social que requiere una intervención pública decidida y sostenida para evitar el fenómeno paradigmático de la injusticia social de hoy: la exclusión. La exclusión implica la generación de una dualidad al interior de la clase trabajadora entre integrados y excluidos que perturba la convivencia social, destruye la realización de la comunidad, provoca graves grietas culturales y facilita el desarrollo de la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico. 

Frente a esta realidad, nosotros proponemos una economía mixta que reconozca al sector privado, el público y el popular de la economía. Este último, la economía popular, consiste en las estrategias laborales actualmente precarias que con la creatividad inmensa de los pobres frente a la necesidad, explica la subsistencia de un tercio de los argentinos excluidos. Su valor no se puede medir en términos de productividad comercial sino con parámetros alternativos de naturaleza humana, social, cultural y ambiental, aunque su aporte al producto bruto interno no es nada despreciable. 

La economía popular no es autosuficiente en términos económicos, al menos en condiciones razonablemente dignas para sus trabajadores, por la sencilla razón de que no cuenta con uno de los factores de producción: el capital. El componente constante del capital –infraestructura, maquinarias, materias primas, etc– es siempre bajísimo en relación a la cantidad de trabajadores. 

Una empresa necesita, según varios estudios, alrededor de US$20.000 de inversión en capital para crear un puesto de trabajo asalariado registrado en el sector privado competitivo. La sostenibilidad en el tiempo de dicho empleo dependerá de nuevas inversiones y los vaivenes de la economía. La “inversión” en la economía popular es ciertamente mucho más baja, el factor principal de la actividad es el trabajo y no el capital, pero es absolutamente evidente que, librados a su suerte, estos puestos de trabajo permiten ingresos bajos y condiciones laborales sumamente precarias, con escasas excepciones.  

Los mecanismos asociativos en la economía popular pueden mejorar ingresos y condiciones de trabajo, pero sin apoyo estatal de ninguna manera lograrán la autosuficiencia económica e inserción en el mercado competitivo. De nuevo, no se trata de un problema de mérito, inteligencia, capacidad empresaria. La creciente cantidad de capital constante que se requiere para sostener una empresa competitiva es inaccesible para los sectores excluidos que no tienen siquiera un terreno propio donde construir su vivienda. 

Es por eso que la economía popular requiere políticas públicas que fomenten la asociación de sus trabajadores en el caso de los cuentapropistas informales junto la elevación de las condiciones laborales en el caso de los asalariados informales. Es que el mundo de la informalidad se divide en estos dos grandes subsectores: quienes trabajan como empleados de microempresas y quienes lo hacen por cuenta propia. Se requiere un abordaje sincronizado pero diferenciado. En un caso existe dependencia, en el otro autonomía. 

En Argentina existen leyes que protegen a los trabajadores de la economía popular que este gobierno ha decidido pisotear. La ley 27.345 se creó para “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al ”trabajo en sus diversas formas“ por el artículo 14 bis” consagrando el derecho al salario social complementario como una forma de complementación de los ingresos obtenidos por los laburantes en sus actividades populares dispersas u organizadas. 

Asimismo, el registro nacional de trabajadores de la economía popular (RENATEP) y el monotributo social fueron avances en el registro de los trabajadores y el acceso a ciertos subsistemas de la seguridad social como la salud y el sistema previsional. También se logró una forma específica de seguro de riesgos de trabajo para el sector que duerme el sueño de los justos en el ex Ministerio de Trabajo. Asimismo, el derecho a sindicalización se obtuvo mediante la obtención de personería social para la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que entre otras garantías estableció mecanismos de mediación y resolución alternativa de conflicto que nunca se aplicaron.  

En el mismo sentido, hasta hace unos días existieron políticas públicas –insuficientes– que proveían maquinaria, herramientas y materiales a las unidades productivas y sociocomunitarias. Con distintos nombres y escala –Argentina Trabaja, Proyectos Productivos Comunitarios, Potenciar Trabajo– el movimiento de economía popular logró estas políticas de dignificación de su labor. El mecanismo de funcionamiento era la creación de Unidades de Gestión para ejecutar un Plan de Trabajo que en general involucraba a miles de trabajadores y a varias Unidades Productivas o Grupos Sociocomunitarios. Los proyectos eran presentados por municipios y organizaciones sociales, evaluados, aprobados, financiados y auditados por el extinto Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano. El costo por trabajador era prácticamente insignificante para el presupuesto nacional. 

Más allá de los argumentos de corte macroeconómico antes descritos, la denostación contra estas políticas públicas se basó en un rechazo a la intermediación y la discrecionalidad en la asignación y administración de recursos. Ambas afirmaciones son parcialmente válidas, aunque su utilización como argumentos contra las políticas públicas de economía popular constituye una falacia lógica. 

La discrecionalidad es producto de la escasez. Al no existir para todas las personas que están en la misma situación, alguien o algo definen a quien le toca y a quien no. Este alguien puede ser una asistente social, una organización comunitaria, un intendente, una máquina que asigna al azar. Esto es lo que sucede con el Salario Social Complementario que, como dijimos, llega a un cuarto de los trabajadores  que están en condiciones reglamentarias de recibirlo. Vale reiterar que los trabajadores cobran este complemento de ingreso de manera directa a través de una cuenta sueldo individual. 

En cuanto a la mediación entre Estado y trabajador, Estado y usuario, lo mismo que se endilga a los movimientos sociales sucede con cualquier sector económico que el Estado considere estratégico apoyar, o cualquier organización con o sin fines de lucro que recibe fondos públicos para aplicarlas a una tarea productiva, asistenciales o de formación. Las empresas de Caputo en Tierra del Fuego, el transporte de pasajeros, los proveedores de energía eléctrica, los contratistas de obra pública, las organizaciones caritativas religiosas, los colegios privados subsidiados, los clubes subsidiados, las bibliotecas populares, etc.

El problema de la discrecionalidad se resuelve universalizando la política pública o no se resuelve. Si no hay para todos, siempre habrá un mecanismo arbitrario de asignación. 

La mediación no es un problema en sí mismo. Ninguna sociedad equitativa (que busque evitar del modelo excluyente mercadocéntrico o del modelo totalitario estadocéntrico) puede prescindir de organizaciones intermedias. Fueron éstas organizaciones las que, según Tocqueville, hicieron fuerte a la democracia norteamericana. 

La situación se convierte en problemática cuando las instituciones intermedias malversan los fondos públicos. Llamativamente, los casos de malversación o administración fraudulenta que tramitan en la justicia son una proporción ínfima tanto en relación a la demonización pública que se reitera diariamente en los grandes medios como del enorme despliegue de cooperativas de trabajo y grupos sociocomunitarios que existen en la Argentina.

No puede atribuirse a las organizaciones el problema de la asignación arbitraria de altas en el Salario Social Complementario porque la arbitrariedad, como dijimos, es el resultado lógico  de que existan menos cupos que personas elegibles. La existencia de instituciones organizadoras lejos de ser un problema debería verse como un aporte social creativo frente a un problema que nadie ha logrado resolver. 

Los abusos de poder dentro de las organizaciones sociales son innegables. Tantos como en las organizaciones empresariales, eclesiales, sindicales, educativas, sanitarias, etc. Tantos como en la administración pública, los partidos políticos, las fuerzas armadas o los organismos internacionales. Un contralor adecuado de las organizaciones intermedias –máxime si reciben fondos públicos– es un derecho y una obligación que el Estado debe ejercer con rigor, ecuanimidad y buena fe. La universalización de las políticas de complemento de ingresos es la única forma equitativa de terminar con todo tipo de discrecionalidad. 

Todo ello es posible, justo y necesario para mejorar las condiciones de trabajo y vida de los sectores excluidos. Sin duda no hay soluciones inmediatas y el desarrollo de una economía mixta será producto de aproximaciones sucesivas, errores y aciertos. Lo que sin lugar a dudas es el camino equivocado es negar la necesidad de abordar la exclusión a través de formas comunitarias de integración social apoyadas por el sector público. Mucho más destruir lo construido, induciendo mayores niveles de deshumanización en nuestra sociedad.  

Con todo, nuestro pueblo y sus organizaciones han dado muestra de resistencia y resiliencia frente al vaciamiento, el desprecio y la difamación. Tengo confianza en que con unidad, organización y lucha podremos revertir la conculcación de derechos. De esta ofensiva, los movimientos sociales saldrán templados y fortalecidos para desarrollar la agenda de Tierra, Techo y Trabajo que nos permita alcanzar una Argentina Humana.  La alternativa es la profundización de la dualidad social,  la consolidación de la macroestructura y la más abyecta deshumanización.

El referente de Somos Barrios de Pie y secretario del Consejo de la Economía Popular, Daniel Menéndez, solicitó este martes que la Justicia actúe tras los dichos del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que derivaron en una corrida y apuntó contra el libertario por llevar a cabo un “terrorismo financiero”.

“Tiene que actuar ya un fiscal de oficio porque los dichos de Milei son un acto de terrorismo financiero. No podemos estar en manos de un loco, de alguien que por especulación personal se quiera poner el país de sombrero. Es tiempo de ser responsables”, expresó. 

Por su parte, Alejandro “Peluca” Gramajo, otro líder piquetero afín a Sergio Massa, quien es mano derecha del referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y que luego será secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), declaró sobre la declaración de Milei, que criticó al peso y desalentó la inversión en plazo fijo.

“Milei está empujando una corrida cambiaria. Es una total irresponsabilidad por parte de alguien que se presenta para gobernar el país. Parece que no quiere nada a la Argentina ni a sus trabajadores. Si así piensa gobernar va a tener muchas dificultades. Quieren generar miedo y caos en la sociedad”, señaló.

“Si le toca gobernar a un compañero del campo popular tiene que tener presente el protagonismo de los trabajadores de la economía popular en la mejora de las condiciones laborales de los argentinos y argentinas”, agregó desde el escenario montado en la puerta del Congreso para apoyar la ley de la devolución del IVA en compras, impulsada por Massa.

Milei se despegó de la corrida al dólar

“El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, había dicho Milei el lunes.

A su vez, tras ser consultado sobre el ahorro en plazo fijo, señaló: “Jamás en pesos, jamás en pesos”.

Este martes, el libertario se despegó de la corrida del dólar que terminó con un blue superando la barrera de los 1.000 pesos: “¿Acaso emito dinero o genero déficit fiscal y armo descalabros macroeconómicos? Por favor, déjense de payasadas”.

Con información de NA.

IG

La victoria del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, en las PASO tiene múltiples explicaciones, una de ellas puede buscarse en la economía popular. Un sector con una población joven, en el que el 44% de los y las trabajadoras tiene entre 18 y 29 años. Un sector que en diez provincias supera a los asalariados registrados del sector privado. Un sector en el que se estima que trabajan alrededor de 8 millones de personas que, en su mayoría, no tienen derechos laborales. Un sector al que las políticas públicas llegan a través de los programas sociales, pero no de la formalización. 

Según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), entre julio del 2020 y abril de 2023 se registraron 3.618.606 personas, de un universo mucho más amplio. En el último año ingresaron 160.937 personas, es decir, que creció un 4,4% “El Estado solo registra la forma del sujeto del siglo XX, no registra la del siglo XXI, no se actualiza. No tiene registro de la realidad: hay un 50% que tiene nuevas formas”, sostiene Pablo Chena, director de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo de la Nación. El economista sostiene que hay una gran masa de la población que no conoció a Perón, pero tampoco los derechos que estructuraron el peronismo. El crecimiento de la economía popular contrasta con los trabajadores en relación de dependencia, un sujeto social que es cada vez más chico. En ese universo es donde Milei interpela con su discurso de libertad y fin de los privilegios. 

“Hay una grieta social que sacude a la grieta política, que tiene un totalizante que es el del mercado privado y el sector público. Eso invalida a un 50% de la población que no entra dentro de ese totalizante, de ese formato”, analiza Chena. Sostiene que la idea ‘la derecha te saca derechos y nosotros creamos los derechos’ queda trunca cuando le habla a gente que no tiene derechos. “Hay una grieta que era propia del siglo XX, que era la discusión de la intervención del Estado en la economía, de cuanto tenía que regular el sector privado. En el siglo XXI la discusión público/privado no es totalizante, eso cambió al disminuir fuertemente la creación de puestos de trabajo en el sector formal tradicional. Se fue creando otro sector que tiene otra agenda y al que la discusión público privada no le llega, porque el sector privado no lo toma y el sector público le llega con políticas sociales por su condición de vulnerable y no le llega con una agenda productiva y laboral por su condición de trabajo”, agrega el funcionario.

En la franja de los jóvenes es donde se ve con más claridad esta diferencia. Según el informe Juventudes y Economía Popular del Renatep publicado recientemente, si se compara la composición de los universos de esos trabajadores con el del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde se contabiliza a los trabajadores registrados), hay una diferencia de alrededor de 17 puntos. La presencia de trabajadores de entre 18 y 24 años es significativamente mayor en la economía popular: 24,4% versus 7,4% en SIPA. En cuanto a las ocupaciones que realizan, se trata de trabajadores de comedores y merenderos (17,1%), servicios de limpieza (7,9%), agricultores/as (4,6%), servicios de estética como peluquería o manicuría, entre otras. (3,4%) y vendedores ambulantes (3,1%). El restante 63,9% se reparte entre las otras ocupaciones, ninguna de las cuales alcanza un 3%.

Victoria Ecenarro tiene 26 años y trabaja en el  espacio de primera infancia “Micaela García” de Necochea, provincia de Buenos Aires. Coordina el lugar que cuida a niños y niñas de 45 días a 5 años, en su mayoría, hijos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Tiene un Potenciar Trabajo, el programa social que aporta un monto equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil (que en agosto fue de $112.500). Es decir que por el Potenciar trabaja recibe poco más de $50.000. Está nucleada en el sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y empezó los trámites para incorporarse al monotributo social y acceder a una obra social. “No apoyo las ideas de Milei, pero tengo conocidos que lo votaron. Lo que les atrapa es cortar con la política de una cosa o de otra, de si es Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, busca tener algo nuevo o renovador. Quizás lo que Milei propone es más sobre la libertad y los derechos”, explica Ecenarro en diálogo con elDiarioAR.

Con respecto a las propuestas de los otros dos candidatos sostuvo que “aportan más para los trabajadores formales que para la economía popular”. “Es una lástima porque un gran porcentaje pertenece a la economía popular y no a los trabajos formales. Deberían haber apuntado más para este lado, somos una gran masa de trabajadores. Siento que está, no se si desvalorizado, pero podrían haber apuntado más para acá”, agrega la joven.

Del total de jóvenes que consiguen su sustento en la economía popular, solo el 27,8% se encuentra dentro del Potenciar Trabajo. En cuanto a la inscripción fiscal, sólo el 6,3% de los trabajadores del Renatep está inscripto en alguna categoría tributaria y el 5,8% está adherido al Monotributo Social. Según Chena, el desafío del Estado es formalizar y desarrollar la economía popular. “Tenemos que salir de la discusión de esto que es una sala de espera para que en algún momento se creen todas las fábricas que hacen falta para tomar a 8 millones de personas que están en la economía popular. En lugar de esa agenda, que es la agenda tradicional, hay que proponer una agenda de desarrollo de la economía popular. Todo eso que el propio pueblo se fue creando para sobrevivir, formalicémoslo y fortalezcámoslo. Démosle la entidad de una tercera economía, que no es mi privada ni pública, es la popular”, indicó. 

Las provincias en las que más actividad informal hay son las del centro del país, allí se ubica el 51% de los inscriptos en el  Renatep. Buenos Aires encabeza la lista con el 36% del total nacional, seguida por Tucumán (6,1%), Chaco (5,7%), Salta (5,6%), Santiago del Estero (5%) y Santa Fe (5%). “La propuesta de Milei destruye lo existente. Le habla a ese sujeto que no es contemplado por la política tradicional, pero lo hace para destruir. Es una grieta que el trabajo divide. Por un lado hay personas que tienen una relación laboral con derechos. Por el otro hay gente que se quedó afuera del sistema, que inventó su trabajó”, explica Chena.

Victoria Ruiz Díaz tiene 29 años y trabaja en su casa junto a otras cinco mujeres. Conforman la unidad productiva de Pastelería y Catering Los Abuelos, elaboran para fiestas o eventos y los fines de semana venden productos de panadería en una feria. Ella, que aprendió el oficio a través de su hermana y de tutoriales de Youtube, le enseñó al resto de sus compañeras. Todas tienen hijos, así que se van turnando para elaborar los pedidos. “A veces cuesta que se entienda que somos que es un trabajo realmente y que ocupamos tiempo y horas de nuestra vida y es lo que nos remunera. En la feria nos miran mal y nosotras estamos trabajando y todas las semanas nos capacitamos para tener venta el fin de semana. Es todo el sistema complejo porque si vos desde arriba no enseñás que esto es un trabajo, la gente sigue pensando que somos planeros, que vivimos del Estado”, le dice a este diario. 

Victoria trabajaba en un comercio con su hermana, pero no le daban los tiempos para cuidar a sus hijos de cinco y diez años. “El trabajar en la economía popular hace que uno pueda elegir su tiempo, cuando ellos van a la escuela o al jardín, ocupo el tiempo en elaborar”, explica. En la población del Renatep predominan las mujeres, constituyen el 58,2% del total. En algunas ocupaciones, la feminización alcanza a 8 o más de cada 10 inscriptos o inscriptas. Se trata, por ejemplo, de las tareas de cuidado, limpieza, las vinculadas a cuestiones estéticas como peluquería y manicuría e indumentaria y textil.

“Meten a todos en la misma bolsa, entiendo que hay unidades piqueteras que no trabajan, que no hacen lo que tienen que hacer y viene la gente que nos dice: ‘Vos cobras un plan’. No, nosotros cobramos un Salario Social Complementario por el trabajo que hacemos. No nos dan importancia. Es un trabajo, un trapito te cuida el auto, un choripanero trabaja porque sale todos los días con frío o con calor para llevar comida a la casa”, agrega. 

Si se mira el mapa de la Argentina, en diez provincias hay más inscripciones en el registro de la economía popular que en la privada. Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Formosa, Corrientes, Catamarca y La Rioja. En la mitad de ellas ganó Milei. Por otro lado, en 12 provincias la economía popular registrada supera en cantidad a los asalariados registrados del sector público: Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Mendoza, Corrientes, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En siete de ellas, ganó el diputado libertario. 

CDB/DTC

Cada vez que hay una sequía, la economía argentina derrapa. Sucedió en 1999, 2000 y 2001. Otra vez en 2009, cuando además el mundo sufría una crisis. Se repitió en 2012. Pasó en 2018. Ahora vuelve a suceder. El calentamiento global amenaza con tornar las secas más frecuentes y más graves. Quizá llega el momento de pensar de qué manera la suerte de la Argentina puede dejar de depender tanto de una mala cosecha, como le podía ocurrir a principios del siglo XX, con 7 millones de habitantes. Ahora hay que generar y distribuir riqueza entre 46 millones en un mundo en el que lo que más vale es la tecnología. Para pensar un país que no sufra escasez de divisas y caídas económicas cada vez que el clima nos castigue, elDiarioAR consultó a referentes económicos del oficialismo y la oposición: José Ignacio de Mendiguren, Itai Hagman y Eduardo Levy Yeyati.

En su último año de gestión, el gobierno de Alberto Fernández acaba de publicar “Argentina 2030. Un plan para el desarrollo productivo, industrial y tecnológico”. Fue elaborado por Daniel Schteingart, que renunció luego de presentarlo al dar por terminada su misión. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo De Mendiguren, reivindica el programa como el instrumento para que la Argentina no dependa sólo de una cosecha.

Este no es un plan más. Es un plan productivo que plantea la hoja de ruta estratégica para que a nuestro país en unos pocos años le sobren dólares para crecer y desarrollarse

José De Mendiguren — Secretario de Industria y Desarrollo Productivo

“Este no es un plan más. Es un plan productivo que plantea la hoja de ruta estratégica para que a nuestro país en unos pocos años le sobren dólares para crecer y desarrollarse. Y además, es algo que profundiza lo que estamos haciendo todos los días con cada programa que implementamos en la Secretaría de Industria. En los próximos dos períodos presidenciales -hasta 2030- tenemos una enorme oportunidad pero no cualquier política pública va a llevar a Argentina al desarrollo. Más que nunca en el mundo hay una lucha por dónde se agrega el valor, por dónde se produce y cómo se produce. No es cierto que no hay política industrial. Hoy un país como China invierte casi 2 puntos del producto en política industrial y los países centrales y los que están en vías de desarrollo hacen lo mismo. Solo vamos a ser protagonistas en lugar de víctimas de esta nueva globalización tecnológica, ambiental y moderna si también invertimos en industria y desarrollo”, sostiene De Mendiguren.

Schteingart, que llegó al cargo por impulso del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, inspiró el plan en el “enfoque de misiones”, es decir, el método de la economista ítalonorteamericana de moda, Mariana Mazzucato, de identificar problemas y sumar recursos públicos y privados para resolverlos de formas innovadora. Ella pone como ejemplo lo que fue la misión de enviar al hombre a la Luna. Es admirada por Fernández y sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, pero también ha asesorado gobiernos conservadores como el británico de Theresa May o el alemán de Angela Merkel.

Once “misiones”

El plan del Gobierno identifica 11 misiones:

1. Duplicar las exportaciones para volver macroeconómicamente sostenibles las mejoras sociales y económicas.

2. Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa.

3. Producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar la seguridad sanitaria.

4. Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales.

5. Robustecer la defensa y la seguridad nacional a partir de desarrollos nacionales de alta tecnología.

6. Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI.

7. Profundizar el avance de la digitalización escalando la estructura productiva y empresarial nacional.

8. Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente.

9. Modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales

10. Crear encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo

11. Potenciar la actividad turística para el desarrollo territorial sustentable a partir de la gran biodiversidad local.

En la primera misión se apunta a exportar más agroindustria, pero también energía, minería, manufacturas, servicios basados en el conocimiento y turismo.

Todo muy lindo, pero el problema es cómo implementar las misiones. “El plan incluye múltiples recomendaciones de política pública, con propuestas a gran escala (proyectos de ley) y a pequeña escala (por ejemplo, programas más micro”, dice el programa y menciona:

“Normativas relevantes ya sancionadas que potencian el desarrollo productivo y la generación neta de divisas: leyes de economía del conocimiento (2020), de Fondo para la Defensa (FONDEF) (2020), del financiamiento de ciencia y tecnología (2021), de cannabis medicinal (2022), automotriz (2022), de nanobiotecnología (2022), nuevo régimen de bienes de capital (2022). Proyectos de ley relevantes pendientes que potencien a futuro el desarrollo productivo y la generación neta de divisas: de electromovilidad (enviada en 2021, aunque tiene espacios de mejora), promoción del hidrógeno (en elaboración), de promoción del gas natural licuado (GNL) (en elaboración), de promoción hidrocarburífera (en elaboración), de grandes inversiones (existe proyecto de 2019 a ser mejorado) que habiliten grandes proyectos en sectores como petroquímica, foresto-industria; ley agrobioindustrial (enviada en 2021, aunque tiene espacios de mejora); políticas productivas nodales de la gestión, financiamiento para inversiones en sectores ahorradores de divisas y/o estratégicos; infraestructura para el desarrollo productivo (por ejemplo, gasoducto Néstor Kirchner), digital (Plan Conectar) y obras públicas; capital emprendedor para generar capacidades en sectores estratégicos (salud, digitalización, industria 4.0, transición energética, movilidad sostenible, alimentos innovadores y saludables, industrias de la defensa); desarrollo de proveedores (para Vaca Muerta, minería, automotriz, agroindustria, defensa); destrabar potencial de hidrocarburos offshore; sustitución de importaciones en sectores estratégicos con alto potencial (por ejemplo, industrias de la salud); formación en competencias (Argentina Programa, centros de formación para oficios en sectores tradicionales); capacitación, asistencia técnica y financiamiento para pymes (por ejemplo, en mejora de la gestión, diseño, calidad, exportación, digitalización, mejora ambiental); simplificación administrativa y facilitación de trámites; esquema de retenciones y reintegros que incentive agregación de valor (por ejemplo, diferencial en oleaginosas o incremental en automotriz); fortalecer a la empresa estatizada IMPSA para ganar capacidades locales en la transición energética; promoción del turismo de naturaleza y turismo receptivo a partir del programa La Ruta Natural; mejorar la coordinación al interior del sector público y entre Nación y provincias para evitar esfuerzos duplicados o políticas contradictorias”. Pero el plan también aclara que todo esto no es posible sin dos palabras mágicas: “estabilización macroeconómica”, y agrega: “Sin la cual es imposible invertir y crecer sostenidamente”.

Más allá de las rencillas dentro del Frente de Todos, el diputado y economista Hagman, referente del precandidato presidencial Juan Grabois, comparte el plan planteado por Schteingart: “Con mayores o menos críticas que podemos tener, me parece que ahí hay una guía”. “Nuestro planteo frente a ese plan es incorporar la agenda de los sectores populares, pero la cuestión más propia de la matriz productiva está bien planteada”.

Los servicios basados en el conocimiento no se consolidan por el costo de un esquema antiexportador que obliga a liquidar por debajo del valor, llevando a que los argentinos vendan barato su trabajo por debajo del radar

Eduardo Levy Yeyati — Economista/ Autor del programa Argentina 2030, en el gobierno de Mauricio Macri

En la oposición, Levy Yeyati elaboró también un Programa Argentina 2030 en el gobierno de Mauricio Macri, aunque poco tiempo después también dimitió. En Twitter se define como “economista obsesionado por el desarrollo”. Profesor de la Universidad Di Tella, se ha integrado a los equipos del radicalismo, que lleva como precandidato presidencial a Gerardo Morales. “Aclaremos algo desde el comienzo -arranca Levy Yeyati-. La Argentina depende de la oferta de divisas porque suelen faltar dólares: la inestabilidad macro genera una dolarización de ahorros que se refleja en una salida de dólares por la cuenta financiera. La oferta de divisas, a su vez, depende de la cosecha porque el resto de las exportaciones creció por debajo de su potencial: no se trata de que el sector agropecuario reduzca su incidencia, sino de que aumente la incidencia de otras exportaciones. ¿Cuáles? Energía y minería tienen un potencial no explotado. El turismo receptivo sufre por la mala conectividad aérea y terrestre y por el laberinto de controles. Los servicios basados en el conocimiento no se consolidan por el costo de un esquema antiexportador que obliga a liquidar por debajo del valor, llevando a que los argentinos vendan barato su trabajo por debajo del radar. Y la falta de acuerdos comerciales conspira contra la penetración de manufacturas de alto valor en mercados extranjeros”.

“Con estabilidad, sin brecha cambiaria, inversiones en recursos naturales e integración comercial, las exportaciones agropecuarias seguirían siendo un componente importante, pero con exportaciones más diversificadas el impacto de una sequía sería menor”, continúa Levy Yeyati. “Agreguemos a esto que la estabilidad abarata el costo de un seguro contra riesgos climáticos, lo que atenuaría el impacto secundario de la sequía sobre la capacidad de inversión y producción de pequeños productores endeudados o con poca espalda financiera”, concluye el economista ahora enrolado en la UCR, ex economista jefe del Banco Central en 2002.

AR

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desarrolla este miércoles una “jornada nacional de asambleas”, con epicentro en el Obelisco, en demanda del pago del salario social a los trabajadores del reciclado y de la agricultura familiar.

En ese marco, además, se reclamará el “cumplimiento de políticas para el fortalecimiento de la economía popular”.

“Hoy, miércoles, llevaremos adelante una Jornada Nacional de Asambleas, para exigir al Gobierno que dejen de ajustarle a los que menos tienen y cumplan con el fortalecimiento de la economía popular”, informó la UTEP a través de un comunicado de prensa.

La protesta se desarrolla desde las 10 en las inmediaciones del Obelisco “y en todas las plazas de capitales de provincias”, dijo Gildo Onorato, dirigente de la UTEP.

“El lunes, miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, no recibieron el salario social que por ley complementa su desempeño en el reciclado, en la agricultura familiar, en los espacios sociocomunitarios de los barrios populares, en los polos textiles, en trabajos del espacio público, en productivos de liberados y liberadas, en espacios de recuperación de adicciones”, enumeraron los organizadoras entre los argumentos de la protesta.

Asimismo, informaron que pedirán “la no desvinculación de este salario social, hoy llamado Potenciar Trabajo, del Mínimo, Vital y Móvil que le da un mínimo respaldo para su actualización, y que se garantice el aguinaldo para estos trabajadores y estas trabajadoras que inventaron un trabajo doblemente valioso en la exclusión”.

“Este miércoles estaremos en plazas, calles y rutas de todo el país para hacernos escuchar, no podemos permitir estas persecuciones a los y las de abajo”, puntualizaron.

Con información de agencias.

IG

Son paseadores de perros, lustrabotas, pileteros, vendedores ambulantes, depiladoras, pescadores, cocineros de merenderos, cartoneros. La economía popular –que integran personas que se “inventan su trabajo” y están por fuera del mercado formal– es un universo muy amplio, que recién en julio de 2020 empezó a dibujar sus bordes mediante la puesta en marcha de un registro del Gobierno Nacional. Si bien se estima que es solo la punta del iceberg, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya tiene 3,5 millones de inscripciones y su última actualización arroja el siguiente resultado: en diez provincias del país ya hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que asalariados privados registrados.

Santiago del Estero, Chaco –donde la diferencia se acerca a las 200.000 personas–, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y La Rioja son las provincias que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que asalariados privados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Los números le dan fuerza a una postura que defienden distintas organizaciones sociales: la economía popular no es una economía de subsistencia que contiene excepcionalmente a los argentinos y argentinas en momentos de crisis, sino un modo de producción distinto que debe ser reconocido en su particularidad y que se estima que incluye a alrededor de 8 millones de personas en el país.

El registro se abrió en julio de 2020 y hasta el último corte, de junio de 2022, sumaba 3.457.669 inscripciones. En la medida que aumente la “registración” (es decir, la acreditación de estas personas de su situación, lo que no implica acceder a la formalización en términos legales), lo esperable es que se refleje una situación que se puede deducir: que el universo de la economía popular está más extendido y tiene más protagonismo en la dinámica económica de lo que el discurso público suele reconcoerle. 

De hecho, hay provincias que quedaron cerca de la “conversión” como San Juan, que solo tiene 4.773 más asalariados registrados que anotados en el Renatep. Dado que el Frente de Todos aspira a terminar su gobierno con 4 millones de inscriptos, no sería extraño que la predominancia de la economía popular por sobre los empleos privados registrados –que están virtualmente estancados hace una década, en torno a los 7 millones– quedara pronto en evidencia en al menos la mitad del territorio del país. 

En comparación con el informe anterior del Renatep, de febrero de 2022, aumentaron 7,4% las inscripciones (232.401 nuevas personas), sobre todo localizadas en en la región de la Patagonia y Cuyo. Aun así, las zona centro y norte son las que mayor cantidad de trabajadores de la economía popular registrados tienen. 

La provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, tiene el mayor registro: son casi 1,2 millones de personas que sobreviven gracias a la economía popular, el 35,8% del total de la base. La sigue, sin embargo, la pequeña provincia de Tucuman (6,2%), Salta (5,8%), Chaco (5,7%) y Santiago del Estero (5,4%). 

“Es un universo que tiene cierta dinámica propia. Cuando la economía se recupera, cuando crece el PBI, esos mismos trabajadores de la economía popular mejoran sus ingresos, pero no diría que se suman personas a hacer ‘changas’ o, al revés, que dejan sus oficios en la economía popular para insertarse en el mercado formal”, explica a elDiarioAR el economista Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien en tiempos de recuperación económica existe cierto flujo entre en la frontera mercado laboral registrado/informal no hay aquí un gran movimiento, aun con el aliciente de medidas como el Plan Empalme.

Lorena Leiva tiene 34 años, es artesana y, además, cumple tareas en una cooperativa de separación de residuos en Burzaco, por las que recibe como retribución el pago del Potenciar Trabajo. Aprovecha ese trabajo y, de lo que otros tiran, recupera materiales para hacer adornos que después vende en una feria del barrio. Leiva es, además, un caso que ejemplifica bien las características que más se repiten entre los trabajadores de la economía popular. 

Según el Renatep, en la economía popular la mayoría son mujeres (58%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años que en la economía formal (27,1% versus 6,7% en SIPA), lo que habla del modo en el que las personas se insertan en el mercado laboral. La experiencia del primer empleo, en la Argentina, se da sobre todo en la informalidad. 

En algunas provincias la economía popular emplea a alrededor de un cuarto de las personas de entre 18 y 65, y eso considerando que no todo ese universo está reflejado en el registro. Es el caso de Santiago del Estero (30,7%), Jujuy (26,1%), Formosa (24,7%) y Chaco (24,5%). 

La mayoría de los inscriptos en el registro trabajan en servicios personales y otros oficios (35%). Es decir cocineros, bicicleteros, jardineros, mecánicos, paseadores de perros, peluqueros, reparadores de electrodomésticos, etcétera. La segunda rama de actividad más voluminosa son los servicios socio comunitarios (27,7%) y le sigue el comercio popular y los trabajos en espacios públicos (11,8%), la construcción y mejoramiento ambiental (8,4%), la agricultura familiar y campesina (8,2%), el reciclado (4,1%), la industria manufacturera (3,6%) y el transporte y almacenamiento (1,2%). 

Si se miran las ocupaciones y no las ramas de actividad, más de la mitad de las inscripciones se explican por trabajadores de comedores y merenderos, servicio de limpieza, agricultores, vendedores ambulantes y albañiles. 

Apenas el 10,6% está inscripto en alguna categoría tributaria, ya sea el monotributo social o el régimen simplificado. También es minoritario el porcentaje que recibe, como complemento de sus ingresos, el programa Potenciar Trabajo: el 28,3%. Esto cuando incluso se puede asumir que quienes se inscribieron en el registro tienen mayor contacto con el Estado y conocimiento de sus herramientas. 

A su vez, el 60,4% de los inscriptos trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Estos datos muestran que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria. 

DT

Si bien el programa Potenciar Trabajo, que en los últimos días fue cerrado de manera permanente a nuevos accesos, aparece muy ligado a la economía popular, esos dos universos no son reflejos perfectos. Según datos oficiales a los que accedió elDiarioAR, el Potenciar Trabajo no alcanza ni siquiera a un tercio de las personas que trabajan dentro de los márgenes de la economía popular y se enfoca en un segmento muy específico: el escalón más bajo de ese conjunto de personas. 

Si se miran las bases del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), se advierte que de los 3,5 millones de inscriptos (la punta del iceberg de un ecosistema mucho más amplio, que todavía se mantiene al margen de la registración) solo 978.355 perciben el Potenciar Trabajo; el 28%. Ese programa consta de un monto mensual equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, pensado como un complemento de los ingresos que la propia persona genera por su actividad. 

Las mujeres son mayoría en el mundo de la economía popular (como contracara, los varones son mayoría en el empleo registrado), pero su porcentaje es todavía más elevado si se mira al subgrupo de personas que se desempeñan en la economía popular y cobran el Potenciar Trabajo. Son el 63%, casi todas jóvenes –el 83% tiene entre 18 y 45 años–, sin estudios secundarios completos y se desempeñan sobre todo en tareas vinculadas a los servicios socio comunitarios. Cocinan, limpian o coordinan en comedores comunitarios o merenderos; cuidan niños, enfermos o ancianos o hacen tareas de promoción contra la violencia de género, entre otras ocupaciones. 

“Tiene sentido que el Potenciar Trabajo le de más contención a ese segmento que a otros como el del comercio popular [artesanos, feriantes, vendedores ambulantes, limpia vidrios, artistas callejeros] o los servicios personales y oficios [bicicleteros, peluqueros, jardineros, mecánicos, paseadores de perros], porque son actividades que generan menos ingreso y son menos valorizadas por el mercado. En muchos casos no complementa sino que es el único ingreso que tienen esas compañeras”, apunta Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. 

Si se mira el universo total de los trabajadores de la economía popular inscriptos en el Renatep, la actividad que se destaca (engloba al 35%) son los servicios personales y otros oficios. Que, además, se realizan mayoritariamente de manera individual (85%); sin cooperativas, emprendimientos familiares u organizaciones comunitarias mediante. 

El Potenciar Trabajo se diferencia de otros programas como la Tarjeta Alimentar o la AUH porque no pretende ser una transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables destinada al consumo inmediato, sino una herramienta de fortalecimiento productivo. Es decir, un dinero que ayude a formalizar y amplificar la posibilidad de generar ingresos de alguna iniciativa ya existente. 

Por eso el Gobierno decidió ponerle un tope a su expansión mediante el decreto 728/2022, que se publicó el 4 de noviembre en el Boletín Oficial y clausuró el número en los 1.350.000 beneficiarios actuales. Según explican en el Ministerio de Desarrollo social, el presupuesto destinado a este programa –que fue de $357.106 millones en los primeros 10 meses del año, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso– debe estar bien distribuido entre el componente de beneficiario monetario y el de fortalecimiento de las actividades, que incluye la entrega de herramientas de trabajo o de créditos para financiar un mayor despliegue.  

“Para este nivel de presupuesto, consideramos que la relación cantidad de beneficiarios/ fortalecimiento productivo está bien. Tenés que asegurarte que el programa construya un escenario de salida: la salida al empleo por la vía de la economía popular”, apunta Chena sobre los motivos detrás del acuerdo para limitar los nuevos accesos. 

Si bien en los últimos días circularon versiones imprecisas, que hablaban de más de 250.000 beneficiarios que habrían presentado sus declaraciones juradas para pagar el impuesto a los Bienes Personales (lo que indicaría un patrimonio de al menos $6 millones, sin contar la vivienda propia), una lectura detallada del informe que le dio origen demuestra que el dato no es tal. 

La categoría en la que la AFIP identificó a un 18,3% de los beneficiarios incluye a personas que presentaron declaraciones de Bienes Personales “o tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor y/o tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil y/o la tenencia de embarcaciones”. Es decir, califican dentro de esta categoría personas que tienen una moto, un auto, una camioneta para trabajar o incluso alguna embarcación para la pesca artesanal. 

Finalmente el Ministerio de Desarrollo Social decidió suspender a 2.243 beneficiaros que, en un chequeo más exhaustivo, detectó que compraron dólares para atesoramiento o hicieron consumos en moneda extranjera en los últimos meses. 

En el Ministerio se quejan del impacto público que generaron las primeras versiones. “Ese número, que finalmente representa apenas el 0,3% del universo total, está dentro del margen de error, pero sin embargo se utilizó para fortalecer dos ideas que no son ciertas pero suelen atentar contra el programa: que lo cobran personas que no lo necesitan, o que lo cobran personas que no hacen nada”. 

DT

El decreto presidencial 728/2022, que se conoció el viernes con un paquete de medidas para la llamada economía popular, comenzó a cocinarse en la Casa Rosada hace exactamente un mes. El 5 de octubre pasado, en su despacho, Alberto Fernández recibió junto a Sergio Massa a los principales dirigentes sociales del oficialismo: Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), y Daniel “Chucky” Menéndez, de Somos-Barrios de Pie. También estuvo Gildo Onorato, del Evita y secretario gremial de la UTEP.

Fue una reunión entre aliados en el Frente de Todos, pero con tensión política: los referentes le reclamaron al Presidente y al ministro de Economía la formalización del demorado Consejo de la Economía Popular, la participación de las cooperativas de trabajo en obras públicas de baja intensidad, un monotributo productivo, créditos blandos y el aumento de fondos para herramientas y maquinaria. También se abordó el tema del bono de $45.000 para la indigencia –que la semana próxima comenzaría a pagarse–, aunque no era de la agenda del grupo, y no se invitó al cónclave a su principal promotor: Juan Grabois, líder del MTE y cercano a Cristina Kirchner, con fuertes diferencias tácticas y estratégicas con Pérsico.

Luego de aquella cumbre en la Rosada, hubo otros encuentros privados con el ministro de Economía –con quien hay un pacto de palabra hacia 2023, según supo elDiarioAR–, así como con el sector de la CGT de Héctor Daer y Gerardo Martínez –otros aliados estratégicos para aunar reclamos– y Victoria Tolosa Paz, que estaba aterrizando en Desarrollo Social tras la intempestiva salida de Juan Zabaleta. El ahora intendente de Hurlingham venía hacía tiempo escuchando las exigencias de Pérsico, pero no podía dar el brazo a torcer por conveniencia propia: su terruño estaba gobernado por La Cámpora, la otra “orga” de peso en el ministerio. 

Finalmente, el decreto oficial 728/2022 fue casi un calco de los reclamos de la UTEP, que abrochó para sus agrupaciones, durante el año electoral, la prioridad en la asignación de obras públicas de hasta 300 millones de pesos. El Evita –socio mayoritario– cristaliza así su creciente poder de influencia política, con ramificaciones que son palpables en Desarrollo Social y el manejo de planes, así como su hambre de poder: busca controlar distritos claves en el conurbano.

Los mostradores del Evita

Cuando la cúpula del Evita se reunió esta semana puertas adentro –generalmente se encuentran todos los martes– la posibilidad de que el Presidente firmara un decreto fue tema de conversación. Lo olfateaban, pero no tenían la confirmación concreta, juró una voz al tanto de la dinámica interna. “En algún punto sí era lo que pedíamos, pero finalmente fue a lo Alberto: caja de Pandora”, remarcó el vocero. La demora de al menos un mes desde aquella cumbre en la Rosada demuestra también el grado de procrastinación presidencial.

La organización tiene varias espadas políticas, con un pie en el territorio y otro en la función pública. Pérsico es formalmente secretario de Economía Social, a cargo del Potenciar Trabajo. Un opositor lo calificó de “ministro de hecho”, por el sinfín de despachos que tiene el Evita en Desarrollo Social. Un dato revela el poder de su firma: el programa de planes tiene para 2023 un presupuesto de $ 590.981 millones, casi la mitad de lo dispuesto para toda la cartera, y equivalente al otro gran programa ministerial: la Tarjeta Alimentar, que maneja la camporista Laura Alonso. Ahí está parte de la fricción Evita-La Cámpora.

Además de Pérsico, entre sus filas se destacan Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario; Leo Grosso, diputado nacional, y Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Juan Manuel Abal Medina acaba de sumarse a la jefatura de Gabinete nacional como asesor ad honorem. 

Con el decreto, el Evita se aseguró una mesa fija de alto nivel donde tener voz y voto para negociar políticas y recursos: el Consejo de la Economía Popular. Ahí se van a sentar periódicamente representantes de las carteras de Economía, Trabajo y Desarrollo Social con “las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica”, según reza la letra chica. En los hechos, pudo saber elDiarioAR, será la UTEP; en concreto, la organización de Pérsico, Somos-Barrios de Pie y la CCC, y no otras agrupaciones. El primer anotado para integrar dicho consejo es Esteban “Gringo” Castro, el secretario general del gremio, a su vez pareja de la intendenta Fernández.

El apéndice más importante de esa mesa será coordinar el manejo de la obra pública de baja intensidad, el título que ganó todos los portales el viernes. “La obra pública se va a controlar como se hace siempre en los contratos públicos”, aclaró un importante dirigente evitero, intentando despejar las críticas, y se quejó: “Tanto en la opinión pública como en la política hay un interés particular en controlar a los pobres”. Fuentes del ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, precisaron a elDiarioAR que las obras de hasta 300 millones de pesos generalmente abarcan trabajos menores como bacheo, cordón cuneta o terminación de viviendas, que son licitados por las provincias y los municipios, y no a nivel nacional. 

Lo que haría el decreto, entonces, es dar un marco general para que esas jurisdicciones firmen contratos con las cooperativas de trabajo, que a su vez forman parte de los movimientos sociales. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales, como no. La economía popular abarca a 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. A su vez, de los 1,3 millones de personas que tienen el Potenciar Trabajo, se estima que el Evita agrupa el diez por ciento. Tiene músculo propio para batallar licitaciones, sobre todo en un año marcado por lo electoral.

La pelea por municipios

Será clave ver qué municipios y provincias entregan a las cooperativas sus obras públicas, a sabiendas de la rivalidad política que puede significar tener a las organizaciones de la UTEP desplegadas con recursos en sus territorios. El distrito más codiciado por el Evita es La Matanza, bastión de Fernando Espinoza, donde ya se lanzó la diputada bonaerense Patricia “Colo” Cubría –a su vez, pareja de Pérsico–. 

Grosso también se anotó para jugar por su cuenta en San Martín, el distrito que maneja Katopodis a través de Fernando Moreira. El dirigente cultiva un perfil propio en el universo evitero: está impulsando la ley de Humedales en Diputados. También es amigo de Máximo Kirchner y habla con Grabois. 

El Moreno de Mariel Fernández sería un distrito a sostener. La intendenta esta semana pidió por CFK 2023, pese a que la vice este viernes cuestionó a los movimientos sociales que “la dejaron sola” durante el gobierno de Mauricio Macri.

En Tres de Febrero, donde gobierna el macrista Diego Valenzuela, quiere hacer pie la concejala Lis Díaz –funcionaria, curiosamente, también en Moreno–. La disputa interna es descarada, tanto con el camporista Juan Debandi como con el propio aliado “Chucky” Menéndez. “Se tapan los carteles”, confió una fuente. Con La Cámpora hay otra rivalidad en Lanús, intendencia amarilla de Néstor Grindetti: allí el evitero Agustín Balladares ya perdió la interna 2021 con el ex funcionario cristinista Julián Domínguez. 

Además hay peleas en otros puntos del conurbano, como Tigre y Vicente López, Ituzaingó, Berazategui, Marcos Paz y Presidente Perón. En el interior bonaerense, tienen referentes para disputar en Lobos, Chivilcoy, Suipacha, Navarro, San Nicolás, Rojas, Tandil y La Costa.

“Que haya una lectura electoral es equivocada porque el decreto y las medidas para la economía popular se enmarcan más en una disputa sectorial. Acá discutimos la forma de producir y de dignificar el trabajo”, dijo un dirigente de confianza de Pérsico. En el Evita hacen la cuenta de que en los últimos años el Gobierno aumentó de 5 a 13 puntos del PBI en inversión social, principalmente a partir de subsidios, y la pobreza nunca paró de crecer.

La diferencia estratégica explica la pulseada con Grabois o los piqueteros de izquierda. “El decreto es a medida de Pérsico y para reforzar su tropa para la interna del FdT”, denunció un dirigente de la opositora Unidad Piquetera. El punto que más critican las organizaciones como el Polo Obrero, Libres del Sur o el MST Teresa es que la decisión presidencial prohíbe que haya más planes sociales.

“Me parece una pelotudez el decreto”, soltó sin medias tintas un dirigente del círculo de Grabois. “Creer que los problemas se solucionan con un decreto que prohíbe las altas de planes demuestra la ingenuidad de este Gobierno. Tiene que haber una política de transferencia de ingresos universal y, al mismo tiempo, una política que incentive el trabajo”, completó. 

En el MTE hay bronca porque los requisitos para el bono a la indigencia –que públicamente rechazó Pérsico– son muy estrictos y si no los flexibilizan amenazan con marchar en los próximos días. También planean hacerle un primer piquete a Tolosa Paz las agrupaciones opositoras, ante la demora de entrega de alimentos para comedores y merenderos, y de herramientas para proyectos productivos. 

En una cartera loteada, de alguna manera la ministra es quien funciona de pararrayos. Pérsico se ahorra asumir el costo político de estar en el mostrador principal. Y si bien no domina por completo la agitada agenda social, el Evita tiene cada vez más influencia política.

MC

Recién aterrizado de Estados Unidos, Sergio Massa tiene por delante una semana compleja. En los pocos días en que estuvo de gira por Washington, creció la presión social contra el Gobierno y asumieron tres nuevas ministras en el gabinete, dos en áreas muy sensibles en el marco de la crisis económica que atraviesa el país: Kelly Olmos en Trabajo y Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social.

Con las ministras de Trabajo y Desarrollo Social el jefe del Palacio de Hacienda deberá apurar en los próximos días una serie de decisiones que le reclaman las propias bases del Frente de Todos, principalmente las organizaciones con fuerte poder de fuego en las calles. En discusión está un bono para los millones de personas que viven en situación de indigencia –a pagar con lo recaudado por el dólar-soja–, así como la implementación de medidas para desarrollar la economía popular. 

También desde el gremialismo más cercano al kirchnerismo le reclaman un aumento de emergencia para el universo de los empleados formales. Será uno de los ejes de la movilización que este lunes encabezarán Máximo Kirchner y Pablo Moyano en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad.

“Cuando vuelva Massa de USA”, fue la respuesta que elDiarioAR recogió de un funcionario nacional e influyente dirigente territorial en el conurbano. Son los tiempos que la Casa Rosada maneja para usar la lapicera. La centralidad que el ministro de Economía tiene en el Gobierno además revela el lugar cada vez más desdibujado que tiene Alberto Fernández en la gestión diaria.

Fue el propio Massa el que avisó a las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP que lo esperen a que regrese de EE.UU. para formalizar medidas concretas. Se lo transmitió personalmente a Emilio Pérsico –jefe del Movimiento Evita–, Daniel “Chucky” Menéndez –de Somos-Barrios de Pie–, Juan Carlos Alderete –de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)– y Esteban “Gringo” Castro –titular del gremio de la economía popular– en la reunión que compartieron hace dos semanas en el despacho presidencial de Balcarce 50. 

Ya se sabía que Juan Zabaleta quería dejar su cargo en Desarrollo Social, cartera donde las organizaciones sociales ocupan un sinfín de despachos. El viaje de Massa a Washington coincidió entonces con la asunción de la nueva ministra. Tolosa Paz no hará más que profundizar el camino marcado por el renovado intendente de Hurlingham: “pisar” los planes sociales y delegar en el jefe de Economía cualquier medida que implique aumentar el gasto social.

De aquella reunión en Casa Rosada, los dirigentes sociales se fueron con el compromiso de que el Gobierno finalmente creará el Consejo de la Economía Popular, un organismo para atender políticas puntuales para el sector. Pero menos firme quedó la posibilidad de que se oficialice un bono para la indigencia, una medida que Juan Grabois –líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)– negoció con Massa y del que se hizo eco la propia Cristina Kirchner. 

Hubo un aviso del tigrense de que esta semana habría una novedad en ese sentido –según coincidieron al menos cinco fuentes distintas–, pero hay mar de fondo. Existe una tensión entre el MTE y el Evita –accionista mayoritario de la UTEP–, que rechaza que haya más planes y dinero destinado a subsidios.

“A las puteadas”

La primera incógnita sobre el bono es el monto y los plazos. Fuentes del Frente Patria Grande –el brazo político del MTE– adelantaron que podría ser de 50 mil pesos a pagar en tres cuotas mensuales, pero como ya octubre está avanzado, temen que el refuerzo sea menor al esperado, o que se atrase al año próximo. Como sea, la inflación de un mes ya le acortó poder de compra a ese monto. “Nos habían planteado que era octubre, noviembre y diciembre, y olemos que se quieren comer un mes”, lanzó un dirigente cercano a Grabois en la semana que pasó. “Estamos a las puteadas porque todavía no hay nada concreto”, advirtió. 

Pese al enojo, Grabois no rompió aún la “paz pública” con Massa. Desde que el tigrense asumió como ministro, él dejó de hacer declaraciones mediáticas y en los últimos días aprovechó para realizar un “retiro espiritual”. El fin de semana próximo tiene previsto visitar al Papa Francisco en Roma.

La segunda incógnita sobre el bono es el universo de beneficiarios. Serían 2 millones de personas que viven en condiciones de indigencia y no cobran ningún otro beneficio del Estado, aunque esa realidad es más grave. “Por lo menos tendría que ser para 4 millones de personas, lo que es un ‘paquete’ más de guita”, reparó otro dirigente territorial. 

Si se toma en cuenta el número más conservador, el gasto total sería de $100 mil millones. En concepto de retenciones, el Gobierno recaudó por el dólar-soja 443.000 millones de pesos. Es decir que dinero para financiar el bono a la indigencia, habría. Pero el Evita y la UTEP tienen otro plan para esos fondos y fue lo que le reclamaron al Presidente y a Massa en sus reuniones. 

Economía Popular vs. bono

“Le pedimos que el decreto que direcciona el dinero del dólar-soja sea para política social”, comentó uno de los presentes en aquel cónclave al filo del feriado XXL. Otro importante dirigente del Evita tradujo: “el Gobierno debería destinar esa inversión a lo productivo”. Esto es, medidas concretas para potenciar y desarrollar la economía popular, donde conviven diez millones de personas que están en la informalidad: un monotributo social, compra de herramientas, y hasta créditos flexibles para quienes trabajan y producen en la economía popular.

Ese plan de políticas sociales sería el contenido del Consejo de la Economía Popular que Fernández y Massa tienen “a la firma de un decreto”, según confió una fuente. En el Palacio de Hacienda se manejaron con hermetismo y enfocados en la agenda massista en el país del norte. 

¿Cuánto dinero se gastó en subsidios y planes desde el retorno de la democracia y la pobreza nunca dejó de aumentar?

Un dato histórico: el Consejo es una deuda de la ley de Emergencia Social que se sancionó el 14 de diciembre de 2016, durante el macrismo, tiempo en que el Evita había tejido una buena relación con Carolina Stanley al frente del emblemático ex edificio de Obras Públicas. 

Un dato político: el organismo tiene que estar integrado por tres funcionarios nacionales –elegidos por las carteras de Economía, Desarrollo Social y Trabajo– y tres representantes de las organizaciones sociales. Ahí entrarían el Evita, Somos-Barrios de Pie y la CCC, todas oficialistas. Afuera quedaría el MTE. “Está dando vueltas esa idea del consejo pero a nosotros no nos informaron demasiado, debe ser que no nos consideran taaaaaaaaan oficialistas”, apuntó con sorna un allegado a Grabois.

Un dato de la coyuntura: tampoco el MTE estará en el Cabildo Abierto que este lunes harán las organizaciones sociales en el estadio del club Laferrere para celebrar el Día de la Lealtad. Ni siquiera se invitó al Presidente.

En la vereda de enfrente, en la organización que conducen Pérsico y Fernando “Chino” Navarro argumentan su rechazo al bono con una pregunta que mete el dedo en la llaga: “¿Cuánto dinero se gastó en subsidios y planes desde el retorno de la democracia y la pobreza nunca dejó de aumentar?”, apuntó un dirigente también con despacho en Desarrollo Social, que le echó tierra al MTE: “Yo no creo que el bono salga”.

En medio de la disputa entre las organizaciones oficialistas y la presión contra Massa estará Tolosa Paz haciendo equilibrio. Ya con su flamante traje de ministra, tampoco confirmó el bono. “El bono tiene que ser parte de una política integral. Tiene que ser la garantía de que, hasta que esas personas no tengan empleo, va a haber un Estado que con distintos mecanismos va a sostener el plato de comida”, dijo el jueves a la noche en C5N. Y sin dar detalles, le pasó la pelota a su par de Economía, esperando su regreso desde EE.UU. “El bono es parte del compromiso que voy a seguir con Massa”.

MC

La semana pasada elDiarioAR publicó una nota de opinión del sociólogo y colega Ariel Wilkis, titulada “Sabag Montiel, hijo legítimo de la economía popular”. La intervención generó reacciones elogiosas y de perplejidad, tanto de lectore/as de a pie como de intelectuales y académicos/as. Como parte de esa conversación, proponemos abrir una reflexión franca, compañera y generosa, que necesita ser y hacerse pública en un texto como este, porque atañe a asuntos –hoy y hace tiempo– cruciales y urgentes para la vida social de nuestro país.

I.

La nota de A. Wilkis trae al debate público de estos días un aporte tan original como necesario, en la medida que ensancha la línea estricta de pensamiento en la que el progresismo argentino parecía amurallado: “sociologizar” a Fernando Sabag Montiel por intermedio de la política. Más concretamente, entender su proyecto fallido –asesinar a una de las figuras políticas más importantes de la democracia argentina actual y hoy vicepresidenta de la Nación– como expresión y resultado de los discursos de odio sedimentados en la vida pública argentina. Wilkis propone, oportuna y elocuentemente, perturbar este consenso: Ojo –nos dice–, el odio de Sabag Montiel no solo está hecho de política, sino también de economía. 

¿Qué economía es esa? El autor reconstruye sus trazos: Sabag Montiel parece ser –y enfatizamos aquí el parece– un típico cuentapropista popular precarizado –hoy supuesto vendedor ambulante, ayer presuntamente chofer de app–; parte de su biografía material refleja el deterioro sostenido de los horizontes imaginados y prometidos de integración social; otro tanto expresa su antipopulismo popular, un hecho social –tan extendido como incómodo para el progresismo– que Wilkis acertadamente trae al análisis e identifica como mecanismo de defensa: poder responsabilizar a alguien de la frustración sistémica de (mis) proyecciones de bienestar y movilidad. En síntesis, Sabag Montiel es parte de las secuelas de la “degradación urbana, social y laboral” de cada vez más sectores de las clases trabajadoras de nuestra Argentina reciente.

Ahora bien: para poder leer el argumento de la nota en estos términos y no en otros, uno se ve obligado a introducir ciertas traducciones –y traiciones, por tanto– al texto original. Empezando por el título y la primera oración. Donde dice [Fernando Andrés Sabag Montiel] “es un hijo legítimo de la economía popular realmente existente”, uno debería leer “es un hijo legítimo de la economía neoliberal realmente existente”. Y si quisiéramos precisarlo mejor, acaso deberíamos leer: “es un hijo legítimo de la precarización de la vida en el capitalismo realmente existente de la Argentina de los últimos 40 años”.

“Hijo legítimo” de la economía popular –en lugar de la economía a secas, o de la economía neoliberal– es de esos juegos de palabras que liberan –y dejan librado, por tanto– un efecto tan colateral como insoslayable: el de la literalidad, y con ella, la irradiación de una nueva marca estigmatizante sobre los cuerpos, individuales y colectivos, de las economías populares argentinas. 

En la edición de elDiarioAR, la imagen edulcorada de un Sabag Montiel vendiendo copos de azúcar viste de hijo legítimo de la economía popular al sujeto que satura, en imágenes atemorizantes, diarios y redes de todo el mundo. Los y las vendedoras ambulantes de la Argentina metropolitana y suburbana están acostumbrado/as a la asociación: la viven en carne propia en cada hostigamiento policial, cada detención, cada decomiso de mercadería, cada causa “armada” por (ser señalados como) ilegales, mafiosos, delincuentes.  

II. 

La nota de nuestro colega puede asumir lo que algunos consideran una tarea pendiente, que podría ser formulada así: Dejemos de romantizar la economía popular, porque la realmente existente es también esto. Y esto no es gente loca sino, como bien sintetizó Alejandro Bercovich en la radio, gente rota, es decir, hija de un tejido económico-social despedazado en un proceso de larga duración. Entonces, para ser justos con las palabras y las cosas, volvemos a traducir: Sabag y compañía –incluidos copos y antipopulismos populares– pueden ser parte de la economía popular real, lo cual no significa que hayan sido engendrados por ella. Y de paso agregar: las economías populares son parte del torrente de inventiva social con que multitudes argentinas se las ingenian –bien, mal, a medias, como pueden; organizadas, desparramadas, mancomunadas, sueltas– para coser y suturar los hilos del tejido. La economía popular realmente existente también es esto.

Y esto nos lleva al nudo del problema: en Argentina “economía popular” no es solo una categoría socio-laboral sino también política. Decir economía popular en singular es nombrar tanto una realidad plural y contradictoria, como un proyecto claro y legible que reivindica el derecho de esa realidad a ser vista y dignificada como existente (los que viven del trabajo que se inventan, del que les queda, del que sale; los llamados marginales e informales en los 80, desocupados y vagos en los 90-2000; ellos y todas las personas que hoy encuentran, en “economía popular”, la posibilidad de renombrarse como gente que produce y tiene valor). Este proyecto es parte de los antídotos contra –y los dispositivos de reparación-de– vidas rotas o por romperse.

Volvemos, entonces, a la contribución original y necesaria del análisis de Wilkis: introducir la economía –y todo lo que ella arrastra consigo– en la sociologización (del sujeto y el caso) Sabag Montiel. Hecho esto, su (re)ensamblaje con la política resulta simétricamente ineludible: no solo porque Sabag Montiel parece ser portavoz de un antipopulismo popular tan esparcido entre precarizados como entre acomodados, sino también por una singularidad: la degradación existencial de Sabag Montiel adherida, además, a los ribetes de minorías intensas (como las neonazis y fascistas) con las que comulgaría. Estas singularidades políticas no pueden diluirse en una única progenitora, la economía popular realmente existente; sobre todo porque ella también está hecha de los millones que, cada día y todos los días, buscan razones para darle un sentido a la vida, no a la muerte.

Julieta Quirós es antropóloga, Investigadora del CONICET-IDACOR; Karina Tomatis es economista, Docente-Investigadora de la UNC; María Inés Fernández Álvarez es antropóloga es Investigadora del CONICET-CITRA,UMET/FFyL, UBA.

JQ/KT/MIFA

–Al principio no me daba más la mano; la tenía toda hinchada de tanto bochear –dice mientras gira en círculos la muñeca. 

La mano es de Julia Careaga y lo que “bochea” en el aire es el helado que desde febrero de 2020 vende en su casa del barrio La Juanita, en Laferrere, La Matanza. Mientras habla, el sol estalla contra el frente de la construcción pintada de rojo y amarillo, los colores recién retocados de Vía Bana, la segunda marca de Grido. En la vereda hay algunos bancos hechos con pallets y también unas rodajas de un árbol de palta que tuvo que remover de su patio y convirtió en asientos para la clientela. “En verano es una locura esto. Ese árbol se pone todo verde y están todos ahí abajo a la sombra tomando helado; lleno de chicos”, dice. 

Julia, que tiene 68 años recién cumplidos, fue la primera en abrir una de estas “heladerías sociales” en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 815 Vía Bana en todo el país, repartidas en las 24 jurisdicciones: de Tierra del Fuego a Jujuy. Fue un boom de pandemia. 

La marca Vía Bana nació con Grido hace 22 años, pero según cuenta a elDiarioAR Diego Llepeue, ejecutivo a cargo de las heladerías sociales dentro de la empresa, se reconvirtió a fines de 2019, luego de que uno de sus fundadores se inspirara en el libro Hacia un mundo sin pobreza, del Nobel de la paz Muhammad Yunus, “el banquero de los pobres”. “En Bangladesh él se alía con Danone, que fabrica yogur a gran escala para atender a las grandes ciudades y se lo vende a las amas de casa pobres a un precio muy accesible. Ellas lo retiran y lo venden en sus barrios, en sus aldeas”, explica.  

El modelo servía porque Grido también produce a gran escala: es el cuarto productor de helado a nivel mundial. De su fábrica cordobesa salen 84 millones de kilos anuales que abastecen a las 2.000 franquicias que tiene Grido en la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay –próximamente también en Bolivia y Perú– y en las 815 heladerías sociales de Vía Bana.

El helado que Julia vende es el mismo que el de cualquier heladería Grido. No hay diferencia en la calidad, pero sí en el precio. Este miércoles 20 de julio de 2022 ofrece un cono de una bocha a $70, un cuarto kilo por $140, un kilo por $520 o dos por $1.000. La mitad que lo que valen en Grido –una marca barata respecto de su competencia–, lo que se explica porque no tienen gastos de empleados ni de local; el modelo implica que la heladería sea trabajada por la propia familia en la casa en la que viven. 

“Tenemos los mismos gustos que Grido, aunque algunos menos. Ahora lo que más piden los adultos es capuccino. Los chicos, chocolate, dulce de leche, frutilla”, dice Julia. Todos los sabores están escritos en carteles hechos a mano y pegados sobre una pizarra forrada de papel brillante. La habitación no está pintada, pero sí decorada con esmero: hay cortinas de cotillón tornasoladas, luces de colores, guirnaldas navideñas, una bola de boliche, los trofeos de fútbol de uno de sus nietos.

 “Para mi es una alegría darle un helado a los chicos del barrio. Me emociona porque son chicos a los que capaz la familia no los puede llevar al centro a comprar helado. Las mamás me dicen: ¿qué hacemos si vos cerrás?”, dice Julia, que tiene un flujo de clientes garantizado: un jardín de infantes enfrente, una escuela a dos cuadras, una cancha de fútbol donde se juegan campeonatos, una feria popular. Su ventana a la calle es el punto de encuentro y celebración. 

Pero Julia es emprendedora desde mucho antes de Vía Bana. Llegó a la Argentina en los años 70 desde Paraguay, donde ya estaba su hermana, que los fue trayendo a todos. Su marido, alcohólico, se fue de la casa cuando sus tres hijos todavía eran chicos y ella los crió gracias a los ingresos que generaba por dos vías: limpiando en casas de familia y con un carrito de golosinas con el que se estacionaba en la salida de un colegio del barrio. No vendía solo golosinas; también “helado en bolsitas” que preparaba ella misma todas las noches. Los hacía de fruta estilo naranjú y también de crema, de chocolate, sabor flan. Tiene solo cinco años de aportes registrados, que pagó ella misma con el monotributo y está tratando de gestionar una jubilación vía moratoria. Como el 90% de las mujeres en edad jubilatoria, no podría acceder de otra manera. 

Abrió la heladería en su casa en febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia y las medidas de confinamiento, pero funcionó igual. De hecho, las heladerías sociales Via Bana crecieron en ese contexto en que las personas dejaron de trasladarse masivamente a sus trabajos en los centros urbanos y se fortaleció el consumo en los barrios. Provista de alcohol en gel y plásticos protectores continuó sirviendo helado a sus vecinos, que lo tomaban al aire libre, sobre la calle asfaltada. Un recreo seguro y permitido.

A través del Banco Santander, Grido financia a tasas bajas las inversión que las familias necesitan para empezar con la heladería, que en general consiste en comprar un freezer y $25.000 en helado. La pintura roja y amarilla corre por cuenta de la empresa cordobesa, igual que la cartelería. Julia no se acuerda de cuánta plata fue su inversión inicial, porque la devolvió “en cómodas cuotas”. “Ni la sentí”, dice. Pero el ejecutivo de Grido aclara: no es caridad ni un subsidio, sino un modelo de negocios solidario que le reporta ganancias a todas las partes que participan. 

“Actualmente tenemos una tasa de incobrabilidad en los préstamos iniciales del 7% porque fuimos eligiendo mejor los perfiles”, dice Llepeue.  El año pasado se inscribieron 14.000 postulantes, de los que abrieron 800. La empresa busca que más del 80% sean mujeres, que sea su único empleo y que efectivamente exploten ellas mismas la heladería. El objetivo es que generen un ingreso equivalente a una canasta básica familiar, en torno a los $100.0000, para lo que necesitan vender alrededor de 300 o 350 kilos por mes. Algunas lo logran y otras no. En verano, Julia vende 250 kilos por semana. 

Cada heladería social tiene un padrino o madrina, que es el titular de alguna franquicia Grido cercana. El de Julia se llama Julio Anez y tiene su local a unas 20 cuadras, sobre una arteria comercial de González Catán. “Él me enseñó a bochear”, dice ella, ambos sentados en la puerta de su casa. Anez apadrina a otras siete heladerías sociales y es el encargado de transmitir el saber comercial y de recibir la mercadería y guardarla en su cámara de frío hasta que cada emprendedor vaya a buscar lo suyo. El helado de Julia lo busca su hija Gloria, que es chofer de Uber y aprovecha el auto para hacer el traslado. 

Toda la familia participa del emprendimiento. Elvio, otro hijo de Julia, la ayuda a atender y es quien hace los números. “Me reta porque yo me olvido de anotar, pero él es muy prolijo. A fin de mes me dice: esto es tuyo, esto es mío y con esto vamos a comprar más helado”, dice. Elvio tiene 28 años y está terminando el secundario por internet; cuando se gradúe quiere buscar trabajo en Bariloche. 

En esta casa de La Matanza vive además su hija Gloria y sus dos nietos adolescentes, Octavio y Lucía. Su hermana María Elena también pasa mucho tiempo en esta casa porque no le gusta estar “encerrada” en el edificio de Caballito donde su marido es encargado.

–Los chicos vienen a la heladería y preguntan por ella para que los atienda –dice Julia.

–Porque yo soy más simpática, muy alegre, a los chicos les doy charla –bromea María Elena. –Ella me dice “me vas a fundir” porque a veces vienen dos, tres chicos y uno solo tiene plata y los otros están mirando. Y no, qué voy a hacer yo, no puedo; le doy una bochita a cada uno, les doy globos si nos quedan de un cumpleaños. Se ponen re contentos por un globo. Esta heladería es una alegría para el barrio porque acá no hay tanto para ir a recrearse; no hay buenas plazas, nada.  

Julia conoció el proyecto de heladerías sociales en la cooperativa La Juanita, donde trabaja cuatro horas todas las mañanas coordinando actividades. Recibe por esa tarea un pago que, aclara, no proviene de un plan social sino directamente de la organización. 

–¿Entre ese ingreso y lo que sacás de la heladería te alcanza para vivir bien?

–Sí, sí. La verdad es que yo me doy todos los gustos; como lo que quiero. Ahora estamos esperando el veranito para agrandar la heladería, comprar otro freezer para poder tener más sabores. Yo ya dije: yo me muero acá, con mi heladería.

DT

Como cada vez que hay una convocatoria en la Plaza de los Dos Congresos: el humo de los chulengos, el bombo, el mate, la ronda, el bebé que toma la teta, la doña que descansa las piernas en el banquito plegable. Como cada vez que hay una convocatoria en Plaza de Mayo: las banderas en alto, las cañas que cortan el paso, el megáfono que escupe consignas, otros bombos, otros mates, los nenes durmiendo en los brazos. Diez cuadras dividen una plaza de la otra: frente a la Rosada, la Unidad Piquetera; frente al Congreso, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Esta tarde lo que unió una plaza con otra es que la guita no alcanza. 

Las diferencias políticas entre piqueteros y representantes de la economía popular son, a la vez, sutiles y complejas. Pero si alguien levantara un dron sobre la convocatoria de la izquierda piquetera y otro sobre los feriantes que representan a la economía popular, aparecería el primer contraste. Mientras la zona del Congreso bulle y huele a pescado y a madera y a verdura y “mire qué barata la pastafrola”, la Plaza de Mayo está quieta, rígida, en pausa, ni una bandera flameando. De un lado se promueve una posible solución a la pobreza reduciendo el precio de los productos al sacarse de encima a los intermediarios y piden, además, ser reconocidos como trabajadores plenos. Del otro se plantan en contra del “ajuste” y reclaman medidas económicas que favorezcan a los laburantes; menos mercado, más trabajo genuino. En ambos quieren plata: una paritaria social y popular, un salario básico universal.

Ladrillos, acelga y pescado: todo lo que necesita el ciudadano

Acá está Rodrigo Barrios con sus compañeros. Son de Moreno y fabrican ladrillos desde hace un año y medio. Arrancaron levantando el material con pala. Vendieron unos cuantos ladrillos y pudieron comprar la mezcladora. Su emprendimiento se llama Blockear y los ladrillos son ladrillos, pero, pero, pero: “El bloque de 12, sale $95 la unidad. En un corralón, un ladrillo de esa medida te lo venden a $180. Además, estos son más grandes. Te ahorrás tres ladrillos por metro cuadrado. Y otra cosa, los nuestros son 33% más resistentes que los ladrillos comunes”, dice Rodrigo y a mí me da ganas de comprarme uno y llevármelo a casa. Un ladrillo no es una pavada. Con unos cuantos de 12 levantás una casa. Con los de 8, separás un ambiente. 

El paquete de acelga a $50. Es una acelga de esa acelga re poderosa, más verde que el verde. “Estamos acá para mostrar que hacemos un trabajo real y genuino. Estamos acá para que la gente sepa quienes somos: trabajadores que meten mano en la tierra, artesanos, constructores, promotores territoriales de género… No queremos planes, no queremos punteros”, dice con un envión de bengala Elida Britos, responsable de promoción de la Mesa Nacional de la Organización 25 de Mayo. Este es el stand del Frente Agrario Tierra Mía de La Plata. A nuestros pies, ordenadas en cajones, hay unas lechugas que parecen ramos de novia. Da ganas de plantar en el balcón.

Luis Guidotti fríe cornalitos. Los trajo desde Mar del Plata con sus compañeros de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Mar del Plata. “Tenemos que acercar a la gente al pescado”, dice Luis y yo le digo que qué bueno, pero le digo, también, lo obvio: caro, el pescado. Luis ofrece un cornalito recién salido de la freidora y mientras mastico sin pensar que estoy por tragar los ojos de un pez, Luis explica: “El pescado no es caro. El kilo de cornalitos te lo llevás de acá por $600, mientras que en la pescadería está el doble, $1200. El problema son los intermediarios, que encarecen el precio final del producto”.

Los piqueteros sean unidos

“Las posiciones pueden ser diferentes en términos políticos, pero los reclamos son muy parecidos: refuerzo del ingreso económico para compensar el 34% que se perdió de poder adquisitivo, aumento para los jubilados, aguinaldo para los cooperativistas…”, dice Juan Grabois a elDiarioAR. Es abogado, militante de la organización Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) y fundador del Frente Patria Grande. Y Grabois es, también, un tipo requerido esta tarde. 

Cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández, la semana pasada salió al cruce de Silvina Batakis, flamante ministra de Economía, en al menos dos programas de radio, uno que emite Radio con Vos y el otro que va por Futurock, suficiente para alcanzar audiencias dispares. Pregunto a Grabois si no es un poco temprano para cuestionar a una funcionaria a un día de tomar el cargo: “Es que Batakis les habló a los mercados, no a los trabajadores”, responde. Grabois fue y vino varias veces de Congreso a Plaza de Mayo. Un hombre péndulo, un hilo conductor, cable canal.

Son las 15.30, es el turno de la vuelta de Madres a la Pirámide de Mayo. Avisan por micrófono. Todos nos corremos un poco. Circulan las Madres. Sobre el pasto, sobre el barro, sobre cartones. Sobre las avenidas que circundan la Plaza. Todo está tapizado de madres. Hay generaciones de madres acá. Hay tres, cuatro generaciones de mamás. Hay madres de veintipico con los rodetes altos y tirantes y el chico mecido en el cochecito. Hay madres entreteniendo nietos. Hay muchas mujeres. Salvo por alguna manta que amortigua el asfalto, nada indica que vayan a pasar la noche aquí. No habrá, como se ha dicho, acampe alguno. Demasiada cría a la intemperie.

Los piqueteros acaban de rebotar en el Ministerio de Economía: “No es acá, el reclamo debe hacerlo en Desarrollo Social, igual pasen la semana que viene que quizás audiencia con la ministra haya”, les dijeron. Campera de cuero, buzo polar, el pucho encendido, Grabois anda rodeado de banderas: Barrios de Pie, Polo Obrero, MST, MTR, Bloque Piquetero Nacional, Unidad Piquetera. No ve al pibe que, muy cerca suyo, se abraza a la caña que es gruesa y es una de las tres que sostiene una bandera larga y pesada. El pibe no da más. No da más. Y cuando encuentra unos ojos cómplices lo dice en voz alta: “Che, no da para más esto”.

VDM

Y un día se produjo la respuesta de Alberto Fernández. Esta tarde, en un acto en la CGT, el Presidente llamó a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su “mensaje de unidad” durante la última presidencia, a la vez que sostuvo que el líder justicialista “no necesitó una lapicera”.

“Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro de que lo acompañe en la empresa que va a empezar”, subrayó el jefe de Estado. El Presidente respondió a una frase que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de los 100 años de YPF, el 3 de junio en Tecnópolis, cuando le dijo: “Te pido que uses la lapicera” para gobernar.

“El poder no pasar por ver quién tiene la lapicera, sino por el que tiene la capacidad de convencer, y convencer es una tarea mucho más ardua, pero más segura”, recalcó Fernández al encabezar el acto homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la sede cegetista.

El Presidente afirmó que Juan Domingo Perón “fue un hombre inmenso que hizo la mayor revolución social en Argentina”, y aseguró que el exmandatario “fue un pragmático que entendió que lo más importante eran las herramientas para mantener los derechos”, y consideró que en la actualidad “hay que darle vida a la economía popular”, cuyos actores “no pueden quedar desamparados” en el actual contexto mundial.

Fernández destacó que en la historia de la Argentina “hubo un antes y un después” de Perón, y recordó que sufrió el exilio y hasta se prohibió que fuera nombrado después de su derrocamiento, a la vez que señaló que “la presión social del pueblo fue tan grande que debieron permitir su retorno a la Argentina”.

“Perón advirtió en su último mandato que era indispensable crear valores para gobernar”, afirmó el Presidente, y aseguró que el exmandatario creía que “el poder pasa por la capacidad de convencer”.

En otro pasaje, Fernández dijo además que el Justicialismo “impulsó la salud pública con la figura de Ramón Carrillo” y consideró que los opositores a Perón “fueron impiadosos” con su obra de gobierno.

Sobre la marcha de la economía, remarcó el crecimiento sostenido, un incremento del 82% en la recaudación fiscal y la creación de 1.200.000 nuevos empleos. “Llegamos al gobierno para poner el equilibrio (económico y social) que se había roto. En el peor escenario tuvimos que enfrentar deudas, ordenar la economía, reconstruir el sistema de salud. Y lo estamos haciendo”, dijo optimista el mandatario.

Por otra parte, afirmó que durante la pandemia de coronavirus “se vio lo que significaba la presencia del Estado” y recordó que, “a pesar de haber recibido un país endeudado”, su gobierno trabajó para que “ningún argentino se quedara sin atención médica”.

En esa línea, consideró que “si después de la pandemia no se entiende que debemos hacer un mundo más igualitario es que no entendimos nada”, y citó a Perón al afirmar que “la única forma de realizarse es en comunidad”.

El Presidente también reclamó poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia “porque es tiempo de reencuentros” en un mundo que sale de una pandemia, y consideró que en el actual contexto global “los argentinos tienen que estar unidos para tener una patria libre, justa y soberana”.

El acto, que se hizo en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, fue convocado por el Partido Justicialista con el lema “Perón siempre vuelve”, en homenaje por el 48 aniversario del fallecimiento del expresidente.

Alberto Fernández llegó al histórico edificio de la calle Azopardo poco después de las 18, y junto a algunos integrantes del Gabinete nacional se dirigió primero al 4 piso de la central sindical (donde esté el salón donde se reúne normalmente el Consejo Directivo) para mantener una reunión con dirigentes de la CGT, de la que también participaron algunos gobernadores como el bonaerense, Axel Kicillof.

Además de Kicillof, en el acto estuvieron presentantes los mandatarios provinciales, Jorge Capitanich, (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además de funcionarios nacionales, como el canciller, Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros, de Interior, Wado de Pedro; de Economía, Martín Guzmán y de Justicia, Martín Soria.

Otras figuras del Gabinete fueron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopidis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Agricultura, Julián Domínguez, además de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Entre los sindicalistas, estuvieron Antonio Caló (UOM), Hugo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Smith (Dragado y Balizamiento), Gerardo Martínez (Uocra), Amadeo Genta (Municipales porteños) y Mario Calegari (UTA).

Entro los dirigentes sociales estuvieron el coordinador nacional de Barrios de Pie y Subsecretario de políticas de integración y formación en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, el referente del Movimiento y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico y Luis D'Elía.

También llegaron hasta el salón Felipe Vallese, Gabriel Fuks (designado embajador ante Ecuador) y el diputado nacional Julio Pereyra y el exintendente de Berazategui, Juan José Mussi.

En una de las butacas de la sala también se ubicó Carlos Pascual, más conocido como “Tula” o como el bombista mayor del PJ, como se autodefine, quien contribuyó a la liturgia peronista del acto.

DA

Más de 25 organizaciones piqueteras se reunieron este miércoles con las centrales obreras CGT y CTA Autónoma para solicitarles que intercedan ante el Gobierno con un “pliego de reclamos” ante el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, entre otros puntos.

En una rueda de prensa previa a la reunión en la sede central de la CGT en Azopardo 802 (CABA), el referente del Partido Obrero (PO), Eduardo Belliboni, señaló: “Venimos a reclamar más combatividad a la CGT. Queremos un paro nacional y un plan de lucha continuo que tenga una salida económica, donde la salida no sea el ajuste a los trabajadores”.

“Queremos saber cómo cree la CGT que es la mejor manera de defender a los trabajadores y los salarios porque cada vez más se nota el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno es cómplice”, agregó.

Belliboni se preguntó “¿qué están esperando?” los dirigentes de la CGT para sumarse “a la lucha de los trabajadores”, y consideró “no habrá milagros ni soluciones mágicas” ante la suba de los precios.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados. Hay que impulsar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera. Hay que llamar a un paro nacional inmediato y a un plan de lucha progresivo para derrotar el ajuste en marcha”, remarcó el dirigente del Polo Obrero.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados, para votar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera, un paro nacional inmediato y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha”, advirtieron.

Estas agrupaciones tienen previsto además concretar un “plenario piquetero nacional” el lunes 13 de junio en el Obelisco, donde se votará un “plan de lucha progresivo que convoque a los trabajadores a luchar en unidad para derrotar el ajuste”.

Participan las organizaciones Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros.

Para Plaini es “histórica” la visita de piqueteros a la CGT

El senador bonaerense y dirigente del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, calificó como un suceso “histórico” que dirigentes de organizaciones piqueteras a las que definió como de “ultraizquierda” visiten por primera vez la CGT para analizar distintas propuestas ante los aumentos de los precios, pero advirtió que desde la central obrera no son partidarios de lanzar “medidas extremas”.

“Hoy vamos a recibir a este conjunto de organizaciones y analizaremos en conjunto cuáles son las propuestas y dificultades de esos sectores. Esto es histórico. Por primera vez la ultraizquierda visita a la CGT en sus 92 años de historia que vamos a cumplir en septiembre”, afirmó Plaini en declaraciones a radio AM 750.

“Los vamos a escuchar y vamos a intercambiar. Celebro el encuentro y que nos podamos ver cara a cara para analizar, discutir y ver cuáles son los asuntos que necesitan algún tipo de acción directa”, expresó Plaini.

En ese sentido, el dirigente canillita sostuvo que aunque “algunas cosas se van resolviendo” también hay “dificultades” y llamó a analizar “cuál va a ser la actitud del campo popular” porque “es terrible lo que propone Juntos por el Cambio (JxC) y los empresarios”.

“Todos los que nos denominamos sectores populares tenemos que aportar ideas y el gobierno más que nadie. Hay que resolver los problemas de alguna manera. Tenemos que ver cómo intentamos lograr para eso una correlación de fuerzas. No soy partidario de medidas extremas sin antes agotar todo lo que haya que agotar, pero vamos a escuchar a los compañeros para ver qué plantean”, completó.

Economía Popular, a la COPAL contra el aumento de precios

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) marcha desde las 10.45 a la sede la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en una protesta bajo el lema “Con la comida no se jode”, contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron voceros de la organización.

“Bajen los precios, con la comida no se jode”, es el eje de la marcha desde las inmediaciones del Obelisco a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño.

“Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen”, anunció este martes la UTT a través de un comunicado de prensa.

La manifestación de la UTEP cuentan con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otras organizaciones.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que “en la pandemia (de coronavirus) toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas”, como “las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional”.

“A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula”, puntualizó.

“Verdurazo” de la UTT para reclamar la Ley de Acceso a la Tierra

Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se concentraron desde las 11 en la esquina de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio en el marco de la realización de un nuevo “verdurazo” de protesta en Plaza de Mayo, en reclamo de la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra, y de “políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar”.

Con algunos camiones de carga y tractores, la protesta, -que comenzó pasadas las 10.30-, consistirá en la donación de 30.000 kilos de alimentos a los vecinos que se acerquen a Plaza de Mayo, informó a Télam Lucas Tedesco, vocero de la organización campesina.

Según explicaron los organizadores, la “jornada de lucha se desarrollará en todo el país con la exigencia al Congreso nacional de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra y por políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar, quienes producen más del 60% de los alimentos para las familias argentinas”.

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra impulsado por la UTT, que representa a pequeños comerciantes y familiares agricultores de todo el país, fue presentado por cuarta vez en este año en el Congreso por la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau.

Con información de agencias.

IG

El pasado viernes, Juan Grabois compartió un panel con Gustavo Grobocopatel en el marco del II Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba. El debate, que giró en torno al modelo de desarrollo productivo argentino y cómo se inserta la economía popular en este, despertó polémica ante los dichos del referente del MTE, que sin titubear manifestó que si se tenía que dar un beso con Grobocopatel para que “50.000 compañeros agricultores tengan la posesión perpetua de sus tierras”, no dudaría un segundo en hacerlo.

Algunos sectores políticos, con manifiesta perversión, optaron por levantar sus dichos argumentando que dicha aseveración constituía un pacto espurio con la patria sojera, encarnizada en la persona de Grobocopatel. Al respecto, corresponde señalar que dicha construcción, además de contar con malicia, goza de una evidente torpeza. Vamos por partes.

Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo. Asimismo, cuenta con una baja densidad poblacional (16 habitantes por km2), y concentra el 92% de su población en ciudades. Pese a ello, la tierra se encuentra concentrada en unas pocas manos. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 por el INDEC, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra. En la misma línea, según el registro de Tierras Rurales de la Nación, casi el 40% del territorio argentino es propiedad de 1.200 terratenientes. En contrapartida, un 40% de los habitantes del país no tienen acceso a tierras o vivienda propia. La desigualdad también es de género. En tanto que el 78% de las explotaciones están manejadas por hombres, apenas un 20% son controladas por mujeres.

Así las cosas, queda claro que el foco debe estar puesto en repartir la tierra para quienes la viven y la trabajan. Y a eso apuntan los movimientos populares en su búsqueda por acuerdos que, por una vez, favorezcan a los que menos tienen. Grabois no es ajeno la realidad efectiva que vivimos las grandes mayorías: años de deterioro del salario y de las condiciones de trabajo, a los que se adicionan años de degradación de nuestros ecosistemas. En ese contexto, a pesar de la evidente necesidad de encontrar soluciones reales, pareciera que algunos sectores prefieren hacer gala de su superioridad moral, en lugar de buscar medidas concretas que transformen la realidad. Una realidad apremiante que demanda soluciones urgentes.

Estas posturas, dogmáticas e inflexibles, tienen sin embargo una alternativa más luminosa. Una que nos obliga a habitar la incomodidad de llegar a acuerdos, y arbitrar todos los medios a nuestro alcance para dar respuesta a las impostergables problemáticas que enfrentamos. Pues la realidad no se transforma con los que pensamos lo mismo.

Esta segunda alternativa reconoce no tener todas las soluciones. No se pretende única, iluminada o mesiánica. Sabe que los desafíos son inconmensurables y sabe que se requieren transformaciones sin precedentes. Sin embargo, la urgencia del padecimiento en primera persona la previene de la parálisis y la comodidad de la inacción. La búsqueda de acuerdos con representantes de modelos e intereses contrapuestos no sólo no constituye un renunciamiento a las convicciones sino que, por el contrario, implica hacerlas carne y ponerles el pecho.

En palabras de Grabois: “Asociando el modelo sojero a la ‘muerte’ y al ‘veneno’ no resolvés ningún problema. Los problemas en la Argentina no se resuelven con palabras, se resuelven con acciones”. No nos confundamos. En el estado actual de las cosas, sostener que “todos son malos menos yo” no supone ningún acto revolucionario. Por el contrario, el verdadero acto revolucionario yace en avanzar en la conquista de derechos para las grandes mayorías. Este es el único indicador de éxito que nos debe dejar con la conciencia tranquila.

¿Implica esto renunciar a la disputa por un modelo alimentario sostenible, que desmercantilice el acceso a una alimentación sana y proteja a los ecosistemas de la degradación? Nada más lejos de la realidad. En efecto, el modelo sojero ha afectado irreparablemente a la salud humana, la de nuestros bosques y a nuestra demografía rural. Ha vulnerado derechos, ha silenciado luchas y se ha cobrado vidas.

Durante años, Juan Grabois y el MTE han defendido territorios, han construido poder popular y comunidad organizada. Y así lo plasmó textualmente en la charla cuando afirmó que “el agronegocio sojero de base transgénica es marcadamente improductivo” por los pasivos ambientales y sociales que genera citando los desmontes, la expulsión del campesinado y los pueblos originarios, denunciando los problemas de salud que produce y las muertes de los niños wichí en el chaco salteño. Marcó también que quienes se dedican a esos negocios no tienen “pensamiento científico sino religioso, pero de la religión del Dios Dinero”.

Todo esto comentó al lado del llamado “Rey de la Soja”. ¿Dónde está la complicidad? Lo que Grabois reivindica es la posibilidad de hacer acuerdos en tanto y en cuanto beneficien nuestros objetivos comunes, sociales y ambientales. Ahora bien, transformar este modelo no será una tarea de un día para el otro. La palabra clave es la de la transición. En palabras de García Linera, ninguna revolución podrá realizarse hasta que no haya una masa social políticamente en movimiento, lo suficientemente extendida territorialmente y técnicamente sostenible. En criollo, para dar la batalla, las grandes mayorías tenemos que contar con los medios para ello.

Mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo no es un objetivo de máxima, que se logra en un horizonte lejano e idílico: es un imperativo ético y de supervivencia del presente. Es hora de abandonar la idea de que las grandes mayorías debemos batallar desde la inferioridad de condiciones, teóricas y prácticas; es hora de militar para vivir mejor y ser felices. Pues nada grande puede lograrse con la tristeza.

En un clima signado por la desesperanza y el hartazgo, construir ese horizonte es lo más valioso que podemos hacer. En ese proceso, la transición demandará esfuerzo y persistencia. La crisis climática y ecológica, la extrema desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos, nos obligan a emprender transformaciones estructurales, sin dejar a nadie atrás. Cambios que sólo podrá impulsar un ambientalismo popular, un ambientalismo con la gente adentro, que avanza inclaudicable hacia la victoria y no pierde jamás de vista su objetivo de máxima: la conquista de derechos para las grandes mayorías.

A fin de cuentas, una militancia sin ética no tiene rumbo. Pero una militancia sin vocación para transformar la realidad es ineficaz.

Los autores son Jóvenes por el Clima y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

AR

En nueve provincias del país hay más trabajadores y trabajadoras que pertenecen al universo de la economía popular –son aquellos que “inventan su trabajo” y están por fuera del mercado formal– que en el sector asalariado privado registrado. Se anticipa que esta situación se confirmará también en otras jurisdicciones a medida que se engrose la base de datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), que empezó a construirse a mediados de 2020. 

Los números le dan fuerza a una postura que impulsan desde distintas organizaciones sociales y que el propio presidente Alberto Fernández comenzó a internalizar en su discurso: la economía popular no es una economía de subsistencia que contiene excepcionalmente a los argentinos y argentinas en momentos de crisis, sino un modo de producción distinto que debe ser reconocido en su particularidad y que incluye a alrededor de 8 millones de personas en el país. 

Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán son las provincias que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que asalariados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Otras provincias como Corrientes y San Juan están muy cerca de romper el equilibrio. 

En el informe previo, correspondiente a agosto de 2021, las provincias en esta situación eran siete. En el registro anterior a ese –el primero del Renatep– eran cinco. Mientras que la economía popular crece, el trabajo asalariado formal está virtualmente estancado hace una década en torno a los 6,6 millones de personas, por lo que se espera que a medida que mejore el registro la situación se vaya replicando en otras provincias. 

Los datos publicados recientemente por el Renatep, que llegan hasta febrero de 2022, muestran un universo de 3,2 millones de personas que “han creado su propio trabajo por fuera de relaciones asalariadas formales”, lo que representa un incremento del 14% respecto del informe anterior. Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, explica a elDiarioAR que la magnitud de este incremento no responde necesariamente a un aumento de personas dentro de este segmento, sino una mejora del registro, que cada persona puede hacer voluntariamente. 

“Es un universo que tiene condiciones que ya son estructurales. Cuando la economía se recupera, cuando crece el PBI, esos mismos trabajadores de la economía popular mejoran sus ingresos, pero no diría que se suman personas a hacer ‘changas’ o, al revés, que dejan sus oficios en la economía popular para insertarse en el mercado formal. No se ve un gran movimiento en la frontera mercado laboral registrado/informal”.

En la economía popular la mayoría son mujeres (57,8%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes que en el mercado formal

Chena apunta que en algunos casos puntuales se observan incluso mejores ingresos en el sector informal que en el mercado registrado. “Se combina que los salarios del sector formal están muy bajos y que con una actividad económica repuntando muy rápido, mejoran los ingresos de quienes hacen changas”, dice Chena, que de todos modos propone revisar el concepto de “changas”. “Es trabajo”, dice. 

El Renatep permite conocer mejor esa economía sumergida y muestra diferencias cruciales con el mercado laboral formal. Por ejemplo, en la economía popular la mayoría son mujeres (57,8%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años (27,1% versus 6,7% en SIPA). La experiencia del primer empleo, en la Argentina, se da sobre todo en la informalidad. 

Solo el 22,3% de los inscriptos percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5%, el programa Potenciar Trabajo. A su vez, casi el 60% trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Esto quiere decir que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria. 

Para las cerca de 725.700 personas que efectivamente reciben el Potenciar Trabajo,el programa actúa como un “salario complementario” de sus ingresos. Excepto para los trabajadores de servicios comunitarios (que son fundamentalmente mujeres que desempeñan sus tareas en comedores y merenderos), para quienes es su único ingreso. 

Con respecto al nivel educativo alcanzado por los trabajadores y trabajadoras del Renatep, se observa que más de la mitad no completó los estudios obligatorios (61,1%) y en los casos que sí lo hicieron, el 28,7% completó el nivel secundario. Solo el 10,2% declaró estudios superiores. 

En relación a la rama de actividad, el 62,4% de los inscriptos pertenece a la categoría “servicios personales y otros oficios” (33,6%), que engloba actividades como limpieza, peluquería, cocina, jardinería, reparación de autos, pintura, zapatería. El rubro que sigue es “servicios sociocomunitarios” (28,8%), donde fundamentalmente se encuentran trabajadores de comedores. El otro 37,6% se distribuye entre el resto de las ramas, que va de comercio a pesca artesanal y reciclaje. 

En sus últimas intervenciones públicas, el Presidente se refirió a la economía popular, un sector que “existe” y que, por tanto debe ser “atendida”. En el Gobierno se evalúa incluso crear un ministerio específicamente dedicado a esta temática, como una manera de jerarquizar la discusión. El planteo se vincula con otro que por estas horas agita un debate al interior de la coalición del Frente de Todos: cuál es el modelo de de desarrollo económico impuesto y qué lugar tiene la distribución. 

“Mi punto de vista es que no alcanza con dejar intacta la forma de crecer y luego redistribuir. Es decir, permitir que crezcamos de manera concentrada y luego repartir el excedente”, dice Chena, que pertenece al Movimiento Evita. “Nosotros decimos que hay que crecer de manera distinta; distribuir mejor, no redistribuir. Si desarrollamos la economía popular un pescador artesanal puede acceder al crédito, capitalizarse, comprar insumos, mejorar sus ingresos. Va a ganar mejor no por un proceso que redistribuye vía impositiva la ganancia de empresas concentradas; eso es crecer desde abajo”, apunta. 

DT

El barrio Mugica, popularmente conocido como la Villa 31, en Retiro, está decorado por las Fiestas. Hay moños rojos pegados a las puertas y algunas guirnaldas brillantes enroscadas sobre las rejas que protegen las estructuras que crecen hacia arriba, en edificios precarios de hasta cinco pisos. Es viernes a media mañana y las calles están llenas. Cada tanto, los caminantes se abren para dejar pasar a los “motocarros”, motos que llevan un pequeño acoplado detrás, más adecuadas que los autos o camionetas para desplazarse por los pasillos angostos. 

En la calle Aplaca, una de las arterias comerciales del barrio, hay una dietética y un local de artículos de limpieza, y más allá, una peluquería, un salón de belleza para uñas, una ferretería, un café que exhibe donas y rolls de canela, un local de ropa, un pet shop, una barbería, una fotocopiadora, una óptica con “fabricación propia”. En la calle se venden arbolitos de navidad, ensalada de fruta, jugos, bijouterie, juguetes. Es difícil pensar en un rubro que no esté presente en estas más de 70 manzanas, donde viven cerca de 50.000 personas. 

Este es un barrio que, como tantos otros, vive de la economía popular, ese circuito productivo informal que engloba a alrededor de 7,5 millones de personas en la Argentina y a 410.000 solo en la Ciudad de Buenos Aires. Con una oferta saturada al interior de sus propios límites, uno de los principales desafíos que enfrentan los trabajadores es buscar clientes fuera del barrio e integrar los emprendimientos a las cadenas de valor formales del sector público y privado. Algo que, con el impulso de la Ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada por unanimidad en la Legislatura porteña en diciembre de 2020, comenzó a tomar forma. 

Esta ley propone herramientas para resolver los tres principales obstáculos de este tipo de negocios: límites en su capacidad para producir; canales de comercialización inestables y endogámicos y falta de financiamiento. Entre otras cosas, crea programas de capacitación, una línea de incentivos económicos del Banco Ciudad, un fondo que combina capital público y privado para financiar proyectos productivos (Fondes, que estará activo a partir de febrero de 2022) y establece un marco regulatorio especial para que las cooperativas puedan ser proveedoras del Estado.

Hay algunos emprendimientos pioneros en este camino. Las Palmeras es un restaurante ubicado en la calle Carlos Perette que, en plena pandemia, se incorporó a la plataforma de delivery Pedidos Ya y empezó a despachar ceviche, causas y otros platos peruanos a Recoleta, Retiro, Congreso y la zona del microcentro. 

“La única diferencia es que Pedidos Ya a todos les manda el delivery y acá no porque los repartidores tienen miedo de venir para esta zona. Entonces los contrato yo; les pago un fijo a unos chicos para que me hagan los repartos en bicicleta”, cuenta José Luis Zapata, que abrió el local hace seis años. Ofrece sus platos a clientes de los barrios más elegantes de la capital al mismo precio que lo pagan quienes se sientan a comer en este espacio con mesas de madera, decorado con peceras y con suculentas de hojas largas. 

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, señala que hay tres rubros en los que el barrio tiene mayor potencial como proveedor: textil, gráfica y catering. “La ley busca formalizar y hacer crecer el trabajo que ya existe en el barrio, que es mucho; no es que inventa emprendedores”, explica. 

Migliore recibe a un grupo de periodistas en la oficina del Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (Cedel), ubicada frente a la manzana más alta del barrio (el promedio es 2,5 pisos, pero acá algunas estructuras tienen hasta cinco) en el lugar que antes estaba “el galpón de Tarzán”, un búnker narco demolido. Sobre la mesa hay café de Coffe Time, un local que abrió hace menos de un mes en el barrio, y medialunas hechas por Paraje Kue, que ocupa uno de los espacios comerciales ubicados en la planta baja de las viviendas construidas en el barrio, a donde se reubicaron a las familias que vivían debajo de la autopista Illia, en estructuras precarias (algunas, con la autopista como techo), que fueron demolidas. 

El nombre Paraje Kue es una expresión guaraní difícil de explicar, dice Ysabel Franco Benegas, de 54 años, dueña del local. Podría resumirse en “lo que fue”, una referencia nostálgica a Paraguay, de donde emigró en los 90 para trabajar como empleada doméstica en la Argentina. 

Ysabel empezó a convertir la cocina en su trabajo hace ocho años, cuando tuvo que dejar su empleo como personal de maestranza en una escuela privada para quedarse en su casa a cuidar a su nieto. Su sobrina había abierto una panadería en el microcentro porteño, en Tacuarí e Hipólito Yrigoyen, y le pidió dos docenas de empanadas para probar si se vendían. “Salieron todas y así empezamos”, dice. 

De a poco comenzó a sumar clientes particulares, a encargarse del almuerzo del personal de algunas empresas, ingresó como proveedora del Gobierno de la Ciudad y a un puesto de comida que está en el andén del tren Mitre, para el que esta misma mañana despachó 108 empanadas. “Es importante vender afuera porque acá en el barrio mucha gente se dedica a la comida”, explica. En el medio, hizo cursos de gestión de emprendimientos y obtuvo préstamos que le permitieron comprarse otro horno, una freidora. 

Hubo un momento de la pandemia en el que la demanda se frenó, “porque el barrio fue catalogado como prohibido”. “Decían que de acá de la villa salían todos los bichos y la gente tuvo miedo, no quería comprar lo que se producía acá”, cuenta. De a poco se fue recuperando la venta y cuando su sobrina decidió cerrar la panadería en el microcentro, fundida por la ausencia de oficinistas, entre las dos decidieron traer parte del equipo al barrio y alquilar este local, que abrieron en septiembre y por el que pagan $30.000 mensuales. Este viernes al mediodía, el local está lleno de policías que pararon a almorzar. “No saco el cartel a la calle porque tengo miedo de no dar abasto”, dice Ysabel, que empezó a cocinar esta mañana a las 5.45, para evitar que un corte de electricidad programado no le permitiera cumplir con los pedidos agendados. 

También vende empanadas y tartas por la tienda online Recoveco, el marketplace que agrupa a emprendedores de todo el barrio, donde por estos días se pueden encontrar pan dulces por $910 y cajas navideñas por $1.700. Pronto estará disponible también la plataforma Valor Popular, donada por Accenture Argentina, que reunirá la oferta de unidades productivas de distintos barrios populares, para que puedan acceder empresas de todo el país, cada vez más interesadas en hacer compras con “triple impacto”. Un ejemplo: este año Toyota hizo 7.000 regalos empresariales con plantines de La Vivera Orgánica, un emprendimiento de mujeres del barrio Rodrigo Bueno, y el hotel Hilton lo contrató para instalar una huerta en el hotel. Esa es una de las oportunidades que tienen los trabajadores del barrio, que a partir de la ley también cuentan con un sello (“Valor popular”) para certificar sus productos. 

Entre los servicios que se ofrecen para gente de “afuera”, están también los tours organizados por la agencia turística Ajayu, que por $1.900  invita a recorrer a pie el barrio, a probar su comida y conocer su historia. Esta agencia de turismo comunitaria es una de las 1.500 unidades productivas (conformadas por 5.100 personas) del barrio que están inscriptas en el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys), que creó la ley. Es solo una muestra pequeña; el objetivo del Gobierno de la Ciudad es alcanzar el registro de 3.500 unidades productivas a finales de 2022.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar la política social no solo como contención y asistencia, sino de la mano de política económica productiva”, insiste Migliore, en un discurso muy afín con el de las organizaciones sociales y reñido con el de líderes tanto de la oposición como del oficialismo que suelen dejar afuera de “las soluciones” al trabajo que ya realizan las personas por fuera de los circuitos formales. 

“Creo que hay consenso en la dirigencia política en que hay que transformar los planes en empleo formal, pero la discusión está en el cómo, y ahí hay que poner en crisis el paradigma del ‘empleo genuino’, que está en crisis en todo el mundo”, dice la ministra. “Nosotros trabajamos en capacitaciones junto con el sector privado para que las empresas puedan contratar gente del barrio, y es importante hacerlo porque eso cambia la trayectoria familiar de quienes acceden, pero creemos que eso va a ser un porcentaje minoritario. El trabajo tradicional, como se conocía hasta ahora, no es el que nos va a dar una solución de corto plazo y con escala”, apunta Migliore, para quien la clave está en formalizar, hacer crecer e integrar a las cadenas de valor el trabajo que ya existe en los barrios. 

DT

Dina Sánchez todavía estaba en la plaza pública de Dock Sud en la que había intentado arengar a los vecinos para que fueran a votar el domingo siguiente, cuando abrió el celular y vio la foto: dirigentes de algunas de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) sentados en un despacho de la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández. Todos varones. 

“La verdad es que me sentí una boluda”, dice Sánchez, que es vocera del Frente Popular Darío Santillán e integrante del Consejo Directivo de la UTEP. Replicó la foto en su perfil de Twitter y, antes de llamar a nadie, hizo público su enojo. “¿No les hace un poco de ruido esa mesa donde las únicas dos mujeres son funcionarias? ¿Les parece que el movimiento obrero puede borrarnos? Volvemos a decirles compañeros: es con nosotras”, escribió. 

Ahora, sentada en una de las habitaciones de la sede central del Frente Popular Darío Santillán, en el barrio porteño de Constitución, dice que ella no estaba enterada de esa reunión y que, si la intención era generar un encuentro entre el Presidente y los movimientos sociales, correspondía convocar al sindicato que desde 2019 los aúna y a los integrantes de su conducción: Esteban “Gringo” Castro, Norma Morales, Freddy Mariño, Gildo Onorato y ella misma. 

—¿Yo voy a cagarme de calor, a repartir papelito por papelito buscando que la plaza se llene, y otros se van a ir a sentar a tomar agüita fría ahí y hablar del trabajo que realizamos nosotras en los barrios? Bueno, no.

Dina Sánchez nació y creció en Chepén, Perú, donde su familia se dedicaba a la venta ambulante. Su madre vendía comida en la calle y además tenía un puesto en el mercado los fines de semana. Todos los días, después del colegio, Dina salía con una fuente a ofrecer los postres que su madre preparaba —mazamorra, arroz con leche— y el fin de semana era la encargada de repartir el desayuno entre los feriantes. 

A principios de los 90 llegaban a Perú rumores desde el sur del continente: en Argentina había mucho trabajo y un peso equivalía a un dólar. Las amigas de su madre emigraban para trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires y a esa suerte se aventuró también ella. Dina se quedó al cuidado de su tía y después de cuatro años de trabajar “con cama” en un departamento de Barrancas de Belgrano, su madre volvió a buscarla. 

Cuando llegó, en 1996, tenía 16 años y se instaló con su madre en Glew, en el partido de Almirante Brown. Terminó el colegio en una escuela privada del barrio y a los 18 años fue mamá por primera vez. Se mudó con la familia del padre de su bebé a Garín y comenzó a trabajar como cajera en un supermercado chino ubicado en el Puente Saavedra, a donde viajaba todos los días en el colectivo 228. 

Las cosas con su pareja no resultaron bien —él la controlaba y se enojaba si demoraba en volver del trabajo— y decidió refugiarse en lo de una amiga, en Tigre. Al mes, se enteró que estaba embarazada nuevamente, pero igual sostuvo la decisión. Para vivir, compraba alfajores Jorgito en un mercado mayorista de Carupá y los vendía en un semáforo en la zona de entrada a los countries. Llevaba con ella a su hijo Nahuel, por entonces de menos de dos años, que la esperaba sentado en la vereda mientras ella desfilaba entre los autos con cada luz roja.  

El 2001 la encontró viviendo en un conventillo de La Boca con sus dos hijos, empleada en un supermercado chino. Del estallido tiene esta imagen: los chinos repartidos en las esquinas del barrio para alertar sobre saqueos y las persianas bajas. 

En 2002 volvió a Perú para alejarse del acoso de su exmarido, y se instaló en Lima, donde trabajó en un hipermercado durante ocho años. Volvió a la Argentina en 2010, para que sus hijos, que en Perú pasaban todo el día solos, estuvieran más contenidos. “Mi hijo mayor había entrado en una etapa de rebeldía mal y mi mamá me insistía para que nos viniéramos. Pero cuando llegamos fue peor. Yo conseguí trabajo en un Wallmart de Bancalari, estaba todo el día afuera, y mi hijo acá empieza a probar el tema de la droga. Empezó a tener cambios de actitud, se escapaba, así que renuncié para estar con él”. 

Sin trabajo, se acercó por primera vez a una organización social a través de su madre, que trabajaba en el programa Veredas Limpias, en La Boca. Se sumó a las tareas del comedor, donde desayunaba y almorzaba junto con sus hijos, que volvían después a Glew para ir al colegio. Ella volvía más tarde, con el táper para la cena.

—En ese tiempo no existían los programas que hay ahora, solo el de Veredas Limpias. Yo estaba contenta de participar en la organización porque me garantizaba por lo menos la comida. 

Para juntar algo de plata para los otros gastos, con otras mujeres del movimiento organizaban ferias de verdura, “polladas” o hacían comida y postres peruanos que le vendían a los feriantes de Caminito, la mayoría de ellos migrantes. Gran parte de la materia prima la sacaban del comedor, pero también tenían un fondo común para comprar lo que faltaba. 

—A diferencia de ese tiempo, ahora hay programas. Entonces constantemente tenemos que estar recordando cómo es nuestra construcción, porque todas las personas que tocan la puerta para participar vienen con una necesidad concreta y te dicen “quiero un plan”, pero las organizaciones populares no somos empresas. No es que vos vas al Gobierno y le decís tengo mil compañeras que necesitan un programa y te dicen bueno, tomá. Eso es mentira, no pasa. Son ideas que hay que deconstruir incluso al interior de las organizaciones, entre compañeros y compañeras. Además hoy los $15.000 del plan Potenciar no te resuelven la vida. ¿Qué hacen los compañeros? O trabajan afuera o algunos se suman a las unidades productivas, que hemos fortalecido mucho en los últimos años. 

—¿Qué son las unidades productivas?

—Los polos textiles, recicladores, las comercializadoras como ésta —dice y señala a su alrededor, donde hay estantes con mercadería de cooperativas: yerba mate, legumbres, frutos secos, aceite, miel. —Ahora se habla mucho de “la reconversión de planes en trabajo genuino”, pero esa reconversión nosotros la hicimos hace tiempo ya. Hace poco estuve en Misiones y vi cómo trabajan las mujeres de las organizaciones, en grupos de costura con una sola máquina para todas. Hacen bordado chino y cosas excelentes, y parte de las ganancias va a una caja para comprar los insumos. Es lo que hacíamos nosotros en 2010 con la venta de comida o lo que están haciendo en este momento acá al lado en la cocina mis compañeros, que hacen viandas para vender. 

—La idea de “trabajo genuino” parece venir asociada a la inserción en empresas del sector formal. 

—Es que la economía tradicional quiere vivir de ilusiones. No admite que desde la crisis de 2001 se consolidó una economía que reconvierte los planes en unidades productivas, en trabajo, y que esa economía sostiene a cientos de familias. Si hablamos de empleo, ¿por qué no dotar a la economía popular de derechos y de fortalecerla? Por ejemplo, junto con la Emergencia Social nosotros presentamos un paquete de cinco leyes. Una de esa, que quedó cajoneada, era para que el 25% de las compras anuales que hace el Estado en  ambos para el hospital, sábanas, guardapolvos se lo compre a las cooperativas. Nosotros tenemos capacidad para producir y para vender. 

Sánchez dice que esa mirada “fantasiosa”, que pretende ignorar a un sector que emplea alrededor de 6 millones de personas, se refleja en otras cosas. Por ejemplo, en el acuerdo cerrado por el Gobierno con distintos sindicatos para que quienes cobren un plan Potenciar Trabajo se capaciten en las empresas de sus sectores. 

—Nuestras unidades productivas todas son también talleres, todas. Acá en el polo textil yo tengo compañeras que no sabían agarrar una aguja y andá a verlas ahora las cosas que hacen. Entonces, no entiendo: los compañeros que cobran un programa y van a capacitarse a una empresa ¿no son “planeros”? ¿Y los que se capacitan y trabajan en las organizaciones sí? 

—Empezó diciembre, que siempre viene acompañado del miedo al desborde social y este año está muy presente el recuerdo del estallido de diciembre de 2001. ¿Cómo lo ves?

—Yo veo una gran diferencia con 2001, porque desde ese momento hasta acá si bien la situación económica del país no ha mejorado, hay mucha organización en los barrios. La construcción de poder popular es muy fuerte y eso te permite contener, siempre y cuando también el Estado esté dispuesto a sentarse y a charlar. De todos modos, es difícil criticar a quienes salen a la calle a reclamar. Yo no lo puedo criticar porque es muy difícil estar en el lugar de una madre y que le digan no, el 24 no hay nada y acostá a los pibes con un mate cocido. Porque hay familias que no tienen garantizado ni siquiera una cena este 24. Yo escucho a las compañeras que no quieren que cerremos el local ni los domingos porque a ellas les sirve venir y retirar la comida, como me sirvió a mí en el 2010. El problema es que ahora no somos 10 como en ese momento; la cantidad de gente que necesita ha ido creciendo. 

Sánchez dice que se convirtió en vocera de la organización por ser “jetona” y por estar muy informada; siempre le gustó leer los diarios y mirar las noticias. En 2018, fue una de las personas que habló sobre el escenario en la Marcha Federal, en la que confluyeron organizaciones de todo el país en la Plaza de Mayo en repudio a la política económica de Cambiemos. Después de eso, recibió un aluvión de agresiones anónimas en las redes sociales. La mayoría de los mensajes la señalaban por ser peruana y reclamaban su deportación, pero algunos incluso utilizaron para atacarla por la muerte de su hijo mayor, que fue asesinado en 2017. 

Dice que en sus intervenciones públicas trata de “meterle palos a los compañeros” pero no para pelearse, sino para que “reaccionen” y le hagan lugar a esas mujeres que siempre están debajo del escenario, en la bandera de arrastre. Para que cuenten con las mujeres para encargarse de la olla, sí, pero también para tomar el micrófono. 

Hacia adelante, Sánchez considera que la UTEP debe concentrarse en dotar de derechos al sector de la economía popular. En la agenda 2022 está la campaña de afiliación y, por otro lado, las gestiones para intentar ser integrados a la CGT, una discusión que cree que va a ser lenta y de adentro hacia afuera. 

—Incluso a nosotros mismos nos llevó tiempo reconocernos como parte de la clase trabajadora y creo que en la CGT vamos a atravesar el mismo proceso. Hace un tiempo lo vi a Héctor Daer en un acto y le dije “compañero, el día que la UTEP entre a la CGT las fotos van a ser más lindas porque vamos a estar nosotras las mujeres, y tenga por seguro que se va a fortalecer la CGT”. Me miró y se reía. “Esta petisa atrevida”, habrá dicho. 

DT