La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,215% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.

Faltan por escrutarse los votos emitidos en el exterior

Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento.

EFE

Ocurrió lo mismo en 2021. Entonces, fue Pedro Castillo quien logró la victoria ante Keiko Fujimori. Y la líder derechista no lo aceptó, se revolvió durante semanas, apeló, impugnó y logró retrasar durante más de un mes el reconocimiento oficial de la victoria de Castillo.

Pero también pasó después de la primera vuelta en abril. Entonces, las derechas se revolvieron contra el recuento que colocaba a Sánchez en la segunda vuelta. De nuevo, se produjeron impugnaciones y retrasos que impidieron al candidato de Juntos por el Perú entrar en campaña hasta varias semanas después que su rival, Keiko Fujimori, quien acabó en primer lugar en la primera vuelta.

Este lunes a medianoche en Lima, el recuento se encontraba en el 95,3% escrutado y otorgaba un 50,112% para Sánchez frente a un 49,888% para Fujimori –unos 40.000 votos de diferencia–. No obstante, falta, entre lo que queda por contar, la mayoría de los en torno a 400.000 votos del exterior, donde la derecha suele imponerse a la izquierda.

“Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse”, reconocía este lunes Sánchez ante la prensa: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”.

Las elecciones muy probablemente serán objeto de fuertes disputas, por lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, cómo de la ya frágil democracia peruana.

Las autoridades electorales peruanas disponen de hasta 30 días para certificar los resultados oficiales. Incluso después de que el portal público de resultados refleje el 100% de las actas procesadas, el desenlace aún no es definitivo, ya que las autoridades deben revisar las solicitudes de revisión y resolver las impugnaciones legales contra resultados concretos.

Dos Perús

Esta segunda vuelta demuestra que el país está partido entre dos formas de ver Perú.

Por un lado, es una confrontación entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022).

Al mismo tiempo, evidencian el profundo antifujimorismo y anticastillismo como ejes del escenario político. Pero también es una oportunidad para poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, con quien también ejerció como primera dama entre 1994 y 2000.

Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010.

¿Y Roberto Sánchez?

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda, congresista desde 2021.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Castillo fue destituido y encarcelado apenas 15 meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. “En correspondencia a las normas vigentes y a las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente en ejercicio otorgaríamos la gracia presidencial para la libertad del presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez en una entrevista con elDiario.es.

Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista.

Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992.

“Nosotros aspiramos a una democracia participativa”, decía Sánchez en su entrevista: “Hoy se nos ha arrebatado por esta fuerza parlamentaria mayoritaria de la señora K. Nos ha arrebatado el derecho al referéndum, ya no existe el derecho al referéndum en Perú. Debemos de derogar esa norma para volver a aplicar y preguntarle al país si es el momento de una gran Asamblea Constituyente democrática, con el método de consenso y la consulta pública nacional vinculante”.

Sánchez, no tan mal en Lima

Tradicionalmente, el voto progresista se concentra en la sierra y las provincias del sur. Mientras que la costa, Lima incluida, junto con el norte votan conservador. Sin embargo, el rechazo que genera Keiko Fujimori en amplios sectores de la sociedad ha facilitado la remontada de Sánchez, según explican en las filas de Juntos Por el Perú.

“Cómo era previsible, Roberto Sánchez pasó a liderar el recuento oficial”, afirma Gustavo Guerra García, miembro del equipo económico de JP: “El triunfo se explica por un crecimiento importante de más de 10 puntos en Lima [con respecto a la primera vuelta] y un recorte de las diferencias en el voto de los peruanos en el exterior.. El Perú se ha llenado de democracia y de dignidad”..

¿Hasta el miércoles?

El recuento es tan agónico, voto a voto, que puede que no termine de definir un ganador hasta el miércoles, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo,. Mientras tanto, los dos candidatos se mueven en una suerte de empate técnico, si bien el recuerdo de hace cinco años presagia una victoria de Sánchez, en tanto que superó a su rival con el 93% de los votos escrutados, momento similar a cuando lo hizo Castillo (94%)

Eso hizo que Sánchez ya hiciera su intervención desde el balcón de la plaza de San Martín con aires de ganador.

Precisamente el miércoles, informó la Cancillería de Perú, es cuando terminará el envío al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países. Tradicionalmente, el voto extranjero es más proclive a la derecha que a la izquierda.

Atomización

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

Veinte horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, tomó la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,03% frente a 49,96%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que prometió el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, dijo: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país tuvo ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez formó una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También recibió el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,14 puntos al llegar al 93% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori obtiene el 50.069% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo logra el 49.931%% .

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.756.646 votos, por delante de los 8.732.482 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú. La diferencia es de apenas 24.164.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno de Lima por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

EFE

Algo más de 27 millones de peruanos deberán elegir este domingo entre la candidata conservadora y de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), en una segunda vuelta a la que el país llega tras casi dos meses de incertidumbre debido a la accidentada primera votación del 12 de abril, cuyos resultados fueron oficializados tras unos largos y tensos 35 días.

Las más recientes encuestas difundidas a principios de la semana mostraron una ligera ventaja de Fujimori, hija del ya fallecido expresidente y dictador condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori (1990-2000), quien busca la presidencia por cuarta vez.

Mientras en una encuesta elaborada oralmente alcanzó un 38% frente a un 35% de Sánchez, en un simulacro de votación de la empresa Ipsos se impuso con el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6%, dentro del margen de error.

“En el simulacro, el 10,5% dejaron la cédula en blanco y el 10,8% viciaron su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, el 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión”, precisó el informe de la encuestadora.

La precisión sobre los porcentajes correspondientes a indecisos y votos nulos no es gratuita, teniendo en cuenta que las encuestas previas a la primera vuelta no advirtieron el ascenso de Sánchez, afín al expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), quien en algunos sondeos no aparecía ni siquiera entre los cinco primeros y acabó conquistando el segundo lugar por encima de favoritos como el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dudas y desconfianza electoral

La primera vuelta de abril en Perú alcanzó ribetes extraordinarios por más de una razón. En primer término, por el número récord de candidatos: 35. Una cifra que vaticinaba la dispersión del voto. A esa complejidad se sumó la de la reposición del sistema legislativo bicameral, que también se metió en la votación.

Por si fuera poco, la jornada de sufragio registró irregularidades que fueron ampliamente denunciadas: desde la demora en la apertura de recintos de votación hasta la no apertura de mesas electorales, que llevaron a prolongar las horas de voto hasta el día siguiente.

Para más inri, la lentitud en el cómputo de votos sembró una creciente desconfianza ciudadana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad organizadora de las elecciones, y llevó a que el candidato López Aliaga denunciara abiertamente un fraude, sin pruebas, y demandara la anulación de los comicios. La presión se saldó con la renuncia del director de la ONPE, Piero Corvetto.

Los resultados no se proclamaron hasta el 17 de mayo, 35 días después de la primera vuelta. La lentitud fue atribuida a la revisión de más de 68.000 actas observadas y a la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias públicas.

Fujimori resultó primera con el 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con el 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierda y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Se anticipa un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo si pierde Fujimori

Eliana Carlín — Politóloga y analista

Para la politóloga y analista Eliana Carlín, el impacto de la primera vuelta sobre el proceso electoral aún en curso ha sido enorme. Recuerda que solo Fujimori tenía la certeza de estar en el balotaje, mientras que Juntos por el Perú “pasó varias semanas atendiendo impugnaciones y defendiendo la votación para que se confirme el pase a segunda vuelta”.

Ni siquiera la renuncia de la cabeza de la ONPE liberó suficientemente la presión ante la nueva votación, para la que se anticipa “un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo, si pierde Keiko Fujimori”, pronostica Carlín.

El investigador Hernán Chaparro no descarta que el cómputo vuelva a demorarse más de lo recomendable, más aún a sabiendas de la experiencia de la primera vuelta: “Puede que demore mucho porque es probable que se impugnen muchas mesas”. 

Ante esa eventualidad, el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica espera una mejor respuesta de la ONPE. Recomienda puntualmente que habilite “una sala de prensa abierta permanente para informar de los avances”, algo que “hizo siempre salvo en esta primera vuelta”. De no hacerlo, advierte, “la gente comienza a tomar datos y hacer cálculos sin soporte alguno”.

Incertidumbre ante resultados

Más allá de las estimaciones de las encuestas, las predicciones sobre el eventual ganador se han tornado complejas. El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo.

Chaparro cree que las elecciones las decidirán los que “aún lo están pensando”. “Muchos de centro o centroizquierda estaban pensando votar viciado [nulo] porque no confían en ninguno de los dos, pero JP ha girado al centro y el fujimorismo no ha mostrado intención de cambiar con relación a lo que ha hecho su bancada del 2021 al 2026. Eso son puntos a favor de JP y en contra de FP”, apunta el investigador.

En la misma línea, Carlín observa que la resurrección del antifujimorismo podría ser determinante para volcar la balanza en favor de Sánchez. La analista se remite a la última ola de protestas en el país andino, cuando la represión posterior a la salida de Castillo asesinó a casi 50 personas. “Eso, naturalmente, debilitó mucho el tejido social”, dice.

La politóloga también valora la apuesta de Sánchez por convocar a otras fuerzas políticas progresistas y conformar un frente por la gobernabilidad. “Yo creo que esto puede terminar por definir las elecciones. Sin embargo, es importante mencionar que Fujimori se ubica arriba en las encuestas, y tiene el apoyo cerrado de la prensa y el gran empresariado”, matiza.

El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo

Una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta, quien resulte electo deberá enfrentar un problema más complejo en el Perú contemporáneo: durar en el gobierno. En un país que ha registrado ocho presidentes en los últimos 10 años, la estabilidad se ha vuelto un ideal político casi inalcanzable, sobre todo por el papel del Congreso para destituir mandatarios y reemplazarlos con una facilidad pasmosa.

En este contexto, Chaparro afirma que la estabilidad del gobernante que salga de las elecciones dependerá en última instancia de algo tan elemental como inusual en la cultura política sudamericana: que las autoridades “piensen en el país, casi un contrafáctico”. El catedrático recuerda que el Estado se ha vuelto un botín para diferentes corruptelas, por lo que frenar la corrupción y gestionar bien el Estado son tareas de primer orden. “Lo otro, lograr acuerdos para revertir una serie de leyes dadas por el Congreso con nombre propio. La luna de miel de los últimos gobiernos ha sido muy corta porque quien llegó al gobierno tenía una primera minoría y a la prensa en contra”, señala.

Con la vista puesta en la gobernabilidad, Carlín vaticina un Parlamento fragmentado “con dinámicas nuevas porque se ha cambiado a un Congreso bicameral”, pero en el que los partidos de derecha Fuerza Popular (Fujimori) y Renovación Popular (López Aliaga) tendrían casi la mitad del Senado, lo que les otorgaría un poder dominante. “En el caso de Roberto Sánchez, tendría que hacer alianzas con más grupos y no siempre tan afines para poder gobernar y que no lo vaquen [destituyan] como ocurre en los últimos años”, predice.

El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se sucedierion las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no definió su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo recibió recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como “un líder inteligente, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump acusó al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, autorizó el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que mataron a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le devolvió la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se subió con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha fueron de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no entró con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ordenó retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años fueron numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump rebajó notablemente su enfrentamiento con Lula, y recibió a Bolsonaro en Washington aunque no lo declaró oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50% de los votos.

De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.

El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.

Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8% y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5% y 932.811 votos.

Esta es la primera vez que Sánchez aparece entre los cinco candidatos más votados en el cómputo oficial, ya que un conteo rápido que ofreció la empresa Ipsos este lunes le dio la principal opción de disputar la segunda vuelta electoral con Fujimori, en una reñida disputa con López Aliaga y Nieto.

Otro conteo rápido realizado y difundido este domingo por la empresa Datum señaló que Fujimori y López Aliaga disputarán la segunda vuelta.

De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

EFE

Las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, probablemente, el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8% de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9%) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4%, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Mientras, para López Aliaga será la primera vez en esa instancia tras no alcanzarla en 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial.

Al 40% de votos escrutados, Fujimori tiene el 17,1% de votos válidos, López Aliaga el 16,4% y Nieto el 13,8%.

Tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori dijo que “Perú no aguanta más improvisaciones. ”Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden“, recalcó.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación. De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que “no es casualidad” que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

EFE

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El expresidente peruano Alberto Fujimori irrumpió en la política en 1990 y, desde entonces, dividió a la sociedad de Perú. Esa división, que pervive hasta el día de hoy, separa a los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, de 86 años, falleció este miércoles en la casa limeña de su hija Keiko. Lo hizo en libertad tras una polémica decisión que le permitió abandonar la prisión en diciembre pasado.

Apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.

En la primera ocasión venció como candidato anti-establishment al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.

Higuchi falleció en diciembre de 2021 a los 71 años, de un cáncer de pulmón que padeció durante los últimos años.

Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

En esa prisión fue ganando de manera progresiva compañeros de reclusión. Durante meses la compartió con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.

Durante los últimos años, “el Chino” fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.

En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.

A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.

La polémica en torno a su figura llegó a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que es juzgada por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.

En diciembre pasado la polémica rodeó su figura por última vez.

El Tribunal Constitucional ordenó su liberación, en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una última muestra de la influencia sobre el poder que tuvo hasta su último minuto y también de la capacidad de dividir a una sociedad.

CRM con información de la agencia EFE

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras “una larga batalla contra el cáncer”, confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá”, publicó Keiko Fujimori en la red social X, en un mensaje que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sachie y Kenji.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.

“Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

“Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En las últimas horas, sus partidarios y colaboradores más cercanos se acercaron a su domicilio a indagar sobre su estado de salud, e incluso algunas excongresistas, como Luisa Cuculiza, contaron a la prensa que Fujimori les respondió brevemente el saludo.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, la fujimorista Patricia Juárez, pidió a los peruanos: “Oren por él, por la salud del presidente Fujimori”.

En un pronunciamiento hecho a los periodistas, Juárez dijo que sus “oraciones y pensamientos están con el presidente Alberto Fujimori”, acompañada por otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

Otro legislador de Fuerza Popular y médico personal del exgobernante, Alejandro Aguinaga, declaró, horas antes, que Fujimori estaba “luchando” en ese momento por su vida.

“El presidente está luchando (...) Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones (que circulan acerca de su salud) pedimos que se restrinjan las visitas y reiteramos nuestro agradecimiento (por el interés en Fujimori)”, dijo a los periodistas apostados en la puerta de la casa.

Poco después, la Presidencia de Perú expresó en un mensaje en la red social X su preocupación por la salud del exgobernante.

“Desde la Presidencia de la República expresamos nuestra preocupación por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, señaló. 

CRM con información de la agencia EFE

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB

En las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo 2 de octubre en Perú más de 24 millones de ciudadanos fueron convocados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y  1.694 distritales en un contexto de crisis política donde las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo son una constante. Las peruanas y peruanos  también votaron para 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

Una de las resultantes más nítidas de este proceso electoral es la profundización de la crisis de partidos testimoniada en la fragmentación del voto que en Perú es obligatorio y en el ánimo electoral. No pocas  peruanas y peruanos han dicho que han ido a votar con pena, por obligación, con poca ilusión porque no han visto un candidato que expresara una posible renovación de los partidos competidores cuya debilidad conlleva el riesgo de una personalización de la política peruana.

Castillo y Fujimori son los grandes perdedores en las regiones

Sorprendentemente o no tanto, Perú Libre y Fuerza Popular que hace poco más de un año y cuatro meses lucharon encarnizadamente en la segunda vuelta presidencial han resultado perdedosos. Los ganadores pertenecen a movimientos independientes regionales en  Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Puno. Otros tres de Somos Perú, en  Loreto y San Martín; y Avanza País en  Madre de Dios.

Los candidatos postulados por Fuerza Popular, el partido cuya lideresa fue la candidata presidencial que había pasado a segunda vuelta en las elecciones de 2021, no ganaron en ninguna de las  19 regiones donde se han presentado: Amazonas, Áncash, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Piura, San Martín y Tumbes. Un desolador resultado también obtuvo Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia de Perú a Pedro Castillo. Ninguno de sus candidatos ganó en las 15 regiones donde han competido: Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali.

Muy probablemente se deba respecto a los primeros por su campaña del falso fraude electoral y sus intentos infructuosos de vacar a Pedro Castillo. Y los segundos, por asociarse a los fujimoristas en el Congreso y sumarse a proyectos antidemocráticos. Durante la campaña presidencial, Cerrón que había sostenido durante la campaña electoral un potente mensaje antifujimorista,  cuando accedió al poder hizo alianza con el partido denostado. En esta línea, la derrota puede bien leerse como el repudio de los electores a Cedrón y su partido por su actuación política.

La  crisis de partidos ha motivado que en las regiones hayan ganado  más los movimientos que partidos, incluso en el caso de  Acuña que ganó por  Alianza para el Progreso en el norte. El APP es un partido empresa, que gira alrededor de un personaje y no tiene  una estructura democrática significativa. “Hubo partidos que han ido perdiendo la presencia nacional, en un momento dependían de candidaturas locales hasta que ellos se dieron cuenta de que no necesitaban los partidos, es más, que se desprestigiaban asociándose a los partidos nacionales envueltos en denuncias de corrupción y optaron por sus propias organizaciones partidarias” detalla Hernán Chaparro, investigador y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

En el Perú, los gobiernos regionales como los municipios provinciales y distritales si bien guardan dependencia en relación al gobierno central, por ejemplo, en los mecanismos de recaudación tributaria altamente centralizada y en su capacidad de gasto, cuentan con una relativa autonomía administrativa que les permite implementar diversas obras públicas con la participación tanto de empresas privadas como entidades ejecutoras. Esto último ha sido  aprovechado por la corrupción institucionalizada. Funcionarios públicos y autoridades políticas en muchos casos son los grandes promotores y auspiciadores financieros y logísticos de las candidaturas de diversos caudillos regionales, provinciales y distritales. Por estas razones, en los últimos años las propuestas electorales se han desvinculado de propuestas integrales que pongan en cuestionamiento los problemas estructurales del país y el carácter altamente centralista y excluyente del actual régimen político que se sostiene en la Constitución de 1993.

En LIma, un ultraconservador sale primero, y un ex militar torturador sale segundo

El ganador de la contienda para ocupar el sillón de la Alcaldía de Lima donde viven 10 millones de habitante,  un tercio de la población del país  -que ha sido disputado por ocho candidatos- es el empresario Rafael López Aliaga por el partido ultraconservador Renovación Popular con 26,28 por ciento de los votos, un  ajustado 0,9 puntos por encima de su rival, el exmilitar  derechista acusado por violaciones a los DDHH, Daniel Urresti de Podemos Perú  con el 25,37 por ciento.   López Aliaga - apoyado por el fuijimorismo que no presentó candidato en Lima-  había asegurado en vísperas de conocer el resultado definitivo que  ya está “trabajando con bancos internacionales” para “conseguir dinero para Lima” y que, de ganar las elecciones, quiere contar en su administración con su principal adversario en las urnas, Urresti para quien aseguró  que las “puertas están abiertas”. Respecto al presidente Castillo,  López Aliaga  quien hizo buena parte de sus millones con el monopolio que le dio la dictadura de Alberto Fujimori para la operación del lucrativo tren a las ruinas de Machu Picchu, le pidió que “renuncie de una vez por el bien del Perú, que se asile a un país” y deje a Perú “en paz”.

Los porcentuales obtenidos por los otros candidatos ha dejado de manera nítida la fragmentación del electorado: el ex futbolista George Forsyth del centroderechista Somos Perú,  el 18,93 % seguido por Elizabeth León, del partido centroizquierda Frente de la Esperanza, con 10,92 %. En quinta posición figura Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso (APP), 7,10 %, seguido de Gonzalo Alegría acusado por su hijo de abuso sexual del partido izquierdista Juntos por el Perú (PJ), 6,38 %, y María Elena Soto, del derechista  Avanza País, 3,5 %.La lista la cierra Yuri Castro, 1,47 %, quien postuló por el partido Perú Libre.

Chaparro  ponderó  “Creo que es la primera vez que gana un candidato en Lima que no llega al 30%” y predijo “Con López Aliaga, creo que vamos a tener una gestión más ideologizada, más política, que tome como plataforma el municipio para enfrentarse a Castillo”. La ciudad capital permite también observar los lugares  alcanzados por las diferentes fuerzas políticas que compitieron y alcanzaron los primeros lugares: APP, en el sur de Lima, Somos Perú y Podemos Perú en el norte y Renovación Popular el centro de la ciudad.

En el marco general del país, las opciones conservadoras y derechistas fueron las ganadoras en este proceso electoral; sin embargo, su victoria se ha dado en un marco de alta fragmentación a nivel nacional con la predominancia de organizaciones regionales, no partidos nacionales y en un clima de creciente descontento social acicateado cotidianamente por la crisis económica y por las recurrentes crisis políticas que debilitan de manera considerable la legitimidad de las instituciones, que no permite con certeza vislumbrar un igual resultado en las próximas elecciones generales del país andino.  Y en cuanto los resultados virtuales del domingo 2 de octubre aún no quedó definido si habrá  una segunda vuelta, debido a que la Ley de Elecciones Regionales determina que para  ser elegidos los candidatos la fórmula que representan debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

AGB con información de agencias, medios y fuentes

La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida este lunes de su cargo, luego de que el pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras la difusión de unos audios en los que se le escucha, presuntamente, concertando la aprobación de leyes con César Acuña, el jefe de su partido, la derechista, neoliberal y neoconservadora Alianza para el Progreso (APP). El mismo lunes, el presidente peruano Pedro Castillo reiteró su inocencia ante la fiscal general Patricia Benavides por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial de los casos abiertos contra su gobierno con la inclusión del primer Ministro Aníbal Torres, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. La oposición encabezada por Keiko Fujimori ha pedido que se adelante la fecha de las elecciones.

El fin de una Lady presidenta

La moción contra Lady Camones, que fue presentada con la firma de 23 congresistas de agrupaciones de izquierda, recibió 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

En el pedido se indicó que los audios, publicados por el portal de investigación periodística Epicentro, contienen “pruebas suficientes” de que el líder de su partido, César Acuña, ordenaba a Camones la aprobación de la ley de creación de un distrito para favorecer su candidatura a gobernador de la región norteña de La Libertad.

Se pidió que sea censurada por esos fundamentos, así como “por atentar contra la Constitución política” y los “principios rectores que caracterizan” a la democracia y el orden constitucional en Perú.

Pedro Castillo se defiende bien

El primer mandatario del Perú se presentó en el Ministerio Público, cuya sede se encuentra en la ciudad capital de Lima, de acuerdo a la citación de la fiscal general  Benavides para responder por tres de los seis casos abiertos en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal.

Durante el acto judicial que se extendió unas tres horas, el presidente Castillo no respondió a las preguntas que le formuló la Fiscal y solo prestó su versión voluntaria. La actitud del Presidente replicó la estrategia que ya había usado en los anteriores interrogatorios por los casos relacionados con presuntas irregularidades en ascensos de las FFAA y la Policía Nacional.

Castillo negó y rechazó “tajantemente las imputaciones” y se comprometió a declarar nuevamente cuando la Fiscal haya acopiado toda la información de los casos. Su abogado, Benji Espinoza, aseguró que Castillo “es completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen”.

El gobernante está siendo investigado preliminarmente por la salida del exministro del Interior Mariano González, acusado de presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y de liderar una supuesta organización criminal dentro del propio Poder Ejecutivo cuyo objetivo consistía en ubicar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar y adjudicar fraudulentas y rentables licitaciones de obras públicas. Esta versión de la Fiscal implica al círculo más íntimo del Presidente: su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva en un penal de mujeres en Lima.

A partir dek lunes, por esta causa se investigan preliminarmente al primer ministro, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Torres aún no se ha pronunciado al respecto; sí Chero, quien, a través de Twitter, negó “categóricamente estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción”.

La Fiscalía sumó en esta acusación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado quien fue interpelado el lunes por el pleno del Congreso, donde respondió uno a uno los 23 interrogantes de los legisladores por presuntamente haber sido operador cuando estuvo frente del sector Vivienda de aquella organización criminal presuntamente encabezada por Castillo.

Keiko Fujimori propone adelantar la fecha de las elecciones generales

La presión judicial contra el presidente Castillo, su entorno familiar y funcionarios de su gobierno ha incentivado las críticas de la oposición hacia su gestión. Sucesiva o alternativamente, piden su renuncia, su destitución o el adelanto de la fecha de elecciones.

Esta última opción fue respaldada durante el fin de semana por su rival en las urnas en el último balotaje peruano, la excandidata presidencial y líder opositora derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. La propuesta empezará a ser discutida hoy martes en la Comisión Constitución del Congreso, que debatirá proyectos de ley que proponen el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario y establecen el adelanto de elecciones generales. 

AGB con información de agencias y medios

Al cierre del juicio político de destitución que mantenía al país en vilo, luego de más de ocho  horas de debate, el Congreso de la República de Perú, con mayoría de la oposición de derecha, rechazó la moción de vacancia presentada por la ultraderecha contra el presidente peruano por la causal de incapacidad moral permanente. Es la segunda moción de vacancia que sobrevive el político de izquierda Pedro Castillo desde que asumió el 28 de junio pasado, después de ganar por un ajustado balotaje a su rival la candidata de derecha Keiko Fujimori. 

La moción de vacancia por presunta incapacidad moral permanente había sido promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular, ultraderecha) -quien al conocerse el resultado declaró “No asumiremos esto como una derrota”- y contaba con las firmas de 50 legisladores de  Renovación Popular (extrema derecha) Fuerza Popular (fujimorismo), Somos Perú, Avanza País (utraliberal), Podemos Perú y Alianza para el Progreso.    

Con 55 votos a favor de la vacancia, 54 en contra y 19 abstenciones, la representación nacional desestimó en el Congreso la propuesta multipartidaria que perseguía la destitución del presidente Pedro Castillo al no alcanzar los 87 votos necesarios para  su aprobación. 

El debate en el Congreso tuvo momentos broncos, como cuando la legisladora fujimorista Vivian Olivos, en pleno recinto, levantó una pancarta que incitaba a derribar al presidente peruano, minutos después de que Castillo se dirigiera al pleno.

Castillo luciendo la banda presidencial acudió al Congreso, aunque no estaba obligado por ley, acompañado  por su abogado José Félix Palomino y media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares como así también  presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería. 

En la apertura de la sesión, Castillo presentó a lo largo de  aproximadamente 10 minutos sus descargos ante “esa casa democrática… y dando la cara al país”. Sostuvo que la moción de vacancia en su contra no está sustentada en los hechos sino en “reportajes periodísticos tendenciosos” sin pruebas que acrediten los delitos que le inculpan “no contiene un solo elemento que la sustente”. Su propia persona, arguyó ha sido  víctima de un “juicio mediático” que crecido hasta lograr la  moción de destitución en su contra. 

“La moción se ha hecho principalmente a base de reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorias y sin corroboración. No hay ningún medio probatorio que acredite alguna irregularidad, ni en los hechos ni en el derecho. Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia”, dijo el primer mandatario de la Nación ante el Congreso, enfatizando su condición de maestro y luchador por la justicia social e institucional,  los primeros ocho meses de su gestión de gobierno. 

Castillo, quien reconoce la profunda crisis que atraviesa el país  convocó al Congreso “votar por la democracia, por el Perú y en contra de la inestabilidad”, y apeló a  la “fe y confianza” en el futuro de la patria. Pidió seguir “trabajando juntos” para dejar un mejor país que el que encontró. “En este recinto, repetiré lo que nuestros antepasados quechuas decían antes de emprender una gran tarea: ¡Huk umalla huk sunquilla y huk maquilla!, ¡Una sola fuerza, un solo corazón y una misma dirección! Señores congresistas, les pido: voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad”, subrayó. 

Al término de la sesión, a las 11.00 de la noche en Lima (dos horas menos que en Buenos Aires), que se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo como el despliegue de una pancarta  con la frase “Vacancia ya”  por Leslie Olivos (Fuerza Popular) y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento, la jefa del Congreso, María del Carmen Alva,  declaró en vistas a la votación efectuada: “No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”. 

El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al presidente. 

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que dieron  lugar a la remoción de cuatro gabinetes en ocho meses, nunca visto antes en  Perú. 

En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar - la quinta vacancia presidencial  en cuatro años- que  impulsó la oposición de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular que obtuvo  46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. La moción en su contra afirmaba que Castillo “es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos como lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema”. Se sustentaba en 7 puntos, incluido el presunto “uso ilegal de fondos públicos” en la campaña 2021 de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Castillo.

Después de conocerse la derrota de la moción, el presidente peruano escribió en Twiter: “Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron”. De haber contado la oposición con los dos tercios de los votos sobre las 130 bancas del Congreso unicameral, Pedro Castillo habría seguido un  destino semejante al de dos de sus predecesores, el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

AGB con información de medios y agencias

Susana Higuchi, la ex primera dama de Perú que denunció actos de corrupción en el gobierno por diez años (1990-2000) de su exesposo el presidente Alberto Fujimori y madre de la excandidata Keiko Fujimori (tres veces derrotada en las presidenciales peruanas), falleció este miércoles víctima de cáncer, a los 71 años, según informó su hija en redes sociales.

“Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos y de sus nietos, hasta el último momento”, anunció Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

“La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, añadió la excandidata, investigada actualmente por presunto lavado de activos y organización criminal.

Higuchi fue ingeniera de profesión y descendiente de japoneses en Perú, que cultivaron una fortuna en el negocio de servicios automotrices.

En 1974 se casó con el también ingeniero Alberto Fujimori y tuvieron cuatro hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, dos de los cuales se dedicaron a la política igual que su padre.

Tras la victoria electoral de su esposo en 1990, Higuchi ocupó el cargo honorífico de primera dama, pero dos años después denunció que sus cuñadas estaban vendiendo las donaciones recibidas de Japón, lo que marcó el inicio del distanciamiento definitivo con su cónyuge.

En 1992, la Primera Dama denunció que sus cuñadas Fujimori estaban vendiendo las donaciones que Perú recibía de Japón. Esto marcó el inicio del distanciamiento definitivo de Susana Higuchi con su cónyuge.

Después de sus denuncias, Higuchi denunció haber sido torturada por presuntos agentes de Inteligencia, el servicio que estuvo bajo el mando del asesor Vladimiro Montesinos. En 1994 firmó el divorcio con Fujimori en medio de acusaciones de violencia.

A partir de entonces, Keiko Fujimori asumió el cargo de primera dama al lado de su padre. Higuchi se apartó de su hija, acusándola de haber ignorado sus denuncias.

La ex primera dama postuló al Congreso y fue elegida legisladora en el 2000 con el Frente Independiente Moralizador (FIM), la agrupación política que difundió los vladivideos, que revelaron la red de corrupción tejida en el Gobierno de Fujimori por su entonces asesor Montesinos.

Tras la caída del régimen de Fujimori (1990-2000) y su huida a Japón, Higuchi postuló nuevamente al Congreso unicameral y fue reelegida para el periodo 2001-2006 con el FIM.

En los últimos años, Higuchi se reconcilió con la mayor de sus hijos y la acompañó en algunas de las actividades proselitistas de las campañas presidenciales en las que participó.

Hace unas semanas, Keiko Fujimori informaba que su madre había sido internada de emergencia por problemas respiratorios y que se encontraba en cuidados intensivos.

Por su parte, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, también afronta una serie de problemas de salud que lo han llevado a ser internado en distintas clínicas en diferentes periodos. La familia del exmandatario sostenía en los últimos años que sufría de un tipo de cáncer para solicitar su excarcelación, pero este diagnóstico ha sido desechado y anuló el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó irregularmente en 2017.

AGB

El Congreso del Perú verá este martes si abre su quinto proceso de destitución contra un presidente en cinco años. En esta ocasión contra el izquierdista Pedro Castillo, una opción que parecía lejana hace días pero que ganó fuerza ante la incapacidad del mandatario para dar respuestas satisfactorias a las preguntas sobre reuniones irregulares mantenidas en Lima pero fuera del Palacio de Gobierno. El Congreso, dominado por sectores de la derecha y la ultraderecha muy hostiles al presidente provinciano y ex dirigente gremial docente, iniciará formalmente la destitución (vacancia, según el lenguaje político peruano) si obtiene 52 votos en una cámara única compuesta por 130 bancas.

De darse esa votación, en un plazo de entre tres y diez días, Perú tendrá un nuevo proceso de vacancia. Entonces, Castillo o su abogado deberán defenderse a matar o morir en una sesión especial del Congreso. Después, los votos de las bancadas decidirán sobre el destino político de un presidente elegido democráticamente. Fue mayoritariamente preferido por el electorado peruano en el balotaje del pasado junio, donde derrotó a su rival la derechista Keiko Fujimori, hija del ex presidente hoy presidiario Alberto Fujimori.

Si se obtienen 87 votos en esa ocasión, Castillo será destituido.

Todas las derechas contra el Presidente

La polémica diputada derechista Patricia Chirinos (Avanza País), vicepresidenta tercera del Congreso, había presentado el inicial pedido de vacancia. Alegaba la vaga causal de “incapacidad moral permanente” que contempla para el impeachment la Constitución fujimorista.

El pedido derechista da por probada la “incapacidad moral” de Castillo a partir de varios hechos y de varias impresiones de la diputada neoliberal y ex alcaldesa de La Perla (en El Callao, donde está el puerto de Lima). La infiere de sus designaciones políticas, la infiere de una supuesta financiación irregular del partido Perú Libre que lo llevó al poder, la infiere de también supuestos tráficos de influencias cometidos por su entorno, la infiere de generar “inestabilidad económica”, y, por cierto, la infiere de retomar relaciones diplomáticas con Venezuela y con Cuba. Nacida en 1975, Chirinos estudió periodismo y se destacó después en la cobertura televisiva de temas y personajes de farándula; casó en junio del 2019 con Luis León Rupp, treinta y un años mayor que ella, dueño del Hotel Bolívar en la limeña Plaza San Martín y del Grupo Vulcano; enviudó dieciocho meses más tarde, en diciembre del 2020

Avanza País (derecha neoliberal), Renovación Popular (extrema derecha) y Fuerza Popular (fujimorismo), partidos que nunca se han reconciliado con la victoria electoral de Castillo, se unieron en bloque para impulsar la moción de vacancia de Chirinos. Aun a sabiendas de que sus 43 votos serían insuficientes para que se aprobara la medida.

Breña, celada y emboscada

Sin embargo, en apenas unos días la situación cambió radicalmente con la aparición de una serie de grabaciones -difundidas por el programa Cuarto Poder- en las que Castillo aparece en una casa particular en Breña. En este distrito de Lima también se vio entrar a políticos de diversa afiliación partidaria y a empresarios que a veces al poco tiempo triunfaban en licitaciones abiertas y competitivas de obras públicas.

Si hubo reuniones entre Castillo y esas personas, estas no aparecen registradas en ningún lugar, como es obligación legal en caso de encuentros presidenciales.

Las revelaciones coinciden sobre el Presidente que recibiría visitas sin dejar asiento de ellas coinciden con las investigaciones abiertas por enriquecimiento ilícito contra Bruno Pacheco: el ex secretario general del Despacho Presidencial está en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas después de que los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea lo acusaran de interferir en los ascensos de las FFAA para favorecer a personas allegadas al Presidente. Mientras Pacheco era investigado por este caso, el fiscal que intervino su despacho encontró 20.000 dólares ocultos en el baño, así como depósitos en efectivo realizados por personas vinculadas a los visitantes de la casa de Breña.

Es mi vida privada nomás

Preguntado por las coincidencias entre las visitas que recibía pero no mencionaba y los dólares que su secretario guardaba pero tampoco mencionaba, Castillo respondió con un mensaje televisado. Explicó que las visitas a la casa de Breña, donde tuvo su cuartel general durante la campaña electoral, eran de índole personal. Y se desentendió de Pacheco, quien dimitió el pasado 19 de noviembre: “Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la Justicia”, dijo el Presidente.

Ante esto, congresistas de otros partidos, estos de una derecha menos permanentemente afincada en los extremos (Acción Popular, Alianza Para el Progreso), que en principio no pensaban apoyar la moción de vacancia, comenzaron a expresar su voluntad de aprobar la medida.

La emergencia hizo que convocara Castillo a reuniones, en la sede presidencial y con registro, a los líderes de todas las fuerzas políticas parlamentarias. Recibió de estas fuerzas un decidido apoyo si el Presidente explicaba bien las visitas que recibía fuera de la sede presidencial y sin registro.

Medios, mentiras y videos

Durante el fin de semana, Perú esperó revelaciones de los programas dominicales de política. Las redes de la derecha prenunciaban que iban a ser demoledoras esas informaciones y destructivos esos videos.

Ningún medio aportó nada revelador. Si el nexo nítido entre Castillo y la corrupción existe, hay que esperar alguna prueba, o siquiera indicio concluyente.

La ausencia flagrante de evidencia, y la codicia de derrocar que urge abiertamente a la oposición más derechista, obligan a un recálculo de los votos en el Congreso. Esta vez, a favor del Presidente.

AGB con información de agencias y de fuentes

Después de un agónico recuento de votos en la segunda vuelta electoral del 6 de junio, el candidato izquierdista Pedro Castillo logró imponerse ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un escaso margen de menos de 45.000 votos. Después de semanas de impugnaciones y batallas legales, fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora cumplió 110 días en el poder, una permanencia de la que muchas voces dudaban y contra la cual muchas fuerzas unieron fuerzas. Su candidatura presidencial representaba a Perú Libre, no como militante sino como invitado de este partido de izquierda. El líder partidario, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014) quedó inhabilitado para competir en elecciones. En la primera vuelta de las presidenciales, con 18 candidatos rivales en contienda, la gran sorpresa fue la victoria de Castillo: su nombre, que sólo al final apareció en los sondeos de intención de voto, era antes prácticamente desconocido en Lima. 

Acaso su cualidad de outsider lo posicionó como un candidato posible de concitar la atención ante la fragmentación partidaria y la crisis de representatividad que sufre Perú hace ya varios años. Castillo ganó en todos los departamentos sureños y en la región andina, conocidos por votar históricamente a candidatos anti sistema, contrarios a la elite limeña. En ese momento, el país asolado por la pandemia de Covid-19, llegó a registrar el número más alto per cápita del mundo en el mes de este año. La brutal letalidad se sumó la crisis económica de una caída de 11 puntos del PBI – después de 20 años de crecimiento sostenido- con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. “Yo no he vivido una situación como esta nunca; es la caída más grande de los últimos cien años, realmente dramático”, dijo ya en junio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde 2006, considerado uno de los artífices del sostenido crecimiento del país en las últimas décadas.

Las elecciones se desarrollaron en medio de un pico de descontento popular producto de la crisis institucional originada a partir del proceso de vacancia contra el ex presidente Vizcarra. Su sucesor, el ex presidente Merino quien gobernó solo una semana luego de las masivas protestas en las calles de Lima y de otras ciudades, que terminaron con la muerte de dos jóvenes, fue reemplazado por Francisco Sagasti. Los períodos quinquenales resultaron gravemente trastornados: Pedro Castillo es el quinto presidente en sólo cuatro años. La causa mediata se remonta al principio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien en marzo de 2018 renunció para no ser destituido acusado de corrupción, en un proceso que antes les costó las cabezas a otros ex presidentes salpicados por el escándalo de Odebrecht: Alan García, (1985 a 1990 y 2006 a 2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) como también a la opositora Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, la crisis también evidenció la puesta a prueba de la representatividad de los partidos políticos, la Constitución, la pugna por el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción. Que no es nueva, Manuel González Prada en Páginas Libres (1894), sintetizó “Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta pus”.

En noviembre no hay milagros

Desde el mismo momento que le impusieron la banda presidencial a Castillo, los fantasmas de los ex presientes Kuczynski y Viscarra, que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno la Casa de Pizarro, desde ahí profetizaron que al nuevo presidente, quien desistió habitarlo, sin mayorías el Congreso no le dará tregua. Oráculo cumplido. El gobierno que cuenta con 110 días de mandato es el que más cambió ministros no sólo en el país sino en toda la región.  El 6 de octubre, renunció Guido Bellido, apologista de Sendero Luminoso, nombrado primer ministro por Castillo como forma de darle poder a Cerrón en el Ejecutivo. Los continuos choques de Bellido con la oposición y la élite económica provocaron subida del tipo cambio del dólar que alcanzó un máximo histórico la primera semana de octubre, con la devaluación del sol peruano. En consecuencia, el alza de los precios de algunos insumos importados de la canasta familiar, como el gas licuado de petróleo y el pollo. La inflación se volvió otro flanco de ataque a la nueva administración. En respuesta, el Ejecutivo aprobó a fines de agosto un subsidio indirecto para que los distribuidores de gas en bombonas lo vendieran a un precio menor, y dispuso un subsidio directo de U$S 85 a 13 millones de personas en pobreza. Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke, en viaje a EEUU se reunieron con altas autoridades del Banco Mundial y el BID para reiterar el respeto a la propiedad y la necesidad del Perú de inversión extranjera. Horas más tarde, Bellido amenazó vía Twitter al consorcio privado Camisea, el mayor yacimiento de gas: anunció que si no aceptaba renegociar el porcentaje de regalías que paga al Estado expropiarían el gas. Castillo exigió la renuncia de Bellido e hizo otros cambios. Retiró a los ministros de Interior, Juan Carrasco, y de Educación, Juan Cadillo; y también al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien causó una controversia al modificar a última hora la lista de la delegación oficial de Perú en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En estos 110 días, hubo otros cuatro ministros cuyas declaraciones o antecedentes daban pie a la oposición para atacar al Ejecutivo. Castillo también pidió la dimisión al canciller Héctor Béjar; al ministro de Trabajo, Iber Maraví; al ministro de Interior, Luis Barranzuela, ex abogado de Cerrón y Bellido; y al ministro de Defensa, Walter Ayala. Si bien en su primer Gabinete —de 19 miembros— solo nombró a dos mujeres, Castillo hizo un mea culpa semanas después. La enmienda ocurrió al nombrar como reemplazo de Bellido a la abogada de izquierda moderada Mirtha Vásquez, defensora de derechos humanos, y expresidenta del Congreso. Además, integró a dos mujeres como ministras de Cultura, Gisela Ortiz  y de Trabajo,  Betsy Chávez, Los cambios fueron objetados por el sector cerronista de Perú Libre que arguyó  una supuesta ‘derechización’ de Castillo. Si bien el sector radical de su partido no le ofreció garantías para un gobierno mínimamente viable, sí cuenta con  bases populares en el centro y sur del país. Y estos dramáticos vaivenes no aumentaron la popularidad del presidente entre sus paisanos. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de finales de octubre, un 48% de ciudadanos desaprueba el desempeño de Castillo (frente a un 35% a favor) y un 75% hace lo propio con el Congreso. El diario El Comercio publicó, sobre las manifestaciones en el marco de los cien días, que integrantes de diferentes colectivos realizaron una marcha contra el Presidente al grito de “vacancia ya”. 

En Ayacucho, la región donde Castillo tuvo un encuentro masivo con sus electores al día siguiente de prestar juramento al cargo en julio, pronunció un discurso en el que ofreció una prospectiva y perspectiva de su gestión durante los primeros cien días. Si cuando asumió solo un 15% estaba vacunado, “En cien días hemos logrado vacunar a casi el 60% de la población objetivo, habiendo cuadruplicado el porcentaje”. La previsión es llegar al 80% a fin de año. “Sin ello, no será posible reencauzar la economía”, agregó. El presidente señaló que -según el Banco Central de Reserva- la economía crecerá 11.9%, este año —en 2020 pasado cayó 11 puntos porcentuales—, y que entre julio y septiembre se ocuparon 300.000 nuevos puestos de trabajo. E insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. No mencionó un tema candente que refiere a la despenalización del aborto, que en comparación con el resto de la región Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre este tema que integra la agenda de quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTB+.

Toda moderación de poco servirá para ganar la simpatía de la derecha conservadora —casi la tercera parte del Congreso— que lo ven como fruto de una elección que les robaron. La aprobación de sus iniciativas en el Parlamento y su propia sobrevivencia tendrá que recaer en las bancadas de centro, las cuales carecen de liderazgos definidos o de objetivos concretos. A la vez, el presidente generalmente elige mantenerse en silencio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su gestión. Al ofrecer su propio balance de los primeros cien días de su gobierno, insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que sustituya a la fujimorista hoy vigente. Un terreno muy inestable e improbable para una Tempestad en los Andes como la que en 1927 anunció Luis E. Valcárcel, en su clásico libro prologado por José Carlos Mariátegui, quien profetizó un levantamiento del Perú andino profundo que cubriera todo el país. 

SS

Por Mayra Castillo / OjoPúblico

Una velada confrontación con cinco días de diferencia se presentó a inicios de octubre en las puertas del Poder Legislativo peruano y expuso la postergada agenda de derechos sexuales y reproductivos en el país. El primer día de ese mes, la congresista del partido de izquierda Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció un Proyecto de Ley para despenalizar el aborto en casos de violación, como ya ocurre en otros 6 países de América Latina (Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México y Argentina). 

Solo unos días después, el 6 de octubre, la congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, realizó una conferencia de prensa acompañada de algunos colectivos y anunció otra iniciativa, esta vez, un proyecto de ley para otorgarle derechos al embrión desde la concepción. “Estamos luchando juntos por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos”, señaló la parlamentaria.

El Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluida la causal de violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica, Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre el tema. 

Por ello, el episodio en el Congreso de la República revela una pugna inminente: de un lado, quienes defienden una agenda que promueve los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTBIQ, y el enfoque de género como eje transversal de las políticas públicas; y del otro, un sector recalcitrante de los sectores más conservadores, que consolida su presencia en diferentes partidos y espacios políticos. En el actual Congreso, estos grupos están representados en bancadas como la de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País. 

Uno de los opositores más mediáticos es el líder del partido Renovación Popular y excandidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 11,75%. Durante su campaña impulsó un discurso violento, de odio y basado en la desinformación. También ha arremetido contra lo que él llama “Nuevo Orden Marxista” que, según dice, propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique a promover el aborto y a homosexualizar a la población. 

El discurso ultraconservador de Renovación Popular y de los grupos extremistas que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil –con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza– y en Argentina -con el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. 

A ellas se suman otras voces desde España. En septiembre, la comitiva conformada por el vicepresidente y diputado del partido de ultraderecha Vox Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la “Carta de Madrid” y consiguió adhesiones “en defensa de la democracia y la libertad” de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta y comentó en su cuenta de Twitter que ambos partidos comparten su “preocupación sobre el avance del comunismo”. El mismo día, los legisladores de Renovación Popular, los exalmirantes Jorge Montoya y Jose Cueto Aservi, recibieron a Vox en la Sala Bolognesi del Congreso; al igual que el congresista Jose Daniel Williams Zapata del partido Avanza País (liderado por el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto). 

¿De qué manera estos encuentros y alianzas podrían impactar en las futuras discusiones legislativas en torno a los derechos sexuales, civiles y sociales de los peruanos? En OjoPúblico entrevistamos a investigadores, especialistas y activistas sobre el futuro de los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos en un entorno parlamentario tan conservador como el actual.

El panorama en el Legislativo

Un sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado en octubre, concluye que entre abril 2020 y agosto 2021 la desaprobación del Congreso creció de 42% a 61%. A esta ciudadanía recelosa del Congreso, se suma la inexperiencia y falta de cuadros del partido de Gobierno. 

Perú Libre no tiene mayoría parlamentaria, ni incluyendo a sus aliados políticos como Juntos por el Perú. Los partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular superan juntos no solo al oficialismo en el Parlamento sino también a las demás organizaciones políticas más afines a una agenda de derechos como Juntos por el Perú y el Partido Morado (del centro liberal) en alianza con Somos Perú.

Un mapeo realizado este año por la asociación civil Manuela Ramos, señala que de los 130 congresistas electos, 40 podrían considerarse como actores favorables a las políticas de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, dice el informe, la bancada de Juntos por el Perú es la única cuyos miembros, en su totalidad, apoyan estas medidas preventivas contra la violencia de género. 

Otra de las conclusiones del documento afirma que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular tienen una postura bastante homogénea opositora a dichas políticas. Es decir, sus integrantes comparten opiniones muy similares que podrían desembocar en votaciones en bloque. 

Por ejemplo, la congresista Jáuregui de Aguayo aseguró que un aborto voluntario aumenta el riesgo de sufrir problemas psicológicos basándose en un estudio académico del 2009 que, posteriormente, fue desestimado por la comunidad médica por ostentar gruesos errores en metodología, análisis y conclusiones.   

Además considera que el rol de la mujer está sujeto a los designios del esposo: “Tengo que aprender a respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar (...) ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón”. Por su parte, Rosangella Barbaran, de Fuerza Popular, utilizó el término “ideología de izquierda” en la campaña para definir a la agenda por igualdad de género, y luego de ser electa afirmó que en la escuela quieren aprovecharse para introducir esa “ideología”.

Una ruta difícil, aunque predecible

¿Qué se puede esperar entonces de las posturas o alianzas de los 130 congresistas durante este periodo de gobierno? 

Para Guillermo Flores Borda, evangélico e investigador en temas de religión y política, estos discursos fueron más útiles durante la campaña electoral que hoy. “La polarización ha vuelto a concentrarse en izquierdas y derechas, debido al voto de confianza y a la crisis política. Te diría que los congresistas más recalcitrantes van a trabajar reactivamente: ante una propuesta progresista, habrá una reacción ultraconservadora. Pero la agenda misma no está centrada en derechos sexuales y reproductivos”, agregó. 

En ese sentido, Flores Borda apunta que los proyectos de ley mencionados al inicio del reportaje “no han trascendido tanto en los medios de comunicación” y un factor de dificultad es que el presidente Castillo es una persona religiosa: él es católico y su familia es evangélica. “Se han encontrado con un muro: no pueden plantear una oposición como con (el expresidente) Sagasti, al que le dijeron ateo incluso”, comentó a OjoPúblico.

Por su parte, para la abogada y exasesora parlamentaria Mariela Belleza –quien trabajó en el 2016 con la congresista Marisa Glave (del grupo parlamentario Nuevo Perú) y en el 2020 con Daniel Olivares (del Partido Morado)–  el panorama en Perú respecto a derechos civiles es poco alentador, ya que existe “un reciclaje” de excongresistas en posiciones clave dentro del Congreso y en casi todos los partidos. 

“Está el caso de Omar Chehade y Carlos Mesía asesorando a Renovación Popular, con el único mérito de ser conservadores y llevar años trabajando con actores afines. Además, existe personal nombrado del Congreso cuyas simpatías están ya definidas de antemano y eso lo aprendí cuando ingresé a trabajar por primera vez al Congreso”, agregó.

La contratación de personas vinculadas a organizaciones civiles vinculadas a grupos evangélicos conservadores no es nueva, solo que ahora no destacan líderes como el pastor evangélico Julio Rosas Huaranga, quien fue congresista entre los años 2011 y 2019. 

Primero por el partido Fuerza 2011 (que luego se convertiría en Fuerza Popular) y después por el partido Alianza para el Progreso, con el que cobró notoriedad en el 2017 al convertirse en caja de resonancia de Con Mis Hijos No Te Metas, el colectivo radical liderado por su hijo Christian Rosas que logró convocar a miles de personas en contra del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). 

Actualmente, estas relaciones alcanzan a asesores de comisiones parlamentarias decisivas en estos temas. Por ejemplo, Paola Martínez es vocera de Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) y directiva de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafarm) pero además es asesora de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina. 

Este parlamentario es un exregidor municipal que cuando intentó postular a la alcaldía de Arequipa propuso terapias de conversión –prácticas consideradas como violatorias de los derechos humanos– para la comunidad LGTBIQ, de modo que pudieran regresar “a su estado natural”. Y hace menos de una semana, ofreció una distinción en el Congreso a la iglesia evangélica Asamblea de Dios de Arequipa por cumplir 50 años de “labor pastoral”.

“Cuando tienes estas alianzas parlamentarias en torno al conservadurismo, cabe preguntarse qué negociaciones en otros rubros no progresistas serán afectados. Por ejemplo, hace poco la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para dar títulos de propiedad en zonas de riesgo no mitigable, es decir, se legaliza una posesión ilegal. ¿Quiénes o qué grupos de poder se benefician si este proyecto se discute y se convierte en ley?”, agrega Belleza. 

La exasesora parlamentaria destaca un rasgo de la facción evangélica pentecostal –aquella que más se moviliza políticamente y está vinculada a partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular– es que comparten la visión del liberalismo económico que estas organizaciones políticas plantean. 

Una reciente investigación del sociólogo protestante Oscar Amat y León, y de la licenciada en Ciencias Teológicas Betsabeth Giovanna Condor Vargas para la ONG Diakonia –organización dedicada a proyectos vinculados con derechos humanos, democracia y justicia de género– señala que las iglesias “neopentecostales” postulan una teología política definida por diversos autores (entre ellos el propio Amat y León) como reconstruccionismo. 

“El reconstruccionismo nos habla del destino que tienen los cristianos de gobernar sus países y reconstruirlos a partir de ‘principios bíblicos para el gobierno de las naciones’. En la práctica, estos principios bíblicos vienen a ser una propuesta de gobierno divino bajo la óptica del sistema neoliberal”, explica la investigación “Propuestas y Estrategias Políticas de los Principales Nuevos Movimientos Religiosos en el Perú” (2020). 

Esta no es una mirada ajena a vertientes dentro de la Iglesia católica como el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana, cuyo liderazgo y conexiones con el poder político tienen un correlato en ciertos colegios y universidades de élite. 

El sociólogo peruano Francisco Durand, catedrático en la Universidad de Texas dedicado al estudio de los grupos de poder en Perú y autor del libro “Los Romero: fe, fama y fortuna” (2013) lo explicó en una entrevista para DESCO: “La filosofía o la teología del Opus Dei reconoce el trabajo, pero también la dedicación a la vida cristiana en todo momento, a toda hora. 

Es una orden que enfatiza, como su prima hermana la Familia Sodálite de Luis Figari, la religiosidad en la vida cotidiana (...) Es una orden que no tiene problema con aquellos que acumulan riquezas y fortunas (...) En cierto sentido, el Opus Dei representa la ética católica del capitalismo“.

En la campaña presidencial 2021 algunos sacerdotes se pronunciaron en contra del actual presidente Pedro Castillo cuando todavía era candidato, advirtiendo de sus conexiones con el “comunismo”, un denominación que otros líderes de la ultraderecha han usado también para cuestionar cualquier agenda diferente a la suya. 

Para María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional en el Perú, resulta sumamente peligroso que ese “enemigo” sea utilizado en una sociedad como la peruana, donde existe miedo incluso a la izquierda recalcitrante por ser asociada al terrorismo de los 80 y 90 en Perú.  

“Estos grupos han logrado asociar al comunismo y a la izquierda con grupos de supuesto libertinaje: feministas, la comunidad LGTBI y la comunidad trans. En otros países incluso a los migrantes. Eso significa que no solo existe una lucha social o cultural sino también una lucha política que profundiza la desigualdad y gana legitimidad en sus pedidos”, afirma Paz de la Cruz.

Así, los discursos contra la agenda de derechos civiles, sexuales y reproductivos han encontrado terreno fértil bajo consignas genéricas como “defensa de la vida” o “proteger a la familia” porque ¿quién podría estar en contra de nociones asociadas al bienestar de las personas?.

“Estos movimientos político-religiosos y de los grupos antiderechos han logrado una afinidad llamativa con el sentido común de un sector de la población (evangélica y no evangélica) a nivel del rechazo de nociones como las de: género, feminismo, homosexualidad y aborto (…) se podría afirmar que han logrado consolidar un liderazgo político y una visibilidad pública importantes”, refiere la investigación de Diakonia antes citada.

En esa línea, para Diana Miloslavich, coordinadora del Programa de Participación Política de Flora Tristán, el reto para las agrupaciones que promueven una agenda de derechos en el Congreso no es convencer únicamente a los miembros de esa institución del impacto que generan en sus representados. También deben conectar con esa parte de la ciudadanía que sí apoya la necesidad de –por ejemplo– frenar la violencia contra la mujer y los feminicidios, pero que no está convencida de por qué el aborto debe ser una opción para mujeres víctimas de violación. O que sí puede empatizar con el deseo de una pareja homosexual por casarse, pero que desaprueba la idea de que puedan adoptar un niño. 

“El soporte ciudadano es fundamental para conseguir que los proyectos de ley no solo salgan en el Congreso sino que se mantengan en el tiempo y no corran peligro de perderse”, afirma.

En su experiencia de más de 30 años de trabajo, esto fue notorio cuando se trabajó la ley de acoso político: se lograron adherencias en el Congreso porque “todas las mujeres de todas las bancadas, sin excepción, vivieron situaciones de discriminación y violencia sexista”. 

Algo distinto ocurrió cuando se buscó discutir el Proyecto de Ley sobre nuevas masculinidades o el Proyecto de Ley sobre crímenes de odio. “Falta una comprensión cotidiana de lo que podría significar la aprobación de una ley ‘fundamentalista’ en la vida concreta de las personas y de qué manera las afectaría”, agrega Miloslavich. Y eso vale tanto para congresistas como para ciudadanos de a pie.

Una opinión similar tiene Susana Chávez, directora general en Promsex, las organizaciones de derechos humanos deberán negociar dichos consensos porque detrás hay personas que pasan situaciones extremadamente difíciles y no se les puede abandonar. Ese ha sido el caso de dos víctimas de la no aplicación del aborto terapéutico en Perú: dos mujeres que sufrieron al no recibir una atención adecuada y llevar a cabo embarazos de secuelas psicológicas importantes. 

El primer caso data del año 2017, cuando la clínica El Golf fue sancionada por el Tribunal de INDECOPI a pagar 20 UIT por no tramitar debidamente una solicitud de aborto terapéutico, al no considerar el daño a la salud mental (avalado por la psiquiatra de la embarazada en cuestión) que acarreaba el embarazo, así como por dilatar una respuesta y no convocar a una junta médica para la evaluación. 

El segundo caso es mucho más antiguo y dramático: en el 2001, K.L. tenía 17 años cuando un médico del Hospital Loayza de Perú le comunicó que estaba embarazada, pero que había un problema: el feto nacería anencefálico con una esperanza de vida de pocos días. Aún así, no se le practicó el aborto terapéutico. Por el contrario: tuvo un parto natural, se le obligó a amamantar a la recién nacida durante cuatro días e incluso encargarse de vestirla al morir. Recién en el 2015, tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a favor de K.L. en el 2005, el Estado peruano cumplió con darle una indemnización en ceremonia privada.

Ha sido una justicia lenta la peruana, pero el panorama parece estar cambiando. Para Chávez, estos avances continúan hasta hoy. “El Poder Judicial ha dictaminado que un niño con dos madres tenga un DNI donde figure el nombre de ambas. Y aunque Reniec haya apelado esta sentencia, hay un juez que se atrevió a reconocer que el debate es el derecho de ese niño a tener una familia que lo ame y no la convencionalidad del matrimonio hombre y mujer”, afirmó. 

Cabe preguntarse entonces si estas pugnas dentro del Congreso podrían contar con un “desempate” desde el Poder Ejecutivo o desde el partido oficialista Perú Libre. Para Ayesha Dávila, comunicadora y activista de Madres en Acción -colectivo de mujeres que surgió en el 2018 para apoyar el enfoque de género para el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB)- tanto el presidente Castillo como varios de los legisladores de Perú Libre tienen una postura conservadora que, aunque no violenta, podría terminar apoyando al ala recalcitrante. 

En abril, en entrevista televisiva, el entonces candidato presidencial afirmó estar totalmente en contra del enfoque de género así como de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. “Yo vengo de una familia que me ha criado con valores”, explicó Castillo, pero matizó su opinión anunciando que “en una futura Asamblea Nacional Constituyente podría entrar en el debate” trasladando así la decisión a la ciudadanía.

“Cualquier propuesta progresista que se haga en el legislativo tendrá una contrapropuesta de los grupos antiderechos. No importa si son proyectos inconstitucionales o si tampoco llegan a dictamen, pero estará la intencionalidad y la visibilidad de su agenda. Lo preocupante es que ya sabemos que el Ejecutivo es también muy conservador, no solo por lo que Pedro Castillo dijo en campaña sino por su propia bancada con presencia evangélica y la designación de algunos ministros”, explica Dávila. 

En su opinión, la reunión sostenida semanas atrás entre el ministro de Educación Carlos Gallardo y la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, liderada por el evangélico Edgar Trejo –opositor abierto al enfoque de género y ocasional vocero del colectivo radical Con Mis Hijos No Te Metas– es una señal de que la “humalización” del presidente -como se le llama en Perú al giro del radicalismo hacia la izquierda moderada- no es tal. En todo caso, la situación es más de inquietud que de expectativa.

MC/SH

Mientras Pedro Castillo avanzaba por el césped amarillo de Pampa de la Quinua en su investidura simbólica como presidente, la atención de los peruanos seguía puesta en Keiko Fujimori. El nuevo mandatario había superado a la candidata de Fuerza Popular en una apretada segunda vuelta electoral en un país donde los presidentes duran poco. En un Perú como el de estos últimos cinco años, un triunfo sin una marcada diferencia de votos deja a cualquier presidente en una situación precaria.

La pregunta sobre las posibilidades de gobernar en un país con un Congreso fragmentado no le permitía a ningún dirigente del nuevo Gobierno estar en calma. Lo que pocos imaginaban era que el primer reto vendría no ya de la oposición ni de sus aliados circunstanciales sino de Perú Libre, el sello político que lo postuló como presidente.

A dos meses de su llegada al poder, Pedro Castillo se enfrenta a la primera rebelión interna, la del ala más radical de su partido, Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón. Pero también la de una oposición de derecha, encabezada por el alicaído pero todavía vivo espacio político de Keiko Fujimori.

Desde las 11.35 de la mañana del lunes, la nueva primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, expone ante el Congreso unicameral. Le pide el respaldo, requerido por la Constitución, para que el nuevo Gabinete presidencial entre en funciones. Para obtenerlo, necesita que la mitad más uno de 130 congresistas voten a favor de la confianza. Un sector de Perú Libre dijo que no respaldará al presidente. Castillo dependerá de una delgada red de apoyos en ese hiperfragmentado Congreso. Vásquez llega a esta instancia después de una semana de rondas de conversaciones con las diferentes bancadas de congresistas. El principal desafío no son los otros sino los propios. 

El momento del quiebre

La renuncia de Guido Bellido al cargo de primer ministro, así como la salida de otros seis ministros, confirmó la división política que existe dentro del Gobierno. El paso al costado de Bellido, representante del ala más radical del partido junto a Vladimir Cerrón, no pudo haber sido leída más que un paso al centro del presidente que molestó a ese sector. 

Después de la renuncia en bloque, el 14 de octubre, el partido Perú Posible difundió un comunicado en el que anunció que no prestaría su apoyo al nuevo Gabinete de Castillo porque “existe un inocultable giro del Gobierno y su Gabinete hacia el centro derechismo”. La denuncia estaba puesta en los “representantes caviares”  o como se conoce a la moderada izquierda limeña.

Una cuestión de confianza

El martes por la mañana, el Gobierno de Pedro Castillo presentó en el Congreso un proyecto que tenía como intención limitar la posibilidad de destitución de un presidente. El Gobierno buscaba que solo sea posible en el caso de probada incapacidad mental o física y que la censura al gabinete procediera por temas vinculados a sus funciones.

Pero unas horas más tarde, el heterogéneo arco opositor no solo no incluyó el tema sino que profundizó las diferencias al aprobar una nueva ley que limita el poder del presidente de presentar una “cuestión de confianza”. La decisión de una mayoría opositora en el Congreso acorrala a Castillo para impedirle disolver el Congreso, como sí hizo el presidente Martín Vizcarra en septiembre de 2019. Los congresistas que buscan correr a Castillo de su cargo ni corren el riesgo de perder sus escaños al hacerlo, ni debe llamarse a una nueva elección para cubrirlos.

“Han roto el equilibrio de poderes del Legislativo y Ejecutivo. Es anticonstitucional pero a la vez el Congreso está eligiendo nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lo que estamos viviendo es una orquesta de vacancia a Castillo en varios movimientos”, dice a elDiario.es Laura Arroyo, analista política peruana.

Hasta el momento, el Ejecutivo tenía poder de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por cualquier tema que considerase necesario. El martes pasado, el escenario cambió. Ahora el Congreso solo puede hacerlo sobre materias de su competencia y deja afuera, por ejemplo, a las reformas constitucionales.

El Gobierno la consideró “lamentable” y confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que “lo que ha hecho el Congreso es limitar la cuestión de confianza, sin limitar la vacancia presidencial (destitución) y se crea un tremendo desequilibrio”. La  “vacancia presidencial ” es lo que ha venido generando tanta desestabilidad, en los últimos años, en Perú. 

A todo esto se suma una nueva amenaza de Vladimir Cerrón quien ha vuelto a decir que el espacio de derecha está a ocho votos de lograr vacarlo. “Esto no es falso. Pero lo que le está diciendo en realidad es que él podría darle esos ocho votos si Castillo no se mueve como Cerrón quiere”, dice Arroyo.

Las divisiones dentro del Congreso 

Existen dos grupos de parlamentarios diferenciados entre quienes votaron a favor de modificar la cuestión de confianza. De un lado, grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que están en la oposición de derecha más dura y consideran que esto ayuda a ir allanando el camino hacia un posible vacío presidencial. Del otro lado, partidos como Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Somos Perú están pensando más en la posibilidad que su periodo como parlamentarios sí dure cinco años y por ello votaron a favor de la llamada ley de vacancia, que regula el procedimiento para destituir al presidente.

“No hay mucha comprensión entre los parlamentarios en general sobre la necesidad de hacer reformas integrales al sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de precisar una causal tan poco clara como la de 'vacancia presidencial por incapacidad moral permanente'”, dice a este medio el politólogo peruano, José Alejandro Godoy.

En las últimas elecciones, diez partidos se repartieron los escaños del Parlamento. A diferencia de 2016, ni el Gobierno ni el fujimorismo cuentan con mayoría absoluta y, por primera vez después de mucho tiempo, Fuerza Popular de Keiko Fujimori no resultó el partido más votado. En primer lugar quedó Perú Libre, con 37 diputados, lo que representa una débil mayoría. 

Escenario posible

A pesar de la división de Perú Libre, Castillo podría tener los votos suficientes para aprobar el nuevo Gabinete. A cambio, el ala más radical del partido le pedirá una serie de cosas con las que deberá negociar.

Lo que no está claro es que, una vez aprobado el nuevo Gabinete, Castillo pueda finalmente comenzar a gestionar. El pedido de destitución, que puede ser vuelto a activar por la oposición conservadora, pasó a ser lo que más preocupa en este momento al Gobierno. “Mirtha Vásquez y su Gabinete conseguirán la confianza pero conseguirla no significa realmente nada en términos políticos. Eso será un trámite. La orquesta de la vacancia es lo que preocupa ahora y eso ya ha empezado a sonar”, dice Arroyo.

AGB