La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50% de los votos.

De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.

El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.

Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8% y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5% y 932.811 votos.

Esta es la primera vez que Sánchez aparece entre los cinco candidatos más votados en el cómputo oficial, ya que un conteo rápido que ofreció la empresa Ipsos este lunes le dio la principal opción de disputar la segunda vuelta electoral con Fujimori, en una reñida disputa con López Aliaga y Nieto.

Otro conteo rápido realizado y difundido este domingo por la empresa Datum señaló que Fujimori y López Aliaga disputarán la segunda vuelta.

De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

EFE

Las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, probablemente, el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8% de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9%) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4%, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Mientras, para López Aliaga será la primera vez en esa instancia tras no alcanzarla en 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial.

Al 40% de votos escrutados, Fujimori tiene el 17,1% de votos válidos, López Aliaga el 16,4% y Nieto el 13,8%.

Tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori dijo que “Perú no aguanta más improvisaciones. ”Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden“, recalcó.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación. De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que “no es casualidad” que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

EFE

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El expresidente peruano Alberto Fujimori irrumpió en la política en 1990 y, desde entonces, dividió a la sociedad de Perú. Esa división, que pervive hasta el día de hoy, separa a los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, de 86 años, falleció este miércoles en la casa limeña de su hija Keiko. Lo hizo en libertad tras una polémica decisión que le permitió abandonar la prisión en diciembre pasado.

Apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.

En la primera ocasión venció como candidato anti-establishment al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.

Higuchi falleció en diciembre de 2021 a los 71 años, de un cáncer de pulmón que padeció durante los últimos años.

Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

En esa prisión fue ganando de manera progresiva compañeros de reclusión. Durante meses la compartió con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.

Durante los últimos años, “el Chino” fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.

En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.

A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.

La polémica en torno a su figura llegó a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que es juzgada por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.

En diciembre pasado la polémica rodeó su figura por última vez.

El Tribunal Constitucional ordenó su liberación, en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una última muestra de la influencia sobre el poder que tuvo hasta su último minuto y también de la capacidad de dividir a una sociedad.

CRM con información de la agencia EFE

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras “una larga batalla contra el cáncer”, confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá”, publicó Keiko Fujimori en la red social X, en un mensaje que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sachie y Kenji.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.

“Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

“Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En las últimas horas, sus partidarios y colaboradores más cercanos se acercaron a su domicilio a indagar sobre su estado de salud, e incluso algunas excongresistas, como Luisa Cuculiza, contaron a la prensa que Fujimori les respondió brevemente el saludo.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, la fujimorista Patricia Juárez, pidió a los peruanos: “Oren por él, por la salud del presidente Fujimori”.

En un pronunciamiento hecho a los periodistas, Juárez dijo que sus “oraciones y pensamientos están con el presidente Alberto Fujimori”, acompañada por otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

Otro legislador de Fuerza Popular y médico personal del exgobernante, Alejandro Aguinaga, declaró, horas antes, que Fujimori estaba “luchando” en ese momento por su vida.

“El presidente está luchando (...) Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones (que circulan acerca de su salud) pedimos que se restrinjan las visitas y reiteramos nuestro agradecimiento (por el interés en Fujimori)”, dijo a los periodistas apostados en la puerta de la casa.

Poco después, la Presidencia de Perú expresó en un mensaje en la red social X su preocupación por la salud del exgobernante.

“Desde la Presidencia de la República expresamos nuestra preocupación por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, señaló. 

CRM con información de la agencia EFE

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB

En las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo 2 de octubre en Perú más de 24 millones de ciudadanos fueron convocados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y  1.694 distritales en un contexto de crisis política donde las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo son una constante. Las peruanas y peruanos  también votaron para 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

Una de las resultantes más nítidas de este proceso electoral es la profundización de la crisis de partidos testimoniada en la fragmentación del voto que en Perú es obligatorio y en el ánimo electoral. No pocas  peruanas y peruanos han dicho que han ido a votar con pena, por obligación, con poca ilusión porque no han visto un candidato que expresara una posible renovación de los partidos competidores cuya debilidad conlleva el riesgo de una personalización de la política peruana.

Castillo y Fujimori son los grandes perdedores en las regiones

Sorprendentemente o no tanto, Perú Libre y Fuerza Popular que hace poco más de un año y cuatro meses lucharon encarnizadamente en la segunda vuelta presidencial han resultado perdedosos. Los ganadores pertenecen a movimientos independientes regionales en  Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Puno. Otros tres de Somos Perú, en  Loreto y San Martín; y Avanza País en  Madre de Dios.

Los candidatos postulados por Fuerza Popular, el partido cuya lideresa fue la candidata presidencial que había pasado a segunda vuelta en las elecciones de 2021, no ganaron en ninguna de las  19 regiones donde se han presentado: Amazonas, Áncash, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Piura, San Martín y Tumbes. Un desolador resultado también obtuvo Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia de Perú a Pedro Castillo. Ninguno de sus candidatos ganó en las 15 regiones donde han competido: Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali.

Muy probablemente se deba respecto a los primeros por su campaña del falso fraude electoral y sus intentos infructuosos de vacar a Pedro Castillo. Y los segundos, por asociarse a los fujimoristas en el Congreso y sumarse a proyectos antidemocráticos. Durante la campaña presidencial, Cerrón que había sostenido durante la campaña electoral un potente mensaje antifujimorista,  cuando accedió al poder hizo alianza con el partido denostado. En esta línea, la derrota puede bien leerse como el repudio de los electores a Cedrón y su partido por su actuación política.

La  crisis de partidos ha motivado que en las regiones hayan ganado  más los movimientos que partidos, incluso en el caso de  Acuña que ganó por  Alianza para el Progreso en el norte. El APP es un partido empresa, que gira alrededor de un personaje y no tiene  una estructura democrática significativa. “Hubo partidos que han ido perdiendo la presencia nacional, en un momento dependían de candidaturas locales hasta que ellos se dieron cuenta de que no necesitaban los partidos, es más, que se desprestigiaban asociándose a los partidos nacionales envueltos en denuncias de corrupción y optaron por sus propias organizaciones partidarias” detalla Hernán Chaparro, investigador y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

En el Perú, los gobiernos regionales como los municipios provinciales y distritales si bien guardan dependencia en relación al gobierno central, por ejemplo, en los mecanismos de recaudación tributaria altamente centralizada y en su capacidad de gasto, cuentan con una relativa autonomía administrativa que les permite implementar diversas obras públicas con la participación tanto de empresas privadas como entidades ejecutoras. Esto último ha sido  aprovechado por la corrupción institucionalizada. Funcionarios públicos y autoridades políticas en muchos casos son los grandes promotores y auspiciadores financieros y logísticos de las candidaturas de diversos caudillos regionales, provinciales y distritales. Por estas razones, en los últimos años las propuestas electorales se han desvinculado de propuestas integrales que pongan en cuestionamiento los problemas estructurales del país y el carácter altamente centralista y excluyente del actual régimen político que se sostiene en la Constitución de 1993.

En LIma, un ultraconservador sale primero, y un ex militar torturador sale segundo

El ganador de la contienda para ocupar el sillón de la Alcaldía de Lima donde viven 10 millones de habitante,  un tercio de la población del país  -que ha sido disputado por ocho candidatos- es el empresario Rafael López Aliaga por el partido ultraconservador Renovación Popular con 26,28 por ciento de los votos, un  ajustado 0,9 puntos por encima de su rival, el exmilitar  derechista acusado por violaciones a los DDHH, Daniel Urresti de Podemos Perú  con el 25,37 por ciento.   López Aliaga - apoyado por el fuijimorismo que no presentó candidato en Lima-  había asegurado en vísperas de conocer el resultado definitivo que  ya está “trabajando con bancos internacionales” para “conseguir dinero para Lima” y que, de ganar las elecciones, quiere contar en su administración con su principal adversario en las urnas, Urresti para quien aseguró  que las “puertas están abiertas”. Respecto al presidente Castillo,  López Aliaga  quien hizo buena parte de sus millones con el monopolio que le dio la dictadura de Alberto Fujimori para la operación del lucrativo tren a las ruinas de Machu Picchu, le pidió que “renuncie de una vez por el bien del Perú, que se asile a un país” y deje a Perú “en paz”.

Los porcentuales obtenidos por los otros candidatos ha dejado de manera nítida la fragmentación del electorado: el ex futbolista George Forsyth del centroderechista Somos Perú,  el 18,93 % seguido por Elizabeth León, del partido centroizquierda Frente de la Esperanza, con 10,92 %. En quinta posición figura Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso (APP), 7,10 %, seguido de Gonzalo Alegría acusado por su hijo de abuso sexual del partido izquierdista Juntos por el Perú (PJ), 6,38 %, y María Elena Soto, del derechista  Avanza País, 3,5 %.La lista la cierra Yuri Castro, 1,47 %, quien postuló por el partido Perú Libre.

Chaparro  ponderó  “Creo que es la primera vez que gana un candidato en Lima que no llega al 30%” y predijo “Con López Aliaga, creo que vamos a tener una gestión más ideologizada, más política, que tome como plataforma el municipio para enfrentarse a Castillo”. La ciudad capital permite también observar los lugares  alcanzados por las diferentes fuerzas políticas que compitieron y alcanzaron los primeros lugares: APP, en el sur de Lima, Somos Perú y Podemos Perú en el norte y Renovación Popular el centro de la ciudad.

En el marco general del país, las opciones conservadoras y derechistas fueron las ganadoras en este proceso electoral; sin embargo, su victoria se ha dado en un marco de alta fragmentación a nivel nacional con la predominancia de organizaciones regionales, no partidos nacionales y en un clima de creciente descontento social acicateado cotidianamente por la crisis económica y por las recurrentes crisis políticas que debilitan de manera considerable la legitimidad de las instituciones, que no permite con certeza vislumbrar un igual resultado en las próximas elecciones generales del país andino.  Y en cuanto los resultados virtuales del domingo 2 de octubre aún no quedó definido si habrá  una segunda vuelta, debido a que la Ley de Elecciones Regionales determina que para  ser elegidos los candidatos la fórmula que representan debe obtener no menos del 30% de los votos válidos.

AGB con información de agencias, medios y fuentes

La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida este lunes de su cargo, luego de que el pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras la difusión de unos audios en los que se le escucha, presuntamente, concertando la aprobación de leyes con César Acuña, el jefe de su partido, la derechista, neoliberal y neoconservadora Alianza para el Progreso (APP). El mismo lunes, el presidente peruano Pedro Castillo reiteró su inocencia ante la fiscal general Patricia Benavides por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial de los casos abiertos contra su gobierno con la inclusión del primer Ministro Aníbal Torres, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. La oposición encabezada por Keiko Fujimori ha pedido que se adelante la fecha de las elecciones.

El fin de una Lady presidenta

La moción contra Lady Camones, que fue presentada con la firma de 23 congresistas de agrupaciones de izquierda, recibió 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

En el pedido se indicó que los audios, publicados por el portal de investigación periodística Epicentro, contienen “pruebas suficientes” de que el líder de su partido, César Acuña, ordenaba a Camones la aprobación de la ley de creación de un distrito para favorecer su candidatura a gobernador de la región norteña de La Libertad.

Se pidió que sea censurada por esos fundamentos, así como “por atentar contra la Constitución política” y los “principios rectores que caracterizan” a la democracia y el orden constitucional en Perú.

Pedro Castillo se defiende bien

El primer mandatario del Perú se presentó en el Ministerio Público, cuya sede se encuentra en la ciudad capital de Lima, de acuerdo a la citación de la fiscal general  Benavides para responder por tres de los seis casos abiertos en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal.

Durante el acto judicial que se extendió unas tres horas, el presidente Castillo no respondió a las preguntas que le formuló la Fiscal y solo prestó su versión voluntaria. La actitud del Presidente replicó la estrategia que ya había usado en los anteriores interrogatorios por los casos relacionados con presuntas irregularidades en ascensos de las FFAA y la Policía Nacional.

Castillo negó y rechazó “tajantemente las imputaciones” y se comprometió a declarar nuevamente cuando la Fiscal haya acopiado toda la información de los casos. Su abogado, Benji Espinoza, aseguró que Castillo “es completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen”.

El gobernante está siendo investigado preliminarmente por la salida del exministro del Interior Mariano González, acusado de presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y de liderar una supuesta organización criminal dentro del propio Poder Ejecutivo cuyo objetivo consistía en ubicar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar y adjudicar fraudulentas y rentables licitaciones de obras públicas. Esta versión de la Fiscal implica al círculo más íntimo del Presidente: su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva en un penal de mujeres en Lima.

A partir dek lunes, por esta causa se investigan preliminarmente al primer ministro, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Torres aún no se ha pronunciado al respecto; sí Chero, quien, a través de Twitter, negó “categóricamente estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción”.

La Fiscalía sumó en esta acusación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado quien fue interpelado el lunes por el pleno del Congreso, donde respondió uno a uno los 23 interrogantes de los legisladores por presuntamente haber sido operador cuando estuvo frente del sector Vivienda de aquella organización criminal presuntamente encabezada por Castillo.

Keiko Fujimori propone adelantar la fecha de las elecciones generales

La presión judicial contra el presidente Castillo, su entorno familiar y funcionarios de su gobierno ha incentivado las críticas de la oposición hacia su gestión. Sucesiva o alternativamente, piden su renuncia, su destitución o el adelanto de la fecha de elecciones.

Esta última opción fue respaldada durante el fin de semana por su rival en las urnas en el último balotaje peruano, la excandidata presidencial y líder opositora derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. La propuesta empezará a ser discutida hoy martes en la Comisión Constitución del Congreso, que debatirá proyectos de ley que proponen el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario y establecen el adelanto de elecciones generales. 

AGB con información de agencias y medios

Al cierre del juicio político de destitución que mantenía al país en vilo, luego de más de ocho  horas de debate, el Congreso de la República de Perú, con mayoría de la oposición de derecha, rechazó la moción de vacancia presentada por la ultraderecha contra el presidente peruano por la causal de incapacidad moral permanente. Es la segunda moción de vacancia que sobrevive el político de izquierda Pedro Castillo desde que asumió el 28 de junio pasado, después de ganar por un ajustado balotaje a su rival la candidata de derecha Keiko Fujimori. 

La moción de vacancia por presunta incapacidad moral permanente había sido promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular, ultraderecha) -quien al conocerse el resultado declaró “No asumiremos esto como una derrota”- y contaba con las firmas de 50 legisladores de  Renovación Popular (extrema derecha) Fuerza Popular (fujimorismo), Somos Perú, Avanza País (utraliberal), Podemos Perú y Alianza para el Progreso.    

Con 55 votos a favor de la vacancia, 54 en contra y 19 abstenciones, la representación nacional desestimó en el Congreso la propuesta multipartidaria que perseguía la destitución del presidente Pedro Castillo al no alcanzar los 87 votos necesarios para  su aprobación. 

El debate en el Congreso tuvo momentos broncos, como cuando la legisladora fujimorista Vivian Olivos, en pleno recinto, levantó una pancarta que incitaba a derribar al presidente peruano, minutos después de que Castillo se dirigiera al pleno.

Castillo luciendo la banda presidencial acudió al Congreso, aunque no estaba obligado por ley, acompañado  por su abogado José Félix Palomino y media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares como así también  presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería. 

En la apertura de la sesión, Castillo presentó a lo largo de  aproximadamente 10 minutos sus descargos ante “esa casa democrática… y dando la cara al país”. Sostuvo que la moción de vacancia en su contra no está sustentada en los hechos sino en “reportajes periodísticos tendenciosos” sin pruebas que acrediten los delitos que le inculpan “no contiene un solo elemento que la sustente”. Su propia persona, arguyó ha sido  víctima de un “juicio mediático” que crecido hasta lograr la  moción de destitución en su contra. 

“La moción se ha hecho principalmente a base de reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorias y sin corroboración. No hay ningún medio probatorio que acredite alguna irregularidad, ni en los hechos ni en el derecho. Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia”, dijo el primer mandatario de la Nación ante el Congreso, enfatizando su condición de maestro y luchador por la justicia social e institucional,  los primeros ocho meses de su gestión de gobierno. 

Castillo, quien reconoce la profunda crisis que atraviesa el país  convocó al Congreso “votar por la democracia, por el Perú y en contra de la inestabilidad”, y apeló a  la “fe y confianza” en el futuro de la patria. Pidió seguir “trabajando juntos” para dejar un mejor país que el que encontró. “En este recinto, repetiré lo que nuestros antepasados quechuas decían antes de emprender una gran tarea: ¡Huk umalla huk sunquilla y huk maquilla!, ¡Una sola fuerza, un solo corazón y una misma dirección! Señores congresistas, les pido: voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad”, subrayó. 

Al término de la sesión, a las 11.00 de la noche en Lima (dos horas menos que en Buenos Aires), que se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo como el despliegue de una pancarta  con la frase “Vacancia ya”  por Leslie Olivos (Fuerza Popular) y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento, la jefa del Congreso, María del Carmen Alva,  declaró en vistas a la votación efectuada: “No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”. 

El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al presidente. 

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que dieron  lugar a la remoción de cuatro gabinetes en ocho meses, nunca visto antes en  Perú. 

En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar - la quinta vacancia presidencial  en cuatro años- que  impulsó la oposición de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular que obtuvo  46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. La moción en su contra afirmaba que Castillo “es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos como lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema”. Se sustentaba en 7 puntos, incluido el presunto “uso ilegal de fondos públicos” en la campaña 2021 de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Castillo.

Después de conocerse la derrota de la moción, el presidente peruano escribió en Twiter: “Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron”. De haber contado la oposición con los dos tercios de los votos sobre las 130 bancas del Congreso unicameral, Pedro Castillo habría seguido un  destino semejante al de dos de sus predecesores, el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

AGB con información de medios y agencias

Susana Higuchi, la ex primera dama de Perú que denunció actos de corrupción en el gobierno por diez años (1990-2000) de su exesposo el presidente Alberto Fujimori y madre de la excandidata Keiko Fujimori (tres veces derrotada en las presidenciales peruanas), falleció este miércoles víctima de cáncer, a los 71 años, según informó su hija en redes sociales.

“Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos y de sus nietos, hasta el último momento”, anunció Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

“La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, añadió la excandidata, investigada actualmente por presunto lavado de activos y organización criminal.

Higuchi fue ingeniera de profesión y descendiente de japoneses en Perú, que cultivaron una fortuna en el negocio de servicios automotrices.

En 1974 se casó con el también ingeniero Alberto Fujimori y tuvieron cuatro hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, dos de los cuales se dedicaron a la política igual que su padre.

Tras la victoria electoral de su esposo en 1990, Higuchi ocupó el cargo honorífico de primera dama, pero dos años después denunció que sus cuñadas estaban vendiendo las donaciones recibidas de Japón, lo que marcó el inicio del distanciamiento definitivo con su cónyuge.

En 1992, la Primera Dama denunció que sus cuñadas Fujimori estaban vendiendo las donaciones que Perú recibía de Japón. Esto marcó el inicio del distanciamiento definitivo de Susana Higuchi con su cónyuge.

Después de sus denuncias, Higuchi denunció haber sido torturada por presuntos agentes de Inteligencia, el servicio que estuvo bajo el mando del asesor Vladimiro Montesinos. En 1994 firmó el divorcio con Fujimori en medio de acusaciones de violencia.

A partir de entonces, Keiko Fujimori asumió el cargo de primera dama al lado de su padre. Higuchi se apartó de su hija, acusándola de haber ignorado sus denuncias.

La ex primera dama postuló al Congreso y fue elegida legisladora en el 2000 con el Frente Independiente Moralizador (FIM), la agrupación política que difundió los vladivideos, que revelaron la red de corrupción tejida en el Gobierno de Fujimori por su entonces asesor Montesinos.

Tras la caída del régimen de Fujimori (1990-2000) y su huida a Japón, Higuchi postuló nuevamente al Congreso unicameral y fue reelegida para el periodo 2001-2006 con el FIM.

En los últimos años, Higuchi se reconcilió con la mayor de sus hijos y la acompañó en algunas de las actividades proselitistas de las campañas presidenciales en las que participó.

Hace unas semanas, Keiko Fujimori informaba que su madre había sido internada de emergencia por problemas respiratorios y que se encontraba en cuidados intensivos.

Por su parte, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, también afronta una serie de problemas de salud que lo han llevado a ser internado en distintas clínicas en diferentes periodos. La familia del exmandatario sostenía en los últimos años que sufría de un tipo de cáncer para solicitar su excarcelación, pero este diagnóstico ha sido desechado y anuló el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó irregularmente en 2017.

AGB

El Congreso del Perú verá este martes si abre su quinto proceso de destitución contra un presidente en cinco años. En esta ocasión contra el izquierdista Pedro Castillo, una opción que parecía lejana hace días pero que ganó fuerza ante la incapacidad del mandatario para dar respuestas satisfactorias a las preguntas sobre reuniones irregulares mantenidas en Lima pero fuera del Palacio de Gobierno. El Congreso, dominado por sectores de la derecha y la ultraderecha muy hostiles al presidente provinciano y ex dirigente gremial docente, iniciará formalmente la destitución (vacancia, según el lenguaje político peruano) si obtiene 52 votos en una cámara única compuesta por 130 bancas.

De darse esa votación, en un plazo de entre tres y diez días, Perú tendrá un nuevo proceso de vacancia. Entonces, Castillo o su abogado deberán defenderse a matar o morir en una sesión especial del Congreso. Después, los votos de las bancadas decidirán sobre el destino político de un presidente elegido democráticamente. Fue mayoritariamente preferido por el electorado peruano en el balotaje del pasado junio, donde derrotó a su rival la derechista Keiko Fujimori, hija del ex presidente hoy presidiario Alberto Fujimori.

Si se obtienen 87 votos en esa ocasión, Castillo será destituido.

Todas las derechas contra el Presidente

La polémica diputada derechista Patricia Chirinos (Avanza País), vicepresidenta tercera del Congreso, había presentado el inicial pedido de vacancia. Alegaba la vaga causal de “incapacidad moral permanente” que contempla para el impeachment la Constitución fujimorista.

El pedido derechista da por probada la “incapacidad moral” de Castillo a partir de varios hechos y de varias impresiones de la diputada neoliberal y ex alcaldesa de La Perla (en El Callao, donde está el puerto de Lima). La infiere de sus designaciones políticas, la infiere de una supuesta financiación irregular del partido Perú Libre que lo llevó al poder, la infiere de también supuestos tráficos de influencias cometidos por su entorno, la infiere de generar “inestabilidad económica”, y, por cierto, la infiere de retomar relaciones diplomáticas con Venezuela y con Cuba. Nacida en 1975, Chirinos estudió periodismo y se destacó después en la cobertura televisiva de temas y personajes de farándula; casó en junio del 2019 con Luis León Rupp, treinta y un años mayor que ella, dueño del Hotel Bolívar en la limeña Plaza San Martín y del Grupo Vulcano; enviudó dieciocho meses más tarde, en diciembre del 2020

Avanza País (derecha neoliberal), Renovación Popular (extrema derecha) y Fuerza Popular (fujimorismo), partidos que nunca se han reconciliado con la victoria electoral de Castillo, se unieron en bloque para impulsar la moción de vacancia de Chirinos. Aun a sabiendas de que sus 43 votos serían insuficientes para que se aprobara la medida.

Breña, celada y emboscada

Sin embargo, en apenas unos días la situación cambió radicalmente con la aparición de una serie de grabaciones -difundidas por el programa Cuarto Poder- en las que Castillo aparece en una casa particular en Breña. En este distrito de Lima también se vio entrar a políticos de diversa afiliación partidaria y a empresarios que a veces al poco tiempo triunfaban en licitaciones abiertas y competitivas de obras públicas.

Si hubo reuniones entre Castillo y esas personas, estas no aparecen registradas en ningún lugar, como es obligación legal en caso de encuentros presidenciales.

Las revelaciones coinciden sobre el Presidente que recibiría visitas sin dejar asiento de ellas coinciden con las investigaciones abiertas por enriquecimiento ilícito contra Bruno Pacheco: el ex secretario general del Despacho Presidencial está en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas después de que los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea lo acusaran de interferir en los ascensos de las FFAA para favorecer a personas allegadas al Presidente. Mientras Pacheco era investigado por este caso, el fiscal que intervino su despacho encontró 20.000 dólares ocultos en el baño, así como depósitos en efectivo realizados por personas vinculadas a los visitantes de la casa de Breña.

Es mi vida privada nomás

Preguntado por las coincidencias entre las visitas que recibía pero no mencionaba y los dólares que su secretario guardaba pero tampoco mencionaba, Castillo respondió con un mensaje televisado. Explicó que las visitas a la casa de Breña, donde tuvo su cuartel general durante la campaña electoral, eran de índole personal. Y se desentendió de Pacheco, quien dimitió el pasado 19 de noviembre: “Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la Justicia”, dijo el Presidente.

Ante esto, congresistas de otros partidos, estos de una derecha menos permanentemente afincada en los extremos (Acción Popular, Alianza Para el Progreso), que en principio no pensaban apoyar la moción de vacancia, comenzaron a expresar su voluntad de aprobar la medida.

La emergencia hizo que convocara Castillo a reuniones, en la sede presidencial y con registro, a los líderes de todas las fuerzas políticas parlamentarias. Recibió de estas fuerzas un decidido apoyo si el Presidente explicaba bien las visitas que recibía fuera de la sede presidencial y sin registro.

Medios, mentiras y videos

Durante el fin de semana, Perú esperó revelaciones de los programas dominicales de política. Las redes de la derecha prenunciaban que iban a ser demoledoras esas informaciones y destructivos esos videos.

Ningún medio aportó nada revelador. Si el nexo nítido entre Castillo y la corrupción existe, hay que esperar alguna prueba, o siquiera indicio concluyente.

La ausencia flagrante de evidencia, y la codicia de derrocar que urge abiertamente a la oposición más derechista, obligan a un recálculo de los votos en el Congreso. Esta vez, a favor del Presidente.

AGB con información de agencias y de fuentes

Después de un agónico recuento de votos en la segunda vuelta electoral del 6 de junio, el candidato izquierdista Pedro Castillo logró imponerse ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un escaso margen de menos de 45.000 votos. Después de semanas de impugnaciones y batallas legales, fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora cumplió 110 días en el poder, una permanencia de la que muchas voces dudaban y contra la cual muchas fuerzas unieron fuerzas. Su candidatura presidencial representaba a Perú Libre, no como militante sino como invitado de este partido de izquierda. El líder partidario, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014) quedó inhabilitado para competir en elecciones. En la primera vuelta de las presidenciales, con 18 candidatos rivales en contienda, la gran sorpresa fue la victoria de Castillo: su nombre, que sólo al final apareció en los sondeos de intención de voto, era antes prácticamente desconocido en Lima. 

Acaso su cualidad de outsider lo posicionó como un candidato posible de concitar la atención ante la fragmentación partidaria y la crisis de representatividad que sufre Perú hace ya varios años. Castillo ganó en todos los departamentos sureños y en la región andina, conocidos por votar históricamente a candidatos anti sistema, contrarios a la elite limeña. En ese momento, el país asolado por la pandemia de Covid-19, llegó a registrar el número más alto per cápita del mundo en el mes de este año. La brutal letalidad se sumó la crisis económica de una caída de 11 puntos del PBI – después de 20 años de crecimiento sostenido- con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. “Yo no he vivido una situación como esta nunca; es la caída más grande de los últimos cien años, realmente dramático”, dijo ya en junio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde 2006, considerado uno de los artífices del sostenido crecimiento del país en las últimas décadas.

Las elecciones se desarrollaron en medio de un pico de descontento popular producto de la crisis institucional originada a partir del proceso de vacancia contra el ex presidente Vizcarra. Su sucesor, el ex presidente Merino quien gobernó solo una semana luego de las masivas protestas en las calles de Lima y de otras ciudades, que terminaron con la muerte de dos jóvenes, fue reemplazado por Francisco Sagasti. Los períodos quinquenales resultaron gravemente trastornados: Pedro Castillo es el quinto presidente en sólo cuatro años. La causa mediata se remonta al principio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien en marzo de 2018 renunció para no ser destituido acusado de corrupción, en un proceso que antes les costó las cabezas a otros ex presidentes salpicados por el escándalo de Odebrecht: Alan García, (1985 a 1990 y 2006 a 2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) como también a la opositora Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, la crisis también evidenció la puesta a prueba de la representatividad de los partidos políticos, la Constitución, la pugna por el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción. Que no es nueva, Manuel González Prada en Páginas Libres (1894), sintetizó “Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta pus”.

En noviembre no hay milagros

Desde el mismo momento que le impusieron la banda presidencial a Castillo, los fantasmas de los ex presientes Kuczynski y Viscarra, que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno la Casa de Pizarro, desde ahí profetizaron que al nuevo presidente, quien desistió habitarlo, sin mayorías el Congreso no le dará tregua. Oráculo cumplido. El gobierno que cuenta con 110 días de mandato es el que más cambió ministros no sólo en el país sino en toda la región.  El 6 de octubre, renunció Guido Bellido, apologista de Sendero Luminoso, nombrado primer ministro por Castillo como forma de darle poder a Cerrón en el Ejecutivo. Los continuos choques de Bellido con la oposición y la élite económica provocaron subida del tipo cambio del dólar que alcanzó un máximo histórico la primera semana de octubre, con la devaluación del sol peruano. En consecuencia, el alza de los precios de algunos insumos importados de la canasta familiar, como el gas licuado de petróleo y el pollo. La inflación se volvió otro flanco de ataque a la nueva administración. En respuesta, el Ejecutivo aprobó a fines de agosto un subsidio indirecto para que los distribuidores de gas en bombonas lo vendieran a un precio menor, y dispuso un subsidio directo de U$S 85 a 13 millones de personas en pobreza. Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke, en viaje a EEUU se reunieron con altas autoridades del Banco Mundial y el BID para reiterar el respeto a la propiedad y la necesidad del Perú de inversión extranjera. Horas más tarde, Bellido amenazó vía Twitter al consorcio privado Camisea, el mayor yacimiento de gas: anunció que si no aceptaba renegociar el porcentaje de regalías que paga al Estado expropiarían el gas. Castillo exigió la renuncia de Bellido e hizo otros cambios. Retiró a los ministros de Interior, Juan Carrasco, y de Educación, Juan Cadillo; y también al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien causó una controversia al modificar a última hora la lista de la delegación oficial de Perú en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En estos 110 días, hubo otros cuatro ministros cuyas declaraciones o antecedentes daban pie a la oposición para atacar al Ejecutivo. Castillo también pidió la dimisión al canciller Héctor Béjar; al ministro de Trabajo, Iber Maraví; al ministro de Interior, Luis Barranzuela, ex abogado de Cerrón y Bellido; y al ministro de Defensa, Walter Ayala. Si bien en su primer Gabinete —de 19 miembros— solo nombró a dos mujeres, Castillo hizo un mea culpa semanas después. La enmienda ocurrió al nombrar como reemplazo de Bellido a la abogada de izquierda moderada Mirtha Vásquez, defensora de derechos humanos, y expresidenta del Congreso. Además, integró a dos mujeres como ministras de Cultura, Gisela Ortiz  y de Trabajo,  Betsy Chávez, Los cambios fueron objetados por el sector cerronista de Perú Libre que arguyó  una supuesta ‘derechización’ de Castillo. Si bien el sector radical de su partido no le ofreció garantías para un gobierno mínimamente viable, sí cuenta con  bases populares en el centro y sur del país. Y estos dramáticos vaivenes no aumentaron la popularidad del presidente entre sus paisanos. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de finales de octubre, un 48% de ciudadanos desaprueba el desempeño de Castillo (frente a un 35% a favor) y un 75% hace lo propio con el Congreso. El diario El Comercio publicó, sobre las manifestaciones en el marco de los cien días, que integrantes de diferentes colectivos realizaron una marcha contra el Presidente al grito de “vacancia ya”. 

En Ayacucho, la región donde Castillo tuvo un encuentro masivo con sus electores al día siguiente de prestar juramento al cargo en julio, pronunció un discurso en el que ofreció una prospectiva y perspectiva de su gestión durante los primeros cien días. Si cuando asumió solo un 15% estaba vacunado, “En cien días hemos logrado vacunar a casi el 60% de la población objetivo, habiendo cuadruplicado el porcentaje”. La previsión es llegar al 80% a fin de año. “Sin ello, no será posible reencauzar la economía”, agregó. El presidente señaló que -según el Banco Central de Reserva- la economía crecerá 11.9%, este año —en 2020 pasado cayó 11 puntos porcentuales—, y que entre julio y septiembre se ocuparon 300.000 nuevos puestos de trabajo. E insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. No mencionó un tema candente que refiere a la despenalización del aborto, que en comparación con el resto de la región Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre este tema que integra la agenda de quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTB+.

Toda moderación de poco servirá para ganar la simpatía de la derecha conservadora —casi la tercera parte del Congreso— que lo ven como fruto de una elección que les robaron. La aprobación de sus iniciativas en el Parlamento y su propia sobrevivencia tendrá que recaer en las bancadas de centro, las cuales carecen de liderazgos definidos o de objetivos concretos. A la vez, el presidente generalmente elige mantenerse en silencio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su gestión. Al ofrecer su propio balance de los primeros cien días de su gobierno, insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que sustituya a la fujimorista hoy vigente. Un terreno muy inestable e improbable para una Tempestad en los Andes como la que en 1927 anunció Luis E. Valcárcel, en su clásico libro prologado por José Carlos Mariátegui, quien profetizó un levantamiento del Perú andino profundo que cubriera todo el país. 

SS

Por Mayra Castillo / OjoPúblico

Una velada confrontación con cinco días de diferencia se presentó a inicios de octubre en las puertas del Poder Legislativo peruano y expuso la postergada agenda de derechos sexuales y reproductivos en el país. El primer día de ese mes, la congresista del partido de izquierda Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció un Proyecto de Ley para despenalizar el aborto en casos de violación, como ya ocurre en otros 6 países de América Latina (Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México y Argentina). 

Solo unos días después, el 6 de octubre, la congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, realizó una conferencia de prensa acompañada de algunos colectivos y anunció otra iniciativa, esta vez, un proyecto de ley para otorgarle derechos al embrión desde la concepción. “Estamos luchando juntos por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos”, señaló la parlamentaria.

El Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluida la causal de violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica, Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre el tema. 

Por ello, el episodio en el Congreso de la República revela una pugna inminente: de un lado, quienes defienden una agenda que promueve los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTBIQ, y el enfoque de género como eje transversal de las políticas públicas; y del otro, un sector recalcitrante de los sectores más conservadores, que consolida su presencia en diferentes partidos y espacios políticos. En el actual Congreso, estos grupos están representados en bancadas como la de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País. 

Uno de los opositores más mediáticos es el líder del partido Renovación Popular y excandidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 11,75%. Durante su campaña impulsó un discurso violento, de odio y basado en la desinformación. También ha arremetido contra lo que él llama “Nuevo Orden Marxista” que, según dice, propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique a promover el aborto y a homosexualizar a la población. 

El discurso ultraconservador de Renovación Popular y de los grupos extremistas que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil –con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza– y en Argentina -con el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. 

A ellas se suman otras voces desde España. En septiembre, la comitiva conformada por el vicepresidente y diputado del partido de ultraderecha Vox Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la “Carta de Madrid” y consiguió adhesiones “en defensa de la democracia y la libertad” de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta y comentó en su cuenta de Twitter que ambos partidos comparten su “preocupación sobre el avance del comunismo”. El mismo día, los legisladores de Renovación Popular, los exalmirantes Jorge Montoya y Jose Cueto Aservi, recibieron a Vox en la Sala Bolognesi del Congreso; al igual que el congresista Jose Daniel Williams Zapata del partido Avanza País (liderado por el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto). 

¿De qué manera estos encuentros y alianzas podrían impactar en las futuras discusiones legislativas en torno a los derechos sexuales, civiles y sociales de los peruanos? En OjoPúblico entrevistamos a investigadores, especialistas y activistas sobre el futuro de los temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos en un entorno parlamentario tan conservador como el actual.

El panorama en el Legislativo

Un sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado en octubre, concluye que entre abril 2020 y agosto 2021 la desaprobación del Congreso creció de 42% a 61%. A esta ciudadanía recelosa del Congreso, se suma la inexperiencia y falta de cuadros del partido de Gobierno. 

Perú Libre no tiene mayoría parlamentaria, ni incluyendo a sus aliados políticos como Juntos por el Perú. Los partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular superan juntos no solo al oficialismo en el Parlamento sino también a las demás organizaciones políticas más afines a una agenda de derechos como Juntos por el Perú y el Partido Morado (del centro liberal) en alianza con Somos Perú.

Un mapeo realizado este año por la asociación civil Manuela Ramos, señala que de los 130 congresistas electos, 40 podrían considerarse como actores favorables a las políticas de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, dice el informe, la bancada de Juntos por el Perú es la única cuyos miembros, en su totalidad, apoyan estas medidas preventivas contra la violencia de género. 

Otra de las conclusiones del documento afirma que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular tienen una postura bastante homogénea opositora a dichas políticas. Es decir, sus integrantes comparten opiniones muy similares que podrían desembocar en votaciones en bloque. 

Por ejemplo, la congresista Jáuregui de Aguayo aseguró que un aborto voluntario aumenta el riesgo de sufrir problemas psicológicos basándose en un estudio académico del 2009 que, posteriormente, fue desestimado por la comunidad médica por ostentar gruesos errores en metodología, análisis y conclusiones.   

Además considera que el rol de la mujer está sujeto a los designios del esposo: “Tengo que aprender a respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar (...) ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón”. Por su parte, Rosangella Barbaran, de Fuerza Popular, utilizó el término “ideología de izquierda” en la campaña para definir a la agenda por igualdad de género, y luego de ser electa afirmó que en la escuela quieren aprovecharse para introducir esa “ideología”.

Una ruta difícil, aunque predecible

¿Qué se puede esperar entonces de las posturas o alianzas de los 130 congresistas durante este periodo de gobierno? 

Para Guillermo Flores Borda, evangélico e investigador en temas de religión y política, estos discursos fueron más útiles durante la campaña electoral que hoy. “La polarización ha vuelto a concentrarse en izquierdas y derechas, debido al voto de confianza y a la crisis política. Te diría que los congresistas más recalcitrantes van a trabajar reactivamente: ante una propuesta progresista, habrá una reacción ultraconservadora. Pero la agenda misma no está centrada en derechos sexuales y reproductivos”, agregó. 

En ese sentido, Flores Borda apunta que los proyectos de ley mencionados al inicio del reportaje “no han trascendido tanto en los medios de comunicación” y un factor de dificultad es que el presidente Castillo es una persona religiosa: él es católico y su familia es evangélica. “Se han encontrado con un muro: no pueden plantear una oposición como con (el expresidente) Sagasti, al que le dijeron ateo incluso”, comentó a OjoPúblico.

Por su parte, para la abogada y exasesora parlamentaria Mariela Belleza –quien trabajó en el 2016 con la congresista Marisa Glave (del grupo parlamentario Nuevo Perú) y en el 2020 con Daniel Olivares (del Partido Morado)–  el panorama en Perú respecto a derechos civiles es poco alentador, ya que existe “un reciclaje” de excongresistas en posiciones clave dentro del Congreso y en casi todos los partidos. 

“Está el caso de Omar Chehade y Carlos Mesía asesorando a Renovación Popular, con el único mérito de ser conservadores y llevar años trabajando con actores afines. Además, existe personal nombrado del Congreso cuyas simpatías están ya definidas de antemano y eso lo aprendí cuando ingresé a trabajar por primera vez al Congreso”, agregó.

La contratación de personas vinculadas a organizaciones civiles vinculadas a grupos evangélicos conservadores no es nueva, solo que ahora no destacan líderes como el pastor evangélico Julio Rosas Huaranga, quien fue congresista entre los años 2011 y 2019. 

Primero por el partido Fuerza 2011 (que luego se convertiría en Fuerza Popular) y después por el partido Alianza para el Progreso, con el que cobró notoriedad en el 2017 al convertirse en caja de resonancia de Con Mis Hijos No Te Metas, el colectivo radical liderado por su hijo Christian Rosas que logró convocar a miles de personas en contra del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB). 

Actualmente, estas relaciones alcanzan a asesores de comisiones parlamentarias decisivas en estos temas. Por ejemplo, Paola Martínez es vocera de Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) y directiva de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafarm) pero además es asesora de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina. 

Este parlamentario es un exregidor municipal que cuando intentó postular a la alcaldía de Arequipa propuso terapias de conversión –prácticas consideradas como violatorias de los derechos humanos– para la comunidad LGTBIQ, de modo que pudieran regresar “a su estado natural”. Y hace menos de una semana, ofreció una distinción en el Congreso a la iglesia evangélica Asamblea de Dios de Arequipa por cumplir 50 años de “labor pastoral”.

“Cuando tienes estas alianzas parlamentarias en torno al conservadurismo, cabe preguntarse qué negociaciones en otros rubros no progresistas serán afectados. Por ejemplo, hace poco la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para dar títulos de propiedad en zonas de riesgo no mitigable, es decir, se legaliza una posesión ilegal. ¿Quiénes o qué grupos de poder se benefician si este proyecto se discute y se convierte en ley?”, agrega Belleza. 

La exasesora parlamentaria destaca un rasgo de la facción evangélica pentecostal –aquella que más se moviliza políticamente y está vinculada a partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular– es que comparten la visión del liberalismo económico que estas organizaciones políticas plantean. 

Una reciente investigación del sociólogo protestante Oscar Amat y León, y de la licenciada en Ciencias Teológicas Betsabeth Giovanna Condor Vargas para la ONG Diakonia –organización dedicada a proyectos vinculados con derechos humanos, democracia y justicia de género– señala que las iglesias “neopentecostales” postulan una teología política definida por diversos autores (entre ellos el propio Amat y León) como reconstruccionismo. 

“El reconstruccionismo nos habla del destino que tienen los cristianos de gobernar sus países y reconstruirlos a partir de ‘principios bíblicos para el gobierno de las naciones’. En la práctica, estos principios bíblicos vienen a ser una propuesta de gobierno divino bajo la óptica del sistema neoliberal”, explica la investigación “Propuestas y Estrategias Políticas de los Principales Nuevos Movimientos Religiosos en el Perú” (2020). 

Esta no es una mirada ajena a vertientes dentro de la Iglesia católica como el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana, cuyo liderazgo y conexiones con el poder político tienen un correlato en ciertos colegios y universidades de élite. 

El sociólogo peruano Francisco Durand, catedrático en la Universidad de Texas dedicado al estudio de los grupos de poder en Perú y autor del libro “Los Romero: fe, fama y fortuna” (2013) lo explicó en una entrevista para DESCO: “La filosofía o la teología del Opus Dei reconoce el trabajo, pero también la dedicación a la vida cristiana en todo momento, a toda hora. 

Es una orden que enfatiza, como su prima hermana la Familia Sodálite de Luis Figari, la religiosidad en la vida cotidiana (...) Es una orden que no tiene problema con aquellos que acumulan riquezas y fortunas (...) En cierto sentido, el Opus Dei representa la ética católica del capitalismo“.

En la campaña presidencial 2021 algunos sacerdotes se pronunciaron en contra del actual presidente Pedro Castillo cuando todavía era candidato, advirtiendo de sus conexiones con el “comunismo”, un denominación que otros líderes de la ultraderecha han usado también para cuestionar cualquier agenda diferente a la suya. 

Para María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional en el Perú, resulta sumamente peligroso que ese “enemigo” sea utilizado en una sociedad como la peruana, donde existe miedo incluso a la izquierda recalcitrante por ser asociada al terrorismo de los 80 y 90 en Perú.  

“Estos grupos han logrado asociar al comunismo y a la izquierda con grupos de supuesto libertinaje: feministas, la comunidad LGTBI y la comunidad trans. En otros países incluso a los migrantes. Eso significa que no solo existe una lucha social o cultural sino también una lucha política que profundiza la desigualdad y gana legitimidad en sus pedidos”, afirma Paz de la Cruz.

Así, los discursos contra la agenda de derechos civiles, sexuales y reproductivos han encontrado terreno fértil bajo consignas genéricas como “defensa de la vida” o “proteger a la familia” porque ¿quién podría estar en contra de nociones asociadas al bienestar de las personas?.

“Estos movimientos político-religiosos y de los grupos antiderechos han logrado una afinidad llamativa con el sentido común de un sector de la población (evangélica y no evangélica) a nivel del rechazo de nociones como las de: género, feminismo, homosexualidad y aborto (…) se podría afirmar que han logrado consolidar un liderazgo político y una visibilidad pública importantes”, refiere la investigación de Diakonia antes citada.

En esa línea, para Diana Miloslavich, coordinadora del Programa de Participación Política de Flora Tristán, el reto para las agrupaciones que promueven una agenda de derechos en el Congreso no es convencer únicamente a los miembros de esa institución del impacto que generan en sus representados. También deben conectar con esa parte de la ciudadanía que sí apoya la necesidad de –por ejemplo– frenar la violencia contra la mujer y los feminicidios, pero que no está convencida de por qué el aborto debe ser una opción para mujeres víctimas de violación. O que sí puede empatizar con el deseo de una pareja homosexual por casarse, pero que desaprueba la idea de que puedan adoptar un niño. 

“El soporte ciudadano es fundamental para conseguir que los proyectos de ley no solo salgan en el Congreso sino que se mantengan en el tiempo y no corran peligro de perderse”, afirma.

En su experiencia de más de 30 años de trabajo, esto fue notorio cuando se trabajó la ley de acoso político: se lograron adherencias en el Congreso porque “todas las mujeres de todas las bancadas, sin excepción, vivieron situaciones de discriminación y violencia sexista”. 

Algo distinto ocurrió cuando se buscó discutir el Proyecto de Ley sobre nuevas masculinidades o el Proyecto de Ley sobre crímenes de odio. “Falta una comprensión cotidiana de lo que podría significar la aprobación de una ley ‘fundamentalista’ en la vida concreta de las personas y de qué manera las afectaría”, agrega Miloslavich. Y eso vale tanto para congresistas como para ciudadanos de a pie.

Una opinión similar tiene Susana Chávez, directora general en Promsex, las organizaciones de derechos humanos deberán negociar dichos consensos porque detrás hay personas que pasan situaciones extremadamente difíciles y no se les puede abandonar. Ese ha sido el caso de dos víctimas de la no aplicación del aborto terapéutico en Perú: dos mujeres que sufrieron al no recibir una atención adecuada y llevar a cabo embarazos de secuelas psicológicas importantes. 

El primer caso data del año 2017, cuando la clínica El Golf fue sancionada por el Tribunal de INDECOPI a pagar 20 UIT por no tramitar debidamente una solicitud de aborto terapéutico, al no considerar el daño a la salud mental (avalado por la psiquiatra de la embarazada en cuestión) que acarreaba el embarazo, así como por dilatar una respuesta y no convocar a una junta médica para la evaluación. 

El segundo caso es mucho más antiguo y dramático: en el 2001, K.L. tenía 17 años cuando un médico del Hospital Loayza de Perú le comunicó que estaba embarazada, pero que había un problema: el feto nacería anencefálico con una esperanza de vida de pocos días. Aún así, no se le practicó el aborto terapéutico. Por el contrario: tuvo un parto natural, se le obligó a amamantar a la recién nacida durante cuatro días e incluso encargarse de vestirla al morir. Recién en el 2015, tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a favor de K.L. en el 2005, el Estado peruano cumplió con darle una indemnización en ceremonia privada.

Ha sido una justicia lenta la peruana, pero el panorama parece estar cambiando. Para Chávez, estos avances continúan hasta hoy. “El Poder Judicial ha dictaminado que un niño con dos madres tenga un DNI donde figure el nombre de ambas. Y aunque Reniec haya apelado esta sentencia, hay un juez que se atrevió a reconocer que el debate es el derecho de ese niño a tener una familia que lo ame y no la convencionalidad del matrimonio hombre y mujer”, afirmó. 

Cabe preguntarse entonces si estas pugnas dentro del Congreso podrían contar con un “desempate” desde el Poder Ejecutivo o desde el partido oficialista Perú Libre. Para Ayesha Dávila, comunicadora y activista de Madres en Acción -colectivo de mujeres que surgió en el 2018 para apoyar el enfoque de género para el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB)- tanto el presidente Castillo como varios de los legisladores de Perú Libre tienen una postura conservadora que, aunque no violenta, podría terminar apoyando al ala recalcitrante. 

En abril, en entrevista televisiva, el entonces candidato presidencial afirmó estar totalmente en contra del enfoque de género así como de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. “Yo vengo de una familia que me ha criado con valores”, explicó Castillo, pero matizó su opinión anunciando que “en una futura Asamblea Nacional Constituyente podría entrar en el debate” trasladando así la decisión a la ciudadanía.

“Cualquier propuesta progresista que se haga en el legislativo tendrá una contrapropuesta de los grupos antiderechos. No importa si son proyectos inconstitucionales o si tampoco llegan a dictamen, pero estará la intencionalidad y la visibilidad de su agenda. Lo preocupante es que ya sabemos que el Ejecutivo es también muy conservador, no solo por lo que Pedro Castillo dijo en campaña sino por su propia bancada con presencia evangélica y la designación de algunos ministros”, explica Dávila. 

En su opinión, la reunión sostenida semanas atrás entre el ministro de Educación Carlos Gallardo y la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, liderada por el evangélico Edgar Trejo –opositor abierto al enfoque de género y ocasional vocero del colectivo radical Con Mis Hijos No Te Metas– es una señal de que la “humalización” del presidente -como se le llama en Perú al giro del radicalismo hacia la izquierda moderada- no es tal. En todo caso, la situación es más de inquietud que de expectativa.

MC/SH

Mientras Pedro Castillo avanzaba por el césped amarillo de Pampa de la Quinua en su investidura simbólica como presidente, la atención de los peruanos seguía puesta en Keiko Fujimori. El nuevo mandatario había superado a la candidata de Fuerza Popular en una apretada segunda vuelta electoral en un país donde los presidentes duran poco. En un Perú como el de estos últimos cinco años, un triunfo sin una marcada diferencia de votos deja a cualquier presidente en una situación precaria.

La pregunta sobre las posibilidades de gobernar en un país con un Congreso fragmentado no le permitía a ningún dirigente del nuevo Gobierno estar en calma. Lo que pocos imaginaban era que el primer reto vendría no ya de la oposición ni de sus aliados circunstanciales sino de Perú Libre, el sello político que lo postuló como presidente.

A dos meses de su llegada al poder, Pedro Castillo se enfrenta a la primera rebelión interna, la del ala más radical de su partido, Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón. Pero también la de una oposición de derecha, encabezada por el alicaído pero todavía vivo espacio político de Keiko Fujimori.

Desde las 11.35 de la mañana del lunes, la nueva primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, expone ante el Congreso unicameral. Le pide el respaldo, requerido por la Constitución, para que el nuevo Gabinete presidencial entre en funciones. Para obtenerlo, necesita que la mitad más uno de 130 congresistas voten a favor de la confianza. Un sector de Perú Libre dijo que no respaldará al presidente. Castillo dependerá de una delgada red de apoyos en ese hiperfragmentado Congreso. Vásquez llega a esta instancia después de una semana de rondas de conversaciones con las diferentes bancadas de congresistas. El principal desafío no son los otros sino los propios. 

El momento del quiebre

La renuncia de Guido Bellido al cargo de primer ministro, así como la salida de otros seis ministros, confirmó la división política que existe dentro del Gobierno. El paso al costado de Bellido, representante del ala más radical del partido junto a Vladimir Cerrón, no pudo haber sido leída más que un paso al centro del presidente que molestó a ese sector. 

Después de la renuncia en bloque, el 14 de octubre, el partido Perú Posible difundió un comunicado en el que anunció que no prestaría su apoyo al nuevo Gabinete de Castillo porque “existe un inocultable giro del Gobierno y su Gabinete hacia el centro derechismo”. La denuncia estaba puesta en los “representantes caviares”  o como se conoce a la moderada izquierda limeña.

Una cuestión de confianza

El martes por la mañana, el Gobierno de Pedro Castillo presentó en el Congreso un proyecto que tenía como intención limitar la posibilidad de destitución de un presidente. El Gobierno buscaba que solo sea posible en el caso de probada incapacidad mental o física y que la censura al gabinete procediera por temas vinculados a sus funciones.

Pero unas horas más tarde, el heterogéneo arco opositor no solo no incluyó el tema sino que profundizó las diferencias al aprobar una nueva ley que limita el poder del presidente de presentar una “cuestión de confianza”. La decisión de una mayoría opositora en el Congreso acorrala a Castillo para impedirle disolver el Congreso, como sí hizo el presidente Martín Vizcarra en septiembre de 2019. Los congresistas que buscan correr a Castillo de su cargo ni corren el riesgo de perder sus escaños al hacerlo, ni debe llamarse a una nueva elección para cubrirlos.

“Han roto el equilibrio de poderes del Legislativo y Ejecutivo. Es anticonstitucional pero a la vez el Congreso está eligiendo nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lo que estamos viviendo es una orquesta de vacancia a Castillo en varios movimientos”, dice a elDiario.es Laura Arroyo, analista política peruana.

Hasta el momento, el Ejecutivo tenía poder de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por cualquier tema que considerase necesario. El martes pasado, el escenario cambió. Ahora el Congreso solo puede hacerlo sobre materias de su competencia y deja afuera, por ejemplo, a las reformas constitucionales.

El Gobierno la consideró “lamentable” y confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que “lo que ha hecho el Congreso es limitar la cuestión de confianza, sin limitar la vacancia presidencial (destitución) y se crea un tremendo desequilibrio”. La  “vacancia presidencial ” es lo que ha venido generando tanta desestabilidad, en los últimos años, en Perú. 

A todo esto se suma una nueva amenaza de Vladimir Cerrón quien ha vuelto a decir que el espacio de derecha está a ocho votos de lograr vacarlo. “Esto no es falso. Pero lo que le está diciendo en realidad es que él podría darle esos ocho votos si Castillo no se mueve como Cerrón quiere”, dice Arroyo.

Las divisiones dentro del Congreso 

Existen dos grupos de parlamentarios diferenciados entre quienes votaron a favor de modificar la cuestión de confianza. De un lado, grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que están en la oposición de derecha más dura y consideran que esto ayuda a ir allanando el camino hacia un posible vacío presidencial. Del otro lado, partidos como Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Somos Perú están pensando más en la posibilidad que su periodo como parlamentarios sí dure cinco años y por ello votaron a favor de la llamada ley de vacancia, que regula el procedimiento para destituir al presidente.

“No hay mucha comprensión entre los parlamentarios en general sobre la necesidad de hacer reformas integrales al sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de precisar una causal tan poco clara como la de 'vacancia presidencial por incapacidad moral permanente'”, dice a este medio el politólogo peruano, José Alejandro Godoy.

En las últimas elecciones, diez partidos se repartieron los escaños del Parlamento. A diferencia de 2016, ni el Gobierno ni el fujimorismo cuentan con mayoría absoluta y, por primera vez después de mucho tiempo, Fuerza Popular de Keiko Fujimori no resultó el partido más votado. En primer lugar quedó Perú Libre, con 37 diputados, lo que representa una débil mayoría. 

Escenario posible

A pesar de la división de Perú Libre, Castillo podría tener los votos suficientes para aprobar el nuevo Gabinete. A cambio, el ala más radical del partido le pedirá una serie de cosas con las que deberá negociar.

Lo que no está claro es que, una vez aprobado el nuevo Gabinete, Castillo pueda finalmente comenzar a gestionar. El pedido de destitución, que puede ser vuelto a activar por la oposición conservadora, pasó a ser lo que más preocupa en este momento al Gobierno. “Mirtha Vásquez y su Gabinete conseguirán la confianza pero conseguirla no significa realmente nada en términos políticos. Eso será un trámite. La orquesta de la vacancia es lo que preocupa ahora y eso ya ha empezado a sonar”, dice Arroyo.

AGB

Para quienes desesperaron, se burlaron o desconfiaron del candidato izquierdista y provinciano que compitió y ganó en el balotaje presidencial peruano del 6 de junio, las últimas semanas no han sido mezquinas en dudas razonables que oponer a sus escepticismos radicales y a sus pesimismos liberales.  Antes que cualquier reto al orden republicano, la mayor rebeldía de Pedro Castillo ha sido hasta ahora su indocilidad al encasillamiento.  A nadie sorprendió que su rival Keiko Fujimori, secundada por la fiel vocería de los medios, formulara ante la administración pública y la justicia todos los reclamos de contralor extremo y todas las denuncias de maniobras delictuosas en su perjuicio con que la ley busca proteger del fraude electoral a votantes y partidos. Casi nadie previó, en cambio,  la civilizada paciencia y los urbanos modales con que en suma el maestro y gremialista serrano esperó el limpio día del inicio de su mandato. Que coincide con las Fiestas Patrias y el Bicentenario de la Independencia del Perú de la dominación española.

Aunque la derrota de Fujimori era afrentosa, para ella y su electorado, por lo exiguo del margen de diferencia, la victoria de Castillo era débil pero incontestada por la nitidez de la documentación del sufragio. Castillo esperó la respuesta institucional a las demandas de Fujimori. Sin ignorar ni callar la ‘conjura blanca’ y costeña que toleraba y apañaba el ‘exceso de defensa propia’ procedimental de la vencida líder de Fuerza Popular, el presidenciable de Perú Libre evitó movilizar a bases y simpatizantes hacia Lima como intimidación para poner fin a impugnaciones destinadas al fracaso en los Jurados Nacionales Electorales (JNE) pero predestinadas al buen éxito en demorar la proclamación del nuevo presidente tras la ratificación definitiva del escrutinio publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Observadores independientes, la UE y EEUU celebraron la gestión de la elección. Sobre un total de 17,6 millones de votos emitidos, 44.263 votantes prefirieron al novato Castillo sobre la dinástica y experimentada Fujimori Jr.

En las elecciones generales del 11 de abril, 18 candidaturas se habían disputado en primera vuelta la presidencia de la República del Perú. El electorado y la sociedad lucían tan fragmentados y atomizados como partidos y liderazgos. Si quienes pedían el voto podían decir que en efecto representaban a quienes debían votar, esto se fundaba sobre la pareja volatilidad de uno y otro grupo. En un cuadro percibido como de dispersión y desorden, ni había fórmulas presidenciales que encabezaran la intención de voto más allá del 10%, ni votantes que se encolumnaran para prestar un apoyo masivo o determinante a fórmulas lo suficientemente mayoritarias como para distanciarse de las siguientes.

En la oferta electoral de la primera vuelta un rasgo singular y definitorio había sido la ausencia de frentes o alianzas o coaliciones. Los medios habían insistido en que ese 11 de abril cualquiera podía ganar. Era casi cierto. Con 18,2% de los votos salió primero Pedro Castillo. No era un candidato al que se le prestara particularmente atención, en los medios, hasta pocas semanas antes de la votación.  En los sondeos previos (que en Perú siguen el modelo de ‘simulacros de votación’) emergía como delantero, para desconcierto, y distracción, de encuestadoras y analistas. Entre la media docena de punteros también estaba Keiko Fujimori: nadie superaba en mucho el 10% de las intenciones. Los datos establecieron muy pronto que el primero era Castillo, pero tardaron en fichar a Fujimori como su adversaria del balotaje. Porque con el 13,4% de los votos, ella estaba más cerca de otros dos aspirantes a disputar la segunda vuelta -el conservador Rafael López Aliaga con 11,75% y el neoliberal Hernando de Soto con 11, 63%- que de Castillo que la superaba por 5 puntos enteros.

Esta distancia inicial con el rival de izquierda, y esta cercanía con otras candidaturas de derecha, anticipaba un aspecto clave de la polarización y grieta cada vez más enfáticas que Keiko iba a acentuar día a día en la campaña electoral y que conservó en la campaña para revertir el resultado de la elección y en la alineación de su seguidores en la tesis y bandera del fraude.

Es un componente asimétrico. Estructuralmente, y sin tener que esforzarse ella ni forzar su programa o campaña, Fujimori hija atrae a todos los partidos, figuras, votantes, sectores, que consideran indeseable el triunfo de Castillo. La campaña de Libertad o Comunismo, según el molde que en España dio la victoria a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de Mayo, estuvo dirigida a las bases populares y populistas de su partido (que es en verdad el único movimiento político peruano articulado y continuo) y a sectores populares urbanos cuyo voto le disputó al sindicalista serrano. Los sectores medios urbanos no temían octubres rojos o soviets, pero sí alineamientos declarativos de política exterior, gestos y gastos sociales despilfarradores según su mirada, descuido del comercio exterior y abandono de tratados y preferencias bilaterales o regionales, incompetencia técnica generalizada para gobernar, malgasto y déficit, frustraciones seguidas de protestas sociales o sectoriales, descontrol de las fuerzas de seguridad con avances del narco o del senderismo o de voraces cooperativismos comunarios o mineros, enfrentamientos con el Congreso que resulten en convocatorias a movilizaciones. Acaso estos temores haya perdido intensidad o relevancia, sin por ello haber sido sustituidos, en aquellos sectores intermedios, por ninguna confianza en el futuro.

El Congreso tan temido

Si Castillo luce hoy como un presidente menos anormal, a los ojos de quienes lo veían como un peligroso revolucionario o alborotador, lo es en parte porque un más sobrio inventario de las fuerzas con que cuenta para llevar adelante cambios profundos las hace ver, en principio, insuficientes. No llega al gobierno con votos ni apoyos en el Congreso para iniciar al asumir, sin negociaciones que prometen ser largas o truncas, una reforma política y constitucional. Castillo anunció su prioridad por  e impulsar una iniciativa de Convención Constitucional como aquella cuya inauguración bajo presidencia de una mujer mapuche Perú Libre saludó en Chile. Si en Chile la asamblea constituyente dotará al país de una Constitución que sustituya a la de la dictadura pinochetista aún hoy en vigencia, en el Perú tal asamblea tendría como misión redactar una Ley Fundamental para reemplazar a Constitución Política del Estado (CPE) de 1993, compuesta después del auto-golpe de Alberto Fujimori en 1991, y bajo su atenta vigilancia, cuando gobernaba la República como eficaz autócrata.

Keiko  aprendió más de su padre Alberto que del ex presidente republicano Donald Trump, de enervada reelección a la Casa Blanca en 2020, a la hora de enarbolar la verdad mística de la existencia de un fraude nacional trascendente a su imposibilidad de demostrarlo por el mero examen legal de las actas de votación. Que casi un cuarto de millón de votos fueron adulterados por medios sutiles o groseros sigue siendo doctrina y creencia de la militancia fujimorista, a pesar de un reconocimiento –reconocidamente formal- de la proclamación de Castillo. En el balotaje anterior, fue el banquero y candidato liberal de Peruanos por el Kambio (PKK),  Pedro Pablo Kuczynski, quien derrotó a Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 2016 con la expectativa, que demostró ser vana, de gobernar por el quinquenio que la Constitución fija como mandato para el Ejecutivo. Fue derribado en el Congreso por maniobras del partido de Keiko, que lo obligaron a renunciar. Esto inició una serie de sucesiones presidenciales truncadas y renovadas por congresistas cada vez más hábiles y expeditivos en dejar acéfalo el Poder Ejecutivo invocando la “vacancia moral” del titular,  institución sui generis peruana creada por la CPE de 1993. Hay así un porqué muy a la vista para el plan de Castillo de reformar la Constitución o de convocar una Convención Constitucional que redacte una nueva.

Dos millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia y tres millones pasaron a ser pobres: un tercio de los 35 millones de habitantes del Perú vive en la pobreza. Castillo no cuenta con un Congreso aliado para gestionar esa emergencia. Hijo de campesinos, ex maestro y gremialista docente de 51 años, el símbolo de su partido era un lápiz del tamaño de un bastón. Popularizó el lema “No más pobres en un país rico”. Prometió aumentar los impuestos a las empresas mineras en un país que es el segundo exportador mundial de cobre. En las últimas semanas, su retórica nacionalizadora es más suave, y más sugestivo un enfoque de moderación y aceptación de las conveniencias de favorecer antes que trabar al mercado.

Sobre las 130 bancas del Legislativo unicameral, Perú Libre tiene 37, más que ningún otro. Sumadas las voluntades del centrista (y gobernante hasta el miércoles) partido Morado y del izquierdista Juntos por el Perú, el Presidente podría llegar a contar con 50 escaños votos: mucho menos que una mayoría simple.

Hasta ahora, en el Congreso la fuerza triunfante es la de aquellos partidos de centroderecha, derecha, y ultraderecha que casi llegaron a la segunda vuelta presidencial, separados por decimales de Keiko. El lunes fue elegida, no sin controversias reglamentarias, la comisión que determina la agenda legislativa, la Mesa Directiva del Congreso. Quedó integrada por María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, Mercedes Camones, de Alianza para el Progreso, Enrique Wong (apellido chino que en Lima es equivalente a ‘supermercado’, de Podemos Perú, y Patricia Chirinos, de Avanza País. Quedaron excluidos los partidos rivales del balotaje, quedó excluido el empresario ultramontano Rafael López Aliaga. Pero la conformación de la mesa demuestra que todo el poder congresal está en la acera de enfrente de Castillo. 

AGB/WC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú tiene previsto proclamar al próximo presidente el próximo 20 de julio, mes y medio después de la segunda vuelta electoral en la que se enfrentaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, según explicó una portavoz del organismo.

“Esperamos que el martes de la próxima semana se tenga el acta general de proclamación ya consentida”, indicó una asesora de la presidencia del JNE, Alexandra Marallano, en declaraciones a la agencia de noticias estatal Andina.

En la disputada segunda vuelta del 6 de junio Pedro Castillo (Perú Libre) se impuso con un estrecho margen (50,12 %) a la opción ultraconservadora que representa Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que obtuvo el 49,87% de las papeletas.

El acta general se podría publicar este mismo domingo, con lo que se abrirían tres días de plazo para recursos, y finalmente el martes se publicará el acta general con la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral.

Una vez que el acta general de proclamación de resultados queda consentida y publicada, ningún otro procedimiento tiene efecto en el proceso electoral, que ya estaría culminado. “Habrá una resolución de cierre del proceso electoral que dice quiénes son los ganadores y la composición del nuevo gobierno”, indicó.

En un indicio más del cierre del proceso, los abogados Julio César Castiglioni, Gino Romero y Pedro Panta dejaron la agrupación de Fujimori, según otra letrada de Fuerza Popular, Lourdes Flores Nano, informó el sábado Perú21.

Flores aseguró además que el partido liderado por Keiko Fujimori no presentará ninguna acción legal tras la decisión final del JNE. “Hasta donde conozco, Fuerza Popular no interpondría ningún tipo de acción judicial”, señaló. “Lamentablemente” el pronunciamiento final del JNE “vulnerará el derecho de millones de peruanos”, advirtió.

El pasado miércoles los 60 jurados electorales especiales (JEE) terminaron de proclamar los resultados de forma descentralizada como paso previo a la proclamación general del JNE. Además, el pasado lunes el JNE terminó de revisar las 270 impugnaciones de actas que presentó Fuerza Popular. Todas fueron rechazadas. Y a las 20 del viernes terminó el plazo de tres días hábiles para presentar recursos de nulidad contra las actas de los JEE.

La semana pasada, la candidata de Fuerza Popular había dicho que no iba a reconocer la victoria de Castillo. “Dicen que en pocas horas o días van a consumar el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo”, declaró Fujimori en un acto público en Lima.

“A lo largo de estas semanas hemos visto tantas denuncias de irregularidades y quieren apresuradamente lanzar un resultado”, agregó Fujimori, quien denuncia que hubo “fraude” en los comicios, sin aportar pruebas concluyentes y a pesar de que los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que las elecciones peruanas fueron limpias.

También Estados Unidos declaró que se trató de “elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que constituyeron un “modelo de democracia en la región”.

CB con información de EuropaPress

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori anunció que no va a reconocer la victoria de su rival de izquierda, Pedro Castillo, si el jurado electoral finalmente lo proclama ganador del balotaje del 6 de junio.

“Dicen que en pocas horas o días van a consumar el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo”, declaró Fujimori el sábado en un acto público en Lima, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanza en resolver las impugnaciones de miles de sufragios antes de proclamar al nuevo presidente.

“A lo largo de estas semanas hemos visto tantas denuncias de irregularidades y quieren apresuradamente lanzar un resultado”, agregó Fujimori, quien denuncia que hubo “fraude” en los comicios, sin aportar pruebas concluyentes y a pesar de que los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que los comicios peruanos fueron limpios.

También Estados Unidos declaró que se trató de “elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que constituyeron un “modelo de democracia en la región”.

Mientras la candidata presidencial de derecha continúa buscando la anulación de las elecciones de junio, la Fiscalía de Perú abrió diligencias previas en su contra por un “delito contra el derecho de sufragio en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral”.

Fujimori tiene otras causas abiertas por corrupción y financiación irregular de su campaña. La investigación tiene su base en la presentación de 760 solicitudes de nulidad por parte de Fujimori después de que los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del 6 de junio dieran como vencedor a Castillo.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace tres semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos contra 49,87% para Fujimori, pero la palabra final la debe dar el JNE una vez que dirima las impugnaciones presentadas principalmente por la candidata derechista, reseñó la agencia de noticias AFP.

Investigaciones contra Fujimori

Mientras los peruanos esperan desde hace más de un mes para conocer oficialmente quién será su nuevo presidente, los órganos electorales están bajo asedio del fujimorismo, que busca que el balotaje sea anulado y se convoque a “nuevas elecciones”.

En la investigación se incluye a Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a la congresista por ese partido Liliana Takayama, a quienes se acusa de “atentados contra el derecho de sufragio, contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y en la modalidad de fraude procesal y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica”, según recoge el diario peruano La República.

La Fiscalía también detectó 27 recibos por derecho de tasa electoral que habrían sido reutilizados en diferentes expedientes de nulidad. Uno de ellos incluso fue fotografiado y editado con diferente calidad de imagen, “por lo que habrían actuado en forma dolosa y fehaciente con plena finalidad de inducir al error al ente electoral”.

Fujimori pidió el 28 de junio al presidente interino Francisco Sagasti que solicitara una “auditoría internacional” de los comicios, pero su pedido fue rechazado. El Gobierno argumentó que la ley le prohíbe inmiscuirse en la contienda electoral y que cualquier irregularidad debe ser resuelta por el JNE.

La candidata lanzó ayer dardos contra Sagasti, al cierre de una bulliciosa caravana de vehículos que recorrió calles de la ciudad.

“Él (Sagasti) se llena la boca diciendo que es neutral, que es imparcial. Presidente Sagasti usted tuvo y todavía tiene la oportunidad histórica de pasar a ser un presidente que defendió la democracia. Atrévase”, expresó Fujimori en el mitin efectuado en la plaza de los Héroes Navales. En el lugar, cientos de fujimoristas acampan desde hace una semana para “defender” sus votos. Lo mismo hacen seguidores de Castillo a pocas cuadras, en la plazoleta situada frente a la sede del JNE.

CB con información de Télam

La Fiscalía peruana implicó al candidato vencedor en el balotaje presidencial del 6 de junio en corrupción y connivencia con el crimen. Según la acusación, esto ocurrió después de que en la primera vuelta del 11 de abril la del docente y líder sindical izquierdista Pedro Castillo hubiera quedado como una de las dos candidaturas más votadas. Puesto en ese trance, tuvo que procurarse fondos que no tenía y que necesitó para financiar la campaña electoral, al fin tan decisivamente exitosa, de su partido Perú Libre. Según la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista Cantuta, los recursos que ganaron los votos de la victoria a Pedro Castillo habían sido recaudados ilegalmente y con el auxilio de la organización criminal Los dinámicos del Centro, para 20 de cuyos integrantes pidió prisión preventiva. Castillo declaró públicamente la insustancialidad de la acusación y anunció su disposición para colaborar a fondo en la investigación del Ministerio Público.

Hasta ahora, el centro izquierdista Pedro Castillo había sufrido desde el mismo domingo de la elección que ganó impugnaciones administrativas y judiciales de su rival de Fuerza Popular. Por tercera vez consecutiva desde 2011, la candidata derechista Keiko Fujimori había perdido la presidencia del Perú, pero por primera vez había denunciado un fraude ante los Jurados Nacionales Electorales (JNE). El proceso tiene detenida la proclamación oficial del resultado del balotaje.  Ahora Castillo, que ni siquiera es presidente electo, ha sufrido una ofensiva legal a su pretensión más grave, porque viene del Estado y no de una candidata derrotada y presuntamente despechada.

Militantes de Perú Libre son ahora objeto de la investigación de la fiscal por irregularidades en la emisión supernumeraria de licencias de conducir, que habrían sido la base del dinero que se drenaba a la campaña de Castillo. También se los investiga por presuntas negociaciones clientelistas, electoralistas e ilegítima –como si fueran compra de votos o pactos de fidelización-  para favorecer con puestos de trabajo a sus partidarios.

El diario limeño El Comercio, que se había alineado a ultranza con la hija del ex presidente hoy presidiario Alberto Fujimori (en prisión condenado por sus violaciones a los Derechos Humanos, y en juicio por sus campañas de esterilización forzada de mujeres indias y campesinas),  y había pedido el voto para Fuerza Perú,  informó que permanecen prófugos de la Justicia los principales dirigentes de Perú Libre implicados en este caso. Entre ellos, antiguos directores regionales de Transportes, así como el secretario de organización de esa agrupación política, Arturo Cárdenas Tovar.

Castillo insistió en que su campaña fue financiada de forma independiente, gracias a los aportes la militancia, durante los recorridos que hizo por Perú antes del balotaje. “Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente (la tesis del Ministerio Público). Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria”, sostuvo el candidato presidencial.

Castillo anunció que su partido promoverá una Ley de Medios para sofrenar el poder de fuego de las fake news y el lawfare que diarios como El Comercio están usando con puntería, eficacia y parcialidad. Además de iniciar, apenas asuma, una reforma política e impulsar una iniciativa de Convención Constitucional como aquella cuya inauguración bajo presidencia de una mujer mapuche Perú Libre saludó en Chile. Si en Chile la Asamblea Constituyente dotará al país de una Constitución que sustituya a la de la dictadura pinochetista aún hoy en vigencia, en el Perú tal asamblea tendría como misión redactar una Ley Fundamental para reemplazar a Constitución Política del Estado de 1993, compuesta después del auto-golpe de Fujimori en 1991, y bajo su atenta vigilancia, cuando gobernaba la República como eficaz autócrata. El padre de Keiko, la candidata derrotada que defiende El Comercio, pero que no se da por vencida porque acusa de fraude a su rival. Con intención o sin ella, el Ministerio Público ha venido al auxilio del fujimorismo, al arrojar sobre Castillo la sombra de una acusación y una complicidad más graves.

AGB

El gobierno de Perú rechazó en las últimas horas el pedido de la candidata de derecha Keiko Fujimori, de solicitar una auditoría internacional sobre la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, afirmando que de acceder violaría su “neutralidad” en el proceso electoral.

Fujimori denuncia un supuesto “fraude” desde el día siguiente de los comicios, cuando su rival de izquierda Pedro Castillo pasó a liderar el escrutinio, y presentó impugnaciones para anular mesas completas de votación ante el jurado electoral, que debe resolver estas solicitudes antes de proclamar al vencedor.

“En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”, escribió el ministro de Justicia, Eduardo Vega, en la carta de respuesta a la solicitud presentada por Fujimori el lunes en el palacio de Gobierno.

“Las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta, deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad [de votos] formulados por las agrupaciones políticas”, agregó el funcionario.

Tras la negativa oficial, la postulante de derecha descargó su furia en las redes sociales contra el presidente interino, Francisco Sagasti.

“Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones”, tuiteó la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien deberá ir a juicio por lavado de dinero en caso de perder estas elecciones.

De antemano parecía improbable que el Gobierno accediera al pedido de Fujimori, puesto que los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que los comicios peruanos fueron limpios y sin “graves irregularidades”.

También Estados Unidos declaró que se trató de “elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que constituyeron un “modelo de democracia en la región”.

Los órganos electorales peruanos también estuvieron estas semanas en la mira del fujimorismo, que busca que el balotaje sea anulado y se convoque a nuevos comicios, aunque sin aportar pruebas contundentes sobre el supuesto fraude.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo 50,12% de los votos contra 49,87% para Fujimori, una ventaja de apenas 44.000 votos.

Pero la palabra final la debe dar el jurado electoral, que no tiene plazo perentorio para proclamar al vencedor.

El viernes, Castillo dio por descontado que el JNE confirmará su triunfo y afirmó que en su mensaje a la Nación cuando asuma el 28 de julio pedirá al Congreso que convoque a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.

“El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas de inmediato, porque nos tiene atados esta Constitución”, afirmó el candidato de izquierda.

CB con información de Télam

La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP) a las elecciones de Perú, Keiko Fujimori, le pedirá al presidente Francisco Sagasti que auspicie una auditoría a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) del escrutinio del balotaje en el que quedó detrás por escaso margen del candidato de izquierda, Pedro Castillo, quien se adjudicó el triunfo.

“Hemos escuchado a los diferentes políticos y por eso hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República y esperamos que el candidato (Pedro) Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan, no, pedimos que se analicen todas estas irregularidades, todas estas trampas que se han hecho en las mesas”, expresó en la noche del sábado Keiko Fujimori, que insiste en que hubo fraude en las elecciones del 6 de junio, aunque no ha presentado pruebas para sustentarlo.

El anuncio de la candidata derechista se conoció en medio de un escándalo público surgido cuando se difundieron grabaciones de llamadas telefónicas en las que Vladimiro Montesinos, el encarcelado exasesor del expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko, aparece pidiéndole al dirigente de FP Pedro Rejas Tataje “echar un poco de gasolina”, es decir, sobornar, a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para volcar el conteo a favor de Keiko.

La aparición de los audios provocó el relevo de cuatro oficiales del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), confirmó en la noche del sábado el Ministerio de Defensa, de acuerdo con un reporte del diario La República. El principal despedido fue el jefe del Cerec, capitán de navío Víctor Murguía Silva, además de tres oficiales de guardia asignados para este mes.

A través de un comunicado, Defensa informó que Murguía Silva fue el encargado de elaborar el informe preliminar, según el cual solo se habían producido dos llamadas de Montesinos desde la Base Naval del Callao. Sin embargo, el diario online IDL Reporteros reveló ayer que Montesinos hizo en total 17 llamadas desde la Base Naval a su contacto Tataje.

Keiko le restó importancia al contenido de los audios y consideró que son utilizados para “distraer”. “Esto está armado de manera burda, de manera 'cantinflesca'”, dijo en un acto en el centro de Lima Fujimori, quien además considera que tienen la intención de impedir que se siga “defendiendo que se respete” el voto de los ciudadanos, citó la agencia de noticias Europa Press.

A su vez, Castillo, quien ya se ha adjudicado el triunfo y recibió el reconocimiento de los gobiernos de la Argentina y de Bolivia, además del de dirigentes de otros países de la región, también participó el sábado de un acto público tras una movilización de ciudadanos que exigen su proclamación y le pidió al actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, que en su gestión continúe en el cargo.

“No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”, señaló Castillo ante una plaza colmada de manifestantes.

El candidato presidencial, que se impuso en la segunda vuelta por el 50,12% de los votos, también se comprometió a mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, además de respetar la independencia del BCRP.

Velarde preside el Banco Central de Reserva desde octubre de 2006, cuando fue nombrado en el cargo por el expresidente Alan García. Hace dos semanas puso en duda su continuidad al frente de esta entidad.

CB con información de Télam