La diputada Graciela Camaño consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debería preguntarse “qué hizo” para generar el intento de magnicidio perpetrado el pasado 1° de septiembre por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel a pocos metros de la casa de la mandataria en el barrio porteño de Recoleta.

“No sé si gobierna ella, debe estar ocupada y preocupada con lo que le pasó, que para mi fue tremendo. Eso te tiene que llevar a un proceso de reflexión muy profundo, qué pasó, y en lo profundo también preguntarse qué hice para que esto pase, más cuando sos responsable del poder”, reflexionó la legisladora en una entrevista para LN+. Y continúo: “El dirigente político debería preguntárselo, más allá de que la Justicia tiene a su cargo la búsqueda y el castigo del culpable. Frente a un hecho tan conmocionante, se tiene que plantear esta reflexión y debe estar haciéndolo”.

Camaño evitó comentar sobre la causa judicial que investiga el ataque, pero hizo hincapié en la situación política que terminó en ese hecho. “Analizo esta situación desde otro lugar, desde qué nos pasa como sociedad. La responsabilidad política es muy grande, porque hace diez años tenemos un enorme deterioro, político, social, ético, económico”, argumentó.

“Vivimos en una sociedad con serias dificultades. Cada vez hay más gente movilizada que su vida depende de que en el Estado haya un Gobierno que crea que los planes sociales le van a salvar la vida. Si a esto le sumas el colapso escolar propio de la pandemia, el alejamiento de jóvenes y niños de las escuelas. Estos son los copitos de la vida. Ahí es donde deberíamos apuntar como dirigentes políticos”, dijo en referencia a la banda de vendedores de algodones de azúcar a la que pertenecen los detenidos por el intento de homicidio. 

Críticas al Presidente

La exfuncionaria de Eduardo Duhalde aseguró que el presidente Alberto Fernández “nunca fue un gran dirigente político”. “Cristina lo dijo en un discurso por qué lo eligió, porque era un desapoderado, eso dijo. Puso en relieve la estructura que tenía Sergio Massa y sin embargo lo eligió a él. Tuvo la posibilidad y la desaprovechó”, sostuvo.

También criticó las declaraciones del Presidente para TeleCinco en la televisión española, donde reveló que los imputados en el ataque contra la exmandataria aseguraban que irían tras él. “Fíjate que acaba de dar una entrevista a un medio internacional, y dijo que en las escuchas de las personas que intentaron atentar contra la vida de la vice decían que el próximo era él. O sea tenés que estar muy mal para decir eso. Creo que está muy mal”, reiteró.

La diputada de Consenso Federal también opinó que el “problema” del Frente de Todos es que “no tiene una conducción política que se vea, y entonces surgen conflictos que creo que la última expresión es la pretensión de hacer la misa en Luján por la paz y el final a toda orquesta con bombos y platillos. Ese es el síntoma de la falta de conducción”.

LC con información de agencia NA

Graciela Camaño no tenía previsto dar el golpe de efecto que finalmente tuvo su discurso de cierre en el debate por la Boleta Única de Papel (BUP). La cartulina de 11,2 metros que desenrolló para demostrar el espacio que ocupan –todas juntas– las papeletas tradicionales en un cuarto oscuro del conurbano bonaerense, se la había cedido Emilio Monzó, luego de que el legislador decidiera no hacer uso de la palabra en el recinto, según reconstruyó elDiarioAR. Ella entonces la usó para coronar su intervención, con un acting que no había sido ensayado ni conversado de antemano: la invitación a que el propio diputado cambiemita la despliegue hacia su derecha, caminando detrás de una veintena de bancas opositoras.

Impotente para frenar la derrota que se le avecinaba en la noche del miércoles, la furia a viva voz que se desató en el kirchnerismo cristalizó la efectividad del acuerdo por la BUP que el Interbloque Federal había sellado con Juntos por el Cambio –con los libertarios y varios espacios provinciales sumaron 132 votos a favor–. La escena casi teatral de Camaño demostró también el protagonismo que puede lograr su espacio de apenas ocho bancas en una Cámara casi empatada. El Frente de Todos ostenta 118 votos y JxC, 116; ambos están muy lejos de llegar por su cuenta al mágico número de los 129 avales que habilitan el quórum. 

“De alguna manera somos la llave de cualquier acuerdo parlamentario, porque podemos inclinar la balanza para un lado o para el otro”, admitió ante elDiarioAR una voz dentro de la fuerza que integra Camaño junto con el ex ministro Florencio Randazzo y el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez – quien preside el interbloque–, los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, y los cordobeses schiarettistas Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. 

“Nuestros diputados tienen identidad propia y todos buscan hacer propuestas constructivas para el país”, agregó la fuente consultada, justificando la versatilidad de la agenda del espacio, que puede coincidir tanto con la oposición como con el oficialismo. La realidad lo avala: el martes pasado, un día antes de la media sanción de la BUP con el resto de la oposición, tuvo dictamen favorable el proyecto de alivio fiscal que elaboró el Topo Rodríguez en sintonía con Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT)

La iniciativa busca beneficiar a 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos, y se aprobaría el miércoles en el recinto, ya con Sergio Massa de regreso al país tras su viaje a Estados Unidos junto a Alberto Fernández. 

Pero quizás uno de los temas más importantes que el interbloque conversa con el kirchnerismo en Diputados es la reforma del Consejo de la Magistratura, hoy empantanado en el debate en comisiones. JxC rechaza de plazo la iniciativa de Cristina Kirchner que votó el Senado, ya que no contempla a la Corte Suprema dentro del organismo judicial. Sin embargo, el FdT encuentra en el Interbloque Federal un interlocutor para posibilitar un cambio clave: que sin presidirlo, el máximo tribunal al menos integre el organismo. 

En ese ajedrez la diputada Camaño sería una pieza esencial, no solo porque es consejera, sino porque tiene un proyecto propio que destaca que la Corte presida el cuerpo judicial, pero que exista alternancia entre los supremos a cargo. “Ya es una buena señal que Graciela Camaño aporte al debate”, se mostró optimista el kirchnerista Rodolfo Tailhade, conductor de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, cuando a mediados de mayo empezó a discutirse lo de Magistratura. “Vi un proyecto de ella de 2011 que va en ese sentido”, completó ante este medio. 

“Hay tiempo todavía para seguir conversando”, se limitaron a responder al respecto desde el círculo de la diputada de extracción peronista, que en la última reunión del plenario por la Magistratura fue la única diputada en hablar y mostró cierta sintonía con Tailhade, si hasta en un momento se disculpó por tutearlo. Camaño no suele mostrar mucho sus cartas de antemano en el juego de la rosca y conoce como pocos dirigentes los tejes y manejes de la política: transita los pasillos parlamentarios como legisladora desde 1987, fue 45 años pareja del poderoso gremialista Luis Barrionuevo, y protagonizó el nacimiento del Frente Renovador de Massa en 2012. 

Por Zoom y mirando el 2023

El peso del Interbloque Federal en la balanza del Congreso quedó establecido en diciembre pasado, luego de que las últimas elecciones legislativas hicieran retroceder al oficialismo. “Fue la nueva conformación de la Cámara lo que posibilitó que nuestros ocho diputados, que quizás en otro contexto no incidían políticamente, ahora sí lo hagan”, reconoció para este medio un colaborador del espacio en Córdoba. “Hay más bien calidad que cantidad”, dijo otra voz de la bancada.

Dado el carácter federal que tiene la fuerza, muchos de los diálogos internos ocurren en la virtualidad. Al menos hay una reunión semanal vía Zoom, donde el Topo Rodríguez oficia más como “articulador” que como “jefe”. “Hay discusiones. Se debate cada proyecto a fondo y varias veces se liman asperezas”, confió el vocero de una de las espadas parlamentarias consultado.

Parte de las diferencias –que buscan complementarse políticamente– tienen que ver con la experiencia propia de cada legislador federalista. Para muestra vale el botón de la boleta única: en la construcción del consenso con Juntos por el Cambio quisieron hacerse escuchar tanto los cordobeses schiarettistas como los socialistas santafesinos, debido a que en sus provincias ya está establecido dicho sistema de votación. Pero también Randazzo, que aportó su expertise como ex ministro de Interior con varias elecciones en su haber durante su gestión con Cristina Kirchner: “Él acercó una persona que fue funcionario suyo, que nos alumbró en un montón de cosas”, contó un diputado de JxC al respecto. 

“Fue prioritario darle bola a la opinión de los cordobeses”, aseveró un vocero, en el marco de que finalmente el proyecto vector de la media sanción del miércoles adoptó el modelo que rige en la provincia mediterránea: una sola boleta con toda la oferta electoral para todas las categorías electivas. De hecho, los diputados de Córdoba Federal abrieron un diálogo de ida y vuelta tanto con Mario Negri, coterráneo suyo y peso pesado en JxC desde el radicalismo. 

En contraposición, los legisladores del bloque Socialista de Santa Fe fueron de los que levantaron el punto contra la ubicación que podían tener los candidatos en la boleta única. Cuestionaron que en las PASO fuera por sorteo y en las generales de acuerdo al resultado de las primarias –como decía el texto de la norma–, ya que consideraban que ese mecanismo los perjudicaba como partido chico frente a las grandes coaliciones, y por lo tanto siempre irían abajo de todo.

Y aunque aún falta para su definición, el tema de las candidaturas para las próximas elecciones ya subyace al Interbloque Federal. De alguna manera equidistante a los polos de FdT y JxC, sus socios internos de peso apuestan a reflotar la siempre latente “ancha avenida del medio”. Fue quizás el asado que organizó el salteño Juan Manuel Urtubey, hace dos meses en su casa de San Isidro, la cumbre más importante que se conoció hasta el momento: reunió a una misma mesa a Camaño y Randazzo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el jujeño Gerardo Morales, los también diputados Monzó y Rogelio Frigerio, más el exsenador Ángel Rozas y el intendente de Rosario, el socialista Pablo Javkin.

El ágape sirvió en su momento para que gane titulares en los medios nacionales y se suba a la aún incierta carrera por el 2023 el nombre de Schiaretti, tal vez uno de los mayores aportantes al espacio federalista. De hecho, dos semanas después del asado porteño, el gobernador recibió en su provincia a todos los diputados del interbloque. Solo se ausentó Camaño, por cuestiones de agenda, pero estuvo la senadora Alejandra Vigo, esposa del mandatario y a la postre única representante del espacio federalista en la Cámara alta. 

Otro accionista de peso es el economista Roberto Lavagna, que ya fue candidato presidencial y en la última semana volvió a la vidriera pública al rechazar el proyecto cristinista de ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros. Y consciente de que sin el Interbloque Federal el Gobierno no podría obtener el quórum necesario, el Topo Rodríguez se encargó de dilapidar la iniciativa con solo dos palabras desde su Twitter: “NO PASA”.

“Tenemos el número. Vamos a sacar la ley”. La frase del diputado de Juntos por el Cambio no resonó del otro lado del teléfono de elDiarioAR con tono optimista, sino más bien con cierta cautela, como apretando los dientes. Sabe que la jugada apenas cuenta con los votos necesarios: solo uno más que los 129 requeridos para el quórum, por lo que cualquier imprevisto pondría todo en peligro. 

El acuerdo opositor por la Boleta Única de Papel (BUP) sellado entre los cambiemitas, el Interbloque Federal y los libertarios de José Luis Espert tendrá este miércoles su prueba de fuego, con la sesión especial convocada por el legislador radical Miguel Nanni para darle media sanción y girarla al Senado. 

Según recogió este medio, la oposición apuesta a lograr al menos 130 apoyos, dos menos de los que consiguió hace un mes cuando el pleno del recinto votó un emplazamiento para tratar la iniciativa de reforma electoral en un plenario de comisiones.

Los opositores jugaron contra reloj con un calendario autoimpuesto: lograron un ajustado dictamen la semana pasada en los cuerpos de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia –presididos por el oficialismo, apenas sumaron un voto más–, y ya en junio van por la media sanción. “No puedo decir que está todo abrochado, pero si bajamos al recinto es porque tenemos los números”, agregó el diputado confidente.

La cautela que prima en la oposición se debe a hechos que le agregaron tensión a un debate cuya foto parece acordada de antemano: con el FdT rechazando de plano la iniciativa, aunque imposibilitado a priori de bloquear el avance opositor.

Covid y neblina

El radical Mario Negri –uno de los artífices de la jugada por ser el modelo cordobés el adoptado para la BUP– dio positivo de Covid y no estará en el recinto. A eso se le agregó la densa neblina que cubre la ciudad de Buenos Aires, lo que le impidió a muchos legisladores de las provincias por fuera del AMBA viajar en avión. Se esperaba que el martes a la tarde ya todos estuvieran en la Capital –viajando por aire o por tierra–, pero por las dudas se atrasó el inicio de la sesión cuatro horas: prevista originalmente para las 10, ahora comenzará a las 14.

Por fuera de lo coyuntural, el propio texto de la ley tendrá modificaciones en unos 20 artículos, aunque nada que cambie sustancialmente la línea de la norma, que dispone que en una única papeleta estén todas las categorías en juego en una elección nacional. Habrá modificaciones semánticas y algunos detalles sobre los plazos para que se implemente el nuevo instrumento de votación, según la propia Cámara Electoral le exigió a la oposición. No cambiará la cuestión de fondo, y una de las quejas principales del Gobierno: que comience a regir para las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Entre las disposiciones que establece el proyecto sobre la BUP, los electores podrán elegir una lista completa marcando en un solo casillero, solo se verá hasta cinco candidatos a legisladores nacionales –mientras en los cuatro distritos más populosos donde hay más candidatos, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, habrá afiches en las escuelas con el listado completo– y se permite el proceso de simultaneidad y concurrencia en las provincias, para que cada jurisdicción tenga la libertad de adherirse o no al sistema nacional. 

Pese al consenso alcanzado, varios puntos generaron discusión dentro del acuerdo opositor. Hubo quienes alertaron sobre la posibilidad de las adhesiones y otros que cuestionaron el método de las ubicaciones de las candidaturas en la boleta: que para las PASO sea por sorteo y para las generales, de acuerdo al resultado obtenido en las primarias. Ese punto en particular, “aún está en el aire”, dijo una fuente al tanto de las negociaciones, que aún se sucedían al cierre de esta nota.

Según la calculadora opositora, los 130 apoyos opositores se sustentan en los 115 diputados de JxC –sin contar a Negri–, los ocho miembros del Interbloque Federal –que integran los peronistas cordobeses que responden a Juan Schiaretti, los socialistas santafecinos y los bonaerenses Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez–, 4 libertarios, el par de Juntos Somos Río Negro y el riojano Felipe Alvarez.

Llegarían a 131 si logran convencer a Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino. Y podrían sumar uno más si los acompaña Romina del Plá, del Partido Obrero, que en su momento votó a favor de la discusión en comisiones, aunque esta vez sería una rareza. “130 es el piso, es muy justo”, admitió una voz con trayectoria en Congreso.

¿Y en el Senado?

Conseguida la media sanción, la pelota pasará a la Cámara alta, donde hay peronistas que están a favor de abrir el debate y podrían darle un duro revés a Cristina Kirchner. 

Para que en el Senado sancione la ley se necesitan 37 votos, de los cuales el bloque cambiemita ostenta 33 bancas propias. Llegaría a 35 con los apoyos peronistas disidentes de Alejandra Vigo –esposa del gobernador de Córdoba– y Alberto Weretilneck –de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del kirchnerismo pero que apoya la iniciativa, según supo elDiarioAR–. 

La clave estará en algunos legisladores oficialistas que ven con buenos ojos la BUP, como el jujeño Guillermo Snopek, que la avala, el correntino Carlos Espínola, que también se mostró a favor, y el entrerriano Edgardo Kueider, quien junto con el gobernador Gustavo Bordet impulsó una iniciativa de reforma electoral en 2018 en la provincia, que sorpresivamente fue rechazada por el macrismo local. 

Pero antes de llegar al recinto, todo dependerá de a qué comisiones la vicepresidente gire la iniciativa, donde la oposición no cuenta con mayoría en ninguna, a diferencia de en Diputados. El kirchnerismo podría entonces imponer una estrategia de bloqueo, una jugada que la oposición ya espera, como escuchó este medio, también con cautela, del mismo diputado de JxC: “Cuando esto pase al Senado, se vendrá el apriete”.

CC

En medio de las tensiones en el gobierno del Frente de Todos por el escándalo del gasoducto de Néstor Kirchner, que motivó el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al ministro Matías Kulfas, en una jornada que comenzó con la acusación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a “funcionarios del propio gobierno” de “ejecutar ataques, sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas”, referentes de la oposición pidieron de manera pública que la Justicia investigue la licitación de las obras claves para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta. 

“Argentina necesita imperiosamente tener el gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó la diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, en un breve hilo de Twitter. Y continúo: “USD 3.600 millones vamos a gastar este año, teniendo la segunda reserva del mundo de gas no convencional. Las peleas internas y las denuncias mutuas se dilucidan con una Comisión del Congreso que investigue y controle.”

Y adelantó que presentará este lunes el proyecto para la creación de ese organismo “donde la oposición reciba la información y pueda ejercer su acción de control”. “Una obra de esta envergadura exige transparencia, información y control”, cerró.

En sintonía con Camaño, el presidente del bloque de Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri, por su parte, afirmó en Twitter que “la Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente”. “Este tema no queda en una guerra de declaraciones”, consideró.

El intendente de La Plata, Julio Garro, por su parte, aseguró en Twitter que “esta nueva renuncia en el gabinete nacional muestra una vez más que el Frente de Todos sigue priorizando sus disputas internas por sobre las necesidades de la gente”. Y consideró: “La sociedad es rehén ante este desgobierno y sufre las consecuencias de la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo.”

El escándalo por el gasoducto Néstor Kirchner

Este sábado, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa), en manos del cristinista Agustín Gerez, cargó contra el ministerio de Kulfas y lo acusó de montar “operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner” en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, sostiene el comunicado de Energía Argentina.

El comunicado reproduce una captura de Whatsapp con una información off the record del ministerio que recoge las declaraciones de la vicepresidenta y cuestiona las condiciones fijadas para la licitación de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, clave para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta y cuya licitación está pendiente. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, dice el comunicado.

Fernández de Kirchner retuiteó el mensaje de Energía Argentina. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, dice el tuit de la ex presidenta.

CC

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que el ex ministro de Defensa Agustín Rossi asumirá como titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de Cristina Caamaño, que concluirá con su intervención durante el próximo lunes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, en el que puede verse una imagen de la carta de Camaño, el mandatario confirmó que requerirá el acuerdo del Senado para el nombramiento de Rossi.

“Camaño llevó adelante el organismo con notable esfuerzo y honestidad. Con ella pusimos fin a los 'sótanos de la democracia'. Mi eterna gratitud por su trabajo y su compromiso”, remarcó el Presidente, al tiempo que señaló que “concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente”.

En el mismo mensaje confirmó que Rossi quedará a cargo del organismo, lo que requerirá “el acuerdo del Senado” y de esa forma, el santafesino “volverá a sumarse al gobierno nacional aportando toda su experiencia y honestidad”, indicó Fernández.

Por otro lado, el Presidente informó que mantuvo esta mañana una reunión con Rossi y Camaño “para ordenar la transición de la gestión”. “Seguiremos trabajando como hasta ahora transparentando su funcionamiento y profundizando su eficiencia en el marco del Estado de Derecho”, cerró el mandatario en una imagen junto al ahora funcionario y ex interventora.

El mensaje de Camaño al dejar la AFI

La ex fiscal también utilizó Twitter para comunicar que dejará su rol a partir de este lunes y agradeció a Fernández por “la confianza” para “asumir la enorme responsabilidad de sanear los sótanos de la democracia”. “Desde la Intervención, siempre contamos con su respaldo ante cada decisión que debimos tomar”, continuó.

“Luego de dos años y medio de gestión, puedo decir con orgullo que sentamos las bases de una AFI que respeta al Estado de derecho y cumple con la ley, como cualquier organismo público”, remarcó Camaño, quien agregó: “Las reformas que implementamos coinciden con los modelos de los servicios de inteligencia de las principales potencias, tanto respecto a los controles como a la producción de inteligencia estratégica, orientada a la toma de decisiones.”

Respecto a Rossi, destacó que “es un cuadro político y de gestión que podrá consolidar y profundizar el trabajo que realizamos desde 2019”. “Éxitos en esta nueva etapa para él y su equipo, con quienes trabajaremos conjuntamente en la transición”, cerró.

MB

Con el 31 de mayo como fecha autoimpuesta para firmar dictamen sobre el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), la oposición avanzará hoy un casillero más en su estrategia parlamentaria para sancionar la ley de reforma electoral que el Gobierno rechaza de plano.

En el edificio del Anexo C de la Cámara de Diputados, en el marco de un plenario de comisiones, volverán a desfilar durante la mañana una serie de expositores en favor de la iniciativa, principalmente invitados por el arco opositor. Será la última audiencia informativa antes de que el martes de la semana próxima se firme un dictamen que busca ser consensuado –según supo elDiarioAR–, para luego ir al recinto.

Con los 132 votos que consiguió en su momento el acuerdo logrado entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el espacio de Provincias Unidas y el libertario José Luis Espert, y que sumó el sorpresivo apoyo de Romina del Plá –del Partido Obrero–, se da por descontado su media sanción en la Cámara Baja durante los primeros días de junio. 

Entonces la pelota pasará al Senado, donde pese a tener números más ajustados –33 sobre 72 bancas– se le abrió una puerta a la oposición: en las últimas horas se supo que un puñado de senadores oficialistas, históricamente a favor de la BUP, está dispuesto a “dar el debate”. Eso inclinaría la balanza en contra de Cristina Kirchner y dejaría a Alberto Fernández en la siempre costosa posición de tener que vetar la ley.

El avance opositor en Diputados

El foco de atención en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda estará puesto hoy en la exposición que hará la Fundación RAP (Red de Acción Política), una ONG integrada por empresarios y dirigentes partidarios, y liderada por Alan Clutterbuck, quien trabajó junto a Gustavo Mena en un proyecto de BUP. Ambos serán los primeros en exponer de un total de 15 invitados presentados por la oposición.

La iniciativa de RAP, que busca emular el sistema cordobés –una misma boleta concentrando la oferta electoral total del distrito (gobernador, legisladores, intendente, concejales)–, es el caballito de batalla de JxC, según supo elDiarioAR de una espada legislativa que participa en las negociaciones. La intención opositora no solo es que ese proyecto funcione como síntesis de la veintena que hay presentados, sino que también tenga aval en el Senado, lo que daría serias chances de convertirlo en ley.

El texto del dictamen opositor está bajo siete llaves, en una estrategia encabezada por los diputados Silvia Lospennato (PRO) y Emilio Monzó (Encuentro Federal), confió otra fuente parlamentaria a este medio. En paralelo al plenario de comisiones –que se transmite en vivo por YouTube–, el interbloque de JxC se reuniría a puertas cerradas para terminar de pulir los detalles que faltan de cara al 31 de mayo. “Va a ser una semana muy importante”, adelantó ayer el legislador consultado.

Uno de los pendientes de JxC es conseguir el apoyo de Graciela Camaño y del resto de sus colegas peronistas del Interbloque Federal. Sería la llave definitiva para bajar el proyecto al recinto y darle media sanción, dejando expuesta la impotencia del kirchnerismo para conseguir siquiera quórum propio, pese a ser la primera minoría. 

Futuro prometedor para la oposición en el Senado

En JxC confían en que si finalmente se impone el proyecto “del modelo cordobés”, la sanción en la Cámara alta estaría sellada, ya que saben que legisladores oficialistas como el jujeño Guillermo Snopek la avalan. 

A él se sumarían el correntino Carlos Espínola, que también se mostró a favor de la BUP, y al entrerriano Edgardo Kueider, quien junto con el gobernador Gustavo Bordet impulsó una iniciativa de reforma electoral en 2018 en la provincia, que sorpresivamente fue rechazada por el macrismo local. “Creemos que es un tema importante que hay que debatirlo”, dijo ayer Kueider en radio Mitre. 

Para que en el Senado sancione la ley se necesitan 37 votos, de los cuales el bloque cambiemita ostenta 33 bancas propias. Llega a 35 con los apoyos peronistas disidentes de Alejandra Vigo –esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti– y Alberto Weretilneck –de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del kirchnerismo pero con cintura para jugar con independencia–. 

Conseguiría su objetivo si convence a los oficialistas Snopek y Espínola, y podría darle mayor volumen político si finalmente dan su apoyo Kueider y hasta Aldolfo Rodríguez Saá, senador del FdT por San Luis y quien firmó en su momento un proyecto propio de boleta única.

“Está totalmente abierta la discusión. Hay que ver qué proyecto llega”, advirtió el senador por Entre Ríos, lanzando la moneda en el aire. Todo dependerá, entonces, de qué texto sale de Diputados y entra al Senado. Y luego será el turno de Alberto Fernández, si en medio de la crisis interna en el Gobierno, veta la ley por pedido de Cristina Kirchner o sostiene la reforma electoral para las próximas elecciones.

MC

En pleno conflicto con el Ejecutivo y el kirchnerismo duro que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema pone el foco en la selección de jueces federales en las zonas más afectadas por la narcocriminalidad -narcotráfico y lavado de activos de la venta de drogas-. En el despacho del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, elaboraron un mapa que evidencia que el poder político no ha tenido la voluntad de fortalecer a la Justicia federal en los territorios más calientes del país, según confiaron fuentes de la Corte a elDiarioAR. 

El mapa sería una demostración de que el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar y sancionar a los jueces federales de todo el país, no funciona. Las trabas políticas para nombrar jueces y agilizar el avance de las investigaciones y juicios orales y públicos no es sólo responsabilidad de los políticos. 

Los jueces, abogados y académicos también tienen representantes en el organismo que se encarga de la elección de magistrados y las negociaciones entre estos sectores con oficialismo y oposición también logran frenar el avance de los concursos, según reconocen fuentes del Consejo y el poder Judicial.

Las próximas cuatro semanas serán centrales en la disputa entre el máximo tribunal y el oficialismo: la selección de jueces está en el centro del conflicto político. El kirchnerismo tiene plazo hasta el 15 de abril para sancionar una nueva ley que reconfigure el Consejo de la Magistratura. Si no logra una nueva norma que se adecue al último fallo de la Corte, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumirá la presidente del Consejo y los jueces sumarán poder en una instancia clave de la integración del Poder Judicial. Es un lugar que el oficialismo no quiere que Rosatti ocupe pero los números en el Congreso no ayudan.

La información que contiene el mapa elaborado por la Corte no sale del cuarto piso del Palacio de Justicia. Pero según los datos analizados por elDiarioAR, en las cuatro zonas más calientes del país hay al menos 64 vacantes en juzgados y tribunales federales con competencia para investigar y juzgar al narcotráfico y la narco criminalidad. Es casi el 27% de las vacantes del país en distintos fueros (penal, civil, comercial, de familia, contencioso administrativo).

Rosario preocupa especialmente a la Corte. Rosatti es de Santa Fe (también Ricardo Lorenzetti). San Martín, en el Gran Buenos Aires, y la ciudad santafesina están entre las más afectadas por la falta de jueces federales, pero también otras zonas clave de las fronteras con Paraguay y con Bolivia; y de la provincia de Buenos Aires.

La Corte mantiene su mapa puertas adentro y los resultados publicados en esta nota surgen del cruce de información de distintas fuentes aportada desde la Corte y otras instancias judiciales; el Ministerio Público Fiscal; informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que dirige el fiscal Diego Iglesias, y que identifican las zonas del país donde se investigan los casos más graves de narcocriminalidad; cifras publicada en el portal del Consejo de la Magistratura, que muestra las vacantes en trámite ante el organismo, ante el Ejecutivo y el Senado; y el sitio oficial de la Corte, que despliega la agenda judicial del país, provincia por provincia, indicando en cada juzgado o tribunal si los cargos tienen titulares o no. La información puede ser parcial o estar desactualizada si los datos publicados no son correctos. 

San Martín

El principal territorio caliente del mapa del narcotráfico con mayor cantidad de vacantes es la jurisdicción de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que volvió a ser noticia durante el verano por el caso de la cocaína adulterada que le costó la vida a 24 personas.  Abarca no sólo la localidad de San Martín, sino también otros puntos calientes del Conurbano bonaerense: Morón, Tres de Febrero, San Justo, San Isidro, Hurlingham, Mercedes y Moreno. Todas protagonistas en los últimos años de casos icónicos del narco y narcomenudeo: del homicidio del Unicenter al triple crimen de la efedrina, pasando por figuras como Mameluco Villalba o la guerra narco de bandas dedicadas a la venta de cocaína y marihuana. 

San Martín tiene 12 vacantes. Le faltan dos jueces federales, cuatro camaristas y seis jueces de tribunales orales. Es más de un tercio de su poder Judicial, dijo el presidente del Consejo, Alberto Lugones.

Rosario

Rosario tiene cinco vacantes, una cifra alta para una jurisdicción pequeña y marcada desde hace más de una década por la guerra narco. El 25% de la Justicia federal de primera instancia está vacante, ya que de los cuatro juzgados federales de la ciudad, el número 1 no tiene magistrado y la terna está esperando en el Ejecutivo, según el sitio del Consejo de la Magistratura. 

También falta el 50% de los cargos de tribunales orales federales, los encargados de llevar adelante los juicios y dictar los veredictos en casos de narcotráfico. La jurisdicción tiene sólo dos tribunales orales federales y uno está vacío. El Ejecutivo tiene pendiente nombrar dos cargos para que el tribunal número 2 pueda funcionar adecuadamente. 

Además, faltan dos camaristas que revisen las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. Sus nombramientos dependen del Ejecutivo y el Senado, según publicó el Consejo de la Magistratura.

La provincia de Santa Fe es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales. Además, de las cinco vacantes de Rosario, necesita otros cinco jueces más en otros puntos de la jurisdicción judicial, que incluyen a las ciudades de Santa Fe y San Nicolás (esta última por cuestiones de ubicación geográfica depende de Santa Fe), pero la zona que más preocupa a la Corte es Rosario. 

Fronteras

La frontera con Paraguay es una de las fronteras más afectadas por el tráfico de drogas, según los informes de la Procunar. También el territorio lindante con Brasil. En Misiones faltan tres vacantes de distintas instancias. El juzgado federal de Puerto Iguazú, en la triple frontera, ni siquiera está conformado y este jueves se volvió a aplazar el nombramiento de su titular en el Consejo de la Magistratura.  

Formosa y una parte de Chaco necesitan seis jueces más y Corrientes tiene dos vacantes.

En Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, faltan seis jueces: uno de tribunal oral, un camarista de apelaciones y cuatro jueces de primera instancia, dos de ellos en zonas neurales: Orán y Tartagal, que se acaba de sumar, ya que a principios de marzo falleció el juez titular, Carlos Martínez Frigoni.

Aeropuertos y puertos

En jurisdicción de la Ciudad de Buenos, dos fueros centrales también carecen de jueces suficientes: los tribunales de Retiro (los penales federales de Comodoro Py -donde se investigan y se juzgan los grandes casos narco del territorio porteño- y los Penales Económicos, encargados de investigar los casos de contrabando y lavado de activos).

En los tribunales de Retiro faltan seis jueces penales económicos y ocho en Comodoro Py, tanto de primera y segunda instancia como de tribunales orales. El fuero tampoco tiene fiscal general titular que intervenga ante la Cámara Federal porteña para las apelaciones. Además, en Penal Económico faltan cuatro fiscales titulares.

Además de San Martín, hay otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires que preocupan a jueces y fiscales: Mar del Plata -zona portuaria- tiene cinco vacantes; y La Plata tiene 11, incluyendo uno de los dos juzgados federales de Lomas de Zamora que tienen competencia sobre todo lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También necesita dos fiscales generales ante la Cámara de Apelaciones.

(Comodoro) Py tiene cubierto (sólo) dos tercios de los tribunales federales y San Martín tiene menos de dos tercios.

Alberto Lugones — Juez y presidente del Consejo de la Magistratura.

Juzgados sin jueces

Este jueves, durante un plenario del Consejo de la Magistratura, los representantes de los distintos sectores -oficialismo, oposición, jueces, abogados y académicos del derecho- debían votar las ternas a 18 cargos en juzgados y tribunales de distintos puntos del país, incluidos algunos de los puntos que la Corte tiene marcados en su mapa del delito, en la frontera con Paraguay. 

Sin embargo, los consejeros no lograron ponerse de acuerdo en nada. Ninguna de las ternas llegará por ahora al Ejecutivo para que el presidente Alberto Fernández elija a sus candidatos y envíe sus pliegos al Senado, donde finalmente los jueces y juezas son nombrados, de obtener la aprobación con mayoría simple de los senadores.

Los representantes de los jueces -liderados por el magistrado Ricardo Recondo- y de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires -Diego Marías- solicitaron postergar el tratamiento de todas las ternas hasta que el Consejo termine de conformar su nueva integración, ordenada por un fallo de la Corte Suprema en diciembre, que entendió que la actual conformación es inconstitucional porque no representa de manera equilibrada a todos los sectores. La Corte les dio tiempo hasta el 15 de abril para adecuarse al fallo y sumar seis nuevos miembros, aunque nunca dijo que el Consejo debía dejar de funcionar hasta entonces. 

El presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones -alineado con el kirchnerismo-, pidió este jueves que se sometieran a votación la ternas que tenían unanimidad de consenso entre los distintos sectores, como los juzgados federales y un tribunal  de Clorinda, Puerto Iguazú y Formosa, en la frontera con Paraguay, una de las zonas clave del mapa del delito. El magistrado agregó: “(Comodoro) Py tiene cubierto (sólo) dos tercios de los tribunales federales y San Martín tiene menos de dos tercios”. 

La falta de jueces de todas las instancias no es exclusivo del fuero penal federal. El Consejo también está a cargo de otros fueros con competencia nacional. Lugones se refirió el jueves a otros fueros que son esenciales en el funcionamiento de la Justicia y la garantía de los derechos de las personas, en especial los niños y niñas. “El 25% de los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires están sin cubrir, son juzgados donde hay planteos unánimes -es decir que todas las fuerzas y sectores estaban de acuerdo con los candidatos de las ternas-, entonces, ¿cuál es el motivo para no votar hoy?”, se preguntó el presidente del Consejo ante sus colegas. 

“Yo tengo que responder la semana que viene al presidente de Casación (Nacional) -Gustavo Bruzzone- y le tengo que explicar por qué no aprobamos un concurso que venía por unanimidad”, en referencia a las ternas para cubrir cuatro juzgados nacionales del fuero civil que tienen competencia exclusiva en temas de familia y capacidad de las personas.

 Los consejeros Diego Molea y Graciela Camaño adhirieron al planteo pero quedaron en minoría. El Consejo pospuso la votación de las ternas que estaban listas para ser enviadas al Ejecutivo y sometió a votación aquellas en las que los distintos sectores no se habían puesto de acuerdo. El oficialismo no consiguió los dos tercios de los votos del plenario (necesita nuevo votos para aprobar las ternas) y todo quedó en la nada.

*Este artículo se corrigió el lunes 21 de marzo a las 08:38 para aclarar que Rosatti y Lorenzetti son de Santa Fe.

ED

El Consejo de la Magistratura no logró aprobar ninguna de las 18 ternas de jueces federales que trataron este jueves en un plenario, que se transmitió por YouTube. Sus miembros -oficialistas, opositores, jueces, abogados y académicos- se reunieron para votar varias ternas de candidatos a juzgados clave para el poder político y económico y el combate de delitos complejos como el narcotráfico. El oficialismo no obtuvo los dos tercios de los votos de los consejeros (nueve votos) para aprobar las ternas que se sometieron a votación y ahora deberán volver a tratarse para regresar al plenario con un dictamen de consenso entre las fuerzas. 

Las ternas se conforman luego de los concursos con tres opciones para enviar al presidente Alberto Fernández. El mandatario debe seleccionar a su candidata o candidato de entre los tres miembros de la terna para cada uno de los juzgados o tribunales concursados. Luego el Presidente envía a sus elegidos o elegidas al Senado para la aprobación de los pliegos. Pero ese proceso quedó nuevamente empantanado este jueves, retrasando otra vez el nombramiento de jueces y juezas para ocupar vacantes que el sistema judicial arrastra desde hace años.

Atravesado por el fallo de la Corte Suprema y la necesidad de reformular su composición para adecuarse a la orden del máximo tribunal, el Consejo de la Magistratura, que cumple un rol central en el funcionamiento de la Justicia, se enlodó en las internas políticas a la espera de una fecha clave: el 16 de abril. Para ese día, si el oficialismo o la oposición no logran en el Congreso una nueva ley que redefina la composición del organismo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, desplazará al actual presidente del Consejo y asumirá en su lugar. El actual presidente del Consejo es el juez Alberto Lugones, alineado con el kirchnerismo y enfrentado a Rosatti.

En la agenda del plenario, el Consejo tenía planeado votar las ternas para 18 cargos en distintos puntos del país, incluyendo los dos cargos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que actualmente ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También se debían tratar las ternas de candidatos para asumir en tres juzgados penales vacantes en los tribunales de Comodoro Py 2002: el número 6 (que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral al jubilarse en 2020); el número 11 (que quedó sin juez titular tras la muerte de Claudio Bonadio); y el número 12 (vacante desde que el juez Sergio Torres asumió en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires).

Otros seis cargos correspondían a vacantes en los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires donde deben llevarse adelante los juicios orales y públicos por el caso cuadernos, Odebrecht, narcotráfico, trata de personas, entre otros tantos casos, y donde se desarrolla actualmente el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el caso Vialidad o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Además, debían votarse ternas para candidatos y candidatas a otros dos juzgados federales de Clorinda, Formosa, y Puerto Iguazú, Misiones; y para otros dos cargos en juzgados civiles y comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se quedó sin sus ternas para dos cargos a camaristas. El mismo caso ocurrió con dos tribunales orales federales de Santiago del Estero y de Formosa.

El plenario comenzó con una discusión entre los consejeros. Uno de los representantes de los jueces, Ricardo Recondo, solicitó que no se tratara ningún concurso hasta que esté lista la nueva composición del Consejo el 15 de abril (al día siguiente asumirá Rosatti a mando de la nueva composición del organismo, de no haber nueva ley); y advirtió que de tratarse votaría en contra. Diego Molea (abogados), Lugones (jueces) y la diputada Graciela Camaño (oposición) se opusieron a ese planteo y pidieron que el Consejo siga funcionando. El representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, propuso entonces postergar la votación de algunas de las ternas fijadas para la fecha “en aras de buscar los consensos, a pesar de que son concursos muy viejos”.

En diciembre, el máximo tribunal declaró inconstitucional el sistema de integración actual del Consejo, las condiciones de quórum y mayorías que rigen actualmente en el organismo. La decisión de la Corte revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. 

Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la nueva ley que se adecue al fallo.

ED