Desde el 27 de junio de 2026, los países miembros de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) prohíben la captura de cinco especies de tiburones zorro y martillo altamente amenazadas. La medida fue acordada en marzo de este año durante la última reaunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP15) realizada en Brasil para intentar frenar el preocupante declive de las poblaciones y evitar su extinción. Chile, Ecuador, Perú y Costa Rica, sin embargo, además de República Checa y Reino Unido, formularon una reserva específica para apartarse de ese acuerdo.

A nivel mundial, las poblaciones de tiburones y rayas se han reducido a la mitad desde 1970 debido, principalmente, a su pesca excesiva. Esta situación ha llevado a que varias especies se encuentren en peligro crítico de extinción. Así lo indican estudios científicos como el informe interino 2026 sobre el Estado de las Especies Migratorias en el Mundo, elaborado para la 15° reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

La situación es crítica no solo para los tiburones. La COP15 de la CMS reveló además que el 49 % de las especies migratorias está en declive y el 24 % está amenazada de extinción. Debido a esta situación, los países parte de la CMS aprobaron incluir dentro de la convención a 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y acuáticos. Esta decisión otorga mayor protección y obliga a los países a una cooperación coordinada para el manejo sostenible de las especies amenazadas.

Esa decisión, a decir del presidente de la COP15, el ministro de Ambiente brasileño, João Paulo Capobianco, convirtió a la reciente conferencia en “una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”.

Además, algunas especies que ya eran parte de la CMS cambiaron de categoría para incrementar su protección. Entre ellas, cinco especies de tiburones altamente amenazados que quedaron incluidas en el Apéndice I de la convención —el más estricto de todos— que implica la prohibición absoluta de su captura, la reducción de los factores de amenaza y la protección de sus hábitats principales.

Las especies incluidas fueron el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus), tiburón zorro común (Alopias vulpinus), tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y el tiburón martillo liso (Sphyrna lewini). Todas catalogadas en estado Vulnerable, Crítico o en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

¿Por qué Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica le dieron la espalda al acuerdo que incrementa la protección de estos tiburones?

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Mayor protección para cinco especies de tiburones

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), también conocida como el Convenio de Bonn, es un tratado ambiental internacional enmarcado en el sistema de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es promover la cooperación transfronteriza entre países para proteger a las especies migratorias, conservar sus hábitats y salvaguardar las rutas que emplean durante sus desplazamientos.

“Se trata de una convención científica y técnica que protege a las especies migratorias de cualquier situación, a diferencia de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que solo regula el comercio de estas especies”, explica Jessica Galvez-Durand. La especialista, trabajó como punto focal de la CMS en Perú para lograr, en 2020, la inclusión del jaguar (Panthera onca) en el Apéndice I, que representa el nivel más alto de protección dentro de la convención y conlleva compromisos legales estrictos para los Estados que forman parte de la ruta de distribución de la especie.

Las cinco especies de tiburón que fueron incluidas durante la COP15 en el Apéndice I de la CMS estaban antes en el Apéndice II, un nivel de protección más bajo que no prohíbe la pesca, pero obliga a los países parte a establecer medidas de gestión para garantizar que cualquier captura, uso o comercio sea sostenible, legal y regulado.

El cambio se produjo luego de que se demostrara, a través de datos científicos, que estas especies migratorias están en peligro de extinción en todo o en una parte significativa de su territorio.

De acuerdo con la convención, los países que forman parte de la CMS y que son parte del área de distribución de las especies migratorias que están protegidas por el Apéndice I deben prohibir expresamente que los ejemplares de aquellas especies sea sacadas de su ambiente natural, restringiendo la caza, la pesca, la captura, el hostigamiento o la matanza premeditada.

Además, el acuerdo establece que los “Estados parte se esforzarán por conservar y, cuando sea factible, restaurar los hábitats fundamentales para evitar que la especie se extinga”.

“El Apéndice I de la CMS señala que esas especies amenazadas requieren sí o sí la cooperación de todos los países del área de distribución y esas especies no pueden ser extraídas. Todas esas rutas migratorias están bien estudiadas”, agrega Galvez-Durand.

Sin embargo, no todas las disposiciones que fueron acordadas en la COP15 de la CMS serán acatadas por los cuatro países de América Latina que presentaron su reserva al reciente acuerdo sobre tiburones.

Perú se opuso a la prohibición de la captura de las cinco especies de tiburón zorro y martillo, mientras que Chile, Ecuador y Costa Rica presentaron su reserva para las tres especies de tiburón zorro.

Perú continuará capturando las cinco especies amenazadas

A través de un comunicado, el Ministerio de la Producción (Produce) indicó que el haberse restado del acuerdo “permite que Perú mantenga la gestión pesquera de estas especies bajo su normativa nacional, evitando una prohibición automática e inmediata de extracción, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de conservación, fiscalización, trazabilidad y ordenamiento pesquero vigentes”.

Para la comunidad biológica, sin embargo, esta decisión del Gobierno peruano representa un freno a los esfuerzos internacionales. “Los tiburones son especies altamente migratorias que no respetan fronteras marinas, la falta de una prohibición total en las aguas del mar peruano debilita y dificulta enormemente la recuperación de estas poblaciones de tiburones”, opina Juan Carlos Riveros, director científico de la ONG Oceana en Perú.

No obstante, los especialistas también coinciden en que la reserva impuesta por Perú ante la CMS no anula sus obligaciones frente a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado que regula el comercio internacional, por lo que la importación y exportación de aletas o carne de estas cinco especies siguen estando estrictamente reguladas.

Jessica Galvez-Durand recuerda que, para poder exportar aletas, las empresas peruanas están obligadas a tramitar un permiso CITES y para ello deben certificar la cadena de custodia desde el momento del desembarque. “No se puede exportar material proveniente de capturas ilegales o desembarques no declarados”, recalca.

Las acciones implementadas por el Estado peruano para asegurar la sostenibilidad de los tiburones amenazados presentan, sin embargo, serias deficiencias. Así lo demuestra una serie de reportajes publicados por Mongabay Latam en los últimos años que da cuenta de irregularidades en la entrega de permisos CITES a empresas exportadoras, el desembarque ilegal de aletas de tiburón, investigaciones fiscales a grandes exportadoras de aletas de tiburón, entre otros problemas.

Para la bióloga Alicia Kuroiwa, experta en tiburones e investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, los problemas que enfrenta Perú para proteger a los tiburones amenazados disminuirían si el Estado implementara cuotas de extracción máximas y periodos de veda estrictos para todas las especies, basándose rigurosamente en estudios científicos. Actualmente, solo el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) cuenta con una cuota de pesca anual (para 2026 se establecieron 444 toneladas), la exigencia de respetar una talla mínimas para su captura y una temporada de veda reproductiva que va desde el 1° de enero al 10 de marzo.

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Costa Rica se opone a la protección total del tiburón zorro

En mayo de 2021 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Costa Rica incluyó las tres especies de tiburón zorro, además del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y tres especies de tiburón martillo, en la lista nacional de especies amenazadas de vida silvestre. Con ello, el comercio de estas especies quedó prohibido.

¿Por qué entonces Costa Rica se apartó de la decisión de la CMS de prohibir la captura de los tiburones zorro y martillo si por legislación nacional ya había decretado la prohibición?

El problema radica en una contradicción legal. Randall Arauz, biólogo marino e investigador de la Asociación Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas (CREMA) de Costa Rica, explica que “a pesar de esa inclusión [de algunas especies de tiburones en el Sinac], en Costa Rica los tiburones no son legalmente considerados vida silvestre sino especies comerciales. Esto impide que se aplique la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual prohíbe el comercio de especies amenazadas”.

En junio de 2023, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dictaminó que las especies amenazadas no pueden ser consideradas comerciales y ordenó al Ministerio de Ambiente asumir su protección. Pese a esto, según Arauz, el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) sigue tomando las decisiones “de manera ilegal”.

“La Corte ordena al Ministerio de Ambiente a cumplir con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para esas especies, pero eso todavía no se cumple. Todas las decisiones políticas que tienen que ver con tiburones las realiza de manera ilegal el Instituto Costarricense de Pesca”, advierte el especialista.

Mongabay Latam envió preguntas al Incopesca y al Ministerio del Ambiente para recoger sus versiones, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no respondieron.

Para Arauz, la decisión de Costa Rica de restarse del acuerdo de la CMS “representa una sumisión total a la voluntad de los exportadores de aletas de tiburón”.

La reserva al acuerdo internacional, agregó, “tira por la borda décadas de esfuerzos de conservación marina y el prestigio internacional de Costa Rica como país ecológico, perpetuando la sobrepesca de especies al borde de la extinción”.

Ecuador, país sancionado por la CITES

La reserva de Ecuador al acuerdo de la CMS genera una inconsistencia política, asegura Kuroiwa, ya que inicialmente este país había respaldado la propuesta de incluir a los tiburones zorro en el Apéndice I durante la COP15 de la CMS, pero le dio la espalda a la decisión en el registro oficial.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador respondió a Mongabay Latam que el Apéndice I de la CMS exige la protección estricta de las especies catalogadas en peligro de extinción y prohíbe de forma general su captura, pero que “para los tiburones zorro y martillo el país aplica salvaguardas que, en varios aspectos, superan los estándares internacionales”.

Sin embargo, Ecuador enfrenta desde marzo de 2024 una suspensión comercial impuesta por la CITES que le impide la exportación legal de tiburón zorro y otras especies, hasta que el país demuestre la sostenibilidad de sus pesquerías de tiburón. La sanción llegó tras comprobarse una serie de eventos de tráfico ilegal, principalmente hacia Perú.

De hecho, el Ministerio Público peruano viene investigando por presunto tráfico de especies y crimen organizado a dos empresas peruanas que buscaban exportar a países asiáticos aletas de tiburón zorro. Una de las hipótesis en ambos casos es que las aletas provendrían de Ecuador.

A decir del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador, para mitigar el contrabando hacia la frontera con Perú se exigen guías de movilización y se ejecutan controles conjuntos con la Policía Nacional y la Aduana.

Pero en vista de los declives en las poblaciones de tiburones, los esfuerzos continúan sin ser suficientes. “La pesca de esas especies es tan feroz que sus poblaciones vienen experimentando una caída”, asegura el biólogo Sebastian Hernández. Sumado a esto, el potencial reproductivo de estas especies es bajo, asegura el científico. “Por ejemplo, el tiburón zorro alcanza su primera madurez sexual entre los nueve y los 13 años. Eso significa que una hembra debe estar escapando [durante años] de anzuelos, redes de pared, cercos, etc, para poder llegar a su primera madurez sexual”.

Además, “estos animales tienen un crecimiento lento, una reproducción limitada y una fecundidad baja [una hembra puede parir solo dos crías por temporada]”. Todo eso hace que las poblaciones de esta especie sean particularmente vulnerables a la pesca.

Captura incidental y directa de tiburones en Chile está en aumento

En Chile, de las cinco especies de tiburones que entraron en el Apéndice I de la CMS solo hay dos: el tiburón zorro común (Alopias vulpinus) y el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), que son capturados de manera incidental por los barcos que pescan especies pelágicas, aquellas que habitan en la columna de agua y que normalmente forman grandes cardúmenes, como el jurel, el atún o la anchoveta.

Según el estudio del Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN, en las últimas décadas, tanto la captura directa de tiburones como la incidental ha aumentado de forma considerable en el país debido al declive en las poblaciones de peces óseos comerciales y a la demanda de carne y aletas de tiburón. Además, el estudio advierte que la flota artesanal no tiene la obligación legal de reportar desembarques de captura incidental, lo que provoca un subreporte masivo de las capturas reales. Y aunque Chile cuenta con 42 áreas marinas protegidas, ninguna fue diseñada específicamente para resguardar hábitats críticos o especies de tiburones o rayas.

El biólogo Sebastián Hernández explica que actualmente Chile no puede exportar ninguna de las especies de tiburón protegidas por la CITES porque el país no cuenta con los estudios científicos que esa convención exige para obtener los permisos.

¿Por qué entonces Chile decidió hacerse a un lado del acuerdo de la CMS para prohibir la captura de tres especies de tiburones?

Carlos Bustamante, doctor en Ecología Marina y director regional del grupo de expertos de tiburones de la IUCN, explica que Chile lo hizo porque no tiene cómo implementar las medidas que se establecen en acuerdos como el de la CMS o de la CITES. “Somos un país inmaduro y atrasado en gestión pesquera, en especial en lo que respecta al manejo transfronterizo de pesquerías de tiburones. Administrativamente se prefiere ignorar la realidad”, señala.

El también académico de la Universidad de Antofagasta añade que Chile no ha establecido medidas concretas para proteger las especies comprendidas en el Apéndice II de la CMS. “El Apéndice I [de la CMS] requiere una inversión [por parte del] país mucho más seria que un compromiso de papel. Por eso no van a apoyar ninguna moción al respecto”, considera.

Mongabay Latam solicitó entrevistas y envío consultas a los Ministerios de Ambiente de Perú, Costa Rica y Chile para conocer los motivos de su exclusión a la decisión sobre las cinco especies de tiburones del convenio internacional y las medidas que se tomarán para preservarlos, pero hasta el cierre de esta edición ninguno respondió el pedido.

El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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América Latina alberga el 40 % de la biodiversidad del planeta, contiene más de una cuarta parte de los bosques del mundo, que son hogar de más de 800 pueblos indígenas, y enfrenta amenazas constantes ante el avance de economías ilegales. Sin embargo, la importancia que los gobiernos asignan a la protección del ambiente en términos económicos parece ser nula si revisamos sus presupuestos nacionales.

Con el propósito de monitorear el nivel de importancia que los Estados de la región asignan a la protección de la naturaleza, Mongabay Latam analizó las cuentas públicas de Perú, México, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia de los últimos 16 años y encontró que los ministerios de Ambiente han sido sistemáticamente relegados al último escalón de las prioridades estatales.

La base de datos construida para esta investigación, a partir de información extraída de las partidas presupuestales oficiales, reveló que, entre 2011 y 2026, el promedio de la inversión ambiental en cada uno de estos seis países no llegó ni al 1% del gasto total del Estado.

Mongabay Latam también entrevistó a 31 exfuncionarios, investigadores y especialistas en conservación en los países analizados. El consenso es claro: históricamente, se trata de un sector al que se le ha negado la prioridad y el peso que verdaderamente requiere.

“Nos encontramos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, dice Gonzalo Vergez, coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

“Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos [ambientales], es un gravísimo error de concepción de lo que es importante e irreversible, como son los ríos contaminados con mercurio [debido a la minería de oro]”, reclama la diputada boliviana Cecilia Requena.

Para José Antonio Dávalos, exministro de Ambiente de Ecuador, el debilitamiento del presupuesto e incluso la degradación del sector ambiental responde a una tendencia en la región. “Estos países necesitan que el sector ambiental sea lo menos complicado para que no entre en conflicto con otros sectores”, opina.

Esta situación beneficia a proyectos enfocados en la extracción de recursos, de acuerdo con Juan Carlos González, economista ambiental y asesor en proyectos de conservación de biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en América Latina. “Si quieren abrir una nueva ronda petrolera, no les conviene un ministerio de Ambiente fuerte”, sostiene.

Al comparar, además, el presupuesto asignado a los gabinetes ambientales con el destinado a otras carteras se detectó la misma tendencia: Ambiente se quedan siempre con la tajada más pequeña del pastel. Esto contrasta con el presupuesto que se asigna a carteras como las de Defensa, que en todos los países ha sido superior a las de Ambiente.

En un contexto donde la sostenibilidad aún no se considera un pilar del desarrollo nacional, ¿cuáles son los sectores prioritarios en estos países?

Por citar unos ejemplos, en Perú, Mongabay Latam encontró que el Ministerio de Economía y Finanzas reforzó su dominio presupuestario, pasando de representar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026.

En Argentina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no solo es el más grande, sino que su importancia ha crecido sustancialmente: pasó de recibir el 53 % del presupuesto en 2017 al 79 % en 2026.

No es el mismo escenario en Bolivia, donde la seguridad interna y la defensa nacional son la prioridad. Los ministerios de Gobierno y Defensa encabezan el ranking de distribución presupuestal.

“Sí hay una crisis económica, pero hay otros sectores que también están creciendo. La [Secretaría] de la Defensa [de México] tenía un presupuesto en el año 2000 que era el doble que el de Ambiente y ahora es más del triple”, advierte Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

La prioridad en Ecuador, México y Colombia, según la distribución de los recursos, son los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Argentina, Ecuador y Bolivia: los países que erosionaron sus ministerios de Ambiente

Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años es la erosión de la importancia de los ministerios de Ambiente, situación que ha ocurrido, de manera más evidente, en Argentina, Ecuador y Bolivia.

En Argentina, el Ministerio de Ambiente pasó a ser una cartera degradada al rango de Subsecretaría en 2024, con la llegada de Javier Milei.

En diálogo con Mongabay Latam, Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, afirma que en Argentina, “independientemente del gobierno nacional de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Una opinión con la que coincide el coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Gonzalo Vergez, quien advierte, además, que con el gobierno de Javier Milei el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”.

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advierte que al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también en la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.

Esta inacción financiera, sumada a la degradación institucional del Ministerio de Ambiente, coincide con periodos de alta incidencia de incendios forestales, dejando a las brigadas de control en una situación de vulnerabilidad extrema.

“La disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso, toda vez que el fideicomiso constituía una herramienta ágil y veloz para dar respuesta a las demandas de la temática”, sostiene Martín Illescas, exdirector General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández.

En Ecuador se repite la misma historia de recortes presupuestales y de degradaciones. Tras la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, en 2020, la entidad ha tenido que gestionar una agenda doble con pocos recursos. Pasó de manejar 147 millones de dólares en 2012, su máximo histórico, a apenas 30 millones de dólares en 2025. Casi la quinta parte del presupuesto que solía tener.

Tarsicio Granizo, actual director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2018), admite que la falta de interés del Estado por el ambiente se evidencia claramente en la baja asignación de recursos económicos. “El tema ambiental no ha sido, en la mayoría de las veces, una prioridad para el Estado y eso se refleja en los presupuestos”, reconoce.

La situación de Ambiente en un país que debe enfrentarse a la presión minera y al crimen organizado en la Amazonía parece agravarse, pues en 2026, bajo el gobierno de Daniel Noboa, el Ministerio de Ambiente y Agua fue absorbido por el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El sector ambiental fue reducido así a dos viceministerios: uno de Ambiente y otro de Agua. Según la información remitida a Mongabay Latam por el actual MAE, para 2026, el presupuesto conjunto de ambas dependencias fue de 14.6 millones de dólares, distribuidos en 11.4 millones para Ambiente y 3.2 millones para Agua. Esta cifra es menos de la mitad de lo que manejó el Ministerio de Ambiente y Energía en 2025 y la más baja desde 2011.

La falta de presupuesto parece reflejarse en la lenta operación dentro de esos dos viceministerios. A la fecha, hay más de 43 000 trámites sin atender en el Viceministerio de Agua y en el Viceministerio de Ambiente, de acuerdo con información entregada por el MAE.

Bolivia es uno de los países donde el presupuesto ambiental ha crecido con los años. Sin embargo, esta asignación representa, en promedio, apenas un 0.56% del Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos quince años.

Para Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, esta cifra demuestra el “real interés” que les dan las autoridades bolivianas a materias ambientales, que por ahora –afirma– “solo queda en discursos”. “Detrás de picos estadísticos recientes, la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015, cuando el sector ambiental recibió un humillante 0.3 % del PGE. Las cifras oficiales exponen que la crisis climática se combate con discursos millonarios, pero con billeteras vacías”, cuestiona.

También se debe tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto del Ministerio del Ambiente se destina a la categoría de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas. En 2025, este programa recibió el 68 % de los fondos destinados a la cartera ambiental, cifra que indica que la prioridad absoluta del ministerio fue el servicio básico en ciudades.

Stasiek Czaplicki, economista ambiental e investigador boliviano, explica que durante muchos años la mayor parte del presupuesto ambiental correspondía a un presupuesto hídrico-productivo, que contemplaba proyectos de riego, represas, entre otros, y no a un presupuesto hídrico-ambiental, es decir proyectos de conservación de cuencas hídricas o saneamiento de agua.

“Por ejemplo, en 2024, más del 60 % del presupuesto de dicha cartera estaba destinado al rubro hídrico. Asumir que todo ese presupuesto era ambiental puede falsear el análisis y dar la impresión de que existía un presupuesto amplio para temas ambientales, cuando no fue así”, detalla el investigador.

En ese contexto, a fines de 2025, el presidente Rodrigo Paz anunció la disolución del Ministerio de Ambiente y Agua y su fusión con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aunque en la actualidad el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente se encuentra en funciones, en el documento de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas los presupuestos de ambas carteras figuran separadas en 2026: Planificación del Desarrollo cuenta con 830 600 572 bolivianos (unos 70.9 millones de dólares) mientras que Ambiente y Agua cuenta con 2 653 024 121 (unos 226 millones de dólares).

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México: altos costos pero para agua y saneamiento

México, con presupuestos que superaron los 72 000 millones de pesos (alrededor de 4222 millones de dólares) en años recientes y una ejecución promedio de 97 %, lidera el volumen financiero y la eficacia de gasto entre los países analizados.

Sin embargo, su estructura presupuestaria esconde una trampa. Al desglosar el presupuesto del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales la realidad interna muestra una concentración en infraestructura hídrica, es decir, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Mientras, las entidades encargadas de la protección ambiental, como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vieron reducida o congelada su participación en la torta presupuestaria.

Históricamente, la Comisión Nacional del Agua ha concentrado los recursos del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 2023, la CONAGUA absorbió el 89 % de los recursos totales, dejando a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con presupuestos que rondaron apenas el 2 % y el 1.2 % del sector, respectivamente.

“Conagua concentra hasta el 90 % de los recursos destinados y hay cada vez menos dinero para otras instancias muy necesarias y bastante afectadas en los últimos años”, precisa a Mongabay Latam Gina Chacón, directora de política pública de la organización Wildlands Network, una ONG que trabaja en la protección y restauración de hábitat de vida silvestre.

Aunque el presupuesto asignado al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantiene en un nivel intermedio (45 564 millones de pesos en 2026, unos 2675 millones de dólares), los presupuestos de 2025 y 2026 confirman una reducción frente a años anteriores.

De acuerdo con Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el financiamiento destinado al sector ecológico experimentó un declive drástico a partir de 2015, coincidiendo con la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Agrega, además, que en ese periodo se impulsaron políticas que favorecieron otras áreas en detrimento de la agenda ambiental.

A esto se añade que la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido una de las más volátiles en la última década, especialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la dependencia tuvo tres titulares distintos.

Los cuestionamientos al sector han girado en torno a la subordinación del Ambiente frente a proyectos energéticos y de infraestructura, como el Tren Maya, así como conflictos éticos y recortes presupuestales.

Chacón agrega que no solo hay una tendencia a desfinanciar los órganos desconcentrados de Ambiente, sino que hay opacidad en la rendición de cuentas de este gasto. “Tampoco hay información que dé cuenta del uso del dinero público que se asigna a cada uno de estos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, indica la experta.

Mongabay Latam contactó en varias ocasiones a la vocería de la Semarnat para conocer su posición frente a la brecha presupuestal con la que opera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Colombia y Perú, baja eficiencia y la última prioridad

Colombia es una de las naciones más peligrosas para quienes protegen el ambiente. Al menos 548 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados en el país entre 2012 y 2025, según el último reporte de Global Witness. Detrás de las muertes más recientes está el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados y la minería ilegal, entre otros conflictos socioambientales y casos de criminalización.

A ello se suma otros problemas ambientales que atentan contra la biodiversidad del país, como la deforestación, la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y la amenaza a hábitats cruciales, especialmente a las áreas protegidas.

Este escenario en Colombia sucede a pesar del aumento sustancial del presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El análisis revela que, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, los fondos asignados a la cartera ambiental se cuadriplicaron entre 2022 y 2024. No obstante el incremento, la cifra asignada al Ministerio de Ambiente de Colombia apenas representó durante su gobierno alrededor del 0.16 % del Presupuesto General del Estado en 2015.

Para Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y excongresista por el Nuevo Liberalismo para el periodo 2022-2026, aunque haya un aumento del presupuesto, no todos los nuevos recursos están relacionados a atender los problemas del sector ambiental.

El ex representante de la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) señala que el monto asignado a la cartera ambiental aún está lejos de la cifra que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir en el 1 % de Producto Interno Bruto (PIB), que para el caso de Colombia equivaldría a cerca de 18 billones de pesos. “Aquí no estamos llegando a la décima parte de eso”, señala el excongresista.

Por otro lado, a pesar de tener más recursos, la eficiencia del gasto del Ministerio de Ambiente se desplomó a un mínimo histórico de 32.34% en 2024, que se recuperó alcanzando un 70 % en 2025, pero en lo que va de este año su ejecución es apenas del 25 % (hasta septiembre).

“El gobierno de Petro ha tenido importantes presupuestos para invertir en el sector ambiente, pero con una pésima ejecución. Por ejemplo, el freno a la deforestación y restauración de la conservación de la Amazonía tenía una apropiación de 354 000 millones de pesos (unos 88.5 millones de dólares) y su ejecución fue cero en 2026”, explica Miranda.

Dentro del sector ambiental colombiano, el Ministerio de Ambiente es la entidad que recibe la mayor parte del presupuesto del sector (un promedio de 35 %), mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia apenas el 11 % y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 5.28 %.

A decir de los expertos, la situación de Parques Nacionales es una muestra de la debilidad del financiamiento de todo el sector ambiental y de cómo afecta el cuidado de las 123 áreas protegidas que tiene el país. “En ese caso, ni siquiera hablamos de problemas en el presupuesto de inversión, ahí [la falta de] recursos inclusive complica el funcionamiento de todo el Sistema de Parques Nacionales”, explica Sandra Vilardy, científica y ex viceministra de Ambiente.

En Perú, un país marcado por la inestabilidad política, con 9 presidentes en los últimos 10 años, el Ministerio del Ambiente (Minam) no solo se enfrenta a la escasez, sino a la invisibilidad política. Esta cartera se sitúa en el último escalón de las prioridades del país.

Para Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto del Minam “es insuficiente y muy limitado para la cantidad de obligaciones y los desafíos que tiene el sector ambiental”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, añade que es insuficiente en comparación con lo que se asigna a otros sectores dentro del presupuesto nacional. “Más aún, teniendo en cuenta la importante contribución que tienen los bienes y ecosistemas para el bienestar de la población”, argumenta.

La distribución del gasto en Perú revela que las prioridades estatales están ancladas en la infraestructura física, la defensa y la economía, dejando el capital natural en el último lugar de la fila, con un promedio histórico de participación en el Presupuesto General de la Nación de apenas 0.12 %.

El análisis de la evolución presupuestaria de los ministerios de Perú entre 2011 y 2026 revela una expansión significativa del gasto público y cambios en las prioridades estratégicas del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, pasó de manejar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026. Su presupuesto creció un 206 %, consolidándose como la cartera con mayor asignación de recursos.

Y aunque el Ministerio de Ambiente ha experimentado un crecimiento notable —pasó de 78.9 millones de soles (unos 28.6 millones de dólares) a 290.4 millones de soles (unos 86.17 millones de dólares) entre 2011 y 2026—, su peso relativo sigue siendo pequeño.

“El presupuesto se define en función al peso político. No se define en función de las necesidades directas de la población, sino principalmente está vinculado con el poder político”, dice Alicia Abanto y explica que los congresistas influyen para la definición de los presupuestos en relación a los intereses que representan.

El relegamiento de la agenda ambiental en Perú no solo se refleja en la precariedad de sus presupuestos, sino también en las decisiones del propio Congreso de la República, que en los últimos años ha promovido retrocesos normativos. Ejemplo de ello son las ampliaciones otorgadas por el Parlamento al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las modificaciones a la Ley Forestal y de fauna silvestre. “Lo que se busca es debilitar la regulación, porque la regulación, es decir, implementar estándares sociales, ambientales, implica una inversión que no quieren hacer”, opina Lucila Pautrat, directora de la organización Kené, ONG que realiza investigaciones para la conservación, defensa y manejo sostenible de los bosques amazónicos y sus ecosistemas.

Para Ruth Luque, ex presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el Congreso y actual senadora del nuevo Congreso bicameral, existe un tema político que influye en el presupuesto y es el debilitamiento de la institucional ambiental. “En estos últimos cinco años es como si el Minam no existiera”, comenta.

Mongabay Latam solicitó entrevistas a los ministerios de Ambiente de México, Argentina, Colombia, Bolivia y Perú para abordar estos temas, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el pedido. Solo la cartera de Ecuador respondió a solicitudes de información que confirmaron la carencia con la que opera y que se refleja en falta de atención a trámites.

Protegidas en papel, abandonadas en el presupuesto

Las agencias encargadas de las áreas naturales protegidas en América Latina operan también bajo una asfixia presupuestaria que contradice la riqueza biológica de la región. A pesar de custodiar ecosistemas que albergan el 40 % de la biodiversidad mundial, estas entidades reciben asignaciones marginales que rara vez superan el 0.08 % del presupuesto nacional.

La consecuencia directa de este ahogamiento económico es el déficit de guardaparques y una paulatina cesión del control territorial frente al avance de las actividades extractivas y el crimen organizado. Mientras la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) recomienda como estándar de protección la presencia de al menos un guardaparque por cada 26 kilómetros cuadrados (2600 hectáreas) de área protegida, la realidad latinoamericana bordea el desamparo.

“Hay una brecha de guardaparques, el parque automotor no se renueva, el tema salarial sigue congelado desde 2012”, dice sobre las carencias en el sector un guardaparques ecuatoriano que pidió reserva de su identidad.

En algunos países, como en México, la brecha es extrema: un solo guardaparque debe patrullar 1385 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a cubrir casi la totalidad de la superficie de la Ciudad de México. En Colombia, según una investigación de la economista Adriana Soto, existe un custodio por cada 550 kilómetros cuadrados. En Ecuador, el territorio continental apenas dispone de 598 guardaparques para resguardar su patrimonio natural, a pesar de que se requerirían al menos 5240 agentes para garantizar un umbral mínimo de cobertura.

En Argentina, donde unos 580 guardaparques intentan resguardar cerca de 5 millones de hectáreas, un agente por cada 8000 hectáreas, los analistas apuntan a las deficiencias de una gestión puramente reactiva. “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”, precisa Matías Trebucq, economista especializado en ecología y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En Perú, recién en septiembre de 2025, tras la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques, se oficializó una nueva escala remunerativa para los 900 guardaparques que están a cargo de las 77 áreas naturales protegidas del país.

Con esta disposición el sueldo mensual de los guardaparques en general subió a 2865 soles (unos 834 dólares), mientras que para los más expertos aumentó a 3265 soles (unos 950 dólares), además de otros beneficios. “Era un sector que estaba completamente rezagado y sus salarios eran de menos de 1000 soles (menos de 300 dólares)”, recuerda la congresista Luque.

El presupuesto asignado “no permite que haya una presencia sólida de protección de los territorios, como para tener estaciones de control, de monitoreo en terreno, de más personal con experiencia”, advierte Abanto sobre la vulnerabilidad institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú.

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En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra más de 98 millones de hectáreas, pero apenas recibe el 3.3 % del presupuesto total asignado al sector ambiental, mientras la infraestructura hídrica (CONAGUA) acapara el 82.7 %. Su participación dentro del Presupuesto General de la Federación resulta irrisoria, situándose históricamente por debajo del 0.04 %. Una precariedad similar se replica en Colombia, donde la participación de Parques Nacionales Naturales en el Presupuesto General nunca ha superado el 0.06 % en los últimos 15 años, tocando pisos del 0.03 %.

Especialistas consultados por Mongabay Latam añaden un ingrediente más a este escenario: la presencia de economías ilegales y de crimen organizado en áreas naturales que ha obligado a algunos Estados, como los de México y Colombia, a retirarse por falta de presupuesto. “Cuando hay un intento de defensa del territorio, desaparecen o matan a los líderes. Estamos metidos en un problema de inseguridad de tamaños mayúsculos”, sostiene Carabias, investigadora y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

Estos espacios naturales enfrentan incluso presiones de actividades extractivas, como la minería. Un ejemplo es la Reserva de biosfera de la mariposa monarca, donde cerca del 6 % de la zona núcleo está concesionada a una empresa minera, según un análisis elaborado por la coalición Fuera Minería de ANP. Lo que pone en riesgo este ecosistema que alberga una variedad de microclimas, numerosas especies endémicas de flora y fauna, y es punto de anidación de la mariposa monarca (Danaus plexippus plexippus), especie emblemática del país. 

En Argentina, a pesar del fuerte incremento nominal, producto del contexto inflacionario durante los gobiernos previos al de Milei, la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Presupuesto General de la Nación se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre el 0.04 % y el 0.08 % y mostrando una ligera tendencia a la baja o estancamiento en los últimos años (2024-2026).

Para Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la APN entre 2022 y 2023, Parque Nacionales de Argentina no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. “En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, señala.

En el caso de Perú el presupuesto del Sernanp representa, a la fecha, apenas el 0.05 % del Presupuesto General, una cifra que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha variado con ningún gobierno. Mientras que el Sernap de Bolivia ha perdido peso presupuestal dentro del Ministerio de Ambiente: pasó de representar el 10 % del presupuesto de esa cartera en 2011 a un 2.8 % en 2026.

Czaplicki explica que en los últimos años el rubro de bosques y conservación quedó “muy desatendido”, ya que sus principales entidades, como el Sernap y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), contaron con presupuestos “muy bajos” que en su mayoría fueron financiados por la cooperación internacional. El especialista advierte que este presupuesto actual representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente.

En Ecuador, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) necesita al menos 24.5 millones de dólares anuales para su operatividad básica. Sin embargo, según el exministro Granizo, el presupuesto real es de apenas 7 millones, monto que se agota exclusivamente en salarios.

La degradación institucional en Argentina, Ecuador y Bolivia, la reducción de recursos en México y Ecuador, la parálisis por falta de ejecución en Colombia y Bolivia, y la desatención sistemática a las áreas protegidas dibujan un panorama de vulnerabilidad regional que pone en riesgo la biodiversidad, el agua, el clima, la seguridad alimentaria y el territorio de las comunidades ancestrales de América Latina.

Edición: María Isabel Torres, Alexa Vélez y Emilia Delfino. Colaboración: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El viaje del sábalo (Prochilodus lineatus) en las aguas del río Pilcomayo es un verdadero desafío. Este pez realiza un recorrido exigente. Inicia su nado desde Paraguay, pasa por el norte de Argentina y llega hasta el Chaco boliviano, donde cumple su ciclo de desove. Sin embargo, su ruta está obstaculizada desde hace 20 años por la construcción de una obra vial en el Bañado La Estrella, en el norte argentino. Ese viaje se complica debido a que existen estructuras de cemento donde los peces chocan y mueren. Algunos siguen su ruta heridos y pocos llegan sanos a Bolivia.

En la provincia de Formosa, en el norte argentino, existe un sistema hidrovial con una compuerta que alimenta al bañado La Estrella a través del río Pilcomayo y forma parte de varias obras de la Ruta Provincial 28. Esa vía tiene una extensión de 109 kilómetros, de los cuales 900 metros son parte del viaducto que se construyó en pleno Bañado La Estrella.

El río Pilcomayo atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay, y es una de las principales arterias fluviales de la cuenca del río de la Plata. Por allí se desplazan múltiples especies de peces, entre ellas el sábalo, que efectúa migraciones de hasta 600 kilómetros durante cuatro meses, según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet).

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Ludmila Pizarro, bióloga y maestrante en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, explica a Mongabay Latam que la interrupción del recorrido del sábalo puede reducir la llegada de cardúmenes a Bolivia y afectar, con el tiempo, la reproducción y sostenibilidad de la especie.

La experta relata que en julio de 2026 estuvo en la zona del Bañado La Estrella y evidenció que las compuertas y un terraplén de la ruta siguen obstruyendo la migración del sábalo. Pizarro detalla que este bloqueo se da principalmente cuando se abre la compuerta en épocas de lluvia, para que el humedal pueda recibir las aguas del Pilcomayo. Es en esa misma época cuando los peces chocan con las obras de ingeniería y no pueden seguir su ruta con normalidad.

El paisaje en el Bañado La Estrella cambia con las estaciones: durante las crecidas, grandes superficies quedan cubiertas por el caudal del río y, cuando llega la época seca, aparecen los caminos, terraplenes, canales y estructuras levantadas para controlar el paso del recurso hídrico y mantener la circulación por la zona.

“Los peces no migran todo el año. Tienen un tiempo de activación hormonal para hacerlo y es justamente cuando el caudal sube en esta parte del bañado La Estrella. Ellos van haciendo migraciones estacionales y se estacionan un tiempo cuando entran a Bolivia”, detalla Pizarro.

La bióloga, que también es parte de la Fundación Biodiversidad del Gran Chaco (BioChaco), añade que la época de migración del sábalo se da por lo general en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, justamente cuando crece el Pilcomayo por las lluvias.

En ese tiempo, dice, junto al ciclo migratorio se ejecuta el desove de los sábalos en territorio boliviano. “Yo he visto el bañado, cuando está más seco se aprecia el terraplén, el dique, las escaleras, las compuertas y el canal. Cuando hay mucha agua no se aprecian las obras porque se inundan”.

Estos obstáculos para los sábalos también afectan a los pescadores del departamento de Tarija, en Bolivia, pues varias comunidades indígenas, entre ellas los Weenhayek, dependen de la pesca. Y es que, para este pueblo, el sábalo no solo tiene importancia alimentaria sino también cultural y económica.

La obra en discordia

Según Claudio Baigun, biólogo argentino e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la carretera tiene una elevación de nivel en forma de terraplén donde se da la afectación a los peces.

Baigun detalla a Mongabay Latam que esta ruta empezó a elevarse en 1998 y se terminó en 2012. Sin embargo, el biólogo destaca que la parte donde están las compuertas –que es donde se interrumpe la migración del sábalo- fue remplazada hace cuatro años por una vía paralela que está elevada sobre pilotes y que es la parte más crítica del bañado.

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“Después es la misma ruta, solo que cuando la Ruta 28 se aproxima a la zona donde el agua la cubría anteriormente, se abrió un desvío y la ruta se levanta sobre unos pilotes como si fuera un puente y atraviesa toda esa zona. Serán unos 900 metros en que está levantada en pilotes”, explicó Baigun, quien vive en el Chaco argentino.

Sobre la afectación al sábalo, el biólogo asegura que en 2022, cuando se construyó el tramo paralelo, se pensaba que se iba a destruir la compuerta, pero no se hizo porque en esa zona se necesita llenar el bañado en épocas de lluvia, cuando se forma una especie de embalse de baja altura. Ahí, asegura, existe una especie de azud que tiene la finalidad de levantar el nivel de agua y repartirlo para otros fines.

“A medida que la ruta fue levantándose en distintas etapas, obviamente que el paso del sábalo empezó a verse obstruido porque la Ruta 28 no fue diseñada de manera amigable para los peces, para permitir su paso”.

Por ejemplo, indica Baigun, el vertedero de ese azud tiene una pendiente de unos 25 grados. “Los peces no pueden remontar porque, además, tienen abajo una pileta de disipación [estructura hidráulica para reducir la velocidad y la energía cinética del agua] de muy baja profundidad que genera un resalto y una turbulencia que no permite a los peces saltar y alcanzar la cresta del vertedero”, detalla.

El experto añade que a todo esto se suma la construcción de alcantarillas que son impasables para especies como el sábalo por la velocidad con que viaja el agua y el diseño que tienen, “que son como unos toboganes para acelerar el flujo”.

“El sábalo, que podría eventualmente también pasar por ahí, no puede de ninguna manera superar esas alcantarillas de la obra”, resalta Baigun.

Según la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), citada por la agencia de noticias estatal boliviana ABI, los cardúmenes que ingresan a territorio boliviano proceden aparentemente del Bañado La Estrella y durante su desplazamiento pueden recorrer unos 150 kilómetros entre la ciudad fronteriza de Esmeralda, en Argentina, y Villa Montes, en pleno chaco boliviano y uno de los puntos donde más se comercializa el sábalo.

Pizarro remarca que las obras de la Ruta 28 redujeron de manera considerable esa conexión migratoria y advierte que, si menos ejemplares consiguen superar ese punto y completar su recorrido, también disminuye el intercambio entre poblaciones de diferentes zonas. Ese obstáculo, según la experta, puede ser la razón de la disminución de la pesca de sábalo en Bolivia. Según dice, en los años 80 se pescaban 1800 toneladas al año y en 2022, el último año del que se tiene registro, esa pesca cayó a 40 toneladas anuales.

Como una solución, Pizarro propone una “reingeniería urgente en los diques y portones de la zona para evitar un colapso ecológico y económico irreversible en la región del Chaco”. Esa medidas pueden ser ejecutadas -comenta- con la construcción de escaleras para peces y la apertura de portones para restablecer la conectividad del sistema hídrico.

El valor del Pilcomayo

La bióloga Ludmila Pizarro destaca que en Bolivia el río Pilcomayo tiene actividad piscícola y vitícola, pero en Argentina y Paraguay estas aguas son utilizadas por los sectores ganadero y agrícola. Es por eso que considera importante que haya una coordinación entre los tres países para salvar al sábalo y tomar acciones respecto a otros temas.

“No se ha protegido la llanura de inundación del Pilcomayo, por eso no tiene el valor de protección suficiente para hacer que las migraciones temporales de los peces, sobre todo del sábalo, puedan seguir su curso normal”, afirma.

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Para ella, Bolivia no puede mirar el problema como un asunto aislado. “Lo que ocurre en la parte baja repercute aguas arriba y alcanza a los tres países que comparten este sistema”, dice e insiste en llevar el tema a una mesa técnica trinacional.

Tomás Rivero es miembro del sindicato de pescadores de Villa Montes, un municipio en el Chaco boliviano y que tiene al Pilcomayo como su principal fuente de abastecimiento. Según comenta, el nivel del agua del río bajó desde hace 30 años y asimismo disminuyó la pesca del sábalo. “El caudal ha bajado y hay mucho sedimento”, lamenta en diálogo con Mongabay Latam.

Rivero, que también tiene un negocio gastronómico, explica que los sábalos hace tres décadas eran grandes y que de un pescado sacaban cuatro platos para vender. “Hoy por hoy, un sábalo apenas alcanza para un plato”, relata. El pescador asegura que, en general, la cantidad de sábalos que migran a Bolivia descendió, aunque reconoce que este año hubo mucho pescado, pero de talla pequeña.

“No hay estudios que nos confirmen por qué los sábalos son tan pequeños. El 90 % siempre eran grandes. Hoy es al revés, el 10 % son grandes y el 90 % pequeños. Este año hubo mucho pescado, pero ese factor se da luego de cuatro años de disminuciones”, relata Rivero.

El pescador y emprendedor pide estudios para conocer la situación del pez en el río Pilcomayo, desde su partida en el Bañado La Estrella hasta su llegada a territorio boliviano. “Hay normas pesqueras, pero hay lugares donde no se regula la pesca. Eso también se debe tomar en cuenta, porque se sabe que hay una sobrepesca”, detalla.

El biólogo Claudio Baigun también reclama estudios sobre la migración del sábalo, ya que se desconoce si todos los que migran del Bañado La Estrella llegan hasta Villa Montes o tienen otras rutas. Incluso una parte podría quedarse en territorio argentino. El experto añade que estudios como este también se necesitan para muchas otras especies de peces en el río.

Mongabay Latam envió, vía correo electrónico, una solicitud de información a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, que tiene sede en Asunción, Paraguay, para conocer las acciones que realizan, si estudian la actual problemática que hay con el sábalo y si se ha contemplado la posibilidad retirar las compuertas en el sector del Bañado La Estrella. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, la entidad no ha respondido.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una zambullida rompe la calma del agua, es el chapoteo de un cuerpo pesado que sube y baja con destreza gracias a unas patas palmeadas y a bigotes gruesos capaces de detectar la mínima vibración de un pez en el agua. Luego se escucha un resoplido fuerte, casi una tos, que anuncia que algo enorme acaba de asomar la cabeza. Cuando el lobo gargantilla se yergue sobre el agua, apoyado en su cola, medio cuerpo afuera, como hace cuando algo llama su atención, muestra su mancha blanca e irregular en el pecho, única en cada individuo.

Después de treinta años sin registros de avistamiento y por ello ser considerada una especie regionalmente extinta en Argentina, el lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis) vuelve a nadar en este país. Esta especie que alguna vez habitó las cuencas frescas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay de la mesopotamia argentina, llegó a internarse en regiones boscosas del impenetrable chaqueño al viajar a través de ríos como el Bermejo.

Conocida también con el nombre de nutria gigante, esta especie es la mayor representante de la familia de los mustélidos (mamíferos carnívoros que también incluye comadrejas, tejones y hurones), y el más grande de todos ellos: un macho adulto puede superar 1.8 metros de largo y pesar más de 30 kilogramos. Su pelaje denso, oscuro y brillante la llevó a la ruina pues la convirtió en un blanco fácil para cazadores furtivos. Viviendo de forma cotidiana en grupos familiares numerosos de hasta diez o más individuos, la nutria gigante se caracteriza por ser ruidosa. Emite gritos constantes durante la pesca y las disputas entre miembros del grupo, según describe Alejandro Valenzuela, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Hoy en los Esteros del Iberá, la ecorregión de humedales que cubre casi cuatro millones de hectáreas al norte de la provincia argentina de Corrientes, las nutrias gigantes dejaron de ser un recuerdo. En el corazón de un laberinto de lagunas y bañados, en la isla de San Alonso, funciona hace siete años el único proyecto en el mundo de reintroducción de la especie. Liderada por la Fundación Rewilding Argentina, la iniciativa ya cuenta con más de 30 ejemplares, una primera familia de cuatro individuos liberada en junio de 2025, y otros 13 individuos en espera de completar el camino de vuelta a los ríos argentinos.

Volver a empezar en San Alonso

La nutria gigante supo nadar una gran porción del país. Según describe el biólogo Guillermo Gil, delegado del Nordeste Argentino de la Administración de Parques Nacionales, la especie ocupó en el pasado un territorio mucho más amplio que los Esteros del Iberá: incluía el río Paraná y sus afluentes en Misiones, el Iguazú, el Urugua-í, el Yabebirí, el río Uruguay y su afluente Iraí, el Paraguay y hasta los ríos San Francisco y Bermejo, en el extremo norte del país. Un mapa que se fue vaciando un río a la vez.

Aunque los expertos aclaran que Argentina “carece de estudios sobre el uso del hábitat de la especie”, los causantes de la desaparición de la nutria gigante son múltiples. En el Urugua-í (afluente misionero del río Paraná), una represa hidroeléctrica construida en 1990 inundó los 85 kilómetros cuadrados que incluían la zona donde se dieron los últimos registros de grupos familiares reproductores en la cuenca: el último avistamiento en la zona databa de 1985, cinco años antes. En el propio río Paraná, la represa de Yacyretá inundó 1200 km² entre 1989 y 1994, y en el Uruguay, la de Salto Grande anegó 783 km² en 1979.

A esa fragmentación del hábitat se sumaron la caza, legal entre 1941 y 1960, además de un comercio ilegal que continuó después, y la sobrepesca de las especies de peces de las que se alimentaba, como el el surubí (Pseudoplatystoma corruscans) y el sábalo (Prochilodus lineatus) que alcanzaron un récord de 35 000 toneladas exportadas en 2004, según datos de Parques Nacionales. Con diversas presiones combinadas, la especie fue retrocediendo río arriba hasta que dejó de haber señales de su presencia: los últimos ejemplares confirmados en el país se observaron en el alto río Iguazú, en 1986 y 1988.

Argentina pasó, en cuestión de décadas, de tener una de las especies más ruidosas y sociables de sus ríos, a desaparecerla.

La historia de la nutria gigante en el país es a su vez la historia de la región. En 2021, la especie fue catalogada En Peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en marzo de este año los países miembro de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) la incluyeron en sus Apéndices I y II, las dos categorías más altas de protección según el tratado, durante una reunión en Campo Grande, Brasil. Según un informe presentado en esa reunión, la población global cayó un 50 % en los últimos 25 años y podría caer otro 50 % en el mismo plazo si no se toman medidas.

Consultada por Mongabay Latam, la bióloga brasileña, coordinadora del Grupo de Especialistas en Nutrias de la UICN y fundadora del Giant Otter Project (Projeto Ariranhas), Caroline Leuchtenberger, explica que la caza por su piel y la degradación de su hábitat le hicieron perder a la especie alrededor del 40 % de su área de distribución histórica en toda la región. Parte de esa degradación, señala, se dio mayoritariamente en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, las mismas en las que alguna vez nadaron las nutrias gigantes argentinas.

Revertir esa ausencia significa construir un lugar donde la historia de la nutria gigante pueda empezar de nuevo.

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Magalí Longo, coordinadora de conservación del proyecto Rewilding, cuenta que “el proyecto de la fundación inició en 2019 con la construcción de los corrales en lo que es la isla San Alonso, el corazón de los Esteros de Iberá”, con una etapa previa de planificación junto a especialistas en la especie que asesoraron sobre dónde construir los recintos y cómo encarar el trabajo ex situ. Un corral de presuelta (preliberación), explica Gustavo Solís, veterinario y coordinador de incorporación de individuos a los proyectos de reintroducción de Rewilding Argentina, funciona como un territorio de práctica antes de la libertad total, un punto intermedio entre la vida en cautiverio y el estero abierto.

A diferencia de una “suelta dura”, donde un animal se traslada y se libera de una sola vez, sin ningún período de transición, el equipo trabaja con lo que llaman “suelta blanda”: el ejemplar permanece en el recinto el tiempo necesario para adaptarse, sin fecha fija de salida. “El animal va conociendo ese corral que es como su territorio, tiene sus olores, tiene la comida, tiene refugio y se siente seguro”, cuenta Solis, quien lleva más de dos décadas trabajando en conservación.

En el caso de la nutria gigante, el recinto combina una parte de tierra firme y otra de agua conectada directamente a la laguna, para que el mamífero acuático pueda moverse entre ambos ambientes tal como lo haría en libertad. “Nuestros corrales están en pleno estero de Iberá, tenemos corrales muy grandes con una parte sobre la tierra firme y una parte en agua”.

Meses después de comenzar el proyecto llegó Alondra a la Argentina, la primera hembra incorporada al proyecto, donada por el Zoológico de Budapest. Antes de llegar al corral, pasó por una cuarentena en la que, según comenta Solís, cada ejemplar recibe un transmisor de telemetría implantado quirúrgicamente en la cavidad abdominal que le permite al equipo seguir a cada animal a distancia una vez liberado.

A fines de 2019, tras el mismo proceso, se sumó Coco, un macho del Zoológico de Givskud, en Dinamarca. Ambos compartieron el corral de presuelta en la laguna Paraná, dentro de la isla San Alonso, alimentados a diario con peces vivos de la zona para que practicaran la pesca, comenta Longo. En 2021 el proyecto sumó un segundo macho, Nanay, traído desde Suecia, y en 2022 una hembra proveniente de Francia.

Pero la familia recién formada no tardó en conocer la pérdida. En 2022, en medio de incendios catastróficos que obligaron a evacuar la isla, Alondra comenzó a mostrar signos de debilidad. Una bacteria instalada en sus pulmones, sumada a su edad de 11 años (una edad avanzada para una especie que suele vivir entre 8 y 13 años), terminó por vencerla. De Alondra quedan sus crías nacidas en mayo de 2022: Yvera, Ipegua y Chiru, el primer grupo familiar de la especie en Argentina desde la década del 80.

Custodias de los ríos

El regreso del lobo gargantilla no es solo la reivindicación de una especie perdida en Argentina, es también la restauración de un custodio de sus aguas. Depredador alfa, la nutria gigante se encuentra en la cima de la cadena alimentaria acuática. “Son depredadores tope, necesitan una buena cantidad de peces, porque esa es su presa principal. Si el agua tiene contaminantes, ellos nos lo muestran”, comenta Leuchtenberger en cuanto al rol de “custodios del agua” que suele atribuirse a esta especie.

“Necesitan agua sana y bosques ribereños sanos. Todo el ecosistema acuático y su entorno tienen que ser muy estables para que puedan persistir”. Un estudio de 2026 sobre vigilancia de patógenos en nutrias gigantes de tres ecorregiones de Brasil, del que Leuchtenberger es coautora, documentó un riesgo sanitario asociado a la contaminación del agua, con patógenos que provienen sobre todo de animales domésticos, una amenaza nueva cuyo impacto real sobre la población todavía se desconoce. Según Leuchtenberger, la dieta de la nutria gigante se superpone además con la de las comunidades que viven en las riberas de esos mismos ríos. “Si el río no es saludable para las nutrias gigantes, tampoco lo es para la gente”, resume.

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La otra razón por la que funciona como bioindicador tiene que ver con lo exigente que es la especie. No alcanza con que haya agua y pescado, la nutria gigante necesita un territorio estable durante todo el año, con cobertura vegetal en las orillas para construir sus madrigueras, y un entorno sin perturbaciones constantes. “Cuanto más grande es el grupo, más sano o más equilibrado está el ambiente”, afirmó la experta. Además, agrega que un grupo familiar arranca con una pareja que se reproduce, y que las crías permanecen con sus padres durante años, lo que hace crecer a la familia, siempre que el entorno lo permita. En cambio, allí donde hay tráfico de embarcaciones u otra actividad humana intensa, “nunca se ven grupos más grandes, solo parejas o tríos”.

Para Leuchtenberger, la sola presencia o ausencia del animal es un dato revelador: “Aunque haya peces, si en el hábitat hay conflicto humano, caza furtiva y cualquier tipo de disturbio, químico y físico, nunca vas a tener nutrias gigantes ahí”.

Pasaporte, cuarentena, y un stud book

Curiosamente, el primer obstáculo de la reintroducción de la nutria en Argentina no fue biológico, sino logístico. “Cuando empezamos con el proyecto de nutrias gigantes, el gran desafío era que no teníamos [nutrias] en Argentina, no había nutrias gigantes. Se extinguió para todo el país y en cuativerio no había ninguna. En la historia de los zoológicos argentinos nunca hubo nutria gigante”, comenta Solis.

Conseguir los primeros ejemplares implicó mirar hacia afuera y negociar con instituciones de conservación en la región, además de adquirir permisos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas (CITES) y protocolos sanitarios acordados entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). También requirió un recurso indispensable: tiempo.

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La primera presentación formal del proyecto de reintroducción en Argentina se dio en 2017, durante el primer Taller Internacional de Nutria Gigante realizado en Cali, Colombia, donde el equipo argentino presentó su idea ante especialistas de toda la región, entre ellos, Caroline Leuchtenberger. “Generar la confianza necesaria para que instituciones extranjeras cedieran ejemplares de una especie tan escasa en cautiverio no fue nada fácil”, recuerda Solís sobre los primeros contactos en Brasil, donde en ese momento había apenas nueve ejemplares bajo cuidado humano en todo el país. “Cada zoológico que pudo tener estas nutrias es muy receloso de ellas, es imposible que las cedan a ningún proyecto. Nosotros teníamos que demostrar que este era un proyecto que iba a funcionar, el primer proyecto de reintroducción”.

Con tan pocos ejemplares disponibles en Sudamérica, la búsqueda tuvo que cruzar el Atlántico y el proyecto de reintroducción en Argentina se presentó a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), que gestiona un programa de cría en cautiverio coordinado a nivel mundial para la especie a través de un registro genealógico centralizado, llamado stud book, desde el cual un comité técnico decide qué ejemplares se aparean y hacia dónde se derivan.

Según el propio documento del proyecto presentado por Rewilding en 2018, ese programa reunía entonces 62 ejemplares en 18 instituciones europeas y ya operaba en su capacidad de carga, es decir que no tenía espacio físico para seguir criando individuos sin destino dentro de Europa, lo que lo volvía capaz de ceder ejemplares al proyecto de la fundación. “En este proyecto [a diferencia de otros]”, aclara Solis, “anduvo todo muy bien. Las nutrias se conocieron, se enamoraron y hubo reproducción bastante rápido”.

En total, entre ocho y diez nutrias llegaron desde Hungría, Suecia, España, Alemania y Dinamarca y Estados Unidos. El traslado, dice Solís, fue un proceso lento y cuidadoso, pensado para minimizar el estrés de los animales: en origen, las instituciones zoológicas coordinaban entre sí para asistir a cada ejemplar durante las cuarentenas en origen, los transbordos aéreos, viajando en cajas de transporte con acceso a agua y comida. Al llegar a Ezeiza (ciudad donde se encuentra el aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Argentina), un equipo de la fundación esperaba en la zona de carga desde primera hora de la mañana para atenderlas y completar los trámites migratorios. Ya en destino, los animales pasaban por una segunda cuarentena, donde se realizaban los primeros chequeos sanitarios antes de trasladarlos a los corrales de la fase de presuelta. Según Solís, “gestionar la importación de un solo ejemplar nos demoraba entre ocho meses hasta un año”.

Una cuestión de tiempo para ser libres

Argentina es, según cuenta Leuchtenberger, el primer caso de reintroducción de nutria gigante en el mundo con el que otros países pueden comparar sus propios planes, incluido uno que Brasil intenta reactivar en la cuenca del Paraná, después de que su primera versión, planteada en 2010, se suspendiera por falta de fondos.

“Para mí, el éxito del programa es tener animales libres, reproduciéndose y comportándose como nutrias gigantes salvajes”, explica la científica. Eso significa que son capaces de establecer su propio territorio, defenderlo, pescar, encontrar sus propios recursos y desplegar el repertorio social completo de la especie: marcación con arena, vocalizaciones complejas, interacción dentro del grupo y defensa del territorio frente a otros grupos. “Si toda esa interacción compleja está sucediendo, eso va a significar que el proyecto realmente es un éxito”.

Ese también es el criterio que usa el propio equipo de Rewilding para trazar sus etapas de trabajo en otros proyectos de la región. Solís lo compara con lo que ya ocurrió en Iberá con otras especies del programa de reintroducción de Rewilding: el oso hormiguero, el yaguareté o el venado de las pampas que hoy están en una “segunda etapa”, la de dispersión natural. En esta fase los animales se alejan del sitio de liberación original y se establecen, por su cuenta, a veces a decenas o cientos de kilómetros.

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A un año de la liberación de la familia de nutrias gigantes, San Alonso empieza a dar señales de esa segunda etapa. Según confirmó Longo, el grupo ya se dispersó hacia otras zonas del parque, y en el camino construyó sus propias madrigueras. Ya no dependen exclusivamente de las que tenían en el corral, aunque siguen moviéndose dentro de un radio cercano a él, sin haberse alejado del todo. En la lectura del propio equipo, esta es la primera señal concreta de que el proyecto empieza a moverse hacia la definición de éxito que persigue: no solo que la especie sobreviva, sino que deje de necesitar, cada vez más, la ayuda del corral.

Longo describe también cómo es el trabajo cotidiano con el grupo de nutrias liberado en junio de 2025: salen a pescar durante el día, descansan al sol y, hacia la noche, se resguardan en madrigueras construidas por ellos mismos en el monte que rodea el corral, con un monitoreo constante y una suplementación de alimento que se reduce a medida que registran eventos de pesca exitosos por cuenta propia.

La parte reproductiva, explica, tiene sus propios tiempos y sus propios riesgos: “hay una primera etapa en donde la pareja misma pierde camadas debido a que son inexpertos, porque no los saben criar o no los cuidan como corresponde. Una vez que son exitosos en eso, empiezan a reproducirse muy bien”. El período de gestación es de entre 65 y 75 días, y si una pareja pierde a sus cachorros, la hembra puede volver a quedar preñada apenas diez días después. Un grupo, dice Longo, recién se considera consolidado “cuando los juveniles tienen también la capacidad de poder cuidar los cachorros que está teniendo la familia”, recién ahí empieza la independización de los más grandes, que se van para formar sus propios núcleos familiares.

Según el informe anual de Rewilding, correspondiente al ejercicio cerrado en marzo de 2025, dos de las tres parejas del proyecto formadas en ese año tuvieron crías, llevando a 13 la cantidad de ejemplares en fase de liberación en el Gran Parque Iberá.

Hoy el proyecto supera los 30 ejemplares y ya empezó a replicarse dentro del propio país. Una segunda familia, formada en el Ecoparque de la provincia de Buenos Aires a partir de una pareja donada por instituciones europeas, tuvo tres camadas consecutivas y hoy espera su liberación en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Este es el segundo sitio, además de Iberá, habilitado para reintroducir la especie. “Es muy loco porque, fíjate, dos ejemplares que vienen de Europa, las crías nacen, son porteñas, y después toda la familia se traslada al Impenetrable”, dice Solís. Para el equipo, esta es la prueba de que el modelo no depende de un único sitio y que, si el protocolo funcionó una vez para formar un núcleo familiar viable, puede repetirse en otro punto del país con condiciones similares. “Es solo una cuestión de tiempo para que el proyecto sea exitoso en otras partes de Argentina”, concluye Solis.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A los 12 años, el investigador de nacionalidad alemana Heinz Arno Drawert comenzó a estudiar a los rivúlidos (Rivulidae: Cyprinodontiformes) —pequeños peces que vivían en estanques temporales— en el acuario de su casa. La fascinación por esta familia de peces lo llevó a estudiar Ingeniería Ambiental y a realizar sus prácticas desde 2001 en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, en Bolivia, donde hoy se desempeña como investigador asociado.

En 2024, Drawert, junto al acuarista e ictiológo alemán Thomas Litz, marcaron un hito para la ciencia, la conservación y la ictiología boliviana al redescubrir al Moema claudiae, un pez que se creía extinto.

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La investigación, publicada a finales de 2025, fue determinante para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la comunidad científica boliviana actualizaran, en 2026, su estado de conservación. Este pequeño pez pasó de considerarse “Posiblemente Extinto” a “En Peligro Crítico”, un ajuste que no se realizaba desde hacía dos décadas. Sin embargo, a dos años de su redescubrimiento, la especie continúa en riesgo debido a la degradación de su único hábitat conocido: los humedales temporales de los Llanos de Moxos, en la cuenca amazónica.

Los humedales son estructuras hídricas naturales fundamentales para el equilibrio ambiental, la regulación del agua y la supervivencia de especies adaptadas a condiciones extremas. Un informe publicado este año por la revista especializada Zootaxa identificó de forma sistemática las especies de peces en Bolivia, posicionando a la cuenca amazónica como una de las áreas de mayor biodiversidad íctica en el país, con un estimado de 943 especies, de las cuales solo 690 han sido identificadas taxonómicamente.

Para Drawert, la conservación de Moema claudiae depende en gran medida de la protección de los humedales. Sin embargo, estas regiones se enfrentan a múltiples obstáculos, empezando por la ausencia de una estrategia pública de protección ambiental frente a amenazas como los incendios forestales, la expansión agrícola, la ganadería extensiva, la minería y la deforestación.

Marlene Quintanilla, ingeniera forestal y exdirectora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), quien no participó del estudio, refuerza esta idea mencionando que el marco jurídico en el país es aún débil. “Se puede decir que los humedales están huérfanos de protección legal a nivel nacional. Quizás se deba avanzar a escala departamental en regiones como Pando, Beni, Santa Cruz y Cochabamba”, dice la experta.

“En muchos casos se prioriza la producción económica, ya sea minera o hidrocarburífera, entonces siempre van a batallar con estos espacios”, agrega Quintanilla.

El pez que dio un salto en el tiempo

Cuenta Heinz Drawert que la búsqueda del Moema claudiae comenzó en 2019, lo que dio como resultado varias expediciones sin éxito. Estas visitas a campo suelen representar un desafío logístico que requiere meses de planificación: mapear humedales, gestionar permisos, preparar equipo técnico y asegurar suministros en zonas remotas donde el acceso a información es nulo. Una sola expedición puede absorber hasta un año de gestión.

En 2024, el equipo decidió explorar una zona desconocida en el sur de Beni, como parte del proyecto “Rivúlidos de Bolivia”, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Dos días antes de concluir el viaje, a primera hora, Drawert y Litz usaron métodos de captura tradicionales. Al izar la red, no esperaban hallar al pez que la ciencia daba por desaparecido hacía más de dos décadas.

Este diminuto vertebrado, que no supera los 3.91 centímetros en los machos y los 3.27 centímetros en las hembras, fue registrado por primera vez en 1997 por el investigador Wilson Costa, quien lo describió científicamente y lo nombró en honor a su esposa. Sin embargo, Drawert comenta que apenas un año después del hallazgo, la localidad donde registraron la especie —ubicada a 60 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos— desapareció por completo debido a la degradación del hábitat causada por la expansión de la frontera agroindustrial.

En 2016, tras una década sin un solo registro, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo declaró como “Posiblemente Extinto”.

Si en 2026, al cumplirse diez años de esa declaración, la especie no mostraba algún rastro, la UICN la declararía oficialmente extinta. Con su hábitat original destruido y sin nuevos avistamientos, todo apuntaba a que este pez microendémico de Bolivia no tenía posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, en abril de 2024, tras una expedición de diez días y a 100 kilómetros del primer descubrimiento, los investigadores hallaron una población viva de Moema claudiae en medio de extensos campos de cultivo de granos —especialmente arroz— en la provincia de Marbán, Beni.

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“Ese día nos fuimos temprano al lugar donde teníamos nuestro campamento establecido. Sacamos fotos, comparamos las imágenes con la información en internet y confirmamos, una y otra vez, que era la especie. Fue un día de fiesta y alegría”, recuerda Drawert. Tras el hallazgo, el estudio y la confirmación, los científicos lograron trasladar dos ejemplares a la colección ictiológica del museo, garantizando así una evidencia física para el estudio y la validación científica de la especie.

“En ecología de la conservación normalmente no tenemos segundas oportunidades; la extinción es para siempre. En este caso, estamos frente a una especie que se creía extinta y, de pronto, tenemos una segunda oportunidad para conservarla. Eso ocurre muy rara vez, es como haberse ganado la lotería”, comenta emocionado a Mongabay Latam.

El secreto biológico de Moema claudiae

Cuando los investigadores lanzaron y sacaron la red, notaron inmediatamente un rivulidae diferente entre varios. Moema claudiae no pasó inadvertido, los colores rojizos y naranjas en las aletas con un cuerpo grisáceo que combina manchas rojas y celestes metálicos llamó la atención de los científicos. Pero sólo hasta que observaron la mancha humeral negra, grande y alargada verticalmente pudieron reconocer al pez.

Drawert cuenta que lograron sacarlo y lo trasladaron en un balde para, finalmente, registrar por primera vez una especie viva en fotos. Mientras más pasaban las horas, los científicos se dieron cuenta de una particularidad en este tipo de peces. “Observamos el mismo comportamiento. Como teníamos varios juntos en el balde, saltaban, salían y se pegaban fuera del agua. Entonces ahí le dije a Thomas: ‘Ups, mira, estos también son anfibios’”, relata.

La familia de los rivúlidos posee un ciclo evolutivo único por su adaptación anfibia que les permite sobrevivir horas o semanas fuera del agua, transformando su respiración branquial en dérmica, es decir, a través de la piel. Como habitan espacios donde, en teoría, no deberían existir peces, han sincronizado su vida con los humedales temporales. Se desarrollan cuando el estanque está lleno, alrededor de seis semanas, y, cuando el agua comienza a evaporarse, los adultos entierran sus huevos en el sustrato.

Allí, los embriones aguardan meses o años, en estado de diapausa (descanso en el desarrollo de los insectos y otros animales pequeños), hasta que las lluvias inundan nuevamente el terreno y permiten la eclosión. Por esta razón se les conoce como peces anuales o estacionales.

Según Drawert, existen dos teorías sobre esta evolución. Al vivir en espacios mínimos, es posible que la alta densidad poblacional genere conflictos que fuerzan a algunos individuos a salir. La segunda hipótesis sugiere que, cuando el nivel del agua baja y dificulta la puesta de los huevos, los peces se ven obligados a abandonar el estanque en busca de nuevos sitios para asegurar su descendencia.

Además, estos pequeños vertebrados coloridos cumplen roles ecológicos fundamentales, ya que regulan el flujo de nutrientes, mantienen la salud de sus microhábitats y actúan como controladores biológicos de insectos como los mosquitos.

Para el investigador, aún no se dimensiona la importancia de estos peces, ya que ninguna otra especie podría reemplazarlos y advierte que los rivúlidos en Bolivia se enfrentan no solo a la deforestación, la alteración de los sistemas hidrológicos y la contaminación por agroquímicos, sino a un desconocimiento científico.

Muchas otras especies de estos peces atraviesan una situación similar sin que existan datos suficientes para protegerlas. Según la investigación de finales de 2025, publicada en la revista Nature Conservation, en el país se han registrado 32 especies de rivúlidos, de las cuales el 58 % son endémicas y un 8 % sólo ha sido documentada en su localidad tipo (en las llanuras de inundación del río San Pablo, Ascensión de Guarayos), lo que las hace extremadamente vulnerables a cualquier cambio en su entorno.

El desafío de los santuarios

Moema claudiae reapareció en el punto donde la selva amazónica se encuentra con la sabana de los Llanos de Moxos. En medio de los extensos cultivos, el pez halló refugio en un estanque de “aguas negras”. Estas zonas hídricas suelen tener características peculiares que permiten el desarrollo de estos pequeños peces.

Marlene Quintanilla explica que “toda la hojarasca que cae al suelo se concentra en el humedal durante la época húmeda. Esa biomasa genera condiciones químicas muy específicas, un tipo de acidez propia para estas especies tan raras y endémicas. Esa conexión entre el bosque y el humedal crea un entorno donde emergen especies únicas en el mundo”.

La expedición científica no sólo logró identificar con vida a Moema claudiae sino que encontró la zona con mayor diversidad de rivúlidos a nivel global. Mientras la literatura científica documentaba apenas cinco especies por hábitat, en este humedal —ubicado en Llano de Moxos— se encontraron siete. Según el artículo científico, esta abundancia se debe a la confluencia de unidades hidrográficas y ecológicas que coinciden en un mismo punto.

Drawert, coautor del documento, confirma que Bolivia es un epicentro global para estos peces: “Guarayos tiene una diversidad altísima, pero hay otra región cerca de la laguna Concepción, en la planicie del río Quimome, que es el segundo lugar con más diversidad de peces estacionales en el mundo. Hemos encontrado hasta seis especies juntas, una cifra que solo se ve en sitios específicos de África y Argentina. Bolivia alberga, prácticamente, el primer y segundo lugar con mayor riqueza de rivúlidos a nivel mundial”.

Sin embargo, los humedales se encuentran en constante riesgo de desaparecer. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), desde 2001 hasta 2024 el país perdió 9.8 millones de hectáreas de bosque, lo que también afecta a humedales permanentes y temporales. Según el documento Humedales, un sostén clave de la Amazonía y su contextos de protección en Bolivia, hecho por la FAN, los humedales de todo tipo representan el 41 % del territorio del país y se enfrentan a impactos de la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y el cambio climático.

En el caso de los temporales, además son estigmatizados como tierras improductivas o focos de infección. Para Quintanilla, la pérdida de los humedales representa un riesgo para el ciclo hídrico y la seguridad alimentaria de todo el país.

Por otra parte, las especies que habitan estos cuerpos de agua son microendémicas. Es decir, tienen una distribución tan pequeña que no pueden colonizar nuevos territorios. Si el estanque desaparece, la especie se extingue.

Quintanilla explica que la interdependencia entre los humedales y los peces responde a la cadena trófica: “Los peces son la base fundamental para sostener a otras especies, tanto migratorias como propias del lugar. Muchos animales persisten gracias a la concentración de alimento en estos humedales. Hay un mundo ecológico que sobrevive gracias a este ciclo de inundación”.

Futuro de la conservación y el rol de la ciencia

La situación de Moema claudiae es crítica y continuar con las expediciones ha significado un desafío constante. Tras el hallazgo de 2024, una siguiente expedición en 2025 fue limitada por el exceso de agua y en 2026 las actividades se han visto obstaculizadas por problemas sociopolíticos. Esto deja gran parte del territorio boliviano sin explorar y, actualmente, los Llanos de Moxos son el único lugar conocido que alberga a la especie en estado silvestre.

Sin embargo, aún no existe una estrategia de conservación clara para este diminuto pez. El Museo Noel Kempff Mercado, que lidera la investigación, tiene sus límites. Al respecto, Drawert comenta: “Nuestra función es la generación de conocimiento. Confirmamos la existencia, la ubicación y las características ecológicas de la especie. Tomar medidas de conservación le toca a las autoridades, a partir de ese conocimiento”.

El reto principal para la preservación de esta especie, y los rivúlidos en general, es garantizar la protección de los humedales. Pero Bolivia carece de una legislación específica para gestionarlos. Aunque la Constitución, en su artículo 374, reconoce los recursos hídricos como prioridad nacional y la Ley Forestal 1700 establece “servidumbres ecológicas” —franjas de protección en riberas y planos de inundación—, la realidad es confusa.

Según Marlene Quintanilla, el problema es técnico y político, ya que “se habla de servidumbres ecológicas y de franjas de protección de hasta 100 metros de la máxima crecida de los cuerpos de agua. El reto es determinar dónde está esa máxima crecida, quién lo dice y cómo se prueba”.

Robert Schock, alcalde suplente de Ascensión de Guarayos —zona donde se encontró por primera vez a la especie—, señala que la degradación de los humedales está impulsada por la expansión agrícola y la informalidad de la tierra, problemáticas que sobrepasan las competencias municipales y dependen de instituciones como el INRA o el SEARPI.

“Nuestra obligación llega hasta dar parte, porque ya hay un desvío de cursos naturales de agua que compete a una autoridad superior”, explica. Y añade: “Ha bajado un poco el uso de los humedales y la siembra de arroz en la provincia de Guarayos, porque estos arroceros se han trasladado a la provincia de Marbán, donde también podría verse afectado el hábitat natural del Moema”.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Rolando Vargas, alcalde de San Andrés, de la provincia de Marbán —lugar donde se descubrió recientemente la especie—, para conocer sus planes de conservación del Moema claudiae y protección de los humedales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Las expediciones científicas para buscar nuevas especies de peces de la familia Rivulidae se encuentran suspendidas por el contexto político, social y económico boliviano y no se prevé su reactivación hasta 2027. Para Drawert, el hallazgo de Moema claudiae trajo esperanza para la conservación de la fauna silvestre, también puso en evidencia las graves fallas estructurales que amenazan la biodiversidad boliviana.

“Hace poco me desesperaba, sentía esa urgencia de que el tiempo se nos acababa y no íbamos a lograrlo. En los últimos años me resigné, pero al menos intentamos hacer lo más que se pueda. Sin nuestro trabajo no se pueden tomar medidas de protección”, reflexiona.

REFERENCIA

Drawert HA, Litz TO (2025). Rediscovery of a thought to be extinct beauty: a second chance for conservation. Nature Conservation 60: 115-124. https://doi.org/10.3897/natureconservation.60.160386

El artículo original fue publicado por Brenda Villalba Sanchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las aguas del sur de Chile, una faena de pesca puede terminar cuando los lobos marinos llegan a las embarcaciones. Para los pescadores artesanales, la escena se ha vuelto cada vez más frecuente y costosa. Ellos narran que los animales se acercan, persiguen las líneas y comen los peces capturados. En ocasiones incluso dañan los aparejos. Para científicos especializados en mamíferos marinos, en cambio, la pregunta es otra: ¿reducir la población de lobos marinos realmente resolvería este conflicto?

La discusión ha cobrado fuerza después de que el gobierno chileno planteara levantar la veda que protege al lobo marino común (Otaria flavescens) y analizar la eventual fijación de una cuota o la realización de una caza selectiva.

El debate tuvo uno de sus principales episodios el 21 de julio, cuando la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile convocó al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia; al director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Luis Parot; y a dirigentes de la pesca artesanal para abordar el aumento de las interacciones entre lobos marinos y la pesca de merluza austral. Se trata de una pesquería de importancia económica y social especialmente para comunidades costeras de las regiones de Los Lagos y Aysén.

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“El mensaje que quiero enviar con esto es que los pescadores están primero, que los seres humanos están primero, salvo que haya razones fundadas —y yo no veo que las haya (...)— para ver de manera distinta al lobo marino, como cualquier otro recurso”, dijo Urrutia durante la sesión. Pero antes, agregó, se requiere un proyecto que determine aspectos como el número de animales a extraer, las condiciones de captura, su procesamiento y eventual destino comercial.

También señaló que esos antecedentes serían necesarios para evaluar las implicaciones comerciales de la medida y conversar con autoridades de Estados Unidos. La dimensión comercial es relevante porque Estados Unidos aplica, mediante la Marine Mammal Protection Act, requisitos relacionados con la protección de mamíferos marinos para las pesquerías extranjeras que exportan a ese mercado.

Un problema que se ha agravado para los pescadores

La posibilidad de modificar la protección del lobo marino ha sido recibida con expectativa por organizaciones de pescadores artesanales que han denunciado por años pérdidas económicas y dificultades para desarrollar sus faenas. En contraste, una declaración pública firmada y publicada en agosto por investigadoras e investigadores de distintas instituciones, sostiene que la evidencia científica no respalda el control poblacional como solución a estas interacciones y advierte sobre los impactos ecológicos y comerciales de una eventual cuota de caza para el lobo marino.

Desde la pesca artesanal, estas interacciones son descritas como una afectación cada vez más frecuente durante las faenas. Jorge Bustos Nilsson, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Los Lagos (COREPA), dijo en entrevista con Mongabay Latam que los reclamos de los pescadores de la región se remontan a unos 15 años y que, según su experiencia, las interacciones con los lobos marinos comenzaron a hacerse más frecuentes a partir de 2016.

Bustos Nilsson vincula ese cambio con la crisis sanitaria de la salmonicultura de ese año —provocada por el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón)— y el desplazamiento de parte de esa industria hacia la Región de Aysén. Según explica, los centros salmoneros constituían una fuente de alimento accesible para los lobos y, después de su traslado, los animales permanecieron en las aguas interiores donde operan los pescadores artesanales.

“Nosotros nos quedamos con la herencia de los lobos”, afirma Bustos Nilsson. “Desde aquel año no hemos podido encontrar una solución a este tema y cada vez los ataques son más frecuentes”.

Desde su perspectiva, ni el Estado ni la academia han logrado cuantificar la población de lobos marinos. La información presentada por el IFOP situó la población del lobo marino común en aproximadamente 130 000 ejemplares, mientras que el subsecretario de Pesca citó estimaciones de un censo realizado en 2018 que ubican entre 112 000 y 150 000 individuos.

“Como pescador y conocedor del litoral, prácticamente de todo Chile, puedo decir que tenemos más o menos 600 000 mil lobos”, dice Bustos Nilsson. Los censos efectuados mediante drones o fotografías aéreas, explica el dirigente, no permiten contabilizar a los individuos que permanecen en cavernas, áreas con vegetación o sectores alejados de la costa.

Las pérdidas para los pescadores artesanales, afirma, en ocasiones representan el total de una captura. También describe daños a los aparejos y riesgos para los trabajadores, especialmente durante el virado manual de las líneas de pesca. Cuando un lobo toma un pez enganchado, explica, tira del aparejo y puede provocar que los anzuelos terminen clavándose en los pescadores.

“Eso es pan de cada día”, afirma al describir los accidentes. Para reducir el conflicto, asegura que los pescadores han probado distintas medidas para evitar las interacciones: dispositivos acústicos y electromagnéticos, cambios en la velocidad de las operaciones y otros sistemas disuasivos. Según su experiencia, ninguna de estas alternativas ha solucionado el problema de manera permanente, pues los lobos aprenden rápidamente a reconocer las estrategias utilizadas para alejarlos.

Para Bustos, la respuesta debe dirigirse especialmente a los ejemplares que se han habituado a aprovechar las capturas de las embarcaciones. No plantea, dice, eliminar la población de la especie, sino controlar las poblaciones de aquellos animales que generan el conflicto.

“Tampoco me interesa ser parte de una matanza; eso nosotros tampoco lo vamos a permitir. Pero sí controlarlo y regularlo como corresponde. Con todas las de la ley”, dice Bustos Nilsson.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), estima que las interacciones generan pérdidas para la pesca artesanal por distintos conceptos: capturas que se pierden, daños en los aparejos, mayores gastos de combustible y jornadas de pesca suspendidas por reparaciones.

Según sus cálculos, elaborados a partir de los reportes de los propios gremios, el impacto alcanzaría 1770 millones de pesos chilenos (unos 1.8 millones de dólares) al año a nivel nacional. Cortés, sin embargo, advierte que se trata de una estimación y que actualmente no existe una investigación que cuantifique de manera sistemática estos daños.

“No hay ningún registro, ningún estudio que cuantifique el impacto de los lobos en la pesca artesanal”, insiste Cortés Bernal. “Falta mucha voluntad política para financiar proyectos de investigación relacionados con las pesquerías en Chile y en específico las que afectan a la pesca artesanal. No hay una cuantificación seria que pueda dar respaldo a lo que nosotros estamos diciendo”.

Bustos Nilsson agrega que están dispuestos a conversar con el gobierno, científicos, organizaciones ambientales y otros actores para buscar una solución. Pero insiste en que el conocimiento acumulado por los pescadores debe incorporarse a las decisiones. “No tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con la organizaciones, con los ambientalistas, con el gobierno, con la academia, con la universidad… con quien tengamos que sentarnos a conversar”, afirma.

El debate científico

Los científicos también cuestionan que exista una sobrepoblación de lobos marinos. En su comunicado, señalan que, aunque algunas poblaciones de lobo marino común se recuperaron tras la explotación comercial del siglo pasado y décadas de protección, los censos muestran que las poblaciones se han mantenido estables durante las últimas tres décadas. Para los investigadores, esa recuperación no implica por sí misma que exista una abundancia excesiva.

Desde esta perspectiva, el aumento de las interacciones con la pesca no estaría explicado por un crecimiento de la población, sino por una combinación de factores. Entre ellos, el comunicado menciona la disminución de los recursos pesqueros asociada a la sobrepesca y los cambios ambientales, como el fenómeno de El Niño, que pueden aumentar el contacto entre pescadores y fauna marina. Los investigadores también apuntan a la habituación de algunos lobos a la presencia humana, favorecida por la alimentación intencional en caletas y por el acceso a residuos pesqueros y urbanos.

“Los lobos marinos son lo que se denomina especies centinelas, es decir, hablan de la calidad de un ecosistema”, explica Maritza Sepúlveda, doctora en Ecología y Biología Molecular y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, en entrevista con Mongabay Latam.

“¿Cómo vamos a permitir la caza de un animal que nos está diciendo cómo está el ambiente? Por este y todos los demás argumentos, la autorización de caza es insostenible”, asevera Sepúlveda, una de las investigadoras firmantes del comunicado y quien se ha dedicado a estudiar este fenómeno.

Trabajar en conjunto con pescadores, Estado y científicos es la clave, señala Sepúlveda. “Hemos tenido buenos resultados en algunos casos particulares al hacer trabajo conjunto con los pescadores para buscar soluciones. Todo el mundo tiene que abrirse”, explica la científica. “Después de varias reuniones y conversaciones, ellos entienden la importancia de los lobos marinos. Como ellos mismos me han dicho: ‘Es tan víctima como nosotros de la sobreexplotación pesquera’”.

Rodrigo Hucke, especialista en conservación marina y presidente del Centro Ballena Azul, también suscribió la declaración. Para él, remover parte de la población de lobos marinos para resolver un problema pesquero es especialmente cuestionable en un escenario de cambio climático.

“Estamos hablando de una especie que ha vivido mucho más que los humanos en esta zona”, sostiene el científico. “Lo que más me llama la atención es que no se toma en consideración el rol ecológico que tiene esta especie que vive desde Ecuador hasta Argentina, como un depredador de mayor orden. Me parece sumamente simplista considerar que matarlo va a resolver un problema”.

Según la evidencia internacional citada en el comunicado de los científicos, sería necesario remover hasta alrededor del 50 % de la población para conseguir una disminución significativa de las interacciones y mantener esa extracción en el tiempo. Para los firmantes, ese escenario “sería biológica, ética y legalmente inviable”.

El comportamiento aprendido

Los especialistas plantean que parte de las interacciones puede estar relacionada con el comportamiento aprendido de los animales. Hucke señala que los descartes y residuos de pescado pueden convertirse en una fuente de alimento fácil. Los lobos, animales inteligentes y con capacidad de aprendizaje, pueden asociar la presencia de embarcaciones con comida disponible.

Por eso, una de las recomendaciones es eliminar prácticas que faciliten ese acceso, además de modificar las operaciones pesqueras en aquellos sitios donde las interacciones sean particularmente intensas. El comunicado propone probar mejoras en las artes de pesca, cambios en las operaciones, manejo de residuos y descartes, prevención de la alimentación intencional de fauna y estrategias específicas para cada pesquería.

Hucke agrega otra posibilidad: aprovechar el interés que despiertan estos animales para desarrollar actividades de observación y turismo, siempre que se realicen bajo condiciones que no alteren las colonias reproductivas ni generen nuevos conflictos.

“Son muy interesantes, a mí me parecen sumamente atractivas en términos de las capacidades que tienen para escalar, nadar maravillosamente y bucear”, describe el especialista. “Las colonias reproductivas son maravillosas: se puede ver a las crías tomando leche, a las mamás gritándoles para ver dónde están y poder encontrarlas dentro de la colonia. Con torres de observación y binoculares, se podría darle la vuelta a hacer algo más novedoso, entretenido y seguro”.

Un problema sin solución acordada

El gobierno chileno aún no ha anunciado una decisión sobre una eventual modificación de la veda, que sigue vigente hasta 2031. Mongabay Latam consultó a la Subsecretaría de Pesca sobre el diagnóstico actual de las interacciones, sus impactos para la pesca artesanal, el estado de la veda, las alternativas de mitigación y los antecedentes científicos y técnicos que se considerarían antes de adoptar nuevas medidas. Al cierre de esta nota, la institución no había respondido a la solicitud de entrevista.

Para los investigadores, proteger a los lobos marinos y sostener la pesca artesanal no son objetivos incompatibles. Para los pescadores, la conservación no puede ignorar las condiciones concretas en las que desarrollan su trabajo.

“La coexistencia entre lobos marinos y el humano sí es posible”, concluye Maritza Sepúlveda. “Pero necesitamos tener una mirada amplia, ecosistémica y de trabajo conjunto entre Estado, pesca y ciencia; esta triada virtuosa con la que podríamos encaminarnos para buscar medidas en conjunto que traten, al menos, de mitigar y lograr una convivencia”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

Leer más | Terremoto en Colombia: pueblos indígenas y afrodescendientes hacen su propio censo de damnificados ante vacío de información oficial

En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El fenómeno climático de El Niño se origina por el calentamiento del océano Pacífico por encima de las temperaturas promedio en el mar. Sus consecuencias son previsibles pero también intensas. En muchas zonas del continente traerá fuertes lluvias e inundaciones. En otras, disminución de las precipitaciones y sequías. Mongabay Latam consultó a expertos en este fenómeno del clima que viene siendo registrado desde finales del siglo XIX y que en 2006 y principios de 2027 podría ser más intenso que en el pasado.

“El Niño es un evento recurrente y es parte de la dinámica del planeta”, afirma Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A continuación, los especialistas explican qué países y zonas pueden esperar las grandes lluvias.

René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que El Niño es un evento que “impacta el clima en todo el mundo”, pero “no en todas partes con la misma intensidad”. Afecta muy “intensamente en Sudamérica”. También impacta en Indonesia, norte de Australia, muchas partes del sudeste asiático, así como en Norteamérica y algunas zonas de África, entre otros lugares.

Durante la entrevista, Garreaud muestra un mapa de Sudamérica en el que se puede ver cómo impacta El Niño en cada zona de la región. Tormentas y lluvias intensas en parte de Chile, las costas de Perú y Ecuador, así como en el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, que tendrán mayor cantidad de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre. “Lo que usualmente hace El Niño es potenciar la estación lluviosa” en estas zonas.

En contraste, hay otras zonas que sufrirán sequías: otros sectores de Chile y al otro lado de la cordillera de Los Andes, afectando con menores precipitaciones de lo normal a Colombia y Bolivia, así como partes de Ecuador y Perú. En la Amazonía, las condiciones climáticas también se ven más secas. “El altiplano sudamericano, es decir, parte de Perú, parte de Bolivia y parte del norte de Chile experimentan condiciones más secas y más cálidas”, explica el experto.

“Son impactos globales de precipitación y temperatura, pero después se traducen, por ejemplo, en problemas de seguridad alimentaria o sanitarios. Más agua, más lluvia, más temperatura puede ir de la mano con brotes de cólera y enfermedades infecciosas”, comenta Garreaud, quien también es académico del departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La posibilidad, cada vez más creciente, de que en esta oportunidad nos enfrentemos a un Niño más intenso ha despertado el recuerdo de aquellos eventos que dejaron ciudades bajo el agua, economías fragmentadas y cientos de personas damnificadas.

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Mientras tanto, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos también ha informado que “el Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90 % de un evento muy fuerte para el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27”. La alerta publicada el 13 de agosto por este organismo señala que se podría tratar de una evento histórico que superaría la intensidad de los eventos El Niño registrados desde 1950.

Las tormentas en Chile

“Chile central y el norte de Chile han tenido tormentas muy intensas, eso es característico de los años de El Niño y ocurre, más bien, en invierno”, comenta Garreaud sobre las tormentas que ya están cayendo en ese país y que están dejando miles de damnificados y más de una decena de fallecidos.

Garreaud explica que en el caso de Chile e incluso al otro lado de la cordillera, en la parte sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay, ya se experimentan condiciones más lluviosas. En Chile sucede desde el invierno, en junio, julio y agosto; mientras que el sur de Brasil y Uruguay experimentarán una primavera muy lluviosa, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, explica el experto.

El 10 de agosto el gobierno chileno decretó la “emergencia preventiva” por seis días en el norte de Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, ante el anuncio de fuertes lluvias durante esos días.

Las tormentas ocurridas en Chile durante el mes de julio obligó al gobierno de José Antonio Kast a declarar “estado de catástrofe” en el norte del país, en las regiones de Atacama y Coquimbo, por un período de 30 días a partir del 21 de julio. Las lluvias torrenciales han dejado por lo menos diez personas fallecidas en Atacama y Araucanía, unas 16 personas heridas, cuatro desaparecidos y más de 2400 damnificados. Las tormentas ocasionaron desbordes de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en las carreteras.

“Efectivamente han ocurrido tormentas muy intensas, tanto de lluvia como de nieve”, agrega Garreaud. “Todo el Pacífico se calienta y eso afecta a Perú y a lugares como Antofagasta, Iquique, en el norte de Chile, que están con temperaturas por encima del promedio”.

El experto habla de los impactos económicos y sociales en Chile como consecuencia de la presencia de El Niño. “Se estima que el costo, por ahora, va del orden de los 1200 millones de dólares, por cortes de camino producto de aluviones, cortes de infraestructura vial e inundaciones en la zona centro y sur”.

Por otro lado, Garreaud menciona que los pasos fronterizos entre Chile y Argentina estuvieron cerrados, lo que produjo problemas en el transporte terrestre y de importación y exportación de artículos. “La gente lo está pasando muy mal porque cada vez que hay una tormenta grande se cierra la escuela, se corta el agua potable, se cortan los suministros básicos”.

Sin embargo, Garreaud también menciona algunos beneficios que traen las lluvias de El Niño. “En Chile tenemos una generación eléctrica que involucra centrales hidráulicas y este año les ha ido muy bien. Afortunadamente se han llenado nuestros embalses. Hasta junio estábamos en una condición muy crítica de escasez hídrica en Chile que se ha revertido”. Las intensas lluvias que han ocurrido en Chile han significado un superávit pluviométrico del 30 % sobre lo que se esperaba para esta época, comenta Garreaud.

“La temperatura actual, en la zona a la que denominamos Niño 3.4 [corresponde a la zona central del Pacífico ecuatorial] está mucho más cálida que todos los eventos anteriores. Está en el orden de 2.5 °C por encima de las condiciones normales. Nunca habíamos visto una anomalía tan grande en esta época del año”, asegura el experto chileno y recuerda que en marzo y abril de 2026 las condiciones climatológicas estaban por debajo del promedio de esa temporada, pero sucedió un cambio acelerado y repentino hasta llegar a la situación actual.

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Los efectos en Perú

“Ahora estamos sintiendo los efectos que se van a intensificar hacia octubre y noviembre de este año, fundamentalmente, el aumento de la temperatura en general y el aumento de lluvias”, explica Ana Sabogal, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). .

Sabogal explica que las lluvias durante El Niño se concentran en la zona norte de Perú, por tanto, disminuyen en el sur. “En general, a nivel global, existe una cantidad definida de agua, entonces, esa agua se reparte, y si llueve en el norte, esa humedad no llega al sur, por eso es una característica recurrente que cuando aumentan las lluvias en el norte, disminuyen las lluvias en el sur. Por tanto, tenemos lluvias extremas en el norte y sequías en el sur”.

“Las zonas que más van a sufrir con el aumento de lluvias son Tumbes, Piura, quizás Chiclayo y Trujillo”, comenta Sabogal. “Se espera un aumento muy grande de lluvias en la zona norte de Perú y tendrá efecto hasta la mitad del país, inclusive Lima”.

Estas lluvias, dice Sabogal, tendrán efecto sobre las ciudades, los cultivos. Además, el aumento de la temperatura y de las lluvias producen el incremento de insectos. “Tenemos que prevenir el dengue y la chikungunya. Es una cadena de diferentes cosas que van sucediendo. Estamos hablando de una población de alrededor de 9 millones de personas que tendrán efectos directos por El Niño”.

El último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, publicada el 14 de agosto, prevé que en la región denominada 1+2, es decir cerca a las costa de Perú y Ecuador, la magnitud del evento será entre “fuerte y extraordinaria hasta el verano” de 2027, para que, posteriormente, “ocurra una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo de 2027”.

El comunicado también informa que “para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se registrarán, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. El reporte también informa sobre el repliegue de la anchoveta frente a la costa central de Perú y la presencia de especies como pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla.

“Hay impactos que han sido notorios. El más evidente es el de la anchoveta. Se dio una cuota menor que las cuotas habituales y se ha pescado un poco más del 25 %” de lo normal, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesca de la organización Oceana.

Sueiro señala que también se están dando impactos negativos en la pesca artesanal. “El impacto principal es la presencia de lo que los pescadores llaman la jaiba morada (Euphylax dovii), un tipo de cangrejo que no tiene valor comercial, que sus tenazas son muy fuertes y rompen las redes”. La presencia de esta especie ha sido reportada en Tumbes, Chimbote y Chancay. “En varios lugares del litoral han advertido la presencia de este cangrejo”.

La presencia de este cangrejo está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas y ya se ha reportado su presencia en Perú y en Ecuador. Según un análisis realizado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador, “la proliferación del molusco está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26° C y 27 °C, la alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables”.

Otro impacto en la pesca, señala Sueiro, ocurre con el pejerrey, que se espera tenga una reducción significativa, al igual que la merluza que “tiene reducciones significativas cuando hay un evento El Niño”. Esto se debe al aumento de la temperatura del mar. “También sucede con la concha de abanico que tiene efectos diferentes, dependiendo del lugar, pues en la Bahía Independencia, en Pisco, se espera un incremento; mientras que en la Bahía de Sechura, en Piura, se espera mortandad grande”, explicó.

Sueiro dice que “si bien hay generalidades que se cumplen, no hay un fenómeno del El Niño exactamente igual a otro”. Pone como ejemplo que durante El Niño 1982-83 ingresó a lo largo de la franja costera abundante langostino y percebes, que son propios de Paita, Piura, y el efecto llegó hasta Cerro Azul, al sur de Lima. “Por dos a tres meses en varias ciudades de la costa hubo abundante oferta de langostinos, pero en El Niño 1997-98 no hubo. La gente estaba preparándose de nuevo para el langostino, pero no hubo langostino”.

Sueiro también explica que la ausencia de especies como la anchoveta afecta a otros animales que se alimentan de ellos, como los pelícanos. Por eso las aves marinas, como los pingüinos, y los lobos marinos “están teniendo una mortandad grande” y se estima que es por la falta de alimento. “Esta mortandad se está reportando en múltiples sitios y se seguirán viendo animales muertos, desnutridos, nidos abandonados”.

El problema, dice Sueiro, es que las poblaciones de aves vienen de una mortalidad por gripe aviar que ocurrió hace dos a tres años. “Esa población debilitada está enfrentando a El Niño de esta magnitud, donde la perturbación del ecosistema es bastante grande”.

En julio de 2026 Mongabay Latam informó que en Perú se registraron muertes inusuales de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica, así como aves marinas muertas, debilitadas y nidos abandonados debido a la reducción de alimento provocada por el fenómeno de El Niño.

Hace unos días, el gobierno peruano anunció la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para implementar acciones efectivas ante las emergencias por El Niño.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje a Lambayeque, en el norte del país, una de las zonas que podrían resultar más afectadas durante un evento El Niño.

El último domingo 16 de agosto, Vinelli informó que de los 1900 puntos críticos identificados en el país se priorizará la atención de 600 para mitigar los efectos de El Niño. Indicó que esos puntos críticos están ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, y que los trabajos se ejecutarán hasta diciembre. “Nuestro mayor esfuerzo será evitar que el impacto sea grande”, dijo en una entrevista ofrecida al canal de televisión Latina.

El lunes 17 de agosto, la presidenta Kaiko Fujimori anunció que declarará en emergencia los distritos del sur de Lima, luego de que intensas lluvias afectaran varios de estos distritos. También se declarará en emergencia las regiones que estén afectadas por las intensas lluvias.

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Frío intenso en el sur de Argentina

“El Niño ya está activo, bastante intenso, y se espera que a medida que avance el año el fenómeno se siga intensificando”, comenta Cindy Fernández, de Meteored Argentina. “Lo que venimos observando este invierno, que es característico de El Niño es, en primer lugar, un frío extremo en la Patagonia Argentina”.

Fernández comenta que este invierno, “sobre todo julio y lo que llevamos de agosto, el extremo sur de Argentina ha sido extremadamente frío, alcanzando valores de temperatura récord, olas de frío extensas como ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz. Y también hemos tenido valores de temperatura inferiores a los 20 grados bajo cero en zonas bajas”.

Otra característica que menciona Fernández es que durante un evento de El Niño “se hacen más frecuentes los ríos atmosféricos que llegan a la franja central de Argentina y de Chile”. Se trata de grandes cantidades de vapor de agua que avanza desde zonas tropicales e impacta sobre la cordillera central de los Andes y forma precipitaciones principalmente en forma de nieve durante el invierno.

“Sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja tienen acumulados más de tres a cinco metros de nieve, complicando los pasos internacionales hacia Chile. Y hay poblados que están completamente aislados. El paso Cristo Redentor, que es el paso más importante que tenemos hacia Chile, lleva prácticamente un mes cerrado”, cuenta Fernández. “Esto trae pérdidas millonarias tanto a Argentina como a Chile, porque hay dos países que quedan incomunicados en su principal paso”.

Fernández agrega que otra consecuencia de El Niño, que se extiende hasta la primavera y el verano, es un aumento en las precipitaciones. “Tenemos tormentas intensas, mucho más frecuentes. Esto no solamente afecta a Argentina, sino a Uruguay, Brasil y Paraguay. En estas últimas dos semanas hemos tenido cuatro o cinco temporales bastante intensas con tormentas severas, con granizo de gran tamaño y, en los últimos 10 días, hemos tenido cuatro tornados registrados entre Brasil y Argentina”. Junto con las intensas lluvias llegan las inundaciones que conlleva a miles de personas a desplazarse por las crecidas de los ríos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en el norte del litoral, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, oeste de Cuyo y el este de la Patagonia. El gobierno argentino ha iniciado el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer la preparación ante posibles inundaciones y tormentas severas.

El último 3 de agosto, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei –hermana del presidente Javier Milei– lideró un encuentro de coordinación con las provincias “para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño”, dice el comunicado de la Secretaría General de Argentina. El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

“Para nosotros El Niño enciende muchas alarmas porque genera graves pérdidas económicas y miles de desplazados. Para tener un ejemplo, el último El Niño intenso que tuvimos, en 2015-16 en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hubo más de 150 000 desplazados. Este El Niño podría ser más intenso y afectar a la región de una manera similar”.

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Los impactos en Ecuador

“Las temperaturas están entre 2 y 3 °C sobre lo normal en el aire y 2 °C en la temperatura del mar. Este cambio altera dos cosas: las pesquerías y los ecosistemas”, dice María del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador.

Cornejo explica que en los ecosistemas se ha visto la mortandad de aves a lo largo de la costa, porque al estar el agua más caliente, sus alimentos, que son peces, se hunden más, buscando agua fría y las aves no pueden bucear. “Entonces, se mueren de hambre”. Y un segundo efecto ha sido la aparición de la jaiba mora o morada –al igual que en Perú– que daña las redes. “Ha sido como una plaga, pero es un indicador biológico de que las temperaturas han estado altas”.

Cornejo señala que en sector pesca aún no se reportan impactos importantes, pero que deben empezar a verse pronto porque “las anomalías de temperatura están como en 3 a 4 °C sobre el normal”. “Eso sí tiene un efecto en la pesca semiindustrial e industrial”.

El aumento del nivel del mar es otro efecto del que habla Cornejo, aunque aún no se han presentado reportes, si han habido “casos de erosión en algunas playas o incremento de la cantidad de arena”, comenta Cornejo, ex secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Cornejo también menciona que dependiendo de la magnitud de las precipitaciones que empiecen en enero en la costa de Ecuador, van a tener una época de lluvias muy fuerte que afectará toda la cadena logística en la producción de diferentes sectores. “Lo que estamos revisando es cuánto del producto interno bruto (PIB) podría afectar. Cuando tuvimos el Niño de 1997-98, la afectación fue entre el 14 % y el 17 % del PIB [5000 millones de dólares], pero los impactos no dependen del tamaño de la amenaza, también depende de cómo está la vulnerabilidad en el país”, comenta.

En ese sentido, Cornejo dice que las tasas de empleo, desempleo, nutrición de la población, el acceso a servicios básicos y servicios básicos como alcantarillado y agua potable pueden afectarse durante un evento de El Niño. “Lo que uno tendría que trabajar son escenarios similares a lo que pasaba en eventos extremos como el de 1997-98 y ver cómo está la vulnerabilidad en el país”.

Las zonas que más se ven afectadas por El Niño en Ecuador, dice Cornejo, son la Cuenca del Guayas, que alberga un poco más de 4 millones de habitantes, casi el 25 % de la población total del país y donde se generan los tres productos más importantes de exportación: camarones, banano o plátano y la pesca de atún. “Estos tres rubros importantes de exportación podrían verse afectados por el evento, por el tema de las precipitaciones”.

En el caso del banano, explica, si no son haciendas muy tecnificadas, los drenajes no pueden evacuar la cantidad de agua que llega con las fuertes lluvias. En el caso del camarón, al llover tanto la salinidad baja y esto puede afectar la calidad del camarón que se produce. En el caso de la pesca, normalmente durante un año de El Niño, el atún migra. “Estos impactos afectarían mucho la economía del país”.

El 21 de julio, la actual secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el inicio de alerta naranja para 17 provincias y 143 municipios, y confirmó que se había aprobado el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

“Lo ideal es que el evento de El Niño sea parte de cualquier planificación. El clima tiene que estar incluido en cualquier planificación y no esperar a tener planes de contingencia. Es un cambio de mentalidad que debe permear en todos los niveles de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado”, puntualiza Cornejo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El dron avanzaba hacia el nido cuando, de pronto, una rapaz salió del bosque. El ornitólogo Tomás Rivas Fuenzalida, quien estaba al mando del aparato, no había visto al ave. Tampoco la persona que lo acompañaba. Era un vuelo corto hacia un nido que ya no estaba ocupado por el polluelo: ahora, el águila tirana (Spizaetus tyrannus) juvenil había comenzado a volar, aunque todavía regresaba ocasionalmente al árbol para alimentarse. El ave apareció de improviso, se lanzó sobre el aparato y lo derribó.

“Vi cómo el dron empezó a dar vueltas y, cada vez que apuntaba hacia el cielo, estaba el águila encima, mirándolo mientras caía”, describe a Mongabay Latam el director de investigación de la Fundación Ñankulafkén, en Chile. El dron, que era de un tamaño muy pequeño, terminó en el suelo del bosque. El ave, en cambio, no sufrió heridas.

Rivas Fuenzalida explica que las rapaces juveniles suelen acercarse a objetos nuevos por curiosidad y juego. En este caso, el equipo pudo capturar al ejemplar tiempo después y comprobar que no tenía lesiones en las patas. El incidente, sin embargo, dejó una tarea menos sencilla: recuperar el dron en el territorio.

El episodio resume uno de los dilemas que durante años han enfrentado los investigadores de aves rapaces en Latinoamérica: los drones pueden hacer posible observar nidos que de otra manera serían casi inaccesibles, pero también pueden alterar la conducta de las aves y provocar respuestas potencialmente riesgosas cuando se utilizan sin las precauciones necesarias.

Un estudio publicado en Scientific Reports reunió una década de observaciones de investigadores de ocho países de América Central y del Sur para intentar entender mejor qué ocurre cuando esos dos mundos se encuentran. El trabajo, liderado por la bióloga brasileña Francisca Helena Aguiar-Silva, analizó 227 vuelos realizados entre 2014 y 2024 sobre 119 nidos activos de 27 especies de rapaces neotropicales.

“Cuando se va a iniciar una investigación con drones para volar cerca de un nido, debemos tener en cuenta una pregunta que justifique el vuelo y no tener como único objetivo tomar fotografías o recopilar datos de comportamiento: ¿cuál es la justificación para realizar este vuelo, considerando el riesgo de generar estrés en las aves?”, dice Aguiar-Silva.

La pregunta no es menor. “Tenemos información y evidencias de que las rapaces responden de forma activa a la presencia de estos drones”, explica. “Entonces, los próximos proyectos tienen que justificar muy bien por qué volar un dron y no utilizar otra técnica de monitoreo”.

El resultado principal del estudio no es que los drones sean buenos o malos para las aves. Es más preciso: las rapaces responden a su presencia, pero no todas lo hacen de la misma manera.

Según los datos del estudio, el 81 % de las especies estudiadas reaccionó ante la presencia de los drones. La respuesta estuvo fuertemente influida por las características ecológicas de cada especie, la etapa reproductiva y las condiciones del vuelo.

Las conductas defensivas fueron las más frecuentes. Los ataques y los intentos de escape, en cambio, fueron poco comunes y estuvieron asociados sobre todo con aproximaciones cercanas, vuelos prolongados o vuelos por encima de las aves. Las especies más pequeñas y ágiles tendieron a atacar, mientras que las águilas de mayor tamaño generalmente evitaron el enfrentamiento.

Los nidos incluidos en el análisis albergaban adultos, huevos y aves inmaduras en distintas etapas: polluelos, volantones —individuos recién salidos del nido que todavía permanecen en sus inmediaciones— y juveniles de entre ocho y 24 meses.

Entre las especies con más vuelos registrados estuvieron el águila harpía (Harpia harpyja), con 64 vuelos (36 %); el águila poma (Spizaetus isidori), con 34 (19 %); el águila albinegra (Spizaetus melanoleucus), con 32 (18 %); el cóndor andino (Vultur gryphus), con 22 (12 %); el halcón pechinaranja (Falco deiroleucus), con 14 (8 %); y el águila crestada (Morphnus guianensis), con 11 (6 %).

Una herramienta que también puede perturbar

Los investigadores comenzaron a utilizar drones para resolver un problema muy concreto: cómo llegar a nidos que desde el suelo son difíciles o incluso imposibles de observar. Muchos están a decenas de metros de altura, en árboles emergentes, acantilados o zonas de montaña a las que llegar caminando puede tomar horas. Antes de los drones, podían pasar días o incluso una semana intentando confirmar la existencia de un nido.

Mateo Giraldo Amaya, biólogo y director del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, recuerda que cuando comenzó a trabajar con drones, alrededor de 2016, todavía había muy poca información sobre cómo utilizarlos con rapaces.

“No había dónde consultar ni a quién preguntarle”, recuerda. El aprendizaje fue, en buena medida, autodidacta: “Con el conocimiento de la biología de las especies, sabiendo qué les puede molestar e ir viendo sus reacciones, fuimos adoptando algunas prácticas”.

Ese aprendizaje disperso entre investigadores de distintos países terminó formando parte del estudio. Los autores reunieron observaciones de sitios de reproducción en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El trabajo abarcó los bosques tropicales húmedos del Darién, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como los páramos y bosques montanos de los Andes y los bosques templados australes.

Los drones han ofrecido una ventaja evidente. En unos pocos minutos pueden revelar si un árbol alberga un nido, si hay un huevo o un polluelo e incluso permiten estimar la edad de una cría, información que desde el suelo podría requerir horas de observación.

“Yo siempre trato de hacerme una pregunta antes de despegar y es para qué voy a despegar el dron, si vale la pena o no. No se va a volar el dron porque sí”, coincide Giraldo Amaya.

En determinadas circunstancias, agrega, el dron puede resultar menos perturbador que los métodos que reemplaza. “Un dron puede ser invasivo, pero si comparas un dron con trepar un árbol, obviamente un dron significa levantar un aparato cinco o diez minutos, pero trepar un árbol es una actividad que te puede llevar dos o tres horas”, explica Giraldo Amaya. “Entonces, sí, los drones son perturbación, pero los estamos usando para evitar perturbaciones mayores”.

El estudio, sin embargo, muestra que incluso una aproximación breve puede provocar respuestas. Durante los vuelos, los investigadores registraron desde cambios en la atención —como seguir el aparato con la mirada— hasta conductas defensivas, vocalizaciones, persecuciones, ataques o abandono del nido. Para los investigadores, por eso, la ausencia de un ataque no significa necesariamente ausencia de reacción.

Fernando Angulo, ornitólogo e investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), en Perú, quien no participó en el estudio, considera que el balance entre utilidad y perturbación puede ser favorable cuando la tecnología se utiliza de manera responsable y en favor de la conservación. El especialista compara el uso de drones con la captura de aves para anillarlas o colocarles dispositivos de seguimiento, que implican la manipulación de los individuos.

“Hace valer la pena el estrés al que han sido sometidos los animales”, dice. “Mejor aún si la información obtenida puede ser reinvertida en la conservación y en mejorar el conocimiento para aplicarlo para una mejor protección de la especie”.

Sin embargo, Angulo ejemplifica que en Perú no existe actualmente una regulación específica para el uso de drones en el monitoreo de nidos. “Lo que preveo es que en el futuro debería haberla, para evitar que esto se popularice de forma tal que cualquier persona piense que puede volar un dron y obtener esa información”, advierte.

No existe una distancia universal

Durante años, la experiencia de campo permitió a los investigadores desarrollar reglas prácticas. Pero reunir observaciones de especies y ambientes distintos permitió comprobar que no existe una distancia universal a partir de la cual un vuelo sea seguro.

En el estudio, las respuestas comenzaron a distancias que iban desde los dos hasta los 300 metros, dependiendo del contexto. Durante la crianza se observaron algunas de las respuestas a mayor distancia. En cambio, durante la etapa previa a la puesta y la incubación, las respuestas tendieron a producirse a distancias menores.

La trayectoria de los vuelos también importa. Las aproximaciones a los nidos desde arriba provocaron respuestas en el 73 % de los vuelos registrados en esa categoría, frente a porcentajes menores para las aproximaciones diagonales, horizontales y verticales.

Y hay otra variable que puede cambiar por completo la escena: quién está en el nido. Rivas Fuenzalida cuenta que, trabajando con halcones, descubrieron que determinadas aproximaciones podían realizarse durante la incubación cuando solo estaba presente la hembra, siempre que se tomaran precauciones y hubiera otra persona observando el entorno para prevenir la llegada del macho, ya que se trata de una género de aves muy veloz y riesgoso para los drones.

Aguiar-Silva encontró algo parecido al comparar individuos. Algunas rapaces toleraban que el dron se acercara bastante, mientras otras reaccionaban cuando el aparato todavía estaba lejos. Incluso dentro de una misma especie podía existir una gran variación. La experiencia previa del individuo, su estado reproductivo y su historia de vida podrían ayudar a explicar esas diferencias, dice la experta.

Por eso, la recomendación de los investigadores no consiste simplemente en establecer una distancia fija y aplicarla a todas las aves.

“Es importante que previamente se observe el comportamiento de los individuos presentes en estos nidos antes de iniciar el vuelo”, insiste Aguiar-Silva. “La recomendación general es realizar observaciones directas de las aves en los nidos con binoculares, para poder interrumpir el vuelo si se observa que este está generando estrés en el ave”.

Hay una regla que se repite con los investigadores: el piloto no debería estar solo. Mientras una persona opera el dron, otra debería observar al ave, el nido y los alrededores. La pantalla del control muestra lo que registra la cámara, pero no necesariamente permite advertir que un adulto está acercándose desde otro árbol o que un juvenil acaba de aparecer entre el follaje.

El estudio establece precisamente que, si aparece una respuesta activa, el avance del dron debe detenerse. En 11 de los 14 ataques registrados, los investigadores interrumpieron el vuelo antes de que hubiera contacto. En tres casos, sin embargo, los drones resultaron dañados: dos ataques fueron protagonizados por águilas arpías y otro por un águila crestada.

Una anécdota de campo de Giraldo Amaya ilustra el problema. En una ocasión, el equipo pensaba que un nido estaba vacío. Levantaron el dron y descubrieron que había un huevo. La hembra apareció rápidamente y atacó el aparato. El error no fue simplemente acercarse demasiado. Fue no saber qué había en el nido antes de despegar.

“Nos demoramos mucho para mover el dron y alejarlo, porque si hay un huevo la madre está cerca”, describe. “En medio segundo llegó el águila Spizaetus ornatus, lo cogió y lo catapultó al suelo. A la hembra no le pasó nada, siguió volando, pero el dron lo destruyó completamente”.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Quizá el hallazgo más inesperado apareció cuando los investigadores analizaron los vuelos repetidos. Una de las hipótesis era que las aves podrían acostumbrarse al dron después de verlo varias veces. Es lo que se conoce como habituación: con exposiciones repetidas a un estímulo que no representa una amenaza real, una respuesta puede disminuir.

Pero ocurrió lo contrario. La probabilidad de que las rapaces reaccionaran aumentó con los vuelos sucesivos. El análisis estadístico encontró un incremento significativo de la probabilidad de respuesta a medida que avanzaba el orden de los vuelos, un patrón compatible con sensibilización, más que con habituación.

Para Aguiar-Silva, una posible explicación es que las aves interpreten el objeto volador como una amenaza persistente, semejante a un depredador o a un competidor. Las rapaces viven en ambientes donde las interacciones con otros depredadores y competidores forman parte de su historia evolutiva.

“No se recomienda repetir vuelos”, agrega la científica. “Lo ideal es tener un intervalo suficiente entre vuelos para reducir la probabilidad de respuestas activas derivadas del estrés en las aves”.

La necesidad de protocolos adecuados

En los nidos estudiados no se observaron impactos reproductivos de mediano o largo plazo. El 71 % de los nidos fue monitoreado durante temporadas reproductivas posteriores y todos permanecieron activos. Los autores, por lo tanto, no concluyen que las respuestas conductuales observadas hayan provocado un daño reproductivo a largo plazo.

Sin embargo, Aguiar-Silva plantea que todavía queda una pregunta más difícil por responder: qué ocurre dentro del organismo cuando un ave se comporta como si estuviera bajo amenaza. El estudio observó la conducta, pero no midió variables fisiológicas como frecuencia cardíaca u hormonas. Tampoco permite saber si respuestas repetidas podrían tener consecuencias acumulativas después de décadas.

Las rapaces grandes pueden vivir muchos años y utilizar los mismos territorios y nidos durante largos períodos. Para conocer los efectos de una perturbación que se repite durante toda una vida, diez años de observación pueden ser apenas el comienzo.

Por eso, la propuesta de los autores es que los futuros protocolos incorporen el comportamiento de cada especie y las condiciones específicas de cada vuelo: etapa reproductiva, distancia, trayectoria, tamaño del dron, duración y presencia de aves alrededor del nido. Y, sobre todo, que antes de despegar exista una pregunta que justifique ética y científicamente hacerlo.

En el fondo, el cambio que propone esta investigación es sencillo: dejar de pensar el dron únicamente como una cámara que vuela y empezar a considerarlo también como un estímulo dentro del mundo de las aves.

Para quienes estudian rapaces, esa diferencia puede determinar si una herramienta extraordinariamente útil sirve para conocer mejor a las especies que se busca conservar o termina convirtiéndose en otra perturbación que ellas deben aprender a enfrentar.

“La investigación no consiste solo en la recopilación de datos”, concluye Aguiar-Silva. “Sino en generar conocimiento que contribuya efectivamente a la conservación de estas especies y de este grupo de aves en la naturaleza”.

REFERENCIA

Aguiar-Silva, F.H., Junqueira, T.G., Rivas-Fuenzalida, T. et al. Behavioural responses of Neotropical raptors to drone approaches to nests. Sci Rep 16, 21841 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-47248-5

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La expansión de la ganadería es un motor de la deforestación, pero también es un riesgo para la conservación del jaguar (Panthera oca). Un estudio abordó 4.2 millones de kilómetros cuadrados de la Diagonal Seca Sudamericana –que comprende el Chaco, la Chiquitania, el Cerrado y Caatinga- y encontró que los diversos sistemas ganaderos dejan huellas de deforestación distintas, pero todos provocan en menor y mayor medida que el jaguar pierda su hábitat y se corten sus corredores biológicos, aquellos que conectan los diferentes espacios que habita.

Este informe, realizado por los científicos Jamie Burton, Matías Baumann, Pedro Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero y Tobías Kuemmerle, establece que el sector ganadero suele ser tratado como una entidad monolítica, lo que oculta cómo diversos actores, desde pequeños productores hasta agroempresas, generan impactos socioecológicos que deben ser diferenciados.

Burton, en contacto con Mongabay Latam, explicó que el resultado central del estudio es que cada tipo de sistema ganadero deja una huella de deforestación distinta: la ganadería capitalizada domina las fronteras rampantes, donde la expansión de pasturas produce un desmonte activo y cohesivo; la ganadería de pequeña escala y la cría de cabras se concentran en fronteras fragmentadas, donde la deforestación avanza de manera lenta y en parches; y los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes.

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La ganadería capitalizada o contrato de capitalización ganadera es un acuerdo de colaboración donde una parte aporta el campo con pasturas y la otra entrega el ganado. Se busca criar o engordar a los animales sin necesidad de comprarlos y repartir las ganancias o crías obtenidas. En cambio, un sistema industrial-intensivo es un modelo de producción animal enfocado en maximizar la producción.

“Los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes. Parecen funcionar como marcadores de paisajes agroindustriales donde ganadería y cultivos de commodities están fuertemente acoplados, más que como causantes directos del desmonte”, detalló Burton, quien añadió que la superposición de estas fronteras con las unidades de conservación del jaguar y los corredores biológicos revela riesgos contrastantes para estos felinos, con implicaciones muy diferentes para la conservación.

Burton, matemático y miembro del Laboratorio de Biogeografía de la Conservación del departamento de Geografía de la Universidad Humboldt, destacó que, en las fronteras deforestadas, las poblaciones de jaguares se enfrentan a la pérdida de hábitat y la fragmentación de los corredores, lo que requiere áreas protegidas, planificación del uso de la tierra y compromisos de deforestación cero.

Por el contrario, dijo, en las fronteras fragmentadas, el desafío de la conservación es fundamentalmente social: una alta interacción entre humanos y vida silvestre que requiere la participación de la comunidad, la prevención de conflictos y mecanismos de compensación.

“Al vincular empíricamente los sistemas ganaderos con los tipos de fronteras deforestadas, nuestro enfoque establece un puente entre las narrativas genéricas sobre la ganadería y los relatos específicos de casos de conflicto entre humanos y jaguares. Esto ofrece una manera de diferenciar los contextos de intervención a escala regional, aclarando qué actores y dinámicas fronterizas dan forma a un paisaje determinado y, por lo tanto, qué respuestas de conservación podrían ser adecuadas para el felino”, detalló Burton.

Diferentes tipos de ganadería

El experto insistió en que la conclusión de fondo es que no hay una “única ganadería” ni una “única receta de conservación”. Las intervenciones tienen que ajustarse al tipo de actor y al tipo de frontera, dijo Burton.

“Lo que buscamos es dar una imagen más matizada de los sistemas ganaderos y de su asociación con distintos tipos de deforestación, a escala amplia. La ganadería suele aparecer sobre simplificada en los debates de conservación, como si fuera una sola actividad con un solo tipo de impacto, y nuestra intención es visibilizar esa diversidad de actores”, afirmó el experto.

Al mismo tiempo, Burton resaltó que un análisis regional como este sigue simplificando el contexto, de modo que debe complementarse con trabajo situado y de escala local, capaz de registrar cómo se viven realmente estas dinámicas.

El estudio no hace seguimiento de individuos de jaguar ni analiza su comportamiento. Es un trabajo con patrones espaciales de uso de la tierra y deforestación. “Lo que sí sostenemos, apoyados en la literatura que citamos, es que la fragmentación y el corte de corredores pueden generar aislamiento funcional de poblaciones de jaguares y sumideros poblacionales”, dijo Burton.

Nicolás Lodeiro, director de la Red Yaguareté, afirmó a Mongabay Latam que la expansión ganadera en Argentina, donde el bosque seco se expande en el noreste del país, es una de las principales acciones de extinción del jaguar y coincide en que los distintos tipos de sistemas ganaderos arrojan situaciones críticas para el felino, como la pérdida de hábitat y fragmentación de corredores.

“El crecimiento de las zonas ganaderas, por ejemplo, en zonas impenetrables como el río Bermejo [al noreste de Argentina], daña la conservación del jaguar. Creo que la peor ganadería es la ganadería extensiva bajo monte, que no se da de manera industrial, pero que se da en el Chaco, donde el ganado convive con el yaguareté [jaguar]”, afirmó Lodeiro.

El especialista argentino añadió que la única forma de convivencia entre jaguares y ganado es impulsar medidas que compensen las pérdidas que generan las depredaciones de su hábitat. “En Argentina hay normas que no se cumplen sobre la expansión ganadera. Acá se encuentran vacas en todos lados y por eso es necesario establecer dónde sí y dónde no se pueden establecer zonas ganaderas”, dijo Lodeiro.

Por su parte, Rafael Hoogesteijn, médico veterinario experto en estrategias anti-depredación, biología y conservación del jaguar, explicó a Mongabay Latam que el estudio identifica de manera positiva los diferentes mecanismos ganaderos que provoca la deforestación.

“Es bueno diferenciar muy bien la actividad de estos diferentes grupos y ver cómo afecta la deforestación en esta zona del bosque seco sudamericano, que es el Chaco, el Cerrado y Caatinga. Este trabajo de base puede servir a otros trabajos para determinar los caminos a seguir”, destacó.

Es necesario implementar un corredor

Hoogesteijn afirmó que en el caso de Brasil existe una legislación “demasiado estricta” que implica multas al sector ganadero que no cumpla las normas. “Con respecto a los medianos y grandes productores, ellos deben seguir los lineamientos donde solamente pueden desarrollar un cierto porcentaje del área de cada bioma con la deforestación y la introducción de pastos. Hay otro porcentaje, dependiendo del bioma, que debe permanecer inalterado. En Brasil eso se cumple muy bien”, resaltó Hoogesteijn.

Los jaguares no conocen fronteras, sin embargo, hay amenazas que los mantienen a raya en los territorios que habitan. Y uno de ellos es la ganadería ilegal y la extensiva, afirmó a Mongabay Latam Iván Arnold, director de la organización boliviana Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa). El experto explicó que una de las acciones para conservar el jaguar es la implementación del proyecto “Ríos del Yaguareté”, una iniciativa que propone el desarrollo de un corredor biológico que atraviesa extensas áreas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y utiliza los ríos como vías naturales que facilitan el desplazamiento de la fauna y la conservación de los ecosistemas.

“La propuesta tiene como objetivo proteger, restaurar y reconectar 2.5 millones de kilómetros cuadrados en la cuenca del río Paraná durante los próximos 20 años. Esta cuenca, que abarca territorios de los cuatro países, une ecorregiones como los Yungas, el Gran Chaco, la Selva Atlántica y el Pantanal. En estas zonas conviven bosques ribereños, selvas subtropicales, sabanas y humedales, que ofrecen refugio a una notable diversidad de especies y, sobre todo, al jaguar”, destacó Arnold.

El especialista añadió que la cuenca del Paraná alberga jaguares, nutrias gigantes, tapires, ciervos de los pantanos y diversas especies de aves acuáticas, entre otros animales. También destacó la presencia de peces emblemáticos, como el dorado, de importancia para la pesca regional. “Para estas especies, la conectividad de los ríos es fundamental debido a la fragmentación que sufren los ambientes terrestres por la actividad humana, como la deforestación”, dijo Arnold.

*Imagen principal: jaguar en un rincón del Chaco Seco, Argentina. Foto: Proyecto Yaguareté/CeIBA/Conicet

REFERENCIA

Jamie Burton, Matthias Baumann, Pedro David Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero-Muñoz and Tobias Kuemmerle. Expanding livestock frontiers and their implications for jaguar conservation in South America’s dry diagonal. Environmental Research Letters, Volume 21, Number 12. Citation Jamie Burton et al 2026 Environ. Res. Lett. 21 124031 DOI 10.1088/1748-9326/ae7a99

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dos décadas después de que Chile suspendiera la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández, los ecosistemas todavía no muestran señales de recuperación. Las zonas arrastradas tienen marcas visibles de los masivos instrumentos de pesca, una pobre cobertura de corales milenarios formadores de hábitat y menor riqueza y diversidad de especies.

Estas son las principales conclusiones del artículo científico Impactos de la pesca de arrastre de fondo en la cordillera de Juan Fernández, publicado en la revista Deep-Sea Research Part I, en junio de 2026. Ignacio Petit lideró el estudio. Es científico de Oceana Chile e investigador asociado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Católica del Norte.

“Este estudio nos da evidencia científica robusta de que el impacto es real, a largo plazo y que los ecosistemas destruidos no se recuperan fácilmente”, dice Felipe Paredes, director de políticas marinas de Oceana Chile sobre el trabajo de sus colegas.

La expedición Seamounts of Southeast Pacific, realizada en 2024, permitió recabar 56 horas de video de tres montes de Juan Fernández y compararlos con Solito, un monte submarino donde no existen registros de intervención. Para eso, se usó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, del buque de investigación R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

“Fue bien contrastante no ver corales del tamaño que veíamos en Solito y ver un sistema más simple en cuanto a su estructura por carecer de las especies formadoras de hábitat”, describe Javier Sellanes, investigador del ESMOI, líder de la expedición científica y coautor del estudio.

En Juan Fernández se analizaron los montes JF1, JF2 y JF6, con datos de ubicación de arrastres históricos proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile.

“Hay que reconocer el liderazgo de los científicos chilenos porque no es fácil sacar un estudio de alta complejidad académica donde intervienen actores institucionales, científicos, ONG, etc”, dice Renato Gozzer Wuest, ingeniero pesquero peruano.

Ecosistemas poco resilientes

Los montes submarinos son ecosistemas profundos, dominados por corales de aguas frías de lento crecimiento y “extremadamente frágiles”, detalla Petit. Se considera que están entre los organismos más antiguos del planeta. De acuerdo con el artículo, los corales negros del género Leiopathes y las esponjas de vidrio pueden vivir hasta por 2800 años y tomar siglos en recuperarse.

En medio del hábitat que conforman, viven estrellas quebradizas, langostinos endémicos y decenas de otras especies. Además de su gran biodiversidad, los montes submarinos se caracterizan por su endemismo, es decir, por tener especies únicas en el mundo. Las elevaciones también favorecen la conectividad en el océano. Especies altamente migratorias, como tiburones y ballenas, desarollan aquí diferentes actividades de su ciclo de vida, como reproducción y alimentación.

Por estas características, estos ecosistemas “son muy poco resilientes ante perturbaciones externas como las que causa la pesca de arrastre”, señala Sellanes.

La pesca de arrastre de fondo estaba dirigida a las pesquerías de orange roughy, también llamado reloj anaranjado, (Hoplostethus atlanticus) y alfonsino (Beryx splendens). Se inició en 1999 y operó durante cinco años, de acuerdo con los autores. Las pesquerías cerraron en 2006 debido a las bajas tasas de captura, luego de más de 500 kilómetros arrastrados en el área.

“Fue tal el nivel de sobreexplotación que cuando volvieron, ya no lo encontraron”, dice Paredes con respecto al orange roughy. La especie es muy demandada y de alto valor, pero se destinó principalmente a mercados internacionales. “Esta pesquería no iba a solucionar los problemas alimentarios de Chile”, resalta.

En 2012, el Congreso chileno prohibió la pesca de arrastre de fondo en 117 montes submarinos conocidos dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solito no estaba en ese grupo porque no se conocía formalmente de su existencia. De hecho, su nombre no es oficial. Por eso, los autores recomiendan que se lo incorpore en algún esquema de protección.

Cicatrices en el fondo del mar

Las redes de arrastre son artefactos de fierro que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud, con largas cadenas que permiten llegar al fondo marino. “Esas cadenas, esos fierros, son los que destruyen. Es como un arado en el mar que rompe todo a su paso”, describe Paredes.

De los 277 cuadrantes analizados para el estudio, 47 mostraron evidencia del arrastre. “Las redes raspan la roca y queda con cicatrices”, dice Petit sobre lo que vio en los videos del ROV SuBastian. La profundidad promedio de los cuadrantes arrastrados fue de 544 metros, con registros de hasta 718 metros.

JF2 fue el monte más intensamente arrastrado, con 30 cuadrantes que mostraban afectaciones. Le siguió JF1, con 12 cuadrantes visiblemente afectados y una cobertura de sedimento blando superior al 50 %, bastante mayor que el resto de los sitios.

En Solito, donde no hubo intervención, la cobertura de sedimento blando fue más baja. Además, hubo más coral vivo formador de hábitat y una acumulación considerable de “esqueletos” del coral Madrepora oculata, lo que refleja la mortalidad natural ante la ausencia de daño mecánico.

Contrastes en la biodiversidad

Jan Maximiliano Tapia, coautor y especialista en taxonomía y ecología de la fauna del fondo marino, relata que al estudiar las zonas más profundas de Juan Fernández y del monte Solito observaron hábitats complejos. “Encontramos hábitat rocoso bastante heterogéneo, compuesto por paredes verticales, zonas de grandes corales, esponjas de cristal y todo lo que conlleva especies formadoras de hábitat, bastante críticas en este tipo de ambiente”, describe.

Después evaluaron las cimas de los montes submarinos, donde vieron diferencias importantes porque hasta allí, entre 500 y 700 metros de profundidad, llegaron las redes de pesca de arrastre a Juan Fernández.

En las zonas someras de Solito observaron alta cobertura de coral vivo, mayor complejidad de hábitat y una fauna abundante de corales, esponjas y crustáceos. Además, vieron mayor biomasa de invertebrados, incluyendo crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei). “Conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, asegura Sellanes.

En total, el equipo científico identificó 74 organismos distintos. La abundancia de estos grupos varió entre sitios. Los Cnidarios, que incluyen a los corales de aguas profundas, alcanzaron su mayor densidad en Solito y la más baja en JF1 y JF2.

Los artrópodos y las esponjas también fueron más abundantes en el monte no arrastrado. Donde hubo pesca de arrastre, los artrópodos fueron menos abundantes y las esponjas (Porífera) estuvieron casi ausentes.

Impacto Adverso Significativo

Los equinodermos –filo que agrupa estrellas, pepinos y erizos– mostraron el patrón inverso, con mayor abundancia en JF1 y JF2 y menor abundancia en Solito. Se identificó, principalmente, alta densidad del erizo Dermechinus horridus.

Los investigadores documentaron ejemplares juveniles de D. horridus aparentemente alimentándose de corales bambú (Keratoisididae) cerca de una zona arrastrada en JF2. Por eso, plantean la hipótesis de que la proliferación de este erizo en sustratos alterados podría estar retrasando aún más la recuperación de las colonias coralinas.

“Además de que estos corales son de tasas de crecimiento muy lenta, estos animales podrían estar provocando que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo normal y podría darse a una escala temporal humana no visible”, explica Petit.

“[Los hallazgos son reveladores porque] muchas veces se piensa que basta dejar descansar los hábitats de fondo para que regresen las comunidades que vivían antes de la actividad antrópica. Todo lo contrario, un hábitat que está sentido puede ser aprovechado por otra especie”, dice el ingeniero Gozzer Wuest.

Los autores señalan que especies milenarias como los corales negros y las esponjas de vidrio se reproducen cada cinco o 10 años y pueden tardar entre 20 y 40 años en recuperarse. Estas características limitan aún más su capacidad de repoblar zonas degeneradas.

El estudio concluye que los montes de Juan Fernández han sufrido un Impacto Adverso Significativo. Es un criterio establecido en las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas de la FAO (2008) que se aplica cuando existen daños que superan un tiempo de recuperación de 20 años.

Montes y cordilleras por proteger

Mientras los montes de Juan Fernández están dentro de áreas marinas protegidas, Solito no cuenta con ningún estatus de protección. La elevación está ubicada a unos 600 kilómetros al norte del archipiélago, en la ecorregión Desventuradas.

“Todavía hay montes prístinos alrededor del área, que sigue siendo inexplorada, nos motiva a seguir explorando”, dice Tapia. “Si no hay manejo adecuado en las pesquerías, esto puede repercutir por años, como ocurrió en Juan Fernández”, agrega.

Los autores recomiendan implementar medidas de manejo espacial para proteger a Solito de futuros impactos antropogénicos, incluyendo su eventual incorporación a instrumentos de conservación existentes.

En el caso de los montes de Juan Fernández, recomiendan establecer un programa de monitoreo de largo plazo para evaluar la recuperación y sucesión de especies. “Debemos volver en 15 o 20 años más para ver si hubo recuperación”, sugiere Tapia. Solito podría servir como sitio de referencia para comparar la recuperación de los montes afectados.

Petit resalta que los impactos vistos en los montes submarinos son similares a los que sufren otros ecosistemas chilenos en donde se realiza pesca de arrastre. Por eso, Oceana buscó en el pasado prohibir este tipo de pesca, pero no fue posible. No obstante, ahora buscan que no se expanda a otras zonas.

Además, buscan que se protejan montes submarinos fuera de Chile. “Usamos este ejemplo como proxy para conversar sobre los riesgos de la pesca de arrastre en lugares como las cordilleras submarinas Salas, Gómez y Nazca [en altamar]”, dice el líder de la investigación. Detalla que flotas internacionales pescan en esa zona altamente vulnerable.

Para conseguirlo, Oceana está trabajando junto a la comisión científica de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de información sobre las dorsales para prohibir la pesca de arrastre en el fondo y en la columna de agua de las dorsales, dice Paredes. Además, en el futuro se apunta a declararlas área marina protegida, bajo el Tratado de Altamar.

REFERENCIA

Petit, I., Tapia-Guerra, J. M., Gaymer, C. F., Sellanes, J., Castro-Contreras, M., Gallardo, M.-A., Easton, E. E., Watling, L., & Payá, I. (2026). Impacts of bottom trawl fishing in the Juan Fernández ridge, Chile. Deep-Sea Research Part I, 230, Artículo 104723. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2026.104723

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El cierre del estrecho de Ormuz creó las condiciones para una amenaza extrema a la biodiversidad mundial. Los científicos advierten de que miles de barcos varados podrían propagar especies marinas invasoras por los océanos de todo el mundo, cuando vuelvan a navegar.

Más de 1.500 buques comerciales llevan varados en el Golfo desde que se cerró esta vía navegable estratégica el 28 de febrero, tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un equipo internacional de biólogos marinos señaló que, al permanecer inmóviles, los cascos de los barcos se estaban cubriendo de vida marina -desde microbios y algas hasta percebes y otros invertebrados- que podrían viajar de polizones a puertos de todo el mundo cuando se reanude el comercio.

El profesor Mario Tamburri, del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland y autor principal del estudio, afirma que la situación es “una tormenta perfecta”: “Si tuviera que imaginar el peor escenario, no sé si lo habría hecho de otra manera”.

La investigación describe la situación como un posible “evento de superpropagación de bioinvasión” marina, argumentando que ninguna interrupción previa del tráfico marítimo supuso que tantos buques permanecieran inactivos durante tanto tiempo.

Según el estudio, los barcos suelen permanecer fondeados en un puerto entre uno y tres días, lo que limita el crecimiento de organismos en sus superficies sumergidas. Sin embargo, muchas embarcaciones atrapadas en el Golfo permanecieron inmóviles durante meses, lo que permitió que se establezcan densas comunidades marinas en sus cascos.

Cuando se trasladan organismos de un lugar a otro, estos pueden reducir la biodiversidad en las regiones que invaden y provocar la extinción local de los organismos a los que desplazan

Mario Tamburri — Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland

Si miles de embarcaciones zarpan cargadas de percebes, algas, mejillones y otros organismos, podrían introducir especies invasoras que compitan con la fauna autóctona, propaguen enfermedades y alteren de forma permanente los ecosistemas marinos de todo el mundo.

“Cuando se trasladan organismos de un lugar a otro, estos pueden reducir la biodiversidad en las regiones que invaden y provocar la extinción local de los organismos a los que desplazan”, explicó Tamburri. Las especies invasoras también pueden devastar las pesquerías, obstruir los sistemas de refrigeración de las centrales eléctricas y suponer un costo de gestión de miles de millones de dólares al año, añade.

El Golfo ya es un punto crítico para las invasiones marinas y estudios anteriores identificaron docenas de especies no autóctonas introducidas en gran medida por el transporte marítimo comercial. Los investigadores señalaron que el calor y la salinidad extremos de la región pueden hacer que los organismos sean especialmente resistentes.

Invasores “resistentes” y “eficaces”

“Son bastante resistentes. Están acostumbrados a entornos extremos, elevadas temperaturas y altos niveles de salinidad”, explica Tamburri. “Esos organismos resistentes, que muchas veces pueden soportar esos entornos extremos, son invasores realmente eficaces”.

El investigador señala que las regiones con condiciones similares de temperatura y salinidad eran las que corrían mayor peligro. “Los puertos que presentan entornos muy similares a los de la región del Golfo son probablemente los que corren mayor riesgo”, afirma Tamburri, que destaca la India y Singapur entre los lugares en los que las autoridades deberían estar alerta.

El estudio señala que es posible que algunos buques ya hayan liberado millones de larvas en las aguas del Golfo durante los meses que permanecieron inactivos. A medida que se reanude el tráfico marítimo, los organismos presentes en el agua de lastre, así como los parásitos y patógenos de las “comunidades de bioincrustaciones” que colonizan los cascos de los buques, podrían propagarse rápidamente a través de la red mundial de transporte marítimo.

Tamburri insta a los gobiernos y a las compañías navieras a inspeccionar y limpiar los buques antes de que salgan del Golfo siempre que sea posible, mientras que los puertos que esperan llegadas deberían aumentar la vigilancia de especies invasoras y establecer planes de respuesta rápida.

Estableciendo una comparación con la salud pública, Tamburri señala que la respuesta debería reflejar los esfuerzos para contener las enfermedades infecciosas. “La detección precoz es realmente importante; la prevención antes de desplazarse es realmente importante”, afirma. “En muchos aspectos, es como el seguimiento de la gripe o el COVID-19. Hay que estar preparado para eso, detectarlo a tiempo. Si se encuentra algo, hay que gestionarlo de inmediato”.

Un portavoz de la Organización Marítima Internacional (OMI) señaló que “las incrustaciones biológicas pueden ser un vector clave para la transferencia de especies acuáticas invasoras. Existe el riesgo de que se transfieran especies si los buques no pueden eliminar las incrustaciones antes de abandonar una zona, tras un período prolongado de tiempo en la misma”. La OMI recomienda que los operadores de buques sigan, en la medida de lo posible, las directrices de la OMI sobre incrustaciones biológicas.

“La OMI está elaborando actualmente un instrumento independiente y jurídicamente vinculante para el control y la gestión de las incrustaciones biológicas en los buques, con el fin de minimizar la transferencia de especies acuáticas invasoras”.

Refiriéndose a ecosistemas como los arrecifes de coral, las praderas de zostera marina y los criaderos de ostras, Tamburri explica que “si las autoridades no actúan, algunos de los hábitats marinos más valiosos del mundo podrían sufrir daños duraderos”. “Es probable que algunos de ellos se vean afectados y tal vez dañados de forma irreparable”, indica, calificándolo de “versión superpropagadora” de la forma en que los buques ya transportan especies invasoras por todo el mundo.

Aunque la seguridad de las personas debe seguir siendo la prioridad, Tamburri pide a los gobiernos que no pierdan de vista los riesgos medioambientales. “Conflictos como este son horribles. Hay sufrimiento humano, pero tampoco podemos ignorar las consecuencias medioambientales”.

La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

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El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como “puentes epidemiológicos” que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, “si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

“Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las serpientes son animales enigmáticos, su presencia genera temor y en términos bíblicos se las identifica con el mismo ‘demonio’. En cambio, en algunas culturas precolombinas, –en la mitología andina se la conoce como Amaru— la serpiente era una deidad que simbolizaba la sabiduría y expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, por la forma de su cuerpo, los pueblos indígenas la relacionan con los ríos y los flujos de agua.

Las serpientes también cumplen un rol central en la cadena trófica, pues son depredadores y presas a la vez. También son especies amenazadas y los principales peligros que enfrentan están la pérdida de su hábitat y la interacción con las personas, justamente por el temor que inspiran, lo que las convierte en víctimas de los humanos.

En el Día Mundial de las Serpientes, que se celebra cada 16 de julio para despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies, Mongabay Latam presenta tres historias de investigadores que desde diferentes perspectivas estudian a estos animales. En Perú dos herpetólogos recorren lugares poco estudiados y áreas protegidas para rastrearlas. En Costa Rica, una veterinaria investiga el uso del veneno de la serpiente al mismo tiempo que se dedica a explorar en la salud de estos reptiles. Y en Argentina, un investigador que participó en la elaboración de la principal lista de serpientes en el país ahora las monitorea a través de equipos de radiotelemetría.

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Perú: en busca de las serpientes para llenar vacíos de información

James William Ttito y Michel Gulman, investigadores del Instituto Peruano de Herpetología, recorren lugares poco explorados en Perú y áreas naturales protegidas para hacer inventarios biológicos y colectar ranas, lagartijas y serpientes. “Las serpientes han sido poco estudiadas, son poco conocidas y, muchas veces, nos encontramos con registros nuevos, nunca vistos en la zona que estamos visitando, especies que posiblemente estaban ahí, pero nunca nadie las había encontrado para la ciencia”, cuenta Gulman durante la conversación con Mongabay Latam.

“Serpientes hay prácticamente en todos lados. Lo que más las limita para conquistar un hábitat es el frío extremo”, comenta Gulman sobre estas especies y agrega que “los reptiles suelen ser endémicos”. Por eso, en Perú, donde abundan los bosques nublados, separados por cañones, y cordilleras, con cuencas que tiene su propio ecosistema de bosque geográficamente aislado, suele haber mayor especiación y potencial de descubrir especies nuevas.

Sus recorridos están llenos de sorpresas y de historias que los inspiran en su tarea. “Encontrar una serpiente en campo no es tan común. Si hacemos estudios con ranas y sapos, en una noche podemos encontrar cinco, seis, hasta diez, pero si queremos encontrar una especie de serpiente, en una noche encontraremos una o dos, en el mejor de los casos”, cuenta Ttito, quien también es investigador del Centro de Investigación Vertebrate de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y del Museo de Historia Natural de la misma universidad.

“Vamos a lugares donde hay vacíos de información, donde no se han hecho estudios herpetológicos”, agrega Ttito. Uno de los lugares recorridos recientemente por Ttito ha sido el Santuario Histórico de Machu Picchu, para ubicar anfibios y reptiles. “Ahí apareció una serpiente enigmática, llamada Oxyrhopus erdisii, que fue descrita en 1911”, durante la expedición de la Universidad de Yale, cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu. “Es una serpiente super rara de ver y la hemos encontrado en una expedición de casi 20 días. Ese ejemplar para nosotros es muy valioso e importante”.

Ttito cuenta otra experiencia de un herpetólogo argentino que llegó a Perú con la esperanza de poder ver dos especies de serpientes: Bothrocophias microphthalmus y Bothrops Taeniatus. “Había pasado casi una semana de la expedición y apareció la Bothrops Taeniatus. El colega que tenía el sueño de ver esa serpiente se puso a llorar porque era su especie soñada y consiguió verla. Fue un momento lleno de emociones”, cuenta el herpetólogo peruano.

Los investigadores han realizado juntos algunas de las expediciones, entre ellas, un recorrido por el Parque Nacional Cordillera Azul; pero también hacen exploraciones por separado. Ttito ha viajado principalmente por los departamentos del sur de Perú, en los Andes amazónicos, así como por algunos lugares de la Amazonía; mientras que Gulman recorre principalmente los departamentos del norte peruano. “Yo soy de Piura y él [Ttito] es de Cusco, entonces, naturalmente, resulta más fácil explorar los lugares cercanos a tu zona”, comenta Gulman.

“Poco a poco estamos recorriendo varios lugares y para el siguiente año tenemos una expedición supergrande en Codo de Pozuzo, en la región de Huánuco”, agrega Ttito.

Mientras tanto Gulman acaba de participar en una larga expedición en el Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes. “Ha sido increíble para todos porque hemos promediado más de siete u ocho serpientes por noche”, comenta.

Ttito comenta otro aspecto del trabajo que realizan durante sus expediciones: el esfuerzo para que las personas de las localidades que recorren tengan un acercamiento y mayor conocimiento sobre las serpientes. “Las personas tienen mucho miedo y cualquier serpiente que ven, las matan”.

Gulman reafirma lo que dice su colega y menciona las dos principales amenazas para las serpientes. Uno de ellos es la interacción con los humanos “porque las matan, en todos lados, la gente tiene una imagen negativa de las serpientes, es un tema cultural, muy profundo y tiene una connotación religiosa porque la Biblia pone a la serpiente como un ser malvado”.

El otro riesgo es la pérdida de hábitat. “Es el mayor de los problemas”, dice Gulman. “En todos lados hay cierto nivel de pérdida de hábitat y eso afecta mucho más a las poblaciones de serpientes”. En ese sentido, menciona a la minería ilegal, la expansión ganadera, la tala y la expansión urbana como las principales causas de esta pérdida de hábitat.

Gulman explica que cuando encuentran una nueva especie para la ciencia es importante ponerle un nombre para que así pueda ser ubicada en una categoría de protección, “porque muchas de esas especies cuando se las encuentra ya están en situación vulnerable o en peligro de extinción, sobre todo si habitan en parches de bosques o en espacios reducidos por la deforestación”. “Queremos que por lo menos haya un registro de que existieron, porque muchas de estas especies se podrían extinguir antes de que se pueda hacer algo”, agrega Gulman.

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Costa Rica: en busca de los beneficios del veneno

A Natalia Montero Leitón le fascinan las víboras cascabeles. “Son demasiado curiosas y es un animal que cuesta mucho mantener en cautiverio, es un reto. Yo creo que ella conoce su potencial porque tiene un veneno muy fuerte, muy poderoso”, dice la médica veterinaria de fauna silvestre del Serpentario del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica.

Aunque asegura que las cascabeles son animales tranquilos, también advierte que se deben manejar con mucho respeto. “Me parece un animal muy bonito, físicamente es precioso, un gigante noble, pero cuando se enoja, hay que darle su espacio”.

Quizá su fascinación por las serpientes empezó cuando de niña observó uno de estos animales subiendo un árbol. Como veterinaria, se ha dedicado a estudiar a los reptiles. “En Costa Rica tenemos 147 especies de serpientes en total, de las cuales 25 son venenosas”, aclara.

Montero cuenta que en el instituto donde trabaja se investiga la producción de sueros antiofídicos que se usan como antídotos ante la mordedura de una víbora, es decir, una serpiente venenosa. En este proceso, comenta Montero, se analizan, por ejemplo, combinaciones de venenos que pueden potenciar la eficiencia del suero. “Podemos usar un grupo de tres especies, por ejemplo, para elaborar el suero y estudiar qué combinaciones de venenos nos sirven para cubrir más especies en caso de un accidente [mordedura]. Así vamos mejorando el antídoto”.

Pero este veneno también es útil en medicina. Uno de estos usos ocurre en los fármacos para controlar la presión arterial. “En Brasil, por ejemplo, muchos de los productos que se usan para controlar la presión se elaboran en base a una toxina que tiene el veneno de las Bothrops [género de serpientes venenosas]. Se produce de manera sintética en el laboratorio y lo aplican para bajar la presión”, comenta la veterinaria.

Montero agrega que en el Instituto Clodomiro Picado también se está estudiando el veneno de las serpientes para la industria cosmética, además de que se investigan las propiedades físicas de sus pieles.

Las investigaciones de Montero, sin embargo, están principalmente enfocadas en la salud de las serpientes. La investigadora cuenta que cuando realizaba sus investigaciones para su tesis del sistema reproductor de las serpientes logró apreciar una torsión uterina en una hembra. Cuando la hembra se apareaba y recolectaba el esperma, su cuerpo tenía la capacidad de hacer una torsión del útero para almacenar el esperma durante años. “Es impresionante. Imagínese lo fuerte que tiene que ser la torsión para que no escape un espermatozoide, pero al mismo tiempo que le permita al órgano seguir llevando sangre y no morir el tejido”.

“Son un reto porque son pacientes muy difíciles, no solo por su carácter y porque son venenosas, sino porque son animales muy poco expresivos y es difícil darse cuenta de que el animal está enfermo”, comenta Montero sobre sus estudios con las Bothrops.

Montero explica que con estas especies muchas veces solo pueden darse cuenta que algo les sucede cuando se ve un signo clínico mínimo, “como una postura diferente, un cambio de temperamento, algo mínimo”. señala la veterinaria. Sin embargo, al hacer los análisis, descubren que la situación puede ser crítica. “A veces no entendemos cómo el animal está vivo”, comenta.

“Son increíblemente resistentes ante cosas que ningún otro animal aguantaría. Uno entiende que es parte de su evolución”, explica Montero y cita un ejemplo de cuando una serpiente “tenía un puntito chiquito” y la atendieron con antibióticos, pero el animal murió. “A la hora de hacer la autopsia vimos que el animal tenía un absceso en la parte interna que le había perforado el hígado. Me preguntaba cómo ha estado vivo. Había estado sufriendo toda esta enfermedad durante mucho tiempo”.

El Serpentario del Instituto Clodomiro Picado también tiene una función social, dice Montero, que se concreta a través de charlas y capacitaciones en la comunidad, en las instituciones, escuelas, con el fin de prevenir los accidentes con serpientes.

También se habla sobre la coexistencia de las personas con las serpientes para evitar que las maten. “Se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, se hizo incluso una aplicación para identificar serpientes venenosas y algunas de las más comunes. Y estamos viendo un cambio, las personas nos llaman y preguntan por las serpientes, se interesan en estos animales. ‘¿Qué puedo hacer? No la quiero matar’, nos dicen”.

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Argentina: una lista de serpientes y nuevas investigaciones

En 2021, un equipo de tres herpetólogos argentinos elaboró una lista de las serpientes registradas hasta ese momento en el país. Los datos que mostró el estudio correspondían a “ocho familias y 129 especies que habitan en el territorio argentino”, según la publicación.

“Era una lista de todas las serpientes de la Argentina que existían o que estaban descritas hasta esa fecha, porque lo que sucede en biología es que es muy dinámico el asunto de las especies y con el tiempo se van describiendo más especies o surgiendo cambios en las clasificaciones de los animales”, comenta a Mongabay Latam David Gustavo Vera, uno de los investigadores que realizó el estudio. “En 2023 [dos años después de la publicación] se describieron una o dos especies más”, recuerda.

La investigación se centró principalmente en la revisión de otros estudios y artículos científicos, experiencias de ciencia ciudadana y el trabajo de campo de los propios investigadores. “Trabajamos mucho con las colecciones biológicas de los museos en Argentina para recopilar esa información”, recuerda Vera, quien actualmente es docente investigador en el Museo de la Plata, en Argentina.

La investigación realizada hace cinco años, dice el herpetólogo, actualmente sirve a los investigadores para tener un punto de partida, por ejemplo, al seleccionar una especie de estudio. “Un trabajo de estas características con serpientes no se hacía por lo menos hacía unos 20 años o más”, agrega Vera.

En la actualidad, las investigaciones de Vera se han centrado en una especie en particular, la Bothrops alternatus, conocida como víbora de la cruz o yarará grande. “Es una especie de importancia médica que causa bastantes accidentes físicos [mordeduras] en el país. Me interesa conocer los aspectos de zoología, es decir, dónde se encuentra, qué tipo de hábitat usa, porque todo está asociado a la problemática de los accidentes”.

En sus investigaciones, Vera también utiliza la radiotelemetría, una técnica usada para monitorear “por dónde se mueven, cuánto se mueven, qué área de actividad tienen, en qué rango se pueden desplazar”, comenta Vera. “Lo que busco es tratar de predecir cuánto podría moverse un individuo en la naturaleza para poder establecer algunas medidas de prevención o zonas más probables de encuentro con estos animales en mi área de trabajo, los pastizales de la provincia de Buenos Aires”, agrega.

“Hace dos años sacamos una publicación corta sobre el primer caso en Argentina de la colocación de un radiotransmisor a una serpiente venenosa”, menciona sobre sus investigaciones. Los radiotransmisores, explica Vera, son aparatos similares a una pila doble AA, que emite ondas de radio, cuya señal se recoge en equipo receptor similar a una radio antigua conectada a una antena.

En el caso de las serpientes, estos transmisores se colocan dentro del cuerpo. Vera dice que resulta más complicado en comparación con otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, a los que se les colocan los radiotransmisores de manera externa, acoplados a un collar, y también las aves y lagartijas, a las que se les pone una especie de arnés alrededor del cuerpo.

En cambio, como las serpientes no tienen extremidades, es mucho más complicado, porque si se coloca externamente corre riesgo de que se desprendan o que afecte sus movimientos, pues “se pueden enganchar la antena del transmisor con algo del ambiente como pastos, arbustos, roca y desprenderse”. Por tanto, en el caso de las serpientes, el método que existe “es hacerle directamente una intervención quirúrgica”. “Se abre una pequeña parte del cuerpo y se introduce el radiotransmisor, luego se cierra y se les deja en recuperación para luego liberarlas en el campo”. Lo particular del método es que una vez que se concluye el estudio, se debe hacer una nueva intervención para retirar el aparato, por tanto, se debe capturar dos veces a la misma serpiente.

En una primera investigación liderada por Vera —que lleva por título Primera experiencia de implantación de radiotransmisores en la víbora Bothrops alternatus— se instalaron radiotransmisores a tres serpientes. “Fueron individuos de prueba, pero seguimos investigando con más individuos en campo para poder obtener más información y sacar conclusiones”, comenta con relación a una segunda investigación que aún no ha sido publicada.

Sin embargo, ya existen algunos datos. “Tuvimos pistas de cuánto se pueden mover en un año y cuáles son las estaciones en las que más se mueven. Como son animales que regulan la temperatura corporal con el ambiente, dependen mucho de la estacionalidad de la zona donde viven”, comenta y aclara que estos animales “se mueven más en primavera y en verano, mientras que en otoño baja la actividad y el invierno lo pueden pasar sin moverse”.

En el Museo de la Plata, comenta Vera, también se investiga la ecología de las especies y su relación con el cambio climático. “Nos llama la atención indagar sobre cómo van a responder los animales al cambio climático”.

Estas investigaciones están a cargo de Diego Di Pietro, otro de los herpetólogos que participó en la investigación de 2021. Una de las recientes publicaciones de Di Pietro —Impactos del cambio climático en la herpetofauna endémica y amenazada de los pastizales pampeanos en Argentina—, de enero de 2025, señala que “el conocimiento detallado sobre los impactos del cambio climático en la mayoría de las especies de la región neotropical es incipiente y la herpetofauna de los pastizales pampeanos no es la excepción”.

El documento explica que para esta investigación se modelaron los hábitats adecuados de nueve especies endémicas de anfibios y reptiles que habitan los pastizales pampeanos de Argentina, bajo las condiciones climáticas actuales y escenarios futuros de cambio climático. Lo que encontraron fue una pérdida significativa tanto en las superficies de hábitat adecuadas como en las poblaciones conocidas de la mayoría de las especies estudiadas.

“Estamos investigando si las especies van a poder sobrevivir en el tiempo, de acá a 100 años; si van a tener una mayor distribución; si el cambio climático va a favorecer que se expandan en el país o si va a acotar su distribución”, finaliza Vera.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los acantilados rocosos de la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, el océano Pacífico se estrella con una fuerza imponente. La panorámica ofrece un mar azul, vibrante y aparentemente inalterado. Sin embargo, bajo esa superficie de oleaje constante, la costa continental e insular chilena ha comenzado a mostrar las huellas de un desequilibrio silencioso. Así lo documentó Mongabay Latam en 2025, cuando dio a conocer que, de acuerdo al Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello, un aumento poblacional de tres especies de erizo negro está transformando drásticamente los ecosistemas marinos.

Tras un monitoreo submarino que combinó buceo con herramientas de inteligencia artificial, el equipo científico de CIMARQ arrojó un diagnóstico inquietante: los erizos negros están devorando sin tregua los bosques de algas, dejando a su paso “fondos blanqueados” desprovistos de alimento, refugio y oxígeno. El peligro es mayúsculo, ya que al desaparecer estas algas —que funcionan como verdaderos “árboles” submarinos—, peces, moluscos y mariscos, de los que depende la pesca artesanal, se quedan sin hogar.

Sin embargo, la ciencia también encuentra matices esenciales para entender el problema. Y es que el erizo no es una especie invasora ni el “malo” de la película, dice Francisco Contreras-Drey, director de ciencia y monitoreo de la Fundación Capital Azul, sino que es un actor nativo e histórico de los fondos rocosos chilenos que hoy simplemente presenta un crecimiento desmedido.

El experto explica que el verdadero origen de la crisis no es el erizo en sí, sino la severa alteración de la cadena trófica: al desaparecer los depredadores naturales de esta especie, debido a la sobrepesca histórica y a las alteraciones del agua por el calentamiento global, “el erizo se quedó sin frenos biológicos que contuvieran su crecimiento”.

Es precisamente esa comprensión la que explica el asombroso éxito de una estrategia comunitaria implementada frente a este escenario de degradación.

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En la región de Valparaíso, específicamente en las caletas de Ventanas y Zapallar, los pescadores artesanales, en alianza con la Fundación Capital Azul, decidieron no combatir al erizo, sino devolverle al ecosistema su equilibrio original a través de los refugios marinos: áreas acotadas de protección estricta y exclusión total de pesca implementadas de manera voluntaria.

Estas zonas de resguardo se ubican al interior de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), espacios en el mar regidos por una política pública que entrega derechos exclusivos de uso a organizaciones de pescadores artesanales para administrar de forma sustentable los recursos del fondo marino. Al destinar una pequeña porción de sus AMERB a la no extracción absoluta, los pescadores actúan como diseñadores de su propia restauración ecológica.

Al retirar la presión humana en estos perímetros, la naturaleza respondió con una velocidad inesperada. Los depredadores nativos regresaron a ocupar su rol, el pastoreo de los erizos negros comenzó a bajar de forma natural y, libres de esa presión, los bosques de algas volvieron a colonizar la roca viva, demostrando el poder de las soluciones basadas en la naturaleza.

El retroceso del erizo negro

Para comprender la magnitud de la recuperación de los ecosistemas en estas dos caletas de pescadores es necesario sumergirse en las bitácoras y series de tiempo oficiales que el equipo científico de Capital Azul ha levantado año tras año en el terreno.

El refugio marino de Ventanas, creado en 2016 y formalizado mediante un convenio en 2017, abarca una superficie exacta de 11.7 hectáreas alrededor de Punta Los Lunes, una saliente rocosa cuyas paredes caen de forma pronunciada hasta superar los 20 metros de profundidad.

Esta caleta de 45 socios (44 hombres y una mujer) se ubica en una zona históricamente golpeada por la degradación industrial de la bahía de Quintero. Pese a este entorno complejo, los monitoreos biológicos arrojaron una cifra espectacular. Desde 2019, “la presencia del erizo negro disminuyó en un 96 %”, asegura Contreras-Drey, pasando de registrar 2172 individuos a solo 77 en los últimos censos.

Esta caída masiva de la densidad del erizo negro coincidió con el resurgimiento de la cadena trófica.

A partir de 2020, la abundancia de la estrella común (Stichaster striatus) se multiplicó por tres y la población del sol de mar (Heliaster helianthus) se duplicó. Ambos, al ser depredadores del erizo, regulan el ecosistema.

El bosque submarino, al liberarse de la presión del pastoreo que realizaba el erizo, volvió a brotar. Los ejemplares del alga huiro palo (Lessonia trabeculata) se triplicaron, pasando de 55 a 180 individuos. A su vez, ello abrió espacio para que la actinia naranja (Phymactis papillosa) aumentara ocho veces su presencia, creando un microhábitat que permitió el registro exclusivo de la jaiba mora (Homalaspis plana).

Cuando disminuye el erizo negro, explica Contreras-Drey, “la cadena trófica completa se ve beneficiada, atrayendo incluso a mamíferos como el chungungo (Lontra felina), la nutria llamada el gato marino, y diversificando los peces de roca”. Sin embargo “en la literatura científica internacional, la recuperación biológica en áreas restringidas a la extracción tiende a llevar entre 10 y hasta 15 años”, precisa el experto. “Ver estos cambios positivos en sólo cinco o seis años en Ventanas y Zapallar nos llamó bastante la atención”, agrega.

A solo unos kilómetros al norte, el refugio marino de Zapallar —inaugurado oficialmente en 2021 con 12.4 hectáreas alrededor de la emblemática Isla Seca— consolida esta tendencia ecológica de manera impecable. Los datos oficiales de la fundación detallan que en Zapallar el erizo negro se redujo a la tercera parte (un 66 % menos que en 2021), mientras que el huiro palo experimentó una explosión biológica de seis veces, pasando de 20 a 120 ejemplares en los cuadrantes de muestreo.

El blindaje ecológico del refugio marino es evidente cuando se compara con el área del AMERB que es explotada, pues la presencia de la estrella común al interior del refugio es casi el triple que en las zonas vecinas abiertas a la pesca.

Los números en Zapallar muestran que la riqueza de macroinvertebrados móviles, como los caracoles marinos, lapas y pequeños crustáceos se duplicó entre 2021 y 2025 (pasando de 11 a 15 especies), mientras que peces de roca como el bilagay (Cheilodactylus variegatus), la jerguilla (Aplodactylus punctatus) y el rollizo (Pinguipes chilensis) duplicaron su abundancia, registrándose además por primera vez 10 ejemplares de blanquillo (Prolatilus jugularis).

La nueva abundancia de Zapallar

“Al principio fue una idea muy loca, porque nosotros somos una caleta de buzos mariscadores”, relata con honestidad Sergio Veas, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Zapallar, quien lleva 10 años liderando la organización.

Veas recuerda con profunda emoción a Benjamín Lagos, fallecido científico de Capital Azul, quien llegó a la caleta proponiendo cerrar voluntariamente una porción de mar. “Complicado para nosotros al principio, le dije: ‘Tú estás loco’. Luego le conté a las personas de la caleta y me mandaron a la punta del cerro”, confiesa el dirigente.

El escepticismo inicial se debía al gran valor comercial de la zona elegida. “Dejamos uno de los mejores lugares de pesca, una zona sumamente rentable de donde solíamos sacar 10 000 locos (Concholepas concholepas)”, explica Veas. Sin embargo, el trabajo constante de conversación rindió frutos en un espacio donde el avance del erizo negro ya amenazaba con mermar los recursos. “Cuando tuvimos la votación final, todos levantaron la mano”, cuenta el dirigente.

La resistencia inicial ante un concepto tan contraintuitivo como “conservar para explotar más” se disipó cuando los pescadores comenzaron a evidenciar el “efecto desborde”. Al retroceder el erizo negro por la acción de los depredadores nativos, el refugio comenzó a llenarse de piure (Pyura chilensis), el alimento predilecto del loco, y los moluscos crecieron sin intervención. Hoy, el lugar donde los erizos negros mantuvieron por mucho tiempo la roca desnuda está lleno de peces y familias de locos que se salen del refugio marino colonizando las áreas donde sí pueden ser aprovechados por los pescadores.

“Ellos ponen los botes justo en la orilla del refugio y sacan locos gigantes que valen mucho más en el mercado”, cuenta Veas con orgullo, agregando que el refugio redujo los tiempos de navegación y generó un ahorro sustancial en combustible.

La abundancia es tal que traspasa las mediciones científicas ordinarias y se convierte en anécdota local. Veas relata que durante un trágico operativo de búsqueda de una persona extranjera que cayó al mar cerca de la caleta, los buzos tácticos de la Armada de Chile ingresaron a rastrear las profundidades de la Isla Seca. Al salir a la superficie, los marinos estaban impactados. “Nos contaban que en ningún lado de la costa chilena habían visto tanta vida, tantos pescados y tantos locos juntos”, recuerda el dirigente.

La vida regresó con tanta fuerza que los monitoreos grabaron en video el retorno del pejeperro (Semicossyphus darwini), un emblemático pez de roca que cambia de sexo y color al crecer, y del cual ya se observan parejas reproduciéndose e individuos juveniles nadando entre las algas. “Para nosotros como pescadores, el pejeperro era una especie que ya considerábamos prácticamente extinta en la zona debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación. Este refugio marino sirvió para verlo regresar”, dice Veas.

Sin embargo, mantener este oasis no es una tarea exenta de riesgos.

“Si alguien entra a depredar o a extraer a los depredadores que controlan al erizo negro puede echar a perder años de trabajo en una hora”, explica Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de Capital Azul.

Para mitigar esta amenaza de pescadores furtivos y buceo deportivo descontrolado, el sindicato de pescadores de Zapallar y Capital Azul implementaron un sistema de monitoreo remoto de alta tecnología: dos cámaras con visión nocturna, infrarrojo y sistemas de disuasión automática instaladas en Isla Seca, complementadas con un proyecto piloto de hidrófonos submarinos conectados a internet en tiempo real, que captan desde el ruido de motores de lanchas sospechosas hasta el canto de las ballenas.

“Pero las mejores cámaras son los vecinos de Zapallar, ellos mismos avisan si anda un bote extraño”, destaca Veas.

La conservación transformó además la economía de la caleta a través de la “plata circular”. La creación del refugio marino dio paso a una escuela de buceo recreativo que lleva a turistas a conocer el área, paseos en bote con tablillas educativas bilingües y un flujo constante de clientes para los locales de empanadas y los dos restaurantes del sindicato. “Perdimos por un lado, pero ganamos por otro. Hoy el sindicato está feliz”, asegura el líder comunitario, quien durante la última Fiesta de San Pedro acordó junto a la fundación Capital Azul renovar el convenio de protección por 10 años. “Cuando se cumplan, quiero firmar uno por 100 años para la conservación”, dice.

Escalando el freno biológico del erizo negro

Para la Fundación Capital Azul, el impacto social y ecológico acumulado en esta década en la Región de Valparaíso demostró que la conservación costera no debe ser una actividad exclusiva de grandes ONG internacionales o de la academia.

Según explican desde la organización, el modelo logró romper el muro que históricamente marginó a los pescadores artesanales de las decisiones científicas y del financiamiento ambiental.

“Un hito histórico se consolidó en 2024 con la promulgación de la Ley Bentónica, que reconoció legalmente la figura de los refugios marinos como zonas voluntarias de protección dentro de las áreas de manejo de Chile”, destaca Sánchez. Según explica el director ejecutivo de Capital Azul, este avance permite que “las comunidades locales accedan formalmente a incentivos y retribuciones por servicios ecosistémicos”, como la recuperación de depredadores que controlan por sí mismos el sobrepastoreo del erizo.

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“Cuando los refugios marinos pasan a ser política pública, surge la necesidad de escalar y llevar este modelo a otras regiones del país”, detalla Sánchez. Con el apoyo de la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), Capital Azul cruzó las fronteras de la zona central para implementar el primer refugio fuera de Valparaíso: la localidad de Guadei, en la Región de Los Ríos. Se trata de un área administrada por una asociación indígena que busca resguardar la salud de sus pesquerías. Aquí, el biólogo marino y director del área de ciencia y monitoreo de Capital Azul, Francisco Contreras-Drey, ya se encuentra levantando la línea de base científica para monitorear el estado de salud de los fondos rocosos, antes de que se repitan los desequilibrios tróficos vistos en el norte y centro del país.

Para asegurar la sostenibilidad económica y operativa del modelo, Capital Azul diseñó la “escuela de refugios marinos”. Este programa busca transferir las metodologías científicas y los aprendizajes comunitarios acumulados directamente a municipios, consultoras y sindicatos locales, otorgándoles autonomía. La posta también ya fue tomada en la Región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Ancud, Chiloé, donde el Sindicato Mar Adentro de Chepu impulsa de forma virtuosa su propio refugio con el acompañamiento de la ONG local CECPAN y bajo el paraguas del proyecto GEF de Incentivos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad.

La relevancia de esta red colaborativa quedó demostrada cuando Capital Azul invitó a Sergio Veas a viajar al sur de Chile para exponer su experiencia ante nuevas comunidades de pescadores que anhelan replicar el éxito de la Isla Seca. Veas, que nunca había salido de su región para hablar de conservación, personifica el cambio de paradigma de la costa chilena: el tránsito de pescadores que pasaron de considerarse “depredadores” a convertirse en guardianes de sus propios bosques sumergidos.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

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Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

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—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

 Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La desertificación y la sequía no solo se presentan en las regiones áridas del planeta. Territorios en Latinoamérica ya viven sus impactos, desde el Corredor Seco Centroamericano hasta los bosques húmedos de Amazonía y la región boscosa del Gran Chaco, donde la degradación de los suelos, la sobreexplotación del agua y los efectos de la crisis climática están transformando los ecosistemas y afectando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este Día Mundial de Acción Frente a la Desertificación y la Sequía especialistas consultados por Mongabay Latam explican cómo estos fenómenos, cada vez más intensos en la región, están conectados con los incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la transformación de los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

También advierten que la degradación de la tierra se ha convertido en un desafío para enfrentar este fenómeno y construir resiliencia en las zonas con mayor afectación pues representan impactos en la economía, la salud y los medios de vida de las personas.

En un par de meses, los países latinoamericanos también tendrán la oportunidad de abordar estos retos y posibles soluciones en la 17° reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), una cumbre global que este año se realizará en Mongolia.

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Cambios en el clima y más incendios

La Amazonía es una de las regiones más vulnerables a la desertificación y a la sequía ante el aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que también ha incrementado los incendios.

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación de la Amazonía (IPAM), explica que los cambios de uso de suelo para fomentar la agroindustria y la ganadería con la renovación de pastizales ponen a los ecosistemas húmedos en mayor riesgo porque favorecen el incremento de incendios en bosques que no tienen adaptación al fuego.

“En estos años son mucho más frecuentes los incendios porque los bosques están más inflamables. Los grandes árboles se caen, el dosel se abre más, entra más aire caliente, entonces es como un ciclo vicioso. Es un problema de la sequía, puede poner a los bosques en una condición muy vulnerable a los incendios forestales”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Alencar advierte que cada vez existen mayores condiciones para que los incendios se propaguen en la Amazonía. Estos factores, explica, son como un triángulo que ayuda a explicar la expansión del fuego.

“En un vértice de este triángulo tenemos las condiciones de clima, en otro vértice tenemos la cantidad y calidad de los materiales combustibles y en otro vértice tenemos las fuentes de ignición. Para que un fuego se propague, debemos tener estas tres condiciones”, detalla.

La especialista señala que en la Amazonía la gran mayoría de los fuegos son iniciados principalmente por actividades humanas, por lo que una forma de romper con el triángulo que potencia los incendios es reducir o controlar las fuentes de combustible.

“Si un bosque está muy seco por causa de las condiciones climáticas, hay más hojas en el suelo, por tanto un material combustible muy bueno [para propagar un incendio], pero si no tuviéramos quién prenda el fuego, este incendio no va a acontecer. Necesitamos las condiciones del clima, qué quemar y quién comienza el fuego”, sostiene.

Estos cambios en el comportamiento del fuego en la Amazonía están siendo documentados. De acuerdo con un informe técnico de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2016 y 2021, los incendios en la Amazonía impactaron un promedio de entre 17 y 27 millones de hectáreas, mayor que lo reportado entre 2001 y 2020. Además, el 59 % de los incendios ocurrieron en áreas nuevas, donde no se había registrado el fuego previamente.

De acuerdo con el mismo estudio, Bolivia y Brasil registraron la mayor extensión de los incendios en la Amazonía, donde en 2024 se estimaron cerca de 27 millones de hectáreas afectadas por el fuego. Estos factores, junto con el descenso de las precipitaciones, ponen en riesgo “la resiliencia hídrica y ecológica de la Amazonía”, señala el informe.

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Pérdida de la riqueza de los suelos, un daño silencioso

La degradación del suelo y la pérdida de bosque no es exclusiva de la Amazonía. Otro de los ecosistemas más afectados es el Gran Chaco sudamericano, la segunda región boscosa más grande de la región, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, una porción del sur de Brasil y de Bolivia. Solo en el norte argentino, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque durante 2025, una extensión equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la organización Greenpeace. Las causas fueron la deforestación y los incendios.

Para Marlene Quintanilla, consultora en Análisis ambiental y Evaluaciones en Sistemas de Información Geográfica de la firma GEO-NET, lo que conecta a estas regiones de Latinoamérica con la desertificación y las sequías es la pérdida de la materia orgánica que generan los bosques ante la agroindustria.

“Cuando se deforesta se rompe este ciclo de nutrición de los suelos y se ve sobre todo en Argentina y Paraguay. En el caso de Bolivia, Brasil y Perú [que comparte una parte de la Amazonía] ya hay una degradación importante en suelos. Básicamente en los países donde se está intensificando la agroindustria o la producción masiva de productos como soya, sorgo y la ganadería”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Quintanilla destaca también la salinidad del agua como otro impacto silencioso derivado del aumento de la temperatura y del estrés hídrico para cultivos o para la ganadería, los cuales, advierte, no solo generan un cambio químico en las aguas, sino que también rompen las estructuras de los suelos.

“Estamos en una era de cambio climático donde los déficit hídricos de los últimos 20 años son mucho más intensos y esa falta de agua hace que se empiecen a utilizar tecnologías para riego o extracción de agua subterránea. Depende mucho la geología y la química de los suelos que son diferentes en cada región, pero este riego también está provocando problemas de salinización”, señala.

Además de estos procesos de degradación, la especialista advierte que también los incendios están contribuyendo con la compactación del sueño y la pérdida de biomasa.

“Es un impacto que todavía no se visibiliza pero los suelos tienen vida por la microfauna, al impactarse con los incendios también se está viendo una importante compactación. Se genera una permeabilidad y evita un menor almacenaje de agua para las épocas secas”, explica Quintanilla.

La experta advierte que el ciclo del agua se ve afectado de forma subterránea y degrada incluso zonas que no son agrícolas, pero que son impactadas por los incendios. “Al final termina siendo una cadena de impactos que se van interrelacionando queramos o no también con los impactos del cambio climático”, agrega.

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Menos alimento para las poblaciones

Una de las principales consecuencias de la desertificación, la sequía y la degradación del suelo es la falta de producción de alimentos. Esto se ha reflejado en otros territorios de Latinoamérica, como el Corredor Seco Centroamericano, una franja impactada por sequías recurrentes, erosión del suelo y fenómenos climáticos que abarca desde el sur de México hasta Panamá, pero ocupa principalmente territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que 10.5 millones de personas viven en esta región de Centroamérica, de las cuales el 50 % vive en condiciones de pobreza y más de dos millones de familias dependen de la agricultura para sobrevivir.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, considera que el Corredor Seco Centroamericano es de las regiones más vulnerables a la desertificación que ya se traduce en la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Empieza a reflejarse en pérdidas en el sector agrícola, en inseguridad alimentaria y algo que quizás sí hace una diferencia notoria entre los efectos de sequía y de desertificación es lo que pasa a nivel de migración en el Corredor Seco de Centroamérica, que no solamente es interna, sino que traspasa las fronteras”, sostiene el especialista.

Salgado explica que la región comienza a vivir nuevos impactos en cadena, como los incendios forestales derivados del aumento de las temperaturas y menor precipitación. Éstos representan un riesgo para la salud de poblaciones por lo que considera clave avanzar en sistemas de alerta temprana.

“No solamente es que las alertas existan, sino que se puedan traducir en acciones. Esto implica políticas de una gestión sostenible del suelo, de una diversificación productiva, de ajustar los calendarios de siembra, la utilización de ciertos tipos de semillas que se sabe que son más resistentes a estas condiciones de sequía y de desertificación”, explica el experto a Mongabay Latam.

Esta correlación entre la desertificación y la sequía con los alimentos también ocurre en zonas donde puede haber o no actividades ganaderas y agrícolas a gran escala, de acuerdo con Quintanilla.

“Va impactando a zonas de bosque donde no hay actividad agrícola ni ganadera pero hay mucha vida silvestre y donde hay territorios donde sus medios de vida dependen de los frutos que pueden sacar del bosque, de los ríos. Esto impacta directamente la economía de estas familias que dependen de la producción y de la venta de productos del bosque”, advierte.

Alencar agrega que estos impactos en la seguridad alimentaria de la población ya se viven también en comunidades amazónicas.

“Cuando hay una sequía muy fuerte con altas temperaturas, los ríos bajan mucho y hay un impacto muy importante en la calidad del agua. Por ejemplo, la acidez. Los pescados se mueren porque están calientes, tienen menos agua”, sostiene la directiva del IPAM y añade los impactos en cadena que se generan contra las comunidades.

Sostiene que las sequías en las comunidades amazónicas rurales provocan una baja en el caudal de los ríos, por lo que no se puede acceder a los centros para la compra de alimentos, ya que se movilizan en embarcaciones.

“Es un impacto muy grande por la pérdida de miles de pescados. La población se queda sin esa importante fuente de proteína. No se puede beber agua, no se pueden bañar. Hay una escasez de agua para la salud humana”, afirma.

COP17 un escenario para plantear alternativas y financiarlas

La COP17 buscará soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Los especialistas consideran que los países latinoamericanos llegan con retos en la prevención y financiamiento para la resiliencia de las comunidades afectadas.

Para el caso de la Amazonía y el Chaco, Quintanilla considera que los países involucrados deben mirar a los bosques como un aliado para lograr la adaptación a la crisis climática.

“Es importante el compromiso de la reducción de la deforestación, me parece que sigue siendo un pilar importante la lucha contra los incendios. Los países de estas dos grandes regiones sostienen una agricultura importante para la humanidad. Hay que mirar los suelos como un área de protección y trabajar mucho más también con la investigación”, considera la experta.

En tanto, Salgado afirma que tanto el Corredor Seco Centroamericano como la Amazonía llegan con suficiente evidencia de que son regiones altamente expuestas y vulnerables a estas condiciones de sequía y de desertificación, por lo que se deben buscar mecanismos de gobernanza, sistemas de alerta y de rendición de cuentas.

“El conocimiento del riesgo puede brindar mucha información. Si los países cuentan con estimaciones robustas de lo que puede llegar a ocurrir, esas cuantificaciones permiten no solamente el diseño de planes más concretos, sino una correcta estimación de los recursos que se necesitan”, afirma.

Salgado advierte que precisamente abordar el financiamiento durante la próxima COP17 será uno de los retos, pues considera que debe haber una conexión con los presupuestos de dónde saldrá el dinero, o de lo contrario, pueden terminar en “listados de buenas intenciones”.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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