“Son pedófilos”, dijo el intento de presidente. “Alejen a las drag queens de los niños”, gritaron en Estados Unidos. “La bandera de seis colores representa perversión”, repiten en Rusia. “La transexualidad es un trastorno mental”, aseguran en Perú.

¿Y la realidad cuál es?

La primera vez que puse un pie en los Bosques de Palermo comencé a conocer historias. No eran las mías. Eran historias desgarradoras, de esas que la gente ama escuchar. De esas que hacen que nos miren con lástima. El trabajo en la calle era -y sigue siendo- una forma de hacernos saber que valemos menos. Que ese lugar no molesta. Que ahí no estorbamos. Que ahí no le importamos a nadie.

Empecé a conocer historias. Entre ellas, las de mis amigas. Amigas de veinte años que ya estaban paradas en esos bosques oscuros desde hacía más de seis. Conocí a Corazón, una chica trans de trece años. Conocí a Diane, que mostraba orgullosa las fotos de su fiesta de quince, que se pudo pagar ella sola trabajando ahí. Un mundo miserable que conocí de golpe. El verdadero lado del mundo. Y ahí, en ese lugar, en esa realidad… ¿Quién reclamaba por lo que tanto se nombra?

Nos fascinamos cuando aparecen nombres famosos en las listas de Epstein. Nos indignamos. Compartimos titulares. Jugamos a detectives morales por redes. Pero… ¿qué pasa con los nombres que no están en ninguna lista? ¿Qué pasa con el abuso cotidiano? Con el abuso normalizado. Con el abuso que no escandaliza porque las víctimas somos nosotras. Porque cuando sos trava, parece que no importa. Parece que el abuso viene incluido. Que la violencia es parte del paquete. Que nos la merecemos.

Ayer leí en redes que en Estados Unidos, Eva Cordero, una travesti que trabajaba como modelo, ya había denunciado a Epstein en 2007. Tenía dieciséis años. Relató abusos. Relató violaciones. Pero nadie le creyó. Los titulares se burlaban. La ridiculizaban. El New York Post la nombraba como “un hombre”, quitándole toda humanidad, toda credibilidad, toda seriedad.

Otra vez: el sistema defendiendo al poderoso y aplastando a la víctima.

Y entonces miro para atrás, a mi propio país. Y pienso: ¿y el caso Candelmo? ¿O acaso no estuvo preso el pedófilo que la abusó? Pero los medios -como siempre- hicieron de ella una caricatura. De él, un “acá no pasó nada”. Un pobre tipo. Un error. Un malentendido. Siempre lo mismo.

Así como con los políticos que viven del Estado hace cuarenta años y la gente los vuelve a votar, hay abusadores que, pase lo que pase, vuelven a ser elegidos. Vuelven a la tele. Vuelven al poder. Vuelven al escenario. Vuelven a la fama. No hay prueba que alcance.

Un pedófilo puede volver a tener su programa de televisión como si nada. Puede volver a ser respetado. Puede volver a ser invitado. Puede volver a ser aplaudido. Porque el mundo ya es así. Miramos para otro lado. Siempre.

Miramos para otro lado cuando una nena desaparece. Cuando una trava denuncia. Cuando una víctima habla. Cuando alguien rompe el silencio. Miramos para otro lado porque duele mirar de frente. Porque incomoda. Porque obliga a revisar nuestras propias miserias.

Ahora, los que no miran para otro lado son los que intentan desviar la atención. Proyectar en el resto. Acusar para no mirarse.

Hace unos días se casó por iglesia un matrimonio trans. No pasaron ni dos horas. Dos. Y la gente -gente de mierda- empezó a poner el grito en el cielo. Ese cielo lleno de pervertidos absueltos de sus peores pecados. “Anulen ese matrimonio”, dijeron.

Jamás levantaron la voz tan rápido. No lo hicieron con el padre Grassi. No lo hicieron con los miles y miles de curas abusadores que van moviendo de pueblo en pueblo, regalándoles nuevas víctimas. No lo hicieron con las denuncias. No lo hicieron con las pruebas. No lo hicieron con los testimonios. No lo hicieron nunca.

Tampoco lo hicieron cuando Mónica Cremona, la monja que ayudó a tantas trans a vivir mejor, a tener un techo, un plato de comida, un refugio, fue expulsada injustamente de la Iglesia.

Ahí, silencio.

Pero ahora sí. Ahora se escandalizan. Por dos personas que se aman. Porque la gente es rancia. Inculta. Ignorante. Cruel.

Fue en 1960 cuando Coccinelle fue rebautizada por la Iglesia Católica de Francia con su nombre de mujer y pudo casarse frente a miles de personas. Sesenta años después, seguimos discutiendo lo mismo.

¿Qué les molesta tanto? ¿La unión de dos personas que se quieren? ¿O defender el “sagrado matrimonio” ¿Matrimonio? ¿Cuántas manos con anillos de oro en los dedos sacaron billetes de sus bolsillos para comprar cuerpos? ¿Cuántos “señores respetables” pagaron por abusos clasistas disfrazados de “servicio”? ¿Cuántos maridos ejemplares fueron clientes de prostíbulos? ¿Cuántos se persignan frente a un cura y después terminan de rodillas en un piso sucio?

Hipócritas. Juran fidelidad. Juran valores. Juran familia. Juran moral. Y viven mintiendo.

¿Cuántos de esos “grandes señores” tendrán perfiles en foros clandestinos como escorts-xp donde se avisan entre ellos dónde hay menores, dónde hay mujeres que cobren poco y “hagan mucho”, dónde hay cuerpos vulnerables disponibles, hasta donde hay animales para practicar su zoofilia?

Porque eso existe. No es teoría. No es exageración. Es público. Es obsceno. Lo puede leer cualquiera. Y nadie parece escandalizarse lo suficiente.

Ver el mundo desde mi vereda es distinto. Ver el mundo como lo vemos las travestis es aberrante, pero es sincero. Nosotras sabemos lo que es el odio sin haberlo provocado. La ilegalidad sin haberla elegido. La marginalidad sin haberla pedido. Sabemos lo que es el abuso. Sabemos lo que es la impunidad.

Escucho que el país se paraliza por una reforma laboral y me pregunto, honestamente, qué se sentirá tener un trabajo registrado. Qué se sentirá tener aportes. Vacaciones. Aguinaldo. Derechos.

A muchas de nosotras jamás nos contrataron en ningún lado. Jamás mi currículum fue suficiente. Jamás mi talento artístico llenó una heladera o pagó las cuentas.

¿De qué reforma hablan? Si mi único patrón fue el billete. Ese que había que conseguir como fuera. Ese que no preguntaba edad, ni dignidad, ni miedo. En este mundo tan injusto me sorprende la indignación selectiva. Lo que sí escandaliza. Lo que no.

Pienso en los relatos de mi amiga Ana Lupez. En el libro que hicimos juntas. En cada abuso que sufrió de chica. En las violaciones en la cárcel de Devoto cuando era menor de edad. Menor.

Y después estoy yo -la pesada de siempre- tocando puertas de diputados, de legisladores, buscando al menos un reconocimiento. Una reparación histórica para Ana y sus amigas. Un gesto. Pero cuando no hay campaña electoral, se nota. Y mucho. No conseguí nada. Ni una mención. Ni una audiencia seria. Ni una intención real de reparar.

Porque acá, si no sos funcional, no existís. Si no servís para la foto, no importás. Si no das votos, no valés.

A veces me pregunto para qué sirve seguir quejándose. Si la batalla ya está perdida. Si la única respuesta posible es la rebeldía, la barbarie, las guillotinas simbólicas, las horcas imaginarias en Plaza de Mayo.

Pero no. La sociedad está demasiado ocupada haciendo memes. Peleando con trolls. Comentando pavadas. Discutiendo sobre pendejos con máscaras de perro. Arruinando “Guantanamera”, el himno sentimental del pueblo cubano, transformándolo en un canto de cancha sin respeto, sin memoria, sin historia. “Alta coimera”. Esa es la guerra de hoy: un meme, un canto, una burla, una payasada detrás de otra. Mientras desde arriba se nos cagan de risa.

Vivimos en un país sin seriedad, donde el poder nos viola todos los días y después nos pide paciencia.

Entonces, ¿qué nos queda? Resguardarnos como podamos. Cuidarnos entre nosotras. Resguardar a los pibes. Alejarlos del hambre. Alejarlos del abuso. Alejarlos de los poderosos y de los no tanto. Porque los pedófilos están en todos lados. Con denuncias. Con causas. Con expedientes. Tomando sol en Punta del Este o escondidos en una casilla del barrio más precario. Impunidad para todos. Justicia para nadie.

Pienso en la ESI. Esa gran herramienta que intentan destruir. Claro. ¿Qué abusador va a querer que los chicos sepan nombrar lo que les pasa? ¿Qué pedófilo va a querer que lo descubran?

Pienso en lo que dije al principio. En esas palabras que repiten como un mantra: pedófilos, perversos, enfermos, desviados. Y me pregunto: ¿Quiénes son realmente los pedófilos? ¿Quiénes son los que deberían alejarse de los niños? ¿Quiénes son los pervertidos? ¿Quiénes son los del “trastorno mental”?

Mientras escribo esto y me despido de esta columna, pienso en el futuro. En uno incierto. En valijas. En huidas. En maniobras que vuelven. En empezar de nuevo. En lo que a muchas personas les toca ahora y a nosotras, las travestis, nos tocó siempre.

Migrar. Sobrevivir. Rearmarnos. Inventarnos otra vez.

No escribí para gustar.

No escribí para agradar.

No escribí para ser correcta.

Escribí para no callarme.

Para dejar constancia.

Para que después nadie diga “no sabíamos”.

Sabían.

Siempre supieron.

Y eligieron mirar para otro lado.

Alrededor de 117 allanamientos se realizaron en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI” por grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil. Los procedimientos concluyeron con varios detenidos, así como también con menores rescatados y varios elementos secuestrados.

El pasado martes 2 de diciembre la Policía concretó, en la sexta operación de esta índole, más de una centena de operativos en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Fiscalía N°8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, se llevaron adelante 15 allanamientos en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui que finalizaron con tres aprehensiones y gran cantidad de elementos secuestrados entre ellos celulares, memorias sd y notebook.

Uno de los objetivos fue la Cárcel de Magdalena donde se requisó la celda de un agresor sexual que compartía material de violencia sexual infantil. Se determinó que el acusado estaba preso por el delito de abuso sexual. Por otro lado, se detuvo a una persona, de 60 años, que traficó gran cantidad de material de abuso de niños.

“Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino”, destacaron.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los otros operativos se llevaron a cabo en Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se logró un total de 112 personas investigadas, de los cuales 103 son hombres y nueve mujeres. A su vez, se comprobó que en la lista hay menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario, osciló entre los 13 años y los 62.

Respecto de los involucrados, “se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a las fuerzas de seguridad”.

Dentro de los domicilios allanados, entre los que se incluyen tres unidades carcelarias, se identificaron 40 menores que convivían con los acusados.

Otro punto expuesto tras los procedimientos es que se utilizó la Inteligencia Artificial para la creación de contenido de material de abuso sexual infantil (MASI).

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego. A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales incautados.

La red de fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la sexta edición de la Operación Protección de Infancias, está conformada por: María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Néstor Rodrigo Martínez Wakun y Vanesa Scanzani, Vanesa González y Fernando Dapiaggi, María Lorena González y Matías Margonari (Lomas de Zamora cabecera, Esteban Echeverría y Ezeiza respectivamente).

Además, la conforman: Graciela Trill (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Marisa Monti y Claudio Oviedo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Daniel Ichazo y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto y Julio Carretto (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

Asimismo, participaron efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Comisario Raúl Oscar Líbano; División Delitos Informáticos de Azul, Marcos Paz, San Nicolás y Trenque Lauquen.

También, Sub DDIs de Tandil y Olavarría, División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; Regiones AMBA Norte y AMBA Sur, Capital, Sedes Chivilcoy y Luján de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Bahía Blanca, Campana, Junín, Mar del Plata y Necochea.

Con información de NA.

El exdiputado del partido Activar Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió años 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Tras tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones.

Según detalló la Fiscalía durante la audiencia de este miércoles, el ordenador hallado en la residencia de Sebastián y en el que se encontraron casi 600 archivos de material de abuso infantil de niños y adolescentes, pertenecía a Germán y contenía su documentación personal.

El ordenador fue descripto por los fiscales como “el centro del asunto”, en alusión a su relevancia en materia probatoria.

Los hermanos, quienes al formularse la acusación en su contra en agosto de 2022 se dieron a la fuga y fueron recapturados seis días después en la provincia de Corrientes, permanecían detenidos en prisión preventiva en la Unidad Penal VIII, de la localidad de Cerro Azul, ubicada al suroeste de la provincia.

Las investigaciones surgieron a raíz de la operación 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a comienzos del año pasado la Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras denuncias de ONGs internacionales como Child Rescue Coalition (CRC) y The International Centre for Missing and Exploited Children (Icmec), que derivaron en registros en domicilios de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán.

Entre otras cosas, la Fiscalía se apoyó en la magnitud del operativo internacional para desestimar el argumento de “persecución política” expuesto por la defensa del exdiputado.

Germán Kiczka era entonces diputado por la provincia de Misiones como integrante de Activar, una fuerza política cercana a la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio y al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

En septiembre de 2024, Kiczka fue expulsado de la Cámara de Diputados provincial por el voto unánime de 38 legisladores. 

MM

El juicio contra el exdiputado de Misiones, Germán Kiczka, y su hermano Sebastián, ambos acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, comenzó este lunes en el Tribunal Penal 1 de la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones.

Durante la primera audiencia, el Tribunal compuesto por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya se dedicó a repasar la metodología del proceso jurídico y a leer las acusaciones en contra de Germán y Sebastián Kiczka.

En la acusación, se repasaron los materiales de pedofilia, zoofilia e incesto encontrados en dispositivos electrónicos secuestrados a los acusados y se leyeron conversaciones de mensajería instantánea en la que los hermanos hacían alusiones directas a prácticas sexuales con menores.

El proceso se extenderá durante doce jornadas, de las cuales solo serán públicas la de este lunes y la audiencia de lectura de la sentencia, debido a la gravedad del delito que se le imputa a los hermanos y la sensibilidad del material probatorio.

El exdiputado Kiczka está representado por el abogado Gonzalo de Paula. Su hermano, sin embargo, reemplazó a este letrado por Eduardo Paredes a medida que avanzaron las investigaciones previas.

Ambos están imputados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, delito por el que podrían enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión. A Sebastián Kiczka se le imputa además el delito de abuso sexual.

Los hermanos, quienes al formularse la acusación en su contra en agosto de 2022 se dieron a la fuga y fueron recapturados seis días después en la provincia de Corrientes, se encuentran detenidos en prisión preventiva en la Unidad Penal VIII, de la localidad de Cerro Azul, ubicada al suroeste de la provincia.

Las investigaciones surgieron a raíz de la operación 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a principios de marzo pasado la Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, tras una denuncia de la ONG The International Centre for Missing and Exploited Children (Icmec), con sede en Estados Unidos, que derivó en registros en domicilios de la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán.

Germán Kiczka era entonces diputado por la provincia de Misiones como integrante de Activar, una fuerza política cercana a la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio y al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

En septiembre de 2024, Kiczka fue expulsado de la Cámara de Diputados provincial por el voto unánime de 38 legisladores. 

MM con información de la agencia EFE.

El diputado misionero acusado de pedofilia Germán Kiczka negó hoy haberse fugado de la Justicia y afirmó que la computadora donde hallaron material de abuso sexual infantil no era suya.

El legislador declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, y no respondió las preguntas del magistrado.

Kiczka llegó esta mañana en una camioneta del Servicio Penitenciario Provincial hasta la calle Lanusse e ingresó, entre risas, para prestar declaración ante Faria que investiga el caso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Según indicó el portal Misiones Online, el diputado estuvo más de tres horas en el Juzgado, decidió hablar y expresó que la netbook pertenece a su hermano Sebastián, quien también se encuentra detenido por el mismo delito.

“Negó que sea suya la computadora secuestrada en la casa del padre, durante el allanamiento del mes de febrero”, explicó una alta fuente consultada al medio mencionado anteriormente.

Al mismo tiempo, el sospechoso negó haberse fugado y señaló: “Estaba en un retiro espiritual para escapar del asedio de los medios”.

En este sentido, “rechazó” y “desconoció” ciertas pruebas que tiene la investigación en su contra.

Además, durante esta jornada la Legislatura provincial tratará la expulsión del diputado del partido Activar luego de una comisión investigadora haya analizado la causa judicial y eleve un informe en el que disponen expulsarlo por “su mala conducta, su inhabilidad moral, la magnitud y la gravedad de sus acciones”.

Pagaron la recompensa a la vecina correntina que reveló el paradero de Kizcka

Por otra parte, el Gobierno de Misiones le pagó la recompensa de $5 millones a la vecina de Corrientes que reveló el paradero del diputado Kizcka tras permanecer prófugo de la Justicia en la causa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de dicha provincia, anunció en sus redes sociales que este miércoles se “abonó la recompensa dispuesta por Hugo Passalacqua a la señora Julia Muñoz, quien indicó el paradero del diputado Kizcka”.

Fue a fines de agosto cuando el gobernador Passalacqua anunció que quien aportara información sobre el paradero del prófugo por el delito de pedofilia iba a recibir una recompensa de $5 millones.

A dos semanas de la captura del diputado, este miércoles se confirmó que la mujer recibió el monto total de la gratificación.

CRM con información de la agencia NA

Apóstoles es un lugar tranquilo. En agosto florecen las azaleas y en las veredas de las plazas y bulevares se forman alfombras carmesí. Los lapachos pintan horizontes fucsia y un perfume dulzón invade el aire. La llaman la Ciudad de las Flores. Es un mes especial, también, porque todos los 27 se recuerda el día de 1897 en que llegaron los primeros inmigrantes ucranianos y polacos y refundaron el pueblo tras la etapa jesuítico-guaraní del siglo XVII. En la madrugada del último jueves 29, la reaparición de un descendiente de aquellos polacos rompió el plácido clima de agosto.

—¡Basta de persecución política! —alcanzó a gritar el ex diputado Germán Kiczka mientaras lo subían al vehículo judicial. Esposado y con un casco en la cabeza, acababa de llegar a Apóstoles cuando un enjambre de movileros lo interceptó fugazmente.

El legislador apostoleño de 44 años fue trasladado y alojado en la comisaría Seccional Segunda. Llevaba seis días prófugo de la Justicia.

—¡Esta es la foto que querían! —gruñó con una sonrisa resentida, escoltado por tres gendarmes armados.

Unas horas atrás, gracias al testimonio de Julia, una vecina de más de setenta años de la pequeña localidad correntina de Loreto, Germán Kiczka fue encontrado por la Policía de Corrientes en el camping municipal del pueblo. Tenía un celular sin chip y cien mil pesos en efectivo. Con él ya no estaba su hermano Sebastián, a quien la policía de Misiones encontraría veinticuatro horas después en un paraje rural a 40 kilómetros de Apóstoles.

La causa se desprende del procedimiento iniciado por la fiscal porteña Daniela Dupuy, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI). Se hizo en el marco de una causa internacional llamada “Guardianes Digitales de la Niñez”, que investiga la existencia de una red de pedofilia a partir de la denuncia de ICMEC (Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados) con sede central en Estados Unidos. 

La comisaría donde se aloja Kiczka tiene dos celdas para detenidos. Había, al momento de ingresarlo, unas diez personas distribuidas en ambas. Con la llegada del diputado prófugo, los diez fueron unificados en una sola celda. Kiczka debe permanecer incomunicado.

Caminar en estos días de agosto por ciertos rincones de Apóstoles, entre las azaleas y los lapachos, es un espectáculo formidable. Es una ciudad pequeña, pacífica y próspera. Pero desde hace semanas, aparece en los medios de comunicación asociada a una trama de pedofilia que involucra al diputado libertario y cuyas ramificaciones alcanzan insospechadas conexiones con la delincuencia y el pasado oscuro del pueblo.

Conmoción

Apóstoles amaneció agitada por la noticia. En las calles y los lugares de trabajo, no se habla de otra cosa. La conmoción es total. Los trabajadores de prensa de medios nacionales, que en algunos casos se encuentran en la ciudad desde hace varios días, montan guardia en adyacencias de la comisaría a la espera de movimientos y novedades, entremezclados con reporteros locales y curiosos a granel. Los productores televisivos, acelerados y ávidos de primicias, preguntan a los lugareños por las locaciones que demarcan la cartografía básica del “caso Kiczka”. 

En Apóstoles, donde viven casi 35 mil personas, la población autóctona suele referirse al “pueblo” para indicar todo aquel espacio ubicable dentro de la urbanidad del municipio. Al resto del territorio —los confines rurales donde los yerbales se entreveran con las pequeñas chacras productivas— se lo señala como “colonia”. El pueblo y la colonia. Los dos grandes ordenadores geográficos que tiene no solo Apóstoles, sino prácticamente todas las localidades misioneras, de acuerdo a los usos y costumbres del habla regional. 

Dentro del pueblo, los puntos que conectan de algún modo esta ramificación de la causa judicial que involucra a los Kiczka son varios. 

En primer lugar, la vivienda familiar en el barrio Illia, un vecindario de clase media a pocas cuadras del casco céntrico. En esta casa, allanada el pasado 6 de agosto, vive Leonardo Kiczka —el padre de Germán— junto a su esposa y dos de sus hijos, Sebastián y Agustín. Allí encontraron dispositivos que contenían fotos y videos de abuso sexual infantil. Esto derivó en la orden de detención de los hermanos Kiczka, bajo la acusación de delitos “de publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas”. Tras conocerse la huida de los hermanos ante la orden de detención, sobre una de las calles de acceso al barrio Illia, apareció un pasacalle: “Alerta con la mafia de la pedofilia”.

“Pueblo cristiano le da de comer a pedófilo”. Otro pasacalle, similar en su rústica caligrafía, apareció en la esquina céntrica de Belgrano al 600, a la altura de Pizza Leo Club, el local de Leonardo, también involucrado en la investigación judicial en curso. 

A la vuelta, en Pellegrini al 300, el inmueble donde funcionaba Estudio 55 Dance & Night Club, el pub inaugurado en 2012 que regenteaba Sebastián Kiczka. Ya no funcionaba oficialmente como tal, pero en la madrugada del 29 de julio de este año, la Justicia clausuró la casona luego de constatar la presencia de 24 menores de edad en una fiesta privada con venta de alcohol.

—Estudio 55 fue un lugar innovador para un pueblo como este, que es más bien conservador. Sebastián (Kiczka) era el dueño y el que craneaba las temáticas de las fiestas que se hacían. No se pasaba cumbia, había un baño mixto y la presencia de menores estaba completamente naturalizada —recuerda un ex habitué de aquellas fiestas, que prefiere resguardar su identidad.

En el centro del pueblo, Social Club. Sobre la calle Alvear, un bar coqueto perteneciente a Pedro y Lucio, los hijos del ex Presidente de la Nación, ex gobernador de Misiones y ex embajador en España: el empresario yerbatero Ramón Puerta. Amigo y socio político de Germán Kiczka, Pedro Puerta lleva adelante la radio y el canal de streaming donde surgió el polémico video que recorre las redes y medios por estas horas, en el que se observa a “Pedrito” Puerta, a Germán Kiczka y al joven dirigente puertista Gastón Caballero hablando jocosamente acerca de un “estimulante erótico que se le pone al mate” (Puerta dixit) para “conquistar guainas o gurises”.

El abuelo nazi

Todos los domingos, en la parroquia Santísima Trinidad se realiza la Divina Liturgia de Rito Bizantino-Ucraniano, única liturgia en idioma ucraniano que se celebra en Argentina. Esta capilla se encuentra ubicada sobre una calle que lleva el nombre de la mayor figura literaria ucraniana, el poeta Tarás Shevchenko, que también es homenajeado con una estatua a pocos metros del Museo y Centro Cultural Ucrania.

Apóstoles es el punto con mayor presencia de descendientes de inmigrantes ucranianos en Argentina. A través de la gastronomía, la música y la preservación de otras tradiciones, la colectividad ucraniana busca mantener viva su cultura en una sociedad atravesada por una fuerte injerencia cristiana, que reconoce en los inmigrantes europeos su mayor huella identitaria. 

—Acá, lo primero que hace una pareja que se está por casar, antes que alquilar el salón, antes que mandar a hacer los anillos, antes que pedir turno en el Registro, es contratar para la fiesta a Los 4 Ases —explica un vecino.

Se refiere al grupo musical que encabeza, hace ya medio siglo, el acordeonista y nieto de inmigrantes ucranianos, “Rulo” Grabovieski. Cultores de ritmos como la kolomeika, el vals y el schotis, Los 4 Ases son una auténtica leyenda de la música ucraniana en Misiones y, junto al Ballet Ucraniano Vesná, un reservorio cultural de esa corriente migratoria.

La otra oleada inmigratoria que tuvo Apóstoles, a principios del siglo XX, fue la polaca. Y es allí donde pueden rastrearse los orígenes de los Kiczka. Edmundo, abuelo paterno de Germán y de Sebastián, nació en Polonia en los años veinte, pero se radicó en Alemania (padre polaco, madre alemana). Tenía 16 años y ya integraba las Juventudes Hitlerianas cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia en 1939 y estalló la Segunda Guerra Mundial.

—Mi padre fue militar, soldado, y fue al frente a pelear como voluntario con 16 años, siendo el paracaidista más joven. Había familiares en los dos bandos. Paradójicamente, nuestro abuelo paterno, que también era polaco, peleó para el otro bando —cuenta Elisabeth Kiczka, la hija menor del segundo matrimonio de Edmundo—. Mi padre recién se entera que nuestro abuelo había sido fusilado por los rusos en el año 2000. Lo supimos cuando dimos con una lista de fallecidos. Mi papá nos decía que no sabía nada de los campos de exterminio del régimen nazi. 

Mi vida, juguete del destino es el nombre de la autobiografía que publicó Edmundo en 2009 a través de la editorial Unión Cultural. El libro reflota recuerdos del combate y de su participación en el ejército nazi. Terminada la guerra, Edmundo migró a Argentina y se instaló en Posadas, capital misionera, donde trabajó como empleado municipal. Falleció en 2014.

Las manos en la masa

Un cliente de Leo Pizza Club, cercano a Leonardo Kiczka, se deshace en elogios cuando habla de las virtudes culinarias del padre de Germán y Sebastián:

—De él pueden decir que siempre negreó a sus empleados, que es pesado y que, en muchas cosas, fracasó. Pero nadie puede negar que hace la pizza más rica de la provincia y no sé si de todo el nordeste argentino, mirá lo que te digo.

El 28 de febrero se realizaron ocho allanamientos vinculados a la investigación judicial internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”. Uno de ellos, el único en Misiones, fue en el domicilio a nombre de Leonardo Kiczka, en el barrio Illia. Más adelante, también se allanaría Leo Pizza Club. Nunca existió, sin embargo, una orden de detención para Leonardo. Hasta el momento, ninguna de las pruebas surgidas incriminan al padre del diputado.

—Además de ser un viejo militante del radicalismo, Leonardo siempre estuvo vinculado a la gastronomía. Buscaba la forma de generar negocios, de hacer plata con su conocimiento. Y en eso siempre involucró a su hijo Germán, que era el más ducho para la gestión comercial.

En 2007, padre e hijo se embarcaron en un emprendimiento gastronómico que consistía en abastecer con viandas a empresas de transporte de media distancia —entre ellas Río Uruguay y Vía Bariloche—. Los Kiczka contaban con un vínculo en Neuquén que involucraba a tres personas que preparaban esa comida. Cuando el negocio terminó, lo denunciaron a Germán por una deuda.

Fuentes reservadas de la Legislatura Provincial le revelaron a Anfibia que “en mayo de 2022 ingresó a la Cámara de Diputados un pedido del Juzgado Laboral N° 1 de Neuquén, solicitando un descuento de hasta 20% de los ingresos mensuales” de la dieta de Kiczka. Era por la sentencia a favor de los tres ex empleados: la Justicia había determinado que los Kiczka los habían despedido violando las leyes laborales.

Puerta abierta

El puertismo lo relegó como dirigente del partido local Activar. Luego fue bendecido por figuras nacionales como Patricia Bullrich y Miguel Pichetto. Así llegó Germán Kiczka a su banca en la Legislatura misionera, luego de presentarse en las legislativas de 2021 con el radical Ariel “Pepe” Pianesi y la referente del PRO Mikaela González Coria, encabezando la lista de Juntos por el Cambio.

El vínculo de Germán con el universo Puerta es previo. Sobre la calle Alvear, lindante a una propiedad de Ramón Puerta, funciona el local de Cigarros Misioneros S.A., una de las empresas del ex gobernador. Como la crisis de 2001 hizo que los puros importados se volvieran inaccesibles, la compañía, nació en 2003 con la idea de producir con tabaco misionero “puros nacionales de calidad internacional”. Es la única empresa que elabora y comercializa cigarros.

—Aunque hoy los Puerta se quieran desligar o minimizar el vínculo, Germán Kiczka era, hasta hace unos meses, el CEO de Cigarros Misioneros —cuenta un comerciante y proveedor apostoleño—. Él mismo se presentaba como responsable. En Apóstoles lo sabe todo el mundo, está en todos los papeles. 

El vínculo de los Kiczka y los Puerta remite, además, a un contexto familiar. Ernesto “Cururú” Snihur, el tío de Germán y Sebastián (hermano de su madre, María Luisa “Chitita” Snihur), era uno de los testaferros y hombres de mayor confianza de Ramón Puerta.

—Cururú era un personaje total en este pueblo. La mayoría de la gente lo tenía como un empresario exitoso y en cierta forma lo era, aunque básicamente manejaba cosas de Puerta. Y tenía lógicamente ese halo de poder que en los pueblos chicos suelen tener quienes de alguna forma pertenecen a un círculo de poder. Al ser cuñado de Leonardo, Cururú influyó de manera determinante para que Germán, que además se llevaba bien con Pedrito, se fuera metiendo en política. Él fue el nexo que unió a los Kiczka, radicales, con una figura del peronismo conservador y menemista como Ramón Puerta —cuenta un ex empleado de Ramón Puerta.

Lazos libertarios

—No, Ramón. Pedrito no puede ir de candidato a gobernador. Tiene que ir como diputado. Ahí en la legislatura tienen que dar la batalla contra Rovira, con Kiczka y los demás. Haceme caso.

Cruzado de piernas, con un vaso de whisky escocés en la mano, Miguel Pichetto convencía a su amigo Ramón Puerta sobre cuál debía serla estrategia para el partido Activar —fundado por Pedro Puerta y Germán Kiczka— de cara a las elecciones del 7 de mayo. Además de elegir gobernador, el pueblo misionero votaba la renovación de la mitad de sus diputados provinciales. 

Ramón hizo caso. Su hijo Pedro obtuvo los votos suficientes y asumió su banca el 10 de diciembre de 2023. Una vez iniciado el periodo de sesiones del 2024, la sociedad legislativa Puerta-Kiczka se materializó dentro de la Cámara de Representantes, con la firma de varios proyectos conjuntos y una táctica consistente: extremar la polarización con el gobierno provincial de Misiones (Frente Renovador de la Concordia) y alinearse con el “proyecto liberal” de Javier Milei. 

—Ramón, ahora que está este loco vamos a tirarle un diputado. La piba ésta puede ser.

Otra vez, Pichetto aconsejaba al Puerta mayor. Esta vez en relación al nuevo escenario en el Congreso de la Nación. La “piba” es Florencia Klipauka, diputada nacional por Misiones. Ingresó en 2022 por Activar y se integró al bloque de Pichetto, Hacemos Coalición Federal. En marzo de 2024 se pasó a La Libertad Avanza. 

Apenas unos días antes de fugarse, Germán Kiczka viajó a Casa Rosada con Florencia Klipauka y Pedro Puerta. Se reunieron con el secretario de Prensa del Gobierno, Eduardo Serenellini, para fortalecer los lazos libertarios con Misiones. La foto de ese encuentro circula por estas horas en las que todo el mundo desconoce o minimiza su cercanía con Kiczka, convertido, de golpe, en un verdadero paria político.

Gambito de Dama

El escándalo en torno al caso judicial, la fuga y la posterior detención de los hermanos Kiczka absorbió por completo la agenda mediática. Misiones fue noticia nacional otra vez, como lo fue en mayo, cuando escaló la rebelión policial. Pero vale la pena retroceder algunos días para ver otro escándalo provincial que no llegó a los medios nacionales, pero que ayuda a explicar algunos cabos sueltos de este caso. 

A principios de agosto, los diputados provinciales del PRO, Miguel Nuñez y Horacio Loreiro, dieron a conocer la respuesta a un pedido de informes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sobre ciertas características del bioherbicida que desde el año pasado el gobierno de Misiones entrega gratuitamente a los productores misioneros en el marco de una campaña de reemplazo al glifosato.

La respuesta de un funcionario de SENASA abrió dudas sobre la efectividad del producto, elaborado por la empresa Agro Sustentable S.A., y su capacidad real de reemplazar al glifosato. El PRO decidió presentar el caso en el Congreso de la Nación y la Justicia, para darle un golpe a Rovira y al gobierno provincial misionero. El 19 de agosto los diputados presentaron una denuncia penal.

Martín Boerr, editor del sitio misionero Plan B, sigue de cerca el tema y escribió: “Hacía apenas unas horas, otro escándalo crecía y salpicaba a Rovira como pocas veces en estos últimos 20 años. Se hicieron públicos vínculos comerciales de su hijo Ramiro con el dueño de la empresa Agro Sustentable. Envalentonados, los diputados Miguel Nuñez y Horacio Loreiro, del PRO, hicieron pública el lunes una denuncia que el propio Nuñez había presentado días antes en los tribunales federales de Comodoro Py. Solicitaban que se investiguen los recursos que el Estado misionero generosamente vuelca en esa firma cuestionada, la gran beneficiada de la Ley de prohibición del glifosato. (…) No imaginaban que apenas 72 horas después iban a estar en el recinto de la Legislatura, asistiendo al desafuero de un aliado como Kiczka, incluyendo el despliegue de una actitud sin cortapisas ni misericordia para despegarse de su otrora amigo. Enterrando cualquier estrategia de escalar políticamente lo de Agro Sustentable”. 

¿Qué pasó entre el lunes y el jueves, que estaba todo dado para que estallara la bomba contra Rovira? Responde Boerr: “Pasó que el juez Miguel Angel Faría, acaso permeable a los vientos políticos, decidió con los mismos elementos que tenía desde febrero (el hallazgo de los 603 archivos y el programa Emule p2p para compartir material indecente), que lo de Kiczka era para desaforarlo y detenerlo, lisa y llanamente”.

Algunos observan, en el devenir de los hechos, la mano no tan invisible de la política. 

—En este ajedrez que es la política, hay algunos más hábiles que otros. Algunos son Kasparov o Gambito de Dama, otros corren en crocs. Acá se logró correr del eje una denuncia que podía hacerle mucho daño al gobierno provincial y a Rovira y, a la vez, herir profundo a la oposición misionera en la Legislatura. Más allá de que los delitos puedan existir, y eso lo probará la Justicia, acá los tiempos estuvieron influenciados por los vínculos entre poderes del Estado —dice un dirigente que prefiere reservar su identidad.

Mientras toda la provincia seguía la búsqueda de Sebastián Kiczka a través de los medios y las redes, en la tarde del jueves 29 de agosto la Legislatura Provincial comenzaba a sesionar. Hubo tres diputados ausentes: Pedro Puerta, Germán Kiczka y Horacio Loreiro.

Final abierto

—Sebastián siempre fue el loco de esta familia. Aunque es bastante mayor que Germán, siempre daba la impresión de que él era el hermano menor. Lo recuerdo en la secundaria, con el pelo largo, muy fanático de los Doors, imitando a Morrison y metiéndose en líos constantemente —cuenta J.F., ex compañero de Sebastián Kiczka en el Colegio Cristo Rey—. Tuvo varios problemas por su forma de ser, pero nunca me hubiese imaginado algo tan grave como esto de lo que se lo acusa.

Mientras se termina de escribir esta crónica —con los Kiczka detenidos y a espera de la indagatoria judicial— el pueblo apostoleño, todavía incapaz de sopesar el alcance de la huella psicosocial de todo esta trama, se mantiene expectante y reclama justicia sin grandes movilizaciones ni estridencias.

—Me da mucha tristeza esto que está pasando. Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestras criaturas. El diablo está en todos lados. Pero Dios no nos va abandonar —dice doña Claudina, con el rosario en la mano en la explanada de la iglesia San Pedro y San Pablo, donde un grupo de fieles organizó una misa especial “para que el pueblo se libere de estas perversiones.

Pese a la fe católica imperante en el pueblo, en Apóstoles la propia Iglesia se vio salpicada en el pasado por casos de abuso de menores. El más emblemático fue el del sacerdote Ladislado Chomín, condenado en junio por abusar de una niña de 4 años en el colegio San Josafat. 

Mientras el país entero sigue el minuto a minuto del caso, aquí, en Apóstoles, el colorido incandescente de las azaleas no alcanza a disipar la sombría atmósfera de este agosto que empieza a morir.

Este artículo fue publicado originalmente en Revista Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/german-kiczka-nazis-pedofilia-y-negocios-turbios-en-la-ciudad-de-las-flores/

JJD

El escándalo que tiene como protagonista al todavía legislador provincial misionero Germán Kiczka, imputado en una causa de posesión y tráfico de material de abuso sexual infantil, adquirió ribetes novelescos luego de que la Cámara de Representantes votara su desafuero el pasado 22 de agosto. Lo que parecía un trámite para habilitar un rápido proceder de la Justicia, acabó por dar inicio a una semana plagada de intrigas, con la inexplicable fuga del dirigente y la de su hermano, Sebastián, apresados varios días después de efectuado el pedido de detención. Un cuadro propicio para la emergencia de todo tipo de especulaciones.

La ciudad de Apóstoles, ubicada al sur de la provincia de Misiones, se convirtió en el epicentro de la atención pública nacional. De allí es oriundo Kiczka, pero también quien fuera su principal socio político: el legislador provincial Pedro Puerta. Todos los ojos escrutadores se posaron sobre él y su vínculo con el diputado prófugo, con quien lo unía algo más que el mero compañerismo político. Fue su aparición, en un camping de Loreto, Corrientes, lo que le permitió a Puerta volver a respirar algo aliviado. Hasta ese momento, cada día que pasaba sin rastros de su otrora coequiper representaba una estocada más al corazón de su carrera política, hoy herida de gravedad.

Nadie ignora que al affaire Kiczka lo cruzan los intereses. Desde el primer momento, su expediente, con detalles de lo más aberrantes, fue utilizado por el oficialista Frente Renovador de la Concordia para montar una campaña mediática de desprestigio contra el joven Puerta, en un tiro por elevación a toda la oposición. Es que el caso reavivó una rencilla que marcó a fuego las últimas tres décadas de historia política en Misiones: Pedro es hijo de Ramón Puerta, el dos veces gobernador y fugaz presidente durante las convulsionadas jornadas de diciembre de 2001, además de mentor del líder indiscutido de la provincia, Carlos Rovira. El hombre fuerte de la tierra colorada es el principal interesado en sacar del juego al fundador de Activar —un espacio aliado a La Libertad Avanza a nivel nacional, que cuenta con una diputada que forma parte del tumultuoso bloque libertario de la Cámara baja del Congreso.

Abogado de 36 años, Puerta se posicionaba hasta este mes como una figura ascendente de la política misionera, con abiertas pretensiones de disputar la gobernación en 2027. Ahora, en medio de la conmoción, son los medios nacionales los que se dedican a sembrar dudas acerca de una supuesta implicancia del empresario yerbatero en la causa que involucra a Kiczka. Versiones que se acrecentaron luego de que circulara en redes un video que en el que se lo ve bromeando sobre la utilización de “estimulantes eróticos” en el mate como método de “conquista”. El pez por la boca muere.

“No podíamos saber que estábamos sentados al lado de un asqueroso”, se atajó Puerta en una de sus entrevistas con canales de televisión de Buenos Aires, en un esfuerzo denodado por negar la relación de amistad que compartía con el hoy acusado de pertenecer a una red internacional de pedofilia. Pero a cualquier mínimo conocedor de los entretelones de la política misionera le parecería absurdo ese intento por despegarse de Kiczka: ambos eran mucho más que laderos de bloque en la Legislatura. Se movían en tándem, aunados por la confianza.

Clima enrarecido

Al ser detenido, en una gesto equiparable al oportunismo del oficialismo provincial, Kiczka no dudó en echar mano a la inverosímil carta de la “persecución política”. El diputado buscó escudarse en el clima que por estas horas se respira en Misiones e intentó sacar una tajada a su favor. “¡Esta es la foto que querían!”, vociferó mientras era trasladado a la comisaría de Apóstoles, donde hasta el momento permanece alojado. Un argumento descabellado si se tiene en cuenta el cúmulo de pruebas en su contra que es investigado por el juez a cargo de la causa, Miguel Ángel Faría.

A diferencia de la jugada de su examigo, Pedro Puerta optó por no escalar en la confrontación directa con las usinas propagandísticas de Rovira. “Para nada es una causa política, en absoluto”, afirmó este viernes, en diálogo con A24, tomando distancia de las palabras de Kiczka. El dirigente misionero ponderó el trabajo llevado adelante por el magistrado y destacó que se haya creado una comisión en la Legislatura provincial dedicada a estudiar el caso. Aunque no titubeó en cargó contra los periodistas “disfrazados” que “lo único que quieren es embarrar la cancha”.

El 2024 se encamina a ser un punto de inflexión en la placidez que, al menos superficialmente, parecía reinar hace años en la vida pública de Misiones. No son tiempos precisamente fáciles para Rovira y su “misionerista” Frente Renovador de la Concordia. Los reclamos salariales de trabajadores estatales que tuvieron en vilo a la provincia en el mes de mayo, mostraron como nunca antes las fragilidades de ese edificio hegemónico construido en las últimas dos décadas por el ingeniero químico de 68 años.

La situación social y económica de Misiones se agravó a partir de la asunción de Javier Milei y su decisión de pasar la motosierra por casi la totalidad de las transferencias discrecionales. A eso se le sumó a la caída en la coparticipación y la eliminación tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como de los subsidios al transporte. En ese marco, las manifestaciones de docentes y policías, que se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio, encendieron alarmas en el entorno de Rovira. Una de esas marchas incluso llegó hasta las puertas de su domicilio particular, a la vera del río Paraná, en el exclusivo barrio El Laurel.

La reacción del gobierno provincial no se hizo esperar. Una vez alcanzados los acuerdos salariales, la contraofensiva fue implacable: la Renovación, como es conocida la fuerza política que gobierna Misiones hace más de 20 años, comenzó a culpar a la oposición de los disturbios en las movilizaciones a las puertas de la Legislatura, llegándolos a comparar con lo ocurrido en enero de 2021 en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Fueron los gremios en lucha por un salario digno los primeros en advertir acerca de un fenómeno tan novedoso como preocupante: la creciente utilización por parte de Rovira de usuarios falsos y fake news para hostigar a voces críticas en redes sociales, al mejor estilo La Libertad Avanza. En tiempos de Milei, la agresividad es una herramienta que no parece distinguir signo partidario.

PL/MG

Sebastián Kiczka, hermano del diputado acusado de pedofilia Germán, fue detenido este jueves en Misiones, tras permanecer prófugo desde hacía nueve días acusado por  “tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores”.

Sebastián Kiczka fue apresado casi 24 horas después que su hermano el legislador misionero, a quien arrestaron en la localidad correntina de Loreto, tras un llamado al 911.

Efectivos de la Policía Rural de Misiones montaron un operativo cerrojo en la zona de San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles, hacia Concepción de la Sierra. 

Fuentes policiales informaron que estaba deshidratado y aparentemente alimentándose de limones en el monte.

Asimismo, Sebastián Kiczka se estaba dejando crecer las patillas y los bigotes para cambiar su fisonomía y poder pasar desapercibido.

De hecho, buscaba llegar a Concepción de la Sierra y mantenerse allí escondido hasta que se “enfriara” la causa en los medios y poder concretar así su fuga hacia Paraguay.

Sin embargo, sus planes quedaron truncados y la Policía lo trasladó hacia Apóstoles para ser indagado por la Justicia, aunque deberá ser alojado en una dependencia diferente a la de su hermano diputado.

La orden de detención de los hermanos la había firmado el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

MM con información de la agencia NA.

El diputado misionero Germán Kiczka, acusado de pedofilia, fue detenido este miércoles por la noche cuando estaba escondido en un campo de la ciudad correntina de Loreto,  a unos 184 kilómetros de la capital provincial.

Kiczka, por quien Interpol había emitido un alerta roja y se sospechaba que podía haber escapado a Brasil, Paraguay o incluso España, fue apresado en esa zona de la provincia vecina y se estima que estaría acompañado por un hombre, que escapó.

Los investigadores explicaron que ese sujeto se subió a un vehículo y huyó, por lo que sospechan que podría tratarse de su hermano Sebastián, quien también esta prófugo por el mismo delito.

La Policía de Corrientes irrumpió en una vivienda de ese campo cuando se disponían a cenar. Al entrar los uniformados, había en el lugar una importante suma de dinero. Además, en ese campo había dos automóviles y una camioneta.

Los investigadores estiman que la propiedad allanada tendría vinculación con la propia familia del diputado detenido. Kiczka será llevado desde Loreto hacia la ciudad misionera de Apóstoles para ponerlo a disposición de la Justicia.  

En las últimas horas se difundió un video del momento en el que el hasta ese momento prófugo, denunciado por presunta “explotación sexual de menores”, escapaba de su ciudad poco antes de perder los fueros.

Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad son del 21 de agosto por la mañana, antes de que la Legislatura de Misiones diera el paso para permitirle a la Justicia avanzar con su detención.

En tanto, la Policía de Misiones solicitó a los encargados del hotel Tupa en Puerto Iguazú que presenten el registro de los últimos huéspedes alojados para constatar si el diputado estuvo la semana pasada antes de que la Legislatura le saque los fueros.

En este marco, el hotel sacó un comunicado en el que expresó: “Por la presente informamos que la noticia que ha tomado estado público es falsa y que la misma está desactualizada. Ya que esta persona se alojó el día 4 de enero de 2024 y esta información entregamos a la Policía, junto con la planilla de ingresos de pasajeros”.

“Es dable destacar que desde esa fecha hasta el presente no se volvió a hospedar. No siendo para más, saludamos atte”, completaron los dueños del lugar.

En otro orden, vecinos de Apóstoles escracharon a los hermanos Kiczka y al ex presidente Ramón Puerta, por medio de las redes sociales y con pasacalles donde los ciudadanos de la localidad misionera apuntaban contra los dos hermanos, el ex presidente y gobernador misionero Ramón Puerta y su hijo Pedro.

Este martes la ciudad amaneció con carteles en los que se protestaba contra “la mafia de la pedofilia”, en referencia al diputado de Activar Misiones y Sebastián, ambos buscados en el mundo por Interpol.

“Pedro, dejá de mentir, ¡Renunciá! Pedí perdón y andate”; “Si Pedro es hombre de bien, debería renunciar por hacerle diputado a Kicka”, “¡Pueblo cristiano da de comer a pedófilos!”, decían las leyendas.

MM con información de la agencia NA.

Interpol Argentina emitió formalmente este lunes la notificación roja por la búsqueda nacional e internacional del diputado misionero Germán Kiczka y de su hermano Sebastián, quienes permanecen prófugos de la Justicia acusados de producir y consumir pornografía infantil, además de su presunta vinculación a una red de pedofilia.

El alerta cuenta con todos los detalles del delito por el que se los acusa y la descripción de los hermanos Kiczka, de quienes se indicó que podrían haberse desplazado “por Brasil o Paraguay”.

El diputado misionero es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto luego de que la Legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga.

Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino.

MM con información de la agencia NA.

Los laboratorios forenses de Gendarmería Nacional extrajeron 56 gigabytes de contenido de la tablet de Natacha Jaitt, que incluyen información, aplicaciones y otros archivos. El dispositivo fue desbloqueado el pasado 7 de junio, 4 años después del fallecimiento de la modelo y tras más de 100.000 intentos de claves, por la División Forense Digital de la Dirección de Criminalística de Gendarmería.

Para la apertura de los archivos, se presentaron Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, los tres fiscales del departamento judicial de San Isidro que llevan adelante la investigación sobre los causales de muerte de Jaitt, cuya madre y hermano creen que se trató de un asesinato.

Los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Carlos Rívolo, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, también enviaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que siguen la causa del productor televisivo y ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza. “La idea es que presencien la operación de extracción para ver qué hay de contenido. Si se hace una sola copia, va a quedar en poder de los fiscales de la provincia y nosotros accederemos después a su contenido”, informaron.

A pesar de esta activa participación, los familiares de Jaitt muestran cierta desconfianza por la demora en el desbloqueo del dispositivo y la cercanía de la justicia con gente presuntamente involucrada en el crimen. “La expectativa que tengo es baja, en el sentido de que puede haberse anulado mucha información. Ojalá nos sorprenda. Porque sabemos que la Justicia es corrupta. Sabemos que los fiscales trabajan para (el dueño del boliche Xanadú), Rigoni, y lo que tenemos en claro es que Rigoni asesinó a mi hija”, aseguró Aliza Damiani, madre de la modelo.

La mujer cree que asesinaron a su hija porque había llevado ante la justicia denuncias por pedofilia en Independiente y contaba con información precisa y comprometedora en relación a esta causa. Ulíses Jaitt, hermano de Natacha, sostiene una hipótesis similar y tampoco tiene grandes expectativas en los avances de la investigación ya que, para él, los jueces no son imparciales y “trucharon” la autopsia de la mujer. “Nos quieren vender que tenía un corazón deteriorado y yo tengo estudios de tres meses antes que me hablan de un corazón en perfectas condiciones sin cardiopatía evidente. Acá armaron todo”, sostuvo.

Jaitt falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas “Xanadú” en Isla Verde al 600 en Benavídez, al que había ido para una reunión de negocios. Según la autopsia que la familia rechaza, la modelo murió a causa de una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica” luego de consumir cocaína y alcohol.

ACM con información de agencias

Daniela Dupuy, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad (UFEDyCI), solicitó este miércoles el requerimiento de juicio a Fernando André Sabag Montiel, por haber distribuido y tenido en su poder con fines de distribución imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil de menores de 13 años de edad.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Capital, el imputado será juzgado por infracción al artículo 128 del Código Penal de la Nación, el cual contempla esos delitos. La causa inició el 13 de septiembre de 2022, tras recabarse los testimonios y las pruebas en la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la investigación, se pudo determinar que la tarjeta de memoria encontrada en el interior del teléfono celular del imputado, secuestrado luego de su detención, contenía registros fotográficos y fílmicos en los que se pudo observar a menores de edad en situaciones sexuales explícitas, exhibiendo sus partes genitales con fines sexuales.

Ante tal hallazgo, la fiscal Dupuy dispuso que personal especializado en el manejo de evidencia digital de la UFEDyCI se constituya en la sede del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, para realizar una copia forense de resguardo en el marco de esa investigación.

Al mismo tiempo, la fiscal compulsó la base de datos SIP.AR (Sistema de Identificación de Pedofilia) para corroborar la existencia de reportes del National Center for Missing and Exploited Childrens (NCMEC) relacionados con el investigado. De esa medida, surgieron tres reportes vinculados al abono telefónico de Sabag Montiel.

A su vez, se desplegaron distintas medidas probatorias para determinar la titularidad del imputado. Por un lado, se solicitó a la empresa telefónica que informe los datos de la titularidad del usuario investigado, obteniendo como información que dicha línea se encuentra radicada a nombre de Sabag Montiel; y por el otro, se investigaron las conexiones de tres perfiles de Instagram relacionados con el imputado, las cuales corroboraron la hipótesis fiscal.

Por esos motivos, en octubre de 2022 se imputó a Sabag Montiel por la tenencia con fines de distribución de 119 archivos de imagen y video y la distribución de 3 videos, todos de niños y niñas menores de 13 años.

Por último, después del ofrecimiento de las pruebas recabadas durante la investigación y la solicitud de declaración testimonial de diversos testigos involucrados, la fiscal Dupuy solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa.

LC con información de agencia NA

La Fiscalía General del Estado trata de dar pasos para arrojar luz sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica de España a pesar de la falta de colaboración de los obispos. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció este jueves en una comparecencia en el Senado que en los “próximos días” se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas para que remitan toda la información a su alcance sobre denuncias o testimonios relativos a la pederastia clerical. El objetivo es acceder a “los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”, explicó ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. 

Esta decisión es consecuencia de la “escasísima información” que la jerarquía católica facilitó hasta el momento sobre “una realidad criminal de incuestionable gravedad” como son los abusos sexuales a menores en la Iglesia. García Ortiz explicó que el pasado noviembre la Fiscalía solicitó a las 70 diócesis que facilitaran toda la información al respecto que estuviera en su poder. Pero sólo 29 de ellas contestaron. Y lo hicieron, además, con “respuestas modelo”, afirmando que no tienen casos abiertos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. 

La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal general revela que las diócesis siguieron a rajatabla las directrices de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el sentido de que debían limitar la información que ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario general de la CEE, César García Magán, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la fiscalía provincial y que la respuesta fuera coordinada por la procuradora que representa a esta organización. E incluso para facilitar esa respuesta unánime adjuntaba además dos modelos a completar que fueron utilizados por la mayoría de ellas. 

La Fiscalía preguntó a las diócesis por indicación de la propia Conferencia Episcopal, a quien se había dirigido el Ministerio Público en primera instancia tras recibir un escrito que reproducía a su vez la investigación realizada por El País sobre estos abusos. “Valorando ese gesto” —dijo García Ortiz—, la Fiscalía pidió a los obispos que informaran “de aquellos casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y “valorar cada caso de forma individual”. Pero éstos replicaron que no tenían “competencia” para hacerlo e indicaron al Ministerio Público que contactara con cada diócesis individualmente. 

En su intervención, García Ortiz aseguró que las agresiones sexuales a menores “cometidas en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa” es “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. Y recordó en este sentido, que la Fiscalía está elaborando un estudio sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos y autores fallecidos. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”, afirmó.

elDiario.es informó este jueves que la auditoria sobre estos abusos que la Conferencia Episcopal encargó al al despacho Cremades & Calvo Sotelo apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se centró en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se concretó en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes la ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, la pedofilia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine.

La información sobre la firma de la ley apareció en la base de datos de la Duma del Estado (Cámara baja de Rusia).

Anteriormente la ley fue aprobada por la Duma del Estado y por el Consejo de la Federación de Rusia (Senado).

La nueva norma introduce multas de hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares o 160.500 euros) por violar la legislación.

La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de la “propaganda LGBTQ+” entre menores a los adultos, e incluye la pedofilia y llamamientos al cambio de sexo entre adolescentes.

El proyecto de ley ha sido duramente criticada por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.

La legislación considera propaganda LGBTQ+ “la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”.

Por otra parte, la ley introduce multas por la “propaganda” LGBTQ+ para los ciudadanos de hasta 100.000 rublos (1.650 dólares o 1.600 euros), que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.

La misma “falta” incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de un millón de rublos (16.650 dólares o 16.000 euros).

Estas sanciones se multiplicarán por dos en casa de propaganda LGTBQ+ entre menores.

Las mayores multas serán impuestas por “propaganda” de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 400.000 rublos (6.600 dólares o 6.400 euros) y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.

Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 10 millones de rublos (165.200 dólares o 160.500 euros).

En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.

Los extranjeros y personas sin ciudadanía serán sancionados con el mismo monto que los rusos, con la particularidad de que en caso de agravantes, como es el uso de internet y medios de comunicación para hacer “propaganda” LGTBQ+, podrán ser expulsados del país.

La ley ha sido respaldada por el regulador de los medios de comunicación, Roskomnadzor, que ya ha eliminado o bloqueado más de 7.200 páginas web, ya que le otorga nuevos instrumentos para perseguir a los que se benefician de lo que las autoridades califican de “propaganda LGBTQ+”.

Con información de EFE.

IG

Fernando Sabag Montiel, el acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, será también investigado por pedofilia. Así lo solicitó este martes el fiscal federal Carlos Rívolo quien pidió a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se continuará con este nuevo giro en la causa.

Rívolo formuló el pedido luego de que en su celular se hallaron imágenes de “personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas”.

El fiscal hizo la petición en el marco de la causa que tiene a cargo la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la que se investiga a Sabag Montiel por tentativa de homicidio.

En la presentación, Rívolo señaló que “las extracciones forenses efectuadas sobre la tarjeta SD marca ”Sandisk“ del teléfono celular secuestrado a Fernando André Sabag Montiel (...) dan cuenta de 126 registros (fotos y videos) que fueron relevados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de este Ministerio Público Fiscal -que al presente se adjunta-, en los que se observa a personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas”.

“En razón de ello, solicito (...) que se extraigan testimonios a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que dé intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal federal.

Desde la justicia porteña respondieron que el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, “se puso a disposición de la justicia federal” para investigar el presunto delito de pedofilia, en tanto “la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI) a cargo de Daniela Dupuy será quien eventualmente analice la evidencia”.

DA

La Audiencia de Tarragona (este) condenó a 240 años de cárcel al líder de la mayor red de pornografía infantil desarticulada en España, Jean Luc Aschbacher, y a 19 años a un segundo responsable de la trama, Christian Bernard Georges Arson.

La sentencia a Aschbacher es por captación de menores, someterlos a abusos sexuales en los que participaba él mismo, producción y distribución de pornografía infantil y pertenencia a organización criminal.

Por otra parte, Arson es condenado por captación de menores, producción y distribución de pornografía infantil, aunque considera probado que no abusó de las víctimas como sí hizo su jefe.

Ambos condenados, de nacionalidad francesa, captaban a niños en situación de vulnerabilidad para someterlos a abusos sexuales y filmarlos en más de 300 rodajes, aunque también viajaban como turistas sexuales a Tailandia, entre otros países.

Las víctimas superan el centenar, aunque solo se logró identificar a 18 de entre 11 y 16 años, algunas tuteladas por el Gobierno regional de Cataluña.

La red actuó sin ser detectada durante más de 15 años, camuflada bajo la empresa legal Productos Aschbacher, hasta que las sospechas de una empleada de la administración catalana desencadenó una investigación de la policía de esa región.

Los agentes detuvieron en 2015 a siete hombres implicados en la red y, aunque ingresaron en prisión, quedaron en libertad provisional al cabo de unos meses.

Los dos condenados ahora fueron detenidos en mayo de 2021 en Francia, fueron juzgados el pasado mes de febrero e ingresaron en prisión preventiva por riesgo de fuga hasta que dictara sentencia.

Con información de EFE.

IG

Protected Childhood llevó adelante este jueves, con la participación de autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de la Argentina y otros seis países, un operativo internacional llamado “Luz Infancia IX”, cuya logística empezó hace varios meses, destinado a combatir una red de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil.

Se trató de 69 allanamientos conjuntos en 14 provincias de la Argentina (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Entre Ríos, Chubut, Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa) y distintas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

La investigación Protected Childhood (Infancia protegida) fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017, quienes denominaron Operativo Luz de Infancia a las acciones que fueron llevando a cabo desde entonces.

Como parte de este operativo, en 2019 fue condenado a ocho años y medio de prisión el médico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, responsable de producir y consumir imágenes de explotación sexual infantil.

Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró ante la prensa que la Argentina “históricamente tuvo un muy alto índice de consumo en materia de explotación sexual infantil. Es muy prematuro hablar de la cantidad de detenidos en cada país, al momento Argentina lleva 30 detenidos y a nivel regional, 60”, detalló.

Asimismo, el funcionario judicial resaltó “el compromiso de las Fuerzas de Seguridad a nivel Nacional, Provincial y Regional. El operativo nace con la colaboración de Estados Unidos, de Brasil y un operativo en conjunto con distintos países como Panamá, Paraguay y Costa Rica. Si esto no se hace de manera coordinada y en conjunto con una profesionalidad como la que demostramos acá, la verdad que es muy difícil avanzar en un delito tan aberrante como este”, sostuvo.

Por su parte, Marcelo D' Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, destacó “el trabajo del Fiscal General y de todo el equipo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se trata de un delito trasnacional. Ahora estamos esperando los resultados finales en función de los 70 allanamientos”, explicó y detalló que hay “30 detenidos y todos los dispositivos electrónicos secuestrados hay que peritarlos. Estuvieron trabajando la Policía de la Ciudad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, coordinados por la fiscal que lleva la causa, que es la Doctora Dupuy”. Y agregó: “Hay que actuar en forma coordinada y en simultáneo, rápido para que no borren ninguna prueba”.

Con información de agencias.

IG

El Papa emérito Benedicto XVI expresó que siente “vergüenza” por los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica alemana y afirmó que en los “próximos días” examinará el informe sobre abusos publicado este jueves por la archidiócesis de Munich (Alemania), que lo acusa de inacción en cuatro ocasiones.

“Benedicto XVI no sabía del informe del bufete de abogados Westpfahl-Spilker-Wastl, que cuenta con más de 1.000 páginas. En los próximos días examinará con atención el documento”, declaró en su nombre su secretario personal, Georg Gänswein, a los medios de comunicación del Vaticano.

En todo caso, sostuvo que el Papa emérito, “como ya reiteró varias veces durante su pontificado”, expresa la “turbación y vergüenza que le producen los abusos sexuales a menores cometidos por clérigos”.

Asimismo, Benedicto XVI manifestó su “personal cercanía” y su “oración a todas las víctimas con algunas de las cuales se encontró personalmente durante sus viajes Apostólicos”.

Según el estudio solicitado por la Iglesia alemana, del que se ha hizo este jueves la agencia DPA, se contabilizaron al menos 497 víctimas, la mayoría de ellas, niños y adolescentes varones que fueron objeto de ataques entre 1945 y 2019.

Además, el documento revela que hubo al menos 235 presuntos agresores, entre ellos, 173 sacerdotes y nueve diáconos. El bufete de abogados precisó que 40 clérigos retomaron la labor pastoral a pesar de las acusaciones de haber perpetrado o tolerado abusos.

Por su parte, el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, expresó que sienten “dolor” y “remordimientos” por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia si bien aclaró que están esperando a conocer “el contenido del documento”.

“La Santa Sede cree que debe prestar la debida atención al documento cuyo contenido desconoce por el momento. En los próximos días, tras su publicación, lo leeremos y podremos examinar adecuadamente los detalles” y recalcó “el sentimiento de vergüenza y remordimiento por los abusos de menores cometidos por clérigos”.

“La Santa Sede asegura su cercanía a todas las víctimas y confirma el camino recorrido para proteger a los menores, garantizándoles entornos seguros”, concluyó.

Como Papa, Benedicto XVI encaró problemas de la Iglesia, como los abusos sexuales. Durante su pontificado, el Vaticano reconoció 4.000 casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos. El Papa emérito pidió entonces una profunda renovación de la Iglesia, afirmando “que la ayuda de curación a las víctimas debe ser la preocupación principal de la comunidad cristiana, y debe ir de la mano de una profunda renovación de la Iglesia a todos los niveles”. Asimismo, coordinó el lanzamiento de una página web para aprender a prevenir los abusos sexuales a menores.

Con información de Europa Press.

IG

El papa emérito Benedicto XVI fue acusado de encubrir casos de pedofilia en la iglesia católica alemana, en un informe independiente publicado este jueves en ese país, a la vez que el Vaticano expresó su “vergüenza” y “remordimiento” por estos abusos contra niños.

Benedicto XVI, quien fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982, no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abusos de menores, dijeron los abogados de un informe ordenado por la iglesia, informó la agencia de noticias AFP.

En un documento transmitido a los letrados, Josef Ratzinger negó “estrictamente” cualquier responsabilidad, una posición que para los autores del informe “no es creíble”, dijo el abogado Martin Pusch.

Tras conocerse la denuncia, Matteo Bruni, vocero del Vaticano, difundió una nota en la que expresó “vergüenza” y “remordimiento” por los ataques sexuales contra niños alemanes.

Aunque aclaró que el Vaticano “por el momento no conoce el contenido”, consideró que todas maneras se le dará “la justa atención al documento”.

Dos de los casos implican a clérigos que cometieron varios abusos probados en los tribunales, pero se les permitió seguir con sus obligaciones pastorales, según Pusch.

Los expertos dicen estar convencidos de que Ratzinger estaba al corriente del pasado pedófilo del sacerdote Peter Hullermann.

Este vicario de Renania del Norte-Westfalia fue acusado en 1980 de graves abusos sexuales a menores, pero las autoridades eclesiásticas lo trasladaron a Baviera, donde, a pesar de la terapia psiquiátrica, continuó con los abusos, de acuerdo al informe.

En 1986, un tribunal lo condenó a prisión condicional y fue nuevamente derivado a otra ciudad bávara donde ofició como sacerdote durante unos veinte años hasta que habría reincidido. En 2010 finalmente se vio obligado a jubilarse.

Ratzinger negó conocer el pasado de este cura, cuyo caso causó gran revuelo en 2010, durante el pontificado de Benedicto XVI.

Ya el año pasado otro informe similar había descubierto otros cientos de abusos en la diócesis de Colonia. El 18 marzo de 2021, la propia Iglesia católica difundió un informe de 800 páginas en el que se pudo identificar a 202 responsables de agresión sexual y 314 víctimas de abuso sexual entre 1975 y 2018.

La investigación, a cargo del abogado Bjoern Gercke, determinó además que más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 14 años.

Con información de agencias.

IG

Son 330.000 víctimas a lo largo de los últimos 70 años. Muchos –la gran mayoría– han muerto, pero otros miles siguen vivos y exigen una respuesta por parte de la Iglesia. Son las víctimas del horror de la pederastia en la Iglesia católica francesa, destapada hace un mes tras la publicación del 'informe Sauvé'. Ahora, los obispos galos han anunciado que venderán propiedades de las diócesis para pagar las indemnizaciones de los supervivientes. Una cantidad que no se ha precisado pero que se intuye millonaria. Mientras tanto, la Iglesia española continúa negándose a permitir una investigación para medir el alcance real de los abusos sexuales en nuestro país.

“Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, afirmó este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, Eric de Moulins-Beaufort, tras la reunión mantenida durante una semana por los obispos en Lourdes, y que finalizó con una oración en la que los 120 obispos católicos se arrodillaron para pedir perdón ante representantes de las víctimas. De los gestos, a a las soluciones. Si es que es posible cierta reparación para las víctimas del horror clerical.

Sin tocar el dinero de los fieles

Los obispos franceses han creado un fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales que nutrirán con la venta de aquellos bienes muebles e inmuebles que posean las diócesis, y la misma Conferencia Episcopal. El dinero irá a indemnizar a los supervivientes de los abusos (se calcula que más de 3.000 depredadores sexuales camparon a sus anchas en la Iglesia francesa durante décadas). Si no es suficiente, añadió el Episcopado, se pedirán créditos. Lo que no se hará será tocar los fondos aportados por los fieles para el sostenimiento de la Iglesia. Así, los obispos han acordado no utilizar el dinero proveniente de las donaciones de los católicos franceses para el fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales.

“No utilizaremos las donaciones de los fieles. Todos los obispos han aceptado identificar en sus diócesis los bienes de los que se puedan deshacer. También hemos decidido, si hace falta, firmar un préstamo para cumplir con nuestras obligaciones” sostuvo Moulins-Beaufort, quien reconoció la “dimensión sistémica” de los abusos y la responsabilidad, civil y moral, de la Iglesia en su conjunto.

El encuentro episcopal de Lourdes se cerró con el compromiso de elaborar una auditoría externa de las “células de escucha” de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional, que entrará en funcionamiento el próximo mes de abril y que sancionará, también con penas eclesiásticas, a aquellos responsables católicos que hayan abusado de menores o protegido a pederastas, y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías francesas. Una asamblea extraordinaria, en junio, analizará los avances registrados “Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, finalizó el presidente de los obispos franceses.

El 'informe Sauvé' destapó que, desde 1950 a la actualidad ha habido entre 2.900 y 3.200 curas pederastas (el 2% del clero a lo largo de estos 70 años), que llegaron a abusar de 216.000 personas. Si sumamos los abusos en colegios o instituciones católicas, el drama se eleva a las 330.000 víctimas.

Toda Europa... menos Italia y España

Junto al paso adelante de la Iglesia francesa, los obispos portugueses también se han comprometido a llevar a cabo una investigación interna para averiguar “la verdad histórica” sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución, así como para proteger a las víctimas y evitar que se produzcan más casos, tal y como anunció este lunes el obispo de Setúbal y presidente de la Conferencia Episcopal lusa, José Omelas.

Una práctica que ya es habitual en todos los episcopados europeos, desde Polonia a Reino Unido, pasando por Alemania, Austria, Holanda o Suecia. De los países de nuestro entorno, sólo Italia (el país donde vive el Papa Francisco) y España se niegan a elaborar una investigación o a permitir que una auditoría externa tenga acceso a sus archivos diocesanos o de congregaciones para hacer memoria de los abusos en la Iglesia. Apenas jesuitas, salesianos o legionarios de Cristo han apuntado los resultados de sus informes, aunque sin dar los nombres de los abusadores. En cuanto a la Conferencia Episcopal, la tesis oficial es clara: “No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general”, apuntó hace un mes el portavoz de la CEE, Luis Argüello.

El paso más cercano hasta la fecha han sido las declaraciones del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en El Objetivo (La Sexta), subrayando que “las víctimas son sagradas” y mostrándose dispuesto a ir hasta el final para erradicar los abusos en el seno de la Iglesia. Sin embargo, la realidad es que los obispos españoles sólo reconocen 220 casos de abusos en las últimas dos décadas, según las cifras oficiales remitidas desde la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma. No hay en marcha, ni prevista, investigación alguna sobre la magnitud de la pederastia en la Iglesia española, que se sigue negando a que el horror desvelado por el 'Informe Sauvé' pueda extrapolarse a España. “Las denuncias han sido mínimas en este último año”, subrayaba Argüello, sin advertir que, en la práctica, ni siquiera las llamadas Comisiones Antiabusos diocesanas saben en qué consiste, realmente, su trabajo.

Pescadores de niños

Mientras tanto, los abusos de uno de los sacerdotes más famosos de la España de finales del franquismo, el compositor Cesáreo Gabaráin (autor entre otras, de Pescador de Hombres o de La muerte no es el final, el himno que se canta cada 12 de octubre recordando a los militares caídos en acto de servicio) siguen trayendo cola.

Esta semana, el Arzobispado de Los Ángeles (EEUU), se convertía en la primera diócesis del mundo en prohibir el uso de las canciones del clérigo en iglesias, catequesis o colegios. En España, en cambio, los obispos lamentaron que este tipo de denuncias provoquen “una segunda muerte” para los acusados.

“Hay que distinguir las personas, porque si no de alguna forma está volviendo una especie de pena de muerte para determinado tipo de delitos, pena de muerte a muertos, además”, recalcaba Argüello, mientras las asociaciones de víctimas reclaman a la Conferencia Episcopal empatía con quienes sufrieron abusos en su niñez por parte de clérigos y que, años después, siguen sin encontrar respuesta en la Iglesia que debía protegerles.

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