Hasta la llegada de Javier Milei al poder, el concepto de “padres fundadores” no existía en la Argentina. Se trata de una expresión utilizada en Estados Unidos pero tan foránea como el Ciber Monday, Hot Sale o Happy hour, porque en verdad, aquí a los próceres siempre se les dijo así, “próceres”.

De todos modos, podemos deducir que para el Presidente los “padres fundadores” son todos aquellos personajes de la historia que ayudaron a construir este país. Y en esa categoría entraría entonces Mariano Moreno, uno de los hombres más singulares de la Revolución de Mayo. Moreno, un hombre de leyes y también periodista, no concebía la idea de forjar una nación sin periodismo. Por eso, el 7 de junio de 1810, días después de la Revolución, fundó la “Gazeta de Buenos Aires”.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”, escribió entonces el ¿padre fundador?.

Por ese 7 de junio es que desde 1938 se celebra el Día del Periodista. Es una manera de recordar que el periodismo es una parte constitutiva de nuestra patria, que está ahí desde su nacimiento.

Este 7 de junio, el segundo de la era Milei, encuentra a los periodistas exhaustos. Esa sería la palabra más adecudada para definir la situación del gremio. Algunos datos: Siete de cada diez periodistas de la región metropolitana tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Representan el 70,45% de los trabajadores, según los últimos datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Sólo durante el primer año de Milei en el poder, 2024, las agresiones contra la prensa aumentaron 53% con respecto al año anterior, según un relevamiento de Fopea.

Ayer, la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre “por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”. No se trata, según la CIDH, de una cuestion declarativa: “en buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de la prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares.”

Los ataques de Javier Milei al periodismo son anteriores a su llegada al poder. En 2018, cuando era apenas un disertante, estalló a los gritos ante una pregunta de la periodista salteña Teresita Frías. “Burra”, fue lo más suave que le dijo. El mismo tono de agravios desparramó al año siguiente contra Sol Perez. La panelista terminó llorando.

Milei debutó en la presidencia dejando en claro que sus enojos con el periodismo no eran cuestión de conseguir likes en las redes ni algo del pasado. En su primer discurso al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso, anunció el cierre de la agencia Télam y el recorte de la pauta oficial. Y de inmediato vinieron los ataques sobre todo, a las periodistas mujeres. María O’Donnell, Romina Manguel y Silvia Mercado fueron las primeras en sufrir los agravios de un Milei convertido en Presidente y se convirtieron en la avanzada de un aluvión de insultos y agresiones que no se detendrían más.

Ni siquiera la muerte libra de los ataques del Presidente quien en varias oportunidades se refirió a Jorge Lanata como “uno que ya no está”, como si no mencionarlo por su apellido lo exculpara de traicionar ese proverbio callejero de las buenas costumbres que dice que “no se habla mal de quien no se puede defender”.

Según el último relevamiento de Sipreba, el 27% de los periodistas manifestó haber recibido agresiones en el último año, entre los cuales 33% fue víctima de represión y un 20% fue atacado por funcionarios del Gobierno. La violencia digital sigue siendo alarmante –sostiene Sipreba– un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual.

Llegamos a este 7 de junio con un Presidente que inauguró una nueva frase de cabecera: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Nadie en democracia había llegado tan lejos. Quizás porque este es un país que tiene entre sus 30.000 desaparecidos a 223 trabajadores de prensa y porque en este mismo país, un 25 de enero de 1997 asesinaron al fotógrafo José Luis Cabezas.

Después de un año y medio de Javier Milei en el poder ya nos acosumbramos a ver a reporteros gráficos y camarografos cubrir manifestaciones vestidos como si fuesen a la guerra. Es que en este mismo país el 12 de marzo el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada directamente hacia su cabeza. Recién esta semana recibió el alta para continuar con su rehabilitación en otro hospital.

Ensobrados, mandriles, burros, ratas forman parte del léxico del Presidente, a quien le suele parecer una idea divertidisima cambiarle los apellidos a los periodistas para denostarlos.

Pero estas agresiones caen además sobre un gremio devastado. El pluriempleo alcanza al 55,2% de los trabajadores del AMBA. Pero además, aun con dos o más trabajos, el 43% tampoco logra superar la barrera de la pobreza. Esto tiene un impacto directo en la salud: el 27% sufre ansiedad, estrés o depresión. Es que amparados en el recorte de la pauta oficial, gran parte de las empresas periodísticas encontraron allí el argumento perfecto para hacer de los trabajadores la variable del ajuste. Por eso, este 7 de junio a las y los periodistas no nos quedan demasiadas energías para celebrar.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia denunció hoy, a través de sus redes sociales, que su yerno Rafael Tudares fue secuestrado. El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido”, escribió González Urrutia en X a primera hora de esta tarde.

Posteriormente la hija de González Urrutia también denunció el secuestro de su marido. “No hay persecución que doblegue la convicción”, reclamó.

La denuncia de la CIDH

La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó un extenso informe este martes, tres días antes de la investidura del presidente de Venezuela, cuando Maduro espera asumir su tercer mandato.

En el informe afirma que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”. El informe, que recoge “las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral”, advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta.

Fue tras las elecciones que el Gobierno de Venezuela puso en marcha la conocida como “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por “la percepción de fraude”. “Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.

Además, añaden que “se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”. Tras estas observaciones, la Comisión apuntó que la crisis política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela representan “el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”.

“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, apuntó.

A pesar de ello y de previas acusaciones de fraude electoral, el próximo viernes 10 de enero Nicolás Maduro espera asumir de nuevo la Presidencia, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le diera por ganador. Sin embargo, como denuncia la Comisión, Venezuela “no ha presentado las actas de votación que respaldan los resultados”.

La CIDH instó a la comunidad internacional “a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas” y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que presentara formalmente “un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Con información de la agencia EFE

Jimmy Carter, quien falleció hace pocos días, a los 100 años, llevaba en febrero de 1977 pocos días como presidente de Estados Unidos, cuando su gobierno anunció que reduciría la ayuda militar a la Argentina y otros dos países (Uruguay y Etiopía) por violaciones a los derechos humanos. La novedad resultó no solo humillante, sino también desconcertante para la dictadura argentina, que nunca entendería por qué Carter abandonó su tradicional política de respaldo sin condicionamientos a las dictaduras anticomunistas latinoamericanas.

“Le duele a la Argentina la incomprensión de sus amigos”, le dijo en una reunión privada el vicealmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura, al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, según se lee en documentos desclasificados por la embajada. La respuesta pública la dio el dictador Jorge Videla, quien trató de encender el nacionalismo, al afirmar que el país enfrentaba una “campaña mundial sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la Argentina, encaminada a robustecer a las fuerzas subversivas”.

El relato de esos días corresponde a lo que fue apenas el primer capítulo de largos desencuentros entre Carter y la dictadura. Durante sus cuatro años en el poder, el gobierno demócrata reclamó en forma privada y pública que la dictadura revelara la lista de detenidos en poder de las Fuerzas Armadas y llevara ante la Justicia a los acusados de violaciones a los derechos humanos. Impuso, además, sanciones económicas relevantes.

Así, Carter no solo se diferenció fuertemente del gobierno republicano que lo antecedió (el de Gerald Ford, con Henry Kissinger como Secretario de Estado) y el que lo sucedió (Ronald Reagan), que apoyaron la represión ilegal, sino también de todos los demás países. Algunos solo denunciaron y presionaron a la dictadura argentina cuando las víctimas fueron sus propios nacionales, como hizo Francia cuando desaparecieron las monjas Alice Domon y Leonie Duquet o Suecia, cuando fue secuestrada Dagmar Hagelin. Otros directamente respaldaron al gobierno militar, como la Unión Soviética, que le dio su apoyo en foros internacionales, mientras el Partido Comunista Argentino defendía ardorosamente al régimen de las críticas externas. De hecho, cuando Estados Unidos impuso la sanción contada al principio de esta nota, el PC se quejó de que el gobierno de Carter “interfiere en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de las violaciones a los derechos humanos”, en un comunicado firmado por sus principales dirigentes, Rodolfo Ghildi, Rubens Iscaro y Fernando Nadra.

Derian, la punta de lanza

Ya desde su campaña electoral, Carter fue crítico del combate al comunismo a cualquier costo que había caracterizado a la política exterior estadounidense desde los inicios de la Guerra Fría. Una vez que asumió la presidencia, hizo saber que el respeto a los derechos humanos era un valor universal , en el que no debían reconocerse fronteras, lo que tendría fuertes implicancias para la Argentina.

El presidente norteamericano lo explicitó cuando habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en marzo de 1977, y avisó que ningún país “puede afirmar que el maltrato a sus ciudadanos es un asunto exclusivamente suyo. Ninguno puede eludir su responsabilidad de examinar y denunciar casos de tortura o privaciones injustificadas de la vida en cualquier parte del mundo”.

Ese mismo mes visitó por primera vez la Argentina la coordinadora de Derechos Humanos de Carter, Patricia Derian, quien se convertiría en una enemiga tenaz de la dictadura. En ese primer viaje, Derian se reunió con familiares desaparecidos y también con distintos actores de la realidad argentina, muchos de los cuales le aseguraron que Videla era un “moderado” al que convenía cuidar, porque si no vendrían los “duros”. Derian, sin embargo, nunca creyó esa versión, tan extendida en la época, y no solo enfrentó personalmente a los mayores jerarcas de la dictadura -Videla, Massera y Harguindeguy- sino que motorizó todo tipo de denuncias y de sanciones económicas contra el país.

Carter y Videla se vieron las caras por primera y única vez en septiembre de 1977, cuando los presidentes del continente fueron invitados a Washington, en ocasión de la firma del Tratado del Canal de Panamá, con Omar Torrijos. El líder estadounidense dio una entrevista al dictador argentino en la Casa Blanca y después los dos hablaron con la prensa. 

“Discutimos extensamente la cuestión de los derechos humanos: la cantidad de personas que están detenidas en la Argentina, la necesidad de juicios rápidos y de que el país haga conocer al mundo la situación de los prisioneros”, explicó Carter. Videla, como otras veces, hizo gala de su cinismo, cuando dijo: “La guerra contra la acción subversiva está llegando a su fin y la Argentina pasará una Navidad mucho más feliz”. Era falso, por supuesto. Hacia fin de año la represión ilegal no sólo no cesó, sino que se apuntó a los familiares que se atrevían a buscar a sus seres queridos y fueron desaparecidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El país herido por la incomprensión

La presión del gobierno de Carter tampoco cesó y tuvo una de sus expresiones más fuertes cuando el Secretario de Estado, Cyrus Vance, realizó una visita a la Argentina y trajo en su valija una lista con los nombres de 7.500 desaparecidos, elaborada por organismos de derechos humanos.

A partir de 1978, la estrategia de Carter se centró en lograr una visita de una misión investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto fue considerado en principio inaceptable por los jerarcas de la dictadura argentina, que seguían desconcertados y furiosos por la actitud norteamericana. “Ningún argentino que ame su patria puede aceptar los cuestionamientos de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Todo el país está herido por tanta incomprensión”, casi le gritó una tarde el entonces secretario general del Ejército –y más tarde presidente– Reynaldo Bignone al embajador norteamericano, Raúl Castro, cuentan los cables de la embajada.

Derian, mientras tanto, continuaba su tarea con la misma determinación. Luego del triunfo en el Mundial 78, que había dado al relato de la dictadura –según entendía el régimen– un barniz de legitimidad, la coordinadora de Derechos Humanos se presentó ante el Capitolio para afirmar que continuaba en la Argentina la tortura sistemática de prisioneros políticos. 

Esa audiencia generó una respuesta enérgica de la prensa que acompañaba a la dictadura. El diario Clarín pidió que fuera rechazada “la intromisión en los asuntos internos” y señaló que, después de todo, la represión ilegal había sido necesaria, contaba con apoyo social y eso clausuraba cualquier discusión. “Los expedientes de excepción a los que fue necesario recurrir, por las modalidades de la batalla empeñada, concitan la comprensión de la ciudadanía que quiere vivir en un ambiente de tranquilidad y paz”, editorializó el diario más vendido.

Finalmente, la dictadura aceptó la visita de la CIDH, para sorpresa de muchos, que se concretaría en 1979. Poco antes de su muerte, en una entrevista, Videla señaló que se admitió a la misión investigadora debido “a la presión de gente como Patricia Derian, que jorobaba tanto”.

La visita de la CIDH tuvo un impacto profundo, que desarticuló lo que quedaba en pie de las mentiras de la dictadura y sus apologistas. Miles de familiares se presentaron en oficinas instaladas en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario para denunciar y dar detalles de la desaparición de sus seres queridos. Se denunciaron 5.580 casos. En abril de 1980 el organismo hizo público su informe, en el que señaló que “la lucha desatada con el objeto de aniquilar totalmente la subversión tuvo su más sensible, cruel e inhumana expresión en los miles de desaparecidos, hoy presumiblemente muertos, que ella originó”.

Sin embargo, para esa época ya se había morigerado la presión de Carter, debilitada por la contraofensiva de corporaciones norteamericanas que habían perdido negocios en la Argentina. Una columna publicada en el Washington Post cuantificó en 1.400 millones de dólares el monto que las empresas dejaron de ganar debido a las sanciones económicas y eso resultaba intolerable. El New York Times explicó el escenario de esta manera: “La administración Carter, luego de provocar indignadas reacciones de los militares y de la comunidad local de negocios americana con criticas públicas y sanciones económicas, aparentemente ha decidido que la persuasión silenciosa puede ser un método más exitoso”.

Carter terminó su gobierno golpeado por un aumento de la inflación en Estados Unidos y por la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán. Cuando Unión Soviética invadió Afganistán y la Casa Blanca decretó un embargo de exportaciones de cereales a su rival en la Guerra Fría, intentó sumar a la Argentina. El presidente norteamericano se lo pidió a Videla en una carta personal, en la que le recordó los términos razonables en que los que siempre habían discutidos sus diferencias en los temas de derechos humanos. El dictador argentino dijo que no. Poco después, la agencia de créditos para las exportaciones de Estados Unidos -el Eximbank- aceptó financiar con 700 millones de dólares la participación de empresas norteamericanas en la construcción de la represa Yacyretá, que un año y medio antes había rechazado por la cuestión de los derechos humanos.

En marzo de 1980, al cumplirse el cuarto aniversario del golpe militar de 1976, el New York Times informó: “El régimen militar argentino empieza su quinto año en el poder, cortejado diplomáticamente tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética y unido sólidamente en sus objetivos políticos y económicos”.

Los días de la presión del gobierno de Jimmy Carter por las violaciones a los derechos humanos se terminaban y para la dictadura argentina era un gran alivio. Ronald Reagan ya asomaba en el horizonte.

DG/MG

El gobierno de Javier Milei, que celebra la euforia de los mercados, la baja de la inflación (aunque con una brutal caída de la economía y un notable aumento de la pobreza) y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se sentó este jueves en una suerte de banquillo internacional de los acusados, al tener que dar respuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre distintos asuntos como la desprotección de las personas más vulnerables, las mujeres y las minorías sexuales; el desmantelamiento de políticas sociales y el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Fue en tres audiencias realizadas en la sede de la CIDH, en Washington DC, un escenario adverso para los representantes del gobierno de La Libertad Avanza, debido a que enfrente tenían a los peticionantes, que no coinciden en nada con la visión de esta gestión, dedicada con exclusividad a los resultados fiscales y al achicamiento del Estado, sin importar que como consecuencia de la falta de presupuestos no cumpla siquiera algunas de sus funciones esenciales.

Estas audiencias se realizaron el mismo día en que Milei participaba junto con Trump, en Palm Beach, Florida, de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), una convención de la derecha internacional.

Las audiencias habían sido solicitadas ante la CIDH por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que denunciaron recortes y políticas de ajuste que, según afirman, profundizan la pobreza y vulneran los derechos de los sectores más desprotegidos. Fue algo inédito porque la CIDH no suele dar tres audiencias en el mismo día a un solo país.

La denuncia de los trabajadores de la economía popular: “Nos están dejando sin nada”

La primera de las tres audiencias fue sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Entre los puntos más críticos estuvieron los recortes en la asistencia social y alimentaria, la eliminación de programas de inclusión laboral y el impacto negativo en los sectores más empobrecidos, en un país donde la pobreza alcanzó al 53% de la población en 2024. Las exposiciones, que hicieron hincapié en la falta de recursos para los sectores vulnerables, coincidieron con cuestionamientos de los comisionados de la CIDH, que pidieron explicaciones sobre los motivos detrás de estas políticas de ajuste y su impacto social.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó la delegación de organizaciones sociales en la audiencia. Durante su exposición, Gramajo afirmó: “Lamentablemente, tenemos que estar aquí porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana”. Explicó que en la Argentina, la economía popular es un sector clave que representa casi la mitad de la fuerza laboral, ya que millones de personas, excluidas del mercado formal, sobreviven con trabajos informales y precarios como la venta ambulante y la agricultura familiar.

Gramajo denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei han congelado el Salario Social Complementario en $78.000, “una suma que apenas alcanza para 50 litros de leche”, en sus palabras, y señaló que esta medida ha dejado a miles de familias al borde de la indigencia. “El desfinanciamiento de los comedores comunitarios en un contexto de pobreza creciente es una decisión que condena a nuestros hijos al hambre”, agregó.

El secretario de la UTEP también señaló el impacto del ajuste en los barrios humildes, donde obras de infraestructura básica como el acceso a agua potable, electricidad y cloacas han sido canceladas. Estos proyectos, establecidos por leyes como la Ley de Emergencia Social y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, habían sido cruciales para mejorar la vida de más de 6.000 barrios populares, pero actualmente “millones de familias están otra vez sin acceso a servicios básicos”, subrayó.

El CELS denunció la “destrucción” de políticas públicas

Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que las decisiones del gobierno de Milei representan una regresión en los derechos sociales. “Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hecho y un proceso de estigmatización de las organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen”, expresó Morales, al presentar los datos sobre el crecimiento de la pobreza en 2024.

Morales detalló que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29%, mientras que los recursos para comedores y merenderos comunitarios fueron reducidos en un 85%.

“El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol fundamental”, afirmó y subrayó la falta de inversión en infraestructura pública y la suspensión de proyectos de reurbanización, que dejaron sin opciones de vivienda digna a cinco millones de personas que residen en asentamientos precarios.

La respuesta del Gobierno: “Es una readecuación de políticas”

Desde la delegación oficial, encabezada por el secretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, la estrategia fue la defensa de un modelo de “racionalización de recursos”. El funcionario insistió en que el Gobierno busca “superar los modelos asistencialistas” y crear condiciones de “autonomía” para los sectores populares, aunque no ofreció detalles sobre cómo estas políticas beneficiarían a quienes han quedado sin recursos básicos. “El objetivo es eliminar las dependencias estructurales y crear un sistema más justo”, sostuvo Baños, pero sin explicar cómo se garantizarán los derechos básicos a los sectores más vulnerables en el proceso.

A la hora de responder sobre los recortes en políticas alimentarias, el funcionario de Milei, que fue presentado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo (hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), minimizó la situación y desvió las críticas afirmando que “no hay destrucción sistemática, sino una readecuación de las políticas debido a la situación económica calamitosa heredada”.

Según Baños, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación y la recuperación económica, aunque las consecuencias para los sectores empobrecidos de la sociedad no fueron abordadas en profundidad.

Los comisionados de la CIDH plantearon interrogantes incisivos al Gobierno argentino. Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de derechos de personas privadas de libertad, cuestionó la falta de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Además, el comisionado José Luis Caballero Ochoa, al recordar un fallo de la Corte Interamericana en 2016, advirtió sobre el peligro de retrocesos en políticas públicas, enfatizando la obligación de progresividad de los Estados en derechos sociales. Ambas cuestiones quedaron sin respuestas claras por parte del Gobierno, que se limitó a comprometerse a enviar explicaciones por escrito.

La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, insistió en la importancia de que las políticas fiscales y de austeridad no comprometan los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza. Baños, en su respuesta, reafirmó el compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero, aunque no ofreció soluciones a las denuncias sobre desfinanciamiento de comedores y recortes en políticas de asistencia alimentaria.

El secretario de Derechos Humanos de Milei, un exjuez que llegó a la magistratura durante la última dictadura, adoptó un tono desafiante en defensa de las medidas de ajuste y recortes, describiéndolas como una “racionalización de recursos necesaria para corregir el sistema asistencialista”. En lugar de responder de manera directa a las críticas sobre el impacto social negativo de estas políticas, Baños se centró en un enfoque técnico, subrayando la “autonomía” como el objetivo principal del Gobierno: “Estamos generando un modelo de desarrollo para que cada ciudadano sea autosuficiente y no dependa de planes que perpetúan la pobreza”, afirmó, sosteniendo que los cambios implementados desde diciembre de 2023 buscan erradicar lo que llamó una “cultura de dependencia”.

Baños desestimó las denuncias de desfinanciamiento en políticas sociales, alegando que la “readecuación de políticas” es una respuesta necesaria a la crisis fiscal del país. Aunque admitió que el presupuesto para programas sociales y alimentarios había sido reducido, justificó esta decisión como parte de una estrategia de “eficiencia” orientada a reducir el déficit fiscal. Según Baños, el Gobierno pretende alcanzar un “déficit cero” que permita una “verdadera estabilidad macroeconómica a largo plazo” y, según sus palabras, esto “eventualmente beneficiará a todos los sectores”.

En cuanto a los programas de empleo y asistencia, Baños también defendió la sustitución del Plan Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, una medida que ha sido criticada por las organizaciones sociales por su falta de alcance y de incentivos reales para la inclusión laboral. En su exposición, Baños insistió en que el nuevo programa permitirá a los trabajadores informales “insertarse de manera independiente en el mercado”, aunque no ofreció datos sobre los resultados de esta política ni respondió a las denuncias de que la mayoría de los beneficiarios se han quedado sin alternativas efectivas para acceder a un empleo estable.

En varios momentos de la audiencia, Baños recurrió a un discurso que deslegitimó el trabajo de las organizaciones sociales, acusándolas de fomentar el “clientelismo” y de intermediar en forma “sesgada” la asistencia pública. “Muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares”, manifestó, en un intento de justificar la exclusión de las organizaciones del sistema de asistencia. Baños aseguró que la “desintermediación” de los programas sociales es un paso hacia un modelo que fomente la autosuficiencia, aunque las organizaciones presentes señalaron que esta política ha dejado a miles de personas sin asistencia concreta.

Finalmente, Baños trató de minimizar las críticas sobre el impacto en los niños y en la atención de necesidades básicas, aludiendo a una “mejora” en los índices de inflación que, según afirmó, “empieza a reducir lentamente los índices de pobreza”. No obstante, evitó referirse a los datos que muestran una suba sostenida de la indigencia en 2024. Al cerrar su exposición, Baños reafirmó el compromiso del gobierno de Milei con el “desarrollo económico y la libertad individual”, pero sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los comisionados de la CIDH, quienes destacaron que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre de la austeridad fiscal.

La intervención de Baños refleja la visión de un gobierno que prioriza la “sostenibilidad macroeconómica” sobre las necesidades de los sectores más desprotegidos, una postura que, de acuerdo con las organizaciones y los críticos presentes, continúa agravando la crisis social en Argentina.

El desfinanciamiento a las políticas de protección a las mujeres

A esa primera audiencia le seguía otra sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.

Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expuso la alarmante situación de las políticas de género en Argentina durante los primeros meses de 2024. Acompañada por representantes de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y el CELS, Gherardi detalló el retroceso en la atención y erradicación de las violencias de género y la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva.

Gherardi destacó que entre enero y marzo de 2024, 2,462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional que brinda ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, solo 434 pudieron acceder al programa, a pesar de que el 54% de ellas se encontraba en situación de grave riesgo. En comparación, en el primer trimestre de 2023, 34,000 mujeres lograron acceder al mismo programa, lo que representa una caída del 98%. “Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas”, afirmó Gherardi.

Son miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuya seguridad está en riesgo mientras el Estado las deja desamparadas

Natalia Gherardi — directora ejecutiva de ELA

Desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, se han desmantelado políticas públicas exitosas, desacreditado instituciones sin evidencia, recortado arbitrariamente el presupuesto y reducido el personal encargado de implementar estas políticas mediante despidos masivos. Estas acciones, según Gherardi, incumplen compromisos internacionales vigentes, como la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han iniciado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes en situación de múltiple vulnerabilidad. Solicitan que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo responsable de cumplir las obligaciones en materia de violencia de género, qué políticas públicas están vigentes y cómo se garantizarán estas obligaciones en todo el territorio.

La CIDH, en su informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral con recursos específicos y permanentes, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. Gherardi subrayó que la situación actual en la Argentina refleja un grave retroceso que contradice estos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales.

La “eficiencia” en género y derechos de las minorías: más recortes, menos protección

De nuevo, Baños —junto a Javier Salgado, director del área de Contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Bueno, asesor legal de la misma dirección— fue el responsable de las respuestas ante la CIDH en esta segunda audiencia en nombre del Estado argentino. El funcionario intentó justificar la política de género adoptada por el gobierno, en un discurso cargado de datos sobre las “ineficiencias” de las administraciones anteriores y con promesas de una gestión más “eficiente”. Pese a sus palabras, los datos y las decisiones que destacó apuntan a recortes y traslados de competencias que, según organizaciones sociales, resultan en un debilitamiento de la protección estatal hacia las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Baños también se refirió a la Línea 144, asegurando que el servicio de asistencia sigue disponible “las 24 horas, los 365 días del año”, pero sin mencionar que esta línea sufrió una reducción de agentes, pasando de 140 a solo 81, lo que organizaciones señalan como un golpe a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según él, la coordinación con la Línea 137, también afectada por recortes, “fortaleció” el alcance del servicio, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.

Intentó reforzar el supuesto compromiso del gobierno de Milei con las políticas de género, resaltando que “las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina,” e indicando que varios altos cargos dentro del gobierno están ocupados por mujeres.

Según Baños, el cierre de organismos y la disminución de personal “ineficiente” forman parte de una estrategia que busca el “renacimiento” económico del país. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue presentada como una medida necesaria para enfrentar lo que calificó de “ineficiencia” en la gestión pública, aunque sin ofrecer detalles claros sobre cómo las políticas se verían beneficiadas por este cambio.

Respecto del aborto legal y la salud reproductiva, Baños utilizó los tratados internacionales y los derechos humanos para argumentar que la protección de la vida desde la concepción es un principio fundamental, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta cita fue interpretada como un ataque implícito al aborto legal, al afirmar que la protección de la vida “debe ampliarse y no retroceder”, una crítica a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2020.

En su intervención, Baños también subrayó que los derechos sexuales y reproductivos, tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo, no incluyen el aborto. Esta postura se presentó como parte de una estrategia para reducir el financiamiento en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Según el funcionario, el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente experimentó una fuerte disminución desde 2021, lo que, según él, refleja una falta de efectividad en los programas anteriores.

En cuanto al embarazo adolescente, Baños citó datos de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ubican a Argentina por encima del promedio regional en embarazos no deseados, especialmente en el ciclo primario. Según Baños, la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) no ha logrado los resultados esperados, ya que las provincias que no implementaron el plan obtuvieron resultados similares a las que sí lo hicieron. Para Baños, este fracaso exige un “nuevo abordaje” que permita afrontar el problema, aunque su exposición careció de propuestas claras para una solución efectiva.

Tras la exposición del funcionario de Milei, el comisionado Caballero Ochoa señaló: “Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, entonces la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, del derecho antidiscriminatorio de la igualdad”. La sentencia, previa a preguntas que luego formuló, fue una crítica abierta y lacerante sobre la idea del gobierno de Milei y Baños sobre la protección a las mujeres y a las minorías sexuales.

“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina”

La última audiencia contó como expositora Estela de Carlotto en forma remota desde el edificio del excentro clandestino de detención de la ESMA, hoy reconvertido en sitio de memoria. “Aunque lamento no poder estar en forma presencial con ustedes, es un gran honor estar nuevamente frente a esta comisión, aunque también una gran tristeza. Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Posteriormente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, advirtió sobre lo que consideró una grave regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina. Litvachky denunció el desfinanciamiento, la clausura de líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria.

En su presentación, Litvachky señaló que las promesas de campaña del gobierno de Milei se han traducido en acciones concretas que amenazan un proceso consolidado desde la posdictadura y que ha sido modelo en la región y el mundo. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, sostuvo la directora de CELS.

Litvachky también expresó preocupación por un discurso oficial que, según afirmó, reivindica la represión clandestina y critica los juicios de lesa humanidad como una “campaña contra las Fuerzas Armadas”. Esta postura, indicó, se ve reflejada en acciones como el elogio de indultos a militares condenados y la realización de reuniones políticas con responsables de torturas y asesinatos masivos.

Según Litvachky, estos ataques no solo ponen en riesgo la continuidad de las políticas de derechos humanos sino que también buscan minar el consenso social y político que condena las atrocidades cometidas durante la dictadura. “Estamos frente a un gobierno que promueve la regresividad y se jacta de incumplir sus obligaciones internacionales”, afirmó, alertando sobre los efectos que esto podría tener en la sociedad argentina y la región.

La directora del CELS realizó una solicitud formal a la CIDH para que inste al Estado argentino a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el restablecimiento de las políticas desmanteladas y el abandono de posturas relativistas sobre crímenes de lesa humanidad. Litvachky pidió además que la Comisión realice una visita a Argentina para evaluar de primera mano los retrocesos denunciados y formular recomendaciones.

Luego, en una contundente intervención, el escritor Martín Kohan alertó sobre las amenazas que enfrenta la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, argumentando que el intento de cerrar el capítulo de esta memoria viva representa, en realidad, un esfuerzo por silenciar y suprimir el trabajo colectivo de la sociedad para entender y condenar los crímenes de la última dictadura militar. “La memoria, la de memoria, verdad y justicia, es siempre una memoria abierta”, afirmó Kohan, subrayando que se trata de un proceso continuo que mira al presente y al futuro, más allá de lo sucedido en el pasado. Para Kohan, esta memoria no puede considerarse concluida ni fija, pues debe mantenerse en movimiento y en construcción para preservar la verdad y exigir justicia.

El escritor alertó que cualquier intento de “dar por completo” o dejar atrás esta memoria implica, de hecho, un esfuerzo por negarla. Kohan también denunció lo que considera una producción de “desconocimiento” por parte del Estado, ya que “pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado” es una forma de aplastar el conocimiento logrado a lo largo de más de 40 años de democracia. Según Kohan, la memoria argentina se ha forjado en un extenso y valioso proceso social, lleno de debates y contradicciones, que ha permitido una comprensión profunda de la historia reciente. “Pero si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y a la justicia”, sostuvo Kohan.

El escritor pidió a la CIDH que proteja los avances alcanzados, recordando que tanto las verdades como las justicias obtenidas en el pasado necesitan ser defendidas de los embates actuales. Según Kohan, los ataques a la política de memoria en Argentina ponen en riesgo no solo la comprensión y condena de la historia de violencia estatal, sino también los cimientos democráticos y los valores colectivos que han guiado a la sociedad en el proceso de “Nunca Más”. 

Negando el negacionismo

Baños, otra vez, aseguró que la administración del presidente Milei respalda plenamente los principios de memoria, verdad y justicia, y refutó las acusaciones de negacionismo que, según afirmó, no tienen fundamento real.

Baños destacó que el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibe más de 400 visitas diarias y 20 escuelas por semana, lo que muestra, según él, un sólido compromiso estatal con la preservación de la memoria. Además, recordó que el Estado argentino destina alrededor de $4.000 millones al año para mantener este espacio y a los organismos allí presentes, incluido el Archivo Nacional de la Memoria. Para Baños, el hecho de que estos sitios sean accesibles al público demuestra que el gobierno no ha abandonado las políticas de derechos humanos.

En cuanto a las causas por delitos de lesa humanidad, Baños señaló que se han dictado 331 sentencias desde 2006, de las cuales 9 corresponden a 2024. Asimismo, mencionó que en este año la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido activamente en 265 causas en las que las víctimas no cuentan con patrocinio legal propio. Según el secretario, estos datos evidencian que el Estado no ha modificado su enfoque en estos temas.

Respecto a la derogación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños, Baños explicó que esta decisión se tomó para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Indicó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) sigue adelante con sus funciones, y que las investigaciones sobre apropiación de niños continúan a cargo de la Procuración General de la Nación y los juzgados pertinentes.

Baños también subrayó que los archivos relacionados con delitos de lesa humanidad están resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, y desestimó cualquier preocupación por la vulnerabilidad de estos documentos. Reiteró que la política de leyes reparatorias continúa en marcha y que una auditoría reciente permitió detectar irregularidades en los expedientes, lo que ha llevado al inicio de acciones judiciales.

Para cerrar su intervención, Baños aseguró que el gobierno no cederá a lo que calificó como “presiones ideológicas” y reafirmó que el compromiso con los derechos humanos y la memoria abarca “a todas las víctimas, sin distinción de banderas”.

Anteriormente, uan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, dijo que las decisiones que está tomando el gobierno de Milei responden a una “crisis económica sin precedentes” que exige optimizar recursos y suprimir estructuras duplicadas.

El secretario también abordó los cuestionamientos por la negativa de proporcionar información sensible a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Battaleme argumentó que la solicitud de acceso a legajos militares debe ser específicamente ordenada por la justicia y bajo circunstancias debidamente justificadas, en línea con la Constitución Nacional y el secreto militar establecido por decreto. “No se trata de ser más o menos colaborativos, sino de actuar bajo un marco de legalidad”, subrayó.

Sobre el final de la audiencia, se le dio la palabra al experto de Naciones Unidas Jan Jarab, quien es representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación a la memoria, la verdad y la justicia. La exposición del funcionario de la ONU fue duramente cuestionada por Baños, quien señaló su “absoluta sorpresa y estupor la participación de este señor, relator de Naciones Unidas, no avisada, no informada”.

Las tres audiencias ante la CIDH pusieron de manifiesto las profundas preocupaciones sobre el rumbo que está tomando la política de derechos humanos en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las críticas de organismos internacionales, junto con las denuncias de organizaciones sociales y figuras históricas como Estela de Carlotto, dan cuenta del riesgo de un retroceso en áreas fundamentales como la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las políticas de protección a las minorías.

Mientras el Gobierno insiste en que sus reformas son necesarias para enfrentar la crisis económica, la comunidad internacional sigue vigilante, instando al Estado argentino a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En este contexto, la defensa de los avances conseguidos en democracia y la preservación de los derechos fundamentales se convierten en una responsabilidad compartida, que sigue siendo crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

JJD

Javier Milei aterrizó este jueves en Palm Beach, Florida, para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). Casi a la misma hora en que el Presidente se esté codeando entre los grupos más conservadores de los Estados Unidos a la espera de encontrarse, finalmente, con Donald Trump, a 1.500 kilómetros de distancia, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrirá tres audiencias en las cuales el Gobierno argentino tendrá que responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país, desde cuestiones de género hasta el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia, o los recortes a los programas sociales.

Se trata de un hecho inédito. La CIDH no suele dar tres audiencias en el mismo día a un solo país. Pero este jueves habrá tres en las que el gobierno de Javier Milei deberá responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país. Participarán organizaciones, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y sindicatos para dejar su testitomonio sobre el retrocesos en políticas públicas. 

La primera de las audiencias será a las 13, hora de Argentina, bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Los expositores serán referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) quienes plantearán la destrucción de las políticas alimentarias y sociales.

A las es el turno de las políticas de género: “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Quienes expondrán son referentas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres x Mujeres, la FUNDEPS y el CELS. Por caso, en los primeros seis meses de gobierno, el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el 2023.

Según un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se registró una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar, que asiste psicosocial y económicamente a mujeres en situación de violencia de género. Además se redujo un 25,52% del presupuesto de la Línea 144 de atención telefónica en todo el país.

Por último, la tercera audiencia tendrá a Estela de Carlotto entre sus expositoras quien hablará en forma remota desde el edificio de la ESMA. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo expondrá junto con Paula Litvachky del CELS, Verónica Torras, de Memoria Abierta y el escritor y profesor Martín Kohan. En forma remota, desde Buenos Aires, participarán Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital. También estará presente Graciela Lois de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y por la sociedad civil se sumará un rector en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.

En junio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya había formulado un advertencia sobre el rumbo de los derechos humanos durante la gestión de Javier Milei. Durante el 56º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, había advertido que los recortes a los planes sociales, la “motosierra”, “afectan particularmente a los más marginados”. Por tal motivo, Türk instó a las autoridades argentinas “a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva”.

Durante las audiencias de hoy, los representantes del Gobierno podrán dar su versión o responder a las consultas de la CIDH. Luego, la Comisión podría emitir una recomendación aunque el sólo hecho de dar lugar a los reclamos es una señal de la preocupación que despiertan los recortes de la gestión de Milei.

Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió semanas atrás al Gobierno argentino la apertura de todos los archivos secretos relativos al caso AMIA. Sin embargo, con una posible reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la desclasificación se hace más improbable aún. La Ley de Juicio en Ausencia fue presentada como una herramienta para enjuiciar a los “iraníes que volaron la AMIA”; sin embargo, diversos actores  relacionados con el tema aseguran que esto es complicado dado el principio de irretroactividad de la ley penal. 

En abril del 2024, la Cámara Federal de Casación Penal señaló, en la causa por el encubrimiento del atentado, a Irán y a Hezbollah como responsables del atentado a la AMIA, ocurrido ya 30 años atrás. Esta decisión judicial no estaba fuera de contexto político: ya antes de asumir la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei se había reunido con el canciller israelí y le había prometido declarar a Hamas como grupo terrorista; meses después, ya como presidente, le prometía a dirigentes y empresarios judios no solo poner en la “lista negra” a Hamas, sino también avanzar con el esclarecimiento de los dos principales atentados de la historia argentina: el de la mutual israelita y el de la Embajada de Israel. 

El miércoles 10 de julio, tan solo una semana y un día antes del aniversario número treinta del ataque terrorista, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, junto a otros miembros del Poder Ejecutivo, envió la “Ley de Juicio en Ausencia” al Congreso de la Nación. En caso de aprobarse, la normativa habilita a la Justicia argentina a juzgar sin la presencia del acusado y en el caso de la mutual israelita, “con todas las pruebas mandar una orden de captura internacional” a los “iraníes que volaron la AMIA”, como mismo anunció el ministro de Justicia al enviar la Ley al Poder Legislativo. 

Contra reloj, el viernes por la noche, el Gobierno anunció la decisión de incluir a Hamas en el listado de organizaciones terroristas. El grupo islámico fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado en 2019 y que depende del Ministerio de Justicia.

A pesar de estos movimientos a favor del avance de la causa, en junio del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. “Esta decisión significa reconocer que gran parte de las denuncias y de los planteos de grupos de familiares de victimas, acerca de las acciones de obstaculización y desvio de la investigación, tenían sustento”, sostiene, en diálogo con elDiarioAR Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes representan a los familiares ante la Corte IDH. 

Amos Linetzky, presidente de la AMIA, sostiene que es “positivo” el envío del proyecto de “Ley de Juicio en Ausencia”, pero que la pregunta fundamental es “cómo va a jugar en el caso del juicio por el atentado a la AMIA”. “Entran en juego argumentos jurídicos como la retroactividad de la ley”, sostiene Linetzky. Un abogado penalista relacionado con la causa sostiene que le cuesta pensar cómo la van a aplicar de forma retroactiva: y que, aunque sea una ley procesal penal (y no solo penal), se debería aplicar el mismo argumento de la no retroactividad. 

Litvacky sostiene que “no está claro el compromiso” que tendría el Gobierno hacia la causa. Sobre la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, la directora del CELS sostiene que esta “no le da envergadura y gravedad al hecho de que jueces, fiscales y jefes de inteligencia nacional investigaron mal el atentado, desviando su curso”. “La envergadura que le da al hecho Casación y la que le da la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es compatible”, agrega Litvachky. 

La directora del CELS explica que la CIDH considera que Argentina tiene que mejorar su regulación respecto al secreto; en particular, que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) tiene la obligación de abrir y desclasificar archivos y documentación secreta relativa al caso AMIA. 

“El Estado tiene que cubrir muchas falencias que no ha cubierto: el fallo de la CIDH pone al descubierto estas falencias, desde los sistemas de inteligencia y legislación hasta en el acceso a la información”, coincide el presidente de la AMIA. 

“Sin embargo, todas las señales que el Poder Ejecutivo está mandando en términos de como funciona hoy la AFI y el sistema de seguridad en general es favorable a un funcionamiento bajo el más amplio secreto. Esto es contradictorio con lo que se pide desde los organismos internacionales y desde el poder judicial, a manos del Juez Lijo y del fiscal Basso de la UCI-AMIA: que se abran los archivos”, sostiene la directora del CELS. 

La apertura de archivos depende de Presidencia. Sin embargo, apesar de la adscripción hacia una lucha “contra el terrorismo” y de la promesa de avanzar en la causa AMIA, el único archivo que se desclasificó hasta ahora es el que se conoce como “Informe Toma”, en el cual se prueba la conexión de la cupula iraní con el atentado. Solamente se desclasificó lo que se conoce como el “nodo o síntesis central”. Las otras diversas carpetas de este informe permanecen clasificadas. 

Litvachky sostiene que de hecho, la posible reforma de la AFI, de la cual se habla en los rincones del Gobierno pero sobre la cual todavía no hay ninguna oficialización, empeoraría la situación. “Se planea hacer esta reforma por decreto. Sin embargo, se tiene que discutir cuánto secreto y transparencia tiene que tener nuestra agencia de inteligencia. Gran parte de las razones de por qué no se esclarece el atentado tienen que ver con el secreto con el que ha funcionado la SIDE en su momento”, sostiene. 

AS/MG

El Gobierno tuvo que dar explicaciones por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la política represiva del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y, fundamentalmente, sobre el accionar de las fuerzas federales el 12 de junio pasado, cuando se detuvieron de manera arbitraria a 33 personas frente al Congreso, donde había protestas contra la votación de la ley Bases y el paquete fiscal. 

Casi en paralelo a la audiencia virtual de la CIDH se supo que fueron liberadas dos de las personas detenidas en aquella represión, David Sica y Cristian Valiente. Este viernes, al cumplirse exactamente un mes, habrá una manifestación en la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Roberto de la Cruz Gómez y Daniela Calarco Arredondo, que aún permanecen en el penal de Ezeiza.

Las justificaciones públicas ante el órgano que depende de la OEA (Organización de Estados Americanos) las dieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y el responsable del Área de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, mano derecha de Bullrich. Fundamentaron que el protocolo busca evitar supuestos actos de “desestabilización” o “sedición” y afirmaron que el derecho a la protesta y de la libertad de expresión están garantizados en el país. Fueron duramente criticados en la misma audiencia por representantes de organizaciones sociales y hasta por el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.

“El mandato popular que recibió Milei, votado por el 56 por ciento, llama a ordenar socialmente al país y evitar que grupos minoritarios atenten al sistema democratico”, argumentó Fohrig sobre el protocolo antipiquetes, pese a que los fundamentos de la resolución 943 es que busca que las protestas no impidan la libre circulación del tránsito. “El objetivo del protocolo es asegurar la convivencia democrática”, agregó el funcionario en otro pasaje.

Baños llamó “grescas” a la represión que ocurrió el 12 de junio y aseveró: “Las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares del Estado y que los legisladores pudieran sesionar”. Varias de las personas que fueron detenidas aquel día acusaron a los agentes de llevar adelante “una cacería” incluso sobre la avenida 9 de Julio, es decir lejos del Congreso.

Según los denunciantes ante la CIDH, ya hubo más de 80 personas detenidas arbitrariamente desde que la administración de Javier Milei activó el protocolo y hubo 665 personas heridas, desde manifestantes a los periodistas y reporteros gráficos que recibieron balas de goma mientras cubrían las manifestaciones. 

“Promueven el desarrollo de una cultura del miedo y del terror, para detener y silenciar las voces de la protesta que crecen día tras día”, dijo Angel Borello, secretario de derechos humanos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). También participaron el CELS, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la agrupación H.I.J.O.S. y FATPREN –federación de gremios de prensa–.  

Además de calificar a todas las manifestaciones como actos antidemocráticos, en su intervención el Gobierno intentó conectarlas con la investigación judicial que se lleva adelante contra organizaciones sociales por supuesta extorsión a sus militantes para que participen en protestas. “Nos interesa que la protesta sea libre y que no sea coactiva por organizaciones y que retacea comida a gente pobre que obliga a las personas a ser parte de las protestas”, dijo Fohrig.

“El derecho a la protesta está sujeto a restricciones de otros ciudadanos que tienen visiones diferentes”, aseveró Baños y agregó que “el Estado argentino no violenta a los periodistas ni cercena a la libertad de expresión”.

La audiencia duró unas dos horas, en las que luego de las presentaciones de las organizaciones sociales y del Estado argentino, varios representantes de la CIDH marcaron críticas al protocolo antipiquete y realizaron preguntas. Los cuestionamientos más críticos los hizo Jarab, representante de la ONU en la reunión. “Toda restricción tiene que ser limitada a lo estrictamente necesario. El rol de las autoridades tiene que ser el de facilitar el derecho de protesta y no de restringirlo”, afirmó.

También señaló que “la aplicación del protocolo antipiquete ha sido caracterizado por falta de criterios claros” y afirmó que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y concluyó con un punto que chocó contra el argumento oficial, incluso usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo como no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”, planteó.

Tras la audiencia, quedó en el aire la posibilidad de que la CIDH haga una visita a la Argentina para auditar de primera mano la actuación de las fuerzas de seguridad y el protocolo antipiquete. Fue un pedido de las organizaciones sociales, al que los representantes del Gobierno aceptaron a regañadientes, según la expresión de Baños en la reunión: “El Estado no tiene nada que esconder”.

MC/MG

A pocas semanas de cumplirse treinta años del atentado contra la AMIA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad histórica y justicia para las víctimas y la sociedad. La Corte también ordenó reformas estructurales en el uso de información de inteligencia en causas judiciales y el acceso a la documentación.

En su sentencia, según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, que patrocinó la denuncia presentada por la agrupación Memoria Activa) la Corte destacó que “continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento”. Señaló que la propia actuación estatal ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos.

La condena incluyó la responsabilidad del Estado argentino en todas las violaciones alegadas por la organización Memoria Activa: violación del derecho a la vida por falta de prevención del atentado, falta de investigación adecuada del atentado y su encubrimiento, violación del derecho a la verdad histórica y a la información, y responsabilidades en el encubrimiento.

Entre las medidas ordenadas, la Corte demandó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y su encubrimiento en un plazo razonable. Además, ordenó una reforma normativa para regular el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales. Afirmó que “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información para evitar aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas”.

El tribunal internacional también dispuso que se regulen los procesos de desclasificación y se garantice el acceso pleno de las víctimas a la información ya desclasificada, que deberá ser conservada adecuadamente para su consulta por toda la sociedad. Asimismo, se ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.

La sentencia de la Corte Interamericana representa un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa ha llevado adelante desde el atentado, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem. La organización denunció desde un principio el encubrimiento y el desvío de la investigación por parte del poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía.

Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado fue una maniobra deliberada, ejecutada en las altas esferas del poder político. Sin embargo, las condenas impuestas fueron consideradas extremadamente bajas y desproporcionadas al daño causado. La decisión de revertir estas condenas recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El rol de los servicios de inteligencia y su influencia en el sistema político argentino fueron cruciales en la perpetuación de la impunidad. Desde los primeros momentos posteriores a la explosión y a lo largo de las décadas siguientes, la causa estuvo controlada por operadores políticos y agentes de inteligencia, protegidos por el secreto y la discrecionalidad en el manejo del dinero público.

“Treinta años después de la mañana del 18 de julio de 1994, todavía no hubo justicia en la Argentina, todavía no sabemos quién y por qué cometió el atentado. Todavía los archivos que muestran maniobras de encubrimiento y corrupción son secretos para la sociedad argentina. Todavía nadie descansa en paz. Hoy un tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. Los invitamos a todos a acompañarnos en esta lucha, para que finalmente, el Estado argentino cumpla con sus obligaciones y la justicia, aunque tardía, sea posible”, señaló el CELS.

JJD

Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el “cese” de su aplicación, que tendrá este miércoles su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.

“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, informó este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Según se precisó, se enviaron “dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo” presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.

Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.

Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

En los escritos, se advierte que “la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.

“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”, añadieron en la denuncia.

Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.

En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”, finalizaron en la denuncia.

Todos los firmantes

El protocolo, punto por punto

Con información de agencias.

IG

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación sobre “las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas” en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y apuntó a que es “una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”.

“La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Según recuerda la CIDH, el sábado 17 “en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales”.

“La CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones”, advirtió el organismo de derechos humanos.

Según la información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, hubo 25 personas detenidas. Entre ellas habría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas; y según la información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio fueron puestas en libertad.

En el comunicado, la CIDH señala que las protestas “se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente”, y enumera que “entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta”.

“Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”, advierte el organismo.

La CIDH señaló en ese sentido que “el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales” y afirma que “la consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”.

En cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado, el organismo advierte que “tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto”.

“El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes”, advierte.

En cuanto a los cortes de ruta, recordaron al Estado que “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”, y apuntaron que “es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.

La comisión además reconoce “la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa” y asimismo “se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

El comunicado concluye diciendo que la CIDH “seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir”.

MB con información de agencias

Uno de los jueces trasladados de un tribunal a otro por decreto del ex presidente Mauricio Macri denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por sus eficaces ataques a la garantía de la estabilidad en la magistratura”.

Mediante un extenso documento, el juez Germán Castelli, actualmente en el Tribunal Oral Federal número siete, subrayó que “aunque resulte doloroso afirmarlo como nacional de una democracia republicana, el Estado argentino entre el 30 de julio de 2020 y el 18 de octubre de 2022 llevó adelante ataques lamentablemente eficaces contra la garantía de estabilidad en la magistratura como presupuesto de la independencia”.

Castelli recordó que fue nombrado en 2011 como juez del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y en 2018 fue trasladado con su consentimiento al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

El juez señaló que venía pidiendo el traslado desde 2012 y 2014, y que, finalmente, fue otorgado por el ex presidente Macri “sin que la ciudadanía objete la decisión”.

“Cuando reinaba la pandemia con sus demoledores efectos de muerte, dolor, encierro, temor y tristeza, en un antiguo pero creciente contexto de pobreza y desempleo de la población, una nueva gestión del Consejo de la Magistratura, de manera sorpresiva, prepotente e irrefrenable, inició el trámite de destitución que alcanzaba un puñado de juezas y jueces”, indicó Castelli.

Entre esos jueces aludidos por Castelli, están también los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; a todos, la Corte Suprema les indicó que el traslado por decreto había sido incorrecto, pero les permitió continuar en sus cargos hasta que fueran nombrados sus reemplazantes.

Castelli criticó “la mediocridad de la Corte argentina como desencanto institucional”, pero no obstante la respaldó con un curioso razonamiento: “es preferible una Corte Suprema mediocre conocida, que una buena por conocer”.

“Sin dudas que la mediocridad del máximo tribunal argentino es perfectible (…) pero la urgente intervención de esa Comisión y de la Corte Interamericana pueden subsanar este puntual desvarío institucional”, añadió en su denuncia ante la CIDH.

Castelli recordó que integra actualmente un tribunal que tiene por delante el juicio contra Cristina Kirchner y otros imputados en la Causa Cuadernos.

“El actual Gobierno está compuesto por una coalición, conformada, en esencia, por el presidente y la vicepresidenta, quien, de acuerdo con la Constitución Nacional, preside el Senado, donde, a su vez, el oficialismo cuenta con mayoría”, destacó el juez.

“También registran otros procesos penales distintas personas por hechos presuntamente cometidos en aquella gestión de Gobierno. El Presidente de la Nación, a su vez, se ha pronunciado públicamente por la inocencia de su compañera de fórmula en uso de su derecho de libertad de expresión”, abundó.

La denuncia, dirigida a la secretaria ejecutiva interina de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, reclama que un tribunal internacional “declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y que “recomiende al Estado argentino se otorgue carácter definitivo al cargo del juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Con información de NA.

IG

“Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota”, dice el especialista en Derechos Humanos, Paulo Abrão, secretario de Justicia de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta 2020. Por el contrario, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, “la tradición demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad”, dice Abrão.

¿Cree que Bolsonaro puede llegar a desconocer el resultado?

Existe riesgo de que Bolsonaro no reconozca los resultados. Hay altas probabilidad de que pueda pasar. Si no pasa, sería absolutamente sorprendente. La posición que Bolsonaro ha adoptado, por medio de las denuncias que cuestionan la legitimidad y transparencia del proceso electoral, puede ser un indicio de que Bolsonaro está implementando en Brasil el “plan Trump”. En primer lugar, una campaña de intento de desprestigio del sistema electoral y del sistema de votación, seguido de una campaña de desinformación y noticias falsas para agitar a que los grupos extremistas estén armados y dispuestos a atentar en contra las propias instituciones.

¿Con qué objetivo Bolsonaro busca instalar la idea del fraude?

El objetivo final es, por un lado, intentar promover algún tipo de disturbio social que le permita permanecer en el poder y, como segunda estrategia, tener el recurso retórico sobre una supuesta falta de transparencia para alimentar su base electoral, proyectándose a las elecciones locales en dos años y a las elecciones nacionales en cuatro años. Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota

En el caso de que Lula gane el domingo, ¿cuál será el principal desafío como presidente?

Lula podría llegar a gobernar en un país donde la agenda de derechos humanos viene de vivir el mayor retroceso de su historia. Un país donde la agenda ambiental, el desmantelamiento de la Amazonía y la desprotección de las tierras indígenas atraviesan una situación crítica y tendrá que enfrentarse a los grupos ilegales que están instalados en estas regiones. Lula tendrá también un Legislativo conservador, en el cual tendrá que mostrar toda su habilidad para construir una base de sustentación gubernamental muy amplia. Eso significa que este tercer mandato de Lula no será un gobierno del PT y si no un gobierno de un frente demasiado amplio. No será una tarea muy fácil, pero entiendo que las dos palabras claves para comprender un eventual nuevo gobierno Lula son: reconstrucción y diálogo. Reconstrucción de una institucionalidad pertinente y diálogo posibilitar la reconstrucción que incorporo a amplios sectores sociales, para que nunca más la democracia brasileña esté bajo bajo riesgo.

¿Qué escenario se abre para Brasil en el caso de que Bolsonaro sea reelecto?

Si Bolsonaro gana el domingo, tiene que saber que la tradición de demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad. Pero al mismo tiempo llamará a la comunidad internacional y a la propia sociedad civil brasileña, a mantenerse movilizada, en posición de resistencia, en contra de los retrocesos para evitar que Brasil pueda alinearse a los gobiernos de la extrema derecha global.

¿Qué lugar ocupa en este momento Brasil en el mundo?

Brasil ha estado ausente del escenario internacional en los últimos cuatro años. La imagen del país nunca ha estado tan despreciada como ahora y eso es debido a los discursos de Bolsonaro en cuanto a las propias posiciones que el país ha tenido en el ámbito internacional. Entonces, creo que de ser reelecto Bolsonaro, tendríamos que avanzar con una combinación de solidaridad internacional y articulación interna entre la política y la sociedad civil para evitar que Bolsonaro pueda implementar una agenda autocrática completa. Nosotros, como sociedad civil, vamos a tener mucho trabajo para que, en el caso que renueve Bolsonaro, los siguientes cuatro años no signifiquen aún más retrocesos para nuestro país.

Movimientos regionales en el BID y la OEA

Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH hasta 2020, conoce bien a Luis Almagro. Fue el secretario general de la OEA quien decidió terminar con su continuidad al frente del organismo, bajo el argumentado de que no podía renovar el contrato de una persona con supuestas denuncias de abuso laboral. En ese momento, la comisión de derechos humanos desmintió las acusaciones de Almagro y denunció un “grave embate” contra la autonomía e independencia de la institución por parte del secretario general de la OEA.

En este momento, Luis Almagro está siendo investigado por haber mantenido una relación personal con una mujer de su equipo de trabajo. En un juego de espejos con los motivos que llevaron a la expulsión de Mauricio Claver-Carone del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Almagro podría ser destituido de su cargo.

Hace una semana, el Tribunal Administrativo de la OEA reconoció el derecho de Luis Almagro a no renovarle su contrato. ¿Cómo está su relación con el organismo?

Lo que plantee antes de irme era la ilegalidad de la decisión del secretario general de terminar mi contrato por las razones que él decidió hacer públicas en sus comunicados de prensa. El tribunal lo que determinó la semana pasada es que mi contrato terminó porque así lo indicaba la fecha y no por otro motivo. Eso significa que la sentencia reconoce el argumento de que mi salida fue por un simple vencimiento del plazo, como defendí. Entonces, contrariamente a lo que podía parecer en un principio, la determinación del Tribunal es a mi favor. Para mí es una victoria significativa.

Entonces, ¿por qué cree que Almagro basó su argumento en las denuncias del maltrato laboral?

A mí no me cabe especular las razones. Simplemente mantengo mi espíritu tranquilo de haber podido cumplir con mis tareas, con la conciencia tranquila de haber promovido una gestión equitativa, que ha mirado a todos los Estados con los mismos estándares, que ha buscado equilibrar la la posición institucional de la CIDH sobre los distintos derechos, con equilibrio regional. Creo que valió la pena. Estos cuatro años significaron un fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿En qué estado están esas denuncias?

Hasta hoy, no tengo conocimiento de ninguna denuncia formal en mi contra. Tampoco he sido notificado de ninguna conclusión respecto a ninguna investigación.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Luis Almagro?

Durante la pandemia hablamos varias veces. No sé si fue en enero de 2020.

¿Almagro le expreso de manera directa, en algún momento, la voluntad de no darle el respaldo para un nuevo mandato?

No, nunca habló ni conmigo ni ningún otro representante de la Comisión sobre la posibilidad de hacerlo.

¿Piensa que la resolución de la CIDH, denunciando “masacres” de civiles por parte del gobierno de Jeanine Áñez, puede tener que ver con esa decisión?

La Comisión denunció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el gobierno de Añez que derivaron en masacres contra a su gente. El propio gobierno de facto, en su momento, intentó descalificar la labor de la Comisión Interamericana, adoptando una posición negacionistas de esos hechos. Bolivia alegó que las masacres no habrían pasado, que los hallazgos de la Comisión no confirmaban los hechos, que era un informe sesgado. Por lo tanto, empezó una campaña de intento de descalificación del trabajo técnico de la Comisión Interamericana. Todo eso en vísperas de la reelección del secretario general de la OEA, claro.

¿Cómo analiza la investigación en contra Luis Almagro por haber violado un reglamento interno?

Prefiero no comentar ese tema porque no me no me corresponde.

El motivo de la denuncia es similar al que enfrento Mauricio Claver-Carone, que terminó con su cargo en el BID. ¿Qué piensa sobre el tema?

Existe dentro de las Américas la expectativa de que las dos principales organizaciones del sistema interamericano tengan estándares de funcionamiento rigurosos y mecanismos de investigación independiente. De manera que, desde el punto de vista de un observador externo, la expectativa ahora con la OEA es saber si va a seguir los mismos altos estándares que demostró implementar el BID.

¿Por qué cree que pasa ahora? ¿Incide el cambio de posición de la administración de Biden?

Bueno, es difícil opinar sobre aspectos que que muchas veces tienen origen en intereses que no están al alcance del conocimiento público. Yo no creo que el interés político pueda terminar por afectar a las más altas autoridades de estos organismos. Si violaron o no sus normas internas es una cuestión objetiva. Me parece que el tema de fondo tiene más que ver con una crisis de credibilidad que que estos organismos regionales viven hoy como consecuencia de la promoción de una agenda que ha desprestigiado los espacios multilaterales como lugar de construcción de consensos. Yo creo que aquí hay una una politización, que quizás parte de la concepción del propio sistema interamericano, pero que al mismo tiempo el problema lo tiene que procesar la OEA.

¿Cuál es el rol que la OEA puede cumplir para promover esa integración regional?

La OEA es hoy un espacio fracturado. La tarea importante para el próximo ciclo, incluso a partir de estos cambios gubernamentales de región, pasará por decidir cómo reconstruir ese lugar, cómo reconstruir ese espacio de manera que no pueda haber una instrumentalización coyuntural del organismo para intereses de ciertas agendas políticas.

A 11 años del homicidio impune de Octavio Romero (33), el suboficial de Prefectura Naval Argentina (PNA) asesinado en 2011 presuntamente para evitar que se convirtiera en el primer integrante de esa fuerza en contraer matrimonio igualitario, el Estado Argentino reconoció hoy “su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  al tiempo que se comprometió a adoptar una serie de medidas reparatorias.

“Se trata de un crimen de odio que marcó un antes y un después porque iba a ser el primer prefecto en unirse en matrimonio igualitario pero también porque luego vino un poder judicial homofóbico, hegemónico y excluyente que no quiso ni supo avanzar en esta causa como en tantos otras casos con víctimas nuestra comunidad por los que reclamamos”, dijo a elDiarioAR el abogado y ex presidente de la CHA, Pedro Paradiso Sottile,

“Por otro lado, este es un acuerdo histórico porque es la primera vez que un Estado llega a una solución amistosa por un crimen de odio”, agregó el actual titular de la Fundación Igualdad que junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañaron al novio de la víctima –Gabriel Gersbach- en el recorrido iniciado hace 10 años ante la CIDH que hoy concluye con este acuerdo.

Además de reconocer que la investigación judicial incumplió con  “la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, en esta solución amistosa el Estado argentino “reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach” y se obliga a otorgarle una reparación pecuniaria a determinar. También se compromete a brindar apoyos a la fiscalía a cargo de esclarecer lo sucedido, a implementar acciones de reparación simbólica y políticas de no repetición.

Orgullo gay

“El ‘orgullo gay’, era un concepto que antes me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso de Octavio, de lo que siento por él y por estar haciendo algo en su honor. Creo que él está viendo y agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita”, dijo a elDiarioAR Gabriel Gersbach horas antes de la audiencia.

“Ahora va a haber protocolo de actuación (ante denuncias de discriminación por orientación sexual en las fuerzas de seguridad), que es fundamental porque otros chicos (gays) de Prefectura fueron amenazados después del crimen y a un suboficial le dijeron que ‘iba a terminar como Octavio Romero’”, agregó.

Según el Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

Según un Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

“Simbólicamente es muy valioso que el Estado esté haciéndose cargo de que la justicia argentina no tiene perspectiva de género; ahora esperamos que las medidas de no repetición se puedan aplicar”, dijo a este medio Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ.

La letrada explicó que “el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino,  no es por el crimen de Octavio (en sí) que todavía la justicia no comprobó si fue cometido por la fuerza, sino porque la investigación penal no fue hecho de acuerdo a los estándares internacionales”, como consecuencia de lo cual “seguimos sin saber lo que pasó”.

Del acto de rúbrica de la solución amistosa participaron además de Gersbach, Sottile y Fernández, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU, Víctor Madrigal-Borloz.

Signos de tortura

Octavio Romero tenía 13 años de trayectoria como suboficial de la Prefectura Naval Argentina -uno más que de noviazgo con Gabriel- cuando fue secuestrado de su domicilio la fría noche del 11 de junio de 2011, donde estaba solo, alistándose para asistir a una fiesta de cumpleaños en Parque Centenario.

Dos botellas enfriándose inútilmente en la heladera, la puerta de calle abierta, luces y televisión en funcionamiento fueron las señales de alarma que recibió su pareja al regresar más tarde esa noche. 

Después, el silencio: Octavio nunca llegó a la fiesta, todo llamado telefónico fue en vano y nadie supo más nada de él hasta seis días más tarde, cuando su cuerpo desnudo y con signos de torturas fue encontrado flotando a orillas del Río de la Plata, a la altura de Vicente López y en jurisdicción de PNA.

De entonces a esta parte, poco es lo que se sabe más allá de los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte sobrevino por “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. El cuerpo presentaba una alta concentración de alcohol en sangre (2,6 gramos por litro de sangre), golpes en la cara y nuca efectuados con un objeto contundente pero en cambio no tenía rastros de lesiones defensivas. El elemento con el que fue agredido nunca se encontró, como tampoco su teléfono celular ni su arma reglamentaria.

“Octavio se iba a casar y en Prefectura no todos aceptaban que fuera un casamiento gay o que un gay llegara a ser oficial, porque al obtener el título pasaba a automáticamente a ser oficial Por eso me inclino a pensar en un crimen de odio a su condición sexual que ya había sido motivo de amenazas aunque, por otro lado, trabajaba en Control de Gestión que otorgaba permisos entrada y salida de buques, que es una oficina con mucho poder”, dijo Gabriel.

Por su parte, Sottile recordó que “desde siempre hemos sostenido que es un crimen de odio, cometido por integrantes de la fuerza” porque de otra forma es imposible  “desaparecer de pleno centro porteño a una persona y que aparezca el cuerpo una semana después” en jurisdicción de la PNA

“Si se lograra constatar esta hipótesis, estaríamos hablando de los mismos procedimientos que utilizó la dictadura cívico-miliar-eclesiástica, incluyendo haber sido chupado de su casa. Es muy simbólico y causal”, dijo.

Sin imputados

En la causa por homicidio que tramita en la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº40 bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº24, no hay siquiera imputados. De sus numerosas fojas no surge tampoco dónde estuvo Octavio entre el 11 y el 17 de junio de 2011, dónde lo golpearon como tampoco en qué fue trasladado desde su domicilio hasta la Costanera Norte.

Ante la falta de avance en la investigación judicial, Gabriel Gersbasch presentó en 2012 una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seis años después el organismo admitió el caso.

A comienzos de 2021, se inició un proceso de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado Nacional, que fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el que  participaron representantes de diferentes ministerios y organismos públicos, con esta solución amistosa como corolario.

“Yo a Octavio lo conocí durante una salida con amigos. Me llamó la atención un chico que bailaba muy bien. Un amigo me dice ‘mirá qué bien baila, ¡cómo me gusta!’ Le dije ‘yo te lo traigo’ y allá fui. Pero él me dijo pero ‘a mí no me gusta tu amigo, a mí me gustás vos’ y así empezamos”, cuenta Gersbach.

Gabriel asegura que fueron “muy unidos” tanto entre ellos, como con sus respectivas familias, las cuales estaban felices con la idea del casamiento planificado para diciembre de 2011 que nunca llegó a realizarse.

“Octavio pegó onda con todos en mi familia, se los ganó a todos porque tenía mucha chispa”, contó.

Cuando iniciaron la relación, Octavio ya era suboficial de prefectura pero durante un tiempo se lo ocultó.

“Pasa que yo tenía ocho años más, viví la dictadura militar y jamás me hubiera metido con un milico pero a él lo acepté porque cuando lo supe porque ya estábamos enganchasídimos y él era una persona que siempre me decía que no se identificaba con nadie de las fuerzas, donde todos eran machitos alfa”, dijo.

Por eso, Octavio apenas pudo se metió a estudiar idiomas y la carrera de relaciones públicas internacionales: su sueño era dedicarse a la carrera diplomática.

Mientras tanto, el joven tenía que soportar que lo discriminaran, acosaran, hostigaran y hasta amenazaran por su orientación en el edificio Guardacostas donde desempeñaba tareas administrativas.

“Nosotros siempre íbamos a la marcha del orgullo y él me decía que tenía que ir con la cara pintada, con sombrero, porque había personal de inteligencia que lo podía identificar. De hecho una vez lo apercibieron con tres días de arresto. Además ya lo habían amenazado y hostigado otros superiores de Prefectura, lo tremendo es que nunca dijo los nombres”, contó.

Esa hostilidad se hizo más patente aún después de que Octavio solicitara su aprobación para casarse con Gabriel, una condición que hasta este crimen se le exigía a todos los integrantes de la fuerza antes de contraer matrimonio para asegurarse que el candidato o candidata no representara “un conflicto por motivos políticos o sociales”, como un remanente de las épocas de la represión ilegal.

“Cuando se aprueba el matrimonio igualitario, esa disposición estaba en vigor, y en un asado familiar de fin de semana, después de pedirle la mano a mis padres, Octavio les dijo ‘el problema es que ustedes van a ser investigados y es posible que intervengan algún teléfono’, pero mis padres dijeron que no había problema porque ‘no tenemos nada que esconder’”, contó.

Una fiesta divina

Ya con el permiso otorgado, “estábamos preparando una fiesta divina” que sería la prolongación de la celebración iniciada un año antes -cuando se aprobó la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario - y que inauguraría una nueva etapa en su relación, una en la que se soñaban asumiendo nuevos desafíos, como el de ser padres adoptivos.

“Volvimos de una luna de miel anticipada en Europa y al mes lo secuestran y lo matan; no solo lo matan sino que aparece torturado, desnudo, golpeado, alcoholizado y a orillas del Río de la Plata, como en la dictadura”, dijo.

Durante el primer año de investigación, Gersbach tuvo que soportar además que lo tuvieran como sospechoso del crimen según una hipótesis “pasional” de los hechos que no cerraba por ningún lado, pero que le impidió durante 12 meses ser querellante en la causa.

En 2015 parecía que finalmente se reactivaría la investigación con una pista firme, cuando la fiscal y el periodista Franco Torchia recibieron un informe anónimo con información detallada que avalaba una versión de los hechos según la cual el crimen fue cometido por integrantes de la propia fuerza que habrían actuado movidos por la homofobia. Incluso, en la carpeta se aseguraba que toda la información relativa al crimen estaba en un disco escondido en uno de los edificios de prefectura. Pero como la orden de allanamiento se dictó un mes después, ya no se encontró nada.

“Por cómo está escrita, la carpeta proviene de alguien de adentro. Gran parte de la información tiene correlación con los hechos, por ejemplo yo no me explicaba el nivel de alcohol en sangre que tenía y eso se explica por la tortura conocida como ‘el submarino seco’ que ahí dice que le aplicaron. Pero para que esa carpeta hubiera servido, la justicia tenía que actuar rápidamente y no lo hizo”, dijo.

Las medidas de reparación simbólica a las que se comprometió el Estado argentino son la incorporación del caso en el Plan Nacional contra la Discriminación del INADI, la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad por parte del Canal Encuentro y la realización de un mural en memoria de la víctima.

En cuanto a las garantías de no repetición, asumió la obligación de crear un “protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y/o característica sexual” en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la elaboración de un programa de capacitación “Octavio Romero” destinada a cadetes y aspirantes, la difusión de un cuadernillos sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas LGBT+ en situación de violencia de género y el trazado de “lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual o característica sexual”.

MAA/MG

La jueza argentina Verónica Gómez asumió este martes, junto a otros tres magistrados latinoamericanos, como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal tribunal de la región, que busca construirse sobre la “base de la paridad de género”, según anunció el organismo.

Juraron en sus cargos, por un período de cinco años, además de la magistrada argentina, la costarricense Nancy Hernández López, la chilena Patricia Pérez Goldberg y el brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitch, informó la Corte IDH en un comunicado difundido en sus redes.

El acto de asunción se realizó en San José de Costa Rica, sede de este tribunal regional, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial Interamericano 2022, en la que también asumió la nueva directiva encabezada por el magistrado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, como presidente, y el jurista colombiano Humberto Sierra Porto, como vicepresidente.

Paridad de género

La incorporación de tres nuevas magistradas fue celebrada por Pérez Manrique, quien destacó que “la impartición de justicia tanto nacional como internacional debe construirse sobre la base de la paridad de género”.

“Paridad es reconocer que las mujeres tienen el derecho a estar plenamente representadas en los espacios de toma de decisiones”, agregó el flamante presidente, quien señaló que el organismo retomará las reuniones presenciales.

También el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, se congratuló al respecto: “Su sola presencia es un aire fresco de convocatoria para que la mujer en nuestro continente pueda seguir avanzando no solamente en las conquistas de sus derechos sino en el liderazgo que deben seguir ejerciendo”.

La Corte Interamericana es el órgano judicial autónomo que debe velar por el cumplimiento de la Convención Americana, conocida como Pacto de San José y pilar del sistema interamericano de derechos humanos.

Tras asumir el cargo, Pérez Manrique se comprometió a que el tribunal mantenga los “oídos bien atentos para (...) oír a quienes no tienen la posibilidad de ser escuchados, a las personas en situación de vulnerabilidad, que son millones en la región”.

La Corte IDH ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias y una función consultiva.

Otros dos tribunales regionales de protección de los derechos humanos son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

LG con información de Télam

La asociación de familiares Memoria Activa presentó su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del atentado a la AMIA. El tribunal deberá resolver en un plazo mediato respecto de la responsabilidad del Estado argentino por no tomar medidas para prevenir ese ataque, por la situación de impunidad que provocó la investigación y de la enormes dificultades para acceder a información vinculada con los hechos cometidos hace ya 27 años. 

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana (CIDH) dictó un informe de fondo en el que acusa al Estado por todas esas irregularidades relacionadas con el ataque a la mutual judía y en marzo, llevó el caso a la Corte. Ahora corre un plazo de dos meses en los cuales se espera su descargo, donde probablemente vuelva a asumir responsabilidades por tanto tiempo de postergaciones.   

“El Estado argentino está en una posición complicada porque no tiene mucho para mostrar respecto de lo que ya le exigieron”, explica Paula Litvachky directora del CELS, que patrocina judicialmente a Memoria Activa. Se refiere a lo que sucedió luego de 2005, cuando Argentina reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar acciones para reparar lo ocurrido, en el marco de un proceso de solución amistosa. 

Varios años después, en 2013, Memoria Activa y el CELS denunciaron el poco avance sobre todo lo acordado y pidieron a la CIDH que presentara un informe sobre el estado del acuerdo. En ese momento la investigación no había avanzado, los procesos por encubrimiento también estaban trabados y aún no se había sancionado la ley de reparación para las familias. La presentación de un informe de fondo finalmente se hizo en diciembre del año pasado.

“No se trató únicamente de un Estado negligente y poco cuidadoso. No es un simple caso de impunidad y de problemas de investigación. Estamos frente a un Estado encubridor, que desplegó todas sus redes para armar una versión del atentado e impidió que se conozca verdaderamente la trama de un hecho. Falló el sistema de inteligencia nacional, el sistema de justicia y falló el sistema de investigación criminal”, detalló Litvachky en el alegato previo a que la CIDH dictara el informe y declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino. 

En el texto que la Comisión giró a la Corte Interamericana, también sostiene que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación sin sustento y abandonando las que sí lo tenían. En su carácter de garante del orden público interamericano, la Comisión consideró que el Estado conocía los riesgos que corrían los lugares  identificados con la comunidad judía, sobre todo luego del atentado a la Embajada en 1992. En los juicios se comprobó que había cables de inteligencia que mencionaban la posibilidad de un nuevo ataque. De hecho en la AMIA existían medidas de seguridad especiales, y hubo sucesos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia del edificio. El informe de la CIDH consigna que si bien no se probó que las omisiones del Estado en materia de prevención tuvieran un carácter deliberado en contra de la comunidad judía argentina, consideró que no tomó las medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio. 

Respecto de las garantías judiciales y la protección judicial, la comisión dividió en tres apartados sus referencias. Primero a la investigación dirigida por Juan José Galeano hasta 2003. Luego a la investigación realizada por la UFI-AMIA desde 2005 hasta ahora y, por último, los procesos por el encubrimiento del atentado.

Respecto de lo que sucedió en el Juzgado Federal Nº9, la CIDH entendió que incurrió en serias falencias, irregularidades y desvío deliberado de la investigación por más de ocho años. Entre otros puntos, criticó la preservación de la escena del atentado. También el pago al imputado Carlos Telleldín con fondos reservados de la SIDE para que entregara información que alimentó las hipótesis que se decidían construir. La Comisión concluyó que todas estas conductas constituían actos de encubrimiento y razón principal del presente de impunidad del que gozan los autores del atentado.

Sobre la investigación de la UFI AMIA, la Comisión entendió que con su puesta en marcha, el Estado intentó redirigir la investigación y reparar lo hecho por Galeano. Esa Unidad Fiscal recuperó pruebas que permitieron dimensionar aún más las falencias en las primeras recolecciones iniciales, como falta de cuidado y conservación de material genético o ausencia de peritajes clave para la acusación del Ministerio Público.  También hace una fuerte crítica de los dos dictámenes fiscales sostenidos en información de inteligencia que no pudo ser corroborada por los jueces.

La CIDH entiende que existe una “demora irrazonable” en la investigación y respecto a los procesos por el encubrimiento, que afectaron el derecho a la verdad, con impacto principal en las víctimas y familiares.

En relación con la información en poder de la SIDE, sus organismos posteriores y la UFI-AMIA, el dictamen concluyó que, hasta marzo de 2015, el Estado argentino “violó el derecho de la parte peticionaria a acceder a información vinculada con el atentado”, ya que la alejó de toda la documentación clasificada como secreta.

En función de todas estas observaciones, la CIDH determinó que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, llevar adelante la investigación para juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales; publicar de manera periódica los informes de gestión de la UFI-AMIA; reparar las violaciones a los derechos humanos identificadas en perjuicio de las víctimas y adoptar un mecanismo de gestión y rendición de cuentas de las partidas presupuestarias secretas asignadas a los organismos de inteligencia. Ahora la Corte IDH deberá revisar cada uno de estos argumentos, pero por lo robusto del informe se presume que en no mucho tiempo habrá un fallo muy duro contra la Argentina.

AM

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por lo que considera como “graves violaciones” a los derechos humanos registradas en Cuba a raíz de las protestas contra el Gobierno, que comenzaron el pasado 11 de julio.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reiteró su rechazo a las “acciones de represión durante las manifestaciones” y advirtió que las denuncias recibidas por parte de la sociedad civil “son graves y merecen la atención de las autoridades cubanas y la comunidad internacional”.

“Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días”, recoge el texto.

Así, la CIDH indicó que los hechos denunciados “incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero”.

El organismo señaló, además, que registraron actos de “vigilancia y monitoreo a residencias”, así como la apertura de procesos judiciales “sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal”.

“En este marco, la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas del 11 de julio, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel”, alertó.

En este sentido, hizo hincapié en que existe una falta de información por parte del Gobierno: “autoridades policiales y de la Fiscalía negaron que hubiese una sola persona desaparecida, afirmaron que en la isla no hay lugares de detención desconocidos o secretos”.

Por ello, pidió a los países de la región que “cumplan su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.

CB con información de Europa Press

El 11 de julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares concedidas tres meses antes a favor de 7 indígenas formoseñas que cursaban embarazos y, según la denuncia, temían ser encerradas en un centro de aislamiento y separadas de sus bebés en el marco de las restricciones dispuestas por el Gobierno provincial de Gildo Insfrán durante la pandemia. El dictamen consideró que la situación descripta en la denuncia por el dirigente de la comunidad qom Félix Díaz y el exsecretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón había cesado e, incluso, dejó entrever que tenía dudas de que siquiera hubo existido. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidido por la jurista chilena Antonia Urrejola Noguera y secundado por la peruana Julissa Mantilla Falcón y la brasileña Flávia Piovesan, valoró la respuesta del Estado argentino y critico la dilación y las “contradicciones” de los peticionantes a la hora de colaboración con la investigación.

El caso cobró notoriedad internacional en marzo pasado a raíz de un informe del noticiero de Canal 13, que dijo haber encontrado a las 7 mujeres escondidas en el paraje El Potrillo, oeste de Formosa. Según la emisora del Grupo Clarín, algunas de las embarazadas habían permanecido los 6 meses previos en el bosque de El impenetrable y constituían apenas una muestra del calvario vivido por decenas de mujeres formoseñas. Días después, la Procuración General de Formosa denunció que, al intentar constatar la situación, encontró que los casos difundidos por la televisión habían sido fraguados y que las mujeres habían recibido dinero a cambio de su testimonio.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, celebró el levantamiento de las cautelares, afirmó que la CIDH había descartado la denuncia por “falsa” y cuestionó a Díaz y Cantón, a quienes les atribuyó intencionalidad política, ya que el primero fue funcionario de Mauricio Macri y el segundo, de María Eugenia Vidal.

Cantón es una rara avis en la galaxia Cambiemos. Fue designado secretario de Derechos Humanos de la Provincia en diciembre de 2015, producto del acuerdo político entre Vidal y Sergio Massa. Entre 2001 y 2012, se había desempeñado como secretario ejecutivo de la CIDH. Su ámbito de relaciones comprendía a casi todo el movimiento de derechos humanos argentino, de Estela de Carlotto a Horacio Verbitsky, entonces titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde su puesto en Provincia, Cantón cuestionó el arresto de Milagro Sala y la reacción del Gobierno de Mauricio Macri ante la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el homicidio cometido por el policía Luis Chocobar. En paralelo, el funcionario encabezó un informe de Naciones Unidas en el que acusó al Estado israelí de cometer crímenes de lesa humanidad contra palestinos, en el marco de la Gran Marcha del Retorno de 2018, separándose también en ese punto de la línea oficial del macrismo. En resumen, entre Cantón y el ala dura de Cambiemos parece haber un mundo.

El exfuncionario de Vidal —con quien mantiene diálogo—acaba de asumir como director del programa de Estado de Derecho de la organización estadounidense Inter-American Dialogue. En entrevista con ElDiarioAR, Cantón apuntó contra la política exterior de Alberto Fernández y abordó el conflicto desatado por la denuncia de violencia obstétrica.

Pietragalla afirmó que la CIDH concluyó que la denuncia formulada por vos y Félix Díaz había sido “falsa”. ¿Qué opinión te merece?

Esa afirmación equivale a usar políticamente los derechos humanos, que es algo que yo siempre he criticado. La denuncia no sólo no es falsa sino que, independientemente de las cautelares que otorgó la CIDH, los hechos descriptos fueron reconocidos por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el mismo CELS, la revista especializada en un enfoque de género Latfem, numerosos científicos del Conicet y antropólogos en temas indígenas. Todos reconocieron que existían y probablemente existan situaciones como las planteadas. El levantamiento no significa que los hechos no existieron. Una medida cautelar no analiza un tema de fondo, sino que es únicamente para una situación de urgencia, gravedad e irreparalibilidad. La CIDH vio eso y es innegable. A lo largo de las décadas, fue siendo mucho más rigurosa con las cautelares; en 2020, otorgó sólo entre tres y cuatro por ciento de las medidas solicitadas. En este caso, las otorgó después de recibir la información que le enviamos y de hablar con mujeres indígenas. Uno tiene que tener en cuenta la interculturalidad y el consentimiento previo de los pueblos indígenas (a presentar la denuncia), que no es fácil, y menos en época de pandemia. En otras épocas, las cautelares no tenían plazo y eso generaba críticas porque podían durar 15 años. Aquí había un plazo razonable para que la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad no existiera más, que era el lapso de embarazo. Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres, y se evitó que les quitaran los hijos al nacer, que era una de las preocupaciones de las mujeres. Es muy incorrecto decir que no era cierto (lo denunciado). Todo lo contrario. Al momento de levantar las medidas, la relatora de la CIDH aclara que no implica que el Gobierno nacional no siga controlando la situación.

Varios párrafos del dictamen parecen no corroborar que los hechos descriptos en la denuncia fueron tales. Por ejemplo, en el punto 57, dice entender “que el marco fáctico presentado no es equiparable a aquel respecto del cual la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de 7 mujeres indígenas embarazadas en abril de 2021”.

 La situación cambió radicalmente gracias a la actuación del Estado nacional. Los peticionarios queríamos que no actuara el Estado provincial y lo hiciera el nacional sí o sí, en coordinación con nosotros. Eso no se pudo hacer. Temíamos que el Estado nacional acudiera —o peor aún, el Estado provincial— sin que tuvieran conocimiento las mujeres. La CIDH dice que los peticionarios no habíamos dado la información necesaria, lo cual motivó que el Estado nacional saliera a buscar a las mujeres por su cuenta. Eso era lo que queríamos evitar. En ese momento, recibíamos mensajes de mujeres en Formosa preocupadas porque las andaban persiguiendo. Posiblemente era el Estado nacional tratando de ayudarlas, pero la lectura que hicieron era: “nos están persiguiendo”.

Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres

No queda claro que la CIDH considere que la situación dejó de ser urgente y grave, sino que parece que no pudo constatar los hechos. Específicamente dice que el Estado nacional mostró comprobantes de que las mujeres fueron atendidas durante todo el proceso de embarazo, incluso antes de la denuncia.

Puede ser que algunas hayan sido atendidas; otras no. La realidad es que, a través de las medidas cautelares, el Estado salió a tratar de ayudarlas. Nosotros queríamos hacerlo con participación de representantes de los pueblos indígenas, porque nos parecía la manera correcta de hacerlo. Para ello era necesario coordinar con el Estado. He atendido medidas cautelares en las que los peticionarios en Colombia pedían cautelares de protección, pero también requerían que no los protegiera el mismo policía que los quería matar. El Estado pudo ubicar a algunas mujeres y a otras no, y les brindó atención médica. Estamos hablando de un contexto, el de Formosa, con un señor feudal que gobierna hace 26 años.

Más allá del contexto de Formosa, que tiene aspectos cuestionables en el plano de derechos humanos, no muy distintos a provincias como Corrientes, Misiones o muchas otras, llamó la atención la escala de la denuncia de “decenas” de mujeres embarazadas escondidas en el monte por temor a que les robaran a sus hijos.

El tema es la escala. Se nos plantea que había 80 mujeres. En ese momento no teníamos conocimiento fáctico de la situación. Mi respuesta fue que teníamos que tener un número determinado de mujeres, sean 80 o cinco. Pudimos conseguir 7 (testimonios). Había otras identificables, pero que no querían dar sus datos por temor a la Policía de la provincia. Dijimos que, si nos daban garantías de que podíamos coordinar el apoyo, les damos los nombres. Les dimos los nombres asumiendo que se iba a poder hacer esa coordinación con el Estado, y no se hizo. En algunos casos, las mujeres denunciaron que les habían hecho firmar documentos (de haber sido correctamente atendidas) por parte de la Policía. Lo tenemos por video y lo hicimos llegar a la CIDH.

El dictamen de la CIDH recorre el argumento de que faltaron pruebas en la denuncia, incluidas las amenazas.

Si faltaban pruebas, la comisión no habría dado las medidas cautelares. Asumió que existía esa posibilidad en el contexto de la información que dimos nosotros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El hecho de que un denunciante haya sido Félix Díaz, quien además de ser un dirigente indígena, fue funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri y mostró evidente afinidad con Cambiemos ¿pudo haber sido un obstáculo para que el caso no pareciera envuelto en una sospecha de interés partidario?

Pudo haber sido un obstáculo para que el Gobierno colaborara con los peticionarios, y es un grave error de su parte. Lo lógico habría sido una reunión de coordinación, pero también es cierto que el proceso coincidió con la reapertura de la fase I de la pandemia, y ello complicaba muchísimo los encuentros personales y coordinación con una delegación indígena.

Si Fernández no sabe lo que pasa en Cuba, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave.

¿Cómo evaluás el respaldo casi irrestricto del Gobierno de Alberto Fernández a Insfrán?

La reacción inicial del Ejecutivo fue una defensa cerrada a una persona que lleva 26 años en el poder, por todos reconocidos como un gobierno feudal, en lugar de admitir que existe una discriminación estructural contra los pueblos indígenas y que lo que estaba pasando era factible y tenía que rápidamente investigar. Si no hubiese sido por las cautelares, no habría pasado nada. Defender a una persona a la que la palabra dictador le queda demasiado grande es defender a un señor feudal que no cree en los derechos humanos. Lo primero que hice cuando fui secretario de Derechos Humanos de la Provincia fue pedir una disculpa histórica ante los indígenas por lo que había hecho el Estado durante siglos, y acá se vanaglorian de lo que está pasando. Es una vergüenza.

La violencia policial es endémica en la Argentina y atraviesa a gobiernos de las diferentes ramas del peronismo, partidos provinciales y Cambiemos. ¿Cómo se puede modificar esa amenaza constante para los derechos humanos?

La transición a la democrática del 83 nunca llegó a las policías. Llegó al Ejército, militares fueron llevados a juicio, no fueron ascendidas personas relacionadas con la dictadura. Entre paréntesis, Insfrán estuvo allí (se refiere a que el programa de Jorge Lanata informó que el gobernador de Formosa pidió un empleo en el Ministerio de Asuntos Agrarios en 1978). A las policías nunca las reformaron. Hay una deuda pendiente de la democracia argentina que nos ha costado muchas vidas, que es una reforma profunda del sistema de seguridad.

Se suma la demagogia punitivista mediática, que parece estar en auge.

Quizás como un reflejo de mi carácter como exrelator de libertad de expresión de la OEA, no me gusta echar la culpa a los medios. Hay una opinión de un gran sector de la sociedad argentina y los medios la reflejan. También existía apenas comenzamos la democracia, pero ahí hubo un trabajo fuerte de una parte de la sociedad, organismos de derechos humanos y medios de comunicación que permitieron avanzar. Eso no se hizo con las fuerzas policiales. Insfrán asume en 1995 tras haber ocupado un cargo en la dictadura (ndr, fue un empleado en un puesto no jerárquico), pero también ocurre en otras provincias. En su momento intentó una reforma (el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, León) Arslanián y se dio marcha atrás. A eso se suma la corrupción y el narcotráfico, que entran fácil en donde los filtros son débiles, y las policías son débiles.

Mauricio Macri no ahorra ningún calificativo sobre Venezuela o Cuba, pero se lleva muy bien con los gobernantes de derecha de Colombia, el país sudamericano en el que más matanzas se vienen produciendo hace décadas, o apoya un golpe de Estado en Bolivia. Por su parte, Alberto Fernández hace exactamente lo contrario. Denuncia el golpe contra Evo, denuncia la represión en Colombia, pero aprieta el freno con Venezuela y Nicaragua, y dice no saber qué pasa en Cuba. ¿Se agravó el sesgo por afinidad ideológica en relación a los derechos humanos?

Si dice que no sabe lo que pasa en Cuba, no le creo, pero si es cierto, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave. Hay situaciones en las que hay que sancionar lo que pasa en países, como puede ser Colombia, o inclusive como fue Chile, y lamentablemente por afinidad ideológica no lo hacen, como puede ser en el caso de Macri. Y sí se concentra en Cuba o Nicaragua. Lo mismo hace Fernández del otro lado, y eso es muy grave en un momento en que el estado de derecho y la democracia en América Latina se nos están yendo de las manos. La democracia que nació en 1983 (Raúl) Alfonsín, (José) Sarney, (Julio María) Sanguinetti y (Patricio) Aylwin era una democracia en la que se escuchaba al otro y las diferencias eran para producir mejores resultados, no para polarizar. Eso hoy no existe. En los ochenta se logró el acuerdo de dejar atrás las dictaduras y tener un estado de derecho en serio, hoy la lógica responde a alineamientos ideológicos que están destruyendo la democracia en toda la región. Está pasando en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba; hay hechos graves en Colombia, habría que esperar a ver qué pasa en Perú, Chile está en una situación complicada. Nuestra democracia no es lo que fue, está más débil. Siempre se habla de tres olas democráticas en América Latina, lo que implica que hay tres olas antidemocráticas, y puede estar empezando otra de ellas. 

SL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un nuevo informe “la grave escalada de la represión” en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.

La CIDH manifestó su “enérgica condena” por la actuación de las autoridades “en los últimos días”, en referencia a la detención de varias figuras de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, el último de ellos el exministro de Educación Humberto Belli.

La Comisión se refirió a la “detención y criminalización” de los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y enumeró a una serie de líderes “y lideresas políticos y personas defensoras de Derechos Humanos” detenidos entre el 8 y el 14 de junio.

“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente”, señaló el organismo internacional en un comunicado.

Estos casos, menos el de Cristiana Chamorro, se amparan en supuestos actos tendientes a “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

Además, la CIDH denunció el “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes que realizaron las detenciones y la irrupción en sus domicilios “sin mediar orden judicial”.

De varios de los detenidos no se tiene noticia desde hace más de diez días y estarían en aislamiento y sin posibilidad de contactar con sus representantes legales.

“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, sostuvo la CIDH, que cifra en al menos 328 los fallecidos como consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad y en más de 2.000 las personas heridas.

Hay más de 100.000 personas que emigraron a otros países y son más de 1.600 las personas privadas de libertad ilegal y arbitrariamente, de las que 124 permanecen privadas de libertad.

Esta semana, con el voto favorable de 26 países, negativos de tres y la abstención de cinco, entre ellos la Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó mediante una resolución su “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, al tiempo que condenó ”inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes“. Además, pidió ”la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos“.

El Gobierno argentino se abstuvo, al igual que México, Belize, República Dominicana y Honduras, mientras que Bolivia, Nicaragua y San Vicente votaron en contra. A favor, levantaron la mano los representantes de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, entre otras naciones.

CB con información de agencias

Con el diálogo estancado en Colombia y a horas de la llegada de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la determinación del Gobierno de Iván Duque de levantar por la fuerza los bloqueos y de miles de manifestantes de mantenerlos hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, desató nuevas escenas de violencia con dos nuevos muertos y casi 30 heridos.

Una misión de brigadistas médicos informó a la prensa colombiana que la noche del viernes, por segunda noche consecutiva, la Policía y la temida fuerza antidisturbios Esmad se desplegaron en las calles de Cali -uno de los epicentros de las protestas que movilizan al país hace más de un mes- para levantar los bloqueos, como reclama diariamente el presidente Duque.

Y por segunda noche consecutiva, contaron vecinos al diario El Nuevo Siglo, la avanzada policial terminó en represión y choques con los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se niegan a abandonar los piquetes, a los que consideran como una de sus principales herramientas de presión frente al Gobierno.

Mientras la brigada de médicos informó de dos jóvenes muertos y al menos 28 heridos, algunos de ellos por armas de fuego; el comandante de la policía de Cali, general Juan León, solo se refirió este sábado a un policía herido de bala y dos personas fallecidas.

“Resulta un policía herido (de bala) en una pierna (...) se procede a repeler este ataque y en la madrugada nos confirman la muerte de dos ciudadanos allí”, informó, según la agencia de noticias AFP, sin identificar a las víctimas fatales.

Según denunció, fueron los civiles los que atacaron con disparos a los policías. Ese mismo relato hizo en Twitter el ministro de Defensa, Diego Molano, uno de los miembros del gabinete de Duque más cuestionados por la oposición y los manifestantes.

Rechazó “la violencia que dejó cuatro policías heridos, uno de ellos con arma de fuego” y divulgó un video en el que parece verse a civiles disparando desde las barricadas contra los uniformados.

Además de la represión denunciada por vecinos, la empresa de transporte público de la ciudad Metrocali informó en las últimas horas que uno de sus colectivos quedó fuera de servicio luego que un grupo de manifestantes lo prendiera fuego, sin provocar ninguna víctima.

La cadena de noticias Caracol publicó, asimismo, que este tipo de escenas de represión y enfrentamientos entre manifestantes y policías se replicó en varias partes de la ciudad donde aún hay bloqueos de calles y autopistas.

Con este contexto de violencia de fondo y con nuevas movilizaciones convocadas para la próxima semana en varias ciudades del país, el Comité Nacional del Paro -la plataforma de organizaciones y sindicatos que convocó las protestas originalmente- y el Gobierno deben volver a sentarse a dialogar este domingo.

El diálogo se mantiene, intermitentemente hace semanas, pero nunca llegó siquiera a alcanzar el preacuerdo que reclama el Comité y los manifestantes, para garantizar el derecho a movilizarse en las calles sin los niveles de represión que se vieron en las últimas cinco semanas y que, según una misión de observadores argentinos, provocó no solo muertes y heridos, sino desapariciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

El viernes, las negociaciones se empantanaron nuevamente y la reunión terminó sin la firma del preacuerdo que reclamaba el comité y que, según afirmó este último, ya habían acordado a finales de mayo.

Por eso y por la renovada violencia de las últimas horas en Calí, el Comité está analizando si mañana se sienta a la mesa de diálogo con el Gobierno. “Aún lo estamos debatiendo”, explicó a Télam Percy Oyola, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Comité.

“El Gobierno simplemente presentó una propuesta diferente a la acordada el 24 (de mayo). Al parecer su rechazo al preacuerdo viene del Centro Democrático”, agregó el dirigente sindical, en referencia al partido oficialista de Duque y del expresidente Álvaro Uribe.

Lo que sí decidió el Comité es que este domingo llamarán a crear un “corredor humano” con carteles que digan “Duque pare la masacre bienvenida la CIDH” desde el aeropuerto de Bogotá hasta el hotel donde se hospedará la misión humanitaria, que aterrizará temprano a la mañana.

Horas antes, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité, Francisco Maltés, había adelantado que si el Gobierno no firma el preacuerdo con las garantías para las protestas, este documento será entregado a la delegación de la CIDH como evidencia de la posición gubernamental.

La llegada de la CIDH es reclamada desde varios sectores, que insisten en denunciar abusos y excesos de la Policía, sobre todo del Esmad. Esas organizaciones cifran en más de 60 los muertos por la represión a las movilizaciones y los cortes, y advierten que existen miles de heridos y más de 100 personas desaparecidas.

Pero desde el Gobierno siguen insistiendo en que el estancamiento del diálogo es responsabilidad del Comité y de las protestas.

“Para sorpresa nuestra en lugar de continuar con la metodología que habíamos acordado, hicieron (el Comité) una solicitud para que el documento borrador del 24 de mayo se suscribiera tal como estaba”, puntualizó el consejero presidencial para la Estabilización y líder del equipo negociador del Gobierno, Emilio Archila, en referencia al preacuerdo.

“Los bloqueos no son una forma legítima de la protesta, es absolutamente indispensable (levantarlos)”, aseveró en declaraciones reproducidas por la agencia Europa Press y agregó: “Nosotros no estamos pidiéndole al Comité nada que no esté a su alcance”.

Desde el Comité defienden los piquetes como una forma legítima de protesta, pero frente al Gobierno aclaran que como ellos no instalaron los bloqueos, no pueden levantarlos todos dando simplemente una orden.

CRM con información de la agencia Télam