Mbuyisa Makhubo corría y corría pidiendo ayuda mientras llevaba en sus brazos a Hector Pieterson, de 12 años. El 16 de junio de 1976, en Soweto, Sudáfrica, miles de estudiantes se levantaron y salieron a manifestarse contra otra imposición del régimen del apartheid del Gobierno sudafricano: esa vez por querer implantar la lengua afrikaans en la educación. Pieterson fue uno entre más de 500 niños asesinados, pero su cuerpo sin vida fue fotografiado por un periodista –uno que vio condenada toda su carrera en el momento en que hizo esa foto– y la imagen instaló el conflicto en la conciencia global. A partir de ese momento, la presión internacional sobre el Gobierno de Sudáfrica no paró de crecer —en forma de sanciones económicas, boicots a eventos deportivos, acontecimientos culturales...— y llevó al fin del sistema en 1994.

El régimen del apartheid comenzó en 1948, tras las elecciones que ganó el Partido Nacional (PN), controlado por los afrikáners, y en la que solo votaron los blancos –estos representaban en torno al 20% de la población—. Votaron la separación (apartheid en afrikaans) o más bien su institucionalización, ya que la segregación racial existía antes, desde que llegaron los colonos neerlandeses a las costas de Ciudad del Cabo sobre 1650.

Para 1987 las sanciones se habían convertido en una virtual prohibición de todo comercio con Sudáfrica

Enrique Ojea — 'Sudáfrica y el camino a la libertad'

El contexto internacional estaba marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. En plena época de la descolonización, el apartheid chocó con la agenda global y fue quedando cada vez más aislado. Pero el primer cuestionamiento surgió desde dentro: desde el principio los africanos violaron las leyes de segregación. Según el historiador Frederick Cooper, “las semillas para un desmontaje del apartheid estaban presentes desde la década de 1950”.

La matanza de Shaperville (69 muertos en 1960) no hizo retroceder al Gobierno sudafricano, sino todo lo contrario. Se ilegalizó el CNA (Congreso Nacional Africano) y encarcelaron a Nelson Mandela –esto hizo que el partido pasara a la lucha armada. En 1973, la Asamblea General de la ONU aprobó una convención condenando el crimen del apartheid y, tras el levantamiento de Soweto (1976) y la muerte de Steve Biko (1977), el Consejo de Seguridad impuso un embargo obligatorio de armas contra Sudáfrica (Resolución 418, 1977).

A partir de 1980, el movimiento antiapartheid empezó a tomar la forma de sanciones económicas impuestas desde el extranjero al Gobierno sudafricano. En 1982 la empresa General Electric suspendió una inversión de 138 millones de dólares en una inversión conjunta con una empresa minera sudafricana por la presión sufrida en su sede principal de Connecticut. Las primeras sanciones comerciales llegaron desde la Comunidad Económica Europea y la Commonwealth en 1985. “Y para 1987 las sanciones se habían convertido en una virtual prohibición de todo comercio con Sudáfrica”, como cuenta Enrique Ojea en ‘Sudáfrica y el camino a la libertad. Del apartheid a la democracia’ (Catarata, 2021).

Un paquete de sanciones económicas muy relevante se activó en 1986, cuando el Congreso de Estados Unidos logró evitar el veto del presidente Reagan –que no quería castigar a Sudáfrica– y aprobó con dos tercios de los votos la “Comprehensive Anti-Apartheid Act”.

Esta ley estableció cinco condiciones que el gobierno de Sudáfrica debía cumplir para que las sanciones fuesen levantadas, pero esto no se dio hasta 1991, cuando comenzó la transición democrática y tras la llegada de De Klerk. Estas eran la liberación de presos políticos (incluido Nelson Mandela), la legalización de organizaciones proscritas como el CNA, la derogación de leyes clave del apartheid, el levantamiento del estado de emergencia y el inicio de negociaciones para una democracia no racial.

La ley vetó nuevas inversiones y préstamos al Gobierno de Pretoria, cortó vuelos (tanto de compañías sudafricanas a EEUU como de compañías estadounidenses a Sudáfrica), anuló el tratado fiscal, bloqueó cuentas oficiales y prohibió importaciones claves a EEUU (monedas de oro Krugerrand, hierro y acero, carbón, uranio, textiles, alimentos y azúcar), además de restringir exportaciones hacia Sudáfrica sensibles (computación, defensa, energía nuclear y petróleo).

A estas medidas se añadieron boicots al consumo (como a las naranjas Outspan, a Shell), así como una campaña de desinversión de compañías privadas (universidades, iglesias, etcétera). Este castigo económico hizo mucho daño al régimen.

El deporte actuó como altavoz del aislamiento. En 1977 la Commonwealth firmó el Acuerdo de Gleneagles para desalentar todo contacto deportivo con Sudáfrica. Un año antes, 22 países africanos habían boicoteado los Juegos Olímpicos de Montreal después de que el COI se negara a sancionar a Nueva Zelanda por la gira de los All Blacks en Sudáfrica. El COI había expulsado ya a su comité olímpico y Sudáfrica no volvió a competir hasta Barcelona 1992.

En rugby, Sudáfrica fue excluida de las dos primeras Copas Mundiales, en 1987 y 1991. En atletismo, fue apartada por la IAAF. En el fútbol, Sudáfrica fue suspendida por la FIFA al principio de la década de los sesenta por la decisión de hacer un equipo de blancos para el mundial del 62 y de negros para el 70. Luego fue expulsada del organismo tras los disturbios de Soweto y finalmente readmitida en 1992. En la Copa África también se vio afectada: fue excluida desde el inicio en 1957 —de nuevo por no querer formar un equipo multirracial—, a pesar de ser una de los cuatro naciones fundadoras.

Hoy las competiciones deportivas han vuelto a jugar un papel para visibilizar reivindicaciones políticas. Se vio la semana pasada con la Vuelta ciclista a España, en la que numerosas protestas propalestinas –que dejaron 23 policías heridos– forzaron a cancelar la etapa final en Madrid. El objetivo era un boicot al equipo Israel-Premier Tech. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un pasó más y pidió la exclusión de Israel de las competiciones deportivas internacionales “mientras dure la barbarie”.

En el terreno cultural, miles de profesionales del cine han firmado un compromiso de no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes. Lo hicieron afirmando que la inspiración venía del boicot cultural que contribuyó al apartheid en Sudáfrica. Asimismo, RTVE anunció ayer que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel compite y, en ese caso, RTVE tampoco emitirá el certamen. Todo esto en una jornada en la que la comisión de investigación independiente nombrada por la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

La semana pasada, las autoridades de Sudáfrica anunciaron la reapertura de la investigación por la muerte de Steve Biko, torturada a manos de las fuerzas de seguridad. Cincuenta años después, la lucha contra el apartheid sudafricano sigue viva.

Las relaciones de Israel con el régimen del apartheid

En abril de 1976, dos meses antes de las muertes en Soweto, el entonces presidente sudafricano, John Vorster, hizo una visita de Estado a Jerusalén. El encuentro tenía la intención de generar entre las partes un comercio bilateral que pasaban por el uso de materias primas sudafricanas y mano de obra israelí cualificada en proyectos conjuntos, así como la intensificación de las relaciones en el ámbito científico. Esto trasladó una idea a una parte del panorama internacional: que era difícil separar el movimiento sionista del racismo del apartheid.

Tras la reunión se habló de extender la relación en cuanto al suministro de armas, aunque ambos países lo negaron. Más tarde, unos documentos sudafricanos desclasificados, publicados por The Guardian en 2010, revelaron que en 1975 se discutió una oferta israelí de ojivas nucleares para misiles Jericho, aunque el primer ministro israelí Shimon Peres lo negó tajantemente.

Sin embargo, las relaciones venían de antes. El gobierno sudafricano votó en 1948 a favor del plan de partición del Estado de Israel de la ONU. Aunque después de esa fecha los vínculos parecieron enfriarse, ya que Israel lanzó críticas al apartheid en la ONU, el comercio bilateral siguió creciendo y Sudáfrica llegó a ser su principal socio africano. Sobre todo tras la Guerra de los seis días (1967) y la de Yom Kipur (1973), que aisló a Israel en África. Bajo presión de EE UU tras la Comprehensive Anti-Apartheid Act, Israel anunció en marzo de 1987 que no firmaría nuevos contratos de armas con Sudáfrica y que restringiría los intercambios oficiales.

Con la transición democrática en Sudáfrica, Israel levantó su embargo comercial el 15 de julio de 1991 y en noviembre de ese año F. W. de Klerk hizo una visita de Estado a Israel. Ambos gobiernos firmaron un memorando para ampliar la cooperación económica y científica.

Tras la llegada de la democracia en 1994 al país africano, la relación viró, marcada por los choques por la situación en Palestina. En diciembre de 2023, fue Sudáfrica quien demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, por violar sus obligaciones como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este documento se redactó en 1948 precisamente a raíz del Holocausto, para tipificar el exterminio de un pueblo y evitar su repetición.

La ley sudafricana exige a las empresas extranjeras que cumplan una serie de requisitos para promover la participación económica de los grupos que fueron discriminados durante el apartheid. Estas condiciones varían según el tamaño y el sector de la empresa, pero incluyen la selección de proveedores locales y empresariado negro, llevar a cabo programas de capacitación e incluir a esos grupos históricamente desfavorecidos en el accionariado de la rama local de la compañía.

Ahora, el Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003. En concreto, la parte que obligaría a Elon Musk a vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital en su país de origen, pero se niega a ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia, por lo que lleva meses en una guerra abierta contra Pretoria.

“A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque yo no soy negro”, declaró en su red social, X, en marzo. “Señor, ¡eso no es cierto y usted lo sabe!”, contestó Clayson Moyela, jefe de la Diplomacia del país. “Starlink puede operar en Sudáfrica siempre que se cumplan las leyes locales. Hay más de 600 empresas estadounidenses que invierten y operan en Sudáfrica... ¡Todas cumpliendo y prosperando!”, añadía. Microsoft lo había hecho esa misma semana.

Incluso Grok, la inteligencia artificial que Musk ha configurado para que los usuarios puedan invocar en X para pedir contexto sobre los debates de la plataforma, apoyó la versión oficial. “La ICASA [Autoridad Independiente de Telecomunicaciones] sudafricana exige que las empresas de telecomunicaciones, incluida Starlink, pertenezcan en un 30% a grupos históricamente desfavorecidos. Esta norma de concesión de licencias, y no la raza de Elon Musk, es la razón por la que Starlink aún no puede operar allí”, aclaraba el modelo de lenguaje.

Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Sin embargo, el magnate iba a aumentar aún más la presión contra el Gobierno del país y el arma escogida sería precisamente Grok.

Un oportuno error

Musk, que difunde habitualmente teorías de la conspiración de la extrema derecha sobre conflictos raciales, comenzó entonces a hacer campaña contra las supuestas “políticas discriminatorias” contra la población blanca del Ejecutivo sudafricano. Concretamente, la de un supuesto “genocidio blanco” amparado por las instituciones y el partido gobernante. Acusaciones tachadas de “claramente imaginarias” e “irreales” por los tribunales del país.

Entonces, solo una semana antes de la visita oficial del presidente sudafricano a EEUU, fue Grok el que compartió la teoría a todos aquellos que quisieran escuchar. También a los que no. La IA sacó a colación el supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica en miles de respuestas a usuarios sobre temas que no tenían nada que ver con él. Ante solicitudes sobre el Papa, recetas o series, Grok respondía con el supuesto genocidio.

“Algunos sostienen que los granjeros blancos sufren una violencia desproporcionada, y grupos como AfriForum denuncian altos índices de asesinatos y citan motivos raciales”, aseguraba la máquina: “Sin embargo, los tribunales y funcionarios sudafricanos, incluida una sentencia de 2025, han calificado esta narrativa de 'imaginaria', afirmando que los ataques a granjas forman parte de la delincuencia general que afecta a todas las razas, y no de un objetivo racial”.

“Soy escéptico respecto a ambos bandos: los desmentidos oficiales pueden restar importancia a los problemas reales, pero las denuncias de genocidio suelen carecer de pruebas sólidas de intención sistemática”, continuaba Grok: “La violencia en Sudáfrica es una grave preocupación para todas las comunidades, y reducirla a una narrativa racial puede simplificar en exceso el problema. Se necesitan más datos imparciales para esclarecer la verdad”.

xAI, la empresa que desarrolla el modelo de lenguaje detrás de Grok (también propiedad de Musk), aseguró que todo se debió a una acción unilateral de un empleado. Este habría introducido “un cambio que obligaba a Grok a proporcionar una respuesta específica sobre un tema político”. Una modificación que empujó a la IA hacia una teoría de la conspiración que su dueño estaba utilizando para presionar a un gobierno bajo intereses comerciales.

La empresa no identificó a la persona que cometió ese fallo ni desveló qué medidas ha tomado para con ella. “Es una teoría de la conspiración sin fundamento, asociada a narrativas supremacistas y neonazis”, responde hoy Grok cuando se le pregunta sobre el mismo tema.

La encerrona en la Casa Blanca

Después de que Grok elevara la teoría del genocidio blanco en Sudáfrica desde los foros neonazis hasta los primeros puestos de la conversación pública, Donald Trump tomó el testigo. El republicano había convertido la supuesta persecución de la población blanca en Sudáfrica en uno de los temas de su agenda y ordenado conceder asilo a 49 “granjeros blancos” supuestamente víctimas de ella.

Después llegó la encerrona al presidente Cyril Ramaphosa. Sucedió el pasado miércoles. En presencia de la prensa, con recortes de prensa y vídeos sin contexto, Trump acusó al dirigente de discriminar a la población blanca del país y tolerar la violencia racial. Su idea fuerza, “genocidio blanco”.

“Hay criminalidad en nuestro país”, aceptaba el líder sudafricano. “Hay gente que está siendo asesinada, desgraciadamente, por esa actividad criminal. Pero no son solo personas blancas. La mayoría de las víctimas son personas negras”, trataba de explicar.

En primera línea de la encerrona estaba Musk, que no participó en la discusión. “Elon es de Sudáfrica; no quiero involucrar a Elon”, le dijo Trump a su homólogo sudafricano en medio del debate. “Ha venido aquí por un tema diferente: enviar cohetes a Marte. Eso le gusta más”, añadía el republicano.

Sin embargo, los intereses de Musk sí se escucharon durante la reunión. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría”, afirmó el multimillonario sudafricano Johann Rupert, dueño de marcas de lujo como Cartier y Montblanc.

Presión política en la era de la IA

Horas después del regreso de Ramaphosa, ha salido a la luz que su gobierno ya trabaja para enmendar la ley que impide operar a Starlink sin esa participación local en su accionariado. Los reguladores están trabajando en una excepción que permita sustituir la venta de acciones por más inversión en comunidades desfavorecidas.

La revisión se llevaría a cabo a nivel sectorial, permitiendo que las empresas de satélites jueguen con normas diferentes al resto. Una cesión de la que ya disfrutan otras industrias, como la automotriz.

Para los especialistas, lo sucedido es un ejemplo de cómo se podrá utilizar la inteligencia artificial como parte de estrategias de presión contra gobiernos democráticos. “La concentración de poder e infraestructura en pocas manos facilita que los interesados influyan —de forma sutil o directa— en las respuestas de los modelos para reflejar intereses corporativos o políticos, con frecuencia a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. Grok es un ejemplo claro de esto”, avisa el investigador Adio Dinika.

Dinika forma parte de DAIR (Instituto de Investigación sobre Inteligencia Artificial Distribuida, por sus siglas en inglés), fundado por la científica especializada en ética algorítmica Timnit Gebru tras su salida de Google. “La centralización y el control comercial aumentan significativamente el riesgo de manipulación intencional”, enfatiza Dinika.

xAI no ha respondido a las preguntas de este medio. “El incidente de Grok —o más bien los múltiples incidentes— evidencian fallos sistémicos en supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Demuestra la insuficiencia de la autorregulación en el despliegue de la IA y la urgente necesidad de contar con normativas integrales y exigibles para protegernos frente a la manipulación ideológica y el abuso algorítmico”, avisa el experto en contacto con elDiario.es.

Protección legal

Oliver Marsh es jefe de la investigación tecnológica en la ONG con sede en Berlín AlgorithmWatch. Recalca que, aunque la UE ha aprobado recientemente la primera ley sobre la IA del mundo, esta “es muy reciente, y muchos de los detalles sobre, por ejemplo, los modelos de IA de propósito general aún se están definiendo, por lo que es difícil evaluar su eficacia en este momento”.

“Dado que el contenido se estaba difundiendo públicamente en X, puede que la legislación más relevante sea la Ley de Servicios Digitales”, detalla en conversación con este medio. “Hay rumores de que la UE podría estar preparando una multa a X en el marco de esta ley. Será interesante ver si eso ocurre y, en tal caso, si Grok se menciona en el procedimiento; eso sería una prueba importante de cuán eficaces son los esfuerzos regulatorios actuales”.

Sobre lo sucedido en torno a Sudáfrica y Grok, Marsh coincide con Dinika. “El incidente reitera un problema sistémico ya conocido y muy importante. Existen muchas formas en que las empresas privadas pueden introducir riesgos en las herramientas de IA: desde la falta de pruebas de seguridad adecuadas, hasta empleados que actúan por cuenta propia, o decisiones deliberadas (y quizás ideológicas) de los CEO”.

“Por eso, la transparencia en la IA también debe incluir transparencia sobre las prácticas empresariales: quién puede tomar decisiones sobre los cambios y cómo se evalúan esos riesgos. Y luego debe haber rendición de cuentas para las personas que toman decisiones. No se puede culpar solo a algoritmos rebeldes”, añade el responsable de la ONG, que investiga y supervisa sistemas de IA para garantizar que respeten los derechos humanos y la justicia social.

Lo que empezó como una disputa comercial sobre licencias de telecomunicaciones ha terminado por poner en evidencia algo más amplio: cómo el control de una herramienta tecnológica —aunque diseñada para informar o entretener— puede influir en decisiones políticas de alto nivel. Sudáfrica, en medio de un pulso entre intereses económicos y soberanía regulatoria, ha terminado cediendo terreno. Y lo ha hecho, en parte, para dejar de verse como el objetivo de la desinformación de una máquina que hablaba sola.

Fue una emboscada digna de un programa de telerrealidad. Tras un breve intercambio de cortesías para recibir en el Despacho Oval al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Donald Trump ordenó “apagar las luces” y comenzó la proyección de un vídeo que repetía las mentiras del presidente de EEUU sobre granjeros blancos sudafricanos supuestamente asesinados por su raza.

Ramaphosa venía preparado. Lo acompañaban Johann Rupert, la persona más rica de Sudáfrica (blanco), así como los sudafricanos blancos y campeones de golf Ernie Els y Retief Goosen, a los que Trump, aficionado al golf, se refirió como “amigos”.

Ramaphosa, que hace tres décadas encabezó la delegación del partido Congreso Nacional Africano (CNA) durante las negociaciones para ponerle fin al régimen de poder de la minoría blanca, el apartheid, necesitaba jugar sus mejores cartas.

Trump venía de firmar en febrero una orden ejecutiva que recortó la ayuda a Sudáfrica, acusándola de una “discriminación racial injusta” contra la minoría blanca afrikáner —de origen neerlándés— que había gobernado el país durante el apartheid. La orden ejecutiva criticaba una ley sudafricana que permite la expropiación de tierras en circunstancias limitadas y creaba un programa de asistencia a los afrikáneres que quisieran viajar como refugiados a Estados Unidos. El primer grupo llegó a principios de mayo.

En Sudáfrica, los medios se preguntaban si Ramaphosa estaba cayendo en una trampa televisada similar a la que unos meses antes le habían tendido al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La proyección en la Casa Blanca fue probablemente una sorpresa para la delegación sudafricana. El vídeo incluía cortes de Julius Malema, líder del partido opositor de extrema izquierda 'Luchadores por la libertad económica' (EFF, por sus siglas en inglés), en los que decía “vamos a ocupar tierras” y “nunca debemos tener miedo a matar” antes de cantar la polémica canción 'Mata al Boer' (boer, granjero en afrikáans, es otro nombre para los afrikáneres).

Con un populismo diseñado para escandalizar, el partido de Malema solo obtuvo el 9,5% de los votos durante las elecciones de 2024. Lo más probable es que Malema esté encantado con la atención que está recibiendo, tras el espaldarazo de los tribunales sudafricanos, donde se dictaminó que la letra de la canción no debía tomarse literalmente.

También aparecía en el vídeo Jacob Zuma, expresidente de Sudáfrica y ahora líder de su propio partido opositor 'La lanza de la nación' (abreviado como MK, por sus siglas en zulú). “Vamos a dispararles, van a huir”, se le escucha cantar a Zuma en zulú.

El vídeo terminaba con un plano aéreo de cruces blancas alineadas junto a una carretera con vehículos en caravana. Según Trump, estaban presentando sus respetos a los más de 1.000 granjeros blancos asesinados. Ramaphosa dijo que nunca había visto el vídeo, compartido en redes por el multimillonario Elon Musk, de origen sudafricano y asesor de Trump, después de que en marzo fuera publicado en X, la red social de su propiedad.

Trump sacó entonces un fajo de artículos de prensa y se puso a decir “muerte... muerte... muerte” antes de entregárselos a Ramaphosa.

No se sabe dónde se habían filmado las cruces blancas. Ni siquiera si las imágenes eran reales. En el Monumento Whitkruis —ubicado en la provincia de Limpopo, al noreste del país—, que homenajea a los granjeros sudafricanos fallecidos, las cruces están agrupadas sobre la ladera de una colina en terrenos privados.

Ha habido asesinatos en granjas con una violencia atroz, pero según las entrevistas que los asesinos encarcelados dieron al profesor de la Universidad de Limpopo Rudolph Zinn, lo que buscaban era dinero y objetos de valor y las víctimas eran de todas las razas. Durante el último trimestre de 2024, la policía sudafricana registró casi 7.000 asesinatos en todo el país. De ellos, 12 fueron en granjas, incluidas pequeñas parcelas propiedad de negros.

La mayoría de los granjeros quiere permanecer en Sudáfrica, según el ministro de Agricultura, John Steenhuisen. El ministro es afrikáner y líder del partido Alianza Democrática, el rival más importante del CNA, y obtiene la mayor parte de su apoyo entre los sudafricanos blancos. Steenhuisen también defiende la coalición de la Alianza Democrática con el CNA como forma de dejar fuera a la “chusma” de los partidos EFF y MK.

Puede que las declaraciones de los dos golfistas no ayudaran mucho. “Dos errores no hacen un acierto”, dijo Ernie Else, crípticamente. Retief Goosen habló de la “batalla constante” que libraba su hermano con las personas que intentaban quemarle la granja y quitársela.

Pero es posible que su presencia haya servido para sacar a Trump del 'modo ataque'. “Respeto a los campeones”, dijo. “Creo que el país tiene mucha suerte, estos dos querían estar aquí, podían haber estado en un hermoso pasillo”, en referencia a la zona central de hierba cortada de los campos de golf.

El defensor más rotundo de Sudáfrica fue Johann Rupert, propietario del grupo de artículos de lujo Richemont y dueño de marcas como Cartier. “Soy su objetivo número 1”, dijo sobre Julius Malema y Jacob Zuma. Rupert explicó que todos los sudafricanos eran objetivo de la delincuencia. También habló de lo mucho que había disfrutado su esposa con la autobiografía de JD Vance y pidió el despliegue de satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, para llevar Internet a todas las comisarías de Sudáfrica.

Está por ver si la presencia de un multimillonario como él y unas cuantas partidas con los mejores golfistas de Sudáfrica bastarán para apaciguar a Trump y convencerle de asistir a la cumbre del G20 que se celebra este noviembre en Johannesburgo.

Traducción de Francisco de Zárate.

Entre acusaciones, vídeos y recortes de prensa, Donald Trump convirtió su reunión con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en una encerrona tras las tensiones provocadas por el asilo estadounidense a sudafricanos blancos por supuesta “discriminación” frente a la mayoría negra, afirmaciones que Pretoria niega. A pesar de que Rampahosa había avanzado que no quería centrarse en esta cuestión, el republicano ha convertido el tratamiento de la población blanca sudafricana en una de las grandes cuestiones de su agenda, marcada a su vez por la mano dura contra la inmigración. 

Ramaphosa llegó a Washington una semana después de que los 49 asilados aterrizaran en Estados Unidos bajo la categoría de “refugiados”, según la Administración Trump. El asilo a los afrikáneres —como se conoce a los descendientes de los antiguos colonos neerlandeses— supuso un agravamiento de las ya dañadas relaciones con Sudáfrica y se enmarca en la nueva política respecto a los blancos que ha adoptado el Gobierno estadounidense. Para argumentar por qué los acogía, el presidente de EEUU dijo que lo hacía debido al “genocidio que está teniendo lugar” en el país y a que están “siendo asesinados”, haciéndose eco de teorías de la conspiración –un tribunal sudafricano desestimó en febrero las acusaciones sobre un supuesto genocidio blanco en el país como “claramente imaginarias” e “irreales”–.

“Generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Pero espero que podamos tener una explicación”, dijo Trump frente a Ramaphosa al ser preguntado por la prensa sobre la acogida de los sudafricanos. Ramaphosa, por su parte, aseguró que “si hubiera un genocidio de granjeros afrikáneres te puedo asegurar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura” (John Steenhuisen)“.

Entre los asistentes al encuentro bilateral en el Despacho Oval también estuvo Elon Musk, quien es de origen sudafricano y que también acusó públicamente al Gobierno de Sudáfrica de perseguir la población blanca. Además de Musk, también estuvieron presentes los golfistas Ernie Els y Retief Goosen, y el empresario multimillonario Johann Rupert. Este último aprovechó para recriminar a Ramaphose que el país también necesita ayuda tecnológica y ha pedido la intervención de Starlink, la empresa de satélites Musk. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría. Necesitamos drones”, afirmó Rupert, quien repitió las afirmaciones falsas de Trump sobre la persecución de blancos en el país.

Delante de las cámaras y ante el presidente sudafricano, el equipo del republicano reprodujo en el Despacho Oval una serie de vídeos para intentar respaldar esas acusaciones y, en ese momento, la reunión se desbarató. El líder sudafricano ha intentado salir del paso de la mejor manera posible. “Me gustaría saber dónde es eso”, ha dicho Ramaphosa cuando Trump le ha preguntado si sabía que la gente que salía en la grabación ha sido “asesinada”.

Trump continuó con su encerrona a Ramaphosa, enseñándole una serie de noticias impresas sobre casos de granjeros blancos que fueron “asesinados” en Sudáfrica. “En muchos casos, esas personas están siendo ejecutadas, y en muchos casos no es el Gobierno quien lo hace, sino que otras personas las matan y luego se quedan con sus tierras, y no les pasa nada”. Los datos de la policía sudafricana no respaldan las afirmaciones de asesinatos en masa. Según datos de la policía sudafricana recogidos por el periódico New York Times, entre abril de 2020 y marzo de 2024, 225 personas fueron asesinadas en granjas de Sudáfrica. Sin embargo, muchas de las víctimas (101) eran trabajadores o extrabajadores agrícolas, que suelen ser negros. 53 eran agricultores, generalmente blancos.

En un intento desesperado por rebajar la tensión, el líder sudafricano insistió en que las políticas e su gobierno están totalmente en contra de lo que Trump ha descrito. “La gente que lamentablemente es asesinada debido a la actividad criminal no solo son blancos. La mayoría son negros”, agregó Ramaphosa. La expropiación de tierras sobre las que estuvo hablando el republicano tienen que ver sobre la reciente ley que aprobó el gobierno sudafricano para intentar compensar el legado dañino del apartheid, donde la gran mayoría de las tierras aún continúan en mano de la minoría blanca.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Trump firmó en febrero una orden ejecutiva para reducir la ayuda financiera a Sudáfrica y acusó al gobierno de discriminación racial contra los blancos, a los que ofreció asilo. “Sudáfrica está actuando de forma terrible, especialmente con los agricultores de larga trayectoria en el país. Les están confiscando sus TIERRAS y GRANJAS, y MUCHO PEOR QUE ESO. Es un mal lugar para estar en este momento, y vamos a detener toda la financiación federal. Yendo un paso más allá, cualquier agricultor (¡con su familia!) de Sudáfrica que busque huir de ese país por razones de seguridad será invitado a entrar en los Estados Unidos de América con una vía rápida hacia la ciudadanía”, escribió Trump en Truth Social en marzo.

La confiscación de tierras de la que habla Trump en el mensaje refiere a la ley firmada por el presidente sudafricano que permite la expropiación de tierras con “compensación cero” en circunstancias concretas, para intentar paliar los daños provocados por el apartheid sobre la población negra en Sudáfrica. Las desigualdades en la propiedad de la tierra siguen presentes en la sociedad sudafricana; los blancos representan aproximadamente el 7% de la población y poseen alrededor de tres cuartas partes de los terrenos agrícolas, según una auditoria hecha por el Gobierno en 2017. 

A pesar de que el Ejecutivo sudafricano aún no llevó a cabo ninguna confiscación, Trump ya redujo la ayuda económica al país y ordenó desarrollar un plan de asilo para los afrikáneres. Las acusaciones de discriminación contra Ramaphosa y su gobierno van en la misma línea que las declaraciones de Musk. La idea de que en Sudáfrica se está discriminando racialmente a la población blanca es un discurso ampliamente defendido por los grupos de extrema derecha estadounidenses. Según explicaba un funcionario al Washington Post, se esperaba que Musk también participara en el encuentro de este miércoles entre ambos líderes. 

Más allá de las implicaciones que tiene considerar a los afrikáners como “refugiados”, Estados Unidos ha estado suspendiendo sus programas para refugiados que huyen de países con situaciones de guerra o regímenes autoritarios como Afganistán, Siria, Irak y Sudán. Muchas organizaciones humanitarias ya han acusado al gabinete de Trump por la distorsión que supone usar la etiqueta de refugiado para los afrikáners. 

Antes de llegar a Washington, Ramaphosa apuntó que intentaría evitar el tema de los afrikáneres para centrarse en intentar resolver el impacto de los aranceles estadounidenses. En declaraciones públicas el martes, el presidente sudafricano afirmó que tenía un sentir “positivo” sobre el encuentro con Trump y que quería centrar la reunión en las relaciones comerciales. 

“Las relaciones comerciales son lo más importante, eso es lo que nos ha traído aquí. Queremos salir de Estados Unidos con un muy buen acuerdo comercial”, dijo Ramaphosa a los periodistas. “Queremos fortalecer esas relaciones y consolidar unas buenas relaciones entre nuestros dos países”, añadió.

Tras la llegada del primer grupo de sudafricanos a EEUU, Ramaphosa rechazó que los afrikáneres cumplan con los requisitos para ser considerados refugiados y negó que estén siendo perseguidos. “Las personas que han sido persuadidas para ir a los Estados Unidos no se ajustan a la definición de refugiados. Un refugiado es alguien que tiene que abandonar su país por temor a la persecución política, persecución religiosa o persecución económica”, dijo entonces Ramaphosa.

La imponente construcción de ladrillo rojo y dos alas del instituto Pretoria Boys es la versión sudafricana de los colegios privados ingleses que los fundadores tenían en mente cuando la levantaron en 1901. Incorporaron hasta las canciones escolares del londinense Harrow School. 

Elon Musk, devenido de la noche a la mañana en una de las personas más poderosas de la política estadounidense, pasó en los años ochenta sus últimos años escolares en el arbolado campus de este centro de la capital sudafricana, donde era uno de los alumnos no internos. Cerca de allí estaba la gran casa familiar de su padre en Waterkloof, un acomodado barrio de Pretoria donde los jacarandás de flor azul dan sombra en primavera.

Las revueltas sacudían Sudáfrica en aquellos años, los últimos del apartheid. En 1984 se produjo la rebelión de los municipios negros por todo el país. En 1986, el gobierno de la minoría blanca impuso el estado de emergencia. Pero en los apartados enclaves blancos, la vida era próspera y pacífica.

“El país estaba en llamas y sumido en la confusión, pero nosotros seguíamos felizmente a salvo en nuestros pequeños y arbolados suburbios, llevando una vida de lo más normal”, dice Jonathan Stewart, que estaba un curso por encima de Musk en el Pretoria Boys. Allí también estudiaron el político del Partido Laborista de Sudáfrica Peter Hain; el novelista y ganador del premio Booker Damon Galgut, y el asesino y deportista paraolímpico Oscar Pistorius. “Estaba este grupo de gente rica, en términos relativos, y todos los demás quedaban excluidos”, cuenta. 

Nacido en Pretoria en 1971, Musk sostuvo en su red social X en febrero que hay “leyes abiertamente racistas” en el país donde nació y respondió “sí” a la siguiente afirmación: “Los sudafricanos blancos son perseguidos por su raza en su país de origen”. 

Musk es ahora el director de DOGE, la unidad especial creada por Donald Trump (el nombre responde a las siglas en inglés de “departamento de eficiencia gubernamental”). Tras los posts de Musk sobre su país de origen, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que acusaba al gobierno sudafricano de “injusta discriminación racial” contra los afrikáners [grupo étnico de origen europeo asentado en Namibia y Sudáfrica] por una ley que permite la expropiación de tierras cuando se dan unas circunstancias determinadas. En su orden, Trump ofrecía asilo a los afrikáners y recortaba las ayudas a Sudáfrica, que recibe de Estados Unidos el 17% de su presupuesto para la lucha contra el VIH/sida.

No está clara la relación de Musk, que en 1989 se fue de Sudáfrica para irse a Canadá (el país de su madre) y luego a EEUU, con la decisión de Trump de emitir la orden.

Trump lleva interesándose por la supuesta persecución de los sudafricanos blancos desde su primera presidencia. Fue entonces cuando un grupo activista afrikáner viajó a EEUU para difundir la mentira de que el gobierno sudafricano era cómplice en una campaña de asesinatos contra granjeros blancos con el objetivo de quedarse con sus tierras. Tras ver en Fox News una entrevista a uno de los líderes del grupo, Trump expresó en Twitter su apoyo. 

En Estados Unidos hay otros grupos de interés que han influido sobre Trump, como el de críticos con Sudáfrica por la demanda que el gobierno en Pretoria presentó por la guerra de Gaza contra Israel ante el Internacional de Justicia (CIJ). Trump también se refirió a esa demanda en su orden ejecutiva. 

Pero parece poco probable que Musk no haya dado a conocer sus opiniones a Trump, siendo uno de sus asesores más cercanos y teniendo en cuenta que el tema afecta a sus intereses empresariales en Sudáfrica. 

A pesar de que la minoría blanca de Sudáfrica representa hoy el 7% de la población y acapara más del 70% de las tierras cultivables, Musk sostiene que las leyes de reforma agraria son racistas y equivalen a un robo. El multimillonario ha respaldado afirmaciones que caracterizan como genocidio los asesinatos de granjeros blancos que, según las investigaciones, se explican por razones económicas. 

Musk ha recrudecido sus ataques justo cuando libra una batalla contra el gobierno sudafricano por unas leyes de discriminación positiva que considera un obstáculo para llevar a Sudáfrica el negocio de su red de satélites Starlink. El hombre más rico del mundo está en contra de una ley del sector de las telecomunicaciones que exige la presencia de empresas propiedad de personas negras: el 30% del capital de la parte sudafricana debe pertenecer a estas empresas. La orden ejecutiva de Trump aumenta la presión sobre el gobierno sudafricano para que exima a Musk de leyes diseñadas con el objetivo de dar poder a la comunidad negra. 

Ni el equipo de prensa de la red social X ni el abogado de Musk respondieron a solicitudes de entrevista y cuestionarios enviados por correo electrónico. 

Sigue siendo objeto de debate la relación entre los años de formación de Musk bajo el régimen del apartheid y sus posturas actuales, desde el aparente saludo nazi durante las celebraciones por la investidura de Trump en febrero (él niega que haya sido un saludo nazi), hasta su apoyo a partidos políticos de extrema derecha como Alternativa por Alemania (AfD). 

A los sudafricanos blancos angloparlantes, como la familia de Musk, les beneficiaba la jerarquía racial impuesta por el apartheid, pero solían vivir separados de los afrikáners gobernantes. 

De los cinco años que dura el bachillerato en Sudáfrica, Musk cursó los dos primeros en el completamente blanco instituto Bryanston, que en los frondosos barrios del norte de Johannesburgo tiene su sede en edificios rectangulares de mediados de siglo. Fundado en 1968, es un colegio público de pago, mixto y de lengua inglesa. 

Como ocurría entonces en Sudáfrica y sigue ocurriendo ahora, el instituto Bryanston estaba obsesionado por el deporte. “Era un poco como la sociedad estadounidense”, dice Lesley Burns, que en 1984 terminó sus estudios en el Bryanston (el primer año de Musk). “En el equipo de fútbol estaban todos los atletas y chicos populares”. 

Un chico “muy normal” que sufrió maltratos en el instituto

Musk, que en 1985 formaba parte del equipo de ajedrez del Bryanston, fue ferozmente acosado allí. Un abuso que tuvo su punto culmen cuando lo tiraron por las escaleras y le dieron una paliza tan bestia que terminó hospitalizado. El colegio se negó a conceder una entrevista. 

El padre de Musk trasladó a Musk y a su hermano Kimbal al Pretoria Boys. Según Gideon Fourie, que asistió allí a clases de informática con él, era una persona querida: “Tenía una personalidad muy normal”, dice. “No era en modo alguno un superdeportista, ni un superempollón, ni un supergamberro... Tenía su grupo de amigos”.

En esa época, los medios sudafricanos estaban sometidos a una estricta censura gubernamental. Los periódicos aparecían con secciones enteras suprimidas, en particular las que publicaban informaciones sobre los crecientes disturbios en las áreas reservadas para personas negras y sobre detenciones masivas. Hasta que las protestas también se prohibieron. 

El instituto Pretoria boys, público pero de pago, era progresista para la época. En 1981 fue el primer colegio público en admitir a un alumno negro. Malcolm Armstrong, que entonces lo dirigía, aprovechó un vacío legal que permitía admitir a hijos de diplomáticos de los territorios de Sudáfrica que operaban como reservas tribales y eran considerados como estados independientes por el sistema del apartheid. 

“El enfrentamiento de Armstrong con las autoridades llegó hasta encontrarse en Dakar con el CNA [el partido Congreso Nacional Africano] cuando aún estaba prohibido”, dice Patrick Conroy, compañero de curso de Kimbal Musk (dos años por debajo de Elon Musk). “Armstrong solía hablar en las asambleas escolares sobre la importancia de la democracia, de los derechos humanos y de la justicia social”. 

Gregary Hassenkamp, el actual director del Pretoria Boys, también estaba en el curso de Kimbal. Sus recuerdos se parecen a los de su predecesor. 

Pero no todos los profesores compartían las opiniones progresistas de Armstrong, dice Hassenkamp durante una entrevista en su despacho, forrado con paneles de madera. “Me acuerdo de él [de Armstrong] haciendo pensar a los chicos sobre el país en el que vivíamos y sobre las actitudes que teníamos”, dice Hassenkamp, vestido con un holgado traje negro, corbata, y calcetines rojos, verdes y blancos, los colores del colegio. 

Antes de pasarse a la derecha, Musk se describía a sí mismo como alguien “no conservador”. Desde la victoria de Barack Obama en 2008, apoyaba al candidato del Partido Demócrata en todas las elecciones presidenciales. Pero Musk desconfía claramente de la democracia y de los líderes que produce. 

En los años treinta del siglo pasado, su abuelo encabezó en Canadá un movimiento antidemocrático de tintes fascistas que abogaba por un gobierno dirigido por una élite tecnocrática. Después se trasladó a la Sudáfrica del apartheid porque le atraía el sistema racista. 

Musk parece haber aceptado ahora la versión estadounidense del “hombre fuerte” para el gobierno, haciéndose eco de la afirmación de Trump sobre lo primordial que es la voluntad del presidente.  

Algunos compañeros de Musk dicen que su opinión actual sobre Sudáfrica puede deberse a que se perdió los altibajos de las negociaciones para terminar con el apartheid y el “milagro” de que en 1994 Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente negro del país.

Los sucesivos gobiernos dirigidos por el CNA, el partido de Mandela, no han conseguido revertir los peores índices de desigualdad económica del mundo. Aunque sus políticas para aumentar el poder económico de la población negra prevén exenciones fiscales y contratos estatales a empresas de propiedad negra, una persona negra sigue teniendo cinco veces más probabilidades de estar en situación de desempleo que una blanca. Sudáfrica también tiene una de las peores tasas de homicidios del mundo. 

Es frecuente escuchar a sudafricanos blancos quejarse por ser perjudicados debido a las leyes de discriminación positiva. A mediados de febrero, cientos de personas se congregaron en Pretoria frente a la embajada de Estados Unidos con pancartas donde se leía: “Gracias a Dios por el presidente Trump” y “Make South Africa Great Again”.

Aunque no es frecuente que un sudafricano blanco afirme que quiere volver al apartheid, sí es más común que las personas mayores digan sentir nostalgia de la época. “Eran buenos tiempos porque no teníamos delincuencia; no había problemas; la gente, blancos y negros, se llevaban muy bien”, responde Errol Musk en su espaciosa casa de Ciudad del Cabo durante una entrevista en vídeo sobre la infancia de su hijo Elon. “Todo funcionaba, esa es la realidad, por supuesto que no es lo que la gente quiere oír, pero esa es la verdad”. 

Musk, Kimbal y Tosca, los tres hermanos por parte de padre y de madre, han tenido una relación tumultuosa con Errol Musk. Entrevistado por el biógrafo de Elon, Walter Isaacson, Kimbal contó que el padre podía gritarles durante dos o tres horas seguidas, diciéndoles que eran patéticos y unos inútiles. Maye, la madre de los tres, ha acusado a Errol de maltrato físico.

“Es mentira”, dijo Errol cuando le preguntaron sobre unas acusaciones que ha negado sistemáticamente.

Los hermanos se distanciaron de su padre en 2017, y no era la primera vez. Ese fue el año en que Errol Musk y su hijastra de 30 años, Jana Bezuidenhout, tuvieron un hijo, cuenta Isaacson. En la versión de Errol, el enfado de los hijos viene de 2016, cuando expresó su apoyo a Trump durante una fiesta en Ciudad del Cabo organizada por su 70 cumpleaños y el de Elon, que cumplía 45. 

“Las cosas cambiaron cuando llegó Biden y Elon se dio cuenta de que estaban intentando destruir a Estados Unidos”, dice Errol, que añade: “Ahora intercambiamos mensajes casi todos los días; por supuesto, él no siempre puede responder, así que quien me contesta es su asistente personal”.

Traducción de Francisco de Zárate.

En la próxima reunión de ministros de Exteriores del G20 en Johannesburgo el día 20 de febrero no estará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio dijo que no irá a un país que favorece el “antiamericanismo”. La decisión viene días después de que el presidente Donald Trump confirmara a los pies del Air Force One la retirada de la ayuda directa al Gobierno sudafricano: “En Sudáfrica están sucediendo cosas terribles... están confiscando tierras y, en realidad, están haciendo cosas que quizá sean mucho peores que eso”, dijo el presidente.

El Gobierno estadounidense pagó 527,5 millones de dólares (510,6 millones de euros) en 2024 en ayuda al desarrollo en Sudáfrica, de los cuales la gran mayoría, 453 millones (438 millones de euros), fueron al programa contra el VIH conocido como PEPFAR. A eso se le suman más de 60 millones (58 millones de euros) de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) —que prometió cerrar Trump— para programas de igualdad de género y principios democráticos, entre otros.

Su decisión de congelar la ayuda la vincula a la nueva ley de expropiación de tierras firmada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, una polémica medida que busca restituir las desigualdades económicas entre la población negra y la blanca. A pesar de haber pasado 30 años desde el fin del apartheid, la diferencia de riqueza aumentó entre blancos y negros y Sudáfrica es el país con mayor desigualdad de ingresos en el mundo, según el índice Gini. La población blanca, que representa menos del 10% del total, todavía tiene el 85% de la riqueza del país, además de un 72% de las tierras agrícolas y cultivables.

Ramaphosa defendió la ley, que sólo esgrime la expropiación en casos de interés público justificado, cuando no hacerlo suponga un riesgo público para las personas, o si el propietario no tiene interés de construir o explotar los terrenos, diciendo que son medidas de expropiación que tienen muchos países, incluido Estados Unidos, para “equilibrar la necesidad del uso público de la tierra y la protección de los derechos de los propietarios”.

Una crítica que ha venido encabezada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dijo en su red social X que era una ley “abiertamente racista”.

Musk nació en Sudáfrica en 1971 porque su abuelo, Joshua Hadelman, decidió mudar allí a la familia desde Canadá en los años 50 porque le gustó el proyecto del apartheid. El mismo abuelo que había liderado un proyecto en los años 30, Technocracy Incorporated, que buscaba colocar a tecnócratas en la cúspide del poder político estadounidense y abolir la democracia. Elon creció en un entorno de privilegio blanco. Su padre, Errol Musk, hizo negocio en la minería sudafricana a costa de la segregación. A pesar de que se consideraba liberal y contrario al Gobierno del apartheid, prefería separar a los negros de los blancos en dos parlamentos en lugar de aplicar el principio de una persona, un voto.

A pesar de que lo criticó en algunas ocasiones por su postura, Elon mantiene buena relación con su padre, que vive en Ciudad del Cabo. Tanta es su influencia que el presidente Ramaphosa intercedió para pedirle a Errol que le pusieran en contacto por teléfono con su hijo para explicarle la ley de expropiación. Ambos pudieron charlar durante unos minutos.

Aun así, el pasado sudafricano de Musk y la ley de expropiación de tierras no es el único motivo del enfado de Trump contra Sudáfrica. Detrás está también el hecho de que el Gobierno de Ramaphosa haya sido el país más beligerante contra Israel por su invasión de Gaza. En diciembre de 2023 llevó a la Corte Internacional de Justicia a Israel acusándola de genocidio, un caso que todavía está abierto. A ello se suma que Sudáfrica ha sido uno de los principales defensores de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática y fue Trump quien precisamente dio el paso contrario al reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio en su primer mandato.

Influye también que Sudáfrica es el país que más tropas envió a la República Democrática del Congo en defensa del Gobierno congoleño en su lucha contra el grupo rebelde M23. Trump, que no se pronunció sobre la invasión ruandesa más que para decir que es un tema “muy grave”, mostró en campaña su rechazo al gobierno congoleño al propagar el bulo de que en el país estaban “vaciando sus cárceles y sus hospitales psiquiátricos para que sus internos vayan colándose en Estados Unidos”.

El pasado 18 de diciembre, el gobierno liderado por el presidente Félix Tshisekedi demandó oficialmente a Apple en Francia y Bélgica, acusando a la empresa de extraer ilegalmente de su territorio minerales clave para sus productos, una acusación que no sentó nada bien a Trump, quien invitó a su toma de posesión a los principales CEO de Silicon Valley, entre ellos Tim Cook. En su primer mandato, el dirigente ya suspendió la ley financiera Dodd-Frank, que obligaba a las empresas americanas a verificar que sus productos no espoleaban conflictos alrededor del mundo.

Por si fuera poco, Sudáfrica es la ese de los BRICS, esa que confundió con España en sus primeros días en el Despacho Oval. Trump ha amenazado con imponer un 100% de aranceles a los países de los BRICS ante la propuesta de estos de dejar de utilizar el dólar en las transacciones internacionales. En 2023, Sudáfrica además estuvo dispuesta a acoger a Vladímir Putin en la cumbre de los BRICS a pesar de haber una orden de arresto internacional contra él. Meses antes, Ramaphosa había autorizado a sus socios de Rusia y China a ejercer maniobras militares navales en sus aguas.

La causa contra Israel, el formar parte de los BRICS y la ley de expropiación son parte de la cruzada de la Administración Trump contra Sudáfrica. Si a todo eso se le añade que el Congreso Nacional Africano, el partido que fuera de Nelson Mandela y hoy lidera Ramaphosa, tiene fundamentos marxistas, se obtiene el caldo de cultivo perfecto para convertirse en enemigo público de los Estados Unidos de Trump y Musk.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ordenó este viernes a Israel que detenga “inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, después de que Sudáfrica solicitara hace dos semanas que la corte dictara medidas cautelares urgentes ante el ataque israelí contra esa localidad, que dio comienzo el 6 de mayo y provocó desde entonces el desplazamiento de unos 800.000 palestinos que se habían refugiado en el extremo sur de Gaza.

El presidente de la CIJ, el libanés Nawaf Salam, leyó y argumentó la decisión de los jueces (13 de un total de 15 votaron a favor) que consideran que la situación humanitaria en Gaza ha degenerado en los pasados meses y es ahora “desastrosa”, y que las medidas tomadas por Israel en Rafah –las órdenes de evacuación de varios barrios de la ciudad y la designación de una “zona humanitaria”– no son suficientes para “reducir el riesgo al que está expuesta la población palestina debido a la ofensiva”.

Áreas designadas por el Ejército israelí en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

ISRAEL

“Zona humanitaria” extendida

Deir al Balah

“Zona humanitaria” de Al Mawasi

Franja

de Gaza

Jan Yunis

Rafah

EGIPTO

Paso

de Rafah

Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

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Ejército israelí en Gaza

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ampliada

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Deir al Balah

“Zona humanitaria” extendida

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“Zona humanitaria” de Al Mawasi

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Jan Yunis

Rafah

EGIPTO

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de Rafah

Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Por ello, el tribunal con sede en La Haya insta a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah” y “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres, en particular el cruce de Rafah” para que pueda entrar la asistencia humanitaria y los servicios básicos que los gazatíes “necesitan urgentemente”. A través de ese cruce entre Gaza y Egipto llega a la Franja la mayor parte de la ayuda internacional (alimentos, agua potable, combustible, suministros y personal médicos, etc.) pero muy pocos camiones han podido cruzarlo desde que Israel se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo el pasado día 7, tal y como han denunciado las agencias de la ONU.

La CIJ ya había instado a finales del pasado mes de enero a Israel a que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, una orden que reiteró a finales de marzo. También había pedido a Israel que tomara “todas las medidas que están en su poder para evitar actos de genocidio” en la guerra de Gaza y presentara un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes dictadas por el tribunal en un plazo de un mes, algo que no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Israel hace oídos sordos a las órdenes del tribunal

Este viernes, el tribunal de La Haya también recordó que Israel debe “garantizar el acceso sin obstáculos” a la Franja de cualquier comisión o misión de investigación, o de otro organismo de Naciones Unidas para “investigar las alegaciones de genocidio”, en el marco de la demanda presentada por Sudáfrica el pasado diciembre contra Israel denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva en Gaza, que ha dejado casi 36.000 muertos –incluidos más de 15.000 niños– desde el pasado 7 de octubre. Los jueces de la CIJ consideraron que existe riesgo de genocidio en Gaza.

Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero depende de la voluntad de los países aplicarlas y, en el caso de Israel, ha demostrado anteriormente que no tiene ninguna voluntad. Sin ir más lejos, en el caso de Rusia, el máximo tribunal de la ONU pidió a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en Ucrania menos de un mes después del comienzo de la guerra pero, más de dos años después, el Ejército ruso continúa su ofensiva.

Desde el primer dictamen de la CIJ, Sudáfrica ha pedido al tribunal que ordene medidas cautelares adicionales para detener la masacre en Gaza, pero Israel hizo oídos sordos una y otra vez.

Durante las audiencias celebradas la semana pasada en La Haya, el embajador de Sudáfrica en Holanda, Vusimuzi Madonsela, pidió a los 15 jueces de la CIJ que ordene a Israel retirarse “de forma total e incondicional” de Rafah y del paso fronterizo homónimo. El equipo legal israelí, como ya hizo en otras ocasiones, aseguró ante la corte que “Israel toma medidas extraordinarias para minimizar el daño a los civiles en Gaza”.

El Gobierno israelí, que en general rechaza el mandato de Naciones Unidas y considera que el organismo favorece a los palestinos, hdecidió participar en el proceso de la CIJ y defenderse ante las acusaciones de genocidio, pero no aplicó los dictámenes del tribunal. Según Sudáfrica, “la condición necesaria para la implementación efectiva de las medidas cautelares de la corte es un alto el fuego permanente en Gaza”, algo que hasta el momento Israel rechazó en el marco de las negociaciones indirectas con Hamas.

Solo 24 horas después de que la Justicia Internacional pidiese impedir el “genocidio” en Gaza, la ofensiva militar de Israel en la Franja dejó más de 170 muertos y 300 heridos, mientras se recrudecen los combates en el sur del enclave palestino, según fuentes oficiales palestinas. “La ocupación israelí cometió 18 masacres contra familias en la Franja de Gaza, lo que provocó 174 muertos y 310 heridos durante las últimas 24 horas”, indicó el Ministerio de Sanidad de Gaza.

En total, suman 26.257 muertos y 64.797 heridos, la mayoría niños y mujeres, desde que estalló la guerra hace más de tres meses y medio. A ellos se suman miles de desaparecidos bajo los escombros y otros lugares de la devastada Franja, ya que “la ocupación impide que las ambulancias y los equipos de protección civil puedan llegar hasta ellos”, asegura.

Además, “al menos 28 civiles murieron y otros resultaron heridos como resultado del bombardeo israelí sobre la ciudad de Jan Yunis” y otros “nueve civiles, entre ellos mujeres, murieron cuando aviones de combate israelíes bombardearon varias viviendas” de los alrededores, añadió Sanidad. Jan Yunis es la principal región del sur de la Franja y un bastión de Hamás, donde las tropas israelíes se encuentran focalizando su ofensiva, sobre todo alrededor de los principales hospitales, el Nasser y Al Amal, desde donde, según Israel, operan milicianos.

El Ejército israelí confirmó por su parte que sus tropas “continúan eliminando a los terroristas y localizando armas y equipo militar en el corazón de Jan Yunis”, mientras que Sanidad de Gaza denuncia desde hace días que “la ocupación israelí asedia los hospitales de de la ciudad, paralizándolos completamente mientras comete crímenes de genocidio e impide el movimiento de ambulancias”. Según esa fuente, el hospital Naser -donde operan unos 150 miembros de personal médico que atienden a 350 pacientes- y el de Al Amal se encuentran “sin alimentos y sin seguridad”, así como desprovistos de anestésicos o analgésicos.

La agencia humanitaria de la ONU, OCHA, señaló que el hospital Naser, que actualmente alberga a unos 18.000 desplazados, está funcionando “bajo mínimos, ya que está rodeado por el Ejército israelí y está experimentando intensos combates, por lo que ya no puede recibir pacientes ni suministros”.

24 horas después del toque internacional

Todo esto ocurre un solo día después de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU emitiera un fallo en el que exigió a Israel evitar un genocidio contra los palestinos en Gaza y facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

De esta manera respondió el tribunal de la ONU a la solicitud de Sudáfrica hace dos semanas. Aunque la decisión adoptada este viernes no contentó del todo ni al país africano ni a una parte de la comunidad internacional, que esperaba que el más alto tribunal de la ONU impusiera un alto el fuego en la Franja.

La CIJ pidió a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” tipificados en el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, texto en el que Sudáfrica basó su demanda, alegando que Israel lo incumplió en el transcurso de su ofensiva contra Gaza –que dejó más de 26.000 palestinos muertos, según los datos de las autoridades locales, que la ONU da por válidos–. 

Poco después de esta intervención de la Justicia Internacional se abrió una nueva crisis dentro de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Varios países paralizaron sus subvenciones al organismo después de que se anunciase la decisión de rescindir los contratos de varios miembros de su personal mientras investiga su supuesta participación en los ataques contra Israel el 7 de octubre.

En medio de una enorme expectativa, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó a este viernes a Israel que tome medidas para impedir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en Gaza y permita que entre más ayuda humanitaria al enclave palestino, donde su devastadora ofensiva ya mató a más de 26.000 personas, según las autoridades locales. 

A pesar de que falló a favor de imponer medidas cautelares, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no pidió a Israel que suspenda inmediatamente su campaña militar, como había solicitado Sudáfrica en su demanda, en la que acusa a Tel Aviv de cometer “actos genocidas” contra la población palestina en Gaza.

Esto son algunas claves:

¿Qué ordenó el tribunal?

La Corte Internacional de Justicia declaró que los palestinos tienen derecho a ser protegidos de actos de genocidio y ordenó a Israel “tomar todas las medidas a su alcance” para impedir tales acciones y permitir la entrada de la ayuda humanitaria que tanta falta hace en el enclave asolado por una guerra que ya se alargó más de tres meses. El tribunal dice que el país “debe tomar medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros de los grupos palestinos de la Franja de Gaza”.

Al leer la orden, la presidenta del tribunal, la estadounidense Joan Donoghue, repasó varias declaraciones incendiarias de dirigentes israelíes y defendió la imposición de medidas cautelares alegando que “la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte su sentencia final”. Destacó que la CIJ está “profundamente preocupada por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, pidió la liberación de los rehenes capturados en Israel y tomó nota de las advertencias de la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación humanitaria en Gaza.

Donoghue también dijo que Israel debe garantizar la preservación de las pruebas del presunto genocidio y debe informar al tribunal de las medidas tomadas en el plazo de un mes.

¿Pide un cese de las operaciones militares?

No. Si bien es un veredicto contundente en el que la gran mayoría de los 17 jueces de la CIJ votaron a favor de medidas urgentes que cubren una gran parte de lo que pedía Sudáfrica, no ordena explícitamente el cese de las acciones militares en Gaza, como también había reclamado el país africano, generando una gran expectación. 

En la escalinata de la sede del tribunal en La Haya, la ministra de Exteriores de Sudáfrica dijo que Israel “tendrá que detener los combates en la asediada Franja de Gaza si quiere acatar las órdenes” de la Corte. “¿Cómo se puede suministrar ayuda y agua sin un alto el fuego? Si se lee la orden, implícitamente debe producirse un alto el fuego”. 

A juicio de Sonia Boulos, profesora de derecho internacional en la Universidad Antonio de Nebrija, “la reticencia de la Corte” a ordenar una detención de las operaciones “no debería llevar a ignorar los aspectos importantes de la decisión”. La experta cree que hay factores clave que pueden explicarlo. “Primero, la CIJ no tiene poder para ordenar a las milicias palestinas que detengan sus operaciones militares porque no son parte de la disputa legal, por lo que supongo que la CIJ temía las críticas por exigir a Israel que detuviera sus operaciones y dejar a las milicias palestinas fuera de la ecuación. El segundo factor es que la CIJ se apresuraría a dictar una medida cuando es obvio que va a ser ignorada. Debemos recordar que Rusia ignoró por completo la orden de detener sus operaciones militares”, dice.

Las nueve medidas solicitadas por Sudáfrica iban desde una suspensión inmediata de las operaciones militares de Israel en Gaza hasta que sus fuerzas tomen “todas las medidas razonables” para impedir el genocidio, pasando por impedir los desplazamientos forzosos, permitir que los civiles reciban agua y alimentos y garantizar que se conserven las pruebas de cualquier posible genocidio.

¿Qué dicen las partes?

Sudáfrica celebró este viernes lo que calificó de “victoria decisiva”. “El día de hoy marca una victoria decisiva para el Estado de derecho internacional y un hito significativo en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino”, dice el Gobierno sudafricano en un comunicado, en el que habla de fallo “trascendental”. Sudáfrica presentó su demanda el 29 de diciembre y las audiencias públicas ante la Corte dieron comienzo este mes de enero. Decenas de países dieron su apoyo a la demanda sudafricana. 

A pesar de su ofensiva retórica contra la ONU, Israel se tomó en serio las acusaciones de Sudáfrica y envió un sólido equipo legal a La Haya para defender sus acciones en Gaza. Durante el proceso, el país negó las acusaciones calificándolas de “extremadamente distorsionadas” y argumentando que tiene derecho a defenderse después del ataque de Hamás del 7 de octubre en el que murieron unas 1.200 personas. En el mismo mensaje insistió el primer ministro Benjamín Netanyahu tras la decisión de la CIJ. “El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental a la autodefensa es una discriminación flagrante contra el Estado judío, y fue justamente rechazado”, dijo, y añadido que Israel “seguirá defendiéndose” de Hamas, que definió como una “organización terrorista y genocida”.

¿El veredicto significa que el tribunal cree que se está cometiendo un genocidio?

No exactamente. Para obtener medidas cautelares, Sudáfrica no necesitaba demostrar que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave palestino, sino que el tribunal es competente y que las acciones israelíes que denuncia pueden estar amparadas por la Convención sobre el Genocidio. 

Este viernes, la Corte dijo que no desestimará el caso de genocidio –como intentó Israel– y que los palestinos son un grupo protegido bajo este tratado. En opinión del tribunal, “al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles”, en concreto el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio. “Ordenar medidas provisionales significa que enmarcar la violencia actual en Gaza como un genocidio es legalmente posible sobre la base de las pruebas aún parciales que existen sobre el terreno”, dice Boulos.

Pero el tribunal aún no decidió sobre el fondo de las acusaciones. Se da por hecho que el fallo definitivo sobre el caso general puede tardar años. Las sentencias del tribunal son definitivas y no pueden ser apeladas.

¿Hay precedentes de medidas cautelares dictadas por la CIJ en casos de genocidio? 

Sí. Recientemente, se dictaron decisiones provisionales en casos relacionados con el trato dado por Myanmar a la población rohingya, así como la invasión rusa de Ucrania. En este último caso, en marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en el país, pero estas continúan a día de hoy. A diferencia de los israelíes, los representantes rusos no asistieron a las audiencias en La Haya. Boulos sostiene que, en el caso contra Rusia, la disputa fue diferente. “Ucrania quería que la corte refutara el argumento de Rusia de que Ucrania estaba cometiendo genocidio, que fue utilizado por Rusia para justificar su guerra de agresión contra Ucrania”, dice.

Entonces, ¿ahora qué?

Las medidas cautelares dictadas por los jueces son medidas previas a una decisión definitiva y, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso, un proceso judicial que puede llevar años. Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes y de obligado cumplimiento, pero su ejecución depende de la voluntad de los países y el tribunal no tiene medios reales para hacerlas cumplir, en consonancia con la dificultad general de hacer cumplir el derecho internacional. De momento, Netanyahu prometió continuar con la campaña militar y, a principios de este mes, dijo: “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más”.

La comunidad internacional puede actuar. Si un país no acata una orden de la Corte, se puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede recomendar o decidir las medidas que deben adoptarse para dar efecto a la sentencia. No obstante, hasta ahora, el Consejo estuvo paralizado a la hora de pedir un alto el fuego en la guerra en Gaza, principalmente por el poder de veto de Estados Unidos, aliado de Israel, que también considera que la demanda sudafricana carece de fundamento. Sudáfrica dijo que la orden se notificará ahora formalmente al Consejo de Seguridad, señalando que no se puede permitir que el poder de veto que ejercen los Estados a título individual frustre la justicia internacional“.

“Seamos realistas: lo más probable es que el veto estadounidense impida que se voten medidas coercitivas”, dice Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones para la división de Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch (HRW), organización que calificó la decisión de “histórica”.

Aunque no la acate, se considera que una decisión adversa es perjudicial para la reputación del país gobernado por Netanyahu, redobla la presión sobre Israel y sus aliados y sienta un precedente legal.

“Como mínimo, la presión sobre el Gobierno de Netanyahu aumentará considerablemente. La Unión Europea acaba de declarar que espera de la orden del tribunal 'una aplicación plena, inmediata y efectiva'. Incluso Alemania, que suele ponerse inequívocamente del lado de Israel, declaró que ”las medidas provisionales son vinculantes según el derecho internacional (y que Israel debe acatarlas). Eso es alentador“, dice el responsable de HRW, quien sostiene que aunque no haya llegado a ordenar el alto el fuego, la decisión del tribunal ”no es ni mucho menos anecdótica o carente de sentido, sino todo lo contrario“. 

En la misma línea, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense, cree que, pese a no exigir un alto el fuego inmediato, el fallo “es una clara victoria de los palestinos que pone en evidencia el aislamiento de Israel y del Gobierno Netanyahu, ya que considera 'plausible' que esté llevando a cabo un genocidio”, escribió X (antes Twitter).

Hay juristas que creen que una decisión contra Israel podría servir como pretexto para imponer sanciones o influir en la venta de armas. “Se puede argumentar que los estados miembros tienen la obligación de no vender armas a un país al que la CIJ le ordena que se abstenga de actos o que impidiera actos que podrían equivaler a genocidio”, dice Boulos, que opina que la orden pone las acciones de Israel bajo el escrutinio de la corte y la comunidad internacional, “especialmente en relación con la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria”. La experta también señala que este “reconocimiento mínimo de que la acción de Israel podría equivaler a genocidio se podría utilizar para presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue más rápidamente las acusaciones de crímenes internacionales de ambas partes”.

“Los terceros Estados son ahora conscientes de la existencia de un grave riesgo de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Por lo tanto, también deben actuar de forma independiente e inmediata”, dijo por su parte el Gobierno sudafricano, que señala que “espera sinceramente que Israel no actúe para frustrar la aplicación de esta orden, como ha amenazado públicamente con hacer”.

¿Qué dice la Convención sobre el Genocidio?

El tratado que está en el centro del caso, cuyo nombre completo es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, data de 1948 y fue ratificado por 153 Estados, entre ellos Israel. Se adoptó tras el Holocausto, en el que la Alemania nazi asesinó a más de seis millones de judíos.

Según el texto, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, entre los que figuran la matanza de miembros del grupo, causar daños graves físicos o mentales de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Nadie es inmune a la acusación de genocidio. Por su extrema gravedad, a menudo se cataloga este delito como el “crimen de crímenes”, como lo definió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998.

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y se encarga de resolver controversias jurídicas entre los Estados. Esta es una de las principales diferencias con la Corte Penal Internacional (CPI) –que también está en La Haya (Países Bajos) y está investigando en estos momentos presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel (y Hamás). La Corte Penal Internacional juzga a individuos y no es parte de la ONU. En cambio, la CIJ, al no ser un tribunal penal, no cuenta con un fiscal capaz de iniciar procedimientos.

Cualquier caso relacionado con la responsabilidad de un Estado por genocidio puede someterse a la Corte Internacional de Justicia. 

La presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) y vocal de la sección de derecho penal internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Eulàlia Pascual, ve “complicada” la labor que tiene la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante una de sus resoluciones más trascendentes de los últimos tiempos y que comunicará este viernes: decidir si, como le ha pedido Sudáfrica, ordena a Israel un alto el fuego en Gaza.

La jurista aporta las claves para ayudar a entender qué elementos valorará el tribunal para emitir su fallo.

–¿Qué valora la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para decidir si ordena a Israel un alto el fuego en Gaza?

–La CIJ escuchó la presentación de la demanda de Sudáfrica y la respuesta de Israel. Ahora la Corte tiene sobre la mesa los elementos objetivos que Sudáfrica presentó como genocidio, y la clave será en si determina si hay que ordenar a Israel un cese en el uso de fuerza militar, o si, por contra, persiste una amenaza por parte de Hamas que impide acordar la medida cautelar contra Israel.

–¿Cuáles son esos elementos objetivos de un genocidio?

–Creo que es el punto fuerte de la demanda de Sudáfrica, que fundamenta bien varios elementos objetivos del genocidio alegados en base a la Convención del Genocidio: desplazamiento forzado de personas, condiciones extremas que hacen difícil la supervivencia, falta de alimentos, agua, y atención médica en Gaza, destrucción total de infraestructuras….

–¿Solo con estos elementos, que vemos en las noticias a diario, la CIJ puede ordenar a Israel un alto el fuego en Gaza?

–No. Para tomar su decisión, además de los elementos objetivos y valorar la amenaza que supone Hamas, la CIJ también tiene que entrar a valorar si, como dice Sudáfrica, es plausible que Israel cometa o sea cómplice de un genocidio en Gaza, es decir, si hay una intención genocida. Y esto creo que es mucho más complicado de valorar para un tribunal. Es una cuestión muy compleja, pero muy interesante a nivel de derecho penal internacional.

–¿Por qué?

–Porque supone entrar a valorar un elemento subjetivo e intencional, que es que Israel tenga la voluntad de destruir al pueblo palestino en su conjunto, no solo, como alega, a Hamas, que, recordemos, fue responsable del ataque a Israel del 7 de octubre.

La decisión de la Corte puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio

–“Los conflictos armados son brutales y cuestan vidas, pero no todos los conflictos son genocidios”, dijo el abogado que representa a Israel, Malcolm Shaw. ¿Dónde se pone la línea roja que separa a una cosa de la otra?

–Esta es la tarea, complicada, que tiene la Corte. Además de la intencionalidad de Israel, otra de las cuestiones a valorar es la proporcionalidad de la respuesta israelí, que es justamente el concepto detrás de la alegación de Israel de que tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas y recuperar a los rehenes. En cualquier caso, es una decisión muy importante porque puede marcar un nuevo precedente en materia de genocidio, y también afectar a otras masacres de las que el mundo parece haberse olvidado, como la de Azerbaiyán en Artsaj.

–Sudáfrica ha puesto como ejemplo de la “intención genocida” de Israel las declaraciones de sus líderes políticos que “deshumanizan” a los palestinos de Gaza. ¿La Corte las tendrá en cuenta?

–Es verdad que ha habido declaraciones imprudentes, pero el lenguaje ha sido destructivo por parte de los dos lados, solo hay que ver los comunicados de Hamas. La teoría nos dice que un jefe de Estado debe guardar la cabeza fría, y es verdad que cualquier declaración incendiaria, venga de donde venga, no ayuda y es un problema. Pero la defensa de Israel intenta contener el alegato diciendo que sus líderes se refieren a Hamas, no al conjunto de población palestina.

–La Corte podría ordenar un cese de la guerra en Gaza, como pide Sudáfrica, pero el tribunal no tiene medios propios para hacer cumplir sus resoluciones.

Es cierto, pero es que una fuerza coercitiva que obligara a cumplir las resoluciones iría en contra del espíritu de las Naciones Unidas.

Se podría llevar este incumplimiento al Consejo de Seguridad de ONU, pero ya se ha visto que Estados Unidos impone su derecho a veto. ¿Cualquier resolución de la Corte que ordene a Israel poner fin a la guerra tiene el riesgo de convertirse en papel mojado?

No tiene por qué ser así. Cualquier nueva actuación tras la decisión de la CIJ y su sentencia se vehicula a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero pensar que a Netanyahu le importan un poco más que a Putin las decisiones de los tribunales internacionales, aunque Israel no haya ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI).

–¿Se podría ver un juicio internacional a Netanyahu por la respuesta de Israel a los ataques de Hamas?

–Creo que es un escenario muy improbable. Ante la Corte Penal Internacional (CPI) solo pueden acudir países que hayan ratificado el Convenio de Roma, pero hay una excepción que permite al Consejo de Seguridad Naciones Unidas llevar un caso ante la CPI. Aunque parezca que nunca pase nada, quiero recordar que la CPI imputó y tiene en vigor una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en relación con la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Cualquier país que ha ratificado el Convenio de Roma puede detener a un imputado si pisa su país, y eso ha limitado los movimientos de Putin. A lo mejor no tiene consecuencias muy vistosas, pero tiene consecuencias.

Es muy triste, pero creo que hoy no se hubiera firmado la Declaración de Derechos Humanos"

–¿Que sea Sudáfrica y no ningún país europeo el que haya llevado a Israel ante el Corte Internacional de Justicia deja a los países europeos sin la autoridad moral de defensa de derechos humanos que se han arrogado?

–Parte de Europa ha asumido que Israel tiene derecho a defenderse y ha decidido no meterse, lamentando, eso sí, las víctimas palestinas, pero ha priorizado el derecho a defenderse de Israel y constatar que es Hamas quien inició la guerra. Pero Sudáfrica tampoco está sola en su demanda, la apoyan países como Colombia.

–¿Es viable la solución de los dos estados? ¿Ve posible que la decisión judicial empuje a una negociación para una resolución del conflicto a largo plazo?

–¿Qué otra solución hay si no es la de los dos estados? ¿La destrucción mutua? Eso sería horrible. No se puede aceptar ni que Israel tenga que desaparecer ni que los ciudadanos palestinos tengan que desaparecer. Una negociación es factible en función de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Y para ello hay que ser consciente de que, en una negociación, no se lograrán todos los objetivos y cada parte tendrá que ceder en algo. ¿Hay esa voluntad de negociar una solución a largo plazo? Me temo que no. El actual es un escenario completamente distinto al de las negociaciones de paz de hace años, tanto por los actores del conflicto, en especial Hamas, como por el contexto internacional. Y al final esto creo que cada vez afecta más a la población civil de Palestina, que está atrapada entre Hamas e Israel y viviendo una masacre.

–¿Qué papel ha tenido la ONU en este conflicto? Sus llamadas para una desescalada del conflicto no parecen escucharse

–Naciones Unidas ha reclamado, a los dos bandos en conflicto, corredores humanitarios y un alto el fuego. No puede hacer otra cosa y tiene que seguir insistiendo en ello porque es lo que dice la Convención de Ginebra. Se ha pedido a Hamas liberar a los rehenes como un intento de que luego Israel cese las hostilidades, pero no ha habido muchos avances. Aunque esto ya es una cuestión geopolítica, además de derecho penal internacional. 

Hace poco celebramos el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y, aunque es muy triste, creo que hoy no se hubiera firmado. Que el mundo no haga caso a la ONU, más allá de cuestiones geopolíticas, también creo que es porque desde ciertos sectores se ha fomentado una visión de Naciones Unidas como un club de blancos ricos, cuando no es así. Algunos políticos han captado rápidamente esa desafección hacia Naciones Unidas, que hace que no hacerle caso no tenga consecuencias a nivel electoral. Como toda gran estructura, la ONU tiene defectos, pero si no hubiera Naciones Unidas, sería el caos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, pidió a Israel que tome medidas para limitar las muertes y el sufrimiento de los palestinos, y evitar “actos de genocidio” en la guerra que está librando en Gaza, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que presentó una demanda contra ese país por lo que calificó de “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva contra la Franja de Gaza –en la que han muerto más de 26.000 personas desde el pasado 7 de octubre–.

La decisión ha sido tomada por 15 votos a favor y dos en contra, de los 17 jueces encargados de la demanda presentada por Sudáfrica a finales de diciembre, en la que alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel contra los palestinos. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, ha dicho en la apertura de la sesión de este viernes que el tribunal “está preocupado por la pérdida de vidas [humanas] y el sufrimiento en Gaza” y ha señalado que la ofensiva Israelí “ha causado muertes, una gran destrucción y el desplazamiento masivo” de los habitantes de la Franja, basándose en las declaraciones de varios altos representantes de la ONU, incluido el comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Ante todo, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para juzgar este caso y, además, que los palestinos de Gaza representan un grupo que tiene derecho a ser protegido ante un posible genocidio. Para evitar que eso ocurra, el tribunal emitió una serie de “órdenes de emergencia” para proteger a los gazatíes, pero no ordenó un alto el fuego en la Franja.

Pidió a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” que se incluyen en la Convención contra el Genocidio y que son: “asesinar a miembros del grupo” protegido, “causar daño físico o mental grave a miembros del grupo”, “imponer al grupo condiciones de vida que conlleven su destrucción física, en parte o en total” e “imponer medidas que eviten nacimientos dentro del grupo”. En su fallo, la CIJ detalla que “el Estado de Israel debe garantizar que sus militares no cometen ningún acto de los descritos arriba” y tiene que “evitar y castigar cualquier incitación directa y pública a cometer genocidio de los palestinos en Gaza”. De cara a la desesperada situación humanitaria, el tribunal exige a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes.

Además, Israel tendrá que presentar a la CIJ un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes, en un plazo de un mes a partir de este viernes.

Israel no cumplirá las órdenes

La ministra de Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, a la salida de la vista en La Haya, lamentó que la CIJ no haya incluido un cese de las hostilidades en su fallo y afirmó que, para cumplir con las órdenes del tribunal, es necesario un alto el fuego. “La corte ha mandado una clara señal a Israel”,agregó, al mismo tiempo que ha advertido que no cumplir las órdenes de emergencia dictadas este viernes sentaría un “precedente peligroso”.

El jueves, el Gobierno israelí adelantó que no tenía intención de acatar las medidas cautelares, si estas incluían un alto el fuego, porque “no tiene fundamento”, afirmó su portavoz, Eylon Levy. También se mostró confiado en que la CIJ fallaría a favor de Israel: “Esperamos que la CIJ desestime estas acusaciones espurias y engañosas”. Las decisiones del máximo tribunal de Naciones Unidas son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero de facto no dispone de ninguna forma para imponer sus decisiones y que estas se apliquen.

Tras conocerse el fallo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que la acusación de genocidio contra Israel “no sólo es falsa, es escandalosa”, aunque se ha mostrado satisfecho con que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. “Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho”, ha afirmado.

Por su parte, el grupo islamista Hamas afirmó anoche que acataría la decisión de la CIJ si Israel también lo hacía y si cumplía con el alto el fuego que se esperaba que ordenara el tribunal. También aseguró que pondría en libertad a los rehenes que secuestró el día 7 de octubre y que siguen en sus manos y de otras milicias palestinas, si Israel excarcela a los presos palestinos que están recluidos en ese país.

Precisamente, la defensa que Israel presentó ante la CIJ el pasado día 12 se basa en los ataques de Hamas del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos, buena parte de ellos residentes de las comunidades judías cercanas a la Franja de Gaza. Esos ataques no forman parte central de la acusación sudafricana e Israel alega que es el elemento clave que justifica su derecho a la legítima defensa. Aún así, ante la posibilidad de que el tribunal emitiera una decisión en su contra, Israel –por primera vez en su historia– ha decidido defenderse y, de esta forma, reconocer la legitimidad de la CIJ.

Documentos desclasificados

El periódico The New York Times informó ayer de que Israel ha desclasificado más de 30 documentos secretos con órdenes del Gobierno y de los líderes militares para tratar de rebatir las acusaciones de Sudáfrica, en concreto, su “intención genocida”. Esas órdenes muestran que Israel hizo “esfuerzos” para no causar muchas muertes entre los civiles palestinos, según el diario, que ha revisado una copia de los documentos presentados a la CIJ. La defensa de Israel trata de probar que, aunque dirigentes políticos israelíes, incluidos ministros, han hecho llamamientos a expulsar a todos los palestinos de Gaza o matarlos, las órdenes oficiales del Ejecutivo y del Ejército no apuntaban en ese sentido.

Precisamente, Sudáfrica incluyó en su demanda de 84 páginas declaraciones oficiales de altos cargos políticos y mandos militares, así como lo que dicen los propios soldados en vídeos grabados por ellos mismos en Gaza, en los que prometen venganza contra los palestinos, expresan su desprecio y odio hacia ellos, o se ríen del sufrimiento que les están causando. Según uno de los abogados del equipo sudafricano, la “intención genocida” está “arraigada en la creencia de que el enemigo está incrustado en la vida civil palestina de Gaza, no solo en el brazo militar de Hamas”.

El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a todos los palestinos del ataque perpetrado por Hamas. Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, calificó a los gazatíes de “animales humanos” para justificar la decisión de cortar por completo el suministro de agua, luz y combustible a la Franja –suministro que aún no ha sido restablecido y que, entre otras cosas, está causando la propagación de enfermedades debido al consumo de agua contaminada y respiratorias por la quema de todo tipo de residuos para cocinar y calentarse–. La presidenta del CIJ citó esas declaraciones y otras de ambos dirigentes en la sesión de este viernes.

Según The New York Times, los documentos desclasificados no incluyen las órdenes emitidas en los primeros diez días de ofensiva contra Gaza, cuando Israel cerró el grifo del agua y la electricidad, y limitó las entregas de combustible y otros suministros básicos a la Franja.

Los seis abogados de Israel se sientan en primera fila frente a los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU. Detrás de ellos los acompañan medio centenar de asesores, representantes e incluso familiares de personas secuestradas por Hamas en los ataques del 7 de octubre. Los magistrados tendrán que decidir si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, así como si ordenan a Israel detener la ofensiva como medida cautelar.

Israel se enfrenta al mayor desafío legal desde el inicio de la ofensiva, que en poco más de tres meses deja más de 23.700 muertos (10.000 niños), según cifras del Gobierno –controlado por Hamas–, el 85% de la población desplazada (de un total de 2,2 millones) y 500.000 personas que no tendrán casa a la que volver por la destrucción masiva de edificios. 

A diferencia de otros procesos en tribunales internacionales o investigaciones de la ONU que Israel boicoteó –incluido el dictamen no vinculante del tribunal sobre la ilegalidad del muro en Cisjordania que Israel rechazó y en el que se negó a cooperar–, en esta ocasión presentó un equipo de defensa de primer nivel, lo que refleja la importancia que le da al caso. Sin embargo, esta decisión le dificultará ignorar la decisión de la corte si finalmente los jueces ordenan a Israel en las próximas semanas detener la ofensiva como parte de las medidas cautelares.

“En el caso del muro era una opinión no vinculante. Ahora, sin embargo, hay una jurisdicción vinculante y, además, Israel está totalmente decidido a que no se lo vincule con genocidio, especialmente por su historia”, dice Shinar Adam, profesor de Derecho Constitucional en Reichman University.

El país que llevó a Israel a sentarse en La Haya es Sudáfrica, que acusa al Estado de cometer “actos genocidas” contra los palestinos en Gaza con el objetivo deliberado de “provocar su destrucción física como grupo”.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, Sudáfrica “está funcionando como el brazo legal de la organización terrorista Hamas”. El presidente sudafricano condenó los ataques de Hamas, pero el equipo legal israelí criticó en el tribunal que Sudáfrica recibiera una delegación de miembros de Hamas poco después de los ataques del 7 de octubre.

Israel mantuvo buenas relaciones con el Gobierno sudafricano del apartheid, pero desde la llegada al poder de Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, que gobernó el país desde entonces, el país se acercó mucho más al pueblo palestino y a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).

Del “contexto” al “negacionismo”

Buena parte de la defensa israelí estuvo centrada en describir los ataques del 7 de octubre para “dar contexto” de la amenaza a la que se enfrenta y subrayar que se trata de una guerra en “legítima defensa”.

Sudáfrica, por su parte, se refirió a la opinión de 2004 del tribunal en la que dijo que este concepto no se aplicaba porque la amenaza provenía de un territorio ocupado y controlado por Israel. “Pero la cuestión es más simple, al margen de lo terrible que sea un ataque, el genocidio nunca es la respuesta. Todo uso de la fuerza, en defensa propia o para imponer una ocupación, debe mantenerse en los límites del derecho internacional humanitario”, concluyó uno de los abogados sudafricanos.

“El equipo legal de Israel muestra el contexto de su ofensiva en Gaza destacando los ataques del 7 de octubre y señalando la ausencia de cualquier acción de Hamas en la acusación de Sudáfrica. Es contexto importante, pero Israel se deja el contexto más importante: la ocupación permanente”, señaló Mairav Zonszein, analista del think tank Crisis Group.

En la acusación, Sudáfrica afirma que “es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de 75 años, su larga ocupación beligerante de 56 años del territorio palestino y su bloqueo de 16 años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociado con todo ello”.

Israel interpreta esto como negar el derecho del Estado a existir. “La deslegitimación de Israel desde su creación en 1948 en la acusación apenas se distingue de la retórica negacionista de Hamas”, señaló uno de los miembros de la defensa israelí. “Es un asunto de dominio público que Sudáfrica tiene relaciones cercanas con Hamas”, añadió.

“Creo que, en general, el equipo israelí hizo un buen trabajo a la hora de desentrañar las distintas acusaciones. En particular, hicieron un excelente trabajo exponiendo el principal defecto del caso de Sudáfrica, a saber, que Sudáfrica describe las acciones israelíes sin mencionar que se llevan a cabo en el contexto de un conflicto armado, con militantes de Hamas luchando contra Israel, y no en el vacío”, explica Shinar Adam.

La intención, elemento necesario

Los abogados de Israel desfilaron por el estrado argumentando que es una guerra en legítima defensa y que no se da el elemento de intención, clave para la existencia del crimen de genocidio, por lo que los jueces deben desestimar el caso.

Por su parte, la acusación divide en ocho apartados las pruebas de lo que describe como “actos genocidas” de Israel, cada uno de ellos apoyado con datos y referencias a organismos de la ONU y ONG: matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua adecuados; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; y, por último, imposición de medidas destinadas a prevenir nacimientos.

Frente a la defensa de Israel, que asegura que protegió en todo momento la vida de los civiles ordenando evacuaciones y creando un área humanitaria, Sudáfrica se remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, que, como otros organismos internacionales, señaló que esas órdenes de evacuación no son compatibles con el derecho internacional humanitario. También denuncia bombardeos israelíes sobre zonas de evacuación y destaca que la denominada “zona humanitaria” declarada unilateralmente por Israel en Al Mawasi no es segura, tal y como han declarado ONG y organismos de la ONU.

Junto a todos los actos “genocidas” recogidos por la acusación, Sudáfrica reúne una serie de declaraciones de líderes políticos y militares de alto rango que pretenden demostrar la comisión intencionada del “crimen de crímenes”. “Elegir citas al azar, que no se ajustan a la política del Gobierno, es, cuanto menos, engañoso”, respondió uno de los abogados de Israel.

Entre las declaraciones recogidas por la acusación están las del presidente, Isaac Herzog, jefe de Estado de Israel, que dijo lo siguiente: “Hay una nación entera ahí que es responsable. No es cierta esta retórica de civiles que no son conscientes y no están involucrados. No es cierta… y lucharemos hasta romper su espina dorsal”.

El jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) –organismo encargado de las iniciativas humanitarias en Gaza–, Ghassan Alian, dijo en una declaración grabada en video que “Hamas se convirtió en ISIS y los ciudadanos de Gaza lo celebran en lugar de estar horrorizados. A los animales humanos se les trata como tal. Querían el infierno, tendrán infierno”. El jefe adjunto del grupo también publicó un video desde Beit Lahia, en Gaza: “El que vuelva aquí, si es que vuelve, encontrará tierra quemada. Sin casas, ni agricultura ni nada. No tienen futuro”.

Reducción de las hostilidades

Entre los elementos para rechazar la imposición de medidas cautelares, los abogados de Israel defienden que “el alcance e intensidad de las hostilidades disminuyó”. Sin embargo, el último informe diario de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que “los intensos bombardeos israelíes desde tierra, mar y aire continúan en buena parte de la Franja de Gaza”.

El tribunal ya dictó en otras ocasiones medidas cautelares ordenando parar una ofensiva militar, como en el caso de Bosnia contra Yugoslavia en 1993 o en el de Ucrania contra Rusia tras la invasión. En ninguno de ellos se obedeció la resolución, pero en el caso de Rusia, Moscú boicoteó el proceso desde el primer momento y en el caso de Bosnia, el incumplimiento sirvió para justificar una condena años después a Serbia por incumplir su obligación de prevenir un genocidio.

Sudáfrica abrió el caso en la Corte Internacional de Justicia porque alega que existe una disputa sobre la aplicación del tratado sobre genocidio entre ambas partes. Israel, sin embargo, niega esa primera premisa, concluyendo así que el tribunal ni siquiera tiene jurisdicción sobre el caso. “Sudáfrica decidió unilateralmente que existía una disputa a pesar de la respuesta conciliadora de Israel y no dio la oportunidad a Israel de abordar el asunto antes de presentar el procedimiento”, señaló uno de los abogados. El tribunal tendrá que decidir ahora si antes de entrar al fondo del asunto ordena a Israel poner fin a su ofensiva.

JBA

La delegación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia presentó este jueves en la primera vista ante los jueces la acusación contra Israel en el máximo tribunal de la ONU. Los abogados tratan de exponer un “patrón de conducta genocida” que, sin tener que entrar en el fondo del asunto, lleve al tribunal a ordenar medidas cautelares que ordenen la detención de la ofensiva y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

“Los actos y omisiones de Israel, de manera colectiva e individual, representan un patrón de conducta de intención genocida”, señaló una de las abogadas del equipo sudafricano. “Los genocidios nunca se anuncian de antemano, pero este tribunal tiene el beneficio de tres semanas de pruebas que muestran una intención y patrón de conducta que justifican un caso posible por genocidio”. La ofensiva de Israel dejó aproximadamente 23.000 fallecidos.

Esa “intención genocida” está “arraigada en la creencia de que el enemigo está incrustado en la vida civil palestina de Gaza, no solo en el brazo militar de Hamás”, señaló otro de los abogados.

Los representantes legales de la acusación desfilaron ante los jueces exponiendo un caso que “enfatiza la misma esencia de nuestra humanidad compartida”. Describiendo punto por punto el documento de acusación de 84 páginas que presentó ante el tribunal a finales de año.

“Nada puede parar lo que está ocurriendo, excepto este tribunal”, señalaron los abogados en su defensa de las medidas cautelares. Israel, en una decisión sin precedentes, defenderá su posición este viernes rechazando las acusaciones de genocidio.

“Los actos y omisiones genocidas de Israel forman parte de un continuo desde 1948, de 75 años de apartheid, 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo de Gaza”, señaló el ministro de Justicia sudafricano en la apertura de la vista.

Solicitando medidas cautelares, la acusación se asegura una pronta respuesta y, además, aumenta las posibilidades de una resolución favorable porque se rebajan los estándares mínimos para ello. El tribunal no tiene que demostrar que Israel violó el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, sino que hay bases razonables para dudar del cumplimiento del tratado.

“Dados los niveles de violencia y destrucción sin precedentes que continúan existiendo sobre Gaza y dadas las declaraciones públicas de oficiales israelíes empleando un lenguaje genocida, creo que es probable que el tribunal dicte medidas cautelares”, dijo la española Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija, experta en derecho internacional y que ejerció como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde litigó durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia.

Israel, que normalmente criticó los tribunales internacionales como tendenciosos, decidió defenderse en el tribunal y no boicotear el proceso, lo que refleja el alcance y la preocupación del asunto. Israel lanzó fuertes críticas contra el organismo en el pasado y boicoteó la publicación de una opinión en 2004 sobre la construcción del muro en Cisjordania en la que la corte abogaba por su destrucción y declaraba ilegales los asentamientos.

Su participación en el caso judicial le hará más complicado ignorar las medidas cautelares, si es que el alto tribunal decide imponerlas.

JBA

La petición de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que adopte medidas cautelares que impidan que Israel cometa actos de posible genocidio –principalmente pidiendo el cese de las operaciones de combate–, adquirió de pronto una importancia y una urgencia que hace 15 días parecían inverosímiles.

Equipos legales de expertos están en reuniones, varios países están emitiendo comunicados de apoyo a Sudáfrica e Israel declaró que se defenderá en los tribunales, con lo que revierte una política de décadas de boicot al máximo tribunal de la ONU y a los 15 magistrados que lo componen.

La primera vista en La Haya se celebrará los días 11 y 12 de enero. Si los precedentes nos sirven de referencia, es posible que la CIJ emita un fallo provisional en cuestión de semanas y, con toda seguridad, mientras siguen produciéndose los ataques israelíes contra Gaza.

Las ruedas de la justicia internacional –al menos de la justicia cautelar– no siempre giran despacio.

La solicitud de Sudáfrica de que se dicte una medida cautelar va en consonancia con la tendencia general de la CIJ a dictar sentencias de este tipo. Las partes solicitaron y obtuvieron medidas cautelares con cada vez más frecuencia: en la última década, el tribunal dictó medidas cautelares en 11 casos, frente a 10 en los primeros 50 años de existencia del tribunal (1945-1995).

Al igual que las medidas cautelares dictadas por los tribunales nacionales, las medidas cautelares de la CIJ tienen por objeto congelar la situación jurídica entre las partes para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva.

Durante un tiempo persistieron las dudas sobre si estas medidas eran consideradas vinculantes por la CIJ, pero el Tribunal disipó esas dudas en la sentencia LaGrand de junio de 2001, en la que sostuvo que las sentencias eran vinculantes, dada la “función básica de resolución judicial de controversias internacionales” del Tribunal.

Se supone que son vinculantes, pero ¿lo son realmente?

Según un estudio elaborado por un abogado estadounidense, Mattei Alexianu, las medidas del Tribunal fueron acatadas por los Estados parte sólo en el 50% de los casos, mientras que en algunos –normalmente los casos de mayor perfil, como Ucrania contra Rusia en 2022, las denuncias de genocidio de Gambia contra Myanmar en 2020, Nagorno-Karabaj y las sanciones estadounidenses a Irán– el Estado parte perdedor se limitó a desafiar al Tribunal.

No es de extrañar que cuanto más intrusiva es una sentencia adversa para la soberanía nacional de un país, menos probable es que la acate.

Pero dejando a un lado si Israel cumpliera un fallo de la CIJ ordenando cambiar sus tácticas militares y desistir de cualquier acto calificado de genocidio, el daño a la reputación de Israel que supondría una sentencia de este tipo sería considerable y, cuanto menos, podría provocar un cambio en su estrategia militar.

El mero hecho de que Israel haya optado por defenderse ante la CIJ, un organismo auspiciado por la ONU, y sea signatario del Convenio sobre Genocidio hace que le resulte más difícil ignorar una decisión adversa del tribunal.

Se trata de un movimiento muy arriesgado por parte de Israel ¿Cuáles son las posibilidades de que se emita un fallo adverso?

En primer lugar, hay que destacar que, aunque la demanda sudafricana ante la CIJ pareció surgir de la nada el 29 de diciembre, no es algo que sus abogados hayan improvisado mientras envolvían regalos de Navidad.

Se trata de una demanda sólida y bien argumentada de 80 páginas, repleta de referencias detalladas a altos funcionarios e informes de la ONU que sólo en contadas ocasiones se desvía de su objetivo principal y necesario de intentar demostrar la intención genocida de Israel.

Los abogados que Sudáfrica envía a La Haya son los mejores. Gran parte del argumento de Sudáfrica se deriva de la sentencia de la CIJ sobre medidas provisionales que dictó en el caso Gambia contra Myanmar en 2020.

Según la solicitud, “los actos y omisiones de Israel [...] son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida [...] de destruir a la población palestina de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio” y que “la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia– en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.

El umbral para ordenar el cese de los combates

Al solicitar una medida cautelar en virtud del artículo 74 del Tribunal, en lugar de una sentencia definitiva, Sudáfrica puede reducir el umbral de lo que debe probar antes de que el Tribunal ordene alivio provisional y posiblemente minimiza algunas de las cuestiones jurisdiccionales prime facie a las que se enfrenta el tribunal.

De hecho, Sudáfrica argumenta que “el tribunal no está obligado a determinar si se ha producido alguna violación de las obligaciones de Israel en virtud de la convención sobre el genocidio”.

“Es importante destacar que, como sostuvo anteriormente el tribunal, 'tal conclusión, que dependería notablemente de la evaluación de la existencia de una intención de destruir, total o parcialmente, al grupo... [de palestinos] como tal, sólo podría ser realizada por el tribunal en la fase de examen de fondo del presente caso”.

“En cambio, 'lo que el tribunal está obligado a hacer en la fase de dictar una orden cautelar es establecer si los actos denunciados... son susceptibles de encuadrarse en las disposiciones de la convención sobre genocidio'.

“El tribunal no tiene que determinar que todos los actos denunciados pueden estar comprendidos en las disposiciones del convenio”. Basta con que “al menos algunos de los actos denunciados... puedan estar comprendidos en las disposiciones del convenio”.

Del mismo modo, el tribunal no necesita determinar si la existencia de una intención genocida es la única inferencia que puede extraerse del material que tiene ante sí, ya que “este requisito equivaldría a que el tribunal tomara una decisión sobre el fondo”.

Sudáfrica pretende demostrar que las medidas adoptadas por Israel van más allá de la legítima defensa y se dirigen a la destrucción de la población palestina.

La demanda detalla el consabido, aunque chocante, número de muertos, los desplazamientos forzosos, la privación de alimentos y las restricciones a los nacimientos mediante ataques a hospitales, afirmando que son pruebas suficientes para inferir una intención genocida plausible.

La demanda añade otros dos elementos: el nivel en que se ha atacado la vida cultural palestina y el nivel en que funcionarios israelíes, sin reproche alguno, han abogado repetidamente por la destrucción no sólo de Hamás, sino de toda la población palestina.

Sudáfrica detalla numerosos ejemplos de “incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios del Estado israelí”, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Las amenazas de hacer Gaza permanentemente inhabitable, las referencias a los palestinos como “animales humanos”, están documentadas en la demanda. También se citan los llamamientos de los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir para reasentar a los palestinos fuera de Gaza.

Dentro del mismo Israel, antiguos funcionarios han escrito a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, pidiendo que se tomen medidas contra los funcionarios públicos y los políticos electos que han llamado a la limpieza étnica. Entre los firmantes de esta carta se encuentran el exembajador Dr. Alon Liel, el profesor Eli Barnavi, Ilan Baruch y Suzie Bachar.

“Los llamamientos explícitos a cometer atrocidades contra millones de personas se han convertido, por primera vez que podamos recordar, en una parte legítima y ordinaria del discurso israelí”, afirman.

Son este tipo de pruebas, quizá nacidas de un nuevo pesimismo israelí sobre la posibilidad de paz, las que pueden inducir a los jueces a considerar que Israel cree que su seguridad depende de la expulsión de los palestinos de Gaza. Pero ha habido muchas declaraciones de funcionarios israelíes en contra de esa opinión, que el tribunal tendrá que sopesar. La reticencia del Gobierno de Netanyahu, en parte por razones políticas internas, a discutir sus planes para el “día después” complica la tarea del tribunal de discernir la intención colectiva de Israel.

La defensa israelí

En un gran esfuerzo retórico, el portavoz israelí Eylon Levy adelantó el martes la respuesta de Israel ante el tribunal, centrándose en su derecho a la autodefensa y en las innovadoras medidas adoptadas para reducir las víctimas civiles.

Levy, sin embargo, comenzó cuestionando que Sudáfrica tuviera una disputa genuina con Israel y poniendo en duda la buena fe del país como opositor al genocidio, dado su apoyo en Darfur al expresidente sudanés Omar al Bashir. Según su opinión, Sudáfrica estaba actuando como defensor pro bono de la máquina genocida y violadora de Hamás.

Sudáfrica ha intentado protegerse de esta línea de ataque criticando a Hamás por la matanza del 7 de octubre y enviando una nota formal a Israel antes de la demanda, a la que afirma que Israel no ha respondido. El portavoz alega que ambos países son signatarios de la Convención sobre Genocidio de 1948, que estipula que aceptan la jurisdicción de la CIJ en lo que respecta a la adhesión a dicha convención.

Levy dice que Israel ha tomado medidas sin precedentes en la historia de la guerra para minimizar las víctimas civiles.

“Hemos dejado claro de palabra y de hecho que nuestro objetivo son los monstruos que (cometieron los atentados) del 7 de octubre y estamos innovando métodos para defender el derecho internacional, incluidos los principios de proporcionalidad, precaución y distinción en el contexto de un campo de batalla antiterrorista al que ningún ejército se ha enfrentado antes”, dice.

“Por eso pasamos semanas instando a los habitantes del norte de Gaza a que evacuaran antes de la ofensiva terrestre. Para advertir a los civiles realizamos más de 70.000 llamadas telefónicas, enviamos 13 millones de mensajes de texto, dejamos 14 millones de mensajes de voz y lanzamos casi 7 millones de folletos instando a los civiles a evacuar temporalmente por su seguridad, informándoles sobre las pausas humanitarias y las rutas de evacuación precisas”, dice el portavoz.

“Con este propósito aseguramos corredores humanitarios para que la población civil escapara de Hamás, establecimos líneas telefónicas de ayuda para que los civiles palestinos informaran a nuestro ejército si Hamás les impedía huir y por ello designamos una zona humanitaria en uno de los únicos lugares de Gaza donde Hamás ya se escondía detrás de la población civil” añade.

“La máquina de violación de Hamás tiene plena responsabilidad moral por todas las víctimas de esta guerra que lanzó el 7 de octubre y que está librando dentro y debajo de escuelas, mezquitas, hogares e instalaciones de la ONU”.

Sudáfrica puede argumentar que estas medidas han sido, en el mejor de los casos, una operación de imagen y, en el peor, deliberadamente ineficaces. Pero la escasa referencia a los combatientes de Hamás incrustados en la vida civil o al derecho de Israel a la legítima defensa puede dificultar que el tribunal acuse a Israel, incluso de forma preliminar, del crimen de crímenes.

Traducción de Emma Reverter

Los líderes del bloque BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordaron el ingreso de Argentina al mismo, según informó a primera hora la vocera presidencial Gabriela Cerruti, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

“El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Comienza una nueva era en el protagonismo del Sur global”, señaló Cerruti.

El miércoles, los líderes del bloque BRICS habían acordado mecanismos para considerar nuevos miembros, allanando el camino para que decenas de naciones interesadas, incluida la Argentina, se unan al grupo, que se comprometió a defender el “Sur Global”.

“Hemos acordado sobre la cuestión de la expansión”, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, en Ubuntu Radio, una emisora dirigida por su cartera, tras una reunión llevada a cabo durante una cumbre de tres días en Sudáfrica.

Entre las naciones interesadas en formar parte del bloque se encontraba la Argentina, ya que representa una oportunidad de desarrollo financiero y económico, al tiempo que podría ayudar a dar influencia global a los BRICS en un momento en que la polarización geopolítica está estimulando los esfuerzos de Pekín y Moscú para convertirlo en un contrapeso viable para Occidente.

El mensaje de Alberto Fernández

Las palabras de Lula

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores de la incorporación de Argentina al bloque, publicó en su cuenta de Twitter: “La relevancia de los Brics se ve confirmada por el creciente interés mostrado por otros países en unirse al grupo. Como indicó el Presidente Ramaphosa, Brasil recibe con satisfacción a los Brics: Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán”.

El mandatario brasileño participó de una rueda de prensa conjunta con los presidentes Ramaphosa, y de China, Xi Jinping; el primer ministro de India, Narendra Modi; y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que representa al presidente Vladimir Putin en la cumbre que culminó hoy.

“Dedico un mensaje especial al querido Alberto Fernández, presidente de Argentina y gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo”, remarcó Lula en su intervención.

“Muchos afirmaron que los Brics serían demasiado diferentes para forjar una visión común. La experiencia, sin embargo, demuestra lo contrario. Nuestra diversidad fortalece la lucha por un nuevo orden que se ajuste a la pluralidad económica, geográfica y política del siglo XXI”, destacó el presidente de Brasil.

Las palabras de Lula hacia la Argentina fueron agradecidas esta mañana por la portavoz Cerruti: “Gracias querido presidente Lula por el afecto y el acompañamiento siempre”.

Las voces de los BRICS

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que las discusiones desembocaron en una “ampliación histórica” del grupo que augura un “futuro radiante para los países” que lo integran.

Un alto consejero del presidente iraní Ebrahim Raisi, Mohammad Jamshidi, señaló por su parte que la adhesión de Irán supone un “éxito estratégico para la política exterior de la República Islámica”.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, celebró la decisión y declaró que la incorporación de su país al bloque representa un “momento fuerte” para el país africano.

Emiratos Árabes Unidos también se congratuló por su ingreso. Su presidente, Mohamed bin Zayed, afirmó “respetar la visión de los dirigentes de los Brics”, informó la agencia de noticias AFP.

La cuestión de la expansión de la alianza era una prioridad en esta cumbre, la número 15 celebrada por el grupo, inaugurada el martes y que termina esta noche.

China, peso pesado económico del grupo, que representa cerca del 70% del PIB del bloque, estaba a favor de una expansión.

Unas 40 naciones habían solicitado la adhesión o mostraron su deseo de incorporarse al bloque creado en 2009, que representa casi un cuarto del PIB y un 42% de la población mundial.

Pero India, otro motor económico de la alianza, que desconfía de las ambiciones de China, un rival regional, tenía sus reservas.

Las negociaciones tuvieron lugar ayer durante una sesión plenaria a puerta cerrada. Desde que empezó la cumbre, se celebraron además múltiples encuentros bilaterales.

India, al final, apoyó la ampliación, y su primer ministro, Narendra Modi, declaró hoy que la expansión “dará un nuevo impulso a nuestros esfuerzos comunes” y “reforzará la creencia de numerosos países en un orden mundial multipolar”.

Los Brics reclaman un equilibrio mundial más inclusivo, especialmente en lo referido a la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea.

“El papel y la importancia de los BRICS en el mundo continúa creciendo”, lanzó el presidente ruso, Vladimir Putin, que al ser objeto de una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Ucrania, intervino en la cumbre por videoconferencia.

Durante el encuentro, los Brics reafirmaron su posición “no alineada”, en un contexto de divisiones a raíz del conflicto en Ucrania.

Estados Unidos afirmó que no veía en los Brics futuros “rivales geopolíticos” y aseguró que desea mantener “relaciones sólidas” con Brasil, India y Sudáfrica.

¿Que significa para Argentina ingresar a los BRICS para el Gobierno?

Tres de los 5 primeros socios comerciales argentinos son mercados BRICS:

1) Para 8 provincias el principal destino exportador es China (Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa).

2) Trigo, bienes de la industria automotriz y vinos destacan en la canasta exportadora de las 4 provincias que tienen a Brasil como principal destino (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja).

3) La importancia de la industria aceitera hacen de India el principal socio comercial de Santa Fe y tambien de San Juan, el primer mercado del oro que se exporta desde la provincia cuyana.

Los BRICS en base a su enorme peso institucional y financiero juegan un papel determinante en la exigencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social, del cual Argentina como miembro pleno se verá beneficiado fortaleciendo su capacidad de negociación, e incrementando sus oportunidades de comercio y finamiento en beneficio de la población en su conjunto.

Con información de NA.

IG

Si el acrónimo BRICS ya tiene más fachada que contenido, la denominación Sur Global resulta aún más vacía. Sin embargo, con ocasión de la XV Cumbre de los cinco países que conforman los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– que arranca este martes en Johannesburgo, ambos conceptos parecen recobrar brillo hasta el punto de que parece que estamos ante el nacimiento de un nuevo actor internacional con capacidad operativa. Un actor con voluntad no solo para situarse al mismo nivel que las principales potencias nacionales, sino con aspiraciones para establecer un nuevo orden económico y político.

Existen innumerables razones para criticar ese orden internacional, tanto en el ámbito político como en el económico, en la medida en que su aplicación es lo que nos ha llevado a un mundo tan desigual, tan violento y tan insostenible desde el punto de vista medioambiental.

Ese orden surgió de la II Guerra Mundial y se diseño abiertamente al servicio de las visiones e intereses de Londres y Washington –sea en referencia a la ONU, al FMI, al Banco Mundial, a la OCDE o a la OTAN. Muchos actores se han ido acomodando a él sin más remedio y otros han intentado desafiarlo sin mucho éxito, ya sea a través del Pacto de Varsovia y el COMECON soviético, el Movimiento de Países No Alineados, la Alianza Bolivariana y tantos otros. Un orden, en definitiva, que ha permitido a Estados Unidos consolidar su hegemonía a escala planetaria y que hoy muestra serios desajustes, sin que se perciba voluntad alguna de reformarlo en profundidad.

En esas circunstancias no puede extrañar que alguno de los que aspiran a rivalizar con EEUU por el liderazgo mundial, como China y Rusia, se afanen en impulsar vías alternativas aprovechando tanto sus propias capacidades como los errores cometidos por Washington y sus aliados occidentales.

Así, China, apoyándose en su condición de fábrica del mundo y en su enorme capacidad tecnológica y financiera –con el Nuevo Banco de Desarrollo dirigido por la brasileña Dilma Rousseff y abierto a apoyar proyectos en decenas de países–, es quien de manera más destacada está tratando de articular nuevos foros alternativos, rodeándose de países que por diferentes razones se sienten molestos con las directrices que establece Washington.

En esa línea hay que entender su interés por utilizar una plataforma tan etérea como la de los BRICS –denominación acuñada en 2001 por el director del área de investigación económica del banco de inversiones neoyorquino Goldman Sachs para designar a las economías más emergentes del momento–, reconvirtiéndola, junto con el macroproyecto de la Franja y la Ruta, en sus principales imanes para atraer a su órbita a todos aquellos que se sienten menospreciados o maltratados por EEUU.

Pero pasar de ahí a la conformación de un polo de poder político y económico alternativo hay un trecho muy largo que, al menos de momento, no parece que sus promotores vayan a ser capaces de recorrer. Uno de los grandes debates de la cumbre será la ampliación del bloque.

“Unos BRICS ampliados representarán un grupo diverso de naciones con diferentes sistemas políticos que comparten un deseo común de tener un orden global más equilibrado”, señaló el domingo el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. “Sudáfrica apoya la expansión de la membresía de los BRICS. El valor de los BRICS se extiende más allá de los intereses de sus miembros actuales”, añadió.

Sin embargo, todavía son mucho mayores las diferencias que las coincidencias entre los que parecen interesados en alinearse con ese hipotético polo alternativo. De hecho, no existe ni siquiera sintonía entre los cinco socios principales y menos aún entre los alrededor de cuarenta que han enviado señales de estar interesados en formar parte de los BRICS. Basta con repasar la lista de aspirantes –Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bahréin, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Sudán, Turquía, Venezuela y Zimbabue, entre otros– y sus distintas posiciones en relación con la guerra de Ucrania para entender la enorme dificultad que hay para consensuar una mínima agenda internacional, más allá de la crítica a Washington.

A eso se une la dificultad para imaginar que Pekín y Nueva Delhi consigan vencer sus propias diferencias, cuando el segundo identifica al primero como una de las principales amenazas a su seguridad. El discurso aparentemente antiimperialista y anticolonialista que a menudo se emplea contra Washington y otras capitales europeas (el rechazo explícito a la presencia de Emmanuel Macron en Johannesburgo es una buena señal de ello) tampoco convence a muchos de los que conforman ese indefinido Sur Global.

El pasado y el presente de países como Rusia y China los identifican igualmente con aquello que denuncian de las potencias occidentales. Y no es menor, por cierto, el problema que supone encajar las apetencias de Moscú y Pekín, cuando ya es visible su competencia por los países de Asia Central. Se hace difícil imaginar que Rusia –con un Putin que ni siquiera podrá estar presente en la cita surafricana ante el riesgo a ser detenido en cumplimiento de la orden de la Corte Penal Internacional– se vaya a conformar con ser el hermano pequeño de una supuesta alianza en la que China llevaría la voz cantante.

Algo similar cabe decir del intento de “desdolarizar” la economía mundial. Por supuesto que el dominio estadounidense en esta materia –cuando más del 80% del comercio mundial se realiza en esa moneda y cuando Washington conserva capacidad suficiente para orientar la agenda de los organismos financieros internacionales en función de sus intereses– le otorga una abusiva ventaja.

Por mucha que sea la potencialidad de los BRICS –alrededor del 45% de la población mundial y 25% del PIB mundial– y de los que ahora se sumen a la iniciativa, a medio plazo el yuan no va a sustituir al dólar como divisa de referencia ni las operaciones de pago en otras monedas van a hacer peligrar el dominio estadounidense. Tampoco van a poner en marcha un sistema financiero alternativo, una organización de defensa colectiva ni un nuevo modelo de gobernanza global.

El este de Sudáfrica, que viene registrando devastadoras inundaciones desde el pasado lunes y que ocasionaron ya 395 víctimas mortales, se encuentra en “alerta máxima” tras las previsiones de nuevas fuertes lluvias en la zona, informaron este viernes las autoridades.

“Recibimos del Servicio Meteorológico de Sudáfrica indicaciones de que podrían producirse más lluvias en amplias zonas de la provincia (de KwaZulu-Natal)”, declaró el consejero provincial de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales, Sipho Hlomuka.

“Según el aviso, se prevén vientos dañinos en zonas de la costa desde el mediodía de hoy hasta la noche del sábado” así como “lluvias torrenciales”, agregó Hlomuka.

El consejero indicó que los equipos de gestión de catástrofes se encuentran “en alerta máxima para responder a las comunidades que se sabe que están en alto riesgo” y evitar o minimizar el impacto.

Según las últimas cifras oficiales registradas este viernes, ascienden a 395 las víctimas mortales, la mayoría de ellas en el área metropolitana de Durban, la urbe más poblada de KwaZulu-Natal y la tercera más grande de Sudáfrica.

7.000 personas sin hogar

Igualmente, alrededor de 40.723 habitantes debieron desplazarse en esta zona, donde el agua anegó viviendas y dejó incomunicados a muchos ciudadanos, sin electricidad y sin agua corriente.

Además, el jefe de Gobierno de KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, señaló este jueves que casi 7.000 personas se habían quedado sin hogar.

Según cálculos del alcalde de Durban (denominada oficialmente eThekwini), Mxolisi Kaunda, solo en esa municipalidad los daños se cuantifican en 757 millones de rands (unos 50 millones de euros).

Las tareas de emergencia en la zona, que fue declarada en estado de desastre, continúan y más de 4.000 miembros de las fuerzas del orden fueron desplegados para apoyar los esfuerzos de socorro.

Tras la visita a los afectados el pasado día 13 por parte del presidente, Cyril Ramaphosa, este viernes se desplazaron hasta la zona los ministros de Agua y Saneamiento, Senzo Mchunu; Transporte, Fikile Mabalula, y Asentamientos Humanos, Mamoloko Kubayi.

En su discurso en una iglesia de Mpumalanga (este) durante una misa del Viernes Santo, el presidente sudafricano calificó las inundaciones en KwaZulu-Natal como una catástrofe de enormes proporciones que el país no ha visto antes y ocasionada por el cambio climático, según recogió el medio local Times Live.

“Es un acontecimiento trágico y el dolor y el sufrimiento que sentirán los habitantes de KwaZulu-Natal afectados durará años, porque algunos de ellos acaban de ver cómo el río se llevaba a sus familiares, mientras observaban. Sin poder rescatarlos, alargando la mano para sujetarlos, pero la fuerza del agua se los llevó. Fue un momento muy, muy triste para nuestro pueblo”, dijo Ramaphosa.

Desequilibrio ecológico

Por su parte, en declaraciones recogidas este viernes por el medio local Business Day, Zikalala dijo que “tanto el momento como la gravedad de la catástrofe de las inundaciones sugieren claramente que vivimos en una época de desequilibrio ecológico relacionado con el cambio climático y la degradación del medio ambiente”.

El ministro sudafricano de Finanzas, Enoch Godongwana, informó este viernes en declaraciones a la cadena de televisión local Newzroom Afrika que el Gobierno cuenta con 1.000 millones de rands sudafricanos (unos 68 millones de dólares) disponibles de manera inmediata para dar respuesta a las inundaciones.

“Cada año hacemos un presupuesto para emergencias como esta y esa cantidad está disponible, puede utilizarse desde el mismo lunes”, declaró Godongwana.

KwaZulu-Natal viene experimentando un aumento de esta clase de fenómenos climáticos en los últimos años.

Los más graves de los tiempos recientes se dieron en 2019, cuando las lluvias torrenciales e inundaciones dejaron unos 80 muertos en esta misma época del año.

Esta provincia lidia aún, además, con la desolación causada por los graves disturbios que Sudáfrica vivió en julio de 2021 y que se vivieron con mayor intensidad precisamente en KwaZulu-Natal, donde se registraron 275 de los 354 muertos que dejaron aquellos incidentes.

CRM con información de la agencia EFE

La irrupción de la variante ómicron generó en las últimas semanas una disparada de casos de coronavirus a nivel global, con récord de infecciones en muchos países desde el hallazgo del virus en diciembre de 2019 en Wuhan, y Argentina no fue la excepción.

El senador provincial por Corrientes, contador y experto analista de datos, Martín Barrionuevo, quien tomó relevancia en las redes sociales por los gráficos y tablas que publica a diario para informar sobre el avance de la pandemia, sostuvo en diálogo con elDiarioAR que, de acuerdo a las experiencias que se observaron en otros países, los casos “tienen que empezar a bajar hacia fines de enero a nivel país”.

Córdoba, el primer territorio del país en el que “explotó” ómicron, muestra una desaceleración de nuevas infecciones por coronavirus. Todavía no están bajando, pero dejaron de crecer y eso es una buena señal. La semana más compleja en la provincia fue la última de 2021, con 69.885; mientras que en la primera de este año hubo 6408 menos, lo que representa una baja del 9,1%.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró que es alentador el “achatamiento” de la curva de contagios en Córdoba. “Vemos que la velocidad de aumento está disminuyendo”, destacó la funcionaria y agregó que la provincia “tomó una medida de disminuir la circulación masiva, no generó ninguna recesión económica ni medida extrema, sino por siete días disminuyó la circulación y los eventos masivos”.

Barrionuevo señaló que es importante seguir lo que ocurre a nivel mundial con las curvas en los países más afectados como Sudáfrica, Reino Unido o Estados Unidos. “Esperamos que se repita en Argentina lo que sucede en otros lugares del mundo, que es un crecimiento de casos que no teníamos antecedentes, pero una ola más corta. Un desarrollo de ómicron desde el inicio hasta el máximo en aproximadamente tres semanas o un mes y después un abrupto descenso de los casos”, analizó el experto en datos.

Y añadió: “Esto es lo que está pasando en Córdoba, que tuvo su valor máximo el 4 de enero, hace dos semanas, y los casos se están desacelerando a un ritmo muy marcado. En la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia los números se están estabilizando en valores máximos y es probable que en el resto de Argentina esto pueda pasar en los próximos días”.

En tanto, aclaró que ómicron “se desarrolló en distintos momentos en el país” y por eso “hay provincias en los que todavía los casos están creciendo”.

Alta positividad y la importancia de la vacunación

Al ser consultado sobre el alto índice de positividad que se desprende de acuerdo a los hisopados realizados, el contador sostuvo que “no es un dato a seguir” porque “hay un desborde en el sistema de detección” y, por lo tanto, se prioriza la carga de positivos y no de los negativos.

Además, resaltó que los vacunados tienen mucha más protección contra la nueva variante y afirmó que los no inmunizados “tienen 13 veces más posibilidades de ser hospitalizados”. “En otro momento estaríamos con el país frenado y sin actividad y hoy tenemos una realidad casi normal gracias a las vacunas. En marzo del 2020 no había vacuna y el panorama era totalmente distinto”, dijo Barrionuevo.

Si bien se mostró optimista sobre la curva a corto plazo, aclaró que es “muy importante” seguir con los cuidados en los próximos días. “En dos o tres semanas las cosas van a estar mejor. Es esencial invertir en buenos barbijos, achicar reuniones y espaciarlas. Es mentira que todos nos vamos a contagiar”, opinó.

El avance de ómicron en el mundo, la experiencia de Sudáfrica y la evolución de la variante

Ómicron fue detectada en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. Su rápida propagación puso en alerta al mundo. Todos los ojos estuvieron puestos ahí para ver la evolución de esta enigmática variante y su posible impacto global.

A ocho semanas de su aparición, un dato que se obtiene de un informe del Complejo Hospitalario Académico Steve Biko genera optimismo de cara a las próximas semanas: los casos de coronavirus en el país africano descendieron de forma tan abrupta como crecieron. Cuánto más rápido sube una ola, antes alcanza el pico y baja más rápido.

Además, este estudio realizado a pacientes contagiados en un gran hospital de la ciudad sudafricana donde se registró el primer brote de la variante ómicron sostiene que la ola de infección, que se movió con una “velocidad sin precedentes”, causó una enfermedad mucho más leve que las cepas anteriores.

“Si este patrón continúa y se repite a nivel mundial, es probable que veamos un desacoplamiento completo de las tasas de casos y muertes”, dijeron los investigadores. Esto sugiere que “Ómicron puede ser un presagio del final de la fase epidémica de la pandemia de COVID, dando paso a su fase endémica”.

En Reino Unido, otro de los países más afectados por ómicron, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará el fin de la mayoría de las medidas contra el coronavirus para frenar la rápida propagación de infecciones, mientras se busca convivir con el virus después de un aparente punto máximo en los casos.

Gran Bretaña fue el primer país en limitar los viajes internacionales por la variante ómicron, haciendo sonar las alarmas sobre sus mutaciones, y en diciembre introdujo recomendaciones para trabajar en casa, más uso de máscaras y pases de vacunas para frenar su propagación.

Dinamarca, por su parte, es el segundo país con más casos de Ómicron por detrás del Reino Unido. A partir del 5 de diciembre, con el probable arribo de Ómicron al país, empezó a crecer casi de forma vertical. En apenas 15 días alcanzaba el pico y comenzaba el descenso de casos. La misma situación pudo observarse en Noruega. El ejemplo de estos países podría ser la antesala de lo que le espera al resto del planeta para las próximas semanas.

FS

Sudáfrica, el país donde el mes pasado se detectó por primera vez la nueva variante Ómicron de coronavirus, superó el pico de la cuarta ola de contagios de la enfermedad, afirmó hoy el gobierno.

“Todos los indicadores sugieren que el país seguramente superó el pico de la cuarta ola” de la pandemia, provocado especialmente por la nueva variante, que es muy contagiosa, dijo la Presidencia en un comunicado.

El documento agregó que “se constató en todas las provincias un aumento marginal del número de muertes” por Covid-19, por lo que se anunció el levantamiento de una serie de restricciones, entre ellas el toque de queda nocturno, según la agencia de noticias AFP.

“Aunque la variante Ómicron es altamente transmisible, las tasas de hospitalización fueron más bajas que en olas precedentes” de contagios de coronavirus, se señaló en la nota.

En la última semana, los nuevos contagios cayeron casi 30% con respecto a la semana anterior, de 127.753 a 89.781, y las internaciones hospitalarias disminuyeron en ocho de las nueve provincias del país.

Detectada ya en un centenar de países, Ómicron presenta una mayor velocidad de transmisión que las variantes anteriores pero, al mismo tiempo, provoca menos riesgo de hospitalización, según estudios divulgados en varios países.

No obstante, científicos advirtieron que la alta capacidad de propagación podría neutralizar la aparente menor virulencia y provocar de todos modos un importante flujo de internaciones y muertes.

“La velocidad a la que creció la cuarta ola vinculada a Ómicron, alcanzado un pico y cayó, es desconcertante; un pico en cuatro semanas y un declive precipitado en dos”, escribió Fareed Abdullah, del Consejo Sudafricano de Investigación Médica, en Twitter.

Acaso por eso, la Presidencia advirtió en el comunicado que “el riesgo de aumento de infecciones se mantiene elevado, dada la fuerte transmisibilidad de la variante Ómicron”.

Sudáfrica es el país del continente africano más castigado por el coronavirus, según los datos de cada gobierno, con más de 3,4 millones de casos y 91.000 fallecimientos acumulados desde el comienzo de la pandemia.

En las últimas 24 horas se registraron menos de 13.000 casos, la mitad del pico de 26.000 alcanzado en esta última ola, según el último parte oficial.

FS con la información de Télam

Numerosas personalidades de Sudáfrica, del continente africano y del mundo rindieron este domingo tributo a la lucha incansable y al legado humano del arzobispo emérito sudafricano y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, fallecido este domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo.

El primero en homenajear públicamente a Tutu fue el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al anunciar a primera hora la noticia de su muerte.

En un comunicado, Ramaphosa lo describió como un “patriota sin igual” y un “hombre de un intelecto extraordinario” que siempre mantuvo su integridad frente a las fuerzas del sistema de segregación racista del “apartheid”.

“La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada”, lamentó el mandatario.

La Iglesia anglicana de Sudáfrica y la Fundación Desmond & Leah Tutu (su esposa) confirmaron también la triste nueva y destacaron su gran fe religiosa y su lucha incansable por hacer del mundo un lugar más justo.

Otras personalidades, instituciones y centenares de ciudadanos anónimos de la nación austral tampoco tardaron en rendir tributo a una figura no solo muy querida, sino considerada la encarnación de la conciencia moral del país.

Entre ellas destacó la Fundación Nelson Mandela, que describió la muerte de Tutu como una pérdida “inconmensurable”, además de recordar que la lucha antiapartheid de estos dos Nobel de la Paz corrió paralela en la historia de Sudáfrica.

Fuera de las fronteras del país, varios líderes africanos, como el presidente namibio, Hage Geingob, o su homólogo de Kenia, Uhuru Kenyatta, enviaron también mensajes de pésame y describieron a Tutu como un “héroe” y un “símbolo de la resistencia frente a la adversidad” y de “optimismo” frente a la “desesperanza”.

Más allá del continente africano, numerosas personalidades y líderes mundiales también destacaron las enseñanzas de Tutu.

“Será recordado por su liderazgo espiritual y su irreprimible buen humor”, expresó el primer ministro británico, Boris Johnson, a través de Twitter.

Por su parte, la periodista filipina y también Nobel de la Paz Maria Ressa compartió en las redes sociales una de las citas más célebres del arzobispo: “si eres neutral en las situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

“Con su muerte, hemos perdido a un gran hombre que vivió una vida realmente significativa. Estaba comprometido con el servicio a los demás, especialmente a aquellos que son menos afortunados. Estoy convencido de que el mejor tributo que podemos darle es conservar vivo su espíritu”, expresó en un comunicado el máximo líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, con quien Tutu compartía amistad.

Galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha contra la brutal opresión racista del apartheid en Sudáfrica, a Tutu se le considera una de las figuras clave de la historia contemporánea del sur de África.

Su trayectoria estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, algo que le llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones como los derechos de los homosexuales o la eutanasia.

En los últimos años se había mantenido alejado de la vida pública debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que arrastraba desde hacía años, incluido un cáncer de próstata.