El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que “menos impuestos y menor burocracia” se traduce en “más tiempo siga y más oportunidades para los vecinos que generan empleo” al anunciar este martes medidas para eliminar y reducir impuestos a más de 530.000 comerciantes, monotributistas y jubilados que vivan o trabajen en la Ciudad de Buenos Aires.

El programa abarca la devolución exprés de saldos a favor (SAF) de Ingresos Brutos, y la exención del 100% del ABL a jubilados, pensionados y personas con discapacidad, entre otras medidas.

“Menos impuestos y menos burocracia significa más tiempo, más plata y más oportunidades para los vecinos que generan empleo. Es liberar las energías del desarrollo local y acompañar el esfuerzo de los que invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra Ciudad. Por eso tomamos la decisión de reducir la carga tributaria en 305 mil millones de pesos”, afirmó Jorge Macri.

“El trámite será 100% online, se resolverá en 96 horas hábiles, y beneficiará a 221 mil contribuyentes, comercios, PyMEs, trabajadores independientes y prestadores de servicios con saldo a favor, menor o igual a $2 millones”, detalló el alcalde porteño.

“Iniciamos este año de gestión con nuestro primer Presupuesto, equilibrado, sin déficit, que nos permite bajar impuestos sin afectar la calidad de los servicios que los porteños se merecen. Sabemos del enorme esfuerzo que ustedes están haciendo en el día a día. Bajar impuestos no es solo un compromiso con el esfuerzo, es parte de nuestra visión de un Estado que alivia y no asfixia. Con medidas concretas, sin verso”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Junto a Jorge Macri estuvieron el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, el presidente de FECOBA y secretario de Relaciones Institucionales de CAME, Fabián Xavier Castillo, y la vocera institucional de la Ciudad, Laura Alonso.

Una por una, las medidas que anunció Macri

Con información de agencias.

IG

Las ciudades enfrentan desafíos contemporáneos que obligan a potenciar la innovación y el trabajo interdisciplinario, para hacerles frente. En este proceso, el diálogo entre los sectores públicos y privados, la academia y la sociedad en general el clave, para crear entornos más sostenibles, inclusivos y dinámicos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Luis Bullrich, presidente del Parque de Innovación fue el encargado de abrir el evento y destacó el objetivo principal del parque: transformar el espacio en un polo científico tecnológico, que se convierta en el epicentro del ecosistema de innovación no solo de Buenos Aires, sino del país y la región. Desde la sanción de la ley en 2016 hasta el inicio de las obras en 2021, el proyecto avanzó significativamente y gran parte de los terrenos ya se encuentran loteados. El parque albergará diversas universidades, un instituto de innovación en salud con 150 camas, además de edificios de coworking, viviendas y laboratorios para startups, que ya se encuentran en actividad, en el edificio +54. Este edificio hoy alberga a más de 50 startups científicas y tecnológicas, y cuenta con cinco laboratorios y múltiples eventos semanales. “El proceso fue evolucionando mucho más rápido de lo que nos imaginábamos -indica Luis Bullrich-. El rol del Estado es facilitar y acompañar el sector privado en todo su proceso, y algo que rescata el ecosistema científico-tecnológico es el espacio”.

Victoria Baeza, arquitecta y curadora del evento, además de presentar la agenda del encuentro, centrada en la proyección y transformación de nuestras ciudades hacia modelos más sostenibles e inclusivos, destacó la importancia de abordar el diseño, la gestión, la investigación y la producción como roles esenciales en este proceso. “La serie de paneles comenzará con cómo proyectamos nuestra ciudad y cómo podemos accionar desde diferentes roles para acompañar las transformaciones”. Subrayó, además, la relevancia de la investigación y la innovación tecnológica en la mejora de la eficiencia en el uso de recursos en la construcción de ciudades.

El nuevo código urbanístico

La primera participación estuvo en manos de dos especialistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Josefina Ducos, jefa de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y Aníbal Del Olmo, director de Antropología Urbana, de GCBA. Ambos, se enfocaron en el desarrollo urbano sostenible, que integra dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Tal como manifestó Josefina Ducos, uno de los objetivos de la secretaría es “generar las condiciones para atraer inversiones y talento en una ciudad que tiene la capacidad de recibir y seguir recibiendo”. Este enfoque implica un trabajo legislativo para equilibrar el desarrollo entre el norte, donde hay una mayor saturación, y el sur, que presenta espacios vacantes y una necesidad urgente de desarrollo de vivienda. La propuesta incluye un sistema de incentivos que promueva la consolidación de zonas receptoras y fomente el desarrollo económico en áreas menos favorecidas.

Aníbal Del Olmo, por su parte, destacó la importancia de la participación ciudadana en el proceso de desarrollo urbano: “Hoy más que nunca, entramos en una etapa en la que todo el trabajo urbano se hace junto con la ciudadanía”. Esto implica escuchar las demandas de la sociedad y trabajar en conjunto para que los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, prosperen. En este sentido, Del Olmo enfatizó que el consenso social es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa urbanística, lo que lleva a la secretaría a ajustar el código urbanístico basado en las necesidades percibidas en los barrios. Un aspecto crítico del trabajo del organismo es la conservación del patrimonio urbano y la identidad barrial. “El objetivo es que el patrimonio urbano, que muchas veces se encuentra degradado, adquiera valor también para el mercado. Este enfoque busca mantener la identidad de los barrios mientras se permite un uso mixto y un aumento en la densidad de ciertas áreas, contribuyendo a un desarrollo urbano más equilibrado y sostenible en la ciudad”, explicaron los especialistas.

El desafío de diseñar 

El primero de los paneles estuvo vinculado al diseño y estuvo conformado por la arquitecta María Hojman, de Estudio Aisenson, el arquitecto Daniel Becker, de Becker Arquitectos, y el arquitecto Rodolfo Miani, de Estudio BMA, y fue coordinado por la periodista Vivian Urfeig.  

En primer lugar, María Hojman, de Estudio Aisenson, ofreció una reflexión desde su propia perspectiva. “Me defino como operadora”, aseguró, y reflexionó sobre la intervención urbana y cómo los proyectos de grandes obras implican repensar las ciudades desde perspectivas estructurales. “Me toca pensar cómo intervenir la ciudad, y para eso siempre tengo presente algunas frases que me han marcado la vida. Es importante reflexionar mucho sobre las piezas urbanas y los fragmentos en los que intervenimos, buscando una innovación real y una presencia merecida dentro de la ciudad”. Además, destacó la importancia de las “piezas urbanas” y los “fragmentos” en los que intervienen, entre los cuales mencionó su trabajo en el Parque de Innovación y la construcción de las torres residenciales que integran innovación y tecnología con el entorno. Por otra parte, resaltó la necesidad de replantear la geografía de la ciudad, tomando como ejemplo un proyecto en la Costa Atlántica sur de Argentina, donde trabajan en una urbanización en un ambiente desafiante, pero con un gran potencial.

A su turno, Daniel Becker, de Becker Arquitectos, y Rodolfo Miani, de Estudio BMA, destacaron la importancia de equilibrar la preservación del patrimonio con el desarrollo urbano. Sin embargo, mientras Becker puso énfasis en la importancia de los proyectos participativos y la memoria histórica de las ciudades, Miani se centró más en las dificultades prácticas que actualmente enfrentan los desarrolladores debido a las restricciones normativas.

Como ejemplo de proyectos participativos, Becker mencionó el caso del Parque Central de Mendoza, que se ha convertido en un lugar de encuentro de las personas, incluso de noche, evidenciando la importancia de diseñar espacios que fomenten la participación ciudadana. En cuanto a la preservación del patrimonio cultural, como necesidad en cualquier proyecto urbano, hizo referencia a cómo la historia de la ciudad y su legado arquitectónico deben ser parte integral de cualquier desarrollo. En términos de intervenciones arquitectónicas, Becker mencionó cómo se puede integrar lo nuevo con lo viejo; una visión de que los nuevos desarrollos deben respetar y destacar los elementos históricos, en lugar de ocultarlos.

En su participación, Rodolfo Miani, de BMA, hizo especial énfasis en los problemas más prácticos que enfrentan los arquitectos y desarrolladores, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que define como una de las más restrictivas en cuanto a normativas. “Es necesario escuchar más la voz de los desarrolladores, porque, si no, se van a invertir a otro lado”, sostuvo Miani. También, expresó su frustración por la desconexión entre las ideas y su implementación práctica: “Veo lindas intenciones, pero que no se pueden bajar a la realidad”, dijo, aludiendo a las dificultades que enfrentan los desarrolladores para llevar a cabo proyectos “en un contexto de código urbanístico rígido”. En este sentido, la falta de flexibilidad y transparencia de las regulaciones son las preocupaciones más importantes, de acuerdo a Miani, lo cual, obstaculiza la inversión y el desarrollo: “Las ciudades consolidadas del mundo tienen una flexibilidad de inversión mucho mayor, y eso es algo que falta en Buenos Aires”, advirtió. Además, señaló que la falta de transparencia en la interpretación de las normas puede fomentar la corrupción.

Planificación: clave de una ciudad resiliente

El Panel de Planificación Urbana estuvo compuesto por Ana Carolina Herrero, doctora y licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en gestión del recurso hídrico y cambio climático; Roberto Converti, decano de la Facultad de Diseño de UADE, y Omar Quiroga, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director del Centro de Ciudades Inteligentes. El panel fue moderado por el arquitecto Diego Rusticucci, profesor adjunto de arquitectura y urbanismo en UADE.

Para comenzar, Rusticucci enumeró los que considera los retos de las ciudades, que incluyen el cambio climático, los desafíos vinculados con la vulnerabilidad y la pobreza, la inequidad y los relacionados con el empleo y el ecosistema económico productivo. “Esto implica entender el territorio como un sistema y cuando pensamos de esa forma lo que se impone es un concepto clave, que es el de desarrollo. Al pensar desde la microescala de la arquitectura a la planificación territorial, lo que está por detrás en contextos como los nuestros, con 50%, de pobreza es pensar en que eso pueda ser un instrumento para el desarrollo”, sostuvo.

En este panel, se abordaron temas relacionados con el cambio climático y el desarrollo de las ciudades. Ana Carolina Herrero puso énfasis en la complejidad de la planificación urbana: “La ciudad no es solamente los edificios; implica una unidad indisoluble entre todos los elementos del territorio. Debemos pensar en el desarrollo como un instrumento que ayude a superar la pobreza y la vulnerabilidad”, indicó.

Por su parte, el arquitecto Roberto Converti, decano de la Facultad de Diseño de UADE, comenzó su disertación mostrando su discrepancia respecto de la postura del arquitecto Rodolfo Miani, de BMA, y destacó la importancia de un enfoque colaborativo: “La gobernanza debe ser un proceso inclusivo, en el que se escuche la voz del vecino. No podemos tomar decisiones sin considerar qué es lo que realmente quieren las comunidades; no es hacia allí donde van las grandes ciudades del mundo”, indicó. Y enfatizó que estamos en una época muy compleja y problemática, que requiere de la participación de todos los actores. “Los arquitectos no solo tienen que interpretar el código urbanístico sino también el signo de la época y de la sociedad, y se debe trabajar sobre la oferta y los parámetros dispuestos en la ciudad, más que sobre la demanda del desarrollador o inversor”. Por otra parte, sostuvo que el cambio climático no es un problema aislado, sino que afecta directamente la calidad de vida en nuestras ciudades, por lo cual se necesita desarrollar soluciones resilientes.

A su turno, Omar Quiroga, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director del Centro de Ciudades Inteligentes, sostuvo que la inteligencia colectiva es fundamental para el éxito de nuestras políticas urbanas. “Sin un compromiso de todos los actores, solo obtendremos casos de fracaso. La metropolización está generando una gran cantidad de emisiones, y es vital que tomemos decisiones informadas para mitigarlas”. Además, Quiroga sumó datos de relevancia, a tener en cuenta: el 75% del PBI global se genera en las ciudades y, a la vez, son estas las responsables del 75% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

Responsabilidad de las industrias

En el panel del que participaron el bioquímico Martín Muller, gerente de Planificación y Distribución de Sinteplast, y la ingeniera Sandra Pérez, Senior Global Product Manager - Infra Pipe Systems de Amanco Wavin, y que fue moderado por Gustavo Averbuj, se abordó la construcción sustentable, a fin de preservar el medio ambiente. Ambos expertos coincidieron en que es imperativo repensar cómo se gestionan los recursos hídricos en las ciudades, especialmente en Latinoamérica, donde todavía queda mucho camino por recorrer.

Sandra Pérez, de Amanco Wavin, destacó que el objetivo de su trabajo se articula en torno a cuatro ejes principales: contribuir a la provisión de agua potable de calidad, garantizar el acceso a saneamiento básico, colaborar para lograr edificios energéticamente eficientes y, finalmente, desarrollar ciudades resilientes. Según la especialista, este enfoque es esencial para afrontar los problemas actuales de urbanización, que incluyen inundaciones y sequías. Respecto a la implementación de sistemas de drenaje sostenible, explicó que “la impermeabilización de las ciudades impide la filtración de agua en el terreno, lo que afecta la recarga de acuíferos y aumenta el riesgo de inundaciones”. A través de su trabajo, y su experiencia en Holanda, desde la empresa buscan replicar condiciones naturales en la gestión del agua, utilizando técnicas como la captación de aguas pluviales para su reutilización en actividades cotidianas, como el riego de plantas o la limpieza de espacios públicos.

“La gobernanza y la adopción de nuevas tecnologías son esenciales para avanzar en la construcción sostenible”, indicó Sandra Pérez. No obstante, la experta reconoció las dificultades que enfrenta la industria en la adopción de sistemas innovadores, especialmente en contextos en que la resistencia al cambio puede ser un obstáculo. “Los municipios suelen ser reacios a implementar soluciones que no han sido ampliamente probadas, lo que puede frenar el crecimiento del sector”, explicó.

“Recientemente lanzamos un producto que colabora con la sustentabilidad -cuenta Martín Muller, de Sinteplast-. Recientemente lanzamos un producto que colabora con la sustentabilidad -cuenta Martín Muller, de Sinteplast-. Se trata de una pintura atérmica, impermeabilizarse, que se utiliza en el techo como aislante, y permite reducir la temperatura unos 10 grados”. Este producto fue desarrollado por Sinteplast como una respuesta a la campaña global “Cool Roofs, Cooler Planet” de Nova, un grupo de compañías internacionales, lideres en pintura, de las cuales la empresa forma parte. “Sabemos que nuestro rango de acción es acotado, pero somos conscientes de que tenemos un lugar para aportar materias primas sustentables. También, en el reciclado de los envases. Sin embargo, para avanzar en este último punto, necesitamos una regulación, ya que la actual no permite transportar residuos de una jurisdicción a otra. Por ejemplo, en nuestro caso, un envase sucio es considerado un residuo, por lo cual, nos cuesta mucho trasladarlo entre jurisdicciones, como para reciclarlo. El hecho de ser considerado como residuo especial, actúa como una barrera en el proceso de reciclado”.

A su vez, Muller y Pérez coincidieron en que la colaboración es clave para avanzar en la sostenibilidad. “Cada uno de nosotros aporta su granito de arena”, afirmó Muller, quien hizo hincapié en que los consumidores también están demandando productos más amigables con el medio ambiente. Siguiendo la línea, Pérez agregó que las alternativas a base de agua están en auge, y que es fundamental desarrollar productos que no solo sean funcionales, sino que también reduzcan el impacto ambiental.

La innovación en el centro 

El último panel de la jornada correspondió a Innovación y estuvo moderado por la socióloga y periodista Carina Martínez, directora editorial de Mercado. Allí se tocaron temas como la impresión 3D en viviendas, la construcción modular y offsite, el uso de gemelos digitales en construcción, y la tokenización de inmuebles; todas temáticas que tienen a la tecnología como eje.

El panel comenzó con Carlos Alberto Martínez, director de la carrera de Ingeniería Civil de ITBA, quien presentó el caso de la impresión 3D en la construcción de viviendas y las ventajas que ofrece. Tal como explicó el experto, la impresión 3D es una tecnología innovadora que está transformando la industria, ya que facilita la construcción de estructuras mediante la adición progresiva de capas de materiales, como hormigón, plástico o metal, a partir de un modelo digital. Además, tiene importantes beneficios, como la optimización de los costos y la reducción significativa en los tiempos de ejecución.

Por su parte, Lucas Salvatore, director de Idero, Real Steel y Grupo Salvatore, abordó el impacto de la construcción modular, fabricadas a partir de módulos independientes que se montan de manera rápida y eficiente en el sitio de instalación, y se adaptan a diferentes tipos de terreno. Este tipo de construcción está en alza. “Hicimos 60 casas en dos meses. Estamos trabajando en distintos nichos y vemos que esto es posible”, señaló. En la construcción offsite, los componentes destinados a la edificación no se fabrican directamente en el lugar de la obra, sino que son producidos en una fábrica y luego transportados hasta el sitio de construcción. Allí se ensamblan rápidamente, lo cual optimiza significativamente los tiempos de ejecución.

El tercero de los participantes, Mariano Stokle, de AWS, expuso en el panel los beneficios de utilizar gemelos digitales, esto es, representaciones virtuales de un objeto físico, en la construcción de inmuebles, edificios públicos e incluso de ciudades enteras. Estos modelos digitales permiten anticipar el comportamiento de una construcción, realizar simulaciones para mejorar la eficacia y detectar cuando se necesita mantenimiento. Además, mencionó el uso de inteligencia artificial para optimizar estos procesos y simular diferentes escenarios. “A partir de distintos tipos de sensores, la idea a partir de este objeto digital es monitorear y operar en todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta la operación, lo que permite simular y entender si va a funcionar de la manera esperada antes de construirlo”, señaló.

El panel de innovación cerró con la participación de Paula Vigliano, Co-Founder & COO de Pala Blockchain, una startup con base en el edificio +54 del Parque de Innovación, que se especializa en la tokenización de bienes. “Blockchain es una tecnología emergente que está transformando la manera en que se comercializan los inmuebles. Esta tecnología permite adquirir ”partes“ de un bien inmueble mediante tokens digitales, registrados en blockchain, que asegura la propiedad de activos digitales de forma transparente y segura. De esta manera, ” se facilita la compraventa de inmuebles con la misma facilidad con la que hoy enviamos un mensaje de texto“, asegura Vigliano. Además, dado que adquirir una vivienda en Argentina es hoy muy complejo, esta opción habilita a las personas a adquirir las viviendas en pequeñas partes (tokens). ”Si bien es una tecnología que aún enfrenta barreras culturales y de conocimiento, su adopción podría acelerar el acceso a la vivienda, ofreciendo nuevas formas de financiar y vender“, concluyó.

Cobertura: Karina Longo / Carina Martínez

Pese a la presión del Sindicato de Camioneros, que lanzó una medida de fuerza por la que Buenos Aires no contó con el servicio de recolección de basura desde el fin de semana, Jorge Macri afirmó esta tarde que no cedera a los reclamos del gremio.

A través de sus redes sociales, el jefe de gobierno porteño aseguró que mantendrá su decisión de no licitar el servicio de grúas y acarreo, que continuará operando bajo em ámbito estatal.

“Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio”, anunció Macri en su cuenta de la red social X. “El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato”

“El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio”, concluyó el funcionario.

Este lunes muchas calles de Buenos Aires despertaron bajo un panorama de contenedores desbordados y bolsas de basura en las veredas y calzadas debido a una medida de fuerza del Sindicato de Camioneros, en reacción a la decisión del Gobierno porteño de cancelar la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo.

La contratación del sistema de grúas de acarreo fue realizada días antes de finalizar el mandato de Horacio Rodríguez Larreta e implicaba un anticipo de 8 millones de dólares. Además, el gobierno porteño denunció que las empresas seleccionadas para el servicio están presuntamente vinculadas con Camioneros.

DM

Este lunes muchas calles de Buenos Aires despertaron bajo un panorama de contenedores desbordados y bolsas de basura en las veredas y calzadas debido a una medida de fuerza del Sindicato de Camioneros, en reacción a la decisión del Gobierno porteño de cancelar la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo.

Pese a la presión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reafirmó esta tarde a traves de sus redes sociales que daría marcha atrás con la licitación, por lo que el sistema de grúas de acarreo seguirá siendo operado de manera estatal.

La contratación del sistema de grúas de acarreo fue realizada días antes de finalizar el mandato de Horacio Rodríguez Larreta e implicaba un anticipo de 8 millones de dólares. Además, el gobierno porteño denunció que las empresas seleccionadas para el servicio están presuntamente vinculadas con Camioneros.

“A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la ciudad que, cuanto menos, amerita ser revisada”, sostuvo Macri hoy, durante una entrevista televisiva.

“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, dijo en diálogo con el canal de noticias LN+.

“No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”, agregó a lo que el periodista Paulino Rodríguez preguntó: “¿El gobierno que lo antecedió, de su mismo signo político, hizo algo impropio?”. “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”, apuntó Macri.

 “Hubo 21 años sin licitación y con empresas que extendían los plazos. En julio del año pasado ganan unas empresas a un valor, para mí, altísimo. Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”, agregó.

El impacto de la medida

La paralización parcial de los servicios de recolección y barrido ha dejado a la ciudad funcionando a un 35% de su capacidad habitual. Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño informaron que “todavía no se sabe cuándo volverá a la normalidad”. Esta situación ha afectado a todos los barrios, exacerbada por la falta de recolección durante el fin de semana, cuando los residuos suelen acumularse más.

Desde el fin de semana, en algunas zonas del microcentro y otros barrios se notó la presencia de trabajadores municipales y empleados de las empresas contratadas, mientras que en otras áreas la basura siguió acumulándose hasta hoy.

En sus declaraciones, Jorge Macri intentó bajar tensiones para no complicar la resolución del conflicto: “no tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, pero es obvio que Camioneros aprieta donde cree que duele”.

La respuesta de Camioneros

Por su parte, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano respondió que Jorge Macri “quiere estatizar y cambiarles el convenio a los trabajadores”, en tanto que Hugo Moyano afirmo que “No hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de descanso”.

En declaraciones que realizó en radio El Destape, Moyano agregó: “Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague Ganancias”.

En sus redes sociales, el sindicato justificó la medida de fuerza por “el mal estado de los camiones, malas condiciones laborales y el intento del gobierno de CABA que busca estatizar los 300 choferes de grúas”.

DM

A pocos días de dejar su cargo tras ocho años de gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó hoy la creación de un fondo anticíclico de 350 millones de dólares para afrontar gastos generados por “situaciones extraordinarias” como, por ejemplo, catástrofes, desastres ambientales, emergencias sociales, sanitarias y/o económicas.

“Lo hicimos para que todos los porteños estemos cubiertos ante cualquier emergencia”, explicó Rodríguez Larreta en un video que difundió por medio de su cuenta personal en la red social X.

Allí, Rodríguez Larreta detalló que el fondo anticíclico fue conformado con “recursos” que su administración fue “ahorrando año tras año y solo se podrá usar en situaciones extraordinarias”.

En esos casos citó como ejemplo “crisis económicas que compliquen el funcionamiento de los servicios, o crisis sanitarias como el Covid, o alguna emergencia hídrica o climática, en situaciones extraordinarias”.

El objetivo de la medida, indicó Rodríguez Larreta, es que los porteños estén “bien cubiertos ante cualquier emergencia”.

“La creación de un fondo anticíclico permitirá proteger los recursos de la Ciudad de Buenos Aires de los efectos y las variaciones de los ciclos económicos, proveyendo un mecanismo automático de liquidez ante circunstancias concretas y específicas”, detalló quien fue en las últimas elecciones precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), competencia interna en la que perdió con Patricia Bullrich.

El dinero contemplado en el fondo anticíclico también podrá ser utilizado para financiar gastos operativos cuando se haya registrado una variación de los ingresos tributarios y pagar servicios de la deuda pública si se tratan de vencimientos de títulos cuyo plazo no supere los 90 días.

Rodríguez Larreta dejará de ejercer la Jefatura de Gobierno porteño el próximo 7 de diciembre, cuando oficialmente lo sucederá Jorge Macri, electo al frente de la capital del país en las elecciones del pasado 22 de octubre.

CRM con información de la agencia Télam

Las seis personas que habían sido detenidas durante un desalojo en el barrio porteño de Almagro, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la ciudad de Buenos Aires, Antolín Magallanes, fueron liberadas en las últimas horas, informó el presidente de ese partido y titular del Acumar, Martín Sabbatella.

Las seis personas habían sido detenidas ayer mientras acompañaban a familias que estaban siendo desalojadas de una vivienda en Almagro.

Desde sus redes sociales, Sabbatella exhortó al Gobierno porteño a “dar explicaciones por su accionar antidemocrático”.

“Finalmente después de 8 horas fueron liberados los 6 compañeros que se encontraban detenidos arbitraria e ilegalmente por la policía de (Horacio Rodríguez) Larreta”, informó anoche Sabbatella en su cuenta de Twitter.

Entre los detenidos estaban el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad, Antolín Magallanes, y el dirigente de esa organización Franco Fernández, que se habían hecho presentes ayer en la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), una vivienda comunitaria habitada por mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, cuando la Policía de la Ciudad intentaba desalojarla.

Sabbatella afirmó que el Gobierno porteño “debe dar explicaciones por su accionar antidemocrático” y añadió que no sólo por “los desalojos de Casa Pringles” sino también por “la brutal represión que llevó adelante contra los manifestantes que se acercaron a reclamar pacíficamente”.

CRM con información de la agencia Télam

El Instituto de Gestión Electoral (IGE), el organismo que debutará este año en la organización de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno que dirige Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño, y fue mudado a la cartera de Seguridad y Justicia.

La decisión quedó oficializada a través de una resolución firmada por Horacio Rodríguez Larreta y publicada en el Boletín Oficial porteño, el cual estableció que el IGE funcione desde el 20 de abril dentro de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Dicho traspaso fue anticipado días atrás por Jorge Macri ante los cuestionamientos por la posibilidad que exista un “conflicto de intereses” al manejar el IGE y también ser precandidato a competir por la sucesión de Rodríguez Larreta en el Ejecutivo porteño por el PRO en las primarias de agosto. “Le pedí al jefe de Gobierno que retire del Ministerio de Gobierno al IGE para dar la mayor transparencia posible”, había avisado Macri tras su regreso de Estados Unidos.

El IGE debutará en la administración de las votaciones locales, de acuerdo a lo estipulado en el Código Electoral aprobado en 2018, que validó al ente autárquico, con personería jurídica pública estatal, autarquía financiera e independencia funcional. Según la ley, estará a cargo de la organización y administración de los procesos electorales, de la distribución del aporte público para el financiamiento de las campañas y el control de todo lo relacionado a la logística de los elementos necesarios para el día de los comicios.

Actualmente, está bajo la conducción “en comisión” de Ezio Emiliozzi, quien anteriormente se desempeñó como Director Electoral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) por primera vez en el distrito en 2015.

En una de sus primeras medidas, Emiliozzi determinó ayer jueves “la incorporación de tecnologías electrónicas en el procedimiento de emisión del voto, escrutinio de mesa y transmisión de resultados provisorios, para todas las etapas electorales” del distrito para los cargos locales.

En ese marco, se esperan que los próximos días sea publicado el llamado a licitación para las empresas interesadas en proveer al Estado de los dispositivos electrónicos y el software que sean utilizados para el procedimiento de emisión del voto mediante la BUE.

Al respecto, existen dudas respecto de los alcances de los pliegos, ya que entre los requisitos previstos para la participación estaría que los oferentes cuenten con un número superior a las 10.000 máquinas de votación al momento de la convocatoria oficial, demanda que reduce significativamente las chances de participar del proceso.

LC con información de agencia Télam

Hoy comenzó la implementación de las fotomultas que buscan controlar la falta de cinturón de seguridad, el uso del celular al conducir y los giros indebidos. Según el último informe anual de víctimas fatales de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, en 2021, 96 personas fallecieron a causa de un siniestro vial. El uso del cinturón de seguridad por parte de todos los pasajeros del vehículo cayó del 68,5% en 2019 al 63,8% en 2021 y el número de conductores que utilizan el celular al volante se triplicó.

“Manejar sin cinturón o mirando el celular son faltas de tránsito graves, que pueden ser fatales. Por eso, vamos a fiscalizar estas conductas con las más de 200 cámaras distribuidas por la Ciudad, cuya ubicación ya está señalizada. Confiamos en que, aumentando los controles, vamos a reducir estas conductas peligrosas”, advirtió el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La fiscalización electrónica de estas infracciones se realizará mediante nuevas cámaras analíticas que tomarán una foto del interior del vehículo. Las multas por estas 3 conductas de riesgo a la hora de conducir solían ser labradas por agentes de tránsito, mientras que las multas por exceso de velocidad y cruces de semáforo en rojo ya eran fiscalizadas de manera electrónica mediante 97 cinemómetros de velocidad y más de un centenar de cámaras analíticas.

La nueva tecnología permitirá analizar con mayor precisión el comportamiento del conductor dentro del vehículo, pero la imagen solo funcionará como una presunción que luego será corroborada por el ojo humano, según informó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad a Clarín.

Fotomultas: cuál es el valor de las multas actualizado

El valor de las multas varía según el tipo de infracción cometida:

1. Exceso de velocidad: de $4.086 a $233.480

2. Violación del semáforo en rojo: de $17.511 a $87.555

3. Uso del celular por parte del conductor: de $7.571 a $15.142

4. Falta de uso del cinturón de seguridad: $7.571

5. Giro indebido: $7.571

Además de la pena económica, las infracciones generan descuento de puntos en el Scoring:

1. Exceso de velocidad: 5 puntos si se supera la máxima permitida entre el 10% y 30% o 10 puntos si se sobrepasa por más del 30%.

2. Violación del semáforo en rojo: 5 puntos

3. Uso del celular por parte del conductor: 5 puntos

4. Falta de uso del cinturón de seguridad: 4 puntos

5. Giro indebido: 4 puntos

Dónde se ubican las cámaras de fiscalización

Todas las cámaras están identificadas con cartelería y pueden visualizarse en las aplicaciones de movilidad como Waze o Google Maps. Su ubicación está determinada por el Gobierno de la Ciudad de acuerdo al tipo de conducta a fiscalizar: aquellas cámaras que identifican cruces en rojo se encuentran en las intersecciones más peligrosas, con mayor riesgo peatonal o circulación como es el caso de los centros de trasbordo. Los cinemómetros se concentran en las autopistas porteñas y las principales avenidas: Libertador, Figueroa Alcorta, Córdoba, Cabildo, General Paz, Gaona, Eva Perón, Elcano, entre otras.

Puede consultarse el tipo de cámara y su ubicación exacta en este documento.

Consideraciones sobre la privacidad

La aplicación de las nuevas fotomultas ha generado debate sobre la privacidad de los pasajeros del vehículo que podrían quedar captados en las imágenes generadas en tiempo real por las nuevas cámaras analíticas. Desde el Gobierno porteño aseguraron que está garantizada la protección de la privacidad y los datos de las personas.

“El objetivo de la fiscalización electrónica es exhibir la falta de tránsito preservando la privacidad de las personas. En las imágenes se cubre el rostro del acompañante”, sostuvieron desde el Gobierno de la Ciudad. La privacidad del acompañante se garantizará mediante el difuminado, blureo o cobertura total de su figura con un cuadrado negro.

ACM

De acuerdo con el estudio de septiembre sobre Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires, una familia necesitó de $198.120,91 para ser de clase media, y $633.986,92 para formar parte de la “clase alta”. A principio de año, los ingresos mínimos para la clase media eran de $118.091.

El trabajo de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires se realiza desde el 2011, y mide la capacidad de acceso de los hogares a bienes y servicios compatibles con el estándar de vida de los habitantes y el rango de precios en la Ciudad. En cuanto a los tipos de hogares en la Ciudad Autónoma, los estadísticos los definieron de 5 maneras:

Para determinar los niveles de ingresos, la DGEyC construyó la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), la cuales definen las líneas de indigencia y de pobreza. Considera indigencia a cualquier ingreso total mensual que no alcance para cubrir la CBA, y como pobres a hogares cuyo ingreso total mensual no sea suficiente para cubrir la CBT, pero al menos permita adquirir la CBA. 

Además, ubica a los hogares “no pobres vulnerables” como aquellos cuyo ingreso total mensual es menor a la Canasta Total (CT) pero mayor la básica (CBT) del Sistema de Canastas de Consumo. Al “sector medio frágil” como aquellos donde el ingreso total mensual cubre la CT pero no alcanza a ser 1,25 veces mayor a ella.

Un hogar de “clase media” sería uno cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la Canasta Total, pero que no alcance a multiplicarla por 4. A partir de 4 veces de la Canasta Total, una familia tipo es considerada como parte del “sector acomodado”. Por lo tanto, los resultados para una familia de dos adultos económicamente activos con dos hijos son los siguientes:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, esta estratificación brinda, por un lado, “la posibilidad de identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, da cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la Ciudad de Buenos Aires”.

LC

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar programas sociales a los y las estudiantes que superen el 15% de inasistencias generó rechazo en la comunidad educativa porque consideran que no resuelve la deserción escolar y castiga a las familias más pobres. Son más de 23.000 niñas, niños y adolescentes que reciben un subsidio adicional del programa social Ciudadanía Porteña.  “Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo”, dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ante las críticas, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que trabajarán para retomar el vínculo con la escuela. elDiarioAR habló con especialistas en Educación, gremios y familias para conocer su opinión. 

Esta mañana, Rodríguez Larreta anunció que aquellos estudiantes que no alcancen el 85% de asistencia perderán el adicional que reciben por el programa de ayuda social. El Ministerio de Educación controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben ingresos de Ciudadanía Porteña y con esa información, determinarán si les pagarán el “adicional por hijo”. Según confirmaron fuentes de la cartera de Soledad Acuña a este diario, el monto promedio del programa es de $15.722 y varía según la composición del hogar, el índice de vulnerabilidad y la situación de escolaridad de los menores de 18 años. El monto adicional por menor en concepto de hogar pobre es de $5.256,30 y de $7.884,50 por hogar indigente.

La secretaria general del UTE-CTERA, Angélica Graciano dijo se trata de “un anuncio para los libertarios y para subirse a una campaña de la que no es parte”. “Es marketinero, electoralista y no tiene perspectiva pedagógica ni social”, le dijo a elDiarioAR. “Está orientado hacia la coerción, es una señal para los sectores de la ultraderecha y no para abordar el problema. Larreta tiene que anunciar medidas respecto de cómo sostener la regularidad y cómo colaborar con las familias para ello. Las trabajadoras sociales que hay en la Ciudad son muy pocas para la primaria y secundaria. ¿Cómo se puede armar así una red para los chicos que están faltando?”, afirmó la referente del gremio docente mayoritario en la Ciudad.

A partir de ahora, para ser alumno regular, los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases y  no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas al año. El licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo de FLACSO, Gabriel Brener, afirmó que “si los chicos tienen que ir a clase todos los días, primero el Estado debe invertir en educación”. 

En diálogo con este diario, Brener sostuvo que hay que debatir la idea de obligatoriedad que plantea el gobierno porteño. “Es un debate que tiene que ver con la educación del siglo XXI. Rodríguez Larreta la practica como en tiempos de Roca con la Ley 1420, del año 1884, que le daba el poder de policía al Estado para ir a buscar a los hijos de los inmigrantes. Esa era la obligación, de ir a la escuela y del Estado para compeler por la fuerza pública y mandar a los chicos al sistema educativo. La obligatoriedad de ahora, de la Ley 26.206, plantea la obligación del Estado de hacerse garante y responsable para que los chicos estén en la escuela. Y todas las maneras de hacerlo son las que viene incumpliendo y deteriorando el gobierno de Larreta que solo hace marketing comunicacional con estos mensajes”, indicó.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también rechazó la propuesta porque supone un retiro de la protección estatal para quienes mayor nivel de acompañamiento requieren e implica sumar a la vulnerabilidad educativa una de tipo alimentaria. La abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez, Bárbara Zanino, afirmó que “el mensaje que se da, de un pretendido recrudecimiento de las condiciones para el acceso a una prestación social, incrementa una situación estigmatizante injusta”.

“Las trayectorias educativas en riesgo de abandono son una preocupación de toda la sociedad, y por supuesto que los Estados deben formular políticas públicas para incentivar las continuidades educativas. Sin embargo, los mecanismos basados en el retiro de prestaciones sociales no aportan nada novedoso a lo que ya existía normativamente, y difícilmente logren eficacia para cumplir ese objetivo”, le dijo a este medio.

En esa línea, Graciano sostuvo que la disposición no identifica las dificultades que hacen que un niño falte a la escuela, ni tampoco sobre cómo recuperar el tiempo perdido. “Hemos tenido casos de chicos que se prestaban las zapatillas para ir a la escuela, un día iba uno y otro día, otro. Cuándo fue la trabajadora social nos enteramos que es lo que pasaba. Había chicos que no dormían, que no tenían para el pasaje, que estaban con gente enferma en la familia. Debería haber una trabajadora social por escuela y por turno. Junto con las pedagogas sociales son el puente con la escuela”, agregó.

El programa Ciudadanía Porteña alcanza a 41.669 hogares integrados por 100.057 personas. De ese total, 23.686 tienen menos de 18 años. La medida rige a partir del 1 de agosto, y el primer cruce de datos con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se realizará dentro de dos meses. “Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año. Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, se va a suspender la totalidad del plan”, afirmó Rodríguez Larreta hoy durante el anuncio.

Desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que también se pondrán en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula. “Las escuelas tienen a disposición una serie de herramientas como por ejemplo las clases los días sábados, y durante las vacaciones de invierno y verano, para asegurarse de que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para garantizar su derecho a la educación”, le respondieron a elDiarioAR.

El diputado nacional de Juntos y exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, apoyó la decisión y dijo que es fundamental la apuesta para modificar el régimen de regularidad estudiantil. “La obligatoriedad de la educación es algo que nos interpela a todos como sociedad y, mucho más, a las familias de los alumnos. Poner a la escolaridad como contraprestación de la asistencia social es central si realmente queremos apuntar a la promoción, a la movilidad social ascendente y no a la mera supervivencia. Los chicos deben estar en el aula, siempre”, afirmó. 

En contraposición, Brener señaló el impacto en la obligatoriedad del descenso del presupuesto educativo: “Bajar 10 puntos el presupuesto en la última década, no entregar tecnología para uso escolar a los chicos más vulnerados durante la pandemia, pauperizar las viandas escolares y deber miles de vacantes en la educación obligatoria no es garantizar condiciones para efectividad dicha escolaridad”.

Desde los colectivos de la comunidad educativa que nuclean a madres, padres, docentes y estudiantes también criticaron la medida porque no ofrece una contención para las familias afectadas por la deserción escolar. “No hay una justificación para las ausencias en las escuelas, no está bien. Pero quitar un ingreso que puede ser clave para sostener esas infancias  y juventudes no es una medida a favor de ellos. No hay políticas de contención para las familias”, le dijo a este diario Patricia Pines, docente e integrante de Vacante para Todos, un grupo de más de 20.000 personas. “Hicimos 800 amparos judiciales, vemos como les asignan vacantes en escuelas a 10 kilómetros de la casa. Por ejemplo, gente que vive en Flores y le dan en La Boca. Si las familias de pronto consiguen una changa, no los pueden llevar si la escuela está lejos o porque no pueden pagar el boleto para el adulto que acompaña al niño”, agregó.

Para justificar la medida, Larreta indicó que en el último mes el 30% de los alumnos faltó a clases al menos cinco veces y que “muchos asisten a clase sólo 3 días a la semana”. Sin embargo, Graciano sostiene que ese argumento es estigmatizante porque no considera a los hijos de familias de ingresos medios y altos que faltan para irse de vacaciones.

CDB/MG

La justicia porteña ratificó este viernes el fallo que suspendió la obra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para montar un parque lineal en una avenida del barrio de Caballito, al considerar que no se cumplió con el proceso establecido para que pueda concretarse este tipo de iniciativa vial, que prevé la participación ciudadana en una audiencia pública y la sanción de una ley.

La decisión fue de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -integrada por Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta- y avala el fallo del juez Víctor Trionfetti que hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por organizaciones sociales para frenar los trabajos sobre la avenida Honorio Pueyrredón.

El proyecto vial en cuestión comenzó a ejecutarse a inicios de febrero para tomar la mitad de los carriles de ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, que tienen sentido sur-norte, para crear una “calle de convivencia” que sume vegetación y zonas de esparcimiento.

En la resolución, el Tribunal de la Cámara sostuvo que “no es función del tribunal valorar el mérito de la obra, pero sí enfatizar que en el marco normativo vigente la creación de calles de convivencia requiere de una ley que establezca tal carácter”.

“La claridad de la norma que exige que la creación de las calles de convivencia sea hecha por ley resulta un obstáculo insalvable. El Gobierno de la Ciudad no logra explicar por qué motivo no debería aplicarse la normativa específica a esa vía, ni cuáles serían sus características que la excluiría del régimen legal”, destacó.

Y remarcó que “la creación de una calle de convivencia no es factible sin la sanción de la ley que la ordene, por lo que también en este punto deberá rechazarse el recurso del Gobierno de la Ciudad, en referencia a la apelación presentada por las autoridades porteñas tras el fallo de primera instancia.

Al respecto, la abogada patrocinante del amparo vecinal, Nadia Mileva Solodkow, afirmó que “la Justicia le dio la razón a los vecinos y ratificó la ilegalidad del proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad. Esperamos que estos proyectos se desarrollen respetando la participación barrial”.

Desde el grupo barrial informaron, a través de un comunicado, que continuarán con el pedido para la “cancelación definitiva de este proyecto inconsulto e innecesario”.

“Las pruebas de sus nefastas consecuencias para el barrio están a la vista diariamente, con el agravamiento del caos vehicular y el aumento de la contaminación ambiental en la zona. Al igual que el resto de la Ciudad, Caballito necesita más espacios verdes públicos pero no a costa de destruir una avenida y dañar irreparablemente la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas”, destacaron.

Y adelantaron que realizarán un nuevo “semaforazo” el miércoles 4 de mayo en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte para reclamar por la propuesta alternativa que apunta a la construcción de “un gran parque público en las 15 hectáreas del ex playón ferroviario que se encuentra junto al club Ferro”.

Así lo promocionaba el Gobierno de la Ciudad

Con información de agencias.

IG

El CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales) denunció que, en los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite.

En un comunicado informaron que se pudo conocer esta situación a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte.

En 2020, ODIA inició una acción de amparo en la que puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en CABA. La presentación señalaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”. También consideraron que el Gobierno de la Ciudad no había realizado una evaluación de impacto del sistema sobre la privacidad de las personas.

La operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación.

“Por eso entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas” expresa el CELS en un comunicado dado a conocer este martes 12 de abril. Y agrega: “También reclamamos a la Justicia la suspensión del mecanismo de reconocimiento facial así como una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar tareas de vigilancia masiva e inteligencia”.

Permisos limitados

La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención. El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas. Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño tiene en el barrio de Chacarita.

Según la denuncia, entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementación nadie controló. Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA. Por la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cuál fue el uso y destino de los datos biométricos utilizados en todas aquellas búsquedas, y es indispensable también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del amparo, Andrés Gallardo, dispuso algunas medidas para decidir sobre la suspensión del sistema mientras continúa el trámite del juicio. En febrero de 2022 realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego le solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En función de este último pedido, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas.

En el marco de la investigación, Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.

“Solicitamos que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de 7,5 millones de personas en los últimos tres años, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo”.

¿Quiénes fueron reconocidos?

En el cotejo realizado por los funcionarios judiciales se pudo constatar que algunos referentes políticos y sociales fueron reconocidos. Entre ellos figuran:

Estela de Carloto, 2 veces

Belliboni, Eduardo, 14 veces (última marzo de 2022).

Berni, 17 veces.

 Fiscal Gabriela Bouqin, 4 veces.

Angel Borello, 1 vez

Myrian Bregman, 3 veces.

Bulgheroni, Alejandro, 3 veces.

Bulrich, P., 18 veces.

Canosa, Viviana, 6 veces.

Carrio, L. 10 veces.

Constatini, 2 veces.

De Pedro, Wado, 3 veces.

Del Caño, 2 veces.

Elstain, Eduardo, 3 veces.

Silvestre, Gustavo 9 veces.

Roemmer, Guillermo, 13 veces.

Hebe de Bonafini, 5 veces.

Hernandez, Juan Carlos, Jefe de la PFA, 10 veces.

Arshak Karhanyan, 92 veces.

Rosenkranzt, 1 vez,

Zaffaroni, 2 veces.

Gils Carbó, 2 veces.

Stornelli, 4 veces.

Picardi, Franco, 2 veces.

Maria Rosa Muiño, 3 veces.

Waimberg de Roca, una vez.

Alberto Fernandez, 76 veces.

Cristina Fernández de Kirchner, 225 veces.

Maximo Kirchner, 12 veces.

Florencia Kirchner, 9 veces.

Entre otros referentes.

El Gobierno porteño anunció días atrás el nuevo cronograma del Ciclo Lectivo 2022 ue contará con más días de clases para recuperar lo perdido en pandemia. A las 182 jornadas establecidas en el calendario obligatorio se le sumarán 12 más para llegar al total de 192 días de clases. Por este motivo, los alumnos los docentes volverán a las escuelas el 7 de febrero y el 21 de febrero.

A esa medida, se le sumaron otras como el programa Aprovechar Cada Hora Libre,  la Jornada Extendida, clases los sábados y Escuela de Verano e Invierno. También, los docentes de gestión estatal y privada tendrán una capacitación obligatoria antes del inicio de clases.

¿De qué se trata?

-Inicio anticipado de clases el 21 de febrero. Losos docentes regresarán a la escuela el lunes 7 de febrero y los chicos comenzarán el Ciclo Lectivo el lunes 21.

-Capacitación obligatoria para 24 mil docentes de gestión estatal y privada. Los docentes asistirán a jornadas de formación que serán masivas, presenciales y obligatorias. Por primera vez se sumarán aquellos que dictan clases en las escuelas privadas.

-Aprovechar Cada Hora Libre. Se capacitará a 2600 preceptores para que las horas libres tengan un uso más eficiente y sean una nueva instancia de aprendizaje.

-Jornada extendida. Los alumnos de 6° y 7° grado de nivel primario de todas las escuelas de gestión estatal de jornada simple van a contar con una Jornada Extendida obligatoria. Esto significa que 21.500 alumnos van a sumar el equivalente a 90 días de clase al año.

-Clases los sábados. Los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE) se implementaron en 2020 para reforzar los contenidos de los alumnos de primaria y secundaria por medio de clases extra los días sábado. En 2022, la asistencia será obligatoria para todos los estudiantes de 1º año de secundaria que se encuentren en Promoción Acompañada.

-Escuela de Verano e Invierno. Tienen el propósito de intensificar la enseñanza de los contenidos priorizados durante los recesos escolares para aquellos alumnos que lo necesiten.

¿Qué opinan los docentes y familias sobre el nuevo calendario escolar en CABA?

Luego de más de un año y medio donde la modalidad educativa se fue modificando día a día según los casos de coronavirus y el tire y afloje político, los docentes, padres y niños recibieron la noticia de que el año que viene tendrán 12 días más de clases. Sin embargo, todavía no se habló sobre qué ocurrirá en esos días, ni sobre la situación salarial de los docentes.

A principio de año, las clases volvieron en todo el país con una modalidad mixta que alternaba entre la virtualidad y la presencialidad por burbujas. Pero en mayo, el Gobierno nacional decretó un aislamiento estricto por 9 días y anunció que al finalizarse las clases volverían totalmente de manera virtual. Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba fueron las únicas que no hicieron caso al DNU y decidieron continuar con el régimen mixto. Esto generó confusión para muchos, ya que fue comunicado horas antes del regreso a clases. Desde el 1 de septiembre, con el avance de la vacunación y la disminución de casos, se decidió la vuelta a la “presencialidad plena” en las aulas, y desde entonces los alumnos acuden a las escuelas todos los días.

 “A principio de año teníamos una jornada parcial, después pasó a ser una jornada completa de un día para el otro post vacaciones. Este año fue realmente muy agotador por cómo se fue manejando todo y cómo las escuelas, los docentes, los niños y las familias quedaron en el medio. Fue muy complejo a la hora de organizarnos, vamos acomodándonos pero también se nota el cansancio a esta altura del año en los chicos y en nosotros”, opinó en diálogo con El DiarioAR Milagros, docente de primaria en una escuela de educación especial en la Ciudad.

Y reflexionó: “La nueva normativa de extender el calendario escolar viniendo de un año muy difícil para toda la comunidad educativa no se explica bien, no se entiende cuál es el fin. Como docentes todavía no tenemos informado qué vamos a hacer en esas capacitaciones”.  

Por su parte, Nancy, docente de secundaria en un colegio privado en CABA, aseguró que “en doce días no se recupera lo que pasó en pandemia porque no alcanza”. “Va más allá de los temas. Hay muchos chicos a los que les afectó mucho, y es algo que se recupere en días. No es un contenido que faltó dar”, manifestó y detalló: “Me parece más un circo para decir 'estamos ocupándonos de la educación y agregamos días' y cuando nos quejemos los docentes vamos a quedar como vagos que no queremos ir. Cuando en realidad siempre vamos antes para capacitarnos, no es algo nuevo. No sabemos de qué se tratará esta capacitación en particular, pero siempre las tenemos antes de arrancar”.

Además, se refirió a un tema que afecta a muchos padres. Mientras que el turismo comienza a repuntar gracias a las nuevas medidas por la disminución de casos, muchas familias elegirán el mes de febrero para poder vacacionar, ya que es más barato que en enero. “Para nosotros sería volver una semana antes, pero para los chicos son hasta 2 o 3 semanas antes. Creo que más que recuperar va a generar fastidio en los chicos y en algunos padres también, que tal vez se quieran ir de vacaciones en febrero porque para algunos es el único momento que pueden y no lo van a poder hacer”.

Durante este tiempo, las familias también tuvieron que ir adaptándose cada día a las nuevas “reglas” y el año que pasó no fue para nada fácil para ellos, ni logística ni emocionalmente.

“Quedamos agotados y dudo que en 12 días se pueda recuperar lo que la pandemia le robó a los chicos. Desde la sociabilización con sus compañeros y maestros, a la adaptación con una rutina normal”, aseguró Gabriel, padre de dos adolescentes de 14 y 16 años.

Fabiana, madre de una nena de 8 años, cree que la medida “no es necesaria”.  “Lo que se perdió no se va a recuperar. Es cansar a los chicos antes de mitad de año y cuando un chico se cansa no aprende”, sentenció.

¿Qué ocurrirá en el resto del país?

 Si bien el Gobierno de la Ciudad ya definió su plan de acción para el próximo año lectivo, a nivel nacional se están barajando medidas similares que aún no fueron confirmadas. Según anunció el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación se analizará el calendario escolar de 2022 para coordinar un esquema que establezca “más días, más horas, y priorizar temas y recuperar tiempos” tras la pandemia.

SC

La Legislatura porteña dio este jueves media sanción al convenio urbanístico entre el Grupo IRSA y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un predio de 71 hectáreas ubicado en la Costanera Sur.

Con 37 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo porteño logró una primera sanción para el acuerdo con IRSA para levantar la urbanización promovida por la empresa como “Costa Urbana”, que ahora deberá ser debatido por la ciudadanía en una audiencia pública.

Sobre el proyecto, desde el Frente de Todos, principal bloque opositor en la Legislatura, el diputado Javier Andrade advirtió: “Con este mega emprendimiento, Larreta consolida su modelo urbano: una ciudad que garantiza los espacios verdes y el acceso al río a las minorías privilegiadas, y donde la vivienda es utilizada como negocio y reserva de valor por unos pocos”.

Desde el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), en cambio, el diputado Daniel Del Sol dijo que este convenio urbanístico es parte de un “plan de desarrollo urbano y sustentable cuyo objetivo es desarrollar el área sur de la ciudad, crear espacio público de calidad, incrementar los espacios verdes de acceso libre y gratuito y generar fondos para enfrentar la crisis generada por la pandemia”.

El convenio incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas, y habilita la construcción de edificios que tengan como máximo los 145 metros de altura.

A cambio, IRSA se compromete a ceder el 67 por ciento del predio para que sea un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por 10 años.

Con información de agencias.

IG

Tal como sucede a nivel nacional, a través de la aplicación Mi Argentina, o en Provincia de Buenos Aires, con la App Vacunate PBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene disponible el Certificado COVID-19 para que los porteños puedan acceder, pero en este caso es a través de WhatsApp. Con un breve chat con Boti, el robot de comunicación que utiliza habitualmente CABA para comunicarse con sus usuarios para hacer trámites, se puede tener acceso a una ficha con información actualizada sobre sus hisopados y las vacunas que les fueron administradas, y así certificar su situación respecto al COVID-19.

¿Cómo se obtiene el Certificado COVID19 en CABA? 

Se debe agendar a Boti, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147), y escribir “Certificado Covid”. El bot solicita al usuario su número de DNI y en pocos segundos le brinda información sobre las vacunas recibidas y los últimos testeos realizados en los dispositivos del GCBA.

“Desde que comenzó la pandemia, buscamos que los vecinos y vecinas puedan acceder a toda la información oficial y servicios de la Ciudad que necesitan de una manera rápida y fácil a través de WhatsApp. Ahora damos un paso más con la integración de su información sanitaria para que puedan certificar su situación frente al COVID-19 en cualquier momento y lugar desde su celular. A diferencia de otras soluciones, al hacerlo por WhatsApp, no es necesario bajarse ninguna aplicación, perder espacio en el celular ni aprender a utilizar nada nuevo. Elegimos hacerlo ahí porque es lo que usa la gente todos los días”, afirmó Fernando Benegas, Secretario de Innovación y Transformación Digital.

Con esta herramienta, los vecinos de la Ciudad tienen a disposición un documento oficial en el que figura toda la información sobre las vacunas que recibieron: marca, número de dosis, fecha y lugar de aplicación; y el último testeo que se realizaron, con la fecha y el resultado.

Además, el certificado cuenta con un código QR que permite validar la veracidad de la información, manteniendo encriptados los datos personales no relacionados al Covid-19. El mismo podría ser escaneado por un tercero para confirmar la información en caso de ser requerida.

Boti es el mismo canal de comunicación que los porteños utilizaron para, por ejemplo, confirmar sus lugares y turnos de vacunación. En ese mismo chat, con solo escribir “Certificado Covid” y seguir los pasos que se solicitan, se accede al Certificado Digital de Vacunación.

Con información del GCBA.

IG

Un concierto masivo de Marta Argerich, 80 mil estudiantes jurando a la bandera en avenida Corrientes y hasta un “espacio conmemorativo Covid” con un homenaje a las víctimas de la pandemia son algunas de las medidas que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prepara para los próximos meses, en un intento por “recuperar una agenda de futuro” y relanzar su gestión de cara a las elecciones legislativas.

Según revela un documento interno de 54 páginas al que tuvo acceso elDiarioAR, el objetivo del plan es “conectar emocionalmente al GCBA, HRL (Horacio Rodríguez Larreta) y DS (Diego Santilli) con los ciudadanos” durante la segunda mitad del año gracias a una batería de acciones que transmitan “el positivismo de la salida de la pandemia” del Covid-19.

“Revancha de la vida”, se titula la principal estrategia del oficialismo, que resume las estrategias de los ministerios de la Ciudad y que busca transmitir sensaciones positivas tras lo que -el gobierno espera- será la salida de la pandemia y “la recuperación de las libertades y las actividades”, incluyendo un regreso normal a clases para el 1° de agosto. 

Las actividades de esta “revancha” también incluyen un concierto al aire libre de la reconocida pianista argentina Marta Argerich y la promesa a la bandera “con más de 80.000 estudiantes de cuarto y quinto grado” en una de las principales avenidas de la ciudad. El anunciado “espacio conmemorativo Covid” es, por ahora, un render genérico de “un espacio verde que favorezca la introspección para recordar a cada una de las víctimas” del coronavirus.

Celebraciones por cada etapa

Existen tres momentos clave dentro del plan. La primera etapa comenzó este viernes con el anuncio del plan de vuelta a la normalidad, que busca “llegar hasta las cero restricciones y aforos en las actividades” y el hito del fin del uso del barbijo. 

La segunda tiene todos los elementos descritos en la “revancha”, momento en el que -siempre de acuerdo a la propuesta- “la Ciudad celebra la nueva etapa y recupera su identidad”. Entre las actividades de reencuentro, el gobierno de Larreta visualiza “un evento masivo en el punto más representativo de la ciudad”, con una “propuesta gastronómica a cielo abierto, emulando un verdadero almuerzo familiar”. También se explora la posibilidad de relanzar la campaña de “libros abandonados”, que los ideólogos del gobierno porteño ilustran con una imagen de la actriz Emma Watson participando de Books On The Underground, un proyecto comunitario que intenta fomentar la lectura dispersando libros por el metro de Londres.

La tercera y última etapa prevé el fin de las restricciones en clubes y gimnasios, el fin de la obligación del uso del barbijo y la celebración de eventos deportivos masivos. Larreta prepara “celebraciones por cada etapa”.

De manera interesante, el gobierno porteño también reveló sus intenciones de relanzar su proyecto de “supermanzanas”, un proyecto tomado de la ciudad de Barcelona que buscaba generar espacios de prioridad para el peatón en pequeñas áreas de calles internas. Años atrás, diferentes áreas del gobierno local habían estudiado esta iniciativa para Primera Junta, Constitución, Tribunales y Once, pero Larreta nunca avanzó con esos proyectos. Ahora se retoman para la zona de Plaza Armenia, en Palermo, apoyándose “en las intervenciones de regreso al espacio público” que comenzaron durante la primera fase de la cuarentena.

Con un ojo en las elecciones, el documento incluye una línea de tiempo donde se destacan las fechas de inicio de la campaña para las PASO y las elecciones, y las fechas en las que se prohíben “actos susceptibles de captar sufragio”, es decir, la veda de actos públicos que buscan captar votos. En el pasado, Larreta fue acusado de utilizar eslóganes de campaña para publicitar actos de gobierno. Su ahora aliado Martín Lousteau incluso llevó al gobierno porteño y a su frente electoral a la Justicia en 2017 por “confundir intencionalmente campaña electoral y publicidad oficial”.

FP

Más de 1.400 personas que estaban en situación de calle y son albergadas en la red de 32 Centros de Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a recibir la vacuna contra el coronavirus. En la primera jornada, fueron inoculadas más de 200 personas en 9 centros diferentes: Roca; Costanera; Azucena Villaflor; La Boca; Hogar Félix Lora; Amparo Maternal; Nuestra Señora del Socorro (Hogar Albisetti); y Año Santo (Cáritas), informó la Ciudad.

El operativo está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat y Salud del Gobierno de la Ciudad y se lleva adelante en todos los Centros de Inclusión para personas en situación de calle. El objetivo es completar el proceso en las próximas semanas, como en todas las etapas, de acuerdo al ingreso de dosis.

Los Centros de Inclusión Social están destinados a hombres o mujeres solas, mujeres con niños y/o grupos familiares o monoparentales, de 18 a 59 años, en estado de vulnerabilidad social o situación de calle. Todos los dispositivos cuentan con servicio de ducha, elementos de aseo personal, servicio de alimentación (auditado y con seguimiento profesional), talleres para contención psicológica, así como también para la inserción social y laboral.

Con información de agencias.

IG