El empresario Ricardo Adolfo La Regina está acusado de los supuestos delitos de maltrato animal y daño agravado al ecosistema por el caso conocido como la “masacre de pingüinos” de Punta Tombo, la colonia más importante de estas aves marinas en el mundo, ubicada en la provincia de Chubut. Este viernes, la jueza Ana Karina Breckle celebró una audiencia para decidir si sobresee al acusado antes del juicio o si la causa continuará su camino, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR. La decisión de la magistrada se dará a conocer en los próximos días.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, La Perla, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos en época de cría, de acuerdo a la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. 

Los acusadores sostienen que La Regina tenía “pleno conocimiento de la ilegalidad de su accionar”, ya que su finca es lindera con la Reserva Punta Tombo y tu familia había donado parte de las tierras donde anidan las aves que hoy forma parte de la reserva. Los daños fueron provocados mediante la utilización de maquinaria pesada (una retroexcavadora) sin autorización previa y sin estudio de impacto ambiental previo. Además, La Regina colocó un alambrado electrificado a lo largo de ese camino que impidió la circulación de los pingüinos. 

El empresario pidió su sobreseimiento y la audiencia preliminar fue clave. Tras escuchar a las partes, la jueza Breckle podrá hacer lugar al pedido del acusado, solicitar nuevas pruebas a la fiscalía para avanzar hacia el juicio, cuestionar la calificación legal o confirmar lo actuado hasta ahora en el expediente y dar pie al inicio del debate. Se espera una decisión el próximo miércoles, o incluso antes, ya que la magistrada cuenta con tres días hábiles desde este viernes.

La Regina está imputado por haber arrollado cientos de pingüinos vivos de diferentes edades y huevos en incubación, “matándolos, lastimándolos y ocasionándoles sufrimientos”, sostuvo la querella. La defensa del empresario, a cargo del abogado Federico Ruffa, sostiene que el empresario no sabía sobre la presencia de los pingüinos en el lugar y que la acusación “no explica cuál sería la cosa ajena dañada” ni “afectada”. elDiarioAR intentó comunicarse con el defensor pero no recibió respuesta aún.

“Las obras ilegales de apertura de caminos, cercado, desmonte y movimientos de suelo fueron llevadas adelante sin la realización de un estudio de impacto ambiental ni la obtención de la debida autorización administrativa”, concluyeron los querellantes.

La Regina realizó la apertura de un camino, entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, y la máquina removió en algunos tramos hasta 40 centímetros de la superficie del suelo, destruyendo el hábitat reproductivo del Pingüino de Magallanes, sostienen los acusadores.

Dicho camino destruyó el área de nidificación del Pingüino de Magallanes. También se desmontó la vegetación nativa por completo.

Un mes más tarde, el acusado realizó un nuevo desmonte y la apertura de otro camino, donde también había nidos con pingüinos.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre, La Regina desmontó por completo la vegetación nativa y volvió a remover la capa superficial de suelo de monte nativo, destruyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos de Magallanes. La destrucción alcanzó alrededor del 58% del área de nidificación de alta y media densidad. 

La defensa sostuvo en un escrito que el empresario no puede ser acusado de crueldad animal, debido a que “no se explica cuál fue el daño o sufrimiento infringido a algún animal” y que sólo se identifica “genéricamente” a los pingüinos afectados. “No se ha descripto en el relato de los hechos la existencia de un animal afectado de cualquier manera y mucho menos se ha traído o señalado un animal que pueda sospecharse objeto pasivo de este tipo de comportamientos por parte de mi asistido y sobre el cuál pueda evaluarse ese supuesto daño”.

Las organizaciones querellantes afirman “que la prueba es abundante y los hechos imputados están acreditados en atención a que generaron un grave daño a la colonia de pingüinos de Punta Tombo, parte de la Reserva de

Biosfera de la UNESCO llamada Patagonia Azul, designada internacionalmente también como AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)“. También que esto último es central, ya que si el imputado ”no solo atentó contra la vida de cientos de pingüinos adultos sino que también extinguió sus crías y destruyó la zona de nidificación señalada, deforestó especies nativas y modificó el suelo de esa área natural, en caso de que el Estado no ejerza su función punitiva, existió la violación de numerosos pactos internacionales“.

Sierra Grande, Río Negro.- El oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada, provincia Río Negro, son una de las apuestas del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa (Unión por la Patria), y de otros varios candidatos a la Presidencia, que apuestan a la expansión de la frontera hidrocarburífera en Vaca Muerta y el Mar Argentino. El proyecto es rechazado por parte de las comunidades costeras que viven del turismo y la pesca artesanal, científicos, ambientalistas y conservacionistas, quienes advierten que será una amenaza inminente para la vida en el océano y las costas. 

Punta Colorada, donde se construirá la terminal portuaria para la carga del crudo, se encuentra en el Golfo San Matías, una de las joyas del Atlántico, directamente conectado con Península Valdés, un área natural protegida única en el mundo.

Este jueves, el oleducto y la terminal portuaria tendrá una jornada clave: en una audiencia pública en la localidad de Sierra Grande, Río Negro, la petrolera a cargo del proyecto, YPF, expondrá los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras. También expondrán los detractores de la iniciativa. Se esperan más de 100 oradores y aún no está claro si podrán exponer en su totalidad durante el día o deberá llamarse a un cuarto intermedio. YPF asegura que el proyecto se realizará con “los más altos estándares nacionales e internacionales”.

elDiarioAR cubrirá la audiencia pública de este jueves y viajará por los próximos dos días a distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías y lo que sucede y sucederá en las aguas de esta porción del Mar Argentino. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

El turismo, la ciencia, la pesca y la vida en las ciudades y pueblos enfrentados con el oleoducto y su terminal portuaria serán clave también para este proyecto.

Están aquellos decididos a defender el “golfo azul”, los alertados, los movilizados, los atemorizados por el destino de su mar y su forma de vida y subsistencia; o aquellos esperanzados con la posibilidad de trabajo y prosperidad económica en la instalación de un proyecto petrolero. También están los indiferentes.

Una jornada particular 

La audiencia pública fue convocada por la Secretaría de Ambiente de Río Negro y es un requisito legal para poder avanzar con las obras, que tiene tres tramos del oleoducto (comienza en Neuquén, en Vaca Muerta, y finaliza en Punta Colorada, Río Negro), una terminal de tanques en la costa y dos monoboyas en el mar, desde donde se conectarán los buques para cargar el crudo.

El clima en torno a la audiencia y el proyecto es de pura tensión. Entre los sectores a favor, además de un gran sector de Sierra Grande, se encuentra el sindicato de la construcción, Uocra de de Río Negro, que defiende el proyecto por la promesa de creación de puestos de trabajo.

La oposición a las obras congrega no sólo a las comunidades locales sino también a las principales organizaciones ambientalistas del país, entre ellas las integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, explicó el Foro en un comunicado.  

Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Aliados

En donde hubo coincidencia es en los distintos sectores políticos de la provincia de Río Negro. Tanto la mayoría del Frente de Todos como Juntos por el Cambio posibilitaron en alianza con la gobernación de Arabela Carrera la modificación de la legislación provincial que prohibía este tipo de proyectos hidrocarburíferos en el Golfo San Matías desde 1999.

Luego de la audiencia, la Secretaría de Ambiente de Río Negro deberá analizar los estudios de impacto ambiental y las presentaciones de los oradores en contra y a favor del proyecto, aunque la obra parece un hecho consagrado. YPF ya lo da por hecho y lo anunció en un video institucional. La mitad del primer tramo, localizado en Neuquén, ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado por Ambiente de dicha provincia, tras una audiencia pública que generó denuncias y cuestionamientos por el incumplimiento de la ley para supuestamente evitar la participación de la ciudadanía que se opone al proyecto.

Sierra Grande

Para el Gobierno Nacional y sus sucesores, así como para el gobierno de Río Negro y para YPF, el proyecto es el salto al mercado internacional de crudo. El objetivo del oleoducto y su terminal portuaria es exportar crudo excedente de la Cuenca Neuquina. Para los dos próximos gobiernos, sería una forma de garantizar el ingreso de divisas del exterior a partir de 2026, ya que la exportación está planificada para iniciar dentro de tres años. 

También es una apuesta para Sierra Grande, una ciudad del sudeste de Río Negro, dentro del departamento San Antonio, a la que se llega por la ruta nacional 3. Se ubica al sur de Viedma y al norte de Puerto Madryn, Chubut, y a unos 28 kilómetros de la costa atlántica, donde se encuentra el balneario Playas Doradas, uno de los paraísos del Golfo San Matías.

A unos 50 kilómetros de Sierra Grande, sobre la costa, se encuentra el Complejo Islote Lobos, un área protegida de unas 4.000 hectáreas.

La Secretaría de Ambiente de Río Negro convocó a la audiencia pública en esta localidad porque es de las poblaciones más grandes en las inmediaciones de Punta Colorada, donde se construirá la terminal de tanques para almacenar el crudo de Vaca Muerta que transporte el oleducto desde la Cuenca Neuquina y la terminal portuaria para que los buques extranjeros carguen el petróleo en el mar del golfo San Matías.

Sierra Grande vivió durante unas décadas del Yacimiento de Hierro de Sierra Grande. La economía de la zona creció en torno a la mina de hierro desde finales de la década de 1960. Contaba con plantas de preconcentrado y concentrado, un ferroducto, talleres de mantenimiento, un área industrial y embarcadero. Sin embargo, la mina de hierro cerró. 

A diferencia de localidades costeras de Río Negro como Las Grutas, Sierra Grande se concentró en la mina de hierro y no explotó a fondo el turismo, si bien se realizan avistaje de cóndores en el mar, astroturismo, trekking y cuenta con la meseta de Somuncurá, una extensa formación de unas 1.600.000 hectáreas con características paisajísticas particulares.

Golfo Azul

Fabricio Di Giácomo es uno de los referentes de la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a habitantes de dos localidades cercana a Punta Colorada, Las Grutas y San Antonio Este, ambas ubicadas a unos 120 kilómetros al norte de donde se instalará la terminal portuaria para el oleoducto. 

La Multisectorial congrega a ciudadanos que viven del turismo, la conservación y la pesca en el golfo San Matías. También se sumaron la Pastoral Social de la Iglesia Católica, y comunidades originarias, como el pueblo mapuche.

Alguno de los ciudadanos que integran la Multisectorial, como la bióloga Raquel Perrier, madre de Di Giácomo, habían logrado detener la instalación de proyectos petroleros en la zona durante la década de 1990 cuando consiguieron la sanción de la ley 3.308, que prohibió cualquier tipo de tránsito de hidrocarburos por la costa del Golfo San Matías. Sin embargo, esa ley fue modificada en tiempo exprés en agosto de 2022 y se aprobó una nueva ley en septiembre que habilitó el proyecto Vaca Muerta Sur.

“Consideramos que es un proyecto que puede poner en riesgo la vida tal como la conocemos las comunidades costeras del Golfo San Matías y Península Valdés”, aseguró Di Giácomo a elDiarioAR. “Vivimos en relación directa con el mar, es nuestro hogar. La pesca y el turismo son actividades esenciales, regionales, sostenibles en el tiempo, que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida hace muchos años, justamente gracias a la ley 3.308 y hoy peligra no solamente la fuente de trabajo, no solamente nuestra forma de vida, sino también un ambiente único como el Golfo San Matías y Península Valdés, con especies protegidas, con áreas naturales protegidas, con parques nacionales, declarados Patrimonio de la Humanidad, como el caso de Península Valdés”, agrego el referente de la Multisectorial.

Contra la audiencia

La Multisectorial se presentará este jueves en la audiencia pública, pero la rechazan. “Decidimos presentarnos, no para validar la audiencia, sino para contemplarla como un hecho político y poder tener una instancia donde la gente, el Gobierno e YPF se enteren que somos muchos y muchas quienes no queremos contaminación en nuestro Golfo San Matías y en nuestra Península Valdés, que queremos un mar libre de petroleras”, afirmó Di Giácomo.

“Consideramos que la audiencia es fraudulenta, que es una farsa, un simulacro de participación, que no respeta nuestro derecho a la participación y el acceso a la información pública”, dijo Di Giácomo a elDiarioAR a pocas horas de congregarse en Sierra Grande jnto a otros integrantes de la multisectorial y de organizaciones ambientalistas. 

“Creemos que se está haciendo todo lo posible para impedir que la gente se pueda pronunciar y manifestar desde el comienzo, desde la modificación de la ley 3.308 de manera inconstitucional -que se hizo sin permitir el ingreso del público a la legislatura de Río Negro-, con un proyecto de ley bajado desde YPF, como lo contaron los mismos legisladores y legisladoras”, afirmó el referente de la Multisectorial.

Los opositores al proyecto tambien se oponen a la audiencia de este jueves porque cuestionan varios puntos en torno a ella, como, por ejemplo, que no se permitió que ciudadanos de otras provincias, como Chubut, pudieran exponer contra el proyecto y que el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional “no hayan realizado la  consulta previa a los pueblos originarios y a comunidades locales, como marca la legislación vigente; presentar el Estudio de Impacto Ambiental -que es lo que se va a exponer en la audiencia- de unas 4.000 páginas en un formato obsoleto intencionadamente, ya que imprimieron un documento digital en PDF, lo escanearon y lo subieron al acceso público para evitar así el correcto análisis del documento por parte de la ciudadanía”, aseguró Di Giácomo. 

La única forma de analizar cuestiones puntuales relacionadas con cómo puede afectar a los habitantes y el ecosistema de Las Grutas o Península Valdés en el Estudio de Impacto Ambiental es leer las 4.000 páginas, ya que no permite motores de búsqueda pero siempre y cuando sea posible descargar el archivo de 2 GB. Al ser en formato imágen su descarga ha sido difícil o impracticable, sostuvo Di Giácomo. La otra forma de leerlo era en formato CD, otra opción obsoleta. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades descargarlo, sin éxito.

“Algunas hojas del estudio son ilegibles, otras están escritas en inglés y en lenguaje muy técnico. Es una muestra verdadera de desinterés por parte de la Secretaría de Ambiente y el Gobierno de Río Negro de que la gente realmente se informe y tome conciencia del impacto que podría llegar a tener este proyecto”, aseguró Di Giácomo.

Nota: esta nota se modificó el 17 de agosto de 2023 a las 21:11 para corregir la cantidad de páginas del Estudio de Impacto Ambiental de 4.000 páginas y no de unas 5.000. También para dejar asentado que la mina de hierro cerró pero no por el agotamiento del recurso.

ED/DTC

El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EEUU, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU, Scott Bray, afirmaron este martes ante el Congreso estadounidense que están seguros de que sus militares se encontraron con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004.

Por primera vez en más de 50 años, el Congreso recibió una audiencia sobre ovnis en la que testificaron los responsables del Pentágono. Durante la sesión ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara Baja, varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era terminar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno así.

El presidente del subcomité, el demócrata André Carson, que representa un distrito de Indiana, recordó que hace más de medio siglo el Gobierno de EEUU puso punto final al proyecto 'Blue Book', que analizó 12.618 ovnis detectados por la Fuerza Aérea del país entre 1952 y 1969. En 2017, los legisladores supieron que el Departamento de Defensa había iniciado de forma discreta un proyecto similar para seguir lo que EEUU dejó de llamar ovnis para denominar fenómenos aéreos no identificados; y el año pasado el Congreso redactó las reglas para esta iniciativa.

El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EEUU, Moultrie, explicó que en el año fiscal 2022, que empezó en octubre pasado, el Pentágono creó una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encontronazo con ovnis o fenómenos de este tipo, que no siempre son objetos.

Mientras tanto, el subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU, Scott Bray, mencionó un informe oficial publicado hace casi un año donde se afirmaba que el país ha detectado entre 2004 y 2021 un total de 144 fenómenos aéreos no identificados, y añadió que esa cifra ha subido hasta 400. La razón de ese incremento es que los soldados comenzaron a informar más de este tipo de fenómenos, gracias al trabajo que se está haciendo para acabar con el estigma, el aumento de sistemas como drones en el espacio aéreo de EEUU y la mejora de los sensores y radares para detectarlos.

Bray señaló que, tras culminar el análisis, es probable que los ovnis caigan en categorías como interferencias en radares, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del Gobierno o la industria de EEUU o sistemas de adversarios extranjeros. “Y hay otra casilla que nos permite meter casos difíciles, y la posibilidad de sorpresas y de descubrimientos científicos potenciales”, ha remarcado. No descartó, además, que el número de 400 descienda, ya que algunas de esas alertas se basan solo en testimonios de personas, mientras que muchas otras están apoyadas por sistemas de medición más objetivos, como sensores o radares.

El legislador demócrata Adam Schiff indicó que el informe de junio del año pasado, difundido por la oficina de la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, recogía 18 fenómenos aéreos no identificados, que aparentemente disponían de una tecnología sofisticada y que volaron sin “ningún medio de propulsión discernible”. Por ello, preguntó a Bray si EEUU sabe de algún adversario extranjero capaz de hacer volar objetos sin un medio distinguible de propulsión.

“Simplemente diría que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación”, ha explicado Bray, quien ha agregado que este tipo de objetos son los que más les interesan. Durante la sesión, los responsables del Pentágono ilustraron sus palabras con vídeos de ovnis.

DA

Primero llegó Patricia Bullrich. Instantes después, Alberto Fernández. Ambos arribaron antes de las 12 del mediodía al juzgado civil 21, ubicado en Talcahuano 490. La audiencia de mediación fue convocada por el juez Luis Sáenz, a raíz de la denuncia realizada por el Presidente contra Bullrich. ¿Motivos? La jefa del PRO aseguró en televisión que el Gobierno había intentado obtener un retorno a cambio de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio estadounidense Pfizer.

Fernández y la exministra de Seguridad, sin embargo, no llegaron a cruzarse cara a cara. “Fue una parodia, el Presidente se escondió. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que quería decirle”, se quejó Bullrich.

La demanda del Presidente exige que la jefa del PRO se retracte de sus dichos. En la audiencia Bullrich hizo lo contrario. “¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, planteó La Piba.

El año pasado, Bullrich había sido más explícita en su denuncia sobre el supuesto pedido de coimas. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, aseguró en el canal LN+.

El presidente, ex ministro de Salud Ginés González García y el laboratorio Pfizer la desmintieron. Fernández avanzó con una denuncia. Y González García, también. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, retrucó entonces el ex ministro de Salud.

“Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19″, sostuvo el laboratorio a través de un comunicado. También lo hizo el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, en junio del año pasado, cuando expuso en el Congreso Nacional.

Ahora Bullrich matizó el tenor de su denuncia. “La opinión que yo di al respecto es que el presidente de la Nación debía saber que no se firmó un contrato fundamental para los argentinos. Él debía saberlo”, sostuvo este martes frente al palacio de Justicia.

Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, confirmó ante elDiarioAr que no hubo careo. Y lo justificó: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

“Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia”, agregó Dalbón, quien acompañó a Fernández en su excursión a los tribunales.

El año pasado, ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.

La Policía montó un operativo especial de seguridad con vallas. La audiencia coincidió con la manifestación de un grupo de “mujeres republicanas”, que todos los martes protesta frente a los Tribunales. Las mujeres aplaudieron a Bullrich cuando entraba al palacio. A pocos metros, otro grupito mostraba una bandera con la leyenda “Alberto es unidad”. 

AF

El presidente Alberto Fernández y la dirigente del PRO, Patricia Bullrich, llegaron minutos antes del mediodía al juzgado civil 21 para participar de la audiencia de conciliación, en el marco de una denuncia realizada por el jefe de Estado a la titular del PRO por difamación. La “Piba” enfrenta dos juicios luego de haber acusado al Gobierno nacional de haber pedido un retorno para favorecer la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por la compañía farmacéutica.

Antes de las 13, la exministra de Seguridad se retiró y confirmó ante los medios presentes que no hubo acuerdo ni encuentro “cara a cara”: “La audiencia no existió como tal, fue una parodia, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, dijo, al tiempo que confirmó que ratificó sus dichos ante la Justicia. “¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos. Yo lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, relató.

Frente al encuentro Fernández-Bullrich, la Policía había montado un operativo especial de seguridad, que incluyó un vallado en la zona donde un grupo de “mujeres republicanas” suele manifestarse cada martes.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le suma la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario.

La audiencia había sido fijada por el juez Luis Sáenz para las 12 en la sede del juzgado civil 21, en Talcahuano 490.

El objetivo del Presidente era que Bullrich se retracte de sus dichos. En caso de que no lo hiciera, como finalmente ocurrió, la causa avanzará y si la Justicia la encuentra culpable, la jefa del PRO podría tener que pagar una multa de 100 millones de pesos.

Este fue el segundo intento de mediación, ya que ambos habían sido citados el año pasado, cuando tampoco hubo acuerdo.

“La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo”, anunció Dalbón, en junio del año pasado, a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.

La conciliación de este martes era diferente a la anterior dado que la misma fue ante el juez del caso y, como la demandada no cambió de postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse si efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.

Bullrich había dicho en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un “socio local” en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un “retorno” a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.

Esas declaraciones fueron desmentidas por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.

El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener “interés” en bienes naturales o reservas del Banco Central.

“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”, aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían “hechos de gravedad institucional”, porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.

Con información de agencias.

MG

Con un arranque accidentado por problemas técnicos que obligaron a un cuarto intermedio, se realizó la segunda jornada de audiencias públicas para definir el aumento de tarifas de electricidad y gas. Al igual que ayer, la audiencia virtual se desarrolló en ausencia de los principales funcionarios del área. 

La segunda jornada, que giró en torno de los precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), estuvo presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras. Ayer ese rol lo ocupó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto. 

En una breve exposición inicial, Usandivaras explicó que actualmente el Estado subsidia el 81,85% del costo total de la demanda residencial de electricidad. Ayer Videla Oporto precisó que, en el caso del gas, ese dato es de 75,6%.

Por otra parte, se ratificó el esquema de segmentación ya planteado públicamente por el Gobierno, que dispone de la eliminación de los subsidios para el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo, una suba de hasta 21,27% anual para quienes tienen tarifa social y de hasta 42,7% para el resto de los usuarios. 

De acuerdo con el modelo teórico presentado, un usuario promedio sin tarifa social que pagaba $1.315 en enero pasó a desembolsar $1.610 en marzo, luego de que se aplicara el primer tramo de ajuste, a cuenta del porcentaje definido para todo el año. “Después de considerar los planteos que surjan de esta audiencia, pasará a costar $1.876”, se informó, dejando en evidencia el carácter no vinculante de la instancia de debate.  

La exdiputada María José Lubertino fue la primera en exponer de la lista de 49 oradores, que disponen de 8 minutos cada uno. En representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán y del secretario de Energía, Darío Martínez, y consultó si al menos estaban “escuchando” las exposiciones. 

“Muchos tenemos expectativa de que este Gobierno marque una diferencia con el anterior, y que las cuestiones que se planteen en esta audiencia se tengan en cuenta; que sea una instancia de participación ciudadana y no un trámite formal”, apuntó. Por otro lado, recuperó extractos de una solicitada que fue publicada este miércoles por distintas organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que “el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas”. 

Jimena Latorre, diputada de Juntos por el Cambio, dijo en su intervención que, “después de un enorme esfuerzo” de la gestión de Mauricio Macri, en 2019 un usuario pagaba casi 80% del costo eléctrico y más de 90% del costo del gas. “Este problema estaba prácticamente resuelto”, señaló, y cuestionó que por “torpeza” del Gobierno actual se hubiera revertido la situación de los subsidios. Latorre señaló, además, que el informe presentado por el Ejecutivo “no dice nada del gasto fiscal” del esquema propuesto y que “seguramente” no se le podrá hacer frente con los recursos del Estado. 

Federico Méndez habló en representación de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. Dijo que la actualización propuesta es solo para el costo estacional de la energía, que representa el 58% del costo final de las boletas. El resto es el valor agregado de distribución (donde interviene Edenor), el transporte y los impuestos. “Es un tratamiento desigual e injusto para el resto de los segmentos de la cadena y puede tener consecuencias en la provisión del servicio y llevar a la judicialización de la situación”, sostuvo. Según precisó, la distribución eléctrica recibió un aumento solo del 30% entre enero de 2019 y marzo de 2022.  

“Resulta llamativo el caso de YPF, una empresa del Estado que ajustó sus precios 223%” en el mismo período, cuestionó Méndez. “Es decir que el Estado decidió cuidar sus propios precios a pesar del impacto que el aumento de la nafta tiene sobre el resto de los precios de la economía, es decir, sobre la inflación”.

Para el ejecutivo, “los ingresos disponibles en los hogares son limitados” y “que otros servicios aumenten el 100% o 200% y la distribución eléctrica solo 30% es injusto, arbitrario e inconstitucional”. “Lo más grave es que pone en riesgo la calidad del servicio y posibles apagones”, apuntó.

Mañana se realizará la última jornada de audiencia pública, que estará centrada en el esquema de segmentación. 

DT

El Gobierno nacional llevará adelante a partir del martes tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1° de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

Así inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.

En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de las 10-, que será llevada a cabo a través de la Plataforma Webex, discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El miércoles, por su parte, tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

El jueves, en tanto, debatirán la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

En este tema, el Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo “el sesgo pro rico y las ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público”.

En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a “proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago”, e incentivar a su vez la “adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental”.

Para los usuarios residenciales será considerado como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos”, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos.

¿Cómo serán las actualizaciones tarifarias?

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, lo que implica correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

Para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

La franja de 10% de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

Los subsidios

El cruce de la información abordó lo disponible por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio.

Si se toman como referencia los suministros, en este segmento incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.

En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.

A estas cifras, la Secretaría de Energía llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización.

Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.

En cuanto a los criterios socioeconómicos, identificaron la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

MB con información de agencia de noticias Télam

En medio de la fuerte interna del Frente de Todos, se celebrarán esta semana las audiencias públicas que determinarán los nuevos aumentos en las tarifas de gas y de luz, a partir de la quita de subsidios a la generación de electricidad y a la producción de gas. Además, se evaluará en otra audiencia la segmentación de tarifas.

En la audiencia del martes 10 se tratará el precio de la producción de gas; en la del miércoles 11, de la generación de electricidad, y en la del jueves 12, la segmentación de tarifas. Las propuestas del Gobierno Nacional ya son públicas.

De aprobarse esos esquemas, en materia de luz, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá una suba del 6% para los usuarios de la tarifa social, y del 17% en promedio para la gran mayoría de los usuarios residenciales. En el caso del gas, las subas serán del 21% para la mayoría y serán nulas para los usuarios de tarifa social. En el caso del 10% más rico de la sociedad, que se quedaría sin subsidios, los aumentos podrían ser del 250%.

La audiencia del 12 tratará justamente la segmentación de tarifas. El Gobierno entiende que el esquema actual otorga los mayores subsidios a quienes más consumen, que históricamente son aquellos de mayor poder adquisitivo. Hay consenso para aplicar una reforma progresiva, aunque muchos ponen en duda que la metodología elegida sea la correcta, ya que utiliza criterios geográficos, en lugar de evaluar consumo.

La propuesta del Gobierno se basa en que los usuarios de tarifa social reciban aumento del 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; que la mayor parte de los usuarios tengan subas del 80% del CVS, y que el 10% más rico de la sociedad se quede sin subsidio alguno.

José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que nuclea a más de 200 cooperativas del sector, opinó en diálogo con elDiarioAR: “No cabe duda alguna que balancear los números entre los costos reales de generación a partir de los efectos geopolíticos de una guerra, una pandemia, una inflación elevada, un acuerdo con el FMI por una deuda casi impagable, una disputa política con la oposición, una interna del oficialismo y la capacidad de pago de los consumidores de un servicio público, imprescindible y considerado derecho humano es más que difícil. Casi una empresa imposible, pero hay que lograrlo”.

En tal sentido, “la segmentación tarifaria debería ajustar tarifas y quitas de subsidios a quienes pueden pagar la energía, cubriendo la lógica necesidad de las tarifas sociales a los sectores con dificultades”.

El primer round de la interna: Basualdo vs Rigo y Morra

La interna del Frente de Todos se trasluce en la cuestión energética. Fue en 2021 el primer fusible que saltó de manera pública, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, uno de los principales alfiles del sector energético de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Finalmente, Basualdo se sostuvo en el cargo.

Hoy, con la interna prendida fuego, discutir la cuestión de las tarifas puede ser explosivo. En las últimas semanas, se filtraron cartas internas que exponen esta situación. La primera estaba firmada por el propio Basualdo, quien criticó que con la quita de subsidios “sólo alcanzaría a recaudarse un monto máximo de 163.463 millones de pesos, valor que implicaría una reducción de subsidios de apenas un 13% para este año”.

La respuesta llegó por parte del secretario de Hacienda Raúl Rigo, hombre de Guzmán, quien aseguró que ese ahorro sería valioso y lo comparó con otras erogaciones del Estado. Planteó que duplicaría la Tarjeta Alimentar, quintuplicaría el programa Potenciar Trabajo o alcanzaría para seis meses de la Asignación Universal por Hijo, entre otras.

Basualdo también advirtió que “los incrementos propuestos, tanto para el segmento comercial como el industrial, atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.

Ese guante lo recogió el secretario de Política Económica Fernando Morra, quien minimizó la preocupación de Basualdo: “El país recuperó en un año todo lo perdido en la pandemia. Este proceso se espera que continúe en lo que va de 2022, con la estimación de un piso de crecimiento de alrededor de un 4%”.

Deudas y subsidios

Según el último informe de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, durante marzo los subsidios energéticos costaron $ 305 mil millones -una suba interanual del 190,5%- y se dirigieron “principalmente a la empresa CAMMESA”, a la cual se destinaron $ 265 mil millones; es decir, el 87% del total.

El Estado triplica el ya altísimo nivel de subsidios a CAMMESA (donde las distribuidoras compran la energía eléctrica que después venden a los usuarios) en buena medida porque las empresas de distribución no pagan la energía que compran y venden. Según un detalle al que tuvo acceso elDiarioAR, las distribuidoras deben en total $354.000 millones a CAMMESA. De ese monto, $147.000 millones corresponden a deudas de Edenor y Edesur. Las empresas del Grupo DESA (Edea, Edes, Eden y Edelap) suman deudas por $ 53.000 millones. En otras palabras, 5 de cada 10 pesos que se le deben a CAMMESA están a nombre de Edenor, Edesur o Grupo DESA.

En cuanto a los destinos del resto de los subsidios de marzo, se encuentran la empresa bajo control del Estado IEARSA ($ 21.283,8 millones), el Plan Gas ($ 5.705 millones), la tarifa social y expansión de redes ($ 4.966 millones) y a la asistencia a empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo ($ 3.236 millones), entre los principales.

En marzo, además, unos $ 400 millones fueron para las distribuidoras de gas. En los últimos 12 meses, los subsidios a las distribuidoras de gas sumaron casi $ 20.000 millones.

Para el titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, el aumento es desmedido: “Estamos de acuerdo con la segmentación. Abonamos al concepto ideológico de la pobreza energética. Pero cuando se analiza lo que quieren hacer, si se suma a los aumentos de marzo y se proyecta la inflación habrá una suba del 60% en luz y gas, y para el grupo pequeño que queda sin subsidios, hasta del 800%”.

Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, planteó: “No debe haber ningún aumento porque se está aumentando sobre la base de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo. Avalar un aumento sobre esa base es legitimar la política de (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren”.

El Gobierno tiene hasta fin de año para preparar la nueva RTI, según resoluciones del ENRE y del Enargas, que declararon en 2020 nula la RTI del macrismo.

El rechazo de las organizaciones de defensa al consumidor

El conjunto de las organizaciones de defensa al consumidor firmó una solicitada en la cual se rechaza cualquier tipo de aumento sobre las tarifas energéticas. El texto lleva la firma de la CGT y la CTA y de distintas organizaciones de la sociedad civil. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a realizarse del 10 al 12 de mayo”, comienza el escrito.

El reclamo de las organizaciones se repite y se basa en los costos de producción, que no son públicos ni claros. “Para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”, apuntan.

Es en este contexto, “llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la cuestión de la energía es un capítulo central”, ya que “en el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas”.

“Exhortamos al Secretario de Energía, al Ministro de Economía y al Presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía”, finaliza el escrito.

JR/CC

El sector energético se encuentra convulsionado, con los tableros pateados tanto por la política exterior como la interior. Por un lado, la guerra en Europa disparó los precios. Por otra parte, las internas en el Gobierno no permiten definir un rumbo claro. En el medio, las poderosas empresas del sector reclaman mayor rentabilidad.

La próxima parada es la audiencia pública que determinará no solo nuevos aumentos, sino también los lineamientos concretos de la segmentación de tarifas. Las organizaciones de defensa del consumidor ya movieron la primera pieza y pidieron que Martín Guzmán presida la nueva audiencia, mientras los organismos oficiales eligen el silencio.

Si bien estaba estipulada en principio para fines de abril, las organizaciones de defensa al consumidor esperan que la nueva audiencia pública para definir los precios del gas y la segmentación de tarifas se convoque en estas horas, para mediados de mayo, con la intención de que empiece a regir en junio. En este marco, elevaron una nota al Ministerio de Economía, en la que piden básicamente dos cosas: que la audiencia sea presencial, sin cupo; y que sea presidida por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Una de las organizaciones firmantes es la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezada por Claudio Boada, quien habló al respecto con elDiarioAR: “El intrincado laberinto de la segmentación fue diseñado por el Ministerio de Economía y en el marco del acuerdo con el FMI. Por tanto, creemos que en lugar de delegar a la Secretaría de Energía, es el propio Guzmán quien debe encabezar la audiencia y dar todas las explicaciones del caso”.

Con respecto a la presencialidad, expresó: “Creemos que mucha gente quiere participar y, si bien la virtualidad ayudó en su momento, también tiene sus limitaciones. Se está planteando una quita de subsidios en base a ubicación geográfica y no se tiene en cuenta ningún otro tipo de cuestión; por ejemplo, si la persona es propietaria o alquila. Es importante que haya mucha participación en la audiencia para que se visibilicen estos cuestionamientos porque lo que salga de ahí va a marcar el rumbo para todo el país”, planteó Boada.

Ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Energía aseguraron no tener novedades sobre el asunto.

La interna energética

La Secretaría de Energía se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que no solo busca segmentar las tarifas, sino que tendría la intención de buscar aumentos más importantes, que ayuden a reducir el déficit fiscal que ostenta el esquema energético, agravado por la disparada de precios provocada por el conflicto bélico europeo.

Desde el sector kirchnerista del Gobierno, entienden que no hay lugar para ningún tipo de aumento en las tarifas y, bajo protesta, estarían dispuestos a aceptar subas en el orden del 20% como máximo, ya estipuladas después de las audiencias de enero y febrero. Aunque minoritario en el sector, el kirchnerismo maneja tanto la intervención del ENRE como la dirección del Enargas y la presidencia de YPF, a través de Pablo González.

Un exfuncionario de Energía -del actual gobierno, pero anterior a la gestión de Darío Martínez- advirtió a este medio: “La clave de las audiencias es lo que pase después: cuánto aumento se otorgará y si los entes reguladores luego lo avalarán. En este contexto, hay chances de que no lo avalen”. Este escenario abriría las puertas a una nueva contienda entre las distintas corrientes de la coalición gobernante. Cabe recordar que la primera disputa fuerte se dio justamente en el sector energético, con un aumento impulsado por Guzmán que debió dar marcha atrás, en 2021.

Por qué una nueva audiencia

A partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, celebrado en marzo último, se propone que los incrementos en las tarifas tengan relación con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS, elaborado por el Indec). En 2021, subió un 53,4 por ciento. Para los beneficiarios de tarifa social, la suba sería equivalente al 40% del CVS; es decir, un aumento del 20% en la tarifa, en línea de lo ya aprobado en audiencias públicas de enero y febrero. Para el resto de los residenciales, la suba será equivalente al 80% del CVS; es decir, en torno al 40% en la tarifa. Por último, habrá un 10% de usuarios que no tendrán subsidio alguno. Se trata de los estratos más pudientes de la sociedad, que verán sus tarifas duplicadas.

Como en los dos últimos casos se supera a lo establecido en las audiencias públicas anteriores, la Secretaría de Energía llamará a una nueva audiencia, a celebrarse a fines de abril. Sin embargo, los tiempos se dilatan y todavía no hay llamado. El objetivo es que el nuevo esquema entre en vigencia desde el 1 de junio, por lo cual los márgenes no son muy amplios.

JR/CC

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó para el 17 de febrero próximo a una audiencia pública en la que se prevé analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario del servicio, tanto en el tramo mayorista como el que regirá de manera transitoria para las concesionarias Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La audiencia comenzará a las 8 y se realizará de manera virtual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 25/2022 del Ente publicada hoy en el Boletín Oficial.

En la ocasión, se expondrá el Régimen de Transición Tarifaria 2022 propuesto por Edenor y Edesur.

Asimismo, se analizará la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como del precio estabilizado del transporte para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstdf), junto al Régimen de Transición Tarifaria propuesto por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

En el mismo orden, se escucharán las propuestas de las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa.

El ENRE precisó en un comunicado que el objetivo de la audiencia es el de “brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias”.

Esa solución transitoria se dará bajo la premisa de sostener “la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”, añadió.

“Los Regímenes de Transición que resulten de la realización de la Audiencia Pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación”, indicó al respecto.

El ENRE hizo referencia en el comunicado a los aumentos de tarifas aplicados durante la Presidencia de Mauricio Macri.

Sobre ese aspecto, señaló que junto con la Secretaría de Energía “continúa trabajando en propuestas de Regímenes Transitorios orientados a revertir las consecuencias que los tarifazos de la gestión anterior y a continuar el camino de recuperación de la económica de los hogares, los comercios y las pymes”.

La convocatoria se enmarca en el propósito del Gobierno de adecuar las tarifas de los servicios públicos de electricidad y de gas con incrementos porcentuales inferiores a los de la inflación proyectada.

En ambos casos, se prevé que los aumentos tarifarios se aplicarán de manera segmentada, según la capacidad adquisitiva de los usuarios.

En ese sentido, en los anexos de la resolución, el ENRE subrayó que los planes de inversión y las proyecciones financieras de las concesionarias deberán contar como premisas macroeconómicas una Inflación anual del 33% y una cotización del dólar al cierre del año de $131,1, en línea con lo establecido en el proyecto de ley de Presupuesto, que finalmente fue rechazado por la oposición en la Cámara de Diputados.

Esos incrementos, además de tratar de subsanar los atrasos tarifarios, busca atenuar el impacto del gasto en subsidios a sectores económicos, que en 2021 representaron erogaciones superiores al déficit primario.

El proyecto de Presupuesto destinaba para este año $873.397 millones en subsidios al sector energético, una suma equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PIB), por debajo de los $878.481 millones del año pasado, según el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En los aspectos referidos a los precios del mercado mayorista y de transporte, la audiencia será presidida de manera conjunta o alternada por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, José Basualdo, o los funcionarios que eventualmente designasen en su reemplazo.

En cuanto al análisis de las propuestas de las distribuidoras, la audiencia pública será presidida por la interventora del ENRE, María Soledad Manín.

La participación está abierta a “toda persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva”, conforme los requisitos previstos en el procedimiento de audiencia pública, se indicó en la resolución.

Para ello, deberán inscribirse en el Registro de Participantes, a través de la página web del ENRE, entre la hora cero del 31 de enero y las 23:59 del 14 de febrero.

Con información de agencias.

IG

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizará este miércoles la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022, en el que el Gobierno prevé autorizar incrementos inferiores a la inflación prevista, con una segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios.

En la audiencia del 19 de enero, que se llevará a cabo en la modalidad remota, se pondrán en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas.

Las empresas alcanzadas en esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas, en tanto en la faz de transporte están TGS (Tranportadora de Gas del Sur y TGN (Transportadora de Gas del Norte).

Posteriormente, el lunes 31 de enero, se prevé debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol de las audiencias y sostuvo que “cuando lleguemos al final de este camino y tengamos ya una tarifa renegociada que sea justa, razonable y asequible, vamos a valorar estas audiencias como hitos fundamentales de expresión popular”.

Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, había ratificado días atrás que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicaría en torno al 20% promedio, aunque las empresas distribuidoras de gas natural anticiparon diferentes propuestas que implicarían actualizaciones del 76% al 119%.

Esa suba del 20% no se aplicará de manera uniforme entre todos los usuarios sino de manera segmentada según su capacidad económica, con criterios que aún no se terminaron de definir.

La discusión se enmarca en el objetivo del Gobierno de aplicar una reducción de los subsidios energéticos, que representan aproximadamente dos tercios del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios.

FS con información de Télam

Se verán las caras, aunque sea por zoom en esta época de pandemia, en una audiencia de mediación el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich. El motivo: la demanda iniciada por el Jefe de Estado a raíz de la acusación pública sobre supuestos pedidos de retornos a Pfizer para la compra de vacunas que lanzó la ex ministra macrista. La cita será a las 13.

“La mediación previa será en modalidad Zoom. Lo que se diga en ella será confidencial, aunque Bullrich ratificó públicamente que llevará pruebas a la justicia y dijo que no se rectificará”, informó el abogado Gregorio Dalbón, quien representa al mandatario, en su cuenta en la red social Twitter. Dalbón afirmó que “la demanda está lista” y que “el presidente Alberto Fernández quiere estar presente”.

“Veremos si @PatoBullrich le dice en la cara al Presidente @alferdez que su Gobierno recibió o solicitó retornos o intermediarios en la negociación con el laboratorio Pfizer. Es fácil difamar por televisión”, dijo el abogado, y se preguntó si la exministra de Seguridad “desmentirá a Pfizer”.

El Presidente envió días atrás una carta documento a la jefa del PRO para dar inicio a la acción civil que presentará por difamación, luego de que la dirigente especulara con que el Gobierno pretendería “retornos” del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas contra el coronavirus.

“Comunico que, como me instruyó el Presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda”, informó Dalbón el día en que envió la carta documento.

Se trata de la segunda carta documento dirigida a la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri por este tema, ya que también le llegó una de parte del exministro de Salud Ginés González García, para que se retracte de las acusaciones en su contra.

Tras los dichos de Bullrich, el propio laboratorio salió a desmentirla e indicó en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos”, afirmación que sus representantes sostuvieron en una reunión con legisladores en el Congreso de la Nación.

En la audiencia con los laboratorios convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, insistió en que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios” en las negociaciones con Argentina por las vacunas. Y afirmó que el laboratorio “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado”.

Dalbón aseguró que el daño de las acusaciones de la titular del PRO es “incalculable” ya que, con más de 80 mil muertes, hablar de retornos o sobornos es “gravísimo”.

El Presidente ya adelantó que cualquier eventual indemnización será donada al Instituto Malbrán.

Bullrich había dicho en declaraciones al canal La Nación+: “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.

DA