Tarifas: las audiencias definen las nuevas subas y cómo sigue la pelea en el Gobierno por la energía
En medio de la fuerte interna del Frente de Todos, se celebrarán esta semana las audiencias públicas que determinarán los nuevos aumentos en las tarifas de gas y de luz, a partir de la quita de subsidios a la generación de electricidad y a la producción de gas. Además, se evaluará en otra audiencia la segmentación de tarifas.
En la audiencia del martes 10 se tratará el precio de la producción de gas; en la del miércoles 11, de la generación de electricidad, y en la del jueves 12, la segmentación de tarifas. Las propuestas del Gobierno Nacional ya son públicas.
De aprobarse esos esquemas, en materia de luz, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá una suba del 6% para los usuarios de la tarifa social, y del 17% en promedio para la gran mayoría de los usuarios residenciales. En el caso del gas, las subas serán del 21% para la mayoría y serán nulas para los usuarios de tarifa social. En el caso del 10% más rico de la sociedad, que se quedaría sin subsidios, los aumentos podrían ser del 250%.
La audiencia del 12 tratará justamente la segmentación de tarifas. El Gobierno entiende que el esquema actual otorga los mayores subsidios a quienes más consumen, que históricamente son aquellos de mayor poder adquisitivo. Hay consenso para aplicar una reforma progresiva, aunque muchos ponen en duda que la metodología elegida sea la correcta, ya que utiliza criterios geográficos, en lugar de evaluar consumo.
La propuesta del Gobierno se basa en que los usuarios de tarifa social reciban aumento del 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; que la mayor parte de los usuarios tengan subas del 80% del CVS, y que el 10% más rico de la sociedad se quede sin subsidio alguno.
José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que nuclea a más de 200 cooperativas del sector, opinó en diálogo con elDiarioAR: “No cabe duda alguna que balancear los números entre los costos reales de generación a partir de los efectos geopolíticos de una guerra, una pandemia, una inflación elevada, un acuerdo con el FMI por una deuda casi impagable, una disputa política con la oposición, una interna del oficialismo y la capacidad de pago de los consumidores de un servicio público, imprescindible y considerado derecho humano es más que difícil. Casi una empresa imposible, pero hay que lograrlo”.
En tal sentido, “la segmentación tarifaria debería ajustar tarifas y quitas de subsidios a quienes pueden pagar la energía, cubriendo la lógica necesidad de las tarifas sociales a los sectores con dificultades”.
El primer round de la interna: Basualdo vs Rigo y Morra
La interna del Frente de Todos se trasluce en la cuestión energética. Fue en 2021 el primer fusible que saltó de manera pública, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, uno de los principales alfiles del sector energético de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Finalmente, Basualdo se sostuvo en el cargo.
Hoy, con la interna prendida fuego, discutir la cuestión de las tarifas puede ser explosivo. En las últimas semanas, se filtraron cartas internas que exponen esta situación. La primera estaba firmada por el propio Basualdo, quien criticó que con la quita de subsidios “sólo alcanzaría a recaudarse un monto máximo de 163.463 millones de pesos, valor que implicaría una reducción de subsidios de apenas un 13% para este año”.
La respuesta llegó por parte del secretario de Hacienda Raúl Rigo, hombre de Guzmán, quien aseguró que ese ahorro sería valioso y lo comparó con otras erogaciones del Estado. Planteó que duplicaría la Tarjeta Alimentar, quintuplicaría el programa Potenciar Trabajo o alcanzaría para seis meses de la Asignación Universal por Hijo, entre otras.
Basualdo también advirtió que “los incrementos propuestos, tanto para el segmento comercial como el industrial, atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.
Ese guante lo recogió el secretario de Política Económica Fernando Morra, quien minimizó la preocupación de Basualdo: “El país recuperó en un año todo lo perdido en la pandemia. Este proceso se espera que continúe en lo que va de 2022, con la estimación de un piso de crecimiento de alrededor de un 4%”.
Deudas y subsidios
Según el último informe de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, durante marzo los subsidios energéticos costaron $ 305 mil millones -una suba interanual del 190,5%- y se dirigieron “principalmente a la empresa CAMMESA”, a la cual se destinaron $ 265 mil millones; es decir, el 87% del total.
El Estado triplica el ya altísimo nivel de subsidios a CAMMESA (donde las distribuidoras compran la energía eléctrica que después venden a los usuarios) en buena medida porque las empresas de distribución no pagan la energía que compran y venden. Según un detalle al que tuvo acceso elDiarioAR, las distribuidoras deben en total $354.000 millones a CAMMESA. De ese monto, $147.000 millones corresponden a deudas de Edenor y Edesur. Las empresas del Grupo DESA (Edea, Edes, Eden y Edelap) suman deudas por $ 53.000 millones. En otras palabras, 5 de cada 10 pesos que se le deben a CAMMESA están a nombre de Edenor, Edesur o Grupo DESA.
En cuanto a los destinos del resto de los subsidios de marzo, se encuentran la empresa bajo control del Estado IEARSA ($ 21.283,8 millones), el Plan Gas ($ 5.705 millones), la tarifa social y expansión de redes ($ 4.966 millones) y a la asistencia a empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo ($ 3.236 millones), entre los principales.
En marzo, además, unos $ 400 millones fueron para las distribuidoras de gas. En los últimos 12 meses, los subsidios a las distribuidoras de gas sumaron casi $ 20.000 millones.
Para el titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, el aumento es desmedido: “Estamos de acuerdo con la segmentación. Abonamos al concepto ideológico de la pobreza energética. Pero cuando se analiza lo que quieren hacer, si se suma a los aumentos de marzo y se proyecta la inflación habrá una suba del 60% en luz y gas, y para el grupo pequeño que queda sin subsidios, hasta del 800%”.
Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, planteó: “No debe haber ningún aumento porque se está aumentando sobre la base de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo. Avalar un aumento sobre esa base es legitimar la política de (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren”.
El Gobierno tiene hasta fin de año para preparar la nueva RTI, según resoluciones del ENRE y del Enargas, que declararon en 2020 nula la RTI del macrismo.
El rechazo de las organizaciones de defensa al consumidor
El conjunto de las organizaciones de defensa al consumidor firmó una solicitada en la cual se rechaza cualquier tipo de aumento sobre las tarifas energéticas. El texto lleva la firma de la CGT y la CTA y de distintas organizaciones de la sociedad civil. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a realizarse del 10 al 12 de mayo”, comienza el escrito.
El reclamo de las organizaciones se repite y se basa en los costos de producción, que no son públicos ni claros. “Para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”, apuntan.
Es en este contexto, “llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la cuestión de la energía es un capítulo central”, ya que “en el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas”.
“Exhortamos al Secretario de Energía, al Ministro de Economía y al Presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía”, finaliza el escrito.
JR/CC
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