Privatizar AySA: un negocio que pone en riesgo el derecho al agua potable

En el marco de un proceso sostenido de desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas públicas, el Gobierno nacional avanza con la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una empresa clave para garantizar la realización de cloacas, acceso al agua y saneamiento ambiental que impacta en la vida de millones de personas.

Junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para proteger el derecho humano al agua potable. Esta privatización privilegia la rentabilidad financiera por sobre el interés público y pone en riesgo la continuidad de obras críticas, como las vinculadas al Sistema Riachuelo.

Además, esta medida se realiza sin una evaluación integral de sus impactos. No existe una auditoría pública que permita conocer el estado de las obras pendientes, las contingencias sanitarias, los pasivos ambientales o las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

A ello se suma una preocupante falta de transparencia. La información técnica del proceso fue restringida a un “Data Room” confidencial destinado únicamente a potenciales oferentes, impidiendo el acceso de la ciudadanía a datos de interés público y vulnerando la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y el Acuerdo de Escazú. Del mismo modo, tampoco se convocó a una audiencia pública que permitiera debatir una decisión que impactará sobre un derecho humano fundamental y sobre un servicio esencial para millones de personas.

Esta forma de gobernanza del agua se inscribe en un proceso más amplio de debilitamiento de las políticas ambientales y de los mecanismos de participación ciudadana. Durante el primer año del Gobierno de Javier Mieli, las partidas presupuestarias destinadas al ambiente registraron recortes de entre el 34% y el 81%, afectando programas clave para la protección de los ecosistemas, el control ambiental y la adaptación al cambio climático.

La misma lógica quedó en evidencia durante el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, convirtiéndola en la más grande de la historia a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de quienes solicitaron intervenir no pudieron participar. Pese a esa contundente expresión ciudadana, el Congreso avanzó con la aprobación de la reforma.

La privatización de AySA, el desfinanciamiento de las políticas ambientales y el vaciamiento de los espacios de participación forman parte de un mismo mecanismo: la reducción del rol del Estado y la falta de garantías a los derechos humanos en pos de privilegiar intereses económicos.

El acceso al agua no puede ser visto como una mercancía. Es un derecho humano fundamental que el Estado no puede ni debe privatizar.

Cristian Fernández es coordinador de Legales de FARN