El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó la postura del Gobierno de Javier Milei de apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por un tribunal federal norteamericano.

“La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, manifestó el representante argentino durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Washington.

Este pronunciamiento se produjo horas antes de que la Justicia norteamericana admitiera que el Cartel de los Soles, que había sido declarada meses atrás organización terrorista por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para alinearse a Donald Trump, en realidad nunca existió, a pesar de haber sido utilizado durante años como acusación contra Maduro.

Durante la sesión extraordinaria, Cherniak dijo que espera que los acontecimientos recientes “representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y que “abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

El representante argentino aprovechó la ocasión para criticar a la OEA por “el silencio” ante la violación a los Derechos Humanos que tenían lugar en Venezuela.

“Hemos sido claros en varias oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraban y denunciaban prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el mismo propósito de esta organización”, manifestó.

Para Cherniak, “los enormes desafíos generados por los cambios en Venezuela se deben traducir en una acción común para que el flagelo del narcoterrorismo deje de azotar a nuestros habitantes y haya democracia, respeto a los derechos humanos y libertad, permitiendo así una verdadera paz en la región”.

El diplomático reclamó también por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre del 2024 por el gobierno bolivariano.

“Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas. En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo”, exigió.

“En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, enfatizó.

El mismo posicionamiento a favor de la intervención norteamericana había expresado ayer el embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad del organismo.

El Gobierno de Javier Milei agradeció este viernes a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la aprobación, como todos los años, de una resolución que insta al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas.

“Por unanimidad y por aclamación, la OEA adoptó una nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el respaldo regional al llamado a reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas son argentinas”, publicó la Cancillería argentina en su perfil de la red social X.

El mensaje llegó poco después de que la 55 Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda, aprobara por aclamación la resolución que cada año presenta Argentina sobre la disputa por las Malvinas, que fueron ocupadas por el Reino Unido en 1833.

El texto “reafirma la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia”.

Los países de la OEA expresaron “su satisfacción” por la voluntad de Argentina de “continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas”.

Además, se comprometieron de nuevo “a continuar examinando la Cuestión de las Islas Malvinas en los sucesivos periodos de sesiones de la Asamblea General, hasta su solución definitiva”.

El representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, denunció este viernes que el Reino Unido “sigue negándose al diálogo” y apuntó que, según Naciones Unidas, “el derecho a la libre autodeterminación no es aplicable a la cuestión de las islas Malvinas”.

A la vez, dijo que Argentina “mantiene una actitud constructiva con los habitantes de Malvinas, teniendo en cuenta sus intereses y respetando su modo de vida”, algo que está reflejado en la Constitución argentina.

En abril de este año, en ocasión del aniversario del comienzo de la guerra por las islas en 1982, Milei insistió en el “reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas” y se comprometió una vez más a “agotar todos los recursos diplomáticos para que vuelvan a manos argentinas”.

La pugna por la soberanía de las Malvinas derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición argentina y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

Desde entonces, el Reino Unido rechazó los reclamos argentinas sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios “pendientes de descolonización”.

Con información de la agencia EFE

En una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la embajadora argentina ante el organismo, Sonia Cavallo, presentó una enérgica postura en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La diplomática, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo y representante del gobierno de Javier Milei ante esta institución, solicitó “tomar medidas” para restaurar la democracia y reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo, en línea con los resultados informados por la oposición venezolana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La investidura unilateral de Nicolás Maduro en Venezuela es un claro atentado contra la democracia”, afirmó Cavallo. La embajadora destacó que esta situación representa una violación flagrante a la Carta Democrática Interamericana, que garantiza el derecho de los pueblos a gobiernos democráticos y exige a los Estados miembros su defensa.

El informe de la CIDH, presentado recientemente, documentó lo que Cavallo calificó como una “estrategia represiva” del régimen para perpetuarse en el poder. Este informe concluye que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio con el respaldo del 83,5 % de las actas válidas recolectadas por la oposición.

“La Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y atropellos del régimen de Maduro”, subrayó la embajadora, recordando las palabras del presidente Javier Milei al respecto.

Cavallo enumeró una serie de actos que ilustran las violaciones sistemáticas del régimen de Maduro, incluido el caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien fue detenido arbitrariamente el 8 de diciembre y permanece desaparecido. La embajadora calificó este hecho como un caso de desaparición forzada, constitutivo de crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“La detención de Gallo es una clara violación de las normas internacionales”, denunció. Además, recordó que la CIDH emitió medidas cautelares para proteger su vida e integridad, considerando el riesgo de daño irreparable que enfrenta en Venezuela.

Otro punto crítico señalado por Cavallo fue el hostigamiento a la Embajada Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados ciudadanos venezolanos. Según la embajadora, estas personas han sufrido cortes de agua, luz, alimentos y medicamentos, así como la presencia intimidante de francotiradores en las inmediaciones.

“La violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es flagrante”, sostuvo, destacando que el régimen venezolano no ha emitido los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan abandonar el país.

En su discurso, Cavallo reafirmó el compromiso de la Argentina con los valores democráticos y los derechos humanos en la región. “Tenemos la obligación de tomar medidas para que los usurpadores del poder no continúen arrebatando un día más la esperanza de sus ciudadanos”, concluyó, reiterando el apoyo de su país a la lucha del pueblo venezolano por recuperar la democracia.

El posicionamiento argentino en la OEA deja en claro que el país no solo condena las acciones de Maduro, sino que exige respuestas concretas de la comunidad internacional. La declaración conjunta firmada por 14 países refuerza este llamado, subrayando la urgencia de proteger los derechos y libertades del pueblo venezolano.

JJD

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, viajará hoy a Washington, Estados Unidos, para asistir a la sesión de emergencia convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se debatirá una resolución para instar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que le permita a la oposición contar los votos.

El tema Venezuela acaparó gran parte de la reunión de gabinete que encabezó esta mañana el presidente Javier Milei, en medio del hostigamiento que recibía la Embajada de la Argentina en ese país tras los resultados electorales -presuntamente- favorables para Maduro. 

El viaje de Mondino se da también luego de un nuevo comunicado por parte de la Cancillería en el que repudió el “hostigamiento” a su sede diplomática en suelo venezolano a partir de la decisión de Maduro de “interrumpir el suministro eléctrico”. 

A su vez, en el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino hizo “un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados”. 

También advirtió al gobierno de Venezuela sobre “cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma”

Más temprano, en su conferencia de prensa habitual matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, contó que el Ejecutivo abrió un canal de diálogo con autoridades diplomáticas venezolanas para negociar garantías para los seis asilados en el país caribeño. 

La acción se conoce en el marco del ultimátum de 72 horas que realizó el líder chavista a la delegación diplomática argentina para que abandone el país. Fuentes diplomáticas revelaron a la agencia Noticias Argentinas que “todo está siendo evaluado”, y que aún “no hay ninguna definición al respecto”.

El domingo pasado, los venezolanos concurrieron a las urnas y tras una larga jornada de tensión y espera por los resultados, las cifras dieron ganador al mandatario actual, Maduro, que superó por 8 puntos al dirigente opositor Edmundo González Urrutia.

Los comicios finalizaron a las 18 (19 hora argentina) y recién seis horas después se dieron a conocer los números oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado denunció irregularidades en la carga de los datos y durante las seis horas posteriores a finalizados los comicios reclamó en varias oportunidades que la administración de Maduro diera a conocer los resultados oficiales.

CRM con información de la agencia NA

La Organización de Estados Americanos calificó el proceso electoral en Venezuela como la “manipulación más aberrante”, a la vez que reclamó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconozca la derrota y deje paso “al retorno de la democracia” en el país.

Así lo hizo saber en un comunicado el Secretario General de la entidad, Luis Almagro, quien aseguró: “La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones”.

Almagro señaló que “el CNE (Consejo Nacional Electoral) aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico”.

Por esa razón, consideró que “resulta imperioso” que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y “en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”.

“De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y la OEA, de acuerdo al comunicado.

En otro tramo, el titular de la OEA advierte que “a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”.

El Secretario General también pidió la creación de un nuevo CNE para reducir las irregularidades institucionales que, en su opinión, plagaron el proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado domingo, cuyo resultado ha sido puesto en duda por varios países ante la falta de detalles sobre el escrutinio.

El lunes, el CNE de Venezuela proclamó el triunfo de Maduro con un 51,20 % de los votos frente al 44,20 % del opositor Edmundo González Urrutia, con un 80 % escrutado y sin desagregar los resultados.

Por su parte, la oposición asegura tener en su poder las actas emitidas en el proceso electoral y han habilitado un buscador para mostrarlas a la ciudadanía.

Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró obtener el 73 % de las actas emitidas en las presidenciales, que dan –dijo– la victoria a González Urrutia, con una diferencia “apabullante”, contrario a lo anunciado por el CNE.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, convocó una reunión extraordinaria para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, puestos en duda por la oposición venezolana y varios países de la región.

La sesión del Consejo Permanente, que tendrá lugar este miércoles, se convocó a petición de doce países miembros, incluyendo todos los Gobiernos latinoamericanos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó en las últimas horas retirar su personal diplomático en Caracas.

Hasta ahora, el organismo no se ha pronunciado sobre los comicios, en medio del rechazo por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana sobre los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron la victoria al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que retiren “de manera inmediata” a sus representantes en territorio venezolano, en represalia por haber expresado su preocupación por el desarrollo de las presidenciales.

El CNE dio este lunes la victoria oficial al actual mandatario, en el poder desde 2013, con el 51,2 % de los votos, el mismo resultado que brindó en la noche del domingo cuando se habían escrutado el 80 % de las actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.

Entretanto, el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2 % de los sufragios, de acuerdo con el primer y único reporte público del CNE, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó.

Varios países del continente, incluyendo Estados Unidos, han exigido ya al Gobierno venezolano que se publiquen las actas de votación y que se haga un recuento “transparente”.

EFE.

IG

Argentina y Reino Unido chocaron este viernes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la soberanía de las Malvinas y, en un cruce de declaraciones, la canciller argentina, Diana Mondino, aseguró que “al ritmo que va la Argentina, tal vez los isleños preferirían ser argentinos”.

“Al ritmo que van las mejoras en la Argentina, al ritmo que estamos respetando la libertad de nuestros ciudadanos (...) tal vez, si hubiera un derecho a la libre determinación, que no lo hay, los isleños preferían ser argentinos”, declaró Mondino.

Mondino respondía así a las palabras del representante del Reino Unido, Tariq Ahmad, quien apeló a la consulta realizada hace una década en las Malvinas para afirmar que su país “no tiene ninguna duda sobre su soberanía” sobre las islas.

En marzo de 2013, las Malvinas, donde viven cerca de 3.000 personas, apoyaron en un referéndum por más del 99 % de los votos seguir como territorio británico.

“La Asamblea (de la OEA) tiene que tomar nota de la decisión de sus habitantes”, indicó el delegado británico.

El intercambio de declaraciones tuvo lugar tras la aprobación por aclamación en la 54 Asamblea General de la OEA que concluye este viernes en Paraguay de una resolución en la que insta una vez más al Reino Unido a reanudar “cuanto antes” las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas “con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia”.

Argentina mantiene una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas desde 1833, cuando las islas -donde viven cerca de 3.000 personas- pasaron a manos del Reino Unido.

La pugna derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición argentina y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

Desde entonces, Reino Unido rechazó los reclamos argentinos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los 17 territorios “pendientes de descolonización”.

Sobre el referéndum, Mondino aseguró que “ninguna de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ni del Comité Especial de Descolonización” hacen referencia al principio de libre autodeterminación en el conflicto de las Malvinas y que “ningún organismo internacional ha reconocido la validez de ese acto unilateral”.

“La votación realizada no fue convocada ni realizada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, fue un acto unilateral de la potencia ocupante”, añadió la jefa de la diplomacia argentina.

CRM con información de la agencia EFE

El presidente Javier Milei oficializó mediante el Decreto 433/2024 la designación de Sonia María del Milagro Cavallo como Representante Permanente de la República ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en su presentación pública ratificó su pertenencia al mileismo.

Sonia es la hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien, en las últimas semanas, realizó cuestionamientos a las medidas económicas del presidente y hubo especulaciones con relación a la demora de oficialización del puesto.

El nombramiento de Sonia Cavallo, quien se desempeñará como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, fue aprobado por el Senado conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

En su exposición en el Senado, el 21 de marzo pasado, al ser candidateada para el puesto por el Gobierno de Milei, Sonia Cavallo Runde, dio cuenta de que es oriunda de la provincia de Córdoba, donde vivió hasta los 16 años y que desde hace tiempo vive con su familia en Washington, Estados Unidos, con su esposo y sus tres hijos, Daniel, Benjamín y Alex.

Se recibió de licenciada en Economía en la Universidad de San Andrés, tiene un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y fue una pieza clave en el inicio del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC), donde creó el área de Salud de la organización. Tiene 51 años, hace una década es docente en la Universidad Católica de América; es la mayor de las hijas del economista; y en 2001 se casó con Daniel Fitzgerald Runde, estadounidense, quien se desempeña en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“El tema Malvinas está en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución nacional, es una política de estado, es un objetivo permanente, es un objetivo irrenunciable y estará siempre presente no solo en la OEA, en todos los organismos y en todos los foros en los que la Argentina participe de este y de todos los gobiernos”, afirmó la nueva embajadora.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

Con información de agencias.

IG

Esta celebración, establecida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene su origen en una proclamación del presidente estadounidense Herbert Hoover en mayo de 1930.

La elección del 14 de abril como día de celebración se remonta a la adopción de la resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 14 de abril de 1890. En esta conferencia se creó la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, antecedentes de la actual OEA, fundada en 1948.

El Día de las Américas, también conocido como Día Panamericano o Día del Panamericanismo, tiene como objetivo fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países del continente. En esta fecha, se destacan los esfuerzos por promover la paz, la seguridad y el desarrollo económico, social y cultural en la región.

La celebración del Día de las Américas incluye ceremonias y actos oficiales, en los cuales se entona el Himno de las Américas, compuesto por el músico argentino Rodolfo Sciammarella. Este himno, que menciona el nombre de muchos países del continente, simboliza la unidad y diversidad de las naciones americanas.

Es importante destacar que algunos países, como Honduras, Guatemala y Haití, coinciden la celebración del Día de las Américas con su fiesta nacional, en un gesto que resalta la identidad y el orgullo nacional dentro del contexto continental.

Desde su proclamació, hace ya casi un siglo, el Día de las Américas es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la cooperación y la integración entre los países del continente, en busca de un futuro de paz, prosperidad y solidaridad para todos los ciudadanos americanos.

DM

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles una reunión extraordinaria para “considerar los actos antidemocráticos” que sucedieron en Brasil.

Durante la sesión se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo, en Brasilia, para acto seguido dar paso a las intervenciones del resto de representantes de otros Estados.

Está previsto que la reunión del Consejo Permanente comience a las 10.00 hora local (15.00 hora GMT).

La OEA explicó este martes que la sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y por la Secretaría General del ente multilateral.

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, levantaron el lunes la voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil y pidieron “unidad” regional para fortalecer las democracias.

En una comparecencia conjunta en La Moneda (sede del Gobierno chileno), ambos mandatarios confirmaron su intención de pedir una reunión extraordinaria en OEA por la crisis desatada el domingo en Brasil.

La calma regresaba a Brasilia el lunes, tras los ataques de la víspera contra las sedes de los tres poderes por bolsonaristas radicales, que buscaban derrocar al progresista Luiz Inácio Lula da Silva una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil.

La autoridades brasileñas detuvieron desde el domingo a unos 1.500 manifestantes bolsonaristas por su supuesta implicación en estos sucesos.

CRM con información de la agencia EFE

La llegada del Grupo de Alto Nivel de la OEA a Perú el 20 de noviembre para analizar la tensa situación política del país andino, por pedido del presidente izquierdista Pedro Castillo, facilita un nuevo giro de la crisis que permite al mandatario ganar algo de tiempo, pero no resuelve un conflicto que acaso sólo podría superar el triunfo de las calles o el de los pasillos del poder.

El maestro rural y ex dirigente sindical docente Pedro Castillo, quien con el apoyo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021 derrotó en segunda vuelta a la derecha representada por Keiko Fujimori, ha denunciado repetidamente “un golpe parlamentario en marcha”  promovido por la oposición de derecha liderada por el fujimorismo. Debido al permanente asedio de la oposición política, el presidente Castillo peticionó el 12 de octubre la intervención de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento para velar por la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes, Perú entre ellos.

Los integrantes de la alta Misión de la Organización Americana

El Grupo de Alto Nivel de la OEA que visitó Perú está encabezado por el excanciller de Paraguay, veterano militante del Partido Colorado, Eladio Loizaga. El canciller argentino Santiago Cafiero, representante del gobierno peronista de Alberto Fernández  formaba también parte de este grupo, pero en su lugar llegó a Lima el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti.

Los otros integrantes de la misión son los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín por el gobierno derechista de Guillermo Lasso;  de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro por el gobierno conservador de Alejandro Giammatei, de Paraguay, Julio César Arriola por el gobierno conservador de Mario Abdo Benítez  y de Belice, Eamon Courtenay  del gobierno centroizquierdista de Juan Antonio Briceño y los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil del gobierno izquierdista de Gustavo Petro y de Costa Rica, Arnoldo André del gobierno populista de Rodrigo Chávez . Después de la estadía en el país andino, que finalizará el 23 de noviembre, el Grupo  presentará ante el Consejo Permanente de la OEA un informe de la tensa situación política de Perú.

“Con todos nos vamos a reunir”

Conforme lo anunció a la prensa Loizaga, la misión del organismo mantuvo 27 reuniones con representantes de los tres poderes del estado y con organizaciones civiles. La primera, en el Palacio Pizarro, sede del gobierno en la ciudad capital de Lima, con el presidente Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y los ministros, para escuchar su posición frente a la crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Congreso. El primer mandatario reiteró las existentes amenazas por parte de la oposición a la democracia y planteó la necesidad de “unidad, diálogo, consenso y acercamiento” para resolver los problemas del país.

La misión continental también se entrevistó con la mesa directiva del Congreso, controlada por la derecha. El titular opositor José Williams, negó que haya intención golpista del parte del Legislativo. “Les explicamos de las tres denuncias constitucionales (que hay contra Castillo), una de la fiscal de la Nación, otra de ciudadanos y la última de congresistas”, afirmó Williams, un eventual sustituto de Castillo en caso de que el mandatario sea suspendido o destituido por el Parlamento.

Seguidamente, con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal general, Patricia Benavides, autora de la denuncia constitucional que tiene en riesgo al mandatario y al Tribunal Constitucional.

En otras reuniones, los parlamentarios de diverso signo, desde el dividido oficialismo de izquierda hasta los grupos más radicales de la oposición de derecha, expresaron sus propias  perspectivas. La congresista Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, que tiene la mayor bancada y es uno de los más activos impulsores de la salida de Castillo, expresó a los visitantes que su colectivo y sus aliados están comprometidos con la democracia y no pueden ser tildados de golpistas.

Los encuentros incluyeron a otros interlocutores, entre ellos la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo primer vicepresidente, el cardenal Pedro Barreto, ha hecho varios esfuerzos para acercar a las partes, sin ser escuchado.

Memorial contra el Presidente

Los cargos que se le imputan al presidente Castillo se basan fundamentalmente en testimonios de ex colaboradores procesados por corrupción. La defensa había pedido el cierre de la investigación, pero el mismo lunes 21 el Tribunal Supremo falló autorizando a la Fiscalía a continuar las pesquisas.

La acusación ha sido presentada por la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada a su vez por utilizar su cargo para destituir a la fiscal que investigaba a su hermana, que es jueza y está acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. La oposición parlamentaria pretende llevar adelante el proceso para destituir a Castillo por este caso, a pesar que la Constitución no permite procesar a un presidente en funciones por los cargos que la Fiscalía le imputa al primer mandatario.

A este caso se suma una inusual acusación en el Congreso contra Castillo por “traición a la patria”, a raíz de  una declaración periodística para CNN, en enero 2022, cuando opinó a favor de la salida al mar para Bolivia, aunque no propuso ceder soberanía territorial. El tema quedó ceñido a esa declaración porque el gobierno no propulsó ninguna acción al respecto,  sin embargo la oposición logró que la acusación se aprobara en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El avance del caso señala que a la derecha peruana pareciera importarla más derrocar al presidente de izquierda que la institucionalidad.

La oposición ha intentado dos veces destituir a Castillo acusándolo por el ambiguo cargo de “incapacidad moral”, institución sui generis peruana creada por la Constitución de 1993, que se resuelve en un proceso sumario. Si bien no alcanzó los dos tercios de votos necesarios para aprobarla, ahora va por un tercer intento.

A la par de las acciones para destituir a al presidente, la oposición parlamentaria busca también inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte, para que así asuma la presidencia del país el titular del Congreso, el general en retiro Williams, que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos cuando estaba en actividad. Esto consumaría el golpe parlamentario de la extrema derecha que la delegación panamericana ha investigado durante su visita al Perú.

Las calles de Lima y los pasillos del poder

En los últimos días en las calles de Lima hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno, pero con poca concurrencia. Ni el gobierno ni la oposición han mostrado hasta ahora capacidad de convocar un importante apoyo a su favor.

El jueves 10 de noviembre,  miles de personas convocadas por sindicatos y grupos de izquierda marcharon en lo que se bautizó como “Toma de Lima”, para intentar cerrar el Congreso y frenar el proceso contra Castillo. El sábado anterior, otra manifestación multitudinaria se dio cita en la capital, pero pidiendo la renuncia del presidente.

Sin embargo, la interminable crisis política no interesa al grueso de la población que acaso con indiferencia observa el conflicto de poderes que comenzó en 2016, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Kuczinsky e inició una serie de sucesiones presidenciales truncadas y renovadas por congresistas cada vez más hábiles y expeditivos en dejar acéfalo el Poder Ejecutivo. Cuando Pedro Castillo asumió el 28 de julio después de que la Justicia Electoral zanjara a su favor una agria disputa con Keiko Fujimori sobre el escaso medio punto porcentual que los separaba en el balotaje, encontró un  Congreso, electo en la primera vuelta de abril de ese año, atomizado en una multitud de bloques, sin posibilidad de formar mayorías estables.

Muy por el contrario, las fuerzas populares no fueron capaces de unirse y presentar una alternativa a las recurrentes ofensivas del fujimorismo y sus aliados. Aunque no pasó a la oposición, el partido izquierdista Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que dio el apoyo originario para que Castillo llegara a la presidencia, retacea su acompañamiento al mandatario, irritado por el lugar que éste dio en su gobierno a la izquierda “caviar” de Lima. El presidente tampoco disolvió el Congreso y para convocar una Constituyente , como le reclamaba Cerrón.

El presidente Castillo -según una reciente encuesta- tiene un respaldo de 28 % y un rechazo de 62 %, pero la desaprobación al Congreso, que lo quiere destituir, llega a 81%, con sólo 13 %  de aprobación.  La visita de la misión de la OEA le aporta un pequeño respiro al gobierno, pero no una solución. Mientras tanto, la crisis socioeconómica se agrava en la mayoría de las regiones del país. Se sumaron en las últimas semanas las protestas de los damnificados por los nuevos derrames de petróleo, de las mujeres de las llamadas “ollas comunes”  en exigencia de presupuesto para el 2023 . En este marco se agrega la contrarreforma conservadora en educación y derechos. Son muchas las peruanas y los peruanos que  temen perder sus empleos por la falta de medidas de fondo para superarla.

AGB

“Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota”, dice el especialista en Derechos Humanos, Paulo Abrão, secretario de Justicia de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta 2020. Por el contrario, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, “la tradición demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad”, dice Abrão.

¿Cree que Bolsonaro puede llegar a desconocer el resultado?

Existe riesgo de que Bolsonaro no reconozca los resultados. Hay altas probabilidad de que pueda pasar. Si no pasa, sería absolutamente sorprendente. La posición que Bolsonaro ha adoptado, por medio de las denuncias que cuestionan la legitimidad y transparencia del proceso electoral, puede ser un indicio de que Bolsonaro está implementando en Brasil el “plan Trump”. En primer lugar, una campaña de intento de desprestigio del sistema electoral y del sistema de votación, seguido de una campaña de desinformación y noticias falsas para agitar a que los grupos extremistas estén armados y dispuestos a atentar en contra las propias instituciones.

¿Con qué objetivo Bolsonaro busca instalar la idea del fraude?

El objetivo final es, por un lado, intentar promover algún tipo de disturbio social que le permita permanecer en el poder y, como segunda estrategia, tener el recurso retórico sobre una supuesta falta de transparencia para alimentar su base electoral, proyectándose a las elecciones locales en dos años y a las elecciones nacionales en cuatro años. Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota

En el caso de que Lula gane el domingo, ¿cuál será el principal desafío como presidente?

Lula podría llegar a gobernar en un país donde la agenda de derechos humanos viene de vivir el mayor retroceso de su historia. Un país donde la agenda ambiental, el desmantelamiento de la Amazonía y la desprotección de las tierras indígenas atraviesan una situación crítica y tendrá que enfrentarse a los grupos ilegales que están instalados en estas regiones. Lula tendrá también un Legislativo conservador, en el cual tendrá que mostrar toda su habilidad para construir una base de sustentación gubernamental muy amplia. Eso significa que este tercer mandato de Lula no será un gobierno del PT y si no un gobierno de un frente demasiado amplio. No será una tarea muy fácil, pero entiendo que las dos palabras claves para comprender un eventual nuevo gobierno Lula son: reconstrucción y diálogo. Reconstrucción de una institucionalidad pertinente y diálogo posibilitar la reconstrucción que incorporo a amplios sectores sociales, para que nunca más la democracia brasileña esté bajo bajo riesgo.

¿Qué escenario se abre para Brasil en el caso de que Bolsonaro sea reelecto?

Si Bolsonaro gana el domingo, tiene que saber que la tradición de demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad. Pero al mismo tiempo llamará a la comunidad internacional y a la propia sociedad civil brasileña, a mantenerse movilizada, en posición de resistencia, en contra de los retrocesos para evitar que Brasil pueda alinearse a los gobiernos de la extrema derecha global.

¿Qué lugar ocupa en este momento Brasil en el mundo?

Brasil ha estado ausente del escenario internacional en los últimos cuatro años. La imagen del país nunca ha estado tan despreciada como ahora y eso es debido a los discursos de Bolsonaro en cuanto a las propias posiciones que el país ha tenido en el ámbito internacional. Entonces, creo que de ser reelecto Bolsonaro, tendríamos que avanzar con una combinación de solidaridad internacional y articulación interna entre la política y la sociedad civil para evitar que Bolsonaro pueda implementar una agenda autocrática completa. Nosotros, como sociedad civil, vamos a tener mucho trabajo para que, en el caso que renueve Bolsonaro, los siguientes cuatro años no signifiquen aún más retrocesos para nuestro país.

Movimientos regionales en el BID y la OEA

Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH hasta 2020, conoce bien a Luis Almagro. Fue el secretario general de la OEA quien decidió terminar con su continuidad al frente del organismo, bajo el argumentado de que no podía renovar el contrato de una persona con supuestas denuncias de abuso laboral. En ese momento, la comisión de derechos humanos desmintió las acusaciones de Almagro y denunció un “grave embate” contra la autonomía e independencia de la institución por parte del secretario general de la OEA.

En este momento, Luis Almagro está siendo investigado por haber mantenido una relación personal con una mujer de su equipo de trabajo. En un juego de espejos con los motivos que llevaron a la expulsión de Mauricio Claver-Carone del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Almagro podría ser destituido de su cargo.

Hace una semana, el Tribunal Administrativo de la OEA reconoció el derecho de Luis Almagro a no renovarle su contrato. ¿Cómo está su relación con el organismo?

Lo que plantee antes de irme era la ilegalidad de la decisión del secretario general de terminar mi contrato por las razones que él decidió hacer públicas en sus comunicados de prensa. El tribunal lo que determinó la semana pasada es que mi contrato terminó porque así lo indicaba la fecha y no por otro motivo. Eso significa que la sentencia reconoce el argumento de que mi salida fue por un simple vencimiento del plazo, como defendí. Entonces, contrariamente a lo que podía parecer en un principio, la determinación del Tribunal es a mi favor. Para mí es una victoria significativa.

Entonces, ¿por qué cree que Almagro basó su argumento en las denuncias del maltrato laboral?

A mí no me cabe especular las razones. Simplemente mantengo mi espíritu tranquilo de haber podido cumplir con mis tareas, con la conciencia tranquila de haber promovido una gestión equitativa, que ha mirado a todos los Estados con los mismos estándares, que ha buscado equilibrar la la posición institucional de la CIDH sobre los distintos derechos, con equilibrio regional. Creo que valió la pena. Estos cuatro años significaron un fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿En qué estado están esas denuncias?

Hasta hoy, no tengo conocimiento de ninguna denuncia formal en mi contra. Tampoco he sido notificado de ninguna conclusión respecto a ninguna investigación.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Luis Almagro?

Durante la pandemia hablamos varias veces. No sé si fue en enero de 2020.

¿Almagro le expreso de manera directa, en algún momento, la voluntad de no darle el respaldo para un nuevo mandato?

No, nunca habló ni conmigo ni ningún otro representante de la Comisión sobre la posibilidad de hacerlo.

¿Piensa que la resolución de la CIDH, denunciando “masacres” de civiles por parte del gobierno de Jeanine Áñez, puede tener que ver con esa decisión?

La Comisión denunció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el gobierno de Añez que derivaron en masacres contra a su gente. El propio gobierno de facto, en su momento, intentó descalificar la labor de la Comisión Interamericana, adoptando una posición negacionistas de esos hechos. Bolivia alegó que las masacres no habrían pasado, que los hallazgos de la Comisión no confirmaban los hechos, que era un informe sesgado. Por lo tanto, empezó una campaña de intento de descalificación del trabajo técnico de la Comisión Interamericana. Todo eso en vísperas de la reelección del secretario general de la OEA, claro.

¿Cómo analiza la investigación en contra Luis Almagro por haber violado un reglamento interno?

Prefiero no comentar ese tema porque no me no me corresponde.

El motivo de la denuncia es similar al que enfrento Mauricio Claver-Carone, que terminó con su cargo en el BID. ¿Qué piensa sobre el tema?

Existe dentro de las Américas la expectativa de que las dos principales organizaciones del sistema interamericano tengan estándares de funcionamiento rigurosos y mecanismos de investigación independiente. De manera que, desde el punto de vista de un observador externo, la expectativa ahora con la OEA es saber si va a seguir los mismos altos estándares que demostró implementar el BID.

¿Por qué cree que pasa ahora? ¿Incide el cambio de posición de la administración de Biden?

Bueno, es difícil opinar sobre aspectos que que muchas veces tienen origen en intereses que no están al alcance del conocimiento público. Yo no creo que el interés político pueda terminar por afectar a las más altas autoridades de estos organismos. Si violaron o no sus normas internas es una cuestión objetiva. Me parece que el tema de fondo tiene más que ver con una crisis de credibilidad que que estos organismos regionales viven hoy como consecuencia de la promoción de una agenda que ha desprestigiado los espacios multilaterales como lugar de construcción de consensos. Yo creo que aquí hay una una politización, que quizás parte de la concepción del propio sistema interamericano, pero que al mismo tiempo el problema lo tiene que procesar la OEA.

¿Cuál es el rol que la OEA puede cumplir para promover esa integración regional?

La OEA es hoy un espacio fracturado. La tarea importante para el próximo ciclo, incluso a partir de estos cambios gubernamentales de región, pasará por decidir cómo reconstruir ese lugar, cómo reconstruir ese espacio de manera que no pueda haber una instrumentalización coyuntural del organismo para intereses de ciertas agendas políticas.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por aclamación una declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas que pide la “reanudación de las negociaciones” entre los Estados argentino y británico por la disputa de soberanía del archipiélago sobre el que la Argentina, se afirmó, posee “legítimos derechos”.

“Me complace informar que la declaración de la Cuestión de las Islas Malvinas ha sido aprobada por aclamación”, dijo el representante de El Salvador ante la OEA, Agustín Vásquez, quien dirigió el tercer día de las sesiones plenarias de la 52ª asamblea de este organismo, desarrollada en Lima, capital de Perú.

Con anterioridad, representantes ante la ONU de países como Brasil, Chile, México, Uruguay, Perú, Bolivia Republica Dominicana, Honduras, Guatemala y Costa Rica ratificaron su “firme apoyo” al pedido argentino de restablecer negociaciones con el Reino Unido, una “causa latinoamericana” por un archipiélago del que Argentina tiene “legítimos derechos”.

“Hoy solicitamos una vez mas a los estados miembros de la OEA que continúen apoyando el llamado al a reanudación de las negociaciones entre Argentina y Reino Unido a fin de resolver esta controversia que afecta a todo el hemisferio”, expresó vicecanciller argentino Pablo Tettamanti, al iniciar el pedido de declaración.

A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfatizó el apoyo que “históricamente” dio la organización a la Cuestión de las Islas Malvinas, ocupadas desde 1833 por el Reino Unido.

“Los derechos territoriales inalienables de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur van juntos con la posición de esta región; se necesita una solución pacifica y negociada”, resaltó Almagro durante su mensaje, en la que convocó a los miembros de la OEA a “apoyar el logro de este objetivo”.

Además subrayó que son “inadmisibles las explotaciones o modificaciones unilaterales” que realizaban sobre “la plataforma o mares territoriales”.

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, por su parte, destacó que se trata de un “Renovado logro por Malvinas”.

“En Lima, la Asamblea General de OEA, aprobó por aclamación la Declaración por la Cuestión Malvinas”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social Twitter y manifestó que eso “reafirma la necesidad de que Argentina y Reino Unido reanuden las negociaciones por la disputa de soberanía”.

También señaló que la declaración aprobada “expresa satisfacción por la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia” y “por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas”.

MB con información de agencia de noticias Télam

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó hoy a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia Católica, el “cierre forzado” de ONGs y la “persecución” de la prensa, a la vez que volvió a reclamar al gobierno de Daniel Ortega la liberación de “presos políticos”.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la OEA, se adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, entre ellos el de Argentina, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

No concurrieron las delegaciones de Colombia, gobernada desde el domingo por el nuevo presidente de izquierda Gustavo Petro, y la de Nicaragua.

La OEA expresó su enérgica condena “al cierre forzado de organizaciones no gubernamentales” y el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”.

Los sacerdotes nicaragüenses fueron duramente criticados por Ortega desde las protestas opositoras de 2018 a causa de haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, la OEA insiste en que Nicaragua “libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Alude a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban desafiar a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo y el segundo al hilo con su influyente esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Ortega consideró estas protestas como un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de los obispos. El 18 de noviembre de 2021 anunció que se retiraba de la OEA. La organización le recordó, sin embargo, que legalmente debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada, reseñó la agencia de noticias AFP.

“El ambiente de opresión se ha agravado”, advirtió la OEA, que se declaró preocupada porque Nicaragua desoyó las declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente que la instaban a respetar los derechos humanos.

Hoy reiteró su ofrecimiento “a trabajar” con el gobierno para que “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos”.

La resolución fue propuesta por Antigua y Barbuda y copatrocinada por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Haití, República Dominicana y Ecuador.

Previamente, la Iglesia Católica había informado que la policía le notificó que por “motivos de seguridad” prohibía la procesión prevista para mañana en Managua para cerrar el congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen de Fátima.

La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, informó que “dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que actualmente vive nuestra patria hace saber que (...) la policía nos ha comunicado que por motivos de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión”.

La prohibición de la procesión también fue denunciada por un párroco en Terrabona, municipio de la norteña ciudad de Matagalpa, 127 kilómetros al norte de Managua, y sede de la diócesis que preside el obispo Rolando Álvarez, quien permanece retenido en la curia arzobispal desde hace una semana.

Las autoridades iniciaron una investigación a Álvarez, de 55 años, por intentar “organizar grupos violentos” e incitar a “actos de odio” para desestabilizar al país.

DA con Información de Télam

Hace unos días, en un foro en el marco de la Cumbre de las Américas, el activista estadounidense Walther Smolarek -miembro del Partido Socialismo y Liberación- increpó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el video del incidente se viralizó con rapidez.

 “Tiene las manos manchadas de sangre”, le espetó al recordarle el golpe en Bolivia, que Almagro habría orquestado, las masacres de Sacaba y Senkata que lo sucedieron, y varias cosas más. Sobre todo, su hipocresía por estar hablando de libertad y derechos humanos. También Smolarek se refirió al uruguayo como “asesino” y “marioneta” de Estados Unidos para “saquear los recursos bolivianos, como el oro, gas y el litio”. Finalmente, el activista siguió con Venezuela, Maduro, Guaidó, una comparación que sin duda no beneficia a la causa boliviana.

 El video tuvo una amplia repercusión. El propio Evo Morales lo tuiteó con la leyenda: “La prensa internacional informa cómo el golpista @Almagro_OEA2015 es denunciado en público por un joven digno que en la #CumbredelasAméricas le recuerda que mintió y provocó el golpe que masacró a hermanos indígenas por defender la democracia”. También los medios progresistas lo difundieron con el mismo subtexto: finalmente, alguien le dice las verdades en la cara a Almagro (“Almugre”, lo llamaba Maduro en sus duelos retóricos).

Hace tiempo que esta idea del “golpe de la OEA” contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se instaló como una verdad progresista indiscutible de lo ocurrido en Bolivia en 2019. ¿Es así?

Hay cientos de razones para juzgar mal a Almagro, especialmente por su gestión en la OEA, desde donde actuó más como pendenciero de Twitter que como diplomático. Hoy pocos recuerdan que hace menos de una década (no de un siglo), el uruguayo era el canciller de José Pepe Mujica y que, tras la muerte de Chávez, podía decir en Telesur que nadie debería desconocer el “extraordinario papel de estadista de Hugo Chávez, que trasciende lo continental y lo hemisférico”. “Ahí [en Venezuela] está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso en su política interna y exitoso en su proyección internacional”.

Como lo definió el diario El País, Almagro fue siempre un “camaleón político”. Cuando se presentó a la secretaría general de la OEA por primera vez en 2015, tuvo un amplio apoyo, incluido el de Venezuela. Tres años después, a fines de 2018, el Frente Amplio de Uruguay lo expulsaba por sugerir una intervención militar contra el país caribeño. 

Volviendo a Bolivia, es cierto que el 21 de octubre la OEA puso en duda los resultados y le dio combustible a las movilizaciones opositoras que se irían radicalizando. Y que el 10 de noviembre, con un particular timing (era domingo) el informe preliminar de los observadores de la OEA terminó de inclinar la balance contra el gobierno, cuando Morales estaba casi sin oxígeno. Allí se decía: “En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”.

Este informe terminó siendo un arma letal en manos de quienes abiertamente desde las calles -ya en medio de una ola de violencia opositora- y más conspirativamente desde espacios cerrados buscaban derrocar a Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral que no se han podido probar. (Es verdad, hay que decirlo también, que las respuestas descoordinadas y muy diferentes que los distintos organismos y funcionarios dieron frente al corte repentino en el conteo rápido de votos no ayudó a calmar las cosas).

La OEA participó así en la sucesión de “instantes huidizos” que la oposición aprovechó mejor que el gobierno, y el desenlace es conocido: la renuncia de Evo Morales y su exilio en México primero y en Argentina después.

Antes, una sublevación policial (común en cada momento de crisis: 2000, 2003, pero esta vez coordinada aparentemente con emisarios del cruceño Fernando Camacho); el pedido de renuncia al presidente de la Central Obrera Boliviana (COB); la “sugerencia” en el mismo sentido del alto mando militar (que además no quería tener que imponer el orden frente a la policía como ocurrió en febrero de 2003, cuando militares y policías se enfrentaron a tiros en plena Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado y el Parlamento). Escribí sobre 2019 aquí y no vale la pena volver sobre ello.

En esos días críticos, Evo Morales había dicho que respetaría el informe de la OEA, y que esperaba que fuera técnico y no político. De hecho, fue el gobierno boliviano el que pidió esa auditoría, que la oposición rechazó de antemano. ¿Y por qué la pidió siendo Almagro un “enemigo” político? ¿Y por qué la oposición no la quiso en un principio siendo Almagro su “aliado”?

Aquí viene la película -que posiblemente el activista estadounidense desconoce-: la reelección de Evo Morales de 2019 -la tercera de su mandato- venía mancillada por el referéndum constitucional de 2016, cuando ganó el “No” por escaso margen y el presidente boliviano decidió desconocer esa consulta convocada por él mismo y buscar la reelección por otras vías. La consiguió en 2017 mediante una polémica interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional del Pacto de San José de Costa Rica.

En ese contexto, en el que la oposición le arrebató por primera vez desde 2006 la bandera democrática al MAS -que ganó una elección tras otra con verdaderas avalanchas de votos en elecciones transparentes- Luis Almagro se pronunció contra la repostulación por la vía judicial. Pero en mayo de 2019, en un giro inesperado en el año electoral, viajó a Bolivia y avaló la reelección. “Decir que Evo Morales hoy no puede participar sería absolutamente discriminatorio” ya que otros presidentes de la región (sobre todo en Centroamérica) fueron habilitados con argumentos similares sin recibir la condena de la OEA, declaró atrayendo sobre sí la ira de la oposición. Pero la cosa no quedó ahí.

En su visita, Almagro viajó al bastión del MAS y de los cocaleros: el Chapare, en el Trópico de Cochabamba. Incluso visitó la casa donde vivió Evo, de joven, en Villa Tunari, recorrió plantas industriales y plantaciones de coca, y se lo pudo ver luciendo las guirnaldas de flores con que los campesinos suelen “condecorar” a los visitantes ilustres. Evo se refirió a él como el “hermano Almagro”. Incluso, en tono de campaña, acompañó al presidente Morales a entregar una cancha de césped sintético en la localidad de Lauca Ñ, donde bailó salay con las campesinas del MAS. En la noche, comió tambaqui, un pescado de río de la zona, en la sede de las Seis Federaciones (cocaleras) del Trópico de Cochabamba, el sindicato que Evo Morales siguió liderando aun siendo presidente de Bolivia.

El propio Almagro resumió así su visita en Twitter: “Visité con el presidente @Evoespueblo la región del Chapare, donde vi iniciativas como la fábrica de UREA que demuestra que la industrialización de nuestros recursos naturales es posible en el hemisferio”. Abajo de ese posteo, una catarata de mensaje opositores manifestaba su decepción con el uruguayo.

La situación se volvió irónica, casi tragicómica, considerando las posiciones de Almagro en la región, sobre la Venezuela de Maduro. El ex presidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, parte de diversos cenáculos de la derecha dura continental, se sumó a quienes leyeron el giro de Almagro como resultado de su necesidad de asegurarse los votos para su reelección en la OEA, y le pidieron que se fuera del país.

Quiroga acusó al jefe de la OEA de vender su alma a los bolivarianos. “Este vuelco vergonzoso la única explicación que tiene es que le ha venido maduritis aguda, es igual que Maduro, hace cualquier cosa con tal de permanecer en el cargo, Maduro en la presidencia de Venezuela, Ortega en la de Nicaragua, Evo Morales haciendo un golpe que desconoce el 21F [de 2016] en Bolivia, y Almagro que para quedarse en la OEA incumple su palabra y su compromiso y le vende su alma a los gobiernos que solía criticar”. (Algo similar pasaría en 2021 en Perú, cuando la OEA reconoció el triunfo de Castillo -en el contexto de las denuncias de fraude fujimoristas para enturbiar el proceso electoral- y la derecha salió a criticarla).

El viaje de Almagro a Bolivia en mayo de 2019 no lo exculpa de sus acciones en noviembre de ese mismo año, pero sí diluye la idea de una conspiración de largo aliento -casi permanente- de la OEA como acicate del “imperio” para acabar con el gobierno de Evo Morales. Al parecer, el jefe de la OEA había puesto como “condición” para su aval, que el MAS ganara con diferencia y sin dudas, es decir que no le complicara la vida, lo cual no había ocurrido dado que el país estaba completamente convulsionado en el momento del recuento votos. Y ahí Almagro recalculó rápidamente.

El posicionamiento de la OEA, al igual que el de otros actores, se fue modificando siguiendo el curso de los hechos. Y Almagro terminó legitimando al gobierno de Jeanine Áñez, que mezcló incompetencia, autoritarismo y revanchismo político (y étnico-social). Se abrió entonces una compleja etapa en la cual el gobierno “interino” cometió diversos actos de persecución contra el MAS y tuvo veleidades refundacionales (cuando en teoría era transitorio) para deshacer la herencia “masista”. A su vez, mientras el MAS la denunciaba como una mandataria de facto, el Parlamento (que seguía en manos del MAS) le enviaba las leyes a ella para su promulgación.

La historia que sigue es más conocida. La oposición creyó su propio cuento: que el MAS ya era solo una minoría y había hecho un “fraude monumental”; que no tenía votos sin repartir prebendas y que como había perdido el Estado ya no tenía como dar nada a cambio. Esta imagen (del megafraude; del prebendalismo) les impidió ver que el MAS tenía aún un amplio apoyo social, que representaba una identidad popular, y que la imagen de Áñez como jefa de un gobierno antiindígena estaba reviviendo la épica de los movimientos sociales y erosionando su propia estabilidad. A lo que se sumaron las divisiones en el campo conservador. Eso se tradujo una victoria política y moral del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020 con un inesperado 55% de los votos.

Pero pese a esa victoria, Evo Morales -y el MAS- han intentado volver una y otra vez sobre el “golpe”, con el objetivo, hasta hoy infructuoso, de instalar un relato oficial que cierre de una vez la cuestión. Incluso, como hizo el activista estadounidense, se habla del “golpe del litio” -lo que por el momento carece de cualquier evidencia pero es atractivo porque revuelve el tópico de las “venas abiertas”-. Incluso con las condenas judiciales en marcha contra los “golpistas” a manos de una justicia sin ninguna legitimidad -Áñez acaba de ser condenada a diez años de prisión y le esperan más procesos-, posiblemente nunca se instale esa “verdad última”, simplemente porque el “golpe” y el “fraude” son banderas en disputa que sirven para alinear y alimentar a las fuerzas enfrentadas.

La foto del 10 de noviembre sirve para condenar a Almagro; la película posiblemente también, pero de manera un poco más reflexiva. Con más espíritu autocrítico sobre errores propios -como no reconocer resultados de consultas populares vinculantes e insistir en reelecciones eternas- que son la puerta de entrada de las contraofensivas reaccionarias.

PS

El canciller Santiago Cafiero participó este miércoles en Los Ángeles de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la IX Cumbre de las Américas, frente a Anthony Blinken, titular del Departamento de Estado, y Luis Almagro, secretario General de la OEA, con el objeto de ultimar los detalles de los documentos que firmarán luego los Jefes de Estado y de Gobierno y anticipó con sus dichos el sentido que tendrá la intervención del presidente Alberto Fernández.

En cuanto a la OEA, el canciller aseguró que “perdió legitimidad. Persigue una agenda que no es de la región. Eso se termina de cristalizar durante el golpe de estado en Bolivia, donde tuvo una actitud penosa”, dijo Cafiero en declaraciones a elDiarioAr y otros medios que cubren la Cumbre de las Américas.

La postura del funcionario argentino tiene un factor importante adicional: parece anticipar el tono del discurso que dará, este jueves, Alberto Fernández frente al plenario de jefes de Estado, cuya apertura, por ser el anfitrión, estará a cargo del presidente Joe Biden.

¿Almagro debería tomar alguna decisión? ¿Se debe hacer algo con la OEA?, le preguntó elDiarioAR a Cafiero. “No depende de mí decir lo que debe hacer. Hay países que respaldan lo que hace la Secretaría General y otros que no. Para nosotros, perdió legitimidad. Esta OEA, así cómo está, no tiene futuro”, respondió.

Cafiero pidió ante sus pares que la OEA “nunca más legitime procesos de desestabilización” ya que, aseguró, “la equidad es, hoy más que nunca, la base de la estabilidad política, de la democracia profunda y de la armonía en las relaciones internacionales”.

De acuerdo al responsable argentino de la Cancillería, “el compromiso sobre gobernabilidad democrática que se ha trabajado en esta cumbre, no podrá alcanzarse si persisten las sanciones y medidas unilaterales que aún se llevan adelante en nuestra región, aunque los hechos vislumbran que han fracasado y solo han generado sufrimiento en la población”. Y sentenció, en referencia a dos de los ausentes en la Cumbre, Cuba y Venezuela: “Repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad. Si no somos nosotros, si nos son estos ámbitos los encargados de dar respuesta, de resolver injusticias que se prolongan en el tiempo, entonces, ¿para qué estamos?”, preguntó ante los responsables de las Relaciones Exteriores. 

En su intervención, Cafiero instó a que “si las instituciones que están llamadas a promover la integración, el desarrollo y el diálogo, equivocan el camino. Alcemos la voz. La OEA no debe nunca más legitimar procesos de desestabilización, no debe verse involucrada en un golpe de Estado, como recientemente sucedió en Bolivia. Debemos dejar atrás esas tristes páginas de la historia”, remarcó.

Para el canciller argentino, “nadie puede pretender el imperialismo del pensamiento único. Repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad”, concluyó.

El encuentro fue presidido por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y los cancilleres “debatieron sobre los cinco Proyectos de Compromiso Político propuestos por el país anfitrión: Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática; Nuestro futuro verde y sostenible; Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas; Programa Regional para la Transformación Digital; y Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia”, se informó en un comunicado.

Por otra parte, se sumaron dos iniciativas adicionales: el Proyecto de Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y el Proyecto de Declaración de la IX Cumbre de las Américas sobre Buenas Prácticas Regulatorias.

PI

“Es momento de ayudar a Venezuela”. La frase que soltó Alberto Fernández el lunes pasado en la Casa Rosada durante la conferencia de prensa que brindó junto a su par de Ecuador, Guillermo Lasso, expuso el avance que hay en la relación del Gobierno con el cuestionado régimen de Nicolás Maduro.

El acercamiento entre ambos países quedará confirmado en los próximos días, cuando se oficialice que Oscar Laborde será el nuevo embajador argentino en Caracas y Maduro le otorgue el plácet necesario, según recogió elDiarioAR de fuentes diplomáticas. 

De perfil kirchnerista, con militancia pasada en el Partido Comunista, ex intendente de Avellaneda y actualmente legislador del Parlasur, Laborde “no sería un cisne negro”, como lo calificó una voz en la Cancillería, que agregó: “Tiene perfil adecuado, formación y experiencia”. Además de que es un punto de coincidencia entre el Presidente y Cristina Kirchner. Laborde participó en el reciente acto de la vicepresidenta al abrir la Asamblea de Eurolat.

Con Laborde, el gobierno bolivariano se sentiría cómodo de tener diálogo sin interferencias ideológicas. Conoce la capital venezolana y viajó a fines de 2021 como observador internacional en las elecciones de gobernadores y alcaldes. 

Su designación es el primer gran paso que ensaya Fernández en su intención de acercarse a Venezuela. “Levanta el nivel de representación y retoma el vínculo diplomático”, entienden en el Palacio San Martín.

Hasta ahora, la relación se había mantenido al nivel de “encargados de negocios”, a partir de que Mauricio Macri no reconoció a Maduro y apoyó a Juan Guaidó. Laborde reemplazaría así al diplomático argentino Eduardo Porretti. Y Venezuela también haría lo suyo, al oficializar como embajadora en Buenos Aires a Stella Marina Lugo de Montilla, quien llegó al país en 2019 y fue cuestionada por Juntos por el Cambio por presuntos casos de corrupción, narcotráfico y vínculos con Irán.

“No tiene sentido seguir haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo”, dijo este viernes la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, en línea con la narrativa abierta por el propio Presidente, quien entiende que las elecciones del año pasado, impulsadas por el llamado Grupo de Contacto, demuestran que hay “un cambio en Venezuela”. “Recientemente hubo elecciones en algunos distritos en los que el gobierno (de Nicolás Maduro) perdió. Difícil hablar de un país donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones”, subrayó en ese sentido Cerruti.

El “albertismo latinoamericanista” y su relación con EE.UU.

El movimiento de piezas diplomáticas también coincide con los 100 días cumplidos por Alberto Fernández como presidente pro témpore de la Celac. Se trata del foro de países latinoamericanos al que llegó en enero con el apoyo unánime de todos los países de la región, incluidos Venezuela, Cuba y Honduras, menos el autoexcluido Brasil de Jair Bolsonaro. El cargo al frente del grupo impulsó a Fernández a buscar una salida latinoamericana al laberinto venezolano. 

Dialogó al respecto con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, y con el presidente de Canadá, Justin Trudeau, pero principalmente con sus pares de la región que lo han visitado recientemente. Sin importar su perfil ideológico, lo hizo tanto Lasso –con un costado más conservador y vinculado a los sectores de derecha de su país, que se mostró abierto pero con condiciones al ofrecimiento de Fernández–, como con el chileno Gabriel Boric –explícitamente crítico de las violaciones a los derechos humanos apuntadas contra Maduro–. 

Fernández también recibió en el último mes al boliviano Luis Arce y el dominicano Luis Abinader. Incluso Venezuela fue tema de conversación con Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo –referentes de la “primera ola progresista” en Sudamérica, que protagonizaba Hugo Chávez– cuando lo visitaron en Buenos Aires el 2 de abril, fecha en que coincidió el 40º aniversario por la guerra de Malvinas y el cumpleaños del mandatario argentino.

“La Celac le da al Presidente un contexto para que nosotros podamos vehiculizar nuevas relaciones”, explicó la fuente diplomática de una importante área en Cancillería. “Alberto Fernández no frena en cuestiones ideológicas, habla con todos”, marcó sobre la estrategia albertista a nivel continental: “No encerrarse, dialogar y encontrar soluciones”.

El multilateralismo del Gobierno lo ha llevado a tener recientes posiciones contradictorias a nivel diplomático. En el marco de la invasión a Ucrania, este jueves se abstuvo en la votación de la OEA que suspendió a Rusia como observador por la invasión, pero sí acompañó la decisión del 7 de abril de suspender a Putin en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo actualmente presidido por la Argentina.

Cinco días después de esta última decisión, el argentino Federico Villegas al frente del Consejo se había mostrado junto al representante diplomático de Rusia, en una reunión que también compartió con los embajadores de Cuba, Venezuela, Pakistán, Bielorrusia, China y Sudáfrica. “Ahora más que nunca necesitamos aumentar el entendimiento mutuo y la cooperación, independientemente de nuestras diferencias”, expresó el diplomático de carrera. “Gracias embajadores por una gran discusión sobre cómo preservar #multilateraldiplomacy en el Consejo de Derechos Humanos”, cerró.

Si bien Fernández hizo explícito su acercamiento con Caracas, no fue el único ni el más original: a principios de marzo Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y como gesto liberó a dos ciudadanos norteamericanos presos en Caracas. Aunque oficialmente aún reconoce a Guaidó y sigue considerando el régimen bolivariano de “dictadura”, el gobierno de Joe Biden ensaya su propio descongelamiento de las relaciones a partir de la necesidad de reemplazar el petróleo que no puede importar desde Moscú. 

En la embajada de EE.UU. en Argentina, hoy encabezada por Marc Stanley, reconocieron estar trabajando con la Casa Rosada por Venezuela. “Estados Unidos continúa reconociendo la autoridad legal de la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y la persona elegida por esta Asamblea Nacional para ser su presidente como el presidente interino constitucional de Venezuela, Juan Guaidó. Continuaremos trabajando junto al pueblo venezolano y con socios y aliados regionales para apoyar los esfuerzos para restaurar la democracia, brindar asistencia para aliviar el sufrimiento de los venezolanos y poner fin a la crisis humanitaria. También esperamos continuar trabajando con socios como Argentina para exigir el fin de los abusos contra los derechos humanos y asegurar que Venezuela cumpla con las recomendaciones y preocupaciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet”, fue la respuesta brindada por la oficina de prensa de la embajada ante la consulta de elDiarioAR.

El próximo 6 de junio el mandatario argentino viajará a Los Ángeles para la IX Cumbre de las Américas y allí se encontrará con Biden, aunque Washington aún no confirmó si invitará a Maduro. Con “la chapa” de presidente pro témpore de la Celac –que él mismo se encargó de decir que no compite con la OEA, donde pisa fuerte la Casa Blanca– y su apertura al diálogo con Venezuela, Fernández tendrá argumentos para buscar conversar de otro modo con su par norteamericano y el resto de los mandatarios del continente. Podría aprovechar entonces para desplegar en todo esplendor su “albertismo latinoamericano”.

MC

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves suspender a Rusia como observador permanente en el organismo, en castigo por la invasión a Ucrania.

El Consejo Permanente dio luz verde a una resolución contra Rusia con 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y una ausencia.

Las ocho abstenciones fueron de Honduras, México, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Argentina, Bolivia y Brasil. La ausencia fue de Nicaragua.

La resolución, presentada por Guatemala y Antigua y Barbuda, con el apoyo de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay, fue aprobada en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

La suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que “el Gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia”, reza el texto.

La resolución justifica la medida por el creciente número de muertos y desplazados, y la destrucción de la infraestructura civil en Ucrania.

En ese sentido, el Consejo de Seguridad admitió estar “conmocionado” por las informaciones de las “terribles atrocidades” cometidas por Rusia en ciudades ucranianas como Bucha, Irpin y Mariúpol y en la estación de trenes de Kramatorsk, además de mostrarse preocupado por la violación del derecho internacional.

Otro de los factores que han pesado para la suspensión es lo que se denomina en la resolución como “indiferencia” por parte de Rusia a las “exhortaciones” de la OEA para que retire sus fuerzas de Ucrania.

En la sesión de este jueves estuvo presente el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, quien apuntó en su intervención, inmediatamente después de la votación, que la OEA “tiene un papel importante que desempeñar en la promoción de la paz y estabilidad internacional”.

“Desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania y su guerra en curso, Guatemala manifestó que era imposible permanecer como espectadores en esta crisis”, dijo Búcaro.

El canciller hizo hincapié en que la región de las Américas se ha visto afectada por “las repercusiones económicas” del conflicto y su impacto en la seguridad alimentaria.

Con Rusia, la OEA cuenta con 72 observadores permanentes, que pueden asistir a todas las reuniones públicas de su Asamblea General y del Consejo Permanente, entre otros. A cambio, esos países cooperan con la organización en programas de capacitación, de expertos y equipamiento y hacen contribuciones financieras.

La decisión del Consejo Permanente de la OEA se produce después de que el pasado 7 de abril los países de la ONU suspendieran la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, que preside la Argentina, una medida casi inédita y con la que Estados Unidos y sus aliados buscan seguir aislando a Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania.

EFE

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, decidió este miércoles dejar de “guardar silencio” y arremetió contra “la dictadura” de Daniel Ortega en su país.

“Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, declaró durante una sesión telemática del organismo.

McFields, nombrado por Ortega como embajador ante la OEA en octubre del año pasado, dijo tomar la palabra “en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida” en Nicaragua desde 2018.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, prosiguió el embajador.

McFields reveló que en noviembre pasado, días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, pidió a la Cancillería la liberación de 20 opositores presos de la tercera edad y de otros 20 con un estado de salud delicado, pero no le hicieron “caso”.

“En el Gobierno nadie escucha y nadie habla, lo intenté varias veces durante varios meses pero todas las puertas se me cerraron”, expresó.

El diplomático lamentó que en su país “no haya libertad de publicar un simple tuit” y reprochó que no queden organismos de derechos humanos.

Sin embargo, opinó que “hay esperanza”, porque, según dijo, “la gente de adentro del Gobierno y de afuera está cansada de la dictadura”.

“Cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz siempre puede más que las tinieblas”, sentenció.

Ortega inició el 10 de enero su quinto mandato, el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, tras unas elecciones marcadas por el encarcelamiento de opositores, y con nuevas sanciones de EE.UU y la Unión Europea (UE) contra familiares y allegados del mandatario.

Con información de EFE.

IG

La Misión Permanente de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó en las últimas horas su “enérgico rechazo” y “repudio” a las afirmaciones y “actitud temeraria” del Representante Permanente de Nicaragua, Arturo McFields, quien justificó la asistencia del jerarca iraní Moshen Rezai, con orden de captura por el atentado a la AMIA, a la asunción del presidente Daniel Ortega y rechazó las protestas argentina y estadounidense a esa presencia.

A la vez, la Argentina volvió a reclamar que “se haga justicia” por ese atentado y volvió a “condenar” la visita de Rezai a Managua la semana pasada.

“La Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos expresa su enérgico rechazo a los dichos del Representante Permanente de Nicaragua, embajador Arturo McFields, toda vez que los mismos manifiestan un incomprensible desdén hacia las obligaciones que pesan sobre toda la comunidad internacional para la lucha contra el terrorismo a través de la cooperación jurídica internacional”, indicó esa delegación oficial en su cuenta de Twitter esta noche.

Añadió que “se trata de las reglas más básicas de convivencia que no pueden ser ignoradas. En tal sentido, la Argentina insiste en la necesidad de que se haga justicia en el marco de la causa que investiga el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y vuelve a condenar la visita de Mohsen Rezai a Managua, por constituir una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires”.

“En consecuencia, el gobierno argentino repudia la actitud temeraria del embajador McFields e insta a las autoridades nicaragüenses a que aseguren el cumplimiento de las notificaciones rojas de la INTERPOL, de la que forman parte, relativas al mencionado acto terrorista”.

El embajador nicaragüense ante la OEA criticó la resolución impulsada por Argentina y Estados Unidos condenando la visita a Nicaragua de Rezai (vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán), acusado por el atentado a la AMIA, para asistir a la asunción del reelecto presidente Ortega.

McFields aseveró que “Nicaragua, como nación independiente y como pueblo digno, está en la libertad de invitar a quien desee” y sostuvo que “si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas”.

Conocida la presencia de Rezai en Managua, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que expresó “su más enérgica condena” a ese episodio.

Y además manifestó “como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994”.

La semana pasada el Gobierno de Alberto Fernández también dijo que “exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”. En esa ocasión el canciller Santiago Cafiero también expresó su rechazo y le envió una nota al embajador de Nicaragua en Buenos Aires.

En las últimas horas, en el marco de la visita de Cafiero a Estados Unidos por las negociaciones con el FMI por la deuda externa, Argentina y ese país acordaron impulsar una declaración conjunta que fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA en la que se condenó la presencia de Rezai en Managua la semana pasada, lo que motivó la respuesta del embajador McFields y, ahora, la réplica argentina.

Los iraníes con alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional son Rezai, exjefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires; Ahmad Vahidi, excomandante de las fuerzas QUDS, y Ahmad Asghari, exsecretario de la embajada iraní en la Argentina.

Con información de agencias.

IG