Como anillo al dedo o como regalo de Papá Noel. El 27 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el expediente de la quiebra de Correo Argentino SA, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri y principal dolor de cabeza en los tribunales para el exmandatario, ya que puede costarle la extensión de la quiebra a las principales compañías del grupo: Socma y Sideco.  

La empresa Correo Argentino SA tiene a la familia envuelta en denuncias de presunto fraude a los acreedores y los Macri estaban desde 2021 a la espera de una resolución clave para el futuro judicial del conglomerado económico. A instantes de perder los tres votos necesarios para beneficiar con un fallo a Correo, la Corte Suprema actuó y decidió hacer lugar a un planteo de los Macri: que la causa pase a la órbita de un tribunal amigables con el expresidente: el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia judicial porteña.

En este artículo, elDiarioAR repasa el estado del caso Correo, sus implicancias para los Macri, el peso de la decisión de la Corte y su timing. Estas son algunas de las claves sobre un fallo que sacudió al sistema judicial en territorio porteño.

El caso: antecedentes y presente

Correo Argentino SA es una empresa fundada por Franco Macri que tenía a su cargo la concesión del servicio postal del Estado Nacional, cuando se privatizó durante el menemismo. En 2001, la empresa entró en concurso de acreedores. Su principal acreedor era y sigue siendo el Estado Nacional. La deuda con el Estado era entonces de 300 millones de pesos/dólares.

En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización del servicio portal y el correo regresó a manos del Estado. Correo Argentino SA pierde entonces la concesión. Para entonces, seguía el trámite de su concurso de acreedores para resolver sus deudas sin supuesta solvencia económica. 

El primer juez del caso firmó un decreto de quiebra, pero sería revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

En 2016, la empresa reclamó ante la Justicia que el Estado le pague por la estatización y la falta de pago de servicios postales durante los años 90. Mientras tanto, en junio, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de la deuda del Estado por la falta de pago del canon de la concesión. Acuerdan que los Macri paguen sólo $296 millones.

En octubre de 2016, el expediente ingresó a la fiscalía general ante la Cámara Comercial, a cargo de Gabriela Boquin. En diciembre, Boquin firmó su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. En un informe contable, el Ministerio Público Fiscal estableció que el acuerdo garantizaba una quita del 98,87% de la deuda de la empresa, ya que ascendería en 2017 a $4.000 millones.

En febrero de 2017, sale a la luz en el diario La Nación el segundo dictamen de la fiscal, en el que se opuso al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Ante el escándalo mediático, Macri ordenó volver a “foja cero” y renegociar la deuda. 

En abril, Boquin denunció el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA por parte de los administradores de los Macri ante el supuesto desvío de fondos hacia Socma y Sideco, empresas del grupo familiar. Los responsables de Correo, Socma y Sideco niegan las acusaciones.

Desde entonces, comenzó un derrotero judicial en torno al caso, en el que la jueza no definía la quiebra y los Macri intentaban apartar a la fiscal del caso. Tras la orden judicial de intervenir la compañía, intentaron también apartar a la jueza. 

En 2021, Socma cambia de estrategia: aunque presentaba recursos ante la Corte Suprema de la Nación, decide acudir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con el apartamiento de la fiscal Boquin. La decisión es controvertida porque el tribunal porteño no tiene competencia sobre la Justicia Nacional, donde tramita la quiebra. Es como si un correntino acudiera a un tribunal de Chaco para pedirle que intervenga en un expediente que tramita en Corrientes. Con una salvedad en la que hizo hincapié el grupo Macri: está pendiente el traspaso de los tribunales nacionales (no federales, como el fuero penal ordinario, el civil, el comercial) a la órbita de la Justicia porteña.

Sin embargo, el traspaso dista mucho de estar en condiciones de decretarse, advirtieron desde abogados, magistrados y hasta los gremios judiciales en sendos comunicados realizados en los últimos días. 

Mientras Socma planteaba al Tribunal Superior de la Ciudad que debía intervenir para apartar a Boquin del caso, el Ministerio Público Fiscal sostenía que la deuda de la empresa con el Estado Nacional ya se acercaba a los $5.000 millones. También intenta apartar a la jueza ante algunas decisiones contrarias a sus intereses.

Si la compañía no llegaba a un acuerdo con sus acreedores, entonces la jueza debía decretar la quiebra.

El 5 de julio de 2021, la jueza dictó la quiebra de la empresa. Los representantes de la firma apelaron la decisión, recusaron a la fiscal y a la jueza e interpusieron otros recursos para dilatar la concreción de la quiebra.

El 4 de mayo de 2022, dos juezas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –Matilde Ballerini y María Elsa Uzal– resolvieron suspender el trámite de la quiebra, haciendo lugar a lo solicitado por los representantes de Correo. Ante dicha decisión de la Cámara, la fiscal Boquín interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Macri también acudieron a la Corte, pero con otro objetivo: plantearon al tribunal que la causa no era competencia de la Corte sino del Tribunal Superior de la Ciudad.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó la intervención de ese tribunal y sostuvo que el expediente de la quiebra debía seguir tramitando en la Justicia Nacional y en la Corte.

¿Qué decidió la Corte Suprema a fines de diciembre?

Unas 72 horas antes de que finalizara 2024 y cuando el juez Juan Carlos Maqueda estaba a punto de jubilarse, la Corte, por mayoría tomó una decisión a favor de Correo: envió el expediente de la quiebra al Superior Tribunal de la Ciudad. Pero primero sentó las bases para poder hacerlo: el tribunal dictó un fallo en otra causa, del fuero civil, en el que una de las partes sostenía lo mismo que Correo: que en su caso, el tribunal revisor de las decisiones tomadas en el expediente por el tribunal de apelaciones es el Superior de la Ciudad y no la Corte. 

El caso civil no está relacionado con el expediente de los Macri pero la Corte se encargó de que así fuera. Tras la Navidad, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Maqueda establecieron que en el caso civil correspondía la intervención del tribunal porteño. Luego, con la jurisprudencia establecida, la Corte remitió el expediente de Correo a dicho tribunal.

De esta manera, tres de los jueces supremos establecieron que el tribunal superior y última instancia judicial de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional ordinaria situada en esta ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia porteño y no la propia Corte Suprema de la Nación, como venía siendo.

La Corte se basó en “la existencia de una situación anómala” en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la Justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Es decir, los fueros que no son federales.

Los jueces argumentaron que su decisión va en sintonía con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local de la Ciudad; en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y en los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales de Nación a Ciudad.

La Corte decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El caso Correo entra en estas categorías.

El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la decisión de sus colegas implica que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional, “transformación que no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

¿Por qué el caso Correo Argentino SA es central para la familia Macri?

Si Correo no puede pagar la deuda millonaria establecida por la Justicia, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, principales accionistas de la compañía en las últimas décadas. 

Además, Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.

Además, tienen también una investigación en su contra por el presunto vaciamiento de la compañía Correo Argentino en la fiscalía de Boquín.

¿A quién beneficia esta decisión de la Corte?

La Corte venía fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri hasta diciembre último. La decisión favorece a Correo y le da la razón a Socma, principal accionista. Beneficia a la familia Macri.

Ahora, el fiscal general que intervendrá en el caso como instancia superior es Juan Bautista Mahiques, exfuncionario de Macri en el ministerio de Justicia, representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El Superior Tribunal de la Ciudad tiene jurisdicción en el distrito gobernado por el primo de Macri, Jorge Macri.

¿Cómo influye la decisión de la Corte en el caso Correo Argentino SA?

El objetivo de Correo en todos los movimientos que realiza en el expediente es el mismo: desplazar a la fiscal. Luego se sumó un segundo objetivo: desplazar a la jueza. De fondo, hay un tercer objetivo: evitar pagar una deuda multimillonaria al Estado y la extensión de la quiebra a Socma y Sideco.

Lo que suceda en el expediente de la quiebra y en el del vaciamiento de Correo también es central en el destino de la causa penal que tiene el juez Lijo y en el que Macri está imputado.

Ahora, los accionistas de Correo podrán plantear sus reclamos ante un tribunal integrado por algunos jueces de estrecha relación con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Una de las juezas del Superior Tribunal porteño es Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación. Otro es Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri. Marcela De Langhe asumió en el tribunal en junio de 2019, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta, entonces aliado de Macri. Estos tres jueces ya habían votado a favor de Socma en 2021, cuando la empresa de los Macri pidió al Superior de la Ciudad que intervenga en el caso.

ED/MG

Socma, empresa de la familia Macri, solicitó acudir ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal decida si la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para meterse en el caso Correo Argentino SA, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

La compañía busca que la jueza comercial Marta Cirulli (del Poder Judicial de la Nación), quien decretó la quiebra de Correo este lunes, sea apartada de la causa. También apuestan a apartar a la fiscal general Gabriela Boquin, quien deberá dictaminar sobre la quiebra cuando el caso llegue a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

El pedido fue presentado el lunes 5 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, poco antes de las 15 horas. Ese mismo día, la jueza nacional que interviene en el caso decretó la quiebra. 

En el escrito presentado por los abogados de Socma, la principal accionista de Correo solicita que ante la “importancia institucional” el caso sea elevado a la Corte con “urgencia” para que el máximo tribunal dirima sobre el conflicto de competencia. 

Antecedentes

Dos tribunales se disputan el expediente Correo, una causa con incidencia directa en el futuro judicial y económico de la familia del expresidente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se enfrenta, a pedido de Socma, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Como el tribunal de apelaciones nacional rechazó en 2020 desplazar del caso a Cirulli y Boquin, en febrero último Socma presentó un recurso de constitucionalidad ante la Justicia porteña, buscando un fallo favorable.

El tribunal porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Cirulli del caso, como informó elDiarioAR.

Siete días más tarde, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de la Nación, según el fallo que informó este medio. 

Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Ahora, Socma pide ir ante la Corte, tribunal superior de ambas instancias (el tribunal porteño y la cámara comercial) para dirimir la contienda entre ambas instancias. El planteo debe ser analizado primero por el tribunal porteño para decidir si hace lugar a la solicitud, explicó una fuente de expediente.

Noticia en desarrollo.

ED/WC

Dos tribunales se enfrentaron este jueves por el caso Correo Argentino SA. Escaló, así, una pelea por el control de una causa central para el futuro judicial y económico de la familia del expresidente Mauricio Macri. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La instancia que gane el conflicto de competencia incidirá en si Correo va a la quiebra.

A pedido de Socma, principal empresa de los Macri y accionista de Correo, el Tribunal Superior de Justicia porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Marta Cirulli del caso, como informó elDiarioAR. 

Siete días más tarde, este jueves, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el fallo al que accedió este medio. Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Las camaristas nacionales de la Sala B, Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, respondieron al tribunal de la Ciudad que la Cámara Nacional “no accederá a lo solicitado por el Tribunal oficiante” y acusaron al tribunal porteño de “crear pretorianamente” un procedimiento para el reclamo de Socma, “soslayando la ley vigente”. “La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis; este fuero es federal, como toda la Justicia Nacional de la Capital Federal”, aseguraron las camaristas. 

“A lo largo de los años, ha existido una serie de convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que en ningún caso implicó la transferencia de jueces o tribunales”, sostuvieron las camaristas. “A su vez, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que contra las sentencias de los tribunales nacionales procederá un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron.

En el fallo de este jueves, las juezas nacionales también apuntaron que “es claro a esta altura que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA no integra el mismo Poder Judicial al que pertenece esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”. Al final del escrito, remitieron copia a la Corte Suprema de la Nación.

La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis.

Sala B — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Antecedente del antecedente

El caso Correo, en el que debe determinarse si la compañía va a la quiebra, se desarrolla desde 2001 en la Justicia Nacional. La Sala B de la Cámara Nacional rechazó tras un largo trámite los planteos para apartar a la jueza y a la fiscal por supuesta “parcialidad” y “enemistad manifiesta”, mientras la causa se acerca a la recta final: decidir sobre la quiebra. 

Socma consideró que estas decisiones de las camaristas violaban sus garantías constitucionales y derecho a la defensa. En lugar de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como venía sucediendo en la causa- Socma dio un giro y en 2021 acudió a la Justicia porteña. 

Ante esta decisión de la compañía, la fiscal Boquin acusó a Socma de un supuesto forum shopping, como se conoce a la maniobra mediante la cual una de las partes involucradas elige al juez que debe decidir sobre su propio caso, según consta en un dictamen del expediente. Socma sostiene que “planteó un recurso legítimo admitido por el Máximo Tribunal de la Ciudad”. 

Un tribunal dividido

El caso Correo también divide a los supremos de la Ciudad. Son cinco los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porteño. Todos admiten la competencia en el caso pero sólo tres apoyaron los dos planteos de Socma: Marcela De Langhe; Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri; e Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación y miembro del consejo consultivo de Alberto Fernández para la reforma judicial. 

Tanto el 24 de junio como este jueves, los tres jueces ordenaron a la Cámara Nacional que trate los planteos de los abogados de los Macri para intentar correr a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin. “Este Tribunal afirmó su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria en supuestos como el del presente juicio”, aseguraron los jueces. 

El juez Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz votaron en contra de los planteo de Socma, pero sin dejar de reconocer la competencia de la Justicia porteña en el caso. Lozano afirmó que ambos recursos de inconstitucionalidad presentados carecen de fundamentos y agregó que Socma no había fundamentado o demostrado la supuesta arbitrariedad de la jueza Cirulli y de la fiscal Boquin.

La jueza Ruiz planteó que el tribunal debía admitir las quejas de Socma, rechazar sus argumentos y confirmar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Comercial, que se había negado a apartar a Cirulli y Boquin. Ruiz afirmó que las afectaciones constitucionales que planteó Socma “lo son de forma genérica, limitándose a enumerar derechos que considera afectados, pero sin vincularlos de manera suficiente con lo decidido por la Cámara o expresar de qué manera lo decidido resulta violatorio de esos derechos”.   

“La decisión es importante desde el plano institucional porque el Superior Tribunal de Justicia ratificó la jurisprudencia que viene fijando los últimos años, por la cual reclama que le corresponde ocupar el lugar de Tribunal Máximo en todos los juicios que se llevan a cabo en CABA”, afirmaron a elDiarioAR fuentes allegadas a la defensa de Socma tras el primer fallo del tribunal porteño. “Así lo dijo por ejemplo en los conocidos caso Chocobar (de derecho penal) y Levinas (de derecho civil)”, agregaron. 

La controversia se enmarca en la disputa por el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad, pero la relación directa con Socma y la familia del expresidente y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le subió la temperatura a la disputa. La eventual quiebra de Correo puede tener consecuencias directas sobre el resto del grupo Macri, ya que los acreedores podrían pedir la extensión de la quiebra a sus accionistas, Socma y Sideco.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste envía los pliegos de sus candidatos a la Legislatura porteña. Actualmente, es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca.

ED

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires firmó este jueves un fallo a favor de Socma, la compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Al hacerlo, se declaró competente en el caso y esa decisión abre el camino para que la empresa tenga una nueva instancia para insistir con su objetivo, hasta ahora trunco: apartar a la jueza Marta Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin del caso Correo Argentino SA, en el que ambas vienen tomando decisiones contrarias a los intereses de los Macri y sus administradores.

Socma es la principal accionista de Correo y en febrero último acudió al máximo tribunal porteño en lugar de presentar su planteo ante la Corte Suprema de la Nación, como venía haciéndolo Correo hasta entonces. La Corte viene fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri. Además tiene pendiente resolver el último planteo de Correo desde diciembre de 2019. 

Ante el escenario adverso en la Corte y la salida de Macri de la Casa Rosada; luego de que la jueza Cirulli ordenara intervenir Correo, apartar a los administradores de los Macri de la compañía y abrir el proceso de salvataje de la empresa; más sucesivos fallos desfavorables de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, los Macri acudieron a un territorio amigo: la Justicia porteña. Buscan consenso para apartar a Cirulli y Boquin y poner un freno al posible final: la quiebra.

Camino a la Ciudad

Entre noviembre y diciembre de 2020, Socma solicitó a la Sala B de la Cámara Nacional en lo comercial que aparte a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin de la causa Correo al entender que ambas magistradas actuaban con presunta “parcialidad” y “enemistad manifiesta”.

En febrero, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron ambos planteos. Socma presentó un recurso de inconstitucionalidad y solicitó acudir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise la decisión. Las camaristas lo rechazaron in limine.

“El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero”, afirmaron entonces las camaristas, al rechazar el planteo de Socma en apenas media carilla. Las juezas no analizaron la cuestión planteada por Socma y los alcances del caso.

Aún así, Socma se presentó ante el tribunal porteño. Cuatro meses después, la máxima instancia judicial de la Ciudad hizo lugar al recurso de Socma y votó a favor con los votos de tres de sus cinco jueces. 

Con esta decisión, que se centró sólo en el caso de la jueza Cirulli -queda pendiente el planteo contra la fiscal Boquin- el Superior se metió de llenó en la controversia, entendió que es el tribunal superior competente para intervenir en el caso Correo y ordenó a la Cámara Nacional en lo Comercial otorgar a Socma el recurso para acudir ante el Tribunal Superior de la Ciudad.

Ahora, Socma podrá pedirle a los jueces porteños que aparten a Cirulli y a Boquin del caso Correo.

Los votos de los jueces 

Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi -exsecretario de Justicia del gobierno de Macri- e Inés Weinberg -candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación y miembro del consejo consultivo de Alberto Fernández para la reforma judicial- votaron a favor de Socma. 

“Este Tribunal afirmó su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria en supuestos como el del presente juicio”, aseguraron los jueces. En ese marco, requirieron a la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial “que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad de Socma”, que las camaristas habían rechazado en apenas unas líneas.

El juez Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz votaron en contra del planteo de Socma, pero sin dejar de reconocer la competencia de la Justicia porteña en el caso. Escribieron diferentes argumentos.

Lozano afirmó que “el recurso de inconstitucionalidad carece de una fundamentación mínima que justifique tramitarlo” y agregó que Socma no había fundamentado o demostrado la supuesta arbitrariedad de la jueza Cirulli.

La jueza Ruiz planteó que el tribunal debía admitir la queja de Socma, rechazar sus argumentos y confirmar la sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial, que rechazó apartar a la jueza Cirulli. Ruiz afirmó que las afectaciones constitucionales que planteó Socma “lo son de forma genérica, limitándose a enumerar derechos que considera afectados, pero sin vincularlos de manera suficiente con lo decidido por la Cámara o expresar de qué manera lo decidido resulta violatorio de esos derechos”.   

“La decisión es importante desde el plano institucional porque el Superior Tribunal de Justicia ratificó la jurisprudencia que viene fijando los últimos años, por la cual reclama que le corresponde ocupar el lugar de Tribunal Máximo en todos los juicios que se llevan a cabo en CABA”, afirmaron fuentes allegadas a la defensa de Socma. “Así lo dijo por ejemplo en los conocidos caso Chocobar (de derecho penal) y Levinas (de derecho civil)”, agregaron. 

La controversia se enmarca en la disputa por el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad, pero la relación directa con Socma y la familia del expresidente y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, suma un trasfondo político mucho más amplio.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste envía los pliegos de sus candidatos a la Legislatura porteña. Es TSJ es presidido por la jueza Weinberg de Roca.

El concurso de Correo tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación. Ninguno reconoce en este caso la competencia de la Justicia local de la Ciudad.

La fiscal Boquin ya había planteado en el expediente que la decisión de Socma de acudir a la Justicia porteña se encuadraría en un supuesto forum shopping, como se conoce a la maniobra mediante la cual una de las partes involucradas elige al juez que debe decidir sobre su propio caso. Socma presentó un nuevo escrito afirmando que sólo “se planteó un recurso legítimo admitido por el Máximo Tribunal de la Ciudad”.

Antecedentes

Correo está en proceso de salvataje y si éste fracasa, la jueza Cirulli deberá decretar la quiebra. Esa decisión podría llevar también a la quiebra a Socma y Sideco, accionista y exaccionista de Correo, según sostienen fuentes judiciales que intervienen en el caso. 

El concurso de acreedores ya suma casi 20 años. En 2017, la fiscal Boquin frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía de los Macri, que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado Nacional. Desde entonces, el caso sigue sin resolverse.

ED