Esta vez la ley Bases no puede fallar. Es el objetivo del Gobierno, que se juega no solamente las herramientas que le otorga el proyecto sino, sobre todo, la legitimidad política de gobernar con el respaldo del Congreso. Pero la tarea no es sencilla para el oficialismo, ya que a la heterogeneidad y a la impopularidad de las propuestas de la Casa Rosada se les añaden los insultos y las ofensas del presidente Javier Milei ya no al kirchnerismo sino justamente a esa oposición que le puede prestar los votos para que esas reformas estén vigentes.

Uno de los representantes de esa oposición dialoguista es el diputado Juan Manuel López, referente de la Coalición Cívica-ARI e integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, quien en diálogo con los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen, en Gambito de Datos (Radio Con Vos), dijo que “el proyecto anterior era inabordable” y que el texto nuevo concita una mayor adhesión, aunque la oposición marcará sus diferencias. Por ejemplo, en el caso de las privatizaciones: están de acuerdo con todas (figuran la de Aerolíneas, la Televisión Pública, el Banco Nación y las empresas de los trenes, entre otras) pero quieren mayor transparencia para los procesos de venta y/o concesión.

—El Gobierno manda una versión acotada de su ley Bases y del paquete fiscal. Pulieron ambas iniciativas y supuestamente ahora habría un mayor acompañamiento de la oposición. ¿Es así?

—El proyecto anterior era inabordable. Era un proyecto que llevaba juicio por jurados, reforma política, paquete fiscal con retenciones, una cantidad de cosas que ya ni me acuerdo...

—Los jueces con toga.

—¡Los jueces con toga! Sí, una cantidad de temas, algunos muy diversos, algunos muy puntuales, muy técnicos como hidrocarburos o como temas de ambiente, temas de la cultura, lo que se les ocurriera.

—¿Qué quedó en pie que le parece que puede llegar a ser positivo? Por ejemplo, ¿se va a volver a discutir el tema de los fideicomisos?

—Se quiere se quiere volver a discutir de una manera para mí incorrecta, que es, de vuelta, con una delegación al Presidente de plenos poderes para que haga lo que le parezca. Nosotros tenemos un proyecto desde el año pasado para fideicomisos, para transparentarlos y sean periódicamente evaluados, y que se sepa toda la información para el Congreso pueda ir monitoreándolos. Hay fideicomisos que siguen valiendo la pena y sobre este asunto no nos parece correcta la delegación de poderes al Presidente.

—De todos modos la delegación de facultades se limitó respecto del texto original.

—Se limitó a tres temas: a fideicomisos; a una reforma del Estado estructural, para que el Gobierno pueda, salvo excepciones que están en el proyecto, armar y desarmar el Estado como le parezca, lo que también es una delegación muy amplia pero está un poco más acotada; hay otra delegación que tiene que ver con las privatizaciones, que me parece que no tiene sentido porque nosotros vamos autorizar algunas privatizaciones. Con todas las que están en el borrador de este proyecto estamos de acuerdo, por lo menos los diputados de la Coalición Cívica, pero lo que queremos es darle más transparencia. Hay hay cosas que están bien, hay cosas que son discutibles. De vuelta viene una reforma al tema de hidrocarburos, una reforma al Código de Procedimiento Administrativo, vienen las privatizaciones...

—¿La reforma laboral quedó afuera?

—La reforma laboral no está en el borrador del Gobierno pero hay una intención de la Cámara de Diputados de discutir una reforma laboral ahora, porque es de los capítulos del DNU uno de los más relevantes, uno de los que más necesita la Argentina.

—Claro y está suspendido por la Justicia, el Gobierno lo quiere y por eso se está peleando con la Corte.

—Claro, es el primero que se suspendió, inmediatamente la Justicia lo suspendió. Queremos acompañar esto pero queremos hacerlo por ley y ojalá que que La Libertad Avanza acceda a que por iniciativa de algunos diputados eso se trate al mismo tiempo que la ley Bases y que el paquete fiscal que nos propone el Gobierno, que hay que pensarlo bien, ¿no? Porque ahí de vuelta viene una contradicción de Milei: el año pasado votó la derogación y ahora, como Presidente, lo vuelve a mandar.

—¿Qué postura tienen en la Coalición Cívica con el tema de Ganancias? Porque ustedes votaron en contra.

—Lo estamos estudiando. Porque sabemos que es el impuesto más progresivo que hay y el año pasado votamos en contra de sacarlo porque sabemos que en ese momento era sacarle mucha plata al Estado y que eso podía llevarnos una hiperinflación. Estuvimos al borde de una hiperinflación y Milei votó con Massa. Milei votó el plan platita. Después dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto y ahora trae Ganancias de vuelta. Está mucho mejor diseñado pero me parece que hay que revisarlo un poquito; revisar cada cuántos meses se actualiza el mínimo no imponible porque ellos proponen que se actualice una vez por año. Hay que ver si el mínimo no imponible que proponen es el correcto ellos. A ver si son $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados, o si tiene que ser un poquito más. Todavía no tenemos decidido qué hacer porque queremos por lo menos mejorarlo y después ver que si es el momento para volver a traer un impuesto a la argentina.

—¿El quiebre del bloque libertario puede llegar a ser el peor obstáculo que tenga el Gobierno para aprobar la ley ómnibus?

—Evidentemente tienen un complejo escenario en su fuerza política. La verdad que yo nunca vi que cambien un presidente de bloque a cuatro meses de empezar un gobierno.

—Máximo Kirchner se fue también pero al año siguiente, ¿no?

—Pero el diputado Kirchner renunció, acá se lo echó al diputado Zago. Yo no me quiero meter en la interna de ellos, es un problema de ellos, pero evidentemente ahí hay una dificultad. Ojalá la superen rápido. El presidente Milei le echa muchas culpas a la oposición pero en su fuerza política hay desavenencias grandes, conflictos. No me gusta meterme en las internas de los otros partidos políticos pero ojalá que se ordenen porque no es fácil gobernar la Argentina, no es fácil gobernar en minoría. Desde ese punto de vista uno trata de ser lo más responsable posible, de ayudar, pero ellos tienen que solucionar sus problemas y dejarse ayudar.

—El Gabinete se reunió el domingo a la noche con la presencia del embajador israelí, Eyal Sela, Muchos cuestionaron el posicionamiento del Gobierno argentino señalando quenos estamos alejando de la posición tradicional de la Argentina, de apostar por la paz. ¿Usted qué opina?

—No, yo creo que es una posición correcta, espero que no haya sobreactuaciones pero me parece que en principio es una posición correcta. Nosotros no podemos no dejar de condenar a un Estado terrorista como es el Estado de Irán, que perpetró dos atentados contra la comunidad judía en nuestro país, pero en definitiva dos atentados contra la Argentina, que los ataques fueron obviamente desmedidos y que Israel tiene el legítimo derecho a defenderse. Es importante, en estos momentos tan turbulentos, estar del lado de los países democráticos que tienen nuestros mismos valores. Espero que lo haga con la mayor prudencia, pero al mismo tiempo contundencia. Es muy difícil la situación internacional, yo creo que el rumbo que escoge Milei es el correcto y está bien que condenemos los ataques y que ayudemos a Israel desde las posibilidades que tengamos y que al mismo tiempo cuidemos y custodiemos eb la Argentina, como pidió Elisa Carrió, todos los objetivos que pueden ser atacados por Irán. La verdad que es algo para tomárselo con mucha seriedad.

JJD

Los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la comisión de Juicio Político votaron este jueves avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en la investigación por el supuesto mal desempeño de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de presiones, negociaciones y pedidos de un sector del oficialismo que se opone a que el kirchnerismo avance sobre dos temas sensibles: el patrimonio y el manejo de contrataciones y fondos millonarios de la Corte durante sus presidencias del juez Ricardo Lorenzetti (2007-2018), como informó este domingo elDiarioAR. 

El juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, solicitó vía telefónica a integrantes del bloque oficialista no avanzar en contra del magistrado respecto de los cargos que le endilgan los diputados de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto y Juan Manuel López, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Otro punto informado en la nota de este medio fue que los pedidos de Zamora llegaron a través del diputado Leopoldo Moreau a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó, entonces, para sostener el apoyo de Zamora y su diputado en la comisión, postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti, a pesar de que ciertos sectores del bloque quieren investigar a todos los jueces por igual.

Un tercer punto informado por elDiarioAR el domingo último: los gobernadores que solicitaron el juicio político contra los jueces de la Corte acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Ni la vocera de Lorenzetti ni en el entorno de Zamora respondieron las consultas de este medio.

Durante la reunión de comisión de este jueves, la diputada Oliveto afirmó: “El lunes vamos a presentarnos a la Justicia para ver si algún juez en Comodoro Py (los tribunales federales de Retiro) hace algo en relación a las presiones que recibimos ustedes y nosotros, y vamos a pedir que se investigue también al gobernador Zamora. Tarde o temprano van a tener que dar la cara en la Justicia”. La legisladora aliada de Elisa Carrió ya había denunciado presiones por parte del “equipo de Lorenzetti” durante la reunión de comisión de la semana última.

El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, le respondió este jueves sobre la “referencia sobre el tema de las presiones”. El diputado oficialista dijo que su espacio político “respeta mucho la labor periodística” y “cada uno sabrá qué escribe y por qué motivo”, con respecto a las notas citadas por la diputada Oliveto, pero que “ahora hay algunas cosas que se dicen y que se anticipan que por los resultados de las posiciones políticas de nuestro bloque han quedado en otro lugar”.

Sin embargo, además de las menciones explícitas de la diputada de la Coalición Cívica, ninguno de los legisladores del Frente de Todos desmintió o negó los pedidos, presiones y negociaciones informadas por elDiarioAR y resaltadas durante la reunión por la legisladora.

Hay sectores del oficialismo que no están de acuerdo con los pedidos de Zamora o con las señales de otros hombres fuertes en las provincias, como el reasumido gobernador Juan Manzur (Tucumán), quien citó al diputado de su provincia Mario Leito el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

El oficialismo votó avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en torno al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, principal pedido de Zamora. 

Además, a instancias del diputado Rodolfo Tailhade, sus compañeros de bancada en la comisión votaron otras medidas para investigar al juez Carlos Rosenkrantz y a dos medidas especialmente relacionadas con los pedidos de juicio político de la Coalición Cívica contra Lorenzetti: incorporar copia certificada del contrato firmado entre la Corte y el Banco Ciudad para resguardar depósitos judiciales y citar a declarar como testigos a Héctor Daniel Marchi (administrador general de la Corte desde al menos las presidencias de Lorenzetti) y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se confirmó que el Frente de Todos se negó a citar a los gobernadores a la comisión. De hecho, ninguno de sus diputados los incluyó en la lista de testigos, otra sugerencia del gobernador Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

El diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense, espacio de Roberto Lavanga, opositor) pidió citar al presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales que acompañaron el pedido de juicio político, pero el oficialismo lo rechazó en la votación de este jueves.

Queda pendiente conocer cuál será la prioridad a la hora de avanzar en la investigación y si el Frente de Todos postergará o no los ejes de las acusaciones más sensibles contra Lorenzetti para mantener la armonía interna.

ED/MG

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

Luego de un miércoles de reuniones, pase de mensajes y consultas entre los integrantes de la comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados, los distintos interbloques están listos para presentar este jueves a partir de las 11 sus respectivos informes con respecto a los 14 proyectos de juicios políticos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las fuentes legislativas de las distintas fuerzas políticas consultadas por elDiarioAR.

En el Palacio de Justicia, casi en simultáneo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantendrán la primera reunión de acuerdo del año y dictarán sentencias, aunque no trascendió qué casos tratarán. El jueves último, los magistrados tuvieron un plenario para tratar la agenda del máximo tribunal en 2023, según una fuente de la Corte, que mantiene un hermetismo extremo desde que el gobierno de Alberto Fernández motorizó el tratamiento de los pedidos de juicio político durante enero.

En esta etapa del proceso en la comisión, tras escuchar los argumentos de los firmantes de los pedidos de jury contra los ministros del máximo tribunal del país, los 31 integrantes deben decidir si abren una investigación contra todos o algunos de los jueces acusados -paso previo a la acusación formal en el recinto de Diputados- o si, en cambio, estas acusaciones se archivan.

La prioridad para el oficialismo es que este jueves se vote su informe de admisibilidad para abrir una investigación sobre los cuatro jueces de la Corte y el Frente de Todos tiene los votos suficientes para lograrlo, ya que necesita una mayoría simple en la votación y tiene 16 de los 31 diputados de la comisión.

Es el máximo al que apunta el kirchnerismo: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la segunda etapa del proceso, ya que necesita los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Informes

Dos fuerzas políticas presentarán dos informes de admisibilidad, es decir que argumentarán por qué deben abrirse formalmente sumarios contra los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por un lado, el oficialismo presentará un informe de admisibilidad contra los cuatro magistrados, los 14 proyectos presentados y buscará promover la destitución de todos los jueces de la Corte por presunto mal desempeño. Incluirá los dos pedidos de juicio políico contra el juez Lorenzetti que había presentado años anteriores la Coalición Cívica (CC) que lidera la opositora Elisa Carrió.

El segundo informe de admisibilidad que se someterá a votación este jueves es el de los diputados de la CC, que contó con la participación y seguimiento de Carrió, afirmó una fuente directa del bloque. 

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, y la diputada Paula Oliveto tienen listo un documento de casi 20 páginas en el que analizan las razones por las cuales consideran que debe abrirse un sumario contra Lorenzetti e iniciar su pedido de juicio político por presunto mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), principal fuerza opositora, tiene desencuentros en este último punto. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, que lidera Mario Negri) y el PRO (que preside Cristian Ritondo) que integran la comisión no acompañarán los pedidos de juicio político contra Lorenzetti presentados por la CC, pero los legisladores no se mostrarán divididos y presentarán un único informe con dos posturas: plantearán el rechazo in limine de los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte y en el mismo documentos los diputados Lago y López declararán la apertura del sumario de investigación respecto de Lorenzetti, pero exclusivamente en relación a los hechos previstos en los expedientes que impulsaron con Carrió y no por los que argumentó el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández.

Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados.

Juan Manuel López y Paula Oliveto — Diputados de la Coalición Cívica.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal que responde a Roberto Lavagna, presentará su propio informe, separado de Juntos por el Cambio pero en el mismo sentido general: rechazará in limine las solicitudes de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, de acuerdo con un documento que publicó el miércoles la periodista Silvina Brandimarte en Twitter.

Cómo se votará

Durante este miércoles, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), definió junto a su bloque cómo se llevará a cabo la votación de los informes este jueves. La decisión era central y debía estar definida antes del inicio de la comisión. 

La CC había planteado que la votación fuera por expediente (son 14), lo que le permitía votar únicamente a favor de iniciar una investigación contra Lorenzetti solo por los dos expedientes que impulsa esta fuerza política y rechazar el resto de los cargos contra Lorenzetti y sus colegas, ya que las acusaciones que plantea el oficialismo contra el juez de Rafaela son diferentes a las de la CC. El espacio liderado por Carrió apunta al manejo de los fondos millonarios del Poder Judicial durante las presidencias del magistrado, entre otros hechos.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, Gaillard confirmó a la oposición que se votará el paquete completo de expedientes contra los cuatro jueces, sin diferenciarlos. Incluirá los dos expedientes iniciados por los diputados aliados de Carrió.

Argumentos del FdT

El oficialismo promoverá la apertura de sumarios contra los cuatro jueces por alrededor de 60 hechos. Entre las principales causas de presunto mal desempeño se encuentra el fallo de la Corte en diciembre, en el que ordenó a Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. 

El pedido de juicio político contra la Corte se activó luego de la filtración de chats entre Silvio Robles (vocero del juez Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, a quien le hackearon el teléfono), en el que el asesor del presidente de la Corte supuestamente anticipaba el resultado de la sentencia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. 

Otro hecho por el que el kirchnerismo busca enjuiciar a los ministros de la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra y remueve jueces– y que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El fallo del máximo tribunal retrotrajo la composición del organismo a 20 miembros y puso al presidente de la Corte como cabeza del Consejo que maneja la designación y sanción de los jueces. 

Un tercer hecho es la sentencia que otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en 2017, que votaron Rosenkrantz y Rosatti, entre otras acusaciones relacionadas por derechos humanos.

Lorenzetti

A diferencia del oficialismo, la Coalición Cívica no basó las acusaciones contra el ex presidente de la Corte (2007-2018) en sus fallos, sino en los manejos internos del máximo tribunal durante sus consecutivas presidencias, un período en el que Lorenzetti supo construir y concentrar poder como cabeza del tribunal.

En el informe que presentarán este jueces ante la comisión, los diputados López y Oliveto explican las dos causales del juicio político: el mal desempeño o la mala conducta, que “no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.

Pero además, López y Oliveto acusan a Lorenzetti de supuestos delitos penales: “Queremos dejar en claro que en el caso hay conductas que pueden constituir ilícitos penales. En algunos casos incluso existieron expedientes que fueron archivados, pero sin haber sido dictado sobreseimiento alguno”, argumentaron.

Acusan al juez de Rafaela de haber sido “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia que condicionara el accionar en la magistratura”; “evidente falta de transparencia en su gestión en la Corte, como presidente del Tribunal”; “eventual comisión de delitos por cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y del manejo de los fondos de la justicia”; entre otros argumentos.

“Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. Y desde que dejó de ser presidente del Tribunal, sus energías estuvieron dirigidas en minar la imagen de los ministros de esa misma Corte que integra pero que ya no puede dominar a su gusto”, sostienen López y Oliveto.

Los diputados aliados de Carrió también acusan a Lorenzetti por “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia”, que “se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas muy allegadas al expresidente de la Corte”.

Carrió y sus aliados vienen sosteniendo desde hace años que Lorenzetti centralizó las decisiones de tipo presupuestario en la Corte Suprema y propicio “el desbaratamiento de todo mecanismo de control interno y externo por parte del Consejo de la Magistratura” sobre estos fondos.

También lo acusan por los “sospechosos sorteos de causas e irregularidades en el sistema de informatización del Poder Judicial” y citan las denuncias de dos empresas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), por supuestas irregularidades en una licitación para informatizar todos los tribunales del Poder Judicial durante la presidencia de Lorenzetti. 

“Durante la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema contrató a una empresa investigada en la Justicia por irregularidades en convenios con ANSeS y el Ministerio del Interior para la provisión de una cartelería digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la empresa Dinatech SA”, cita el informe de admisibilidad de la Coalición Cívica.

También alegan “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución presupuestaria” de la propia Corte; la “designación y asignación arbitraria del personal” en el máximo tribunal; y el “incumplimiento a la ley de Ética Pública en relación a la presentación de Declaraciones Juradas”, ya que Lorenzetti, “para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública —por la ausencia de transparencia en su patrimonio—, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.

El informe también apunta al “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

El resto de los bloques que conforman Juntos por el Cambio (la UCR y el PRO) no votarán a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti por estos hechos, pero el oficialismo sí lo hará, confirmó una fuente del Frente de Todos.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED

Desde 2016, cuando la Corte Suprema pasó a estar integrada por cinco jueces, el poder en el máximo tribunal tiene nombres pero también un número: tres. Esa es la cantidad de jueces que se requiere para confirmar una mayoría que permita tomar decisiones tanto jurídicas como administrativas y de gestión. Es el número de cartas que los dos jueces más poderosos del máximo tribunal en los últimos 16 años, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, han estado barajando para conservar o intentar conservar el poder supremo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere someter a juicio político para impulsar la destitución de sus integrantes está atravesada con una interna suprema, nunca antes vista por abogados, magistrados y colaboradores que habitan el Palacio de Justicia, según reconocieron ante las consultas de elDiarioAR. Todos los consultados hablaron en off the record. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques que actualmente parecen de acero: la mayoría o el trío (integrado por el actual presidente Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

Algunos de los consultados en las últimas semanas han sostenido que la avanzada oficialista sobre los cuatro jueces podría obligarlos a unirse. Al fin y al cabo, resaltan, abroquelarse frente a un adversario común es la tendencia en el máximo tribunal últimamente. 

Otros creen que no hay vuelta atrás y que la enemistad entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz frente a Lorenzetti es irremediable. La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tendrá que elevar demasiado la temperatura para derretir el acero que los separa.

El diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), vicepresidente de la comisión parlamentaria y integrante del bloque que viene pidiendo el juicio político de Lorenzetti desde al menos 2017, dijo a elDiarioAR en una nota del domingo último: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte se profundizó con el fallo a favor de la demanda de Ciudad por la coparticipación de la recaudación de los impuestos nacionales, que le quitó fondos al Ejecutivo Nacional. A diferencia de otros fallos centrales del tribunal, esta vez Lorenzetti votó en sintonía con el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz.

El juicio político contra los jueces de la Corte no prosperaría, al menos con la composición actual en Diputados y Senado: “Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados en la comisión para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, aseguró el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a este medio.

elDiarioAR se comunicó con voceros y allegados de los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti pero en los dos primeros casos declinaron responder sobre las internas de poder, las denuncias en su contra y el pedido de juicio político por el momento. En el caso del presidente del tribunal, aún no respondieron.

La otra Corte

De los siete miembros que se había conformado durante la presidencia de Néstor Kirchner, habían quedado apenas tres integrantes a finales de 2015, a causa de las muertes durante 2014 de Carmen Argibay Molina y Enrique Petracchi y la jubilación de Raúl Zaffaroni, y el retiro de Carlos Fayt en septiembre de 2015.

Lorenzetti, Maqueda y Highton siguieron en el tribunal y en 2016 el presidente Mauricio Macri nombró por decreto, saltándose el procedimiento impuesto por la Constitución Nacional, a los abogados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (quien llegó con el apoyo de Elisa Carrió). Poco después, Macri debió enviar los pliegos de ambos jueces al Senado para cumplir con la Constitución.

La integración de cinco jueces fue impuesta por el kirchnerismo en 2006, con la sanción de  la Ley Nº 26.183, que dispuso reducir el número de ministros a partir de futuras salidas de los magistrados (que entonces eran siete).

Lorenzetti conservó la presidencia. A partir de 2016, comenzó a funcionar la mayoría de tres para sacar fallos o tomar decisiones internas de poder, pero los tríos eran circunstanciales. 

Por ejemplo, entre 2016 y 2018, existió “la mayoría peronista”, como el gobierno de Macri llamó a la alianza entre Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, quienes acordaban fallos que disgustaban al macrismo. 

Pero en 2018, el estilo “personalista” de Lorenzetti engendró otro trío, entonces conformado por los últimos dos jueces incorporados al tribunal y Highton, quienes impulsaron en las sombras el desplazamiento de Lorenzetti de la presidencia para nombrar en ese cargo a Rosenkrantz. La interna trepó a niveles inéditos, que se acrecentaron todavía más a partir de 2021.

Última etapa

La Corte quedó integrada por cuatro jueces a finales de 2021, cuando la jueza Elena Highton de Nolasco, única mujer y vicepresidenta del tribunal, decidió jubilarse aunque haía resistido su salida con un amparo. Fue luego de que el trío integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz votó a Rosatti como presidente del tribunal. 

La costumbre de votarse a sí mismo para el cargo más importante de la Corte no fue inaugurada por Rosatti. Fue una táctica del ex juez Julio Nazareno para mantenerse en la presidencia durante los 90 y ya lo había hecho Rosenkrantz en 2018, pero con el voto forzado de Lorenzetti, a quien Maqueda -otrora aliado indiscutido del juez de Rafaela- convenció de fingir el apoyo a su sucesor impuesto para guardar las formas, como contó la periodista Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, que, junto con Los Supremos, detalla la historia reciente del máximo tribunal, las personalidades de sus integrantes y sus pujas de poder internas y externas. 

La diferencia en 2021 fue que la designación de Rosatti ocurrió en septiembre, durante un acuerdo extraordinario convocado antes de tiempo, cuando Lorenzetti se encontraba de viaje oficial por el extranjero. Highton, que había sido clave para desplazar a Lorenzetti en 2018, solicitó formalmente que se aguardara a la llegada del juez de Rafaela para la votación, pero el nuevo trío avanzó de todas formas. 

Rosatti sólo pudo ser elegido con su propio voto porque no alcanzaba sólo con el apoyo del presidente saliente, Rosenkrantz y Maqueda. Highton renunció a la Corte poco después y el tribunal quedó atravesado por la disputa de poder interno entre el nuevo trío consolidado (Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) versus Lorenzetti, quien no renunció a disputar a su manera el poder en el tribunal. O al menos a vengarse de las “traiciones” de 2018 y 2021.

Rosatti y Lorenzetti tienen perfiles muy diferentes. “Durante su presidencia, Lorenzetti buscó siempre que los fallos reflejaran un equilibrio de decisiones que favorecieron a veces y perjudicaran otras a los grupos de poder externos a la Corte (el Gobierno de turno, Clarín, la oposición, los empresarios) y gestionó su poder construyendo una relación muy fuerte con los jueces, en especial con los federales de Comodoro Py. Rosatti, en cambio, construyó su liderazgo desde la confrontación con el gobierno actual y buscando la unión de los jueces abriendo el juego por afuera de Comodoro Py”, afirmó un jurista que conoce de primera mano el funcionamiento de la Corte. 

El nuevo trío tiene ciertas características llamativas: Maqueda, el juez más antiguo del tribunal -lleva dos décadas-, de bajo perfil y sin vocación de presidir la Corte, “viene votando en sintonía con Rosenkrantz, quien se encuentra en las antípodas ideológicas y jurídicas” del juez cordobés, explicó a este medio un hombre del mundo judicial. “Lo unió el adversario común, Lorenzetti”, explica otro magistrado, al tanto de las intimidades del máximo tribunal. 

ED

Juntos por el Cambio planta bandera. Apenas conocido el extenso temario de sesiones extraordinarias en el Congreso por parte del Presidente, con el plato fuerte del jury a la Corte Suprema, pero también las iniciativas de reformar el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, en la oposición ratifican su estrategia de bloquear cualquier debate parlamentario. No vamos a dar tratamiento a ningún tema mientras exista este ataque a la Justicia“, dijo a elDiarioAR el diputado Juan Manuel López, titular de la bancada de la Coalición Cívica, y una de las espadas legislativas opositoras. 

La estrategia de JxC –que recuerda al intransigente Grupo A que encabezaba Patricia Bullrich en 2010– afectaría los planes del ministro Sergio Massa, ya que en las extraordinarias se incorporó un importante paquete de normas económicas. “No podemos entrar en el juego del Frente de Todos, que es hacer de cuenta que es normal enjuiciar a toda la Corte Suprema por dos fallos judiciales que no le gustaron al poder político de turno”, subrayó López en esta entrevista con elDiarioAR. 

Siendo vicepresidente de la comisión de juicio político –dominada por el oficialismo por apenas un voto, lo que le alcanza para firmar dictamen– el diputado del espacio de Elisa Carrió explica qué hará JxC durante la discusión del enjuiciamiento, donde están citados los jueces de la Corte, pero también el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro porteño de Justicia en licencia, Marcelo D’Alessandro, a partir de los chats entre sí que se filtraron. Justificó el rol de la oposición más allá de la cuestión electoral y negó que haya habido contactos con los magistrados durante estos últimos días. “No sirve para enjuiciar a un juez de la Corte una conversación entre un colaborador y un funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, por más importante que sea el funcionario”, aseguró.

-¿Cómo se imagina que se va a dar la discusión en la comisión?

-Depende de la seriedad que le quieran dar al trámite del juicio político. Primero vamos a discutir la admisibilidad de los cargos, es decir, si corresponde enjuiciar a los jueces de la Corte por las acusaciones que sean. En este caso, principalmente el fallo del Consejo de la Magistratura y la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es inadmisible iniciar un juicio político por esas dos resoluciones judiciales. Si perdemos esa discusión, porque la mayoría del Frente de Todos puede imponerse, vamos a dar un debate sobre lo procedimental y sobre las medidas de prueba. Pero me da la sensación de que buscan embarrar la cancha y generar un escándalo, no un proceso constitucional correcto.

-No mencionó entre las acusaciones del FdT la supuesta connivencia entre la Corte y la Ciudad que se conoció a través de los chats entre Robles y D'Alessandro.

-Eso está judicializado y en medio de un proceso penal. Esa conversación es producto de una intervención ilegal y, además, no sabemos la veracidad de ese contenido. Está siendo investigada en sede penal, donde corresponde. No sirve para enjuiciar a un juez de la Corte una conversación entre un colaborador y un funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, por más importante que sea el funcionario.

-El FdT va a pedir la citación a los jueces.

-A los jueces, una vez que se declare o no si se declara admisible el juicio político, hay que correrles traslado de la acusación para que decidan cómo y cuándo defenderse. Y se los puede citar una vez que esté claro de qué se los acusa y que la Comisión haya decidido eso. Pero después ellos pueden declarar por escrito o pueden no declarar. Me parece que va a haber que ser muy serios y muy cuidadosos si esa instancia llega a prosperar.

-¿No es obligatorio que tengan que ir?

-El reglamento no lo hace obligatorio. El reglamento les permite defenderse o no. Pero sí siempre hay que dar la oportunidad de la defensa.

(Los jueces de la Corte) pueden declarar por escrito o pueden no declarar. Me parece que va a haber que ser muy serios y muy cuidadosos si esa instancia llega a prosperar (en la Comisión)

-También van a pedir testimonial a Robles y D’Alessandro. ¿Cómo sería su caso?

-Hay que revisar bien el reglamento de la Cámara y hay que resolver caso por caso, testimonial por testimonial, para ver si tiene que ver con la acusación que se le formula a los jueces de la Corte, qué puede aportar cada una de esas testimoniales.

-¿Es parte de la estrategia que marcaste de “embarrar la cancha”?

-Primero filtraron una supuesta conversación y después se generó un ámbito para hacerlos hablar. Me parece que eso no fue casual.

-¿Qué hubiera pasado si la situación era al revés? Si se filtraba un chat entre un juez y el ministro Martín Soria o el secretario Juan Martín Mena, por ejemplo.

-Nosotros nunca organizamos un juicio político o una comisión investigadora para hacer un proceso penal paralelo. Dejamos que la Justicia avance y las medidas que tiene que tomar son su responsabilidad. Son cosas distintas.

-Pero la oposición presentó el año pasado una docena de juicios políticos contra el Presidente, la vice y algunos funcionarios.

-Sí, es que el juicio político es una herramienta constitucional válida. El tema es usarlo para qué. Acusar sobre qué. Y acá, insisto, hay dos fallos que al Presidente y a la vicepresidenta no le gustaron: uno es el de la Ciudad de Buenos Aires y el otro es el Consejo de la Magistratura y la ejecución de ese fallo. Como finalmente avanzó la corte en las dos situaciones en diciembre, primero intentaron desacatar y como no pudieron iniciaron una persecución a la Corte a través del juicio político.

-¿En JxC admiten que asumen un rol de “defensa” de la Corte?

-De la independencia de la Corte, sí. No tiene que ver con que nos guste más o menos los magistrados. Tiene que ver con garantizar la independencia de la Corte como cabeza del Poder Judicial.

-¿Han tenido contacto con los magistrados en estos días?

-Por lo menos yo, no.

-¿Puede haber una relación de costo o beneficio político en el futuro, llegado el caso de que JxC gane las elecciones?

-Nosotros no podemos especular con qué conviene o qué no conviene cuando lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial. Nosotros somos controladores del Poder Judicial, pero también garantes de esa independencia como actores políticos. Y decidimos asumir sin especulaciones el rol de garantes de la independencia del Poder Judicial.

Nosotros somos controladores del Poder Judicial, pero también garantes de esa independencia como actores políticos. Y decidimos asumir sin especulaciones el rol de garantes de la independencia del Poder Judicial

-Hay un apéndice en el juicio político que es el caso puntual de Lorenzetti, porque la Coalición Cívica le presentó un pedido de jury.

-Ese juicio político tiene cargos delimitados y la acusación a uno de sus integrantes, por cuestiones que tienen que ver con la administración del Poder Judicial o con hacer la vista gorda a reclamos de algunos jueces que denunciaban el narcotráfico en algunos lugares. Pero es independiente del pedido de juicio político del Presidente. En general, el Frente de Todos siempre termina negociando con Lorenzetti, con lo cual no creo que avance con el pedido de juicio político de la Coalición.

-¿En el proceso contra toda la Corte, usted o Paula Oliveto, la otra diputada de la CC que integra la comisión, pueden tener algún reparo en la acusación contra Lorenzetti?

-Depende de qué se lo acuse. Si se lo acusara por los cargos que en su momento denunciamos nosotros, es una cosa; pero si se le acusa por los mismos cargos que al resto de los jueces de la Corte, es distinto. Acá lo que se evalúan son acusaciones concretas y cada uno tiene que ir evaluando acusación por acusación.

-¿El oficialismo podría buscar con el tema Lorenzetti hacer cuña en JxC?

-Puede suceder. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes para poder separar las cosas sin retirar el juicio político a Lorenzetti y sabiendo lo que tenemos que hacer.

-El juicio político se incluyó en un temario de extraordinarias muy extenso, incluyendo la ampliación de la Corte y la reforma al Consejo de la Magistratura.

-Para disimular el juicio político a la Corte metieron veintipico de expedientes, como diciendo que la Corte es una cosa. Insólito por parte del Presidente de la Nación. Y tiene que ver con el intento de socavar la independencia del Poder Judicial y tratar de garantizar impunidad a Cristina. Son proyectos que están, afortunadamente y por nuestro trabajo, trabados en la Cámara de Diputados; que tuvieron media sanción del Senado porque Cristina los supo sacar de su Cámara. 

-Aunque ninguno de esos tres proyectos puede avanzar en el recinto, ¿van a condicionar el apoyo del paquete económico, también incluido en las extraordinarias?

-No podemos entrar en el juego del Frente de Todos, que es hacer de cuenta que es normal enjuiciar a toda la Corte Suprema por dos fallos judiciales que no le gustaron al poder político de turno. Entonces, no podemos convalidar un Congreso donde esté disociado un tema del otro.

-¿Efectivamente se va a bloquear el Congreso?

-Sí, no vamos a dar tratamiento a ningún tema mientras exista este ataque a la Justicia, a la independencia del Poder Judicial.

-Pero si igualmente van a poder bloquear ese “ataque” en el recinto. ¿No es una actitud extrema paralizar el funcionamiento de la Cámara?

-Me parece que es lo que tenemos que hacer. El Gobierno no asume que es una primera minoría muy débil y que tienen que tener otro tipo de actitudes en el Congreso.

-Ninguna de las leyes de promoción económica o lavado de activos y blanqueo, y las demás que envió Massa van a acompañar.

-No vamos a dar ese debate mientras haya un ataque a la independencia del Poder Judicial.

-¿Habla como presidente del bloque de la Coalición Cívica o como parte del interbloque de JxC?

-Hablo como presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y es algo que hemos hablado en la mesa nacional de Juntos por el Cambio y todos coinciden en esto.

El Gobierno no asume que es una primera minoría muy débil y que tienen que tener otro tipo de actitudes en el Congreso

-¿Y el pliego de Rafecas en el Senado, que también se trataría en extraordinarias y en su momento hasta Carrió pidió acompañarlo?

–Es un tema interno del Frente de Todos. Hace tres años que está el pliego y nunca lo trataron. No entiendo la razón por la que lo ponen en extraordinarias. Me parece que tiene que hablarlo con Cristina Kirchner. 

-En el plano electoral, Carrió se mostró con el radical Gerardo Morales esta semana. ¿Qué hay detrás de esa foto?

-Hay un acuerdo programático y político importante. Hay un trabajo que se basa en el conocimiento entre ellos desde hace muchísimos años. En el año 2009 pudieron acordar el Acuerdo Cívico y Social, que fue la alianza política que ganó en todo el interior del país las elecciones de medio término y le puso un freno al kirchnerismo en esa oportunidad, y van a seguir trabajando juntos para garantizar la unidad de JxC.

-¿No hay una fórmula mixta?

-No, entre ellos no. Pero parte de las cosas que propusieron es que pueda haber fórmulas mixtas.

-¿Es un mensaje al PRO? Ambos están cerca de Larreta.

-O Larreta cerca de ellos. Ya sea que Larreta se pueda reunir con Morales, o Larreta con Carrió, Morales y Carrió también se pueden reunir entre ellos.

-¿Cuándo hay foto de Carrió con Larreta? 

–No tengo idea (risas), pero sé que se hablan, así que no es que esté faltando.

MC/MG

El sector más duro del oficialismo prepara su estrategia en la avanzada contra la Corte Suprema: ampliar la investigación sobre los jueces del máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político a otros pedidos de jury que van más allá de la presentación del presidente Alberto Fernández, según explicaron a elDiarioAR integrantes del bloque del Frente de Todos (FdT). También buscarán incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

Rodolfo Tailhade, uno de los 16 diputados oficialistas de la comisión en la Cámara de Diputados, afirmó a este medio que “la postura del bloque oficialista todavía no está definida y lo hablaremos esta semana posiblemente. Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque y a la presidenta de la comisión para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó Tailhade a elDiarioAR. 

“Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”, agregó el diputado, uno de los que encabeza la ofensiva pública contra jueces y fiscales enfrentados al kirchnerismo. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

Los jueces de la Corte nunca se han manifestado públicamente sobre las acusaciones en su contra. “Los ministros hablan a través de sus fallos”, suelen responder en el máximo tribunal.

El trío

La Corte está compuesta por una mayoría que vota en sintonía permanente desde la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021. Está integrada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, quien pretendía recuperar la presidencial del máximo tribunal, quedó en minoría, aunque en el fallo que potenció la crisis entre la Corte y el Gobierno (por la coparticipación de fondos a favor de la Ciudad) votó junto a sus colegas.

“Este Gobierno ha logrado lo impensado: unir a los cuatro jueces de la Corte”, ironizó un magistrado de diálogo constante con Lorenzetti.

En la Comisión de Juicio Político, el sector más duro del oficialismo ya repasó dos pedidos de jury que servirán como argumento para investigar al juez Carlos Rosenkrantz. Se trata de una presentación de 2020 realizada por la diputada (FdT) y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, en la que denunció a Rosenkrantz por su voto a favor de aplicar el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad.

También, estuvieron releyendo la presentación de la Asociación Americana de Juristas (rama argentina) contra los cuatro ministros de la Corte, anunciada en agosto de 2022, aunque aún no figura en los registros públicos de la comisión. Allí, prestaron especial atención a las acusación contra Rosenkrantz que este grupo de juristas, con buen diálogo con el kirchnerismo, basó a partir de una nota publicada por El Destape, en la que sostenían que el juez de la Corte había supuestamente intervenido en una veintena de fallos ligados a clientes de su ex estudio jurídico. 

El juez Juan Carlos Maqueda, el más antiguo de los cuatro integrantes actuales de la Corte, no tiene pedidos de juicio político individuales en su contra, aunque sí está acusado en la denuncia contra los cuatro jueces que realizó la Asociación Americana de Juristas. 

Aún así, el kirchnerismo anotó en su lista la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py por presuntas contrataciones irregulares en la Obra Social de los judiciales, que estuvo a cargo de Maqueda durante años, antes de que dejara de estar bajo su órbita, tras la asunción de Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021, como informó La Nación.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es el principal apuntado en el pedido de juicio político que promueve Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. “Ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño”, dice la presentación sobre los cuatro jueces del máximo tribunal.

También los acusó de provocar un “grave ataque” al sistema federal por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación de impuestos nacionales.

A Rosatti, Fernández lo acusó “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”. “En su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (...) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, entre otros supuestos hechos.  “Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a este gobierno, específicamente junto a (Marcelo) D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como se señaló previamente”, en base a los supuestos chats filtrados en las últimas semanas.

Lorenzetti

Mientras el Presidente ha puesto énfasis en la acusación contra Rosatti, en la Comisión de Juicio Político de Diputados descansan desde 2017 varios pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Fueron presentados por Elisa Carrió y el bloque de la Coalición Cívica (CC), integrante de Juntos por el Cambio.

El oficialismo analiza rescatarlos del olvido y por primera vez darles tratamiento, explicaron fuentes del bloque del FdT. Allí, la CC ha solicitado que se investigue a Lorenzetti por su patrimonio y supuestas relaciones con empresas privadas y la “oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial de la Nación” durante su presidencia en la Corte; además de “la inapropiada e intimidatoria injerencia” sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La CC incluso afirmó que en la causa de los cuadernos “habría escuchas donde se menciona ‘al loro’ (sic) -como se lo conoce a Lorenzetti en el Poder Judicial- como operador de esa causa contra el fiscal Carlos Stornelli” y presuntamente intentando “ayudar al ex funcionario de Cristina Kirchner Roberto Baratta”. 

El diputado Juan Manuel López (CC), uno de los opositores que integra la comisión, dijo a elDiarioAR: “En principio, no creo que el oficialismo tenga una real intención de avanzar con nuestro pedido de juicio político contra Lorenzetti”, un juez que ha construido y deconstruido alianzas con el que el kirchnerismo, siempre circunstanciales. “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”.

“En segundo lugar -aseguró López-, si así lo hicieran será bienvenido por la Coalición Cívica. No vamos a retirar nuestra denuncia y no nos preocupa que se tramite eventualmente en la comisión en este contexto porque cada cargo se tramita por separado, por lo cual las acusaciones contra Lorenzetti pueden avanzar de manera independiente a los pedidos de juicio político del resto de los jueces del tribunal”

“El trabajo en la comisión permite realizar medidas de prueba de cada expediente. Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, sostuvo Tailhade.

Entre las medidas de prueba, la Comisión de Juicio Político puede citar a declarar a magistrados y funcionarios, quienes están obligados a comparecer ante los diputados, de acuerdo con el reglamento parlamentario. Los denunciados también pueden ser citados pero tienen el derecho de optar por un descargo escrito.

ED

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia puso en alerta a Juntos por el Cambio. El bloque opositor es el freno institucional que tiene en el Congreso la iniciativa del Gobierno: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios en los recintos de Diputados y Senadores. Pero la maniobra de desgaste a los magistrados que el oficialismo ensayará en la comisión de juicio político –el primer paso del debate– obliga a los opositores a preparar un contraataque.

Será la comisión, entonces, el campo de batalla. Allí el kirchnerismo tiene una mayoría ajustada para iniciar el expediente contra Horacio Rosatti y el resto de los cortesanos: del total de 31 miembros, 16 son del FdT, 14 de JxC y el restante del Interbloque Federal. 

La mínima diferencia a favor le da aire al Gobierno para llevar las riendas del debate, que incluye la posibilidad de citar a declarar a los “imputados”, llamar a “testigos” o pedir distintas medidas de prueba. Pero la oposición no quiere dar el brazo a torcer tan fácil, según recogió elDiarioAR de fuentes parlamentarias. 

En JxC ya comenzaron a delinear qué rol tendrán, asumiendo la “defensa” de la Corte. Caminos posibles serían aprovechar la apertura de la comisión para insistir con los pedidos de juicio político ya presentados contra funcionarios del FdT o –una jugada más drástica– directamente vaciar el debate en Diputados.

La semana pasada hubo diálogos directos entre los principales legisladores que integran la comisión. Con varios dirigentes de vacaciones en la costa atlántica o en sus provincias de origen, las conversaciones fueron vía chat y Zoom. Distintas fuentes coincidieron en que fueron “informales”. Esta semana profundizarán el debate al respecto.

En el intercambio virtual participaron –entre otros– el lilito Juan Manuel López, que es vicepresidente de la comisión, segundo detrás de la oficialista Carolina Gaillard; Mario Negri, jefe del bloque de la UCR y que hace las veces de secretario del cuerpo; y Omar de Marchi, diputado del PRO, también secretario de la comisión y vicepresidente primero de la Cámara baja. 

Son tres figuras de peso en la trama opositora, lo que también revela el interés de la coalición cambiemita en el devenir del jury. Detrás de ellos está la mesa nacional de JxC, atenta a la jugada parlamentaria. “Tuvimos conversaciones informales entre los diputados que integramos la comisión, pronto vamos a definir un esquema de reuniones. Hay mucha tela para cortar sobre qué hacer, aunque obviamente no vamos a convalidar el juicio político a la Corte”, apuntó uno de los diputados protagonistas.

Una posibilidad que tenemos es pedir que se abran todos los pedidos de juicios políticos vigentes

Uno de los diputados clave de JxC en la comisión de juicio político

Completan el mapa de opositores de la comisión los radicales Manuel Ignacio Aguirre, Ximena García y Francisco Monti, y los amarillos Pablo Tonelli, Graciela Ocaña, María Luján Rey, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y Álvaro González –también secretario en la comisión–. Además están Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Carla Carrizo, del radicalismo referenciado por Martín Lousteau. El único no cambiemita es el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez (jefe del Interbloque Federal), que ya manifestó por su cuenta el rechazo al juicio político.

La estrategia opositora está en gateras y se acelerará desde este lunes. Más teniendo en cuenta que ya la semana próxima volvería a abrirse el Congreso por el llamado a extraordinarias del Presidente, que se prevé para la segunda quincena del mes. La Casa Rosada confirmó que el juicio político será uno de los puntos del temario parlamentario. 

Desde ese momento, el oficialismo puede convocar a la primera reunión de la comisión para votar si es válido darle curso al proyecto de enjuiciamiento político. Recién entonces, se abre una ventana de 60 días máximos para hacer el “sumario” del expediente acusatorio. 

Otro de los diputados opositores más encumbrados admitió a elDiarioAR que está “estudiando” al detalle el tema. Sin embargo, ya hay algunas líneas gruesas de trabajo por dónde podría ir su “defensa”. 

El reclamo por otros juicios políticos

“Una posibilidad que tenemos es pedir que se abran todos los pedidos de juicios políticos vigentes”, manifestó una de las espadas de JxC. Ratificó una intención opositora que este diario ya adelantó días atrás, lo que podría derivar en una escalada de consecuencias inciertas: una “caja de Pandora” que impacte en todo el sistema político.

La oposición tiene con qué contraatacar. Solo en diciembre pasado ingresaron siete proyectos de jury, todos hacia funcionarios del Gobierno por supuesto mal desempeño: cuatro al jefe de Estado, uno a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En todo el 2022 hubo 17 proyectos de resoluciones, 16 apuntando a miembros del FdT, incluyendo al ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el canciller, Santiago Cafiero. 

Solo en diciembre 2022 ingresaron siete proyectos de jury, todos hacia funcionarios del Gobierno por supuesto mal desempeño: cuatro al jefe de Estado, uno a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández

Esa estrategia tiene dos puntos débiles importantes, que los admiten en los propios despachos opositores. Uno es que el oficialismo tiene mayoría en la comisión para bloquear esas iniciativas; de hecho, la única reunión de la comisión fue en mayo pasado, para su constitución. El otro es que esos pedidos de jury no van a estar contemplados en el temario de sesiones extraordinarias, que siempre son cerrados, al menos hasta el 1 de marzo, que se inician las ordinarias. 

La jugada de JxC sería solo para contrarrestar el fuego dialéctico que el oficialismo encenderá contra el grupo de magistrados. “Claramente es para hacer ruido. Porque si se abre el circo, y nosotros decidimos ir, no nos vamos a quedar callados”, aseguraron en una de las facciones cambiemitas más importantes.

Un apéndice en la trama de la “caja de Pandora” es la posibilidad de que el oficialismo también habilite un jury que en 2021 firmó Elisa Carrió y su bloque parlamentario contra Ricardo Lorenzetti. Lo acusaron de irregularidades administrativas y presupuestarias mientras era presidente de la Corte. ¿Buscarán abrir una cuña JxC? En la Coalición Cívica ya rechazaron la movida.

El camino alternativo de JxC sería directamente ausentarse a la comisión, rechazando la legitimidad del debate. “Los dejaríamos solos a ellos”, explicó un vocero. Pero el riesgo ahí es que el ataque a los jueces sea más que descarnado, y que no haya quién le ponga un coto. “El oficialismo no puede convertir esto en una Corte marcial”, había dicho, días atrás, otra voz de un bloque minoritario ante este medio. 

Además, más allá de los integrantes de la comisión, cualquier diputado puede participar en el debate –tiene voz pero no voto–. Por lo que las presencias opositoras se multiplicarán una vez iniciada la discusión parlamentaria. Difícil que JxC decida “regalarle” esa vidriera al resto de la oposición.

La definición de cómo plantarse como “defensa” de la Corte está más que abierta en el universo de JxC. Una certeza que tienen es la necesidad de abroquelarse, sobre todo ante la movida en bloque que está demostrando el oficialismo, pese a la crisis de la gestión de gobierno y al inicio de un año electoral. En ese marco, crece la posibilidad de que los alcances del debate sean inciertos: “No se puede acordar nada con el FdT –se resignaron en un despacho radical–. Van a armar el circo”.

MC

La política acusó recibo sobre los primeros anuncios de Silvina Batakis al frente de Economía. Mientras en la Casa Rosada se admitió que las promesas de equilibrio fiscal sin devaluación buscan enviar un mensaje para calmar a los mercados, en la oposición hubo voces sin contemplaciones hacia la flamante ministra. Desde todo el arco opositor salieron a cuestionarla, incluso considerándola una “continuación” de Martín Guzmán.

No le espera una semana fácil a Batakis: en los próximos días se conocerá el índice de inflación de junio –que se estima similar al 5% de mayo– lo que sumaría más presión a las protestas agendadas. La Mesa de Enlace del campo no comercializará granos y hacienda el miércoles, y los grupos piqueteros de izquierda exigirán el jueves en la Plaza de Mayo una reunión con la ministra. Ese mismo día, desde la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que integran entre otros el Movimiento Evita) reclamarán frente al Congreso una “ley de Tierra, Techo y Trabajo”.

“Fueron medidas para tranquilizar al mercado”, admitió con poco entusiasmo ante elDiarioAR un funcionario con despacho en Balcarce 50 y que en los últimos días tuvo diálogo directo con el presidente Alberto Fernández. En su paquete de medidas, Batakis se comprometió a cumplir con las metas con el FMI, adelantó que se avanzará en la segmentación tarifaria y fue tajante con la necesidad de controlar el gasto público. Dichas políticas las acordó ayer domingo con el mandatario en la Quinta de Olivos. Y esta mañana se buscó armar una foto para transmitir que Batakis no está sola.

Si bien solo habló la ministra, además estuvieron Daniel Scioli –antiguo jefe político en tiempos de la gobernación bonaerense y hoy par en Desarrollo Productivo–, Julián Domínguez –Agricultura– y Matías Lammens –Turismo–. El escenario lo completó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. 

“La prioridad es calmar los mercados, pero para la gente dependerá de la implementación”, abundó la fuente, que aseguró que en su diálogo con el jefe de Estado lo encontró “cansado, pero tranquilo”. Al Presidente aún le pesa el modo en que se fue Guzmán, y ahora con Batakis busca lograr cierta tranquilidad interna y externa, un complejo equilibrio pero que al menos al momento de su elección tuvo el aval de Cristina Kirchner.

Sin llegar a cuestionarla, en las huestes kirchneristas no parece haber generado mucho entusiasmo el paquete anunciado hoy: “No hay mucho más que decir que va a seguir la línea de segmentación de tarifas. Lo de las metas fiscales me parecía bastante obvio”, apuntó un legislador del Frente de Todos que conversa con Máximo Kirchner. En ese sector creció en los últimos días la presión interna para que implemente un salario básico universal –incluso lo dijo a viva voz la vicepresidenta–, una medida que tanto Guzmán, antes, como Batakis, ahora, lo descartan por su costo presupuestario: casi 2 puntos del PBI. “Todo el mundo en el espacio está muy preocupado”, expresó sobre el clima interno, pese a que se haya retomado el diálogo Alberto-Cristina.

Mientras varias terminales del FdT consultadas por este medio prefirieron el silencio luego de las palabras de Batakis, ante los micrófonos algunos funcionarios buscaron apuntalar sus anuncios: “Son medidas de responsabilidad política y ordenamiento de las cuentas fiscales”, subrayó Marcó del Pont en declaraciones a Radio Con Vos, para agregar que las decisiones están enmarcadas en “el contexto de la crisis mundial y los resquicios que está generando en todas las economías el shock de precios en alimentos y energía”.

Más temprano, antes de la conferencia que inició a las 9, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, había dicho: “Queremos generar certidumbre en la economía”. Esta semana Batakis tendría que participar en su primera reunión de gabinete, que es habitual miércoles de por medio. En la última había generado zozobra la ausencia de Guzmán, que finalmente terminó renunciando el sábado siguiente.

Dardos desde la oposición

“Silvina Georgieva”, tuitió con sorna la diputada del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman, mientras aún no había terminado la conferencia de Batakis. Fue su manera para cuestionar que el plan presentado por la ministra concuerda con lo estipulado con el Fondo, dirigido por la economista búlgara Kristalina Georgieva. “Anuncia todas las medidas que ya constan en el acuerdo con el FMI. ¿Qué puede salir mal?”, agregó.

Desde la izquierda también apuntó contra Batakis la Unidad Piquetera, que anunció una marcha para el jueves a Plaza de Mayo. “¡Paro y plan de lucha por el salario! Le pedimos una reunión a la ministra para reclamar un bono de emergencia para jubilados, precarizados y desocupados”, anunció Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

En el otro extremo, también el libertario Javier Milei salió fuerte a cruzar a la ministra en Twitter. “El discurso de Batakis es para hacerse una fiesta ante tanta brutalidad en la pésima calidad de su análisis económico...!”, comenzó el diputado en un hilo de tuits en los que criticó que haya hablado de la especulación “como algo peyorativo”. “Podría seguir la crítica con las tonterías que dice de la guerra, de la inflación mundial, de la deuda de Mauricio Macri, del faltante de divisas por crecimiento, de su desprecio por el sistema de precios y su ignorancia de la teoría del valor. ¿Hace falta más? ¿No alcanza con sufrirla?”, concluyó el legislador.

Desde Juntos por el Cambio vieron la conferencia de la ministra como “más de lo mismo de la línea de Guzmán”, según interpretó ante elDiarioAR el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. “Creo que la buena noticia es que no profundizó la kirchnerización, la mala es que no termina de reaccionar al problema y no marcan un nuevo rumbo”, apuntó el legislador cercano a Elisa Carrió, que celebró que “no haya locuras”, como identificó a algunas de las medidas que exige el  kirchnerismo: salario universal, retenciones o renta inesperada.

López también ponderó la medida que busca congelar los ingresos de nuevos empleados estatales, en línea con un proyecto parlamentario que su espacio presentó en marzo pasado para suspender las nuevas incorporaciones a la planta pública. 

Por su parte, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el secretario adjunto Rodolfo Aguiar, señaló a Télam que “ninguna de las nuevas medidas está orientada a mejorar el bolsillo de la gente”. “Sorprende que se profundicen algunas medidas neoliberales adoptadas durante el macrismo, como el congelamiento de vacantes en el sector público. Esto nos aleja de la posibilidad de contar con un Estado fuerte y presente, que permita una salida de la crisis en favor de las mayorías populares”, cuestionó.

MC

El motivo de la reunión era otro. Los jefes de Juntos por el Cambio se tele-juntaron este miércoles para unificar criterios sobre los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura. Pero la negociación con el FMI, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista y los choques de miradas cambiemitas se colaron en la cita. El gobernador radical Gerardo Morales se cruzó con la amarilla Patricia Bullrich. Y el lilito Juan Manuel López tuvo un tironeo con Mauricio Macri. El zoom de la mesa nacional duró casi dos horas. 

Si bien la coalición opositora quiere esperar a que se conozca la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya existen opiniones contrastantes de trazo grueso. Mientras Gerardo Morales se muestra decidido a que se apruebe el arreglo con el FMI, Patricia Bullrich pone reparos. Sobre todo después de que se formalizaran las internas del Frente de Todos respecto al curso de la negociación. 

“Patricia no es la dueña de Juntos por el Cambio”, se quejó Morales por zoom. El malestar del gobernador jujeño tenía un motivo concreto. Según el presidente de la UCR nacional, Bullrich operó en los medios que la agenda de la reunión pasaría por los tironeos con el FMI, relegando el tema del Consejo de la Magistratura. Además le reprochó haber adelantado una posición de máxima contraria al acuerdo con el Fondo. 

Se refería a las declaraciones que la presidenta del PRO hizo el martes en La Nación+. “O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”, opinó Bullrich. “Del primero al último, se tienen que hacer cargo de su Gobierno. Y todos tienen que tener una votación en común”, exigió La Piba. 

La ley que Bullrich sugería derogar es la de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, enviada por Alberto Fernández y Martín Guzmán al Congreso y sancionada hace un año. Esa iniciativa es la que ahora obliga a que el nuevo préstamo del FMI tenga que pasar por las cámaras de Diputados y Senadores. Pese al pedido de la exministra de Seguridad, no existen perspectivas realistas de que se boche la ley.

“No tenemos que anticipar ninguna jugada. Que el Gobierno primero se ocupe de arreglar su despelote interno”, se queja uno de los dirigentes que estuvo en el encuentro virtual de este miércoles. 

No apurarse

Dentro de JxC hay consenso en ese punto: no apurarse. Especialmente cuando todavía no se conoce el proyecto de pacto con el Fondo, ni están zanjadas las pujas entre cristinistas y albertistas. Pero a la vez ya se identifican líneas de trazo grueso. Los gobernadores radicales pretenden dar su respaldo al acuerdo. Y gran parte de la UCR se inclina por acompañar sin disimulo ni tanto cálculo político. 

En la Coalición Cívica predican “responsabilidad, sensatez y esperar que llegue el proyecto para evaluar”. Los lilitos tampoco esconden su tirantez con un sector del PRO. “Los macristas corren la cancha a cada rato”, admiten. En la reunión el diputado Juan Manuel López le dedicó a Macri un reproche sutil. Le pidió actuar con “responsabilidad”, cuando el expresidente planteaba que el ajuste proyectado por Guzmán no le resultaba creíble. 

En el PRO algunos diputados temen quedar expuestos como el único salvavidas de Alberto Fernández, mientras el camporismo, el Frente de Izquierda, los libertarios y hasta los bloques no alineados se muestran reacios en Diputados a votar en favor del arreglo. “Nos van a correr por derecha e izquierda. Vamos a quedar como el único sostén de Alberto gratis”, patalea una diputada del PRO. 

En conclusión, Juntos por el Cambio se ubica lejísimos de tener un criterio compartido. Incluso existe la posibilidad de que se permita la libertad de acción interna. Sería un recurso para evitar que las discrepancias sean leídas como internas feroces. Otra alternativa que muchos diputados cambiemitas impulsan es la “abstención funcional”. Porque la ley requiere una mayoría simple. Es decir, más votos positivos que negativos sobre las 257 bancas. Con la hipotética abstención de los 116 de JxC, el oficialismo podría alcanzar la mayoría necesaria para que se apruebe. Aún con el camporismo juntando unos 30 votos en contra, el albertismo alcanzaría unas 90 voluntades a favor. Pero lo cierto es que todavía faltan demasiados días, demasiada información y desenlaces políticos para afinar el poroteo. El 9 de febrero la mesa nacional mantendrá una reunión presencial.

Sobre los cambios en el Consejo que postula y remueve jueces, la coalición acordó unificar los proyectos en danza. El plan de JxC es que exista un texto que sintetice las distintas miradas de sus diputados. El radical Mario Negri, por ejemplo, propone que el Consejo se amplíe a 20 representantes. El macrista Luis Tonelli quiere que sean 14. En el Senado también hay proyectos presentados por los radicales Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Silvia Giacoppo.

El debate sobre el organismo cuenta con un deadline crítico: la Corte Suprema fijó el 16 de abril como fecha última para aprobar un proyecto que reordene el Consejo de la Magistratura. En medio de la tensión del Frente de Todos con la Corte, el Gobierno incluirá su propio proyecto en las Sesiones Extraordinarias. 

AF

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED

Autoridades del oficialismo y de la coalición opositora Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados recibieron hoy la recomendación de entrar a un “aislamiento preventivo” porque el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, contrajo coronavirus, informaron fuentes parlamentarias.

La situación puede afectar a otros dirigentes de JxC, ya que López participó ayer de la reunión de la mesa nacional de la agrupación opositora, en la que estuvieron el jefe de gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri.

El miércoles, las autoridades del Frente de Todos en la Cámara de Diputados compartieron una reunión con la conducción parlamentaria de JxC para acordar la prórroga del Protocolo de Funcionamiento del cuerpo, con el fin de poder realizar una sesión la próxima semana.

En ese encuentro participaron el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa; el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner; la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau; el titular del interbloque de JxC, Mario Negri (UCR-Córdoba) y sus socios López (quien luego daría positivo en coronavirus), por la Coalición Cívica; y Cristian Ritondo, por el PRO.

En un comunicado, la Dirección Médica de la Cámara informó hoy que tomó conocimiento de la existencia de un caso positivo tras la reunión mantenida el miércoles y adelantó que se recomendó a los asistentes “que se aíslen” para cumplir con las disposiciones vigentes en materia sanitaria.

En ese sentido, la Dirección Médica agregó que “ante el posterior conocimiento de un caso positivo de Covid-19 de uno de los participantes (por López), se ha recomendado que los y las integrantes de ese encuentro se aíslen de manera preventiva cumpliendo con el protocolo vigente”.

“Asimismo, se ha procedido a la confección de un mapa epidemiológico con el fin de reconocer los demás contactos estrechos del caso positivo, conforme lo sugiere el procedimiento habitual de la HCDN en casos de esta índole”, completó el comunicado, que firmó el médico Marcelo Halac.

De acuerdo con el protocolo, los legisladores deberán quedar aislados hasta el lunes y luego hacerse un test de hisopado para detectar si se han contagiado o no el virus.

Por otra parte, allegados al diputado Negri señalaron que el legislador está aislado en su domicilio en Córdoba porque el miércoles estuvo reunido con López.

También precisaron que, por precaución, Negri se realizó un hisopado esta tarde, que dio negativo, y volverá a hacerse otro test el próximo lunes, mientras sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Diputados.

Sobre la participación de López en la reunión de la mesa nacional de JxC, voceros de Macri y Rodríguez Larreta señalaron que ambos estuvieron muy lejos de dónde estaba sentado López y que el salón donde se reunieron, además, estaba muy ventilado.

De ese encuentro también formaron parte el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; los senadores Luis Naidenoff (UCR-Formosa), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Martín Lousteau (UCR-CABA).

Otros de los contactos estrechos fueron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informaron fuentes políticas.

DA