La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro y se refirió a la polémica por el traslado del metal al exterior.

Los dichos fueron efectuados por el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025.

Como primera conclusión, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es “razonable”. Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

“Erró en el cálculo”

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, aclaró Olmos.

Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central “con fines de cobertura”, bajo la gestión de Santiago Bausili. 

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro “como bien de respaldo o subyacente”, de acuerdo con la explicación del titular.

En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro.

“Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

La polémica por el destino del oro

El presidente del organismo también se refirió a la polémica que se desató debido a los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

Olmos sostuvo que la AGN “se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas”, por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

“En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién”, concluyó.

La discusión escaló con el paso de los meses y llegó hasta la Justicia, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

El Banco Central desmintió a la AGN

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cruzó los datos revelados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y señaló que, “durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones”; en contrapartida de la versión sobre que la entidad financiera perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro.

A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que, el desempeño revelado hace unas horas “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró la comunicación de la entidad bancaria.

En ese sentido, el BCRA precisó que “lomo toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA precisó que, “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años”. 

“De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”, añadió.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”.

Además, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó.

En una semana marcada por la necesidad de mostrar control político en medio de tensiones internas, el presidente Javier Milei activará una agenda de alta intensidad que combina reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, y el avance de tres proyectos clave en el Congreso: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el paquete de iniciativas vinculadas a Malvinas.

Un lunes de control político: Gabinete y legisladores alineados

El Presidente abrirá la semana con una reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada, instancia que en las últimas semanas se convirtió en el espacio donde Milei baja línea sobre las prioridades legislativas y revisa variables económicas junto a sus ministros.

En tanto, a las 15, volverá a reunir a diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas, en un gesto que busca reforzar disciplina interna y ordenar la estrategia parlamentaria antes de una semana cargada de definiciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, serán parte del dispositivo político.

El Senado acelera por la Reforma Electoral

El oficialismo quiere avanzar esta semana con el debate de la reforma electoral, cuyo punto más sensible es la eliminación de las PASO. Después de cuatro meses, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes para reactivar el debate.

Al final de la semana pasada, el presidente de la comisión Agustín Coto, incorporó al temario dos expedientes de senadores aliados a La Libertad Avanza: el de Ficha Limpia, que impulsó el PRO con las firmas de Martín Goërling Lara y Andrea Cristina; y el de Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, que propone reformar las PASO y establecer obligatoriedad solo cuando exista competencia interna.

La propuesta del macrismo en el Senado está incorporada dentro del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en abril pasado, pero el de la legisladora patagónica es una alternativa que va en sintonía con la línea de Karina Milei, quien ya maneja la posibilidad de que eliminar las PASO no tendrá la aprobación del recinto y apuesta por una suspensión, tal como pasó en 2025, o la eliminación de la obligatoriedad de votar en las primarias, que están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027. La idea original de la hermana del Presidente es atomizar al peronismo, quitarle la posibilidad de resolver sus peleas a través de una interna, y forzar a los aliados a ir detrás de una sola lista de derecha que confeccionarán entre ella y los Menem en cada territorio. Mientras que Javier Milei quiere ahorrarse el costo fiscal y evitar un adelantamiento de la campaña que le desestabilice la macro.

Entre varias modificaciones al sistema vigente, la Reforma Electoral endurece los requisitos para la creación de partidos políticos, con nuevas exigencias de afiliación, plazos estrictos y un control judicial permanente. Para constituir una fuerza será necesario alcanzar un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un tope establecido, de acuerdo a la información que recopila Parlamentario.

En el caso de los partidos nacionales, la iniciativa establece que deberán contar con presencia en al menos diez distritos y alcanzar un piso determinado de afiliaciones en todo el país. Además, fija reglas específicas para las elecciones internas obligatorias y establece mecanismos para regular las alianzas, confederaciones, fusiones y adhesiones entre fuerzas políticas.

La reforma electoral que busca el oficialismo también incorpora la Boleta Única de Papel (BUP) para todas las categorías electorales, con fotografías de los candidatos, con la posibilidad de votar por categoría y la opción de elegir una lista completa, que incorpora un casillero en blanco que permitirá realizar una única marca para votar al mismo partido en todas las opciones.

El proyecto, además, incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impedirá postularse a personas condenadas por delitos dolosos cuando exista sentencia confirmada en segunda instancia, y un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y extiende la inhabilitación a cargos ejecutivos nacionales.

En tanto, el Gobierno busca que el Congreso apruebe que el financiamiento político tenga mayores controles mediante la obligación de utilizar una única recepción, la presentación de informes semanales sobre aportes privados durante las campañas, mayores restricciones para determinados donantes y regular la publicidad digital y en redes sociales, con un registro oficial de las cuentas de partidos y candidatos. El proyecto también establece que las campañas de los diferentes espacios comiencen 60 días antes de la elección y finalicen 48 horas antes, además de prohibir los actos de gobierno con fines electorales durante los 25 días previos.

Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la elección directa quedará suspendida, serán designados entre los diputados nacionales y no percibirán una remuneración adicional.

La Casa Rosada considera este debate como uno de los pilares de su agenda política y busca que el Congreso dé señales de avance antes del próximo viaje internacional del Presidente.

Presupuesto 2027: envío inminente y señales al mercado

El Gobierno afrontará una dificultosa negociación en el Congreso Nacional para aprobar el Presupuesto 2027, en un escenario atravesado por la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año, en los que el presidente Javier Milei pondrá en juego su reelección.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera. 

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada. 

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios han comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad. 

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.

Biocombustibles, reforma del BCRA y nueva Inocencia Fiscal

Esta semana, el Senado también se prepara para retomar el debate por la Ley de Biocombustibles, después de que su tratamiento se haya postergado el último jueves debido a la falta de acuerdo entre Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Si bien debe ser oficializado, los funcionarios podrían retomar el tratamiento de esta ley el próximo jueves 17 de septiembre.

Según informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había logrado un principio de acuerdo con bloques dialoguistas para tratar el cambio en la norma, pero no pudo superar las distinciones sobre los beneficios que pierden las pymes de biodiesel denominadas “no integradas”.

El objetivo del oficialismo, en ese sentido, es superar estas diferencias e incorporar la reforma que impulsa la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la sesión de esta semana, cuando también se buscará convertir los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

El proyecto propone modificar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, para aumentar los porcentajes de corte obligatorio de combustibles de origen vegetal. El texto dictaminado establece llevar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15% en el plazo de un año, distribuyéndose entre la producción a partir de caña de azúcar, la de maíz y un tramo sujeto a competencia.

Malvinas: sanciones, base naval y agenda internacional

El Poder Ejecutivo también enviará a Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece sanciones a actividades vinculadas a Malvinas, incluyendo pesca y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.

La iniciativa se complementa con el avance de la base naval integrada en Tierra del Fuego y con la reciente escalada diplomática tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que se ofreció como mediador en un eventual conflicto.

El cierre de la semana: viaje a Bahía Blanca

El viernes, Milei viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega, integrado por YPF, Dow y Petrobras. Será su primera visita a la ciudad desde las inundaciones de 2025.

El Senado tendrá esta semana una agenda monopolizada por dos de sus principales proyectos económicos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

Reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizada este miércoles por las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno busca convertir en una de las banderas de su gestión.

La propuesta establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

De esta manera, el Gobierno pretende restringir una herramienta que, según sostiene el oficialismo, fue utilizada durante años para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones principales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de que busca “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: los principales cambios

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará impulsar esta semana es el de Inocencia Fiscal, que será tratado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Reforma de Salud Mental

En paralelo, el Senado buscará avanzar el miércoles a las 15 con el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General.

El oficialismo espera obtener dictamen luego de los cambios acordados durante las conversaciones mantenidas con ministros provinciales y senadores dialoguistas.

La estrategia parlamentaria del Gobierno apunta a avanzar con las iniciativas económicas durante septiembre y despejar el escenario legislativo antes de que Diputados concentre su actividad en el tratamiento del Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno buscará durante las próximas semanas consolidar una agenda legislativa que combine sus principales proyectos económicos con iniciativas acordadas con sectores aliados y bloques dialoguistas.

Con información de agencias.

La Libertad Avanza apuesta esta semana a avanzar con proyectos reclamados por radicales y bloques provinciales, como parte de una estrategia para garantizar acuerdos que le permitan llevar al recinto sus principales reformas en septiembre.

El régimen para medianas inversiones, el mercado de carbono y los biocombustibles son los temas que quieren tratar la oposición dialoguista, mientras que el Gobierno quiere sancionar los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la reforma electoral.

Por ese motivo, el oficialismo buscará esta semana aceitar su vínculo con los bloques dialoguistas del Senado mediante el avance de una serie de proyectos que responden a demandas de radicales y representantes provinciales, en una estrategia destinada a construir acuerdos antes de intentar aprobar su propia agenda legislativa.

La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, apunta así a conceder espacio a iniciativas vinculadas con las economías regionales y los sectores productivos de distintas provincias, con la expectativa de que ese gesto facilite luego el tratamiento de las reformas que el Gobierno considera prioritarias.

La estrategia oficialista tiene un objetivo político concreto: construir los acuerdos necesarios para que el Senado pueda avanzar con las reformas que el Gobierno pretende llevar al recinto durante septiembre.

El escenario obliga al oficialismo a negociar con una oposición que no actúa como un bloque homogéneo y que, en distintas iniciativas, condiciona su respaldo a cambios que contemplen intereses productivos y fiscales de las provincias.

Un gesto hacia la UCR y los bloques provinciales

En ese marco, uno de los proyectos que concentra la atención es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, presentado por Vischi, que busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El proyecto volverá a ser analizado este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales y Legislación General. Fuentes parlamentarias no descartan que pueda obtener dictamen, incluso con acompañamiento de legisladores del peronismo.

La señal hacia el radicalismo y los sectores provinciales es parte de la negociación más amplia que lleva adelante LLA para evitar que sus proyectos centrales queden trabados por falta de acuerdos.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras, de portfolio y a los bienes de cambio.

El mercado de carbono suma otro capítulo

La agenda también contempla el tratamiento del Mercado Voluntario de Carbono, un proyecto que involucra a distintos bloques dialoguistas y que puede adquirir especial relevancia para las provincias del norte.

El debate volverá a las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda. Las iniciativas buscan establecer un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono.

Entre los incentivos contemplados aparecen beneficios fiscales para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para determinadas inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal para los proyectos registrados.

El tema, sin embargo, también genera discusión fuera del Congreso. Organizaciones ambientales reclamaron recientemente que el Senado incorpore mayor participación de especialistas, comunidades y organizaciones en el debate y advirtieron sobre las implicancias ambientales, sociales y federales que podría tener la regulación.

Biocombustibles: el otro punto de negociación

La reforma del régimen de biocombustibles es otro de los temas que puede servir como terreno de negociación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Existen distintas iniciativas presentadas por senadores de provincias productoras y por Bullrich, con diferencias sobre los porcentajes de corte obligatorio de biodiésel y bioetanol y sobre el esquema de participación de los distintos actores del mercado.

Entre los autores de los proyectos figuran Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Jorge Capitanich y Bullrich. La discusión viene desarrollándose desde hace varias semanas y el objetivo es alcanzar un texto unificado que permita avanzar hacia un dictamen.

La negociación que mira a septiembre

Con este paquete de iniciativas, el oficialismo intenta mostrar que la negociación parlamentaria también puede traducirse en resultados concretos para los bloques aliados.

En ese escenario, la actividad de las comisiones durante esta semana será una primera prueba para medir hasta dónde puede llegar el acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR y los bloques provinciales antes de la discusión de los proyectos centrales del Gobierno.

Con información de Noticias Argentinas.

En una jornada exitosa para el Gobierno, y producto del apoyo de aliados y dialoguistas, el oficialismo logró aprobar con comodidad las leyes de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La iniciativa que defiende la “emisión cero”, pisando el financiamiento al Tesoro, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Al poner la lupa en esta votación, el dato más llamativo que emerge es la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con La Libertad Avanza por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil.

También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

El resto de los legisladores respondió a la lógica: apoyaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, el grueso de Provincias Unidas y otros bloques menores habitualmente aliados; en tanto que rechazaron la iniciativa el peronismo, la izquierda, los dos socialistas santafesinos, Encuentro Federal y algunos monobloquistas.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de la actualización de la ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

En la votación del tratado en materia de Patentes (PCT) el apoyo al Gobierno fue aún más contundente (147 afirmativos contra 93 negativos), ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron solos en la postura del rechazo.

En cambio, acompañaron la sanción no solamente el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID y otros socios frecuentes del Gobierno sino además la mayoría de los legisladores de Provincias Unidas.

Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de ausentes a la hora de votar: se trataba de diputados opositores que no querían dejar registrado un apoyo hacia el Gobierno.

En esa lista de ausentes aparecen nombres como Mónica Frade, Miguel Pichetto, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Pagano, y también diputados de Unión por la Patria como Agustina Propato y Guillermo Michel.

Con información de NA.

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logró blindar el quórum para aprobar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés). La sesión comenzó al mediodía y se espera que se extienda hasta la madrugada.

En realidad, los votos para aprobar esas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al Gobierno leyes que benefician a sus comunidades locales.

La última incorporación al temario, a pedido del macrista Fernando de Andreis, es el proyecto de “Ley Joaquín”, una iniciativa de la diputada kirchnerista Luciana Potenza que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien este miércoles anunciaba la integración de su espacio a un nuevo bloque (“Argentina Federal”, una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

El resto de los proyectos de ley, en cambio, apenas tienen relevancia simbólica, como la declaración de capitales nacionales de distintas ciudades y provincias del país.

Allí emerge, por ejemplo, la declaración de la provincia de Tucumán como capital nacional de ecoturismo, de Santa Cruz como capital nacional de natación en aguas frías, de San Juan como capital nacional de la Educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como capital nacional del cerdo negro.

Completan el rompecabezas la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La oposición más dura, ajena a este reparto de favores, madura una estrategia para golpear al oficialismo en su punto más débil: llevará al recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las magras pensiones por discapacidad.

Se trata de recrear narrativas que ya demostraron que le hacen mella al presidente Javier Milei, quien durante su incursión en la Bolsa de Comercio de Rosario recurrió a un fuerte tono discursivo para minimizar la morosidad.

El formato elegido por Unión por la Patria y sus aliados coyunturales para contragolpear al oficialismo será el pedido de apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de comisiones.

En ese sentido, se prevé una inconducente discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para incluir sobre tablas la moción de apartamiento y luego su aprobación.

Más allá de esas cuentas estériles, la oposición no estaría en condiciones de alcanzar el número, pero sí le bastará para visibilizar problemas que incomodan y mucho al Gobierno.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con información de NA.

La Cámara Argentina Fintech, que agrupa a billeteras virtuales y bancos, afirmó este jueves que la respuesta a la morosidad en los créditos “requiere soluciones compartidas” y reclamó “mejorar la información crediticia disponible” para evitar dar dinero a quienes ya están endeudados.

La entidad consideró el crédito como “una herramienta indispensable para el desarrollo”, pero que en la Argentina hay un “problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas”.

“El crédito al sector privado representa apenas 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe. Para seguir desarrollándose, el país necesita más crédito formal, no menos”, destacó.

En medio de la discusión alrededor del endeudamiento en las familias, la Cámara sostuvo que “previo a la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech: hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario”.

“En este tiempo, las fintech se convirtieron en un actor clave del sistema financiero, ampliando la frontera del crédito formal para millones de personas. Para muchas de ellas, la alternativa no era elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales, donde no existen mecanismos de información, registro ni la protección al usuario que provee el sistema financiero argentino”, expresó en un comunicado.

“El crédito fintech ha permitido registrar las obligaciones y el comportamiento de pago de sus clientes, además de construir un historial crediticio. Ese recorrido puede facilitar posteriormente el acceso a mayores montos, plazos más largos y mejores condiciones en cualquier entidad. Ampliar el acceso no deteriora el sistema: incorpora personas al circuito formal, hace visible su situación financiera y permite evaluar mejor su comportamiento crediticio”, subrayó la entidad.

De acuerdo a su análisis, “la respuesta a la mora requiere soluciones compartidas: avanzar en mejorar la información crediticia disponible, reducir la carga impositiva, promover más educación financiera y alternativas tempranas para quienes atraviesan dificultades”.

Sobre la mejora de la información disponible, explicó que “la Central de Deudores (del BCRA) refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días”, por lo que “reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito”.

Otra de las propuestas es impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central. “Bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este sistema permitiría que cada persona comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos permitiría evaluar mejor a cada solicitante y ofrecer créditos más económicos”, consideró la Cámara Argentina Fintech.

También, la entidad consideró necesario “revisar la carga impositiva que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un crédito” y promover “herramientas de educación y soluciones tempranas”.

Detalle de la morosidad

Casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota. Medido en monto de dinero son 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito en la Argentina, entre bancos, fintechs y otros proveedores no financieros, que operan bajo regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según datos de la consultora Analytica.

En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones -el 16,3%- se encuentran en situación irregular. En detalle:

Los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones); las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones); y los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).

“Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores. En último lugar figura el sector fintech, que incluye a proveedores de crédito digital de punta a punta y que utilizan distintas herramientas de análisis crediticio para conocer mejor a sus clientes, y que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias”, resaltó la Cámara.

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno, con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al sector público.

Cambios propuestos

1. Un único objetivo para el Banco Central

El proyecto elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma de 2012 y establece que la misión principal del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Para el Gobierno, la entidad debe concentrarse exclusivamente en la estabilidad monetaria y dejar de asumir funciones vinculadas con el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

La iniciativa plantea impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario. El Gobierno sostiene que esa herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria y que su eliminación busca evitar que vuelva a repetirse ese mecanismo.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

Otro de los ejes del proyecto apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo. Si bien se mantiene el mecanismo de designación de las autoridades, se endurecen las condiciones para su remoción, que requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción del Banco Central.

4. Cambios en el manejo del patrimonio del Banco Central

La reforma prevé eliminar las Letras Intransferibles y restringir la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central. Además, propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas y que solo puedan utilizarse para la cancelación de deuda pública en los casos previstos por la nueva normativa.

5. Una reforma integrada a un paquete económico más amplio

Durante la presentación, Milei sostuvo que la modificación de la Carta Orgánica forma parte de un conjunto de proyectos que también incluye el denominado “grillete fiscal” y una reforma del mercado de capitales. Según explicó, las iniciativas buscan consolidar el equilibrio fiscal, impedir el financiamiento del gasto mediante emisión y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión.

El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento. El oficialismo considera que la reforma constituye uno de los pilares de su estrategia económica y apuesta a conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación.

El presidente Javier Milei confirmó este martes en Perú que el jueves presentará su propuesta para reformar el Banco Central con el propósito de que vuelva a tener como misión “preservar el valor de la moneda” y “terminar con 91 años de estafa”.

Milei subrayó que estará “prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco” y que “aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos”, durante un acto donde fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres (USMP), de Perú, tras asistir a la investidura de la presidenta del país, Keiko Fujimori.

El mandatario argentino anticipó que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. “Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder”, apuntó.

“El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, agregó.

La USMP otorgó el reconocimiento honoris causa a Milei por “su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social”, así como con la modernización del Estado.

Las autoridades del centro de estudios destacaron la “ciencia económica rigurosa” aplicada por Milei en su gestión, al tiempo de calificarlo de “abanderado de la libertad” y recordar sus comentadas frases como “el problema no es el mercado, el problema es el Estado que mete la mano donde no debe”.

Milei resaltó el criterio de la moral como política de Estado, como uno de los aportes de sus acciones de gobierno, así como de la necesidad de promover la cultura del trabajo y del ahorro.

“Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX, cuando llegamos estaba de la mitad para abajo, eso nos dejó el legado del populismo, destruyó la cultura del trabajo, destruyó la cultura del ahorro, eso tiene que ver con este equilibrio malo”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, Milei explicó que su estrategia de crecimiento se basa en la desregulación, el capital humano, y la apertura de la economía, después de haber logrado reducir el déficit fiscal que alcanzó el 15% del producto interior bruto (PIB).

Además, Milei señaló que la pobreza afectaba al 57% de la población argentina cuando llegó a la Presidencia en 2023 y que actualmente bajó a 29%, lo que significa que sacó “a 14 millones de argentinos de la pobreza”.

“Hemos avanzado en la dirección correcta”, afirmó Milei, tras mencionar que recibió una inflación de 1,5% diaria, y que actualmente está en torno al 30% interanual.

EFE

Los considerados “morosos irrecuperables” crecieron en todo el país, pero especialmente en el norte y Cuyo, y hasta provincias con crecimiento interanual como Neuquén no pudieron sustraerse a esta tendencia.

Este nuevo salto en la morosidad, tendencia instalada desde la gestión de Javier Milei, surge de un informe semanal del Instituto Argentina Grande, en base a datos de CENDEU-BCRA, y que incluye deudores con entidades bancarias y no bancarias.

Según este informe, las provincias donde el porcentaje de deudores “irrecuperables” sobre los deudores totales es más alto pertenecen a Cuyo o al norte, y en San Juan el 23,8% de los deudores totales tienen, por lo menos, una línea de crédito con más de un año de atraso en su pago. En el norte, el peso de los considerados irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%.

El informe del Banco Central indica también que la mora de las familias volvió a crecer en mayo y casi triplicó al nivel del año pasado, ya que en 2025, la proporción de créditos irregulares en los hogares se ubicaba en 4,5 por ciento, pero para el mismo mes de este año, ese porcentaje trepó hasta 12,8 por ciento. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

Principal motor en los créditos familiares

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año.

Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, que impacta en la capacidad de pago de los hogares.

El mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Empresas en mora: también ascenso

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

El Banco Central habilitó el pago de los sueldos en dólares, cuyas cuentas contarán con los mismos servicios que aquellas en pesos.

La medida permite que los empleadores depositen los haberes en moneda extranjera y que los trabajadores dispongan de esos fondos a través del sistema financiero. Esta disposición alcanza a los empleados bajo el Régimen de Contrato de Trabajo y a los trabajadores no alcanzados por dicha normativa.

La iniciativa surge de lo establecido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que habilitó el pago de remuneraciones en dólares.

Bajo este marco, las cuentas sueldo en moneda extranjera contarán con los mismos servicios gratuitos que las cuentas en pesos, incluyendo la apertura, el mantenimiento, las transferencias y las extracciones de fondos sin costos para el titular de la cuenta. La medida fue comunicada oficialmente por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 8460.

En este documento, la entidad resolvió “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ previsto en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”.

En cuanto a la operatividad, los bancos tienen la obligación de permitir depósitos y extracciones de efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la disponibilidad de billetes dependerá de si las entidades “cuenten con esa disponibilidad operativa de numerario”, según indica la normativa.

Respecto a los costos, el organismo aclaró que la gratuidad de la cuenta “alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo”.

Esto implica que el trabajador puede mantener el dinero en la cuenta de forma indefinida sin pagar comisiones por el mantenimiento de los montos depositados.

Con información de agencias.

El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.

Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de ellas es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Pero la que más llama la atención es el shutdown de la administración pública.

“En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo en el streaming oficialista Neura.

Esta política se produce en Estados Unidos. El último se produjo a fines de 2025, siendo el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.

En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.

La reforma a la Carta Orgánica de Banco Central y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, este lunes mantuvo un encuentro con sus legisladores para brindar una “masterclass” sobre la base del proyecto del BCRA.

Los grises del “cierre” del Estado

Lo cierto es que las dudas aparecen cuando se observa con mayor detalle la “letra chica” del shutdown.

Si bien todavía no se conoce el detalle del proyecto, uno de los principales inconvenientes se ubica en el rol de la Ley de Administración Financiera.

Esta ley es la que rige actualmente en suelo argentino. En caso de no conseguir la aprobación del presupuesto para el corriente año, el Gobierno tiene la posibilidad de prorrogar un mismo presupuesto de años anteriores.

“La Ley de Administración Financiera (LAF) quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley”, explicó el abogado constitucionalista Diego Armesto ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

También se refirió al funcionamiento de los servicios esenciales: “Hay que ser muy cuidadosos con qué servicios se declaran esenciales. No se puede andar cerrando hospitales, aeropuertos, policía, entre otros. Todo eso no se corta”, advirtió.

En el mismo sentido se expresó Marcelo Elizondo, quien detalló el fin del proyecto que impulsa la Casa Rosada.

“Lo que busca el proyecto es no proveer mayor financiamiento al ya pactado en el presupuesto. El Estado no se cierra totalmente, hay áreas que son centrales y esenciales. El resto de las áreas se cerrarán hasta que se asignen nuevos recursos, si es que el Congreso lo decide”.

“Si un área se quedara sin plata disponible, esa área debería cerrar hasta que se apruebe un nuevo presupuesto o nueva financiación presupuestaria. Se tiene que quedar sin funcionar”, argumentó ante esta agencia.

El ejemplo de Estados Unidos

El último shutdown norteamericano se realizó en los primeros días de octubre y fue el de mayor duración para la administración pública. Con un período de 43 días, el mismo se levantó el 12 de noviembre de 2025.

El cierre comenzó horas después de que el Senado de ese país no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno.

La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación.

En ese contexto, el fin se dio cuando el Senado estadounidense destrabó las negociaciones y la Cámara de Representantes aprobó una extensión presupuestaria temporal.

“Lo que sucede en Estados Unidos es que hay sectores del gobierno federal que tienen —por ejemplo— US$100 para gastar. Una vez que los gastó, ya no hay forma de reasignar partidas, que es la atribución que hoy tiene el Jefe de Gabinete. Es decir, se termina la discrecionalidad”, manifestó Armesto.

“En Estados Unidos los servicios esenciales no se cortan. Lo que pasa es que, al quedarse sin plata, no pagan los sueldos; una vez aprobado el presupuesto, les pagan los retroactivos”, concluyó.

Con información de la Agencia NA.

El presidente Javier Milei presentó este lunes ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

La propuesta busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Estos son los ejes principales del proyecto:

1. Un único objetivo para el Banco Central

La iniciativa establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

Uno de los cambios centrales será impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración de Milei, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

3. Mayor independencia del organismo

El proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. La intención oficial es que el organismo pueda actuar con mayor independencia respecto del Gobierno de turno.

4. Nuevos límites para la política monetaria

La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

5. Cambiar el marco legal del Banco Central

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria. Por ese motivo, el oficialismo buscará convertir la reforma en una de las prioridades legislativas de los próximos meses.

La “master class” frente a legisladores de LLA

El presidente Javier Milei encabezó este lunes un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendiente a dejar atrás “91 años de estafa a los argentinos”, según indico, y que pronto enviará al Congreso para su tratamiento.

El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y duró más de dos horas. El Presidente se dedicó a brindar una “master class” acerca de la iniciativa. “Con muchos detalles del texto, muy didáctico, explicó todo”, dijo uno de los presentes en el Salón Héroes de Malvinas ante este medio ni bien finalizó la exposición presidencial.

Durante el encuentro, el mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, “lleva 91 años de estafa a los argentinos”, se indicó en un comunicado.

Asimismo, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre los siguientes ejes principales: establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato; prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional y prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

También fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio y restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

Además busca endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

El método de presentación que eligió el jefe de Estado es habitual en él cuando debe explicar proyectos. Se siente cómodo en el formato clase y cree que puede dar cuenta de cuestiones complejas de manera sencilla de esta manera.

A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Julian Santillán expresó sobre el evento: “Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El Presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro, se habló también de la cuestión de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO”.

También le hemos hecho preguntas al Presidente. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso“, completó. Además de Milei, estuvieron la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y Desregulación Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En relación a la modificación de la carta orgánica del BCRA, la semana pasada, en una entrevista radial, el economista dejó varias pistas del texto. Desde su visión, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego se encargó de aclarar otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo.

Con información de NA.

Resuelta la polémica tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno retomó la actividad, motorizó la agenda legislativa y ya piensa en la reelección del presidente Javier Milei.

Este lunes el mandatario convocó nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para comenzar a delimitar la estrategia que deberá darse el oficialismo si quiere aprobar el proyecto que diseña el Presidente en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

El Mundial 2026, el plazo definido por el oficialismo para adoptar las primeras definiciones, está próximo a llegar a su fin, por lo que la administración libertaria da los primeros pasos para concretar el objetivo de otros cuatro años de mandato.

“La prioridad es la reelección de Milei”, plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a esta agencia. Desde la tribu que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en la necesidad de trabajar por el mismo objetivo.

En paralelo, los alfiles negociadores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, a la cabeza, activan los contactos con los gobernadores aliados. Tras la foto del pasado miércoles en la provincia de Tucumán, este lunes será el turno de Claudio Poggi (San Luis), quien visitará las oficinas del Ministerio del Interior a las 10.

La idea de sumar apoyos legislativos y cerrar acuerdos electorales parece tomar forma en el karinismo y parece registrar otra coincidencia con el campamento caputista.

En la agenda para la semana, Karina Milei convocó a un encuentro con legisladores libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que tendrá lugar el próximo jueves para ordenar agendas. Ese mismo día, a las 19, el mandatario participará del aniversario de la Bolsa de Comercio.

Con información de agencias.

El presidente Javier Milei reunió este miércoles en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la agenda legislativa del segundo semestre y estableció la agenda legislativa para el tramo final del año.

Durante la apertura del encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, les transmitió a los legisladores que las prioridades del Gobierno serán avanzar con la reforma política, introducir cambios al régimen de Zona Fría y modificar el proyecto de Inocencia Fiscal.

La primera de las iniciativas apunta a la reforma política, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno para cambiar distintos aspectos del sistema electoral e institucional.

El oficialismo considera que el proyecto será una de las principales discusiones parlamentarias de los próximos meses y buscará reunir consensos para su aprobación.

El segundo eje está vinculado al régimen de Zona Fría. La administración libertaria pretende revisar el esquema de subsidios a las tarifas de gas para redefinir los alcances del beneficio, en línea con la política de reducción del gasto público que impulsa el Ministerio de Economía.

La tercera prioridad será introducir modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado semanas atrás por el Gobierno.

La propuesta busca ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y profundizar los cambios en la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.

Además de esas tres prioridades, Milei anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y restringir el financiamiento del Tesoro mediante emisión.

Por último, el presidente explicó que la iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas y la consideró una de las reformas económicas más importantes de su gestión hasta el momento.

Este lunes por la tarde, Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), brindó una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025, donde admitió que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

La actividad tuvo lugar en el Salón Bosch de la entidad y dejó dos mensajes: el primero, es que el plan económico no tendrá modificaciones. El segundo, es que la inflación continuará a la baja.

El escenario que ve el Gobierno es positivo. Con números y gráficos, el funcionario, en compañía de su segundo, Vladimir Werning, se dedicó a repasar el escenario internacional y el local. Una primera fase del evento que no contó con preguntas.

En ese marco, reconoció dificultades por el conflicto en medio oriente. Pero valoró que la economía argentina, pese al salto inflacionario, mostró solidez.

“El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto, a lo que se suman otras amenazas latentes como nuevas restricciones comerciales, y riesgos de correcciones abruptas en los mercados”, admitió.

Y completó: “En este contexto Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado. A diferencia de episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global: el tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron, y el superávit comercial energético actuó como amortiguador. Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos dos años”.

Bausili sostuvo que la suba de precios será contenida y pronosticó estabilidad y un ciclo de inversión. Al momento de hablar del mercado laboral, comentó que existió deterioro de puestos de trabajo. Un escenario que se revertirá con la ley de reforma laboral que sancionó el Congreso este año.

“La tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024. La caída del empleo se concentró en el segmento formal, mientras que el empleo informal continuó creciendo. En este marco, la Ley de Modernización Laboral apunta a revertir la tendencia de más de una década, y dinamizar el mercado formal”, explicó en una sala que no se llenó.

También, valoró la reducción de la pobreza. “Las tasas de pobreza e indigencia registraron caídas significativas en el segundo semestre de 2025, respecto de sus máximos de 2024. El BCRA estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi 6 puntos porcentuales de esa caída, lo que ilustra el vínculo concreto entre estabilidad monetaria y bienestar social”, graficó.

Para Bausili, este contexto confirma que “no hay manera de cambiar el rumbo. El programa ganó estabilidad”, al mismo tiempo que mencionó que el año pasado se registró una “incertidumbre electoral con dificultades operativas”. Sin embargo, “se superaron dificultades”.

En el segundo tramo de la actividad, que contó con preguntas de la prensa, comentó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

Y lanzó: “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, señaló.

El titular del BCRA mencionó, ante la pregunta por futuro del Swap con China, que “no tendrá modificaciones” y se expresó durante algunos minutos, con Werning, sobre la morosidad de los usuarios de tarjetas de créditos y billeteras virtuales.

Para los funcionarios, lo que sucedió deberá ser “un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito. Deberán sus criterios. Tienen que mejorar su administración en los créditos, especialmente en los usuarios que toman ventajas”.

“Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar. La alternativa: hay que regular. Se puede establecer, que se muevan en las reglas de juego pero cada banco sabe que puede hacer y que no, tienen sus normativas”, aseveró Bausili. 

El Informe de Política Monetaria

Con información de NA.

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para la semana próxima en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, en rechazo de lo que califican como “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas la conducción de esas entidades, entre ellas el cierre de 12 tesorerías regionales del interior del país.

En ambos casos el gremio convocó a sus trabajadores a parar el próximo miércoles 13 de mayo en las tres últimas horas de atención al público, según se informó en un comunicado.

En el caso del BCRA, el sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales de un total de 21 que operan en la actualidad, lo que “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”.

La Bancaria ya implementó el 27 de abril último un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del BCRA, pese a lo cual, señala el comunicado, “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

En cuanto al Banco Hipotecario, la organización gremial denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales”, a nivel nacional, y rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que “deje a los empleados sin sus puestos de trabajo”.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, expresa el comunicado.

Qué dice el comunicado

Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo.

Frente a estos escenarios, ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores.

La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país, y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. Hacemos responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto.

Con información de agencias.