La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

“La libertad de llevar un fusil AK-47 para algunos es la pérdida de libertad por el miedo de otros”. Con este ejemplo fácil de entender, el Nobel de Economía de 2001 Joseph E. Stiglitz (Estados Unidos, 1943) tumba los argumentos falsos de una derecha entregada a un concepto falso de libertad que, al final, se traduce en la ley de la selva. Defensor acérrimo de un capitalismo progresista donde la regulación debe ordenar las finanzas para terminar con las desigualdades, argumenta que “los mercados sin restricciones no serían libres, terminarían en monopolios”. Stiglitz defiende en su libro Camino de libertad (Editorial Taurus) que “la idea de que deberías ser libre de hacer lo que quieras para construir algo suena bien hasta que te das cuenta de que muchas veces es más fácil ganar dinero explotando a otros. Sin embargo, si restringís que alguien pueda explotar a los demás, canalizás las energías de la sociedad hacia formas constructivas para conseguir una economía mejor”.

Este economista no esconde que “hay un miedo abrumador en Estados Unidos” con el presidente Donald Trump, que está conduciendo al país a “un tipo diferente de autoritarismo”. “Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con Trump es el debilitamiento total de la democracia”, reitera. Y lanza un aviso: “Esperemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos sea una llamada de atención para Europa, porque podría ocurrir en cualquier lugar”.

—Su libro se titula Camino de libertad. ¿Podría ser el concepto de libertad el más utilizado para destruir la libertad de millones de personas en un sistema como el capitalismo neoliberal que nos tiene secuestrados en una falsa libertad?

—El motivo por el que escribí el libro es el abuso del término “libertad”. En Estados Unidos, el grupo de derecha del Partido Republicano llamado Freedom Caucus hace un abuso constante del término: libertad económica, libre empresa, mercados libres. Lo que intento señalar es que en la derecha no se dan cuenta de cómo somos interdependientes en la sociedad. De manera que la libertad de una persona puede quitarle la libertad a otra. Por ejemplo, la libertad de portar un AK-47 te puede quitar la libertad de vivir. En Estados Unidos, tenemos contantemente asesinatos, muchos de ellos en escuelas. Los padres se preocupan por si sus hijos volverán a casa, perdieron la libertad por el miedo. Así que la libertad de llevar un fusil AK-47 para algunos es la pérdida de libertad por el miedo de otros. La libertad de no llevar barbijo durante la pandemia de COVID-19 significaba que otras personas iban a morir o la libre empresa y su libertad para contaminar va a incrementar las consecuencias del cambio climático. La derecha asegura que la regulación es perjudicial porque limita la libertad. Pero una simple normativa da más libertad a todo el mundo. Así que restringir la libertad de alguna manera puede ampliarla de una forma más significativa.

—Usted escribe en su libro que “resulta sorprendente que, a pesar de todos los errores y las desigualdades del sistema actual, tanta gente siga defendiendo la economía del libre mercado”. ¿Cómo consiguieron engañar a la gente?

—En primer lugar, el sistema económico es muy complicado. Entender cómo encajan todas las piezas es muy difícil. Además, hay un concepto muy atractivo en la idea de espíritu libre, de poder hacer lo que uno quiere. Suena bien, pero todos los juegos requieren reglas y normas. Si no, sería un caos. Los economistas ya estudiaron ese impacto: los mercados sin restricciones no serían libres, terminarían en monopolios. Una de las cosas que le dije a Milton Friedman cuando escribió un libro titulado Libre para elegir fue que el libro realmente debería haberse titulado Libre para explotar. Los mercados no funcionan bien cuando alguien se aprovecha de las personas. Por ejemplo, en 2008, los bancos estadounidenses se dedicaron a conceder préstamos abusivos, con tipos de interés muy elevados, que las personas realmente no tenían capacidad de pagarlos. El resultado fue una gran crisis financiera, todo habría colapsado si el Gobierno no hubiera intervenido para rescatarlos.

Escribí este libro para intentar explicar de forma sencilla que la idea de que deberías ser libre de hacer lo que quieras para construir algo suena bien hasta que te das cuenta de que muchas veces es más fácil ganar dinero explotando a otros. Sin embargo, si restringís que alguien pueda explotar a los demás, canalizás las energías de la sociedad hacia formas constructivas para conseguir una economía mejor. Hay gente que pensaba que el afán de lucro impulsa a las personas a fabricar mejores productos, pero lo cierto es que sin regulaciones, tendrán un incentivo para aprovecharse de otras personas.

—Cuando lo entrevisté en 2020, le pregunté qué se puede hacer con ese 1% de ricos que usted apuntaba que en EEUU “iba evolucionando hacia una economía y una democracia del 1%, para el 1% y por el 1%”. Su respuesta fue “frenar su poder político”. Con el resultado de las últimas elecciones en EEUU parece claro que no fue suficiente.

—¿Quién hubiera pensado que el mundo estaría hablando de oligarcas estadounidenses? Antes hablábamos de los oligarcas rusos como símbolo de lo que había fallado en la sociedad rusa. Creo que lo que salió mal es que durante 40 años no prestamos suficiente atención a la desigualdad. Creíamos que liberar el mercado conduciría a un mayor crecimiento y el goteo económico garantizaría que a todos llegarían los beneficios. Pero lo que obtuvimos fue un débil crecimiento y solo se beneficiaron los más ricos. No funcionó. Pero el neoliberalismo fue la religión económica del momento, no basada en la ciencia económica. Varios economistas, entre los que me encuentro, ya habíamos explicado que el neoliberalismo no funcionaría. Pero con la política de la persuasión, Milton Friedman, que era un gran retórico, al igual que Ronald Reagan, convencieron a los estadounidenses y a buena parte de los europeos. Se tragaron la historia, siguieron esperando a que se produjera el goteo de la riqueza pero no se produjo, lo que dio lugar al descontento. Esta desilusión y descontento hizo que muchos ciudadanos se volvieran antisistemas y antigubernamentales, aunque sin el gobierno iban a estar aún menos protegidos.

—Es una especie de círculo vicioso donde la desigualdad hace que los populistas neoliberales ganen elecciones que ponen en marcha políticas que acrecentan esa desigualdad, que los progresistas no terminan de solucionar cuando están en el Gobierno, que hace que los neoliberales vuelvan a ganar y la desigualdad no para de crecer.

—Totalmente de acuerdo. Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con Trump es el debilitamiento total de la democracia. En cierta manera, Donald Trump es la conclusión lógica de este círculo vicioso. Lo más decepcionante es que los ciudadanos están tan desilusionados que dicen que la democracia no es tan importante. Así que no les molesta que Trump haya violado el estado de derecho o los principios básicos de la democracia. Creen que lo importante es asegurar que se escuche su voz, porque piensan que nadie los escuchó durante 40 años. Esperemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos sea una llamada de atención para Europa, porque podría ocurrir en cualquier lugar.

—Parecía que el debate de la austeridad estaba definitivamente enterrado, que las lecciones de la crisis de 2008 habían enseñado cómo la austeridad solo acentuó el desastre económico y agravó la situación para millones de personas. Sin embargo, el paso por la Administración estadounidense de un personaje como Elon Musk solo fue para hacer recortes.

—Es diferente. No se puede describir como austeridad lo que está haciendo Trump, aunque tiene cosas en común. Hay muchos recortes presupuestarios en áreas que son muy importantes para el crecimiento, socavando la investigación científica o las universidades, que son una de las bases de la fortaleza de Estados Unidos. Así que está matando explícitamente a la economía de una manera peor que en Europa. La austeridad europea se basaba en la creencia de querer reducir el déficit, pero Trump solo consiguió un aumento del déficit. Está destruyendo áreas de inversión pública para dar más dinero a los oligarcas o para tener más margen para reducir los impuestos a los ricos.

Trump solo consiguió un aumento del déficit. Está destruyendo áreas de inversión pública para dar más dinero a los oligarcas o para tener más margen para reducir los impuestos a los ricos

—Usted destaca el papel de la educación liberal como fórmula para crear sociedades más justas. Se entienden así los ataques de Trump a una universidad como Harvard.

—Las sociedades democráticas necesitan controles y contrapesos, no solo en el gobierno, también en la sociedad. No se puede permitir la concentración de poder, ya sea económico o mediático. Ahora hay demasiado poder en manos de unas pocas personas, los oligarcas. Trump se opone a cualquier cosa que interfiera con lo que él quiere hacer, quiere ser un dictador. Acusa a la prensa de ser enemiga del pueblo por publicar las ilegalidades que comete. Con la libertad académica ocurre más o menos lo mismo. La sociedad crea estas instituciones educativas para seguir desarrollando ideas. Trump odia las universidades porque no quiere ideas que desafíen sus teorías erróneas.

Pero hay otra razón por la que Trump y muchos en la derecha detestan las universidades. Ven a los jóvenes que salen de las universidades pensando de una manera diferente a como él piensa ahora. En parte es porque los jóvenes deben pensar por sí mismos, y Trump culpa a las universidades, no quiere que la gente piense con rigor. Por eso tiene tanta animadversión y tanta ira hacia nuestras universidades, pero atacando a las universidades está destruyendo el activo más importante de Estados Unidos.

Trump odia las universidades porque no quiere ideas que desafíen sus teorías erróneas

—La derecha en España no tiene otra política económica que bajar impuestos. Usted diferencia claramente entre los ingresos del mercado, que carecen de legitimidad moral, frente a los impuestos, que son un acto moral. ¿Lo podría explicar?

—Una de las afirmaciones de la derecha es que tienes derecho a todos los ingresos que ganas, sin tener que pagar impuestos. Pero la realidad es que no habrías podido ganar esos ingresos si no se hubiera construido una sociedad sobre los impuestos que ofrezca educación, infraestructuras, seguridad, etc. Es un acto moral pagar impuestos. En segundo lugar, los salarios, los tipos de interés y los precios surgen en una economía de mercado que reflejan la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad, aunque no tenga legitimidad moral. Por ejemplo, si tenemos una sociedad en la que la mayor parte de los ingresos están en manos de personas que explotan a otras, serán ellas las que determinen los salarios, independientemente de que alguien reciba un salario alto o bajo. En Estados Unidos, está muy claro que gran parte de la riqueza se remonta a la esclavitud, al poder de mercado, al tráfico de drogas o al comercio de opio con China, que no es que tengan una legitimidad moral.

—Otra parte muy interesante de su libro es cuando explica que el derecho de la propiedad es una construcción social. ¿Sería legítimamente moral limitar el derecho a la propiedad para asegurar el derecho a una vivienda?

—Cuando digo que los derechos de propiedad son una construcción social, es como las leyes. Los decidimos como sociedad a través de procesos democráticos. Las sociedades pueden decidir cómo organizar sus derechos de propiedad, aunque ahora la forma en que lo hacemos es ineficiente. Tenemos que crear comunidades en las que todos puedan convivir y disponer de vivienda es fundamental para el funcionamiento de la sociedad.

Se puede limitar la propiedad o su disponibilidad de varias maneras. Por ejemplo, a través de las infraestructuras y el transporte público. De este modo, la gente puede vivir más lejos y desplazarse, ya que el suelo es muy escaso en el centro. Es más barato vivir más lejos. Si se dispusiera de un buen transporte público, la gente estaría dispuesta a vivir más lejos. Por lo tanto, la vivienda no sería un problema tan grave si se dispusiera de buenas infraestructuras. Otro ejemplo, en el centro de la ciudad de Nueva York, que tiene los inmuebles más caros del mundo, hay muchos apartamentos vacíos, que son de oligarcas rusos o chinos ricos. Quieren tener inmuebles en Estados Unidos tanto para blanquear dinero como para tener un refugio seguro. Creo que deberíamos gravar los apartamentos vacíos con impuestos muy altos para desincentivar que sigan vacíos, pero si permanecen vacíos, al menos se pueden utilizar los ingresos para construir viviendas a precios asequibles.

Deberíamos gravar los apartamentos vacíos con impuestos muy altos para desincentivar que sigan vacíos, pero si permanecen vacíos, al menos se pueden utilizar los ingresos para construir viviendas a precios asequibles

—Usted también apunta a las cadenas de la deuda, y señala que para resolver esta crisis, basándose en el principio de que la sostenibilidad de la deuda no debe lograrse a costa del desarrollo humano, ya que las actuales políticas de deuda en muchos países en desarrollo están al servicio de los mercados financieros, no de las personas. ¿Cómo solventamos el problema de la deuda?

—Hay dos partes: cómo se evita que se acumule un exceso de deuda y qué ocurre cuando ya hay un exceso de deuda. Todos los países tienen una ley de quiebras que reconoce que a veces las personas se endeudan en exceso. Es tanto un problema del prestamista como del prestatario. Reconocer que la gente a veces no puede pagar es la razón por la que existe la quiebra. Es necesario un sistema de quiebras más humano, que permita a la gente saldar su deuda sin abusos. ¿Qué hacemos con el exceso de deuda cuando se produce ex ante? Un buen sistema de quiebra desincentiva el exceso de préstamos. Pero aun así es necesario contar con una buena normativa para disuadir a las entidades financieras que concedan préstamos abusivos. Hay que promulgar leyes que aumenten la transparencia para que se sepa claramente la deuda en la que se mete la gente... No se puede impedir del todo, pero sí desalentar los créditos abusivos.

—Usted cuestionó varias veces el compromiso con la democracia de economistas como Friedrich Hayek o Milton Friedman. Ambos ganaron el Nobel de Economía. ¿No es un mensaje aterrador que personas que no defiendan la democracia puedan ganar este premio y, en definitiva, ser referentes para la sociedad?

—Se tendría que haber discutido más. Las políticas que defendían no eran muy democráticas. Por ejemplo, Milton Friedman estuvo muy vinculado al dictador chileno Augusto Pinochet. Friedman no tuvo reparos en utilizar a este dictador para imponer políticas de libre mercado y sin utilizar medios democráticos, lo que resultó ser un desastre para Chile.... Friedman y Hayek trataron de hacer un argumento moral a favor de los mercados libres y un argumento de que la libertad económica era necesaria e imperativa para la libertad política, pero no estaban realmente comprometidos con la libertad política.

—Usted escribe en su libro que “los mercados libres y desatados defendidos por Hayek, Friedman y tantos otros representantes de la derecha nos pusieron en el camino del fascismo”. ¿Cuánto de cerca estamos realmente de sucumbir a este nuevo fascismo?

—Creo que en Estados Unidos estamos muy cerca. No es lo mismo que el fascismo del siglo XX en Italia, España o Alemania. El trumpismo es un tipo diferente del autoritarismo. Estamos hablando mucho sobre si los tribunales serán capaces de frenar a Trump, pero hay un miedo abrumador sobre hacia dónde vamos. En la última semana envió a la Guardia Nacional y a los militares por las manifestaciones contra las deportaciones. El miedo es enorme.

—La globalización supuso una integración de los mercados aunque la gobernanza de esos mercados era muy débil. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?

—Vamos a redefinir la globalización en el mundo después de Trump porque ya destruyó el derecho internacional. Europa y a otros países se tienen que dar cuenta de que las fronteras nacionales importan, ya no es como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando trabajábamos por un mundo sin fronteras. Estamos abandonando la ambición de un mundo sin fronteras y con reglas globales que gobernaran a todo el mundo. Tendremos que trabajar más para crear normas donde sea más importante, será una globalización más centrada en asuntos importantes, con instituciones multilaterales para el cambio climático, la cooperación para las pandemias del cambio climático y organizar el comercio, pero reduciremos nuestra ambición respecto a lo que dominó la agenda multilateral los últimos 80 años.

Se suele llamar restricción externa a la recurrente escasez de divisas que limita el crecimiento de la economía argentina y condiciona, si no es que bloquea, las posibilidades de un desarrollo con rasgos inclusivos. Esta restricción es una expresión de la posición periférica (subordinada, dependiente) de la economía argentina respecto de su inserción en el mundo, y se trata de un rasgo clave que se reproduce como un engranaje del propio sistema económico. Es, además, un elemento estructural que no está presente en los países hoy desarrollados, que muchas veces se toman de modelo para comparaciones inapropiadas.

Entre las décadas de 1930 y 1970, cuando estuvo vigente el proceso de industrialización sustitutiva, esta restricción se expresó como una presión importadora alimentada por el crecimiento de la economía frente al estancamiento de las exportaciones. Pero es necesario reconocer que esa forma ha cambiado en las últimas décadas: más que un problema de insuficiencia (absoluta o periódica) de divisas, la restricción externa se trata hoy de una pérdida del control de las que efectivamente se generan. No se trata tanto de que el país tenga dificultades para generar las divisas que necesita para crecer –como ocurría décadas atrás–, sino que no logra retenerlas para ese objetivo: diversas rajaduras hacen que resulte un balde imposible de llenar. 

La dinámica de relativa autonomía que adquirieron los movimientos de carácter mayormente financiero en el balance de pagos obliga a complejizar el enfoque tradicional sobre la restricción externa en el marco de un capitalismo financiarizado. En los últimos decenios los pagos de intereses de la deuda externa, la remisión de utilidades y dividendos al exterior y la formación de activos externos se han constituido en los principales y persistentes canales de drenaje de recursos de la economía argentina. En este sentido, el principal problema que presenta el sector externo de la economía argentina en las últimas décadas no está en el intercambio comercial de bienes, sino centralmente en las transacciones de carácter financiero asociadas al endeudamiento externo, la extranjerización del poder económico, la escasa reinversión del excedente y la ausencia de instrumentos de ahorro e inversión en moneda local. 

En este libro proponemos revisar los nuevos rasgos, nuevos actores y nuevos problemas de la restricción externa, tanto para discutir con quienes niegan su importancia como con quienes la siguen entendiendo de manera estática, como si no hubiera transcurrido medio siglo de transformaciones en el modo de acumulación. Y especialmente para rebatir la esquiva promesa de que mayores exportaciones permitirán superar esta traba. En este libro queremos discutir el “mandato exportador” como salida frente a la restricción externa, no por una ilusión nacionalista extemporánea, sino porque sostenemos que elude los problemas que entraña, incluyendo sus principales contradicciones.

El “mandato exportador”

Para los sectores ortodoxos, alcanza con unas pocas recetas muy trilladas –como dar confiabilidad a los inversores y restringir la oferta monetaria– para que el problema de la falta de divisas desaparezca. Por ello, ponen su foco en reducir el gasto y orientar la acción del Estado en favor del gran empresariado. Los gobiernos neoliberales, como el de Cambiemos (2015-2019) o la versión más radicalizada de La Libertad Avanza, insisten en que la insuficiencia de divisas no es un problema estructural. Es algo que simplemente no existiría si el comercio y los movimientos de capitales estuvieran completamente desregulados. 

Se postula la necesidad de abrazar un rol que se presenta como si fuera natural, por el cual el país se especializaría armónicamente en aquello que “hace bien”, en lo que tiene “abundancia de recursos”. Se trata del viejo principio de las ventajas comparativas estáticas. Estas propuestas buscan poner al Estado a garantizar todos los negocios posibles. Por supuesto, los principales beneficiarios suelen ser los capitales de mayor poderío económico, altamente transnacionalizados y financiarizados. Estos gobiernos toman este enfoque no solo como un programa económico, sino como una batalla cultural.

Más llamativo ha sido el tratamiento de la restricción externa en las gestiones que aquí englobamos como neodesarrollistas (el gobierno de Duhalde, los “tres kirchnerismos” y la más reciente del Frente de Todos). Las corrientes de la heterodoxia que tuvieron más visibilidad en el debate público conocen y se han referido a esta restricción, pero lo han hecho sin tomar en cuenta sus actuales características al proponer soluciones. A diferencia de los ortodoxos, los gobiernos con mirada heterodoxa en economía entienden que el desarrollo requiere un Estado más inteligente, que coordine el accionar de las fuerzas del mercado en ciertos sentidos, como el fomento de actividades más intensivas en conocimiento o en trabajo, además de intervenir para compensar socialmente a quienes no están a la cabeza del proceso de crecimiento. Las variantes de neodesarrollismo realmente existente se han ocupado de mostrar que las políticas neoliberales una y otra vez colapsan en crisis severas, que acrecientan el carácter financiero de la economía argentina, dejando a su paso una devastación social. No obstante, su crítica al neoliberalismo no apunta a la reversión integral de las reformas implementadas por éste, sino a una gama de intervenciones del Estado que permitan el impulso de la industria, el fomento a la burguesía nacional y cierta redistribución del ingreso.

Pero, omitiendo los rasgos financieros y la centralidad de ciertos actores, se apuesta a superar las trabas buscando que los principales ganadores (el empresariado concentrado) repartan sus beneficios, por convicción o por inducción del Estado. Mientras se logra captar parte de esa renta, hay espacio para algunas concesiones, pero la escasa paciencia y voluntad del poder económico no tardan en reclamar un freno a tal situación. La falta de soluciones de fondo hace que todo el ciclo se revierta con cierta facilidad cuando vuelven al poder gobiernos de corte neoliberal.

El neodesarrollismo no asocia la restricción externa al modo específico de funcionamiento de la economía nacional y sus principales actores, cuya solución requeriría cambios estructurales. Por eso, durante los gobiernos de esta orientación se atacaron sus efectos (por ejemplo, estableciendo controles de cambios) y se promovió como solución de fondo una propuesta que no se ha diferenciado en sus aspectos nodales de la visión neoliberal: aumentar las exportaciones a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas que posee el país. Una vez más, y ante el abismo de una nueva (y recurrente) crisis, la propuesta de solución de los gobiernos neodesarrollistas no parece estar en alterar el funcionamiento estructural del país y construir políticamente con el foco puesto en ese objetivo, sino en profundizar el mismo sesgo que nos trajo hasta aquí: darle más potencia exportadora, “agregar más agua al balde”, en lugar de reparar las rajaduras. 

De este modo, si bien con varios rodeos argumentales y especificaciones de política pública que las hacen distinguibles entre sí, las visiones neoliberal y neodesarrollista coinciden en el “mandato exportador”. En el primer caso se lo hace abrazando lo que se considera el lugar natural del país en el mundo, para lo que incluso se apela a la Argentina decimonónica a partir de una caracterización no casualmente plagada de omisiones y falsedades. En el otro caso, se lo hace bajo la resignación de aprovechar lo existente para afrontar los compromisos de la deuda externa y a posteriori, y solo a posteriori, generar las condiciones necesarias para avanzar en la redistribución del ingreso. Esto implica abandonar toda expectativa de transformación de las bases estructurales de la dependencia, apostando a que “esta vez sí” alcanzarán las divisas para crecer, agregar valor a la producción, “honrar” la deuda externa y redistribuir el ingreso. Penosamente, también terminan coincidiendo en el hostigamiento sobreideologizado a comunidades originarias, ambientalistas y organizaciones de vecinos/as. Todo lo que limite exportar más es ninguneado como una amenaza al desarrollo.

Pero esta salida exportadora, además de no cuestionar las consecuencias ambientales o sociales ni el estilo de desarrollo, no parece ser suficiente para superar la restricción externa si no se solucionan problemas centrales como el endeudamiento externo, la falta de instrumentos de ahorro en la moneda doméstica, la elevada extranjerización y concentración económica o la escasa reinversión productiva del excedente. En dicho marco, proponerse como meta principal y casi única un aumento de las exportaciones basadas en las ventajas comparativas existentes, no sólo no resuelve la cuestión, sino que otorga mayor poder y centralidad a una elite empresarial que ha dado sobradas muestras de no estar interesada en impulsar un proceso de desarrollo bajo premisas más inclusivas. La necesidad de revisar de modo crítico estos problemas compete a todas las personas interesadas en destrabar procesos de mayor justicia social y económica. 

AR

Cuando concluya el mandato de Milei, habremos pasado 28 de los últimos 52 años bajo gobiernos de orientación económica ortodoxa (llamémosle “neoliberal” para abreviar): 8 de los militares, 12 y medio de Menem/De la Rúa, 4 de Macri y los 4 de Milei. El resto de esos 52 años lo ocuparon presidentes como Alfonsín, vacilante en lo económico (comenzó heterodoxo, pero terminó volcado a la ortodoxia) y Alberto Fernández, que chapuceó medidas de manera incoherente. Solo hubo un cambio consistente en aquella orientación, durante los 14 años de Duhalde y los Kirchner, que aplicaron un programa heterodoxo más o menos articulado. Fuera de esa interrupción, el neoliberalismo dominó ampliamente la agenda del Palacio de Hacienda y marcó los rumbos de la economía argentina. 28 de los últimos 52 años: esa es la cuenta que no vemos, distraídos por otras, más caprichosas, como la de los “setenta años de peronismo” o la de los “cien años de declive”. 

El efecto combinado de los tres ciclos neoliberales anteriores transformó la Argentina de manera dramática. Les propongo un esfuerzo de memoria: ¿Cómo era este país antes de cada ciclo? ¿Qué cosas fuimos perdiendo en el camino? ¿Qué rasgos nuevos fueron apareciendo?

Parémonos en los primeros años de la década de 1970. Por supuesto, había problemas. Teníamos dictaduras, como casi todo el mundo en vías de desarrollo y como las había entonces en España, Portugal, Grecia y tantos otros sitios. Había organizaciones políticas armadas, como las había entonces por todas partes en América Latina, en Gran Bretaña, en España, en Italia o incluso en EE.UU con las Panteras Negras. Pero centrémonos en la economía. Desde hacía dos décadas la inflación era alta, cierto. Después de haber superado el 60% anual en los dos años anteriores, en 1974 bajó al 30%. Todavía alta, pero menor a la que en ese año registraron Chile (586%), Islandia (42%), Israel (39%) o Brasil (34%), por mencionar algunos casos. Nada del otro mundo.

Así y todo, la economía argentina tenía un desempeño muy bueno. En los treinta años que siguieron a 1945 nuestro país duplicó su ingreso per cápita y amplió su PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Un crecimiento a todo vapor que nos iba acercando a los países más ricos. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad y bienestar. Hacia 1974 la Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. Con la metodología que usa hoy el INDEC, la pobreza ese año rondaba el 10%. La deuda externa era mínima, cercana a lo irrelevante. El país venía teniendo un desarrollo científico y tecnológico notable, reconocido con los premios Nobel que recibieron Houssay en 1947 y Leloir en 1970; en la década de 1950 se había sumado al pequeñísimo club de las naciones con desarrollo en energía atómica y había inaugurado el primer reactor nuclear de América Latina. 

Todo eso cambió con el programa ortodoxo que aplicaron los militares desde 1976, de la mano de José Martínez de Hoz, con las recetas de ajuste, privatizaciones, apertura indiscriminada de las importaciones, timba financiera y represión que serían típicas desde entonces. La Argentina entró a partir de ese momento en un largo declive económico, del que no logra salir. Al revés de lo que venía pasando, su crecimiento se retrasó no solo por comparación con los países más ricos, sino prácticamente con cualquier otro. Los salarios se desplomaron rápidamente, muchas industrias cerraron y creció la pobreza y la desigualdad. Además, el Estado tomó una deuda externa que desde entonces es impagable y desmanteló sus herramientas de regulación financiera. Lejos de solucionar el tema de la inflación, lo empeoró. Cuando se retiraron en 1983, dejaron un país en llamas que Alfonsín no logró encaminar. En 1989 todo eso derivó en nuestra primera hiperinflación, saqueos y la entrega anticipada del gobierno. 

En ese punto comenzó, con Menem, el segundo ciclo neoliberal, casi continuidad del primero. El Estado se deshizo de lo que quedaba de sus herramientas de regulación. YPF y Aerolíneas Argentinas se entregaron grupos empresarios, que las fueron desguazando. La privatización parcial de los fondos de jubilaciones y pensiones terminó de destruir el sistema jubilatorio. El desempleo fue en aumento y, luego de una baja inicial, también la pobreza. La desigualdad se disparó. La inflación dio un respiro gracias a un programa de convertibilidad sostenido artificialmente con dinero que ingresaba por préstamos y privatizaciones. El proceso de endeudamiento siguió avanzando. Argentina perdió entonces la que era una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, amputada para poder privatizar sus tramos más rentables.

La sociedad experimentó cambios muy profundos. En los años setenta existía la expectativa cierta del ascenso social y de que los hijos vivirían mejor que sus padres. Las escuelas y secundarios públicos eran todavía un sitio de encuentro entre personas de diferentes clases sociales. Todo eso terminó: el desfinanciamiento del sistema educativo desde los años ochenta devastó la educación pública y los sectores medios migraron a escuelas privadas. La ciudad también dejó en alguna medida de ser espacio compartido: los countries y barrios cerrados, que casi no existían en 1970, se multiplicaron. Los sectores de buen poder adquisitivo se auto-segregaron allí y el espacio urbano decayó. Para el resto, el empleo se volvió precario y la subsistencia insegura. La sociedad argentina se fragmentó ahora de manera irremediable. Continuado bajo De la Rúa, el segundo ciclo neoliberal desembocó en la crisis de 2001, la peor de toda nuestra historia, con el mayor índice de pobreza que se haya alcanzado hasta ahora. De nuevo, un gobierno tuvo que irse antes de tiempo.

Los años siguientes, de políticas heterodoxas, revirtieron algunas de las consecuencias de los ciclos previos, sin cambiar de todos modos el modelo de país. El desempleo se redujo y también la pobreza, aunque con bolsones que permanecieron muy desatendidos. Mejoraron la distribución del ingreso, los salarios, los derechos laborales y las jubilaciones, pero la sociedad siguió profundamente fragmentada. El Estado recuperó algunas herramientas de regulación y se revirtieron las privatizaciones de los fondos jubilatorios, de YPF y de Aerolíneas, todas fracasadas. El desarrollo científico y tecnológico volvió a dar motivos de orgullo y el CONICET, que en los noventa había estado casi cerrado, se convirtió en la institución de ciencia y tecnología mejor rankeada de América Latina.

La economía estuvo lejos de la visión idílica que muchos kirchneristas sostuvieron y en el tramo final reaparecieron los viejos problemas de la restricción de divisas y el déficit fiscal. La inflación volvió a ser motivo de preocupación: antes de las elecciones de 2015 se ubicó en torno del 23% anual. Así y todo, es un hecho que hasta 2012 la economía volvió a crecer de manera sostenida y a una tasa mayor que la de EEUU. El endeudamiento externo se redujo. 

El tercer ciclo neoliberal –el de Macri– destruyó los precarios fundamentos de esa recuperación. El país entró en un nuevo ciclo de megaendeudamiento, la pobreza volvió a crecer de manera explosiva, la desocupación, la desigualdad y la precariedad aumentaron. El gobierno volvió a desmantelar sus capacidades de regulación de la economía y la inflación aumentó de manera galopante. El país estuvo en recesión tres de los cuatro años del mandato de Macri y el PBI se retrajo. La inflación terminó en 55% interanual. Un dato significativo: en 1913 Buenos Aires había inaugurado el primer subterráneo de América Latina. Hasta 1955 la red tuvo su mayor expansión, que continuó en las décadas posteriores. Incluso en los momentos de mayores dificultades económicas el subte siguió creciendo. Todavía en la década de 1980 descollaba por comparación con otros países latinoamericanos. Por contraste, la llegada de Macri al gobierno de la ciudad y luego al de la nación derivó en la interrupción total de esa expansión por primera vez en 100 años. Otro dato en el mismo sentido: nos fueron quitando rápidamente el derecho a acceder a una vivienda. Mientras que en los años noventa solo el 10% de los porteños alquilaba, hoy son más del 40%. Y no porque haya menos viviendas o más habitantes, sino porque, en ausencia de regulación del mercado (como tienen las ciudades europeas), los que pueden hacerlo compran casas y departamentos para obtener una renta. Sumemos los alquileres imposibles de pagar, que por decisión reciente se pueden “pactar” (imponer) en dólares. La vida empeora en todo sentido.

Todo indica que el cuarto ciclo que se inicia con Milei será bastante más destructivo en lo económico que el de Macri. Está por verse si supera al de Menem/De la Rúa y si, además de desmantelar todo lo que pueda del Estado, nos quita incluso la moneda nacional, como promete. En todo caso, en el largo plazo la imagen aparece clara. Teníamos un país. Con problemas, como muchos otros, pero era un país. Desde 1976 lo vienen tratando de convertir en un atractivo parador para inversores en la autopista del capital. Este es el cuarto intento. Y parece que reunirá y potenciará los peores aspectos de los precedentes.

José Alfredo Martínez de Hoz se despidió de su gestión de cinco años como ministro de Economía mediante un mensaje en cadena nacional que duró 93 minutos. Fue el 12 de marzo de 1981.

El economista y abogado eligió un tono didáctico para expresar autoalabanzas, con algún dejo de decepción por el comportamiento social que no terminaba de hacer carne su ambicioso intento de erradicar “conceptos” que habían prevalecido “en los últimos treinta años”.

Sobre el fondo de una cortina marrón y la bandera argentina a su lado, el ministro filosofó sobre “el principio de la subsidiariedad del Estado”. “Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre”.

Martínez de Hoz se atribuyó el don de la sinceridad: “El 2 de abril de 1976 afirmamos que no existen soluciones mágicas ni recetas milagrosas… El proceso de ajuste no ha sido fácil. El camino fue largo y difícil, pero hemos siempre hablado con franqueza”. Acaso no fuera consciente de que su malversación de las palabras “libertad” y “franqueza” encontrarían apropiadores que las levantarían décadas más tarde para enterrar, no ya treinta años, como estimaba el jerarca de la dictadura en 1981, sino setenta.

El exdirector de la Compañía Ítalo Argentina y estanciero amonestó por si hubiera algún levantisco. “Los resultados no pueden esperarse que se vean (sic) completamente realizados de la noche a la mañana y ni siquiera en cinco años”.  Reclamó “el abandono de muchos hábitos y costumbres” que obstaculizaban los objetivos de inserción en el mundo.

Una lucha contra la decadencia

El listado de presuntos éxitos fue extenso, pero “el gran tema de la inflación… ha condicionado negativamente todo este proceso de transformación y lo ha hecho mucho más dificultoso”, reconoció el ministro de los dictadores Jorge Rafael Videla y Roberto Viola.

En 1976, con el “sinceramiento” por el reacomodamiento de precios relativos ante la “debacle” dejada por el peronismo, la inflación tocó uno de los mayores valores del siglo XX, 444%. Le siguió un trienio en el orden de 165% anual. El año de la despedida de Martínez de Hoz, 1981, sería, según estimó, el tiempo de cosechar los frutos de su política responsable. Falló el cálculo y tocó 104%. La dictadura se despediría en 1983 con más del triple de ese porcentaje.

Es como creer que la Argentina puede ser una excepción y se puede reducir y eliminar una tasa inflacionaria sin ningún costo. Es una ilusión y una falacia

José Alfredo Martínez de Hoz, 12 de marzo de 1981

En el mensaje final, Martínez de Hoz identificó “la raíz del problema inflacionario”: el gasto público.

Denunció haber recibido un orden fiscal “en quiebra” de parte del gobierno de Isabel Perón, la presidenta constitucional derrocada en marzo de 1976. Pero él había llegado para refundar las bases materiales y morales del país. Allí fue cuando dijo haber emprendido la “transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos treinta años, casi sin interrupción”. El germen del mal, el peronismo, había llegado a su fin.

El ministro se atribuyó haber bajado el déficit fiscal de 14,5% en relación al PBI en 1975 a una previsión de menos de 3% en 1981.

Ataque al tren

Fue al grano. Explicó que había logrado despedir a 20% de los empleados estatales dependientes de la administración central. Fueron 108.000 de 505.000. Al contabilizar todo el sector público (incluidas empresas y organismos autónomos), el sablazo afectó a 250.000 trabajadores, se enorgulleció. Sólo de los ferrocarriles estatales habían sido despedidos 56.000 “agentes”, 40% de la plantilla, y en YPF, 15.000.

De 15 grandes empresas públicas, 14 recibían subsidios en 1976, contó Martínez de Hoz. Dijo que aplicó criterios de mercado para el manejo del personal y el pago de impuestos, de manera que ganaran eficiencia en la competencia. Las transformó en sociedades de capital y las puso a cobrar precios reales, “no políticos”, y ya en 1978 había tornado el déficit en superávit en casi todas, excepto los trenes y Encotel (correo), dijo.

Se notaba que el asunto de los ferrocarriles lo obsesionaba. Tenía, pese a todo, medallas para mostrar, como el desmantelamiento de 10.000 de los 42.500 kilómetros de vías, y de 1.000 de las 2.400 estaciones.

Los reproches a consumidores, trabajadores y empresarios que expresaban —según dejó saber que intuía— disconformidad circundaron el sermón. “Es como creer que la Argentina puede ser una excepción y se puede reducir y eliminar una tasa inflacionaria sin ningún costo. Es una ilusión y una falacia”. Se ahorró agravios a “choriplaneros”.

“La población debe saber que en economía no hay nada gratis. Si un sector recibe un subsidio, es porque otro sector lo está pagando”, pinceló para la posteridad.

En particular, ese punto fue dedicado a explicar que había puesto punto final al subsidio del campo a la industria que había prevalecido —según dijo— desde la década de 1940. Defendió la tesis “para el campo lo que es del campo”, y la industria, a competir como pueda.

Martínez de Hoz dijo haber sido un funcionario honesto y se dedicó a probarlo en el capítulo de la obra pública, abordado hacia la mitad de su hora y media de exposición. Narró que con los mismos fondos que el tercer peronismo había hecho un kilómetro de rutas, él hizo dos. Eso sí. Fijó un “orden de prioridades” para las obras de infraestructura, “con criterios de rentabilidad, para que se haga en forma ordenada y de acuerdo a la posibilidad de financiamiento del país”.

Balance ayer, hoja de ruta hoy

El ministro de Economía se privó de expresiones como “parásito hijo de puta”, “excremento” o “rata” a la hora de hablar de quienes recibían un sueldo estatal, pero dejó ver alguna crueldad cuando aludió a “estructuras administrativas enquistadas” y “eliminación de elementos redundantes” en la administración pública.

Al cabo de su gestión, Martínez de Hoz había ejecutado gran parte de la quintuplicación de la deuda externa argentina que legó la dictadura, de US$ 8.000 millones a US$ 40.000 millones. No hizo mención a ello en su despedida. Las tasas de interés por el cielo y una paridad cambiaria que inauguró la penosa escena de argentinos en Miami cantando “deme dos” fueron no más que rasgos de una economía que pronto encontraría un equilibrio, proyectó el ministro.

En un pasaje de éste y otros discursos de meses previos, el creador de la “tablita financiera” sintetizó los ejes de su política con el verbo “eliminar” como estrella del relato:

“Sinceramiento” impuesto a fuerza de desapariciones

Martínez de Hoz terminaba su tarea en momentos en que los organismos de derechos humanos denunciaban 30.000 desapariciones y el Departamento de Estado norteamericano barajaba en sus documentos entre 15.000 y 22.000. Es decir, el régimen militar había insertado a Argentina en la economía libre con la potestad autoasignada de desaparecer o asesinar a comisiones sindicales que resistieran despidos y rebajas salariales, y hasta disidencias internas por los negocios surgidos al amparo de las ideas de la libertad.

La dictadura se valió de la descripción de una herencia económica calamitosa del tercer gobierno peronista. De más está decir que no tuvo que lidiar con gobernadores que reclamaran fondos especiales o con bancadas legislativas opositoras renuentes a aprobar, por ejemplo, el despido de 250.000 “agentes”.

Las consecuencias de la gestión de Martínez de Hoz ya son parte de la historia. El país resquebrajó su tejido económico y social e inició un ciclo de endeudamiento a gran escala del que no se liberó hasta ahora. Ni un indicador económico central, sea de crecimiento, empleo o inflación, quedó exceptuado de la debacle. La promesa de que esa vez “el esfuerzo” valdría la pena se desintegró tan rápido como la burbuja de “sinceramiento” y deuda que crearía Mauricio Macri cuatro décadas después. Todos los problemas reales que tenía la economía argentina antes de la dictadura, descriptos por Martínez de Hoz con hipérbole y en clave de agonía, fueron empeorados.

Orgullo, prejuicio y reparación

De la autoevaluación de Macri tras su paso por la Casa Rosada queda la idea de que no fue lo suficientemente duro con los “orcos”. El expresidente y sus adláteres se lamentaron hasta el cansancio de su “gradualismo” y de no haber avanzado decididamente en el cierre de empresas, derogación de leyes y despidos de “elementos redundantes”. Lo que enorgullecía a Martínez de Hoz, en Macri fue melancolía por la oportunidad perdida.

Javier Milei viene a reparar el error. En el proyecto de una ley ómnibus que, al parecer, será transformada en varias combis, el presidente libertario delineará sus cuatro años de mandato.

El balance del exministro de Videla parece una hoja de ruta de Milei con una similitud asombrosa. En un punto, si el presidente que asume hoy consigue hacer menos de la mitad de lo que ejecutó su antecesor, habrá cumplido sus objetivos. Por caso, los ferrocarriles del Estado empleaban en 1981, consumado el guadañazo de 40% de su plantel, a unos 100.000 trabajadores. Esa cifra, de una única empresa pública, es apenas inferior a los 110.647 empleados de todas las firmas estatales en la actualidad, incluidos los bancos estatales nacionales, trenes, Aysa, medios públicos, energéticas, etcétera.

El hilo de filosofía meritocrática emparenta al ultraderechista de hoy con el Macri de ayer, los noventistas de Carlos Menem y los terroristas de Estado de 1976 y 1955. La singularidad de Milei es que ninguno de los mencionados exhibió una precariedad tan evidente para completar un elenco de gobierno. El desembarco —legítimo en Menem y Macri, y siniestro en el caso de los dictadores—, fue con un plantel más o menos sólido, pero con visos de integración ausentes en la experiencia que comienza hoy.

En 1981, los ferrocarriles estatales tenían, tras un drástico ajuste, casi tantos empleados como la totalidad de las empresas públicas de la actualidad

Leyes que se cocinan en despachos no estatales

El presidente de la Libertad Avanza parece haber tercerizado el gobierno antes de empezar. A tal punto que, por estas horas, estudios jurídicos privados revisan desinteresadamente y a contrarreloj los textos de la “ley ómnibus” o las variantes de “leyes combi” que marcarán el puntapié inicial para que la Argentina se convierta en Alemania en 20 años y en Estados Unidos, en 35.

En una transición normal, la tarea debería hacer eje en el futuro secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el funcionario que debe ser de máxima confianza del jefe de Estado. No fue el caso. Milei exploró infructuosamente entre abogados de Corporación América para ocupar el puesto y recién el miércoles se decidió por Javier Herrera Bravo, un hombre con experiencia en el área durante el gobierno de Macri. Ese mismo día, el designado se presentó ante la titular de la Secretaría hasta hoy, Vilma Ibarra. No hubo mucho que coordinar mientras las leyes y decretos por venir se estaban cocinando en despachos no estatales.

Milei adoptó un plan de reforma del Estado que los medios oficialistas relataron en función de su cantidad de páginas, como si ello expresara algo en sí mismo. El mentor, Federico Sturzenegger, fue funcionario en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Macri y es asesor de empresas y docente en las universidades de San Andrés y Harvard.

Ya electo presidente, tras varios descartes a las apuradas, Milei optó por Luis Caputo para el ministerio de Economía y el socio de éste en la consultora Anker, Santiago Bausili, para el Banco Central. Ambos fueron los arquitectos del endeudamiento asumido por Macri en favor de todos los argentinos.

Milei, consultor antes y durante su incursión en la política, eligió a sus colegas Caputo, Bausili y Sturzenegger para reconfigurar la Argentina que viene. Se podría evaluar a este terceto en función del resultado de su gestión con Cambiemos, pero mejor dejar el intento para quienes verdaderamente creen en la meritocracia.

Loteo que no otorga músculo político

El gobierno libertario va completando casilleros de la administración pública como puede, o como le indican. Para la secretaría de Agricultura, dirigentes y empresarios del negocio de la soja; para los resortes decisorios del Ejecutivo, como jefatura de Gabinete, Interior, Justicia e Infraestructura, sus conocidos de Corporación América, el “grupo aeropuerto” que podó las ambiciones de Macri. En YPF, un hombre de Tecpetrol, quien, tras décadas en la petrolera de Techint, ahora administrará el destino de la competidora estatal que cumple un papel crucial en la conformación del mercado.

Ni los consultores, ni los exejecutivos de la empresa de Eduardo Eurnekian, ni los de Paolo Rocca, ni la inspiración tarotista de Karina Milei, ni el espectro de Conan o Martínez de Hoz darán a Milei músculo político.

¿Colaborará en la tarea Patricia Bullrich, a minutos de dejar atrás su enésima identidad política? ¿Se esmerarán los cordobesistas y Florencio Randazzo para ampliar su exiguo capital electoral nacional y entregarlo en ofrenda al libertario? ¿Habrá borocotós pejotistas dispuestos a venderse por un sanguchito? Los melones se acomodarán al andar. Mientras, Bullrich tendrá que repetir la sonrisa incómoda como la que le tocó exhibir el sábado en el encuentro entre Milei y su socio Jair Bolsonaro, quienes, aunque en Argentina se diga poco, son parias hasta en círculos conservadores del mundo.

Ni los consultores, ni los exejecutivos de la empresa de Eduardo Eurnekián, ni los de Paolo Rocca, ni la inspiración tarotista de Karina Milei, ni el espectro de Conan o Martínez de Hoz darán a Milei músculo político

Una cosa fue para Bullrich sacar pecho por una represión e inventar un relato sobre las 14 toneladas de piedras en nombre de una coalición de centroderecha que construyó una victoria como la de Cambiemos en 2015, y otra es hacerlo por un presidente extravagante que le habilitó una silla de prestado y “a título personal”.

Decenas de exfuncionarios de Juntos por el Cambio se aprestan a tomar posesión de sillas de segunda y tercera línea, sin dar crédito al mote despectivo que un rival les concedió alguna vez de estar “juntos por el cargo”.

Rostros de la derrota

El ascenso de un líder forjado sobre sus ataques de rabia, su odio al adversario y su negacionismo de los crímenes cometidos por el régimen de Martínez de Hoz se explica por los 14,5 millones de votantes que hicieron uso de su derecho.

Habrá argumentos para sopesar la decisión del soberano (deuda, inflación, pandemia, una era, Alberto, Cristina). Para completar el cuadro, la mirada debe alcanzar a quienes pudieron haber sido alternativas si las urnas se hubieran expresado de otro modo. Por ejemplo, Daniel Scioli, quien se bajó de la carrera presidencial horas antes del cierre de la inscripción de candidatos.

Scioli continuará como embajador en Brasil. Cada cierto tiempo, este sobreviviente de la política se ve compelido a demostrar su confusión entre ética de la responsabilidad del hombre de Estado y la volubilidad de la gelatina que se adapta a cualquier molde.

Queda Sergio Massa, el receptor de 44% de los votos en la segunda vuelta. El ministro de Economía planea seguir en la actividad política y hacer base en una fundación llamada Encuentro, en la que lo secundarán funcionarios que lo acompañaron en el Palacio de Hacienda, como Gabriel Rubinstein, Ricardo Casal y José Ignacio de Mendiguren.

El excandidato de Unión por la Patria agregará otra línea a su currículum. Será asesor de una empresa extranjera y de un fondo financiero especializado en bonos verdes (para proyectos energéticos de mitigación del cambio climático).

Habrá que ver si Massa sigue la senda de líderes europeos como José María Aznar, Felipe González, Tony Blair y Gerhard Schroeder, que cuando dejaron sus respectivos gobiernos y fueron contratados por empresas privadas, asumieron la tarea de lobistas, pero se apartaron de la competencia por los cargos y la conducción partidaria. Aunque sea, para guardar las formas. 

SL/DTC

El director de la Agencias de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el programa económico del candidato presidencial de La Libertad Avanza por “traer recetas que ya se probaron” y que, a su criterio, agudizaron la crisis social siempre que se aplicaron. “Lo que hay detrás de Javier Milei son recetas viejas en un envase nuevo”, aseguró durante la presentación del libro Falacias libertarias del Instituto de Capacitación Política de la ciudad de La Plata.

El titular del organismo bonaerense comparó la propuesta del actual diputado nacional con los planes económicos liberales de José Martínez de Hoz, durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), Carlos Menem y Mauricio Macri. “Ese discurso contestatario y rebelde en realidad es un instrumento que es funcional a los intereses de los sectores económicos concentrados de la Argentina que quieren volver a imponer las políticas de la dictadura, del menemismo y del macrismo”, sostuvo tras leer fragmentos de discursos de las gestiones en cuestión.

Y agregó: “Se trata de recetas que ya se probaron y que arrojaron como resultado una fractura social que todavía no logramos cerrar, a pesar de un proceso de 12 años que amplió derechos y trabajó incansablemente por la inclusión”. Así, Girard reivindicó el rol de las políticas intervencionistas y de asistencia llevadas adelante durante los sucesivos gobiernos kirchneristas para la recuperación de aquellos sectores más vulnerables frente a las medidas liberales.

En este marco, llamó a votar al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en los comicios del próximo domingo 19 de noviembre para evitar que se vuelvan a aplicar este tipo de programas. “No dejemos que pase otra vez, salgamos a convencer a cada una de las personas que conocemos y que esté en duda; esto es voto a voto”, expresó.

ACM

El personaje sobrevoló como un fantasma el encuentro de veinte minutos que Alberto Fernández mantuvo esta semana con su par norteamericano, Joe Biden. Sin mencionarlo, el presidente argentino se refirió a los proyectos de Javier Milei (y también de Patricia Bullirch) quienes de manera más o menos abierta promueven la portación de armas sin restricciones. “En mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen”, denunció el presidente argentino en la Casa Blanca.

Ya de regreso en el país, Fernández se refirió explícitamente a Milei en una entrevista periodística: “Es una amenaza para la democracia, Hitler también entró por los votos. Los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder y hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad”, le dijo a Jorge Fontevecchia.

La anécdota es útil para ilustrar algunas de las condiciones que habilitaron la emergencia de Milei en el escenario local y descifrar quienes fueron (y son) sus promotores menos pensados en el sentido más estricto del término: pocos piensan en ellos.

Sucede que existe una inclinación llamativa y sospechosa en ciertos análisis sobre el fenómeno que representan Milei y los libertarianos. Un sesgo que se manifiesta en la insistencia en mostrar a sus adhesiones (sobre todo, las de origen plebeyo) como el reflejo mecánico de los cambios en la anatomía social y en la subjetividad de las personas. De esta manera, el pueblo aparece en el lugar de una sospecha y los factores de poder que fogonearon (y fogonean) su figura quedan, perspicazmente, corridos de la escena. En el fondo de esas concepciones habita una pulsión “gorila” que considera que la responsabilidad en la irrupción del fenómeno reside en esa gente que no supo qué hacer con lo que hicieron con ella y se inventó un Milei para su ojo idiota.

Esta operación ideológico-política evita la reflexión en torno a cuáles fueron las responsabilidades de los factores de poder, de las clases dominantes, de las “elites”, los voceros mediáticos y las representaciones políticas que propiciaron el ascenso de Milei y pretenden sacar provecho de su presencia en la arena pública.

Las encuestas y los focus group —que aportan una perspectiva, pero no lo explican todo— buscan determinar cuál es la cadena de asociaciones que termina conformando un combo de “pasiones tristes” en el universo heterogéneo de sus adherentes: desprecio, miedo, desesperación, ira, odio, aversión, remordimiento, indignación, menosprecio, envidia o vergüenza se mezclan en una “estructura de sentimientos” a tono con la época y que tiene su tabula rasa en los nuevos sujetos modelados por el neoliberalismo.

En paralelo, tiene lugar una silenciosa cadena de omisiones sobre los responsables políticos y empresariales que ayudaron a colocar a Milei en un lugar destacado en el menú de opciones. Para decirlo de manera excesivamente simplificadora, aunque ilustrativa: estos análisis consideran que los pueblos tienen la crisis de representación que se merecen. Los monstruos que crecen en los claroscuros de lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace, están hechos a su imagen y semejanza. Hay excesivas indagaciones sobre qué tienen los pobres en la cabeza y muy pocas sobre qué se traen los ricos entre manos cuando estimulan la presencia de Milei.

La serie de olvidos incluye a quienes construyeron la catástrofe social actual signada por una crisis crónica; al establishment que promovió a los libertarianos como “agenda” para desplazar el debate público a la derecha de lo posible; a quienes le inyectaron los anabólicos desde los aparatos mediáticos y a los “estrategas” que —en función de sus disputas de pequeña política— lo suben al centro del escenario y lo fortalecen como alternativa.

La crisis está en la base de todo: el 39,2 % de pobreza que informó el INDEC esta semana para el segundo semestre de 2022 es sólo la cifra más ruidosa de una hecatombe social que incluye más de la mitad de los niños y niñas de 0 a 14 años en situación de pobreza, precarización de las condiciones de vida y de trabajo, el flamante fenómeno de trabajadores pobres y una crisis estructural que provoca todas las semanas una nueva amenaza: desde los cortes cada vez más salvajes en el suministro eléctrico hasta los brotes de dengue.

El establishment empresarial vinculado a los tanques de los medios de comunicación también tiene su cuota de responsabilidad por la promoción de Milei. Aumentaron el volumen de sus planteos extravagantes con un objetivo bastante evidente: condicionar y correr la agenda lo más a la derecha posible. Aunque consideren que su programa “de máxima” es inaplicable hoy, son conscientes de que el agite libertariano es funcional a la generación de nuevos consensos. De hecho, tuvo cierto éxito porque el “consenso del ajuste” es aceptado —con matices— por todas las fuerzas políticas tradicionales y aplicado a su manera por el Gobierno. El negacionismo del genocidio que llevó adelante la dictadura militar complementa una hoja de ruta económica que es imposible de aplicar sin duras represiones.

Por último, hay que poner el foco en los responsables directamente políticos. El presidente Alberto Fernández sabe perfectamente que mencionarlo con nombre y apellido en uno de los escasos momentos en los que logró levantar su alicaído rating (cuando regresó del encuentro con Biden) incrementa su visibilidad pública. Fiel al consejo de Andy Warhol, cuando escucha las críticas que provienen de ese sector, Milei no hace ningún caso a lo que se dice o se escribe sobre él, sólo se limita a medirlo en centímetros.

Hace algunas semanas, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lo subió al ring cuando lo chicaneó con la pregunta en torno sus medios de subsistencia. En sus últimas intervenciones, Cristina Fernández de Kirchner se refirió más o menos explícitamente a Milei. En la exposición ante el Grupo de Puebla habló de las recetas de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, dos economistas neoliberales que provocan una devoción desenfrenada y forman parte de las sagradas escrituras en el credo libertariano. Y en la provincia de Buenos Aires, las malas lenguas comentan que el acuerdo electoral alcanzado entre la agrupación de Milei y el Partido Nacional Unión Celeste y Blanco —sello que usufructuó Francisco de Narváez en 2009— tuvo como facilitador a un personaje que hasta ayer nomás era funcionario en el gobierno de Axel Kicillof, además de presidir el partido “Celeste y Blanco” en la provincia. Casualidad o simple azar, aunque, como afirmó Borges: “Lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad”.

El cálculo de pequeña política que motiva al panperonismo es una apuesta inconfesable: que el libertariano de cabeza revuelta le reste votos a Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires puede tener un doble valor porque la gobernación se gana o se pierde por un voto. En ausencia de fuerza propia, se trabaja sobre la debilidad ajena. Cualquiera podría argumentar que es un recurso habitual y hasta legítimo de la disputa política, pero el problema se agiganta cuando la estrategia se reduce sólo a la lotería de dividir los votos del otro porque todos los días se pierde una porción de los propios. El resultado “no deseado” es un motor más para el impulso del experimento libertariano.

Javier Milei no es un mero artefacto de diseño y evidentemente su narrativa entona con ciertos malestares de la época. Sin embargo, no puede leerse sólo por lo que “representa” (aunque sea coyunturalmente). Se debe apuntar el lente hacia quienes lo ayudaron a ubicarse en el lugar en el que se encuentra hoy y que luego se preguntan con un tono solemne de seminario académico: ¿Por qué crece la ultraderecha?

FR

Deuda conjunta, ayudas públicas, intervención del mercado con el tope al precio del gas, excepción ibérica, límites a los súper beneficios de las energéticas, reforma del mercado eléctrico y rechazo a las bajadas de impuestos: la Unión Europea no deja de caminar, a veces con pasos más rápidos y otras veces arrastrando los pies, en la deconstrucción de los principales elementos del andamiaje político y económico neoliberal que ha ido dominando el sentido común de las instituciones europeas. España ha liderado este viaje a un recetario económico menos ortodoxo.

Si hace una década la Unión Europea decretaba recortes, sacrificios y hacía que países como España reformaran el artículo 135 de la Constitución a toda prisa y en agosto para garantizar el pago de la deuda por encima de todas las cosas, ahora las recetas no dejan de ser distintas.

Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, la Unión Europea ha ido transitando por un manual diferente. Si con la crisis financiera se decretó el diktat del pacto de Estabilidad; tras la irrupción de la COVID-19 se decidió por lo opuesto: suspender la aplicación de ese pacto que obliga a unos límites de deuda y déficit y, además, acometer su reforma con vistas a tener un nuevo marco el próximo año con dos ingredientes fundamentales: menos rigidez y mayor singularidad por países.

Pero no sólo se ha tomado esa decisión que de entrada ponía de los nervios a los nórdicos. Es que mientras que en la anterior crisis era anatema hablar de euro bonos, en esta se han puesto en marcha bonos europeos con deuda común emitida por la Comisión Europea. Algo impensable. ¿Y para qué? Para crear un nuevo fondo de 750.000 millones para salir de una crisis, además del fondo para la protección del empleo, SURE, de 100.000, lo cual ha abierto el debate actual sobre la necesidad de otro fondo con dinero fresco para acelerar las transiciones verdes y tecnológicas por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Pero cuando se terminaba de salir de aquella crisis a finales de 2021 y principios de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en este año que acaba. No ya porque ha terminado reforzando la OTAN, con dos nuevos países llamando a la puerta, como Suecia y Finlandia, sino porque ha acelerado unos debates que parecían ciencia ficción hace año y medio.

Cuando en septiembre de 2021 España pedía una reforma del mercado eléctrico, el desacople del precio del gas con respecto a la factura de la luz, compras conjuntas y reservas colectivas, los vecinos del norte no se daban por aludidos. Ni siquiera la Comisión Europea, que empezó reaccionando con la publicación de un folleto pomposamente llamado toolbox, que no era más que una recopilación de lo ya sabido, las políticas a disposición de los países, pero sin reforma alguna.

Sin embargo, 2022 ha sido el año en el que la Unión Europea no ha dejado de desmontar mitos neoliberales.

¿Que no hay que intervenir los mercados? Pues los 27 y la Comisión Europea deciden que no tiene sentido los súper beneficios de las eléctricas y energéticas, por lo que han de pagar más impuestos y vender su energía a un precio tasado.

¿Que el mercado eléctrico no funciona? Pues se encarga una reforma y, mientras se reforma, los 27 aprueban una excepción ibérica para desacoplar el precio del gas en la generación de electricidad en España y Portugal. Y, es más, Bruselas hace un documento para evaluar la posibilidad de extender el modelo al resto de la UE, cosa que, de momento, no ha terminado de cuajar... porque lo que sí ha cuajado ha sido el tope al precio del gas en toda la Unión Europea.

En efecto, esta semana los ministros de Energía reunidos en Bruselas han tomado una decisión impensable hace pocos meses, que España venía reclamando de largo y que ha conseguido concitar mayorías, a pesar de los problemas de Alemania, Holanda, Austria y la siempre refractaria Hungría: intervenir los precios del mercado del gas. A partir del 15 de febrero, la UE no pagará más de 180 euros/MWh, porque no quiere pagar precios “excesivamente altos” que supongan una ruina para empresas y hogares, por mucho que Alemania tenga dinero para pagar cualquier factura doméstica. No es tanto una propuesta para pagar el gas barato, cosa que iría en contra del Pacto Verde europeo, la estrategia de desprenderse del gas ruso y de no alimentar la inflación –en máximos históricos– por la vía del consumo energético, como de evitar los precios astronómicos de agosto pasado, cuando Alemania inundó el mercado de compras para sus reservas para este invierno.

Bruselas, además, está huyendo de las viejas recetas neoliberales de las bajadas generalizadas de impuestos. Es más, pide subírselos a las eléctricas y energéticas, y los 27 acaban de ratificar una tasa mínima del 15% para las grandes multinacionales. Todo lo contrario al librillo que tanto ha defendido el PP –cada vez menos, si bien este miércoles la portavoz, Cuca Gamarra, lo repetía en la sesión de control al Gobierno– y que terminó con la carrera política de Liz Truss, la primera ministra británica más breve de la historia.

Es más, la Comisión Europea está pidiendo ya a los Estados medidas focalizadas, en lugar de generalizadas, para no engordar la deuda y ayudar a bajar la inflación. Y poca medida hay más generalizada y poco focalizada que las bajadas de IVA, que además disminuyen la recaudación, con el efecto que eso tiene en las balanzas fiscales también en un momento de gasto público para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis.

Unos efectos que requieren gasto público, permitido porque sigue suspendido el pacto de Estabilidad y, también, porque Europa se encuentra ante el desafío de acelerar unas transiciones verdes y digitales en un contexto de cambio de modelo energético acelerado por la invasión rusa de Ucrania.

En este contexto, Estados Unidos ha aprobado una ley (IRA) para la reducción de la inflación que supone una inyección de 400.000 millones para inyectar en tecnologías verdes made in USA, lo cual supone desequilibrar las condiciones equitativas del mercado global y deja a los dos bloques a un paso de una guerra comercial. Como respuesta, la UE ha ido jugando varias cartas, desde la negociación para buscar excepciones, con escaso éxito, hasta el convencimiento, más proteccionista que neoliberal, de apostar por un IRA made in EU, que básicamente supone, a la espera de que haya o no un nuevo fondo europeo para eso, trabajar para relajar los corsés de las inversiones públicas.

“Necesitamos dar nuestra propia respuesta, nuestra Ley de Reducción de la Inflación europea”, afirmó ante los eurodiputados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La primera intención del gobierno comunitario es adaptar las reglas europeas para facilitar la inversión pública en la transición verde, pero también apuesta por revisar los mecanismos previstos hasta ahora con el objetivo de acelerar esos cambios.

En una carta enviada a los líderes de los 27, la presidenta de la Comisión Europea reiteraba esa idea y apuntaba, además, a la necesidad de dar una solución estructural a la industria basada en energías limpias. “Nuestra ambición es ser líderes de la transición verde y para hacer esto, nuestra política industrial europea necesita financiación europea común. Por eso he introducido la idea de establecer un Fondo Soberano Europeo”, señaló Von der Leyen en ese escrito.

La posición del gobierno comunitario aventura un nuevo debate en el seno de los 27. La principal discusión está en si los planes deben pasar por flexibilizar los planes ya existentes o si inyectar dinero nuevo, según reconocen fuentes diplomáticas. Alemania recela de los planes de la Comisión por si conlleva nueva emisión de deuda, como ocurrió durante la pandemia.

En el caso de España, fuentes gubernamentales explican que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el debate, pero defienden que un primer paso sería flexibilizar los planes que ya están vigentes para que haya una mayor facilidad para que el dinero fluya.

Inversiones públicas, fondos europeos, deuda conjunta, tope al precio del gas, impuestos a las energéticas, reforma del mercado eléctrico... La UE no deja de enterrar mitos neoliberales.

Derrotado por el Senegal de Aliou Cissé, la suya fue la primera Selección nacional sudamericana en quedar fuera de la Copa del Mundial de Fútbol masculino 2022, Pero no sólo esta noticia sacude en la alta capital Quito o en el puerto pacífico de Guayaquil o en las sierras, selvas y valles al país andino de la línea que marca el promedio del Mundo. Además del Ecuador del ahora titubeante DT argentino Gustavo Alfaro que jugó y perdió en Qatar existe el Ecuador nativo o residente in situ del ex banquero cristiano y presidente centrista Guillermo Lasso y de la Asamblea Nacional unicameral, de mayorías correístas y etno-ecologistas y por tanto opositoras. Que acaban de votar una decisión mayor cuyas consecuencias serán materia prima básica de la existencia política actual y futura del país: la Ley Derogatoria a la “Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de Covid-19” del oficialismo, al cumplirse un año de su vigencia. Según ha anticipado el ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Pablo Arosemena Marriott, el presidente Lasso vetará la Ley de Derogación 2022 a su Ley de 2021.

Con 100 votos a favor de la totalidad de 129 asambleístas presentes, el Legislativo ecuatoriano dio el paso de derogar la  Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de Covid 19  que había sido propulsada por el gobierno del presidente Lasso.

El suplemento fiscal había sido requerido para aumentar la recaudación del Estado, como parte del programa crediticio que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por valor de 6.500 millones de dólares. La reforma tributaria modificó los rangos de los impuestos a la renta para las personas y redujo ostensiblemente las deducciones en gastos, de 14.000 a 5.000 dólares.

La voz de la oposición correísta se ha hecho oír, y votar

El proyecto legislativo para dar de baja a la Ley había sido promovido por la correísta Viviana Veloz del partido Unión por la Esperanza (UNES). Durante su intervención en el debate del pleno afirmó que la reforma tributaria oficialista perjudicó a la clase media principalmente y a los sectores populares. La asambleísta Veloz argumentó que la Asamblea tiene la facultad legal para derogar una norma que entró en vigencia por medio del ministerio de la ley, es decir por estar así establecido mediante ley. A la vez ejemplificó que el mismo mecanismo se utilizó en la anterior Asamblea para derogar el impuesto a la contaminación ambiental más conocido como impuesto verde, en 2019, cuya iniciativa fue de los asambleistas Fabricio Villamar y Homero Castanier del centro-derechista Movimiento Creando Oportunidades (CREO) ad-hoc. Esta plataforma llevó a la presidencia al sexagenario Lasso en 2021 después de una reñida segunda vuelta electoral contra el derrotado candidato de UNES, el joven economista treintañero Andrés Arauz.

La intervención de Noemí Cabrera (UNES) corroboró lo expresado por Veloz. “El peso de la crisis económica no debe recaer sobre los ecuatorianos de clase media. Medio millón de ciudadanos ya no pertenecen a este segmento”, afirmó Cabrera.

La resolución del Legislativo ha pasado ya a manos del Ejecutivo. El presidente Lasso tiene un un plazo de 30 días para pronunciarse. Durante el debate en la poblada Asamblea, varios asambleístas reconocieron la probabilidad de que el presidente Lasso vete totalmente el texto.

El Gobierno ecuatoriano ofrece tranquilidad al FMI

Las especulaciones sobre un veto presidencial no fueron ociosas, ni huecas. Después de conocerse el fallo, Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, adelantó que efectivamente, el primer mandatario vetará la derogatoria de la reforma tributaria “por inconstitucional y demagógica”.

Y sin pausa, pero con prisa, también lo comunicó Arosemena al FMI. El Ministro apuntó que, aunque en el Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días para el veto, era importante y conveniente no postergar una explicación de la situación ante el FMI: “Ellos nos apoyan con recursos al 2 % de interés, cuando para colocar bonos soberanos hoy tendremos que hacerlo casi que al 20 por ciento”. Aseguró que Ecuador tiene con el FMI “una relación muy fluida” e interesa “tener la información clara”. Así explicó su explicación, esta vez a los medios, Pablo Arosemena Marriott, educado en la Harvard Kennedy School, segundo titular de la cartera de Economía y Finanzas en la breve historia del gabinete ministerial de la administración Lasso, y ex primer director general del think-tank liberal Ecuador Libre.

AGB

“De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. El viejo rezo popularizado por Carlos Marx parece estar vengándose después de varias décadas de hegemonía neoliberal en la organización de las sociedades y economías europeas. La ortodoxia liberal, que ha venido decretando disciplinas fiscales por la vía del gasto y no de los ingresos; rebajas de impuestos sin fin; y rechazo a la intervención de precios, está cada vez más desenfocada en la Unión Europea.

Primero fue la pandemia, que dio dos pasos decisivos: el primero, un fondo de recuperación de 750.000 millones fundamentado, por primera vez, en deuda comunitaria conjunta, aquello que Angela Merkel dijo hace una década que no pasaría jamás. El segundo paso decisivo fue la suspensión de las reglas fiscales, es decir la barra libre del gasto público, aún a costa del aumento de la deuda y el déficit. Una suspensión del Pacto de Estabilidad que ha conducido, además, a su reforma.

La caída de aquellos dos tótems –mutualización de deuda y suspensión y reforma de las reglas fiscales– durante la pandemia han sido sólo el aperitivo de lo que está llegando después a raíz de la invasión rusa de Ucrania, decretada por Vladímir Putin el 24 de febrero pasado.

En estos siete meses no han hecho sino caer tabúes liberales... Y los que quedarán por caer.

¿Laissez faire, laissez passer? Pues bien, la Unión Europea ha acordado, ni más ni menos, que se ponga un tope a los beneficios caídos del cielo de las empresas de energía dedicadas a la nuclear, las renovables y el lignito. Es decir, se interviene el mercado para limitar beneficios empresariales. En otras palabras: lo público decide cuánto puede ganar el sector privado.

Pero no sólo es eso. ¿No se decía que el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes que en la Hacienda pública? Pues ahora resulta que la Comisión Europea lo que dice es que no son tiempos para bajar impuestos. Y recuerda algo que muchos han querido olvidar, salvo la troika, que recortaba gastos sociales y pedía subir el IVA: es decir, que el equilibrio fiscal tiene mucho que ver con los ingresos fiscales; con los impuestos. Y, por eso, cuando la primera ministra británica, Liz Truss, anuncia una rebaja de impuestos radical a las rentas más altas, hasta los mercados financieros reaccionan en contra con tanta dureza que tiene que retirar la medida para no hundir la libra y la prima de riesgo del país.

¿Y qué le dice Bruselas a la ortodoxia liberal que encarnan Truss y hasta el propio PP español, de Alberto Núñez Feijóo? Que en estos días de crisis energética y con una inflación disparada, los ingresos son fundamentales para auxiliar a empresas y familias. Es decir, que no toca adelgazar las arcas públicas, sino más bien al contrario. ¿Y en qué se traduce eso? En que los 27 Estados miembros de la Unión Europea han decidido que hay que gravar un mínimo del 33% a los súperbeneficios de las empresas de combustibles fósiles. Un mínimo del 33% a los beneficios extraordinarios.

“En estos momentos no está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores. Los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”, ha sentenciado Ursula von der Leyen: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades... Un razonamiento que, por analogía, abre la puerta a mayores tributaciones para sectores con ingresos multimillonarios –la banca– o personas ricas y súperricas, en la línea de lo que ya ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con impuestos extraordinarios de hasta el 90% a los más ricos“.

“Es muy interesante la manera en la que en Alemania, donde la inflación provocó muchos de los males que azotaron a este país y tuvieron consecuencias en el resto de Europa, optaron en los años 50 por un impuesto sobre la riqueza muy ambicioso y progresivo sobre el grupo más rico”, recordaba el economista Thomas Piketty en elDiario.es: “Con esta medida impositiva pudieron reducir su deuda pública sin inflación, aunque además se beneficiaron de la cancelación de la deuda. Tenemos retos nuevos y sería necesario tomar decisiones innovadoras con la deuda pública como ya hizo Europa en el siglo pasado. Esta cancelación de la deuda permitió a Europa construir su nuevo modelo de desarrollo y reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial”.

Y para atajar la inflación, Europa está recurriendo, de un lado, a intervenir el mercado energético, cuyos precios disparados tienen gran peso en la escalada de la inflación. Pero, también, a una herramienta creada para tiempos en los que los precios subían más por la demanda que por problemas de suministros, es decir, la subida de tasas por parte del BCE que amenaza con asfixiar una economía que se aproxima a la recesión.

Tope al precio del gas

El propio economista de la Comisión Europea Declan Costello, quien estuvo detrás del rescate a Grecia, se refería recientemente en Madrid a “áreas en el ámbito de la fiscalidad, sean medioambientales, societarias, de riqueza, que pueden ayudar a abordar con este déficit”.

Y tirando de ese hilo, de un mercado que se está beneficiando de una guerra mientras la población europea se empobrece, cae otro mito: el de la no intervención pública de los mercados y los precios. En efecto, la Unión Europea está decidiendo desligar el precio del gas de la factura de la luz en dos momentos: ahora, con urgencia, interviniendo el mercado y, en el corto plazo, acometiendo su reforma.

Pero, ¿qué más podría pasar? Que uno de los epicentros calvinistas y ordoliberales de Europa, Países Bajos, alberga el índice gasístico que contamina el precio de lo que se comercia en Europa. El TTF Dutch, que también tiene los días contados. ¿Cómo? Porque los líderes de la UE ya están discutiendo cómo poner un tope al precio del gas mientras se crea un nuevo índice europeo.

Y esa intervención de los mercados, además viene de la mano de otra derrota neoliberal: debe seguir unas reglas, debe salvaguardar la competencia leal y no debe poner en riesgo la unidad del mercado interior de la UE. ¿Y eso qué significa? Pues que no vale que el más fuerte y poderoso, Alemania, reparta 200.000 millones de euros que blinden a sus empresas frente a las del resto de la UE.

Por eso, precisamente por eso, regresa el debate sobre un nuevo fondo europeo financiado con deuda común. Y la idea ya no viene de Grecia o España, sino que es la propia Comisión Europea la que lo ha metido en la agenda a través de su comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien el lunes pasado lo mencionó en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Gentiloni defendió la creación de un instrumento similar al SURE, puesto en marcha en la pandemia para financiar programas de protección del empleo como los ERTE y los autónomos. Aquel estaba dotado con 100.000 millones –21.300 fueron para España– captados en los mercados por la Comisión Europea y se basaba en créditos blandos.

Este nuevo instrumento financiero que ha puesto sobre la mesa Gentiloni serviría para sufragar la respuesta a la crisis actual e inversiones en infraestructuras con vistas a la transición y autonomía energética europea. No obstante, países autodenominados frugales, los ricos de Europa, como Holanda y Suecia, por ejemplo, rechazan esta idea. Este viernes, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, decía en Praga algo repetido por el Gobierno neerlandés, que no hay necesidad de un nuevo apoyo financiero en tanto que quedan fondos por gastar del instrumento de recuperación de la pandemia, y llamaba a los Estados miembros a ahorrar en los buenos tiempos para poder brindar apoyo en los malos.

Una tesis ortodoxa ya empleada recurrentemente en 2020 y que terminó derrotada por la realidad con la creación del fondo de 750.000 millones con de duda común.

La pandemia, la crisis, la guerra, el curso de la historia del tiempo presente está acabando con tabúes liberales en Europa al son de “cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.

La semana pasada elDiarioAR publicó una nota de opinión del sociólogo y colega Ariel Wilkis, titulada “Sabag Montiel, hijo legítimo de la economía popular”. La intervención generó reacciones elogiosas y de perplejidad, tanto de lectore/as de a pie como de intelectuales y académicos/as. Como parte de esa conversación, proponemos abrir una reflexión franca, compañera y generosa, que necesita ser y hacerse pública en un texto como este, porque atañe a asuntos –hoy y hace tiempo– cruciales y urgentes para la vida social de nuestro país.

I.

La nota de A. Wilkis trae al debate público de estos días un aporte tan original como necesario, en la medida que ensancha la línea estricta de pensamiento en la que el progresismo argentino parecía amurallado: “sociologizar” a Fernando Sabag Montiel por intermedio de la política. Más concretamente, entender su proyecto fallido –asesinar a una de las figuras políticas más importantes de la democracia argentina actual y hoy vicepresidenta de la Nación– como expresión y resultado de los discursos de odio sedimentados en la vida pública argentina. Wilkis propone, oportuna y elocuentemente, perturbar este consenso: Ojo –nos dice–, el odio de Sabag Montiel no solo está hecho de política, sino también de economía. 

¿Qué economía es esa? El autor reconstruye sus trazos: Sabag Montiel parece ser –y enfatizamos aquí el parece– un típico cuentapropista popular precarizado –hoy supuesto vendedor ambulante, ayer presuntamente chofer de app–; parte de su biografía material refleja el deterioro sostenido de los horizontes imaginados y prometidos de integración social; otro tanto expresa su antipopulismo popular, un hecho social –tan extendido como incómodo para el progresismo– que Wilkis acertadamente trae al análisis e identifica como mecanismo de defensa: poder responsabilizar a alguien de la frustración sistémica de (mis) proyecciones de bienestar y movilidad. En síntesis, Sabag Montiel es parte de las secuelas de la “degradación urbana, social y laboral” de cada vez más sectores de las clases trabajadoras de nuestra Argentina reciente.

Ahora bien: para poder leer el argumento de la nota en estos términos y no en otros, uno se ve obligado a introducir ciertas traducciones –y traiciones, por tanto– al texto original. Empezando por el título y la primera oración. Donde dice [Fernando Andrés Sabag Montiel] “es un hijo legítimo de la economía popular realmente existente”, uno debería leer “es un hijo legítimo de la economía neoliberal realmente existente”. Y si quisiéramos precisarlo mejor, acaso deberíamos leer: “es un hijo legítimo de la precarización de la vida en el capitalismo realmente existente de la Argentina de los últimos 40 años”.

“Hijo legítimo” de la economía popular –en lugar de la economía a secas, o de la economía neoliberal– es de esos juegos de palabras que liberan –y dejan librado, por tanto– un efecto tan colateral como insoslayable: el de la literalidad, y con ella, la irradiación de una nueva marca estigmatizante sobre los cuerpos, individuales y colectivos, de las economías populares argentinas. 

En la edición de elDiarioAR, la imagen edulcorada de un Sabag Montiel vendiendo copos de azúcar viste de hijo legítimo de la economía popular al sujeto que satura, en imágenes atemorizantes, diarios y redes de todo el mundo. Los y las vendedoras ambulantes de la Argentina metropolitana y suburbana están acostumbrado/as a la asociación: la viven en carne propia en cada hostigamiento policial, cada detención, cada decomiso de mercadería, cada causa “armada” por (ser señalados como) ilegales, mafiosos, delincuentes.  

II. 

La nota de nuestro colega puede asumir lo que algunos consideran una tarea pendiente, que podría ser formulada así: Dejemos de romantizar la economía popular, porque la realmente existente es también esto. Y esto no es gente loca sino, como bien sintetizó Alejandro Bercovich en la radio, gente rota, es decir, hija de un tejido económico-social despedazado en un proceso de larga duración. Entonces, para ser justos con las palabras y las cosas, volvemos a traducir: Sabag y compañía –incluidos copos y antipopulismos populares– pueden ser parte de la economía popular real, lo cual no significa que hayan sido engendrados por ella. Y de paso agregar: las economías populares son parte del torrente de inventiva social con que multitudes argentinas se las ingenian –bien, mal, a medias, como pueden; organizadas, desparramadas, mancomunadas, sueltas– para coser y suturar los hilos del tejido. La economía popular realmente existente también es esto.

Y esto nos lleva al nudo del problema: en Argentina “economía popular” no es solo una categoría socio-laboral sino también política. Decir economía popular en singular es nombrar tanto una realidad plural y contradictoria, como un proyecto claro y legible que reivindica el derecho de esa realidad a ser vista y dignificada como existente (los que viven del trabajo que se inventan, del que les queda, del que sale; los llamados marginales e informales en los 80, desocupados y vagos en los 90-2000; ellos y todas las personas que hoy encuentran, en “economía popular”, la posibilidad de renombrarse como gente que produce y tiene valor). Este proyecto es parte de los antídotos contra –y los dispositivos de reparación-de– vidas rotas o por romperse.

Volvemos, entonces, a la contribución original y necesaria del análisis de Wilkis: introducir la economía –y todo lo que ella arrastra consigo– en la sociologización (del sujeto y el caso) Sabag Montiel. Hecho esto, su (re)ensamblaje con la política resulta simétricamente ineludible: no solo porque Sabag Montiel parece ser portavoz de un antipopulismo popular tan esparcido entre precarizados como entre acomodados, sino también por una singularidad: la degradación existencial de Sabag Montiel adherida, además, a los ribetes de minorías intensas (como las neonazis y fascistas) con las que comulgaría. Estas singularidades políticas no pueden diluirse en una única progenitora, la economía popular realmente existente; sobre todo porque ella también está hecha de los millones que, cada día y todos los días, buscan razones para darle un sentido a la vida, no a la muerte.

Julieta Quirós es antropóloga, Investigadora del CONICET-IDACOR; Karina Tomatis es economista, Docente-Investigadora de la UNC; María Inés Fernández Álvarez es antropóloga es Investigadora del CONICET-CITRA,UMET/FFyL, UBA.

JQ/KT/MIFA

Durante décadas, Chile fue puesto como modelo económico latinoamericano por los organismos multilaterales, el establishment internacional y por la Argentina empresarial y conservadora. En 1975, el PBI per capita argentino duplicaba al chileno. Diez años después, también. Ya en 1995, cinco años después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la renta personal de Chile representaba dos tercios de la de la Argentina. Tras la crisis criolla de 2001, ya la había superado. Ahora es de 15.617 dólares, un poco menos que la de Uruguay y 41% más que la de Argentina, de US$9.122, pero está estancada en ese nivel desde hace nueve años, lejos de los US$25.000 de Portugal o los US$30.000 de España. 

Chile no ha podido continuar el camino hacia el mundo desarrollado. Quedó atrapado en la llamada trampa de los países de ingresos medios, que consiste en que alcanzan un cierto nivel de renta gracias a las ventajas competitivas adquiridas en su situación previa pero después se quedan estancados a mitad de camino hacia el estadio anhelado. La frustración cunde y se expresa en crisis sociales como la de Chile en 2019. Con un modelo económico neoliberal impuesto por Pinochet y con retoques sociales durante los gobiernos de la democracia cristiana y el socialismo (1990-2010 y 2014-2018), habrá que ver si hoy en las elecciones presidenciales gira a la izquierda o a la ultraderecha.

Otros países latinoamericanos siguieron a su manera el modelo chileno con diversa suerte, desde la Argentina de Carlos Menem hasta México, Colombia o Perú. Los giros políticos en los comicios mexicanos de 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, y en los peruanos de este año, con la victoria de Pedro Castillo, pusieron en tela de juicio sus modelos. Igual que la actual crisis social colombiana. Tampoco le está yendo bien a la receta neoliberal de Jair Bolsonaro en Brasil: la inflación supera el 10% por primera vez en 20 años, mientras que se prevé que en 2022 sea el país de menor crecimiento en Latinoamérica, según el relevamiento de bancos y consultoras que elabora la firma FocusEconomics. 

Los modelos económicos alternativos están lejos de exhibir éxitos. El peor ejemplo es Venezuela, con su hiperinflación. En la Argentina, a la experiencia kirchnerista le siguió la de restauración liberal de Mauricio Macri, que derivó a su vez en la victoria de Alberto Fernández en 2019.

“Momento gramsciano”

El economista chileno José Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), cuenta a elDiarioAR que analizó esta crisis de modelo en la región en un artículo publicado el año pasado: “América Latina está atrapada en un ‘Momento Gramsciano’, cuando lo viejo se desvanece, pero lo nuevo no logra nacer”. Palma cita al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y continúa: “Hoy en día lo característico de la región es que está atrapada en un modelo neoliberal cuya fecha de término ya está más que vencida. Si alguna vez tuvo algo que dar, ya lo dio, y hace mucho; ahora hace aguas por todos lados”. Palma señala que la socialdemocracia chilena, al igual que la europea, adoptó el modelo neoliberal que irrumpió en el mundo en los 70. 

En el caso de América Latina, la perenne rigidez ideológica e institucional tiende mecánicamente a extender artificialmente la ‘vida útil’ de las estrategias de desarrollo existentes, aun cuando ya han dado todo lo que pueden dar

José Gabriel Palma — Economista chileno, profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

El economista chileno considera que parte del problema radica en la estructura productiva. “En el caso de América Latina, la perenne rigidez ideológica e institucional tiende mecánicamente a extender artificialmente la ‘vida útil’ de las estrategias de desarrollo existentes, aun cuando ya han dado todo lo que pueden dar. Así lo hizo Chile con la industrialización de sustitución de importaciones en la década de los sesenta, y así lo hace nuevamente con su modelo extractivo [N. de la R: el cobre representa el 57% de las exportaciones chilenas]. Éste, ya a finales de los años noventa, había dado todo el dinamismo que podía dar, y necesitaba de un esfuerzo coordinado para pasar a su etapa siguiente, la de industrialización de los recursos naturales. Sin embargo, el empresariado, con todo el apoyo necesario de los gobiernos de la ‘nueva’ izquierda, prefirió seguir haciendo más de lo mismo. El resultado fue una caída de la tasa de crecimiento de la productividad a un tercio de la del ciclo anterior. Como es bien conocido, Corea (del Sur), por ejemplo, fue desaconsejada repetidamente por el Consenso de Washington contra su proyecto de industrialización; como nos recuerda un gobernador del Banco de Corea, cuando optaron por una industrialización rápida, les decían: ‘¡Cómo se les ocurre hacer eso! Ustedes no tienen las ventajas comparativas para eso’. De hecho, varios documentos del Banco Mundial se preguntaban cuál era el sentido de que Corea transformara hierro de primera en acero de segunda y luego ese acero en autos de tercera. Sin embargo, esta tendencia a reactualizar constantemente el ciclo productivo no tardó mucho en dar frutos, ya que los autos coreanos, como los japoneses anteriormente, no tardaron en ser tan comunes en los mercados mundiales como el whisky escocés, el salmón noruego o el vino francés. De hecho, como dijo certeramente el gobernador del Banco de Corea, la ventaja comparativa de su país era ‘hacer lo que se nos diera la gana, pero lo que decidíamos hacer, lo hacíamos bien’. Y hacerlo bien dependía en gran parte de enfrentar las ‘fechas de caducidad’ de cada ciclo de sus políticas económicas”. Palma llama a reformar la “estructura de acumulación rentista y la tributaria” y no sólo conformarse con extender algo más la protección social. Lejos de la discusión de la supuesta grieta argentina entre Corea del Sur y del Norte, el ejemplo que cita Palma es el de un país que producía arroz tras la Segunda Guerra Mundial y con decisión política apostó por una política industrial y tecnológica que la ha llevado a tener ahora un PBI per cápita de 34.500 dólares.

Varios límites al modelo

Oscar Ugarteche, economista peruano y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que el modelo neoliberal latinoamericano se topó con varios límites: la concentración del ingreso; el bajo crecimiento liderado por exportaciones sin valor agregado, incluidas las de las maquilas (ensambladoras) mexicanas; y la privatización de la educación y la salud, cuyo impacto se vio a las claras por los efectos devastadores de la pandemia en la región. “La serpiente reventó en Chile. Ahí donde comenzó ahí terminó. Ahora no hay un modelo alternativo. El retorno a los años 50 no se puede. Sí se pueden tener políticas productivas. Es lo que necesitamos desde la Argentina hasta México. Hay que hacer crecer la producción porque cuando crece la producción, crece el empleo y cuando crece el empleo, crece el consumo, la tasa de inversión pública y privada sube. El comercio con Asia viene a precios muy bajos e impacta sobre nuestra capacidad productiva. Ese comercio va a tener que ser gravado de alguna manera. (Donald) Trump fue el que introdujo fórmulas de protección arancelaria. Producción tiene que ser la meta. La otra meta tiene que ver con la educación. Nos ha pasado algo que es muy triste, que es que en los últimos 30 años perdimos lo que llamábamos el pensamiento latinoamericano. Y lo perdimos de la mano de los ajustes económicos y las reducciones presupuestales de las universidades y centros de investigación”, advierte Ugarteche.

Deducir de la crisis del neoliberalismo que hay que volver a los esquemas antiguos e hiperproteccionistas sería un grave error

Carlos Ominami — Ex ministro de Economía de Chile (1990-92)

Carlos Ominami, que fue ministro de Economía de Chile en el regreso de la democracia (1990-1992) y es director de la Fundación Chile 21, lamenta que su país haya sido modelo: “Desde mediados de los 90 se buscó presentar a Chile como un modelo a seguir. Y en eso cayó mucha gente, por de pronto los organismos internacionales que necesitaban tener un buen alumno del curso. Y Chile jugó a serlo. Yo, habiendo sido ministro y senador, siempre fui muy crítico de ese punto de vista. Siempre dije que lo de Chile era una experiencia, que había que mirarla en su mérito, que no era necesariamente replicable a otros países, entre otras cosas, porque venía de un modelo impuesto por una dictadura, luego de 17 años de costos sociales y políticos enormes, y además era una una forma de inserción que era propia de un país como Chile. Tuvo el premio a ser el primero en hacer una apertura prematura y siendo un país relativamente chico. Hoy día en Chile hay un cuestionamiento muy profundo a lo que se hizo durante el período anterior. Es poco ecuánime. Hay una tendencia a tirar todo por la borda. Estos 30 años de la transición, con todos sus claros y oscuros, fueron los que le permitieron a Chile ser un país completamente distinto al que era final de la dictadura. Es muy importante distinguir una economía de mercado abierta al mundo de una de modelo neoliberal. Yo creo que lo que está profundamente en cuestión es la idea básica del neoliberalismo, del estado mínimo, amplios procesos de privatización, represión al movimiento sindical. Pero deducir de la crisis del neoliberalismo que hay que volver a los esquemas antiguos e hiperproteccionistas sería un grave error. Hoy día estamos a la búsqueda de un nuevo modelo. Un nuevo modelo partiría de la base de que la sociedad no está constituida simplemente por consumidores sino por ciudadanos donde hay derechos sociales establecidos. Reformas tributarias profundas para poder sustentarlo. Mayores capacidades al movimiento sindical para poder negociar. Y poner en práctica estrategias de desarrollo. No basta el mercado, no te va a definir la especialización internacional. El mercado es miope y lo que hace es avanzar en aquellas cuestiones en las que tienen ventajas comparativas de corto plazo, pero no permite estrategias de desarrollo a través de política industrial. Se necesita un modelo distinto, también mucho más respetuoso al medio ambiente”, concluye Ominami, que aboga por una alianza por la industrialización del litio entre Chile, la Argentina y Bolivia, productores de este mineral.

Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic & Policy Research (CEPR), en Washington, analiza también el estancamiento chileno: “Llegaron tan lejos como pudieron con la agricultura y la minería en términos de aumentar la productividad. Y eso contribuyó en gran parte a su crecimiento en los 90. Y luego en cierto punto necesitaron algún tipo de política industrial. Pero por razones políticas, en términos de la élite de allí, no pudieron hacer lo que tenían que hacer para aumentar su productividad en las partes no extractivas de la economía”. También advierte sobre la región: “De manera más general, el fracaso histórico del giro hacia las políticas neoliberales en América Latina se puede ver en el colapso del crecimiento económico durante la era neoliberal: un mero aumento del 5,7% en el ingreso por persona para 1980-2000, en comparación con el 91,5% para 1960-1980”. Weisbrot destaca logros de los modelos alternativos en la primera década del siglo XXI en la Argentina de los Kirchner, el Brasil de Lula o el Ecuador de Rafael Correa en cuanto a reducción de la pobreza y los atribuye no sólo al boom de precios de las commodities sino a políticas como los controles de capitales, pero opina que Estados Unidos “intervino con fuerza, para socavar y, en algunos casos, derrocar a estos gobiernos”.

Los ricos tienen que pagar mucho más impuestos

Ricardo Ffrench-Davis, docente en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Ricardo Ffrench Davis, que a sus 85 años sigue enseñando economía en la Universidad de Chile, considera que sí ha habido modelos alternativos, pero pone como ejemplo a su país en los 90, cuando él fue economista jefe del banco central: “El nuevo gobierno democrático, en lugar de bajar los impuestos, los subió. En lugar de hacerlos regresivos, los hizo progresivos. La legislación laboral se fortaleció, resucitó a la central única de trabajadores, le dio más derechos a los trabajadores. Los medios de comunicación internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial habían planteado que la dictadura había sido exitosa en economía, pero fue mediocre. Creció muy poquito. Chile creció al 7% anual en los 90 y después empezó a retroceder, y empezó a retornar parcialmente a algunos de los ingredientes del neoliberalismo. En los últimos diez o 12 años estamos creciendo al 2%, parecido a lo que había sido la dictadura. En los 90, el Banco Central controló la cuenta de capitales, manejó el tipo de cambio, no lo dejó al mercado, y hubo un enfoque alternativo que se preocupaba de los empresarios pequeños. El neoliberalismo dice 'la misma regla para todos' y entonces se agravan las desigualdades. En los 90, el Banco Central coordinó con Hacienda, no fue independiente. En 1999 dijo ‘yo soy independiente, abro la cuenta de capitales, el tipo de cambio lo maneja el mercado’. Y hemos tenido un tipo de cambio que estaba arriba y abajo. Si los flujos capitales llegan a Chile, el dólar es más barato y nos llenamos de importaciones y joden a las pymes. Y después viene el ajuste. Hemos tenido cuatro ajustes recesivos en estos tiempos”. Ffrench Davis conoce bien al neoliberalismo porque se doctoró en su cuna, la Universidad de Chicago, donde estudió también el ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes: “Este hombre de Chicago es muy cuadrado, dejando las cosas al mercado va a ser dañino para la economía. Pero Lula también tuvo ministros de Hacienda neoliberales, sorprendentemente. Y Fernando Henrique (Cardoso) también”.

Ffrench Davis reclama “transformaciones productivas, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, regulación de la cuenta de capitales en el manejo cambiario, reforma tributaria que sea profundamente progresista, pero que esté consciente de que se necesita inversión privada y pública”. “Los ricos tienen que pagar mucho más impuestos”, propone. En cuanto a los cambios productivos, menciona el hidrógeno verde, el litio y la provisión de bienes intermedios y servicios a la minería.

El modelo neoliberal está en crisis, pero no necesariamente ha muerto. Sí está en crisis el discurso del libre mercado, de privatización, de financiarización. El problema es que no hay un modelo obvio de reemplazo

Andrés Solimano — Presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, de Chile.

Su compatriota Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), opina que el modelo neoliberal “está en crisis, pero no necesariamente ha muerto”. “Sí está en crisis el discurso del libre mercado, de privatización, de financiarización. El problema es que no hay un modelo obvio de reemplazo. El neoliberalismo pasó de ser un nuevo orden en los 70 y los 80, porque sustituyó al modelo del dirigismo estatal y la sustitución de importaciones, a ser un viejo orden. No ha podido resolver el problema de desigualdad, hay aumento de la pobreza y hay una insatisfacción política y social. En 2019 estuvo la protesta de Chile y Ecuador, el cambio político en la Argentina, pero también hubo cambios en la dirección conservadora en Brasil con Bolsonaro. La crisis del neoliberalismo puede ir tanto hacia un movimiento progresista posneoliberal o antineoliberal, quizás en alguna parte incluso anticapitalista, pero también puede haber una resolución autoritaria neofascista estilo Bolsonaro aliado a los Chicago Boys, o la ultraderecha de Chile, con el candidato José Antonio Kast, que representa ese discurso de Trump, Bolsonaro, Pinochet”, advierte Solimano.

El presidente de CIGLOB propone un “modelo económico alternativo para superar los problemas del neoliberalismo: la desigualdad económica, la inestabilidad, la precariedad del trabajo, la brecha entre los grupos de alta renta y patrimonio y los de clases media y popular”. Para Solimano, se requiere “un énfasis social”: “Destinar recursos públicos para mejorar la situación social. Hay que tener política económica que cree empleo de una calidad aceptable y que los salarios en un momento suban un poco. Hay déficit de vivienda en casi todos los países de América Latina. Hay que mejorar la educación, que en muchas partes fue privatizada. Hay que meter recursos en la salud, hay que mejorar las pensiones (jubilaciones). Todo ese paquete social requiere subir un poco los impuestos, endeudarse afuera o conseguir una renegociación de deuda como la que tiene Argentina con el Fondo Monetario y otros acreedores, para dejar espacio fiscal para un programa social de recuperación económica y de la sociedad en un sentido amplio. ¿En qué medida los recursos naturales hoy día están en distintos países de América Latina con una fuerte presencia de empresas extranjeras? Está bien, pero se llevan una proporción importante dividendos y utilidades que no quedan en los países. Se pueden buscar arreglos más favorables. Y también hay que enfrentar la otra gran crisis, la ecológica ambiental, replantear esto de crecer basados en la extracción de recursos naturales”.

AR

En medio de uno de sus habituales derrumbes económicos, Argentina está discutiendo su modelo de desarrollo. Un salto de madurez respecto al colapso anterior en 2001, cuando optamos por culpar en bloque al neoliberalismo, simular el retorno a un pasado dorado y apostarle todas las fichas a un solo commodity. Hoy el debate congrega a técnicos, militantes y funcionarios vestidos de civil en torno a dos posiciones que podemos resumir provisoriamente como desarrollismo y ambientalismo (por razones de espacio, omito categorías como “falopa”, “ecocida”, etc). 

El primer mérito del debate es haber fomentado una transversalidad impensable en otros rubros: peronistas, radicales, liberales y progresistas unidos por el desarrollo y contra el ambientalismo. También hubo intervenciones interesantes. Roy Hora, historiador agrario que leí con deleite en mis años de estudiante, en un arco argumental sorprendente ofreció como modelo sustentable para Tierra del Fuego el saneamiento del Riachuelo que une al sudoeste de Buenos Aires con el Río de la Plata (la columna se puede leer acá.

¿Queda algo por decir entre tantos textos y voces? En primer lugar, es difícil tomar partido entre las dos posturas tal como se presentan. En segundo lugar, lo que hago es básicamente una historia de las ideas: rastreo los orígenes y la lógica interna de un conjunto de conceptos e imágenes, y después veo cómo interactúan con la realidad, aquello que está afuera del pensamiento. Veamos si eso sirve para algo en esta discusión.

Antes, y como no aspiro a ser un árbitro olímpico ni busco el justo medio, empiezo por explicitar mi postura. Creo que Argentina necesita crecer y que distribuir lo acumulado no alcanza. Creo que el mercado es inevitable. Creo que la política y la tecnología son las herramientas que nos permiten solucionar, incluso superar, al capitalismo. A esta altura, el aceleracionismo es un meme. Pero uno poderoso, que me ayuda a pensar más allá de sus límites y de los míos, como para otros puede serlo una frase de Perón u Obama.

El desarrollismo como nuevo mercantilismo

Los argumentos desarrollistas tienen dos velocidades o, para darle un toque criollo, dos trancos. El argumento de tranco corto dice que Argentina no crece hace años y necesita exportar e ingresar dólares ya mismo. Una verdad irrebatible. Solo que ese cortoplacismo poco tiene que ver con la voluntad de construir un modelo económico, no por nada, llamado desarrollismo. No se trata sólo de explotar todo lo explotable sino de darle una dirección, establecer prioridades, montar un sistema sostenible. La desesperación no parece buena consejera para nada de eso.

Aquí es donde llega el desarrollismo de tranco largo, que nos habla de la necesidad de agregar valor, de los eslabonamientos hacia adelante, de Noruega y Corea del Sur. Modelos atractivos, alguno de ellos también extractivista, y con un desempeño indiscutiblemente exitoso en el último medio siglo (aunque, me temo que algunos desarrollistas deben seguir soñando con Mosconi y Alejandro Bunge, si no con algún Plan Quinquenal).

En el peor de los casos, este desarrollismo de tranco largo parece apenas un traje digno para el desarrollismo de tranco corto. En el mejor, es un idealismo. Al igual que el realismo político, el realismo económico combate a los idealistas de lo blanco idealizando lo gris. El idealismo desarrollista combina una concepción mercantilista del mundo con una concepción colonial del país. Como los mercantilistas del siglo XVII, asumen que la riqueza mundial, esta vez medida no en oro y plata sino en litio y agua dulce, es escasa y hay que pelearla a codazos. El daño que no hagamos lo van a hacer otros. No suena tan errado: quizás en el Antropoceno, Colbert triunfe sobre Adam Smith. 

Pero esa noción de escasez global se revierte al volver la vista al país, que los desarrollistas entienden como un mero territorio a colonizar, con recursos infinitos que se pueden explotar sin remordimiento ni consecuencias. Un nuevo El Dorado, lleno de chanchos y shale gas. Vuelve el reflejo de Australia y Canadá con el que tanto nos comparamos en el pasado pero con su peor rostro: enclaves que dispusieron de los recursos de un enorme hinterland. En Hispanoamérica las cosas no salieron igual. Por fuera de los enclaves blancos había “repúblicas de indios”. Que hoy votan.

Quizás estoy siendo injusto y exagerado. Los desarrollistas con rostro humano subrayan una y otra vez la necesidad de regular la explotación de recursos naturales para resguardar el bien público y el entorno natural. Eso nos lleva a otra discusión.

El nuevo ambientalismo contra el crecimiento económico

Decir ambientalismo es tan impreciso como decir socialismo, feminismo o cristianismo. Bajo una sola etiqueta caben cientos de debates. Pero tampoco podemos detenernos en el narcisismo de sus pequeñas diferencias. Propongo entonces tomar dos grandes tradiciones. Una sería la “sustentabilidad”, presentada en 1987 por Gro Harlem Brundtland en su informe “Nuestro Futuro Común” para la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. Se trataba de conciliar al desarrollo económico con la justicia social y la preservación del medio ambiente. Fue el ecologismo oficial de los años ‘90, perfectamente compatible con la democracia liberal, la globalización y los discursos de Clinton, Bono y alguna Miss Universo. Es también el horizonte de garantías del desarrollismo: no teman a esta salmonera ni a esta minera, podemos regularlos. 

Si a la sustentabilidad la condenó su tibieza ecuménica y el consiguiente inmovilismo político, al optimismo regulacionista argentino lo condena su pasado. Solo con ver lo que costó aprobar una sencilla ley de etiquetado, o lo que aún cuesta ejecutar el fallo Mendoza de saneamiento del Riachuelo (para pesar de tantos fueguinos), es difícil ilusionarse con lo que pueda hacer el anémico Estado Argentino ante una multinacional minera o un enclave porcino en el medio de la pampa.

La otra tradición ambientalista es más radical y antigua. Nació en los '70 con los debates alrededor del Informe Meadows y los límites del crecimiento. En ese intercambio, André Gorz y Nicholas Georgescu-Roegen llegaron por vías diferentes al mismo concepto: decrecer, consumir y producir menos como única forma de supervivencia humana ante un agotamiento de los recursos proyectado para 2030. Durante la hegemonía neoliberal de los '80 y '90, el decrecionismo, que postula la prescindencia del crecimiento económico, sobrevivió en las catacumbas y resurgió con el antiglobalismo del nuevo siglo. La crisis climática y el descrédito político de la sustentabilidad transformaron a las premisas decrecionistas en el fundamento tácito de buena parte del ambientalismo actual: el crecimiento económico tal como lo mide el PBI es insostenible, injusto e incontrolable. Bajar el metabolismo social, vivir con menos, sería la solución. 

Branko Milanovic hizo las cuentas: si ponemos como tope del nivel de vida mundial el ingreso global promedio (5.500 dólares anuales), aún deberíamos permitir que el 73% del mundo incrementara sus ingresos. Imposible de lograr sin crecimiento económico. ¿Debemos vivir aún con menos? Por no hablar del efecto político que tendría intentar operar un ajuste para hacer decrecer al consumo global. Si el desarrollismo sobreestima la capacidad reguladora del Estado argentino, el decrecionismo lo hace con la plasticidad de la sociedad ante metas políticas de una minoría.

El decrecionismo es insostenible e injusto. No es raro entonces que tanto el “manifiesto de los 170 académicos holandeses” como el venerable Bruno Latour saludaran al parate económico de la pandemia como una oportunidad para decrecer. Ya que no por la razón, el decrecimiento debía aplicarse por la fuerza. Décadas de aislamiento político y radicalización llevaron al decrecionismo a esta cerrazón utópica rayana en la misantropía.

¿Qué hacer?

No sé. 

Hace poco, en medio de un seminario, un participante con vocación por la filosofía analítica (quiero nombrarlo: Juan Iosa), destripó meticulosamente mi crítica al decrecionismo y me demostró en la cara que soy decrecionista sin asumirlo, que repudio sus medios pero comparto su diagnóstico. No esperen entonces conclusiones rotundas de esta nota: soy un aceleracionista en deconstrucción. Pero tratemos de hacer algo con eso.

¿Cuál es el problema de los medios decrecionistas? Que son mecánicos: se trata de trabar con un palo los engranajes de la máquina social para que deje de quemar carbón. Pero el mundo no es solo un motor, también es una computadora. Hay redes recursivas de intereses y relaciones. Apagar el turismo por el Covid bajó la huella de carbono pero fomentó la tala ilegal. Ya es demasiado tarde para esperar que la Naturaleza se recomponga sola.

La solución no es mecánica, es cibernética. Buscar la retroalimentación entre esas redes y estas políticas.  Incorporar a la posnormalidad: ante una situación ambiental de incertidumbre total, no confiar solo en este paper o en aquella consultora, sino extender la revisión por pares a toda la comunidad. No vamos a encontrar una voluntad popular: los sanjuaninos quieren minería, mal que les pese a los ambientalistas; y los fueguinos no quieren salmoneras, mal que les pese a los desarrollistas. Sería óptimo extender esta asamblea a las cosas, hacer hablar de alguna manera a las personas no humanas que también son parte de estas decisiones. En definitiva, la Naturaleza no existe: todos los objetos somos híbridos. Y tenemos que vivir juntos. 

La recursividad nos evitará caer en el representativismo. La palabra del pueblo no tiene punto final sino que retroalimenta nuevos proyectos y nuevos debates: presentarles a los fueguinos su futuro sin ensambladoras; y a los sanjuaninos, su futuro sin agua. Y ver qué pasa. De ese feedback no emergerá un modelo cerrado sino el tanteo hacia una práctica de desarrollo acorde con la época que nos tocó, así como el modelo agroexportador emergió de la pérdida del Alto Perú y la revolución industrial inglesa; y la sustitución de importaciones, de la política de masas y la crisis del modelo agroexportador. No será maravilloso pero tampoco debe ser el desastre que nos prometen tanto el ambientalismo decrecionista como el desarrollismo mercantilista.

AG

En 2019 las placas tectónicas se movieron en todo el mundo. En América Latina también. Cada levantamiento, cada erupción volcánica, cada giro político en medio del vértigo, tiene su especificidad, pero me atrevo a decir que aquel que tuvo lugar en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, nos conmovió en lo más profundo.

Al preguntarnos el porqué de esa conmoción tan profunda, salta el hecho de que Chile fue hasta hace poco la encarnación más persistente del modelo neoliberal, el buen ejemplo de las derechas del continente, el alumno perfecto de todos los organismos internacionales. El país en el cual se privatizó todo, desde la educación hasta la salud, desde las pensiones hasta el agua; en el cual lo público desapareció por el gran agujero negro del neoliberalismo. El país en donde se aplican todavía las leyes antiterroristas de la época de Pinochet para encarcelar por décadas a los activistas mapuches. El país donde el golpe de Estado militar de los 70 fue “más exitoso” y las desigualdades calaron más hondo. 

Chile es un país de dueños. Tan es así que, a fines de 2019, la revista Forbes publicó el ranking de las personas más ricas del planeta, entre las cuales hay nada menos que 10 chilenos, todo un récord latinoamericano; entre ellos, la mujer más rica de América Latina, cuya fortuna familiar está vinculada con la minería. En esa lista también está el actual presidente Sebastián Piñera. Y en casi todos los casos las fortunas están vinculadas a los extractivismos sedientos de agua: el cobre, el litio, los monocultivos forestales, la expansión de la frontera pesquera. 

Tres reflexiones nos inspiran para pensar el levantamiento chileno y esa “máquina de lucha” que desembocó finalmente en la esperada Convención Constituyente. La primera es el fabuloso proceso de liberación cognitiva que se produjo. El llamado “modelo chileno” estalló en las calles. Las consignas “Chile despertó” y aquella de “No son 30 pesos, sino 30 años”, mostró qué es posible superar el fatalismo y ampliar rápidamente las luchas en diferentes campos. 

Si bien los movimientos sociales tienden siempre a autorepresentarse como inaugurales, hay que recordar que Chile formó parte del nuevo ciclo de protestas de América Latina de los últimos 20 años. Aunque su ingreso fue parcial y tardío, con la “revolución de los pingüinos” (2006, que se extienden a 2011), gran parte de las modalidades de protesta que se verán a partir de octubre de 2019, ya estaban ahí: demanda de autonomía, rechazo a los partidos políticos, crisis de representación, activismo cibernético y utilización de las redes sociales; en fin, un ethos militante que encuentra su lugar de identificación en la intervención en el espacio público; que va tejiendo una identidad que no es de clase ni partidaria, cruzada por diferentes temas y tensiones sociales. 

Sin embargo, uno de los grandes logros del levantamiento chileno como proceso de construcción colectiva es la tendencia a la interseccionalidad, las cadenas de equivalencia establecidas que condujeron a la superposición de las demandas de clase, de género, étnicas, ambientales, territoriales e intergeneracionales, ligadas a las múltiples desigualdades. Así, no es sólo del combate contra la desigualdad económica, sino asimismo contra la violencia patriarcal, por los derechos de las mujeres, por la desprivatización de las aguas, por la plurinacionalidad que reclama el pueblo Mapuche, por los Derechos de la Naturaleza. Lo novedoso es también la dimensión  anticolonial y antipatriarcal de la protesta, visible en el proceso de desmonumentalización que recorrió el estallido, a través de la intervención de monumentos y estatuas, que abarca militares y figuras de la colonización, entre otros. En suma, como subraya Manuel Garretón, resulta claro que “Chile inició un ciclo que exige un nuevo pacto político-social”.

Este proceso de ruptura está ligado al enorme protagonismo de las mujeres en todos los campos –feminismos urbanos, territoriales, antiextractivistas y comunitarios-indígenas. Su participación fue fundamental para abrir un nuevo horizonte en la representación. También sucedió con el pueblo mapuche, que carga con toda una historia de criminalización y racismo. Eso aparece reflejado en las elecciones para la Convención constituyente que instaló un mecanismo que aseguró la casi paridad de género (45% de mujeres) y 17 escaños a los pueblos originarios. Algo de eso pudo verse también este 4 de julio pasado, cuando se inauguró finalmente la Convención Constituyente en Santiago, presidida por una mujer, filósofa, lingüista y activista mapuche. La voz potente de Elisa Loncón, volvió poner en movimiento en la región el lenguaje de la esperanza, y ello no sólo en clave plurinacional. 

La segunda reflexión es, siguiendo a Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la desconexión que parece haber entre la agenda constituyente y la agenda político electoral. Si bien los resultados para la elección de constituyentes (mayo) y para la elección de gobernadores regionales (junio), mostraron el alcance de la derrota de la derecha y del actual presidente Piñera, no parece haber muchos puentes entre ambas agendas; esto es, entre quienes escribirán la nueva Constitución -que sesionará durante nueve meses- y los candidatos que competirán en noviembre de 2021 por la presidencia. Para decirlo mejor: todavía ignoramos si se establecerá algún tipo de conexión entre los nuevos referentes sociales y políticos y sus agendas de cambio, con los procesos políticos electorales que este año definirán el o la próxima presidente de ese país.

La tercera reflexión, íntimamente ligada a la primera, tiene que ver con el lugar de la memoria. No lo digo respecto del neoliberalismo solamente, lo cual es evidente, pues está en el centro del cuestionamiento. Pero, a diferencia de Perú y Colombia, Chile participó del ciclo progresista latinoamericano entre 2000 y 2015, bajo los dos mandatos de Bachelet, aunque no tuvo un rol estelar. Fue más bien un actor de reparto, la ilustración de un progresismo débil, recordándonos siempre la persistencia de la matriz neoliberal, avalada por gran parte del arco político. 

¿Traerá esto consigo la idealización de aquellos gobiernos progresistas de alta intensidad, como Bolivia y Ecuador, que proclamaron tantos nuevos derechos en el marco de procesos constituyentes? En realidad, el haber sido participes menores del ciclo progresista abre para Chile también la oportunidad de aprender de los errores de dichas experiencias refundacionales. En todo caso, el proceso mismo de la Convención Constituyente dirá hasta qué punto los y las convencionales conciben el nuevo pacto político-social, no sólo desde la crítica al neoliberalismo y el Estado subsidiario, sino también desde la memoria regional sobre los límites de los progresismos realmente existentes y la necesidad urgente de su superación, sobre todo en lo respecta a la insustentabilidad de los modelos productivos, la defensa de los territorios y la puesta en marcha de la plurinacionalidad.

Nadie duda de que las protestas que arrancaron en 2019 en Chile sellaron un quiebre histórico. Ya nada será como antes. Por eso el presente chileno conmueve y resulta inspirador para toda la región. Pues nutrida de una potente dinámica creativa proveniente desde abajo, la Convención Constituyente abre expectativas para pensar un escenario posneoliberal novedoso que combata las múltiples desigualdades y reconfigure asimismo en clave democrática-participativa el campo político-institucional.

PG: ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás?

RH: Hola, Pablo. ¿Cómo estás?

PG: Bien. Escuchando muy frecuentemente que parece que estamos cerca del final de la pandemia. Ojalá sea cierto. Y que junto con el final de la pandemia va a llegar otro final, que es el final del neoliberalismo. Se lee en Argentina y se lee en el mundo entero. Yo no estoy muy seguro ni sobre el final de la pandemia ni sobre el final del neoliberalismo. Me gustaría saber qué opinión tenés sobre eso.

RH: Sobre el final de la pandemia, creo que estamos más cerca, pero, bueno, eso también es un deseo, así que hay que tener cuidado con eso. Respecto a la cuestión del final del neoliberalismo, sí, se escucha bastante, y hace unos días -creo que vos lo leíste también- apareció un lindo artículo en un diario inglés, The Guardian, de un buen historiador norteamericano, que se llama The rise and fall of America's neoliberal order (Gary Gerstle), es decir, ascenso y caída del orden neoliberal. Es un tema que está dando vueltas y yo creo que él tiene una visión interesante. Dice: bueno. esto arrancó hace 40 años y hay indicaciones de que está en problemas, digamos, el mundo de la economía desregulada. Pero también la otra dimensión. La celebración del cosmopolitismo y de la globalización hoy están siendo objeto de más crítica. Ese mundo tuvo muchos ganadores pero también tuvo sus perdedores. Creo que en Argentina somos bastante críticos de todo eso porque estamos entre los perdedores. Argentina es un perdedor de ese mundo, pero en otros lados -y por eso tiene mala prensa acá; cuando uno habla de neoliberalismo y de globalización se enciende las alarmas- pero viéndolo en perspectiva, el punto de observación argentino no es el más apropiado para una evaluación equilibrada del potencial de lo que eso significó. Estoy pensando sobre todo en que cambió el mapa de Asia. Cambió el mapa de Asia para los propios asiáticos. Es decir, arrancó de la pobreza a un tercio de la población china, quizás más, quizás eso continúa. Eso no hubiera sido posible sin una incorporación más plena al mundo del comercio, al mundo de las finanzas globalizadas.

PG: Y de la innovación tecnológica.

RH: Claro. Pero, bueno, yo creo que nosotros lo vemos más del lado de los perdedores, como también se lo ve en el Atlántico norte. Viste que se dice que uno de los gráficos más famosos de la última década quizás es el elefante (Branko) Milanovic. Es decir, los perdedores son las clases medias de los países desarrollados. Ganaron los ricos y ganaron los pobres. 

PG: Se mostraba ese gráfico como un reflejo del votante de Trump también. 

RH: Entonces ahí yo creo que es interesante ver ese fenómeno, cómo ya ese mundo empezó a desarmarse con la gran crisis del 2008-2009, aunque algunas de sus consecuencias políticas recién creo empezamos a percibirlas con nitidez en tiempos más recientes. Vos recién mencionabas a uno de los personajes que es como uno de los que marca el fin una era para el neoliberalismo, Trump, que dice: no, protejamos a los trabajadores norteamericanos, proteccionismo. Del otro lado está Bernie Sanders, que, con diferencias importantes en cuanto a su agenda política, género y otros muchos temas, le habla a los trabajadores de problemas que son similares a los que encuentra Trump. 

PG: Los dos apelaron a la misma franja social y poniendo sobre el tapete el mismo descontento.

RH: Exactamente.

El descontento que estamos viendo hoy, ¿es el descontento con el neoliberalismo o es el descontento con esa desaceleración?" (PG)

PG: Yo leí el artículo que vos citaste recién. Leí otros también. Hace unos días nomás Cristina habló además de que vamos a salir de la pandemia con los ricos más ricos y los pobres más pobres, como una especie de continuidad de lo que venía. Yo le veo un problema al argumento, en tanto se pone como argumento a futuro. La sensación que tengo es la siguiente: eso que llamamos neoliberalismo o capitalismo global, financiero y comercial con una gran expansión de las finanzas y del comercio, ese mundo nació en algún momento de los 80 y yo creo que empezó a tener problemas muy serios y muy graves con la gran recesión de 2007-2009. Cuando uno ahora a la distancia observa qué pasó desde entonces, es decir, desde la crisis, desde la recesión, la contracción del sistema financiero mundial y la desaceleración del comercio han sido sin duda... son, ahora, cuando lo miramos muy notables. Y eso me genera una pregunta: el descontento que estamos viendo hoy, ¿es el descontento con el neoliberalismo o es el descontento con esa desaceleración? Porque, en todo caso, lo que vemos hoy, como consecuencia de la pandemia también, yo le encuentro a las políticas de los países centrales un sabor rooseveltiano, un sabor de 'vamos por la inclusión'. Los chinos no necesitan decirlo. Están todo el tiempo en eso y nunca han caído en la libertad de mercados financieros y el libre comercio absoluto. Nunca. Pero Biden es notable. Biden, diría, imita a Roosevelt en algún sentido. Quiere decir que hay algo que ya se terminó y que en el mundo desarrollado -después podemos hablar un poquito de la Argentina- en el mundo desarrollado se han hecho cargo de que ya terminó. En EEUU y en Europa.

RH: Sí. Creo que efectivamente el mundo de los mercados desregulados es o parece ser historia pasada. Pero acá...

PG: Pero en todo caso tiene un problema, ese mundo tiene un problema. Si es historia pasada o no es para discutir. Pero tiene un problema desde hace bastantes años.

RH: Vos decís: está siendo impugnado de hace mucho tiempo.

PG: Está impugnado por sus propios problemas, entre otros, efectivamente, por cierta expulsión que ha generado. El elefante de Branko Milanovic lo que hace es eso, ¿no? Los que quedan afuera. 

RH: Sí, yo sólo quisiera hacer una vez una suerte como de advertencia metodológica y es que los historiadores miramos el pasado con una un tiempo verbal que Louis Althusser llamaba futuro anterior. Es decir, miramos sabiendo cómo terminó. Y eso nos ayuda a ordenar nuestro relato sobre el pasado. Y yo creo que esto a veces nos juega una mala pasada, porque el punto de observación en el que hoy estamos parados es arena movediza. Están sucediendo transformaciones tan importantes que nos cuesta determinar si ese ciclo se ha cerrado, si estamos en vísperas de... Vos mencionabas a Biden y muy ambicioso programa, tan ambicioso que aspira no sólo a opacar a Obama, lo que quizá no sea tan difícil, sino que aspira a opacar a Roosevelt. Es un programa de inclusión social muy generoso. Bueno, hay que ver cómo le va a eso.

PG: Efectivamente. Todavía no lo sabemos. 

RH: Si es el comienzo de una presidencia muy ambiciosa. Vemos en algunos países europeos algunos fenómenos en esa línea, en otros no.

PG: Todavía débiles pero... Todavía débiles en relación a Biden. Sí, va en esa dirección.

RH: Va en esa dirección, pero me parece que es demasiado temprano como para tener una perspectiva.

PG: Estoy de acuerdo.

La cultura argentina es muy egocéntrica, si querés, pero también sabemos que somos una hoja en el viento de, en su momento, de la globalización o de lo que éste hoy sucediendo. Y eso nos tiene que hacer, creo yo, cautelosos". (RH)

RH: Y yo creo que eso también nos debe hacer -llevando la discusión hacia la Argentina- nos debe hacer cautelosos. El artículo de Gerstle que mencionaba al comienzo es parte de un trabajo que él está haciendo más grande, ese libro, que se llama The rise and fall of America's neoliberal order, él habla de América. Es decir, el resto no importa como suelen hacer los norteamericanos. Cuando uno se los señala, se suelen poner un poquito incómodos. Se les acaba su progresismo. Es decir, están parados en el centro del mundo y nosotros no estamos parados en el centro del mundo. No podemos hablar de América. La cultura argentina es muy egocéntrica, si querés, pero también sabemos que somos una hoja en el viento de, en su momento, de la globalización o de lo que éste hoy sucediendo. Y eso nos tiene que hacer, creo yo, cautelosos.

PG: Tomando tu punto y mirando a los acontecimientos de hoy y la incertidumbre que genera mirar ese futuro que no sabemos efectivamente cómo va a ser, dónde va a terminar lo de Biden, cómo va a evolucionar lo Biden y lo que pueda venir en Europa también, la pregunta es: que importemos poco, que seamos pequeños, que seamos irrelevantes, diría yo, en términos del concierto internacional, ¿es una desventaja o una ventaja? ¿Cómo lo ves?

RH: Yo creo que es un dato. Tiendo a pensarlo como una desventaja pero es un dato. Y es un dato que en distintos momentos de la historia argentina creo que operó en direcciones distintas. Pienso en la crisis del 30. Costó acomodarse al nuevo mundo. Pienso en los primeros años de Perón, que también, por un lado, fue en el sentido de la historia, que era una mayor importancia del Estado en la vida económica y sobre todo social, pero que en otros en otros aspectos tomó caminos, si se quiere, originales o que miraban hacia el pasado. El autoritarismo peronista. Eso no se corresponde tanto con el mundo de la democracia que en ese momento se estaba imponiendo en, por lo menos, en la franja atlántica, en el mundo del Atlántico norte. Uno podría recorrer la historia argentina mirando distintas apuestas y ese ejercicio nos muestra que es difícil orientarse en un mundo en cambio. 

PG: A mí me parece que el ejemplo que más se aproxima a lo que estamos discutiendo es el ejemplo de los 20 y los 30 en la Argentina. El ejemplo del fin del patrón oro, que no terminó en 1929-1930. Empezó a resquebrajarse con la Gran Depresión de 1920- 1921. A partir de ahí, todo fue difícil. Fue difícil en el mundo y fue difícil en la Argentina. Y hasta que se comprendiera que eso era el final de un régimen, hasta que eso terminó de hacerse carne, pasaron bastantes años. Yo diría, eso recién se hace carne en 1933. Es llamativo. Estamos hablando de 10 años de dar vueltas alrededor de un problema sin terminar de capturar su naturaleza. En cuanto a la a la Argentina de hoy, me interesó un punto que dijiste. Te pregunté si ser irrelevantes era una ventaja o una desventaja. Vos dijiste que podía ser cualquiera de las dos cosas, pero más bien tendías a verlo como una desventaja. Yo voy a enfatizar el punto de la ventaja.

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Transcripción parcial de la conversación

RH/PG/CRM