La ciudadanía de Haití, el país de 11 millones de habitantes, el más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo, sumido en una espiral de múltiples crisis, se enteró por el discurso del primer ministro Ariel Henry, pronunciado en la madrugada del lunes 12 de septiembre, que habrá un próximo y nuevo aumento en los precios de los combustibles.

La escasez de combustible, que desde hace al menos tres meses enfrenta la nación vulnerable ante desastre naturales y la retracción económica debida a la pandemia de coronavirus que agravó aún más la crisis social,  ha elevado su precio, el del transporte público y los productos de primera necesidad. En el mercado informal, el galón se vende hasta por alrededor de 16 dólares. Una cifra importante para las carencias que padece la población.

Sin embargo, el Primer Ministro  advirtió que su administración deberá ajustar el costo, con la esperanza de que “en un tiempo no muy lejano deberíamos volver a encontrar combustible con regularidad”.  A pesar de que el Estado según aclaró Henry invierte alrededor de 427 millones de dólares en la subvención de los inflamables,  la medida no ha logrado terminar o al menos disminuir su insolvencia ni el elevado costo. El premier  Henry  en su discurso pidió  ayuda internacional para combatir la violencia de las pandillas en el territorio haitiano, fortalecer la Policía, combatir la corrupción y mejorar la economía su insolvencia ni el elevado costo.

La protesta en las calles

Miles de haitianos y haitianas marchan y bloquean calles con piedras, camiones y llantas en llamas. “¡Ariel, tienes que irte! y ¡Vete, Ariel!”  :son los gritos habituales de las multitudes que

la dimisión del primer Ministro, quien asumió como la máxima autoridad en el país después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, con el compromiso de llamar a elecciones.

Sin embargo, no se ha nombrado un consejo electoral que supervise las votaciones y funcionarios estadounidenses señalan que ese organismo tardará al menos seis meses en organizar los comicios.

En la actualidad, Haití solo tiene 10 funcionarios electos, todos miembros del Senado, luego de que no fuera posible celebrar elecciones legislativas en octubre de 2019, en medio de un estancamiento político y protestas masivas.

El proceso judicial por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse

Los intentos por juzgar a los arrestados -40 personas incluidos oficiales de policía de alto rango y un grupo de soldados retirados colombianos-  por el asesinato del mandatario se han paralizado luego de la renuncia de cuatro jueces designados para supervisar la investigación. Algunos aseguraron que temían por sus vidas. El propio Henry está bajo sospecha aunque ha negado toda participación. El año pasado despidió a un fiscal jefe que le había pedido que explicara las razones por las cuales  habló dos veces con un sospechoso clave en el magnicidio unas horas después del crimen.

La pobreza y la migración

La violencia relacionada con pandillas y los secuestros se han disparado originando una crisis migratoria ascendente de  haitianos y haitianas de todas las edades que abandonan el país. Una travesía en la que decenas de personas han muerto en los últimos meses por el hundimiento de embarcaciones de contrabando inadecuadas y sobrecargadas.

AGB con información de agencias y medios

El 7 de julio de 2121, mediante un comunicado oficial que reproduce la red alternativa haitiana de información AlterPresse, el primer ministro saliente Claude Joseph informaba que a la 1.00 de la mañana “un grupo de individuos no identificados de los cuales algunos hablaban español habían atacado la residencia privada del Presidente de la República y así herido mortalmente al Jefe de Estado”. Otro medio alternativo, Haiti Press Network, había dado la noticia antes de la confirmación oficial, y lo había hecho en términos más brutales: el Jefe de Estado, el presidente Jovenel Moïse “había sido asesinado después de medianoche” en su residencia privada. Y añadía el dato fundamental, sobreentendido en el mensaje del gobierno, de que los desconocidos estaban fuertemente armados.

El presidente asesinado

Jovenel Moïse había ganado las elecciones de noviembre de 2016 con el 54% de los votos. Era un empresario sin carrera política, del partido centro-derechista Tèt Kale fundado por su mentor el popular Michel Martelly. Asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. El gobierno de Moïse estuvo marcado por la inestabilidad política y acusaciones de corrupción agravadas por el escándalo de Petrocaribe y por una larga disputa sobre el término de su período en el cargo. En esos momentos, la  oposición había sostenido que debería haber dimitido el 7 de febrero cumplidos los cinco años de las elecciones de 2015 -canceladas por acusaciones de fraude-y realizadas en 2016. Tampoco se habían celebrado las legislativas en 2019, como dispone la Constitución de 1987. A principios del 2021  , Moïse argumentando que un complot organizaba un golpe de Estado que planeaba “asesinarlo” y reprimiendo nuevas protestas políticas, ordenó el arresto de 23 personas, incluido un juez de la Corte Suprema y un alto cargo de la Policía.

El historiador Christophe Wargny, uno de los mayores estudiosos de Haití, descreyó de “que sea un ataque contra la democracia: el presidente había sido mal elegido, había gobernado mal –lo que es un eufemismo- y ha terminado mal. De su asesinato se ha dicho que es una ‘tragedia horrible’ y un ‘crimen espantoso’. Él es en buena medida responsable de esta horrible tragedia, y el autor de no pocos espantosos crímenes”.

En Haití,  el país con 11 millones de habitantes, el  más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo, el de Moïse no fue el primer asesinato de un jefe de Estado. En 1915, cuando el magnicidio fue causa alegada e insatisfactoria excusa de la ocupación militar de la isla por EEUU y pusieron fin a las dos semanas de caos que siguieron al asesinato de Jean Vilbrun Guillaume Sam, quien durante los cuatro meses que duró su mandato había hecho encarcelar y fusilar a casi dos centenares de líderes opositores. La ocupación duró hasta 1934.

La ayuda internacional sin estrategia ni supervisión

Desde el golpe de Estado de 2004 contra el expresidente Bertrand Aristide, “las misiones de paz de la ONU han fallado, no hay paz”, señala Kenberly Etienne, profesor de francés en el Colegio Chimalistac de la Ciudad de México. Los disturbios que dieron paso a la inestabilidad política, económica y social que se vive desde ese año se extienden hasta hoy, insiste el profesor haitiano, quien salió de su “inhabitable” país en 2018.

A un mes del asesinato de Moïse – cuando aún Haití padecía las secuelas del huracán Matthew  cinco años atrás con el saldo letal de 500 muertos- se produjo otro terremoto. El desastre natural aumentó las  protestas que sacudían al país antes de que estallara la pandemia del coronavirus, como también aumentaron las bandas delictivas. 

Como otras veces llegó el  dinero destinado a la reconstrucción del asolado país. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , la asistencia internacional destinada a Haití en 2020 fue de 449 millones de dólares

Sin embargo,  parece haber sido una “ayuda asistencialista”, que no genera autogestión ni estructuras, pero sí refuerza la dependencia y la corrupción, como apunta Jimena Esquivel, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la CDMX. 

En los centros para damnificados siguió habiendo trata de personas, drogas y violaciones sistematizadas. La ayuda no llega a la gente, porque la inyección de capital carece de estrategia y supervisión, señala Kevin Castro, experto en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey.

Fracturas institucionales 

A la vulnerabilidad de Haití ante desastres naturales, la pobreza y la pandemia de coronavirus, se suma que “hay una gran cantidad de miembros del crimen organizado dentro de la cúpula política”, lo que da lugar a una crisis social, en la que falta apoyo de la comunidad internacional para revertirla.

Luego del magnicidio, el Gobierno de transición del septuagenario neurocirujano Ariel Henry, que estudió Medicina en Montpelier (Francia) no ha podido crear un entorno político-electoral para celebrar comicios.

Las sospechas de que estuvo involucrado en el asesinato del expresidente generaron un rechazo contra Henry: “Hay cierta legitimidad a nivel internacional del primer ministro, pero no dentro de la estructura política del país, ni en la sociedad”, sostiene Castro.

“Todo juez encargado de tratar el caso tiene miedo por amenazas de muerte o secuestro de su familia”, añade el profesor Etienne. “La ONU debería apoyar el fortalecimiento institucional, como lo hizo en Afganistán”, sugiere Castro, especialista en solución de conflictos internacionales.

Existe el temor de que Haití se fragmente en pequeñas colonias, cada una controlada por una fracción del crimen organizado, en ausencia de una estructura política que pueda hacerle frente: los grupos políticos carecen de una base constitucional que haga viable siquiera proponer a un candidato presidencial. Estas “juntas”, como les llama Castro, dividen más a un debilitado Haití, sin oposición unificada y con un Parlamento fracturado. “El problema es que no hay un plan”, apunta Castro quien sostiene la necesidad de una figura política que defina el funcionamiento de los poderes fácticos y la figura presidencial. “Tiene que perder el miedo de involucrarse de una forma un poco más severa” refiriéndose a la ONU, de la mano de las instituciones que atienden a América Latina y el Caribe que tendría que generar una estrategia de gestión de elecciones y funcionamiento del Estado.

AGB con información de diarios, medios y fuentes

Como ya parece ser la regla más frecuente con los mensajes de la administración Biden, también fue desmentida la solemnidad de su repudio a la migración latinoamericana: “No vengan, no los queremos”. Involuntariamente, este viernes se abrió una brecha en el mal trato por una involuntaria morigeración ocurrida a regañadientes. De la masa de 15 mil migrantes que el lunes habían arreado policías montados, y conducido a rebencazos a un campamento (desmantelado el viernes) debajo del puente internacional de Del Río o concentrado a la intemperie en una plana localidad fronteriza tejana, ya separaron una fracción de 2 mil, que fue deportada en vuelos de carga a la capital haitiana de Port-au-Prince. Otra fracción equivalente, la administración retaceó los números exactos, formada en primer término por madres embarazadas o acompañando a menores, fue admitida en EEUU como solicitante de asilo o refugio. Otra fue encerrada en centros de detención más alejados de la vista. Otra fue llevada en ómnibus mexicanos hacia bien al sur de la frontera sur de EEUU. La ONU pidió a Brasil si no puede recibir otra parte de esta masa que había llegado a la frontera.

La administración demócrata reiteró una práctica expeditiva de la presidencia de Donald Trump: trasladar a migrantes a su país de origen, que no era necesariamente su país de residencia. La gran masa de migrantes acorralada en Texas no llegaba desde la isla caribeña y por mar a suelo norteamericano. Habían entrado por tierra, y una importante proporción venía marchando desde América Central o del Sur, en especial de Chile y Brasil. Ahora, miles de migrantes llegaron en avión al aeropuerto de la capital haitiana, donde no vivían, sin medios ni recursos (la Secretaría de Estado hizo dar cien dólares a cada persona deportada), sin un Estado ni una sociedad con capacidad de recepción y asistencia, y con peligro inmediato para su vida. Ante la perspectiva de la deportación en suelo de EEUU, miles de migrantes estaban rehaciendo camino y dar marcha atrás, aun antes de que el Estado mexicano los evacuara en autobús. Pese a las presiones y promesas de EEUU, en México la capacidad de auxilio está siendo sobrepasada, nos dice Andrés Ramírez, jefe de la Comisión Mexicana de Refugiados.

Las deportaciones a Haití provocaron el jueves la renuncia de Daniel Foote, el diplomático de carrera y ex embajador norteamericano que el propio Biden había enviado especialmente a Port-au-Prince para monitorear y acompañar el nuevo episodio de la crisis impulsado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Foote hizo de su carta de renuncia dirigida al Secretario de Estado Antony Blinken un documento de denuncia de la “inhumanidad” de las deportaciones.

De tiempos de Trump es la reglamentación que sirvió de fundamento para las deportaciones express: fueron autorizadas por el peligro epidemiológico que la migración indocumentada significaba a sus ojos cuando EEUU era el país del mundo con más muertes por Covid-19. Aunque Biden se atrasó más de un mes en cumplir su ambicioso plan de vacunar al 70% de la población en la patriótica fecha fija anunciada del 4 de julio, hoy el riesgo es por ello menor. Sobrarían dosis de las mejores vacunas para inmunizar de inmediato a muchedumbres migratorias más cuantiosas que las que están siendo aerotransportadas para depositarlas mar de por medio.

La penuria médica de Haití en la pandemia es espuela adicional de emigración y aliciente de la diáspora para no regresar al país natal. Cuando el presidente Moïse fue asesinado en circunstancias, con móviles y autores intelectuales aún no dilucidados en una investigación sin pistas ni hipótesis sólidas, todavía no había ni una sola persona vacunada en el país. Aguardaba las que le correspondían según el programa Covax de asistencia de la ONU. La generosidad de los países donantes buscaba al menos afianzar alguna conveniencia recíproca adicional con el país receptor, y Haití es parco en réditos.

El martes Jen Psalki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, y el viernes Ned Price, vocero de la Secretaría de Estado, parecieron reaccionar ante las imágenes grabadas en la fronteras con el horror reservado a las catástrofes naturales -un huracán estacional, un terremoto tropical- y no al obrar humano “racista”, según invita a concluir Yoliswa Cele de UndocuBlack Network.  Desastres geológicos y meteorológicos como los que sufrió Haití en los dos últimos meses, y que dejaron dos mil muertes. Parece difícil desechar la prominencia de una abrumadora cuota de responsabilidad  directa o indirecta, pero nunca imprevisible, de políticas a la larga consistentes (o desde un principio inconsistentes) de la Secretaría de Estado. La indigencia creciente de once millones de personas -población negra y ex esclava en su mayoría-, la previsible –pero no inevitable- crisis sanitaria, económica y política de la sociedad del país más pobre, menos seguro de América. En julio, cuando el presidente Moïse fue asesinado en su dormitorio, en la misma cama donde también fue baleada su esposa, la ONU había informado que en las tres primeras semanas de junio casi 15 mil personas de las que viven en la capital haitiana habían abandonado sus casas y huido de Port-au-Prince. En abril, siete religiosos de la Iglesia Católica habían sido secuestrados por las bandas armadas que dominan territorialmente el país –al punto que el diplomático renunciante David Foote había revelado que vivía en un campamento militar del que no podía salir, porque fuera de él su vida corría peligro.

La cobertura en los medios del episodio con migrantes de Haití en Texas parece alinearse con Biden. El New York Times recuerda que se usan hombres a caballo desde 1924 para patrullar la frontera sur. Que Alejandro Mayorkas, latino que es secretario de Seguridad Interior,  había prolongado en mayo por 18 meses más el status de protección especial concedido después del terremoto de 2010 a migrantes llegados al suelo norteamericano desde la isla. Pero señala una contrariedad: que decenas de miles de otras personas originarias de Haití sin embargo buscaron cruzar de todos modos la frontera, a pesar de no calificar para el programa.

El peligro de que los negros se pinten de amarillo

Los autores materiales del magnicidio presidencial eran mercenarios colombianos contratados en Miami por una empresa de seguridad privada, que tercerizó este reclutamiento para quienes habrían ordenado el crimen –de identidad no precisada. La logística de la operación fue eficaz para matar, pero no para escapar. Los sicarios fueron atrapados. Algunos se habían escondido en el jardín de la legación diplomática de Taiwán.

La sola existencia de esta embajada taiwanesa apunta otra causa de desgracias para Haití. La media isla caribeña está entre los países americanos que, como Paraguay, no reconocen como gobierno chino al comunista de Beijing sino al nacionalista de Taipei. Este posicionamiento es sostenido y estimulado por EEUU.  Con su fortalecerse en la política exterior de Trump y su orientación de competencia y vigilancias prioritarias hacia la República Popular, el gobierno de Biden ha sido activo en favorecer el alineamiento de Haití con la isla de Taiwán y contra China continental. Privado de vacunas de EEUU y de otros donantes, también quedó auto-excluido Haití de las donaciones de un país con el que no tenía vínculos, y con el cual la potencia regional dominante se interponía para que no las estableciera.

En 1999, según datos del Banco Mundial, por fuera de Sudamérica el principal socio comercial de los países sudamericanos era EEUU. En 2019 ya lo era la República Popular de China. Con dos excepciones de gobiernos históricamente de derecha: Paraguay y Colombia. Algunos gobiernos latinoamericanos preferirían hoy firmar tratados de libre comercio con EEUU antes que con China. Pero Guillermo Lasso en Ecuador y Luis Lacalle Pou en Uruguay -ambos presidentes centroderechistas avanzan con buen éxito en sus negociaciones de TLC con China- se han quejado del escaso entusiasmo que dos administraciones mostraron en Washington por progresar en esta dirección común con sus respectivos países. Poco desinterés puede esperar entonces Haití de EEUU, que al menos ya ha alejado el peligro amarillo de la media isla sin embajada de China comunista como ya la ha hecho de la esa ‘isla de tierra entre tierras’ que es el Paraguay. 

AGB

El sismo que sacudió este sábado a Haití, que dejó decenas de muertos, se suma a una interminable lista de desgracias que en dos siglos incluye la explotación intensiva de esclavos, dictaduras, ocupaciones extranjeras, desastres naturales y crisis políticas, que en conjunto conformaron la historia del país más pobre del continente, con una infraestructura casi inexistente y un Estado colapsado.

Haití, que comparte la isla La Española con República Dominicana, fue la principal colonia francesa en el siglo XVIII, que en 1780 exportaba el 60% del café y el 40% del azúcar que se consumía en Europa y donde la intensiva esclavitud -que hundió el promedio de vida de un esclavo a 21 años- creó las condiciones para una violenta revolución en 1804.

La revolución trajo la anhelada independencia a los haitianos, pero paralelamente dejó una economía desolada, con una producción y una infraestructura completamente destruidas, además de granjearle el rechazo y bloqueo de muchas naciones del mundo que consideraron la liberación de esclavos como un mal ejemplo.

Para salir del aislamiento internacional, el país debió comprometerse a pagar una indemnización cuyo valor actualizado se elevó a US$21.700 millones, que fue redimida recién en 1938, cuando el país ya estaba atrapado en una espiral de deuda.

Desde su independencia, Haití experimentó una sucesión de dictaduras, intercaladas con algunos cambios democráticos y ocupaciones extranjeras que fueron configurando su situación actual.

De 1957 a 1986, François Duvalier (conocido como “Papa Doc”), y luego su hijo Jean-Claude (“Baby Doc”) sometieron a la población a un control total bajo el mando de los escuadrones de la muerte, los “tontons macoutes”.

Expulsado por una revuelta popular en 1986, “Baby Doc” se exilió en Francia durante 25 años, antes de volver a Haití, donde murió en 2014.

Los regímenes opresores Duvalier padre e hijo -las dictaduras más sangrientas de la región, cuya política económica tuvo efectos desastrosos para el país-, figuran de forma prominente entre los factores que han sellado el destino de Haití.

En 1990, el sacerdote Jean-Bertrand Aristide fue elegido en las primeras elecciones libres.

Derrocado por un golpe de Estado en 1991, se exilió y regresó a Haití en 1994 tras una intervención estadounidense.

Uno de sus familiares, René Préval, asumió la Presidencia en 1996.

Aristide volvió a la presidencia en 2001 pero, bajo la presión estadounidense, francesa y canadiense, una insurrección armada y una revuelta popular, dimitió en 2004 y se exilió.

René Préval, que retomó el poder en 2006, es el único dirigente haitiano que completó los dos mandatos que permite la Constitución.

El 12 de enero de 2010, a las 16:53, el país fue golpeado por un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter, el más devastador que afectó al país en 200 años.

El epicentro del temblor estuvo cerca de Puerto Príncipe, la capital. Se estima que el número de muertos llegó a más de 300.000 y más de un millón de personas quedaron damnificadas.

Tras la desgracia del terremoto, Michel Joseph Martelly gobernó el país entre 2011 y 2016.

El 7 de febrero de 2016 finalizó su mandato sin sucesor tras la cancelación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre de 2015 por disputas y fraude masivo.

A continuación, el Parlamento designó como presidente provisional al titular del Senado, Jocelerme Privert, y tras una larga crisis electoral, en enero de 2017 se confirmó la elección de Jovenel Moise en una nueva votación en noviembre de 2016, en medio del fuerte rechazo de la oposición, que no reconoció su victoria.

Moise fue asesinado el 7 de julio último por un comando integrado por ciudadanos colombianos y haitianos, según las precarias investigaciones judiciales del caso.

Esta sinuosa historia transformó a Haití en el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del mundo, según el Banco Mundial (BM), con un 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza.

El PNUD lo sitúa en el puesto 170 de 189 por su índice de desarrollo humano. Su PBI se contrajo alrededor de un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de coronavirus agravó la ya débil economía y la inestabilidad política, según datos del Banco Mundial.

Haití es uno de los pocos países que aún no inició su campaña de vacunación contra el coronavirus. De hecho, la mayoría de la población no tiene siquiera acceso a la atención sanitaria básica.

Otro de los dramáticos récords de Haití es su altísimo nivel de deforestación, que alcanza al 98% del territorio y constituye uno de los factores que magnifica el impacto de desastres naturales como huracanes, deslaves e inundaciones.

Con información de la agencia Télam

CRM

Militares estadounidenses lo repetían con frecuencia. Si el Ejército colombiano contara con la tecnología norteamericana, sería una fuerza “invencible”. Son palabras del paracaidista retirado de las fuerzas especiales Raúl Musse, hoy a la cabeza del gremio más numeroso de veteranos en Colombia (ACOSIPAR). Lo cuenta para tratar de esbozar las motivaciones que, desde hace dos décadas, han llevado a diversas compañías de seguridad privada alrededor del mundo a contratar los servicios de exsoldados de Colombia. 

Hoy las autoridades haitianas investigan a casi una veintena de exmilitares colombianos detenidos por haber participado presuntamente en el magnicidio del primer ministro Jovenel Moïse, ejecutado por siete sicarios en su casa a las afueras de Puerto Príncipe en la madrugada del pasado 7 de julio. El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que entre el grupo de nacionales había contratistas que conocían de antemano el objetivo de la misión: atentar contra el mandatario de 53 años. Los otros, aseguró Duque, iban de “gancho ciego”.

Más precisas fueron las revelaciones del director de la Policía de Colombia, quien dijo que el capitán Germán Rivera y el sargento viceprimero Duberney Capador, ambos retirados, “participaron en la planificación y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”. 

Duberney Capador, de 40 años, fue dado de baja por las fuerzas haitianas. El exsargento fue el posible enlace entre los militares locales y la empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy) a cargo de Antonio Intriago, un elusivo y hermético ciudadano venezolano afincado en Miami. 

Los hermanos y exmilitares Germán y Jonathan Rivera, por su parte, han sido claves en aportar información para las pesquisas de las autoridades. Sus relatos han ayudado a ordenar la cronología del crimen de un mandatario que en los últimos tiempos había sido muy criticado por asumir rasgos autoritarios. Según la investigación del periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones del telediario de la cadena de televisión Caracol de Colombia, Jonathan Rivera conoció dos días antes del atentado que la misión había cambiado. Ya no se trataba únicamente de asaltar y secuestrar a Moïse. Ahora debían cumplir otra orden: asesinarlo.

Soldados retirados

En las últimas dos décadas la mano de obra de soldados retirados colombianos se ha convertido en un servicio codiciado en países como Emiratos Árabes Unidos, Irak o Afganistán. Curtidos en medio de una larga guerra interna irregular, muchos de ellos tienen pericia en operaciones especiales, manejo de explosivos, o como francotiradores. Por eso, agencias estadounidenses, como la controvertida Academi, antes Blackwater, suelen buscar sus servicios.

En el caso de Haití, los patrones se repiten: la mayoría de los detenidos en Puerto Príncipe oscilan entre los 40 y 45 años. Casi todos fueron soldados profesionales con varios cursos de especialización. Algunos de ellos con educación militar en los Estados Unidos, según reconoció el Pentágono.

No se sabe si el soldado jubilado Francisco Eladio Uribe es uno de ellos. Pero su caso ha resonado en los medios locales. Uribe formó parte de unidades antisecuestro y operó en zonas conflictivas como Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, al este del país. 

Su caso, además, es algo vidrioso porque tiene una denuncia grave como presunto responsable, en 2008, de una ejecución extrajudicial de los llamados “falsos positivos”, un eufemismo para referirse a crímenes de ciudadanos inocentes presentados por los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como bajas en combate para lograr beneficios, ascensos y otras condecoraciones. 

Entre 3.000 y 6.000 soldados profesionales se retiran del servicio activo anualmente en Colombia. A pesar de que el Gobierno tiene varios canales de ayuda para acompañar el tránsito de la milicia a la vida civil, muchos se quejan de que los programas aún no funcionan bien. O se quedan cortos. “20 años haciendo contra guerrilla en la selva”, explica el experto en defensa y seguridad nacional Armando Borrero, “dejan traumas psicológicos profundos que requieren de tiempo y paciencia”. 

Pensión modesta

Ante el vértigo de enfrentarse a una vida desconocida, y a una modesta pensión que para los soldados profesionales no pasa de los 250 euros mensuales, la posibilidad de regresar a una misión castrense, con salarios de 2.000 ó 3.000 dólares mensuales, resulta a menudo una oferta indeclinable. 

El soldado profesional retirado Eledin Enrique Montero, de 52 años, lo explica: “(cuando) uno sale de la fuerza le reducen el sueldo entre un 60 y un 70%. Entonces pagar las deudas, pagar los préstamos, se vuelve muy complicado”. Y Raúl Musse, a la cabeza de un gremio que reúne a 2.000 soldados e infantes retirados, complementa: “Para nadie es un secreto que los únicos que terminan bien son los de coronel para arriba”.

Así fue como el exsoldado profesional William Amaya decidió emprender un viaje de dos años con destino a los Emiratos Árabes Unidos en 2010: “Cogí la posibilidad a dos manos. Dos mil quinientos dólares era una cantidad de plata que no se la ganaba cualquier persona acá”.

Amaya, de 47 años, confiesa que llegó a Asia sin tener claras sus funciones, una similitud con el caso de algunos de los capturados en Haití. Una vez en Abu Dhabi fue informado de que formaría parte de “un entrenamiento militar avanzado con unos americanos para cuidar la frontera con Yemen”. “Posteriormente nos trasladamos al puesto de mando adelantado y nuestra función era cuidar que ese paso fronterizo no fuera una puerta abierta”, cuenta.

Hoy afirma conocer casos de compatriotas suyos que ganan hasta 3.000 euros al mes como escoltas o guardias de campos petrolíferos en EUA. “No es que a uno le digan que va a una guerra, que va como mercenario. Eso es otra cosa, es un estilo de vida que nunca vimos en nuestro ejército en Colombia”, apunta.

¿Mercenarios o contratistas?

En agosto de 2006, el reportero de investigación Ricardo Calderón publicó un reportaje titulado “Atrapados en Bagdad” donde detallaba la forma en que exmilitares, exdetectives y expolicías colombianos fueron llevados a Irak como mercenarios por ID Systems, una firma que representaba a Blackwater en Colombia. 

Solo hasta el viaje de camino a Bagdad, los hombres pudieron leer finalmente los contratos que acababan de firmar: “Ahí fue cuando caímos en la cuenta de que algo estaba mal, porque decía que nos iban a pagar 34 dólares diarios, lo que significaba que recibiríamos un salario de mil dólares y no 2.700 (según lo prometido)”, le contó a la revista Semana el mayor jubilado Juan Carlos Forero.

El periodista Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias, denunció en una columna de 2011 en el mismo semanario que esos agentes retirados habrían recibido instrucción en “instituciones militares colombianas”, y que “usaron armas oficiales o decomisadas a la guerrilla”. Y concluía: “Alguien en las Fuerzas Militares apoya el millonario negocio de exportación de mercenarios”.

Para el politólogo Jorge Mantilla, sin embargo, conviene diferenciar los casos en Asia y Medio Oriente de los eventos en Centroamérica. En los dos primeros, dice, se trata de Estados o gobiernos con capacidad económica que deciden ahorrar costos, o no exponer a sus tropas, y echan mano de contratistas extranjeros en sus estrategias de defensa.

En el episodio de Haití, por su parte, “vemos un colapso parcial del Estado que deriva en la fragmentación de los servicios de seguridad. En ese punto aparecen estos ‘señores de la guerra’ que se sirven de la ausencia de control político y normativo para buscar unos objetivos”. 

Por eso, prosigue Mantilla, indiferentemente del grado de responsabilidad de los exsoldados colombianos en la conspiración y magnicidio del presidente Jovenel Moïse, debe haber un profundo cuestionamiento sobre una operación que, al parecer, se fraguó en parte desde territorio colombiano. “Las agencias de inteligencia colombianas deberían haber trazado, por ejemplo, un seguimiento mucho más riguroso de las actividades del jefe de seguridad del palacio presidencial haitiano, Dimitri Hérard, que realizó al menos seis viajes este año al país”. 

Uno de los problemas con estas agencias de seguridad a nivel internacional es que se trata de negocios privados que aún no han sido regulados por un marco jurídico sólido dentro del derecho internacional. Colombia, por ejemplo, no forma parte de los convenios de la ONU contra la utilización, entrenamiento y financiación de mercenarios, y por lo tanto los tejemanejes que se mueven en el sector no son considerados delitos.

El experto en derecho penal humanitario Jean Carlo Mejía asegura que a los vacíos legales se suma la falta de voluntad de los estados para fijar unos estándares claros: “Ni las grandes empresas, ni los grandes Estados que las acogen, han mostrado mucho interés en firmar cualquier tipo de regulación”. Como consecuencia, prosigue, los contratistas reclutados para cumplir funciones “logísticas o de acompañamiento” pueden quedar descubiertos jurídicamente en caso de resultar envueltos en escenarios de conflicto u otros líos de seguridad.

Considera, asimismo, que se debería ser cauto a la hora de utilizar la etiqueta de “mercenarios”. Mientras las investigaciones avanzan, prefiere el adjetivo “contratistas”. En su opinión, el de Haití es un “complot de muchas raíces” y pocas luces. Con actores venezolanos, haitianos, colombianos y estadounidenses cuyo rol en la trama hasta ahora va encajando de a poco en su lugar exacto. 

Para Armando Borrero, que fue consejero en seguridad ciudadana del Gobierno en los 90, resulta “normal que nos hayamos convertido en proveedores de este tipo de mano de obra”. A su juicio hay ejemplos de Estados centroamericanos, o México, que han “canalizado de manera transparente esa ayuda” con contratos para asesorías en “materia de narcotráfico o anti secuestro”. Pero, añade, “esto de Haití es muy enredado”.

Tres prófugos

Además de la veintena de detenidos, y los tres exmilitares colombianos abatidos por las autoridades haitianas, otros cinco nacionales permaneces prófugos. De acuerdo al relato de una de las esposas de los sospechosos, entrevistada por la cadena W, la firma de seguridad que contrató a su marido había pactado un salario que ascendía a los 3.000 dólares.

La remuneración para los veteranos se incrementa entre un 15% y un 20% en ese tipo de misiones en el extranjero, según información de la BBC. Para los caza talentos de empresas extranjeras, además, resultan candidatos más baratos que los israelíes o estadounidenses y con una formación de élite. No sobra recordar que las Fuerzas especiales de Colombia se han ganado nueve de los 14 campeonatos internacionales de Fuerzas Comando que reúne a tropas de la región. 

Hoy se abren diversos interrogantes en torno a la capacidad del Estado colombiano para supervisar y acompañar a sus avezados veteranos en un contexto de privatización de los servicios de seguridad y de precarización de las posibilidades laborales. “Estas capacidades humanas y bélicas podrían ser utilizadas incluso contra nuestro propio país en determinado momento”, dice Jorge Mantilla.

CS

Parece que la activista política haitiana Marie Antoinette Duclair no se percató de que dos hombres en moto perseguían su coche por las calles mal iluminadas de Puerto Príncipe.

Su acompañante en la noche del 29 de junio era un periodista, Diego Charles. Habían estado en una reunión y en ese momento, a las 23 horas, iba a dejarlo en su casa en la zona de Christ-Roi, en la capital de Haití.

Cuando Charles caminaba hacia la puerta, los sicarios le dispararon desde su vehículo y lo mataron. Luego asesinaron a Duclair, que estaba sentada en su coche.

En total 15 haitianos fueron asesinados esa noche, incluyendo a Charles y a Duclair. La noticia no ocupó muchos titulares internacionales. Al menos no por mucho tiempo.

Apenas una semana después, otro asesinato eclipsó el interés por esa noche sanguinaria de violencia: el del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fue atacado por mercenarios en su casa en las colinas de Puerto Príncipe en un posible intento de golpe.

Una crisis de violencia

Si algo vincula estos dos sucesos es que ambos representan brutalmente la situación de Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, que desde 2018 se ve sacudido por las protestas y por la violencia. En esta crisis creciente, las armas –y aquellos preparados para usarlas– se han convertido en algo normal.

Una instantánea de esta crisis quedó plasmada en diciembre de 2019, durante un encuentro de The Guardian con Wandy Drelien, un hombre haitiano que estaba liderando una barricada de manifestantes cerca del aeropuerto de la capital y a quien se le asomaba de la cintura una pistola bajo su camiseta.

En aquellos días, pocas semanas antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, la larga crisis política de Haití había llevado a protestas y violencia en las calles, aunque pocos se imaginaban entonces hasta dónde llegarían.

“Luchamos en contra de un sistema en el que no podemos comer y no nos pagan. Por eso hemos tomado las calles”, explicaba Drelien entonces. “El presidente [Moïse] no trabaja para nosotros. No es amigo del pueblo, solo de la burguesía y de los empresarios, mientras nosotros vivimos en la pobreza”.

Ahora Moïse está muerto, asesinado en su residencia privada en el distrito Pelerin 5 de Pétion-Ville, un enclave rico en las colinas de la ciudad donde vive la élite política y empresarial de Haití. Y la larga crisis de Haití se ha acelerado al máximo.

Dependencia del exterior

Ver cómo los estados más corruptos y peor gobernados del mundo se tambalean de catástrofe en catástrofe entre golpes de Estado, gobiernos fallidos y desastres naturales se ha convertido en algo rutinario.

Pero la crisis actual plantea una pregunta particular: ¿cómo es posible que haya seguido empeorando la situación de los haitianos en la mayoría de los indicadores a pesar de haber recibido 11.000 millones de euros en ayuda internacional desde el devastador terremoto que mató a aproximadamente 220.000 personas en 2010?

Los modestos avances en la reducción de la pobreza en Haití, según el Banco Mundial, se han revertido, con un 60% del país viviendo en la pobreza, mientras que el 20% más rico concentra más del 64% de los ingresos.

Haití es un caso poco habitual entre las naciones fallidas y frágiles. No es solamente un Estado que depende enormemente de la ayuda al desarrollo exterior y de las remesas de los haitianos que viven en el extranjero, sino que es un Estado en el que la asistencia y la intervención extranjera, lejos de ayudar, han contribuido a debilitar una administración casi inexistente.

Pocos de los que no hayan visitado Haití pueden comprender la ausencia de servicios e instituciones, de planificación o de dirección estatal.

En una entrevista hace tres años, ya cuando la crisis actual estaba comenzando, el entonces representante especial de la misión de estabilización de la ONU en Haití, Joël Boutrue, fue tajante. “Haití estaría mejor sin ayuda”, dijo. “O, al menos, sin el mal tipo de ayuda que permite que la administración y las élites sigan sin cambiar”.

“Sería mejor crear las condiciones para que el cambio se produzca”, dijo. “Si nos involucramos, deberíamos hacerlo de un modo inteligente, aunque sea menos visible en términos del valor creado”.

Y aunque esa sea solo una parte del cuadro, es una parte importante. Haití, la primera república negra del mundo y primer país fundado por antiguos esclavos, declaró su independencia de Francia en 1804. La nueva nación se enfrentó a bloqueos, aislamiento e injerencias de potencias de mayoría blanca durante dos siglos, incluyendo a Francia, que impuso un siglo de indemnizaciones empobrecedoras por la pérdida de sus eslavos, las cuales se saldaron en 1947 a cambio de un reconocimiento oficial.

Mientras algunas de las consecuencias más tóxicas de la intervención han sido obvias, otras fueron más sutiles. Tal como escribió el historiador estadounidense Robert Taber en el Washington Post la semana pasada, algunas están muy bien documentadas, “incluyendo el golpe de Clinton al mercado arrocero haitiano a mediados de los 90 y la reintroducción del cólera por parte de las fuerzas de paz de la ONU a mediados de los 2000”.

“La idea de Haití como Estado asistido [aid state] es una corrección de la idea de Estado fallido [failed state]”, dice Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research en Washington y quien acuñó el término. Johnston regresó de Haití pocos días antes del asesinato de Moïse. “No se trata solo de la asistencia, sino de las interferencias e intervenciones extranjeras”.

“Cuando hablamos de un ‘Estado asistido’, es un país [donde] las instituciones actuales han sido conformadas más por actores externos que por los internos. Eso se ha manifestado de distintos modos, no en menor medida por el hecho de que desde la dictadura de [Baby Doc] Duvalier (que concluyó en 1986), la asistencia ha pasado por alto al Gobierno, lo que ha tenido un efecto profundamente corrosivo”, señala.

“En vez de fortalecer a las instituciones, el mecanismo de transferencia corroe a esas mismas instituciones, especialmente en las últimas décadas, donde se ha producido una subcontratación del Estado”, dice Johnston.

“Las políticas económicas fueron impuestas por bancos multilaterales, como el FMI, que redujo los subsidios a la agricultura. La educación y el sistema de salud han sido entregados a actores privados, como ONG. Todo esto ha creado una separación entre el pueblo y un Gobierno que no está gobernando”, indica.

Si esto vació las instituciones de Haití, las intervenciones extranjeras, incluyendo las políticas de asistencia, han tenido un efecto todavía más pernicioso, denuncia el investigador.

“La asistencia para Haití es utilizada con propósitos políticos desde hace años. Es una transacción. Ha crecido bajo ciertos líderes y se ha reducido cuando hay otros menos favorecidos, o fluyó hacia una organización que comparte los intereses del país donante”, dijo.

Esta profunda desconexión entre una clase gobernante que apenas gobierna, extraída de la élite rica, y los apenas gobernados, deja pocos incentivos para que los supuestos gobernantes combatan los problemas de Haití –desde la criminalidad violenta representada por las pandillas, hasta la falta de servicios públicos, la pobreza rampante y la explotación medioambiental–.

En Haití, donde los políticos y los criminales comparten la misma impunidad, la política ha contado históricamente con pandillas armadas que operan como paramilitares para permanecer en el poder en lugar de la rendición de cuentas electoral. Desde los Tontons Macoutes de Papa Doc Duvalier a los Chimères [o fantasmas] de la época de Jean Bertrand Aristide y las pandillas empleadas por ambos mandos bajo Jovenel Moïse.

Jonathan M. Katz, periodista estadounidense que informó sobre el terremoto de 2010, ha analizado en su libro The Big Truck That Went By: How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster (“El gran camión que pasó: cómo el mundo vino a salvar a Haití y dejó atrás un desastre”) cómo casi 3.000 millones de euros en asistencia extranjera han fracasado en el intento de lograr que Haití mejore.

“El tema es que yo no creo que la gente se dé cuenta de cómo la ayuda ha sido utilizada intencionalmente para debilitar al Estado haitiano. Hay un largo sendero de papel (aunque poco conocido), que se remite hasta el final de la dictadura de Duvalier e involucra particularmente a EEUU”, dice.

“Hay documentos que hablan muy específicamente de usar organizaciones privadas, voluntarias – ahora conocidas como ONG– para dirigir el dinero lejos del Gobierno haitiano y recrear sus funciones en otros sitios”.

“Volvió a suceder explícitamente durante el Gobierno de Aristide [el presidente de izquierdas que fue víctima de un golpe y fue restituido mediante la intervención militar estadounidense] y hay documentos públicos de USAid y otras agencias gubernamentales que dices que reteníamos el dinero para dirigirlo a organizaciones privadas y debilitar las políticas de Aristide”.

La consecuencia, tal como han señalado los críticos en los últimos años, fue la profundización de la larga crisis democrática de Haití, con una participación electoral que se hundió desde que Aristide se convirtiera en el primer líder elegido democráticamente en los 90, hasta las primeras elecciones después del terremoto, donde participó menos del 25% del censo.

Los gobiernos recientes han estado principalmente alejados de las vidas de los haitianos pobres, con sus mandatarios elegidos del mismo círculo cerrado de oligarcas con conexiones políticas y bendecidos por los poderes extranjeros, no en menor medida por Washingon, que han perseguido la estabilidad inmediata más que la sostenibilidad a largo plazo.

El escándalo de PetroCaribe

Todo esto llegó a un punto crítico en el escándalo de PetroCaribe que comenzó durante la presidencia de Michel Martelly y donde Moïse se vio enredado al sucederlo.

El proyecto de 2.700 millones de euros de PetroCaribe –de los cuales se estima que 1.700 millones fueron robados– era un modelo alternativo para mejorar la situación haitiana, donde los fondos liberados por un sistema de pago diferido de créditos por electricidad venezolana serían utilizados por el Gobierno de Haití para proyectos de desarrollo de gran escala.

El punto que hace diferente al escándalo de PetroCaribe –aunque no fuera la corrupción– fue la capacidad de los haitianos y de sus instituciones de preguntar qué había sucedido con los miles de millones faltantes.

“El tema con PetroCaribe”, dice Katz, “es que se suponía que sería todo lo que la reconstrucción posterior al terremoto no fue. La generosidad venezolana liberaría todo este dinero para que Haití gastara en sí misma”.

“Si hubiéramos tenido un mejor líder, uno más responsable con el pueblo que Martelly, podría haber dado buenos resultados”, añade.

Jean Marc Brissau, un joven Haitiano que estudió Derecho en Puerto Príncipe antes de emigrar a EEUU identifica otro problema clave que contribuye a los problemas de Haití: el éxodo de personas bien formadas que rechazan involucrarse en la política problemática.

“Las pandillas controlan el país y por eso la gente educada como yo no encuentra un lugar en Haití”, dijo. “No nos sentimos bienvenidos. No quisiera involucrarme en la política y ser etiquetado de corrupto o ser secuestrado”.

“Entonces te dices a ti mismo: ‘Puedo cambiar las cosas mejor desde el extranjero’. No es como debería ser, pero es como es”.

Traducción de Ignacio Rial-Schies

“Es como si Haití hubiera recibido un golpe en la cabeza. Nadie se movió después del asesinato del presidente”, describe Arnold Antonin diez días después del magnicidio de Jovenel Moïse. “Esta es la crisis más dramática de la historia del país a pesar de que Haití ha tenido varios momentos trágicos”.

Hace algunos meses, antes del asesinato de Moïse, casi como adivinando lo que vendría después, Antonin llegó a comparar la magnitud de la crisis que atravesaba el país con la inestabilidad política de 1867 que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave.

Antonin nació en Puerto Príncipe, hace casi 80 años y con otro nombre. Fue durante la dictadura de la familia Duvalier (1971-1986) cuando dejó de llamarse Celesti Corbanese para filmar sus películas sin ser detenido. Es doctor en Economía por la Universidad de Roma, pero se dedicó al cine documental porque entendió que, en un país con la mitad de la población analfabeta, la mejor manera de comunicar sus ideas era con imágenes en lugar de palabras.

Para Antonin, la ambición de Jovenel Moïse por mantenerse en el poder puede ser una de las causas de su asesinato. “Él aspiraba a permanecer en el poder aunque su mandato terminó el 7 de febrero, pero no tenía fuerza para hacerlo. Entonces, encontró un modo de controlar a la población mediante las bandas armadas que tenían vía libre para circular en el país, hacer declaraciones y desfilar por las calles sin intervención de la policía. Desde el poder, existió una clara voluntad de destrucción de las instituciones y eso terminó por volverse en su contra”, explica Antonin en una entrevista con elDiario.es.

El asesinato de Moïse no se entiende sin la creciente influencia de las bandas criminales o, lo que en Haití llaman, la 'industria del secuestro'. Un síntoma de la extrema violencia que llegó incluso a los titulares de los principales medios europeos tras el rapto de siete religiosos, incluidos dos franceses, hace tres meses en Puerto Príncipe.

La primera parte del año, el número de secuestros aumentó un 36%, con 171 denuncias registradas, en comparación con 110 en los últimos cuatro meses de 2020, según datos del último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Mientras, el número de homicidios intencionales aumentó en un 17%, con 525 casos denunciados de enero a abril, en comparación con 436 en los últimos cuatro meses de 2020. 

En medio de esa situación, Moïse propuso avanzar con una nueva constitución mediante un referéndum que, según explica Antolin, no pudo ser leído más que como un último intento para continuar en el gobierno. “Lo que buscaba era recuperar un modelo constitucional de los años 30 donde el presidente concentra todo el poder. Nuestra Constitución, con todas las críticas que se le pueden hacer, es la conquista democrática más grande del país desde la caída de los Duvalier. Eso generó problemas a Moïse con varios actores de la sociedad civil, las Iglesias, los sindicatos, también con los partidos de oposición e incluso dentro de su propio espacio político. Era un presidente con muchos enemigos”, dice.

Entre ellos, Claude Joseph, el primer ministro que tomó el control del gobierno después del asesinato del presidente y que estaba en el el punto de mira como uno de los posibles beneficiados de la muerte de Moïse. Sin embargo, Joseph anunció este lunes su dimisión como jefe del Ejecutivo y ha cedido el poder a Ariel Henry, que fue nombrado primer ministro dos días antes del asesinato.

Hace dos años, Moïse llegó a decir que tenía “siete cabezas para cortar''. Ya en ese momento dejaba ver las tensiones dentro de su partido, pero no había dejado en claro quiénes eran esas personas. Por eso, muchos de los dirigentes de su propio partido pensaron que, de prolongar su mandato, podían terminar siendo desplazados.

Los responsables del crimen, ¿cree que pueden estar dentro del propio espacio político del presidente?

Es probable, de lo contrario no se entiende la ausencia de reacción por parte de sus fuerzas de seguridad. Los demócratas haitianos condenaron el asesinato, lo único que querían es que quedara vivo para que pudiera ser juzgado como cómplice de los asesinatos en masa en los barrios populares.

¿En qué lugar queda el expresidente Michel Martelly (2011-2016), padrino político de Moïse, después de esto? 

Michel Martelly era uno de los más enfurecidos con Moïse porque él lo había puesto en el poder y quería volver a gobernar, pero Jovenel tenía otro candidato. Esa fue una de las principales razones que llevó abrir una pelea interna dentro del partido.

¿Qué es lo seguro sobre el caso hasta el momento?

Lo único que parece quedar claro es que Jovenel intentó dar un golpe de Estado el 7 de febrero para mantenerse en el poder y que su asesinato puede ser leído como un nuevo golpe dentro del golpe.

¿Qué se necesita para esclarecer el asesinato?

Tenemos que crear una comisión investigadora internacional e independiente con actores haitianos que permita saber quién mató a Jovenel y con qué razón. Eso todavía es un misterio. 

¿Existe algún liderazgo, como fue el expresidente Jean-Bertrand Aristide (1991, 1993-1996, 2001-2004), que pueda presentar alguna alternativa al oficialismo?

No, actualmente no existe ninguna figura fuerte ni carismática como fue Aristide, pero existen diferentes fuerzas políticas que solas no pueden hacer nada, aunque unidas pueden crear una alternativa.

¿Qué lugar ocupa actualmente Aristide, de 68 años, en la política haitiana?

Aristide tiene su partido, La Avalancha, que sigue incidiendo en el debate público para construir una alternativa política al oficialismo. Aristide siempre ha sido uno de los más radicales opositores a Moïse. 

La participación electoral ha caído mucho en los últimos años. Pasó del 75% en las elecciones de 1990 a menos del 20% en 2015, ¿por qué cree que la gente elige no votar?

La gente no vota porque perdió confianza en los órganos electorales que han sido manipulados y también porque están muy decepcionados con los resultados de los distintos gobiernos.

¿En qué momentos dejaron de creer en las elecciones?

Hubo dos momentos. En 1987 existió una intervención de las potencias extranjeras para impedir las primeras elecciones libres de Haití. Luego, en los 90, los militares dieron un golpe de Estado y los americanos volvieron con Aristide en 1994, la gente participó aunque más desconfiada. Pero además, cuando ven los resultados de los últimos gobiernos, han sido tan malos que la gente ya no cree en nada. Si existe cierto entusiasmo social no es por una causa positiva, sino para rechazar al Gobierno de Moïse.

Haití debería tener elecciones en septiembre, ¿se dan las condiciones para votar?

No entendemos porqué esta locura de hacer elecciones este año cuando todavía no existen las condiciones técnicas, políticas ni sociales para hacerlas. La alternativa es formar un gobierno de transición integrado también por la oposición, representantes de las distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, que generen las condiciones básicas para unas elecciones serias.

Si tuviera que recomendar una sola de sus más de 60 películas para entender Haití, ¿cuál sería?

El reino de la impunidad, porque ese es uno de los problemas más grandes que tiene este país desde siempre. Los culpables saben que nunca van a pagar por sus crímenes.

Giovanna Romero recuerda a su esposo, Mauricio, como un padre cariñoso que llamaba a la casa todas las noches cuando se encontraba por obligaciones de su trabajo fuera del país. Y así lo hizo, como acostumbraba, la noche del 6 de julio, desde un lugar que no logra tener presente con exactitud, para recordarle a ella y a sus hijos que los amaba y que se cuidaran.

“Volveré a llamar pronto”, prometió el soldado colombiano retirado, una promesa que nunca más podría cumplir.

La siguiente vez que Giovanna vio a su marido fue en las primeras horas del 9 de julio, por las imágenes de un video espantoso y devastador que fue enviado al teléfono móvil de su hija.

El video mostraba el cadáver del hombre de 45 años tendido en una calle, a unos 1600 kilómetros al norte de la ciudad capital de Haití, Puerto Príncipe. Se lo consideraba uno de los tres presuntos asesinos colombianos abatidos a tiros, después de que supuestamente asaltaron la casa y mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse.

“Fue entonces cuando todo esto comenzó a apoderarse de nuestras vidas”, dijo Romero, luchando por contener las lágrimas mientras rememoraba la última conversación telefónica con su marido, quien – ella insistió- no había hecho nada malo. “Ninguna persona puede imaginar lo difícil que es una situación como esta hasta que la atraviesa”, agregó. 

Giovanna Romero no es el única que sigue luchando por comprender los motivos y los autores intelectuales del asesinato de Moïse, que ha sacudido a la sociedad haitiana y ha causado conmoción en todo el mundo. Los investigadores en Colombia, Haití y EEUU estaban esta semana estudiando detenidamente el misterio que rodea a este asesinato internacional cada vez más desconcertante. Los supuestos perpetradores incluían más de 20 pistoleros a sueldo de Colombia; un ex guerrillero haitiano; un contrabandista de cocaína condenado e informante de la DEA llamado “Whisky”; un evangelista radicado en EEUU que sueña con convertirse en presidente de Haití; y una empresa de seguridad de Miami que aparentemente tomó su nombre de la serie de televisión 24 cuyo protagonista es un agente de contra terrorismo, Jack Bauer, que lucha contra los hombres malos en el mundo.

Horas después de que Moïse fuera asesinado a tiros en su dormitorio, en la madrugada del 7 de julio, uno de sus vecinos comparó la trágica saga  con una novela de Agatha Christie. Una semana después, el suceso se parece más a las ficciones de suspenso del escritor británico Frederick Forsyth.

“Es un gran enigma”, dijo Robert Fatton, especialista en política haitiana en la Universidad estadounidense de Virginia que ha estado rastreando la trama policial con creciente perplejidad. “Cuanto más escucho las noticias contradictorias, más creo que nunca sabremos quién diablos hizo esto ... Tu conjetura es tan buena como la de cualquiera. Estamos en una situación completamente extraña”.

Las autoridades haitianas han afirmado que el enigma a resolver  gira en torno a Christian Emmanuel Sanon, un pastor de Florida nacido en Haití de 63 años quien, según dicen, voló al país caribeño el mes pasado en un jet privado.

La policía sostiene que Sanon tenía “objetivos políticos” que pretendía lograr y reclutó a una banda de hombres armados colombianos de una empresa de Florida llamada Counter Terrorist Unit Federal Academy, en aparente referencia al escenario ficticio de Jack Bauer en el drama televisivo 24. El viernes, The Washington Post informó que Sanon había esperado liderar una reconstrucción multimillonaria de su patria golpeada por la crisis, cuya historia moderna es un tapiz de desastres tanto naturales como provocados por el hombre, y estaba alentando una revuelta popular que obligaría al impopular presidente de Haití a abandonar el poder.

Sin embargo, muchos se muestran escépticos sobre la narrativa que se desarrolla en torno a Sanon, quien, según informes, ha negado su participación en el asesinato del presidente haitiano, que es el primero después del perpetrado al presidente Vilbrun Guillaume Sam en 1915, que abrió las puertas a la ocupación de EEUU por 19 años.

Fatton consideró que era “una locura” imaginar que una figura anónima como Sanon podría haber estado en condiciones de convertirse en el líder de Haití. “¿Por qué elegir a este tipo, que es completamente desconocido en los círculos políticos de Haití?” preguntó.

“Hay muchos haitianos en la diáspora que realmente creen que tienen la misión de salvar al país, pero nadie los toma muy en serio porque no tienen una base política y no tienen un partido político ”, él aclaró.

Fatton manifestó que su creciente percepción era que el asesinato había sido un trabajo interno encargado por “personas dentro de Haití que tenían algún tipo de interés en deshacerse de Jovenel Moïse”.

Fulton Armstrong, un experto en Haití de la American University en Washington DF, que dirigió la sucursal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a principios de la década de 1990, aseguró que según su instinto el crimen era obra de lo que los funcionarios estadounidenses una vez llamaron las ERM de Haití: “las élites moralmente repugnantes”.

“Por lo general pienso en ellos como los patrocinadores y los guiños y asentimientos de la mayoría de las conspiraciones [en Haití]. Realmente tienen la capacidad de mover las cosas ... para comprarlas, producir comunicaciones, fabricar armas”, dijo, antes de admitir: “Pero, esto es un tiro en la oscuridad”.

En ausencia de hechos concretos, se ha difundido una profusión de teorías, incluidas afirmaciones sensacionalistas, que la policía haitiana ha descartado rápidamente, de que el arquitecto del magnicidio era de hecho uno de los principales políticos de Haití.

El miércoles, la emisora ​​colombiana Caracol comunicó que los investigadores sospechaban que el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, había ordenado el ataque y había asistido a una reunión con los presuntos asesinos de Moïse en las semanas previas a su muerte. El jefe de policía de Haití, Léon Charles, calificó la noticia como “una mentira”, mientras que su homólogo colombiano, el general Jorge Luis Vargas, afirmó que no tenía información que sugiriera que Joseph estaba involucrado.

El viernes, el general Vargas informó que los investigadores sospechaban que Joseph Félix Badio, un ex funcionario del Ministerio de Justicia de Haití, pudo haber ordenado el asesinato, por razones que aún no están claras.

En Haití, mientras tanto, hubo informes de que el exjefe de seguridad de Moïse, Dimitri Hérard, estaba recluido en régimen de aislamiento en medio del desconcierto de que ni uno solo de los guardaespaldas del presidente había resultado herido durante la redada mortal.

Giovanna Romero, de 43 años, todavía está luchando por comprender la muerte de su esposo, quien dejó su hogar en el sur de Colombia a principios de junio después de recibir una oferta de trabajo “totalmente legal” de parte de una ex colega del ejército llamada Dubernay Capador.

Romero sostuvo que Capador, una mujer de 40 años que también fue asesinada en Haití, le prometió a su esposo un trabajo como guardaespaldas que “podría conducir a cosas más grandes”. Después de empacar en un bolso bermudas y camisetas, Romero partió hacia el aeropuerto y voló a República Dominicana, desde donde viajaría por tierra a Haití.

El viernes, el jefe de policía de Colombia dijo que los investigadores creían que Capador y un segundo colombiano llamado Germán Rivera sabían muy bien que su misión era matar al presidente de Haití, por razones que aún no tienen respuesta.

Sin embargo, Romero insistió en que su esposo era inocente. “Mauricio -como seguramente te dirán los que lo conocen- nunca fue capaz de involucrarse a sabiendas en todo eso. Era un buen hombre”, insistió, pidiendo una investigación internacional sobre un crimen que ha trastornado su vida y ha desconcertado al mundo.

“Son las manchas las que duelen ... pero no tengo tiempo para llorar. Tengo que seguir adelante. La prioridad es que [su] cuerpo regrese a territorio colombiano”, dijo Romero. “Una vez que esté aquí, tal vez el nudo en mi garganta desaparezca”. 

El llamar magnicidio al homicidio de un empresario del comercio bananero que había llegado a la presidencia pero no al poder gracias a un vacío de poder que no supo colmar sino acrecentar demuestra y estimula la incomprensión y la distancia de Haití, único país hemisférico de mayoría absoluta afroamericana. En esto coinciden analistas y especialistas. Muerto a tiros de sicarios Jovenel Moïse en la primera hora del último miércoles, ese poder del que sólo nominalmente había dispuesto el Poder Ejecutivo seguía siendo disputado entre las mismas facciones que antes lo reclamaban para sí y recusaban los títulos de difunto. La captura el domingo de Christian Emmanuel Sanon, acusado de haber dirigido la operación mortal, revela o la configuración de un nuevo plexo de contendientes o la inversión de una de las antiguas facciones en un nuevo y más oneroso instrumento de choque.  Todo lo cual vuelve dudosa la afirmación de la Policía haitiana, una fuerza de 6000 agentes para un país de 11 millones de habitantes, de que se ha llegado al autor intelectual. Sólo porque este haitiano que reside en Florida y que se dice médico habría llevado a término, a través de empresas de EEUU -y al menos de una propiedad de un nacional de  Venezuela que opera en Miami-, el reclutamiento de los ex soldados y/o ex paramilitares de Colombia que habrían llegado a Haití, donde se estacionaron para cumplir y esperar órdenes, cruzando la frontera desde la República Dominicana, que ocupa el oriente de la misma isla caribeña La Española.

La conformación internacional de empresas y personal del grupo comando asesino tampoco implica un involucramiento de las naciones recorridas por Sanon o sus subordinados en el reclutamiento de los integrantes. Según el Miami Herald, Sanon era insolvente, le faltaban fondos para reclutar 28 personas, lo que llevó a pensar en auxilios de otros actores internacionales, privados pero acaso públicos. Uno de los investigados por el asesinato era informante de la DEA.

La conexión con gobiernos y naciones caribeñas cobró relieve en simultáneo con el desembarco en Haití de funcionarios de las agencias de EEUU (FBI y Homeland Security)  venidas para cooperar en la investigación del asesinato del presidente. El lunes, el Departamento de Justicia anunció que también colaborará con sus funcionarios. Según su portavoz John Kirby, el Pentágono continúa analizando el pedido de tropas de apoyo para el país que EEUU invadió en 1915 y ocupó militarmente hasta 1934. Esta es la respuesta de la administración demócrata de Joe Biden al pedido del primer ministro transitorio, única autoridad que Washington reconoce, de fuerzas armadas y de seguridad. Claude Joseph sabe que sólo efectivos militares externos (los pidió a la ONU que también declinó el envío de cascos azules)  pueden servirle de barrera y muralla más poderosa, a él y a la infraestructura nacional clave,  que aquella en la que abrieron una brecha, con medios que estaban a su alcance, los asesinos de Moïse. En una entrevista con la cadena ABC, Joseph reveló el sábado que Moïse había sido torturado antes de morir.

Presidente de facto,  según la oposición y la prensa tradicional que le es opositora, había nombrado tres meses atrás a Joseph, un politólogo graduado en New School (NY, EEUU) como el sexto premier de su mandato. Y un día y medio antes de morir, Moïse había designado ya al séptimo. El septuagenario neurocirujano Ariel Henry, que estudió Medicina en Montpellier (Francia), debía jurar su cargo de Jefe de Gobierno ante el Jefe de Estado en la mañana del 7 de julio y desplazar de su puesto al treintañero que aún hoy lo retiene, pero Moïse fue ultimado horas antes del amanecer de ese miércoles.

El viernes, una resolución del Senado eligió  a su presidente, el senador Joseph Lambert, como sucesor interino de Moïse en la presidencia de la República. En Haití, la Cámara de Diputados no sesiona: debía renovar todas sus bancas en 2020, pero las elecciones fueron suspendidas y el Presidente populista Moïse gobernaba por decreto. En la Cámara de Senadores, sobre 30, debían renovar bancas 20. Por lo tanto, en todo Haití hay hoy sólo diez personas en el Estado que haya sido elegidas por el voto popular: esos 10 que conservaron sus bancas. Esta decisión de un Legislativo reducido a 10 personas sobre la sucesión de Moïse es sostenida, por fuera del Legislativo, por varios partidos políticos –entre ellos, el PTHK del presidente asesinado, lo que subraya la soledad de Joseph. Ariel Henry es confirmado, por estas mismas instituciones y fuerzas, como primer ministro. Para mayor conflicto, un mensaje grabado, atribuido a la Primera Dama, herida de balazos la noche que mataron a su marido, tratada y curada en Florida, difundido desde el sábado por las cuentas Twitter oficiales del gobierno haitiano, exhorta al pueblo a “ganar la batalla” que había iniciado su marido contra la oligarquía, en especial la de las empresas concesionarias de los servicios como la electricidad -que también se está reorganizando para adueñarse del poder-. Pero ese mensaje, según el medio independiente Ayibopost, se trata de una manipulación, y no sería la voz de Martine Moïse.

Más episodios sin temporada nueva en la misma serie

El estado de Sitio y la ley marcial decretadas de inmediato por Joseph el miércoles, después de anunciar públicamente la muerte del presidente fueron criticadas como una intentona de golpe de Estado. En la práctica, a pesar de tener de su lado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el reconocimiento de EEUU y la ONU como legítimo jefe de gobierno, ni ejerce el Estado del que se ha constituido en autoridad suprema el monopolio de la violencia, ni es quien está más cerca de ejercerlo. Más del 60% del territorio en manos de bandas armadas, que controlan la costa, el interior, el tráfico, gravan a la economía privada que queda en pie, practican el secuestro extorsivo express como forma regular de sostener su presupuesto, con rescates que pagan familias con fondos de las remesas llegadas sobre todo de EEUU, y que constituyen el 30% de su PBI, en un país no pobre sino empobrecido, como dice la intelectualidad haitiana, donde seis de cada diez personas viven con menos de dos dólares por día.

Después de que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su domicilio particular, en el extranjero se preguntaban si los doce disparos a quemarropa gatillarían la anarquía en Haití. Esta especulación de representantes de organizaciones internacionales, de gobernantes de naciones demasiado vecinas para ignorar la coyuntura y de medios europeos y americanos exasperaba y desesperaba a la población de la isla. “Ya estamos desde hace meses en anarquía”, respondían una detrás de otras personas y personalidades entrevistadas en Radio Francia Internacional (RFI).

Los días que siguieron al asesinato, antes que arrojar al país a una súbita confusión, hicieron que Haití resultara menos confuso a la opinión pública internacional. Fue más clara la responsabilidad de potencias regionales y organizaciones internacionales sobre el dinamismo de acontecimientos que ganaron impulso a comienzo de año. El crimen por encargo de Moïse es una consecuencia a la que se ve como cualitativamente más grave sólo si se conserva alguna fe en que la democracia electoral formal tenía la necesaria vigencia al momento de ganar las elecciones de 2015. La atención mediática global y los reclamos de intervención del gobierno interino encendieron una iluminación teatral que también ponía retrospectivamente al descubierto la teatralidad de las cegueras selectivas de la ONU y de EEUU. Las disputas sobre quién fue el autor intelectual de su muerte, capturados 26 “mercenarios” colombianos y 2 haitianos-americanos como comando letal de autores materiales, no parece siquiera inaugurar una nueva temporada de la misma serie, sino ser el episodio siguiente. 

AGB/WC

Haití está bajo ley marcial y estado de sitio declarados por un primer ministro al que un presidente asesinado le había nombrado reemplazante dos días antes de su muerte. La autoridad del premier en funciones Claude Joseph es desconocida por el ‘premier electo’ Ariel Henry, que había sido oficialmente declarado sucesor por el presidente asesinado Jovenel Moïse cuya legitimidad era recusada desde febrero por la oposición, que consideraba que su período presidencial estaba completo y debía entregar el poder y llamar de inmediato a elecciones. Reconocido referente de la militancia por los DDHH en Haití, el abogado Gédeon Jean calificó de “sospechoso” el apuro diligente de Joseph por declarar la ley marcial y cree “entrever una tentativa de golpe de Estado”. La primera cuestión que tenían que resolver los organismos internacionales (ONU) y regionales (OEA), y EEUU como potencia más involucrada en programas preexistentes de cooperación militar y humanitaria, es decidir a quién aceptan como interlocutor. Se inclinaron por Joseph, un político que debía dejar el cargo que ocupó menos de tres meses. Lo consideran jefe de gobierno haitiano, responsable de guiar al país hasta las elecciones. Pero también tendrá que hacer de Jefe de Estado, en un momento en que la coyuntura haitiana se internacionaliza doblemente al revelarse que 26 de los asesinos del presidente eran colombianos, 2 haitianos-norteamericanos, y 11 fueron arrestados en la embajada de Taiwán.

EEUU, el mejor amigo del statu quo

EEUU todavía no se pronunció sobre los dos haitianos-norteamericanos arrestados. Ya han sido identificados, y la embajada de Canadá reconoció que uno de ellos había trabajado brevemente como ‘seguridad privada’ para su sede diplomática. El presidente Joe Biden condenó el “ultrajante” crimen, la muerte de un mandatario al que su país sostenía como garante de una inestable estabilidad perpetuamente amenazada pero cuyo fin esperaba más adelante en el calendario y menos espectacular en su estallido. En el pensamiento de Biden, la solución de los problemas haitianos sólo tiene como recompensa para Washington la morigeración del flujo de esa fuente de perturbaciones, pero ninguna ganancia positiva. Así lo expresó en una entrevista de 1994 con la televisión pública (PBS): “Si, Dios no lo permita, Haití se hundiera para siempre, plácidamente, en el mar Caribe, eso afectaría muy poco a nuestros intereses”. En un año de tensiones raciales y en el día en que defendió encendidamente el retiro de las tropas de Afganistán, las palabras del católico presidente N° 46 de EEUU, entonces senador demócrata por Delaware, que las redes reenviaron decenas de miles de veces el jueves, sonaron racistas con la isla de ex esclavos africanos y despiadadas con las naciones pobres abandonadas a violencias mortales y conflictos armados intestinos en cuyo desencadenamiento y encarnizamiento la política exterior norteamericana desempeñó un papel positivo e incisivo. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Pselki, había hecho declaraciones el miércoles a CNN sobre el asesinato de Moïse para concluir el mensaje de que lo ocurrido en Haití constituye una “trágica tragedia”.     

Con Claude Joseph habló por teléfono el miércoles, después del magnicidio, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. La representante especial para Haití de la Secretaría General de la ONU dijo a los medios el jueves que Joseph es el premier haitiano. Helen La Lime añadió que habrá elecciones generales en septiembre y balotaje de las presidenciales en noviembre, y felicitó a Joseph por mantener ese compromiso. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA Bocchit Edmond, el embajador haitiano en Washington, sostuvo la legitimidad de Joseph para permanecer como jefe de Gobierno y prolongar ahora su titularidad, que parecía destinada a fenecer después de una duración efímera como la de sus cinco predecesores, debido circunstancias no elegidas por él. Nadie discutió esta posición en la organización americana, que resolvió impulsar una “rápida investigación internacional” del asesinato.

El rostro colombiano del magnicidio por encargo

El jueves, en conferencia de prensa, el jefe de la policía haitiana Léon Charles reconoció que faltaba conocer a los autores intelectuales del magnicidio. Pero anunció que ya se conocía a los autores materiales: “Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho están sueltos”.

Diego Molano, ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, y de quien se dice que entiende a la represión de la protesta social en su país con lógica de guerra civil, admitió el jueves por la noche que presuntos mercenarios asesinos son ex integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Dos ex suboficiales y cuatro ex soldados, según identificó el jefe de la policía colombiana, general Jorge Vargas. Las redes sociales colombianas repitieron una y otra vez el comentario “el legado del uribismo, exportar paramilitares”; elDiarioAR.com señaló el miércoles el nexo conceptual entre la ‘seguridad democrática’ del ex presidente derechista Álvaro Uribe y el modus operandi del presidente asesinado en vida y de sus presuntos asesinos.

En un comunicado de prensa, la Embajada de Taiwán en Puerto Príncipe informó que 11 de los presuntos magnicidas habían sido capturados dentro del perímetro de su sede. La isla de Haití es uno de los 15 países que reconoce diplomáticamente a otra isla, Taiwán, como República China, en lugar de a la República Popular: otra herencia de la Guerra Fría y del alineamiento anticomunista de la dictadura Duvalier con Washington.

La escena del crimen está bajo investigación y está siendo estudiada por la Justicia. El juez Carl Henry Destin, según informó un diario de la capital Puerto Príncipe, recorrió la residencia presidencial en las afueras de la ciudad, y vio el cadáver de Moïse extendido en el piso: en su cuerpo se veía el impacto de al menos una decena de disparos de armas de fuego. Un video ya muestra la irrupción en la residencia presidencial. Algunos periodistas locales expresaron dudas, que sus públicos de radio o redes compartieron, sobre la verosimilitud del relato oficial, que revela la autoría material del crimen cometido por un comando súpersofisticado y pagado en dólares, que sin embargo no tenía estrategia de salida. Muchos fueron detectados por la población local, porque no habían planeado dónde ocultarse o hacia dónde huir. El periodismo también mencionó abusos contra la comunidad hispanohablante, acosada o violentada con la excusa de buscar magnicidas. 

Oligarquías, sospechosas de siempre

Sobre los autores intelectuales del crimen, sobre quienes contrataron la muerte del presidente, partidarios de Moïse sostienen que sus promesas e iniciativas últimas de investigar y gravar a la oligarquía enriquecida en contratos con el Estado que concedieron a empresas privadas la concesión de la electricidad y otros servicios públicos le crearon sus más poderosos enemigos. Estos oligarcas, con sus ejércitos privados, recursos en moneda fuerte, y contactos internacionales con otras ‘seguridades privadas’, desocupadas del Estado como las colombianas, fueron los enemigos más poderosos que enfrentó, y los que más tenían que perder. Por tanto, los que tenían móviles y oportunidades mayores y mejores para ‘tercerizar’ su muerte con extranjeros menos conocedores de quienes eran sus comanditarios últimos, e ignorantes de una escena local en la que habrían entrado tres meses atrás.

Moïse, empresario exitoso en la exportación de bananas antes de ser candidato, tercerizó su protección personal y el cumplimiento de la ley. Recurrió, oficial y oficiosamente, transparente o turbiamente, a una seguridad privada que en los hechos equivalía a valerse de pandillas como parapoliciales –con su guardia de tonton-macouts se había sustentado por el terror la larga dictadura anticomunista haitiana de los Duvalier, Papa y Baby Doc. Bandas armadas cuyo imperio es ley fuera de la capital y puerto, en territorios que se disputaban y disputan, y donde el secuestro de la población civil es una forma regular de financiación, en un país donde la diáspora haitiana en EEUU envía 3 mil millones de dólares en remesas a sus parientes en la isla. Esta ‘privatización’ de la seguridad del Ejecutivo acabó por terminar con la única institución, el único poder del Estado, capaz de dar órdenes que eran contestadas pero obedecidas.

La República Dominicana, país con el que Haití comparte la isla La Española, cerró su frontera. Es la voz más viva para pedir el monitoreo internacional permanente de la situación haitiana. Criticó que el jueves el Consejo de Seguridad se reuniera a puertas cerradas, y no invitara a Santo Domingo, el más cercano país extranjero afectado por cada conmoción en Haití.

Las buenas intenciones y el camino infernal a las elecciones generales

Con el apoyo exterior y con el de las bandas que le eran o adictas o venalmente interesadas en su continuidad, y con el apoyo social que retenía un político de derecha populista que en 2016 había ganado las elecciones en primera vuelta con el 54% de los votos, había conservado la titularidad del Ejecutivo, y el ejercicio de este Poder. El Legislativo no sesiona desde 2020. La impopularidad de Moïse crecía a medida que decrecía su moderación para legislar y gobernar por decreto, aun en materia excluida de las potestades del Ejecutivo. El supuesto de acefalía está previsto por la Constitución haitiana. Debería ocupar el cargo el presidente de la Corte Suprema. Pero este Juez supremo murió de Covid-19 tres semanas atrás.  

Aun en el caso que el oficialismo cuestionado resuelva la disputa que abrió en su interior el asesinato, y aun si llega a un acuerdo sostenible con la oposición política para formar un gobierno que guíe al país hasta la celebración de elecciones, ese interinato carece por completo de recursos para asegurar los requisitos más mínimos para la realización material de comicios nacionales. Los 13 mil millones de dólares de la cooperación internacional destinados a obras de reconstrucción después del terremoto de 2010 se agotaron y sólo aliviaron las penurias mayores de la destrucción de infraestructura no por completo reconstruida. Debe conformar un padrón del electorado, crear registros de candidaturas y partidos, fijar condiciones, armar una justicia electoral que evalúe las presentaciones, inscribir votantes que no estén listados, proveer de identificaciones nacionales al presunto electorado, recabar estos datos en todo el país. Y el desafío más imposible será el día de la elección, controlar que electorado vote, que el voto sea secreto, que a nadie se prive del derecho, que el recuento sea vigilado y transparente.

Desde las primeras elecciones libres en la democracia haitiana iniciada en 1986, uno de los más insuperables obstáculos para la gobernabilidad ha sido la desconfianza sorda o el abierto y militante desconocimiento, inmediato o diferido, de los resultados electorales por quienes consideraban que la voluntad popular había sido ignorada o manipulada o descuidada o fraudulentamente alterada. En las condiciones actuales, la exigencia es mayor que nunca, y las dificultades para garantirla son más desalentadoras. Este país de 11 millones de habitantes, aterrorizado por la violencia, es el más pobre de América, y el único del mundo en que no hay ni una sola persona vacunada en la pandemia de Covid-19: la bioseguridad se añade al catálogo de inseguridades, que aun en el caso de improbable paz social, representan erogaciones imposibles para un Estado insolvente. 

AGB/WC

“¿Hay peligro de que el país entre en anarquía?” “¡Ya estamos ahí desde hace semanas!” La pregunta desde París recibió varias veces pareja respuesta en vivo desde Puerto Príncipe el mediodía del miércoles por Radio France Internationale, después de conocerse la noticia del asesinato nocturno del presidente de Haití por un grupo de desconocidos armados que hablaban español. Si el magnicidio fue en realidad ante todo un homicidio, un ajuste de cuentas mafioso entre bandas armadas que se disputan entre sí territorios del interior del país en los que ya son única fuerza y única ley, según una conjetura probable, y no un crimen político, podría iniciarse el diálogo hasta ahora imposible entre la oposición electoral que impugnaba el mandato del asesinado Jovenel Moïse y quienes ocupen interinamente el poder. Siempre y cuando el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo, donde todavía no se ha aplicado ni una sola dosis de vacuna anti-Covid, cuente con auxilio internacional que aporte recursos económicos y humanos para la reconstrucción y la pacificación. Aunque los recuerdos de una situación análoga tampoco son halagüeños. El de Moïse es el primer asesinato de un jefe de Estado en Haití desde 1915, cuando el magnicidio fue causa alegada e insatisfactoria excusa de la ocupación militar de la isla por EEUU.

En un comunicado oficial que reproduce la red alternativa haitiana de información AlterPresse, el primer ministro saliente Claude Joseph informaba que a la 1.00 de la mañana “un grupo de individuos no identificados de los cuales algunos hablaban español habían atacado la residencia privada del Presidente de la República y así herido mortalmente al Jefe de Estado”. Otro medio alternativo, Haiti Press Network, había dado la noticia antes de la confirmación oficial, y lo había hecho en términos más brutales: el Jefe de Estado, el presidente Jovenel Moïse “había sido asesinado después de medianoche”. Y añadía el dato fundamental, sobreentendido en el mensaje del gobierno, de que los desconocidos estaban fuertemente armados. Bocchit Edmond, embajador haitiano en Washington, informa que por imágenes de video con las que cuenta su gobierno piensan que son mercenarios. Profesionales muy bien entrenados que se hicieron pasar, con buen éxito, por agentes de la DEA norteamericana. Que por tanto hablaban inglés además de español. Y que dos varones locales que venían con ellos les sirvieron de intérpretes. Hablaban creole (criollo), lengua nacional junto con el francés de la ex potencia colonial contra la cual luchó una población isleña esclavizada, de origen africano, hasta emanciparse y proclamar la independencia en 1804: la de Haití fue la primera revolución latinoamericana contra los imperios europeos. La Primera Dama, herida de bala por los falsos agentes antinarcóticos, en estado crítico, ya el miércoles estaba siendo atendida en el Baptist Hospital de Ford Lauderdale, Florida, EEUU.  A la noche, Léon Charles, el jefe de la Policía, de quien se dice que es ideológicamente leal a EEUU, comunicó oficialmente que cuatro “mercenarios” del grupo comando asesino habían sido muertos por efectivos policiales que los habían perseguido, que tres agentes que los mercenarios habían tomado como rehenes habían sido liberados, que otros dos presuntos mercenarios habían sido arrestados, pero no informó nada sobre la identidad de los muertos y arrestados, añadió que la investigación continuaba. ,

Durante el mismo miércoles, Joseph hizo un segundo anuncio, publicado en Le Moniteur, el Boletín Oficial haitiano, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad. Declaró el Estado de Sitio por 15 días, una decisión que por su formulación y sus implicaciones equivale a hacer coincidir dos semanas de duelo nacional con una quincena de aplicación de ley marcial. Amélie Baron, corresponsal de la agencia de noticias AFP en Haiti, informa en la televisión pública francesa que las calles de la capital Puerto Príncipe están desiertas, vacías de vehículos, pero también de peatones: para qué salir, cuando “reina la incertidumbre” se pregunta y se responde.  

Descabezamiento de un Poder Ejecutivo precarizado

Claude Joseph es el sexto jefe de Gobierno de la presidencia Moïse. Es premier interino por dos motivos. Por la muerte del jefe de Estado, pero además por una razón previa: era ya el premier saliente. Porque el 5 de julio el presidente asesinado había designado quién sería su séptimo jefe de Gobierno. Había nombrado un sucesor que sustituiría a Joseph pero que no llegó a asumir, el doctor Ariel Henry. Este médico septuagenario, sanitarista, experto que buscaba asesorar al Ejecutivo en la gestión de la pandemia, había ganado prestigio cuando estuvo a la cabeza de la campaña de salud pública que enfrentó una epidemia anterior y local, de cólera. “La población debe restar calma, evitar las manifestaciones y todo acto de violencia, que no haría más que empeorar la situación », pide públicamente la Dirección Política de la Oposición Democrática (Dirpod), enterada, según asegura, ”con consternación“, de la noticia del que llama ”presidente de facto“ Jovenel Moïse.

Las opiniones sobre las causas del asesinato sólo varían en cuántas zonas insisten en dejar todavía abiertas a la duda y a la espera de que una investigación llegue a sus primeros resultados concretos. Jean-Josué Pierre niega que el magnicidio haya sido cometido por las gangs que dominan en el interior de la isla territorios donde la autoridad del Estado no se hace sentir o carece de facultades para hacer cumplir la ley nacional. Son profesionales, declara. Pero también pueden ser mercenarios, admite el embajador de Haití en Francia. Pagado por algún jefe territorial con influencias en el extranjero. Un ajuste de cuentas por interpósita persona, resume Bruno Daroux, periodista de Internationales de France24.

El historiador Christophe Wargny, uno de los mayores estudiosos de Haití, descree de “que sea un ataque contra la democracia: el presidente había sido mal elegido, había gobernado mal –lo que es un eufemismo- y ha terminado mal. De su asesinato se ha dicho que es una ‘tragedia horrible’ y un ‘crimen espantoso’. Él es en buena medida responsable de esta horrible tragedia, y el autor de no pocos espantosos crímenes”. Según la argumentación de este especialista, que confluye con el coro mayoritario de las voces de analistas y observadores que fueron convocadas y oídas por los medios francófonos y anglófonos americanos y europeos en las 24 horas que siguieron a tragedia y crimen, el presidente muerto enfrentó en vida dos tipos de adversarios. Rivales políticos, que lo atacaban por prolongar indebidamente su mandato y por haberse olvidado –otro eufemismo- de convocar elecciones legislativas. Y enemigos mafiosos, en el interior de las pandillas o gangs. Porque adentro de la isla hay un archipiélago de bandas armadas que controlan o se disputan el territorio y los territorios por cuyo dominio y explotación compiten entre ellas.

Para contener la protesta política, pero también social, el presidente había debilitado y desfuncionalizado a las Fuerzas de Seguridad estatales. En la línea de la ética de su anterior formación y profesional –había sido un empresario, y su éxito crematístico había capitalizado como recurso de campaña para ganar elecciones-, había buscado proteger la paz ciudadana acudiendo al servicio pago de una suerte de empresas de ´seguridad privada“. Que encontró en estas pandillas o gangs. Y los gangsters fueron eficaces, violentos y crueles en las tareas remuneradas de su función de ‘seguridad democrática’ (un término que acuñó para Colombia el ex presidente Álvaro Uribe). Aprendieron a ser policías, y a imponer el orden en nombre del presidente y según los intereses del Ejecutivo, y después lo hicieron en interés propio, cortados los lazos de vasallaje y compitiendo contra los nuevos vasallos que buscó pagar o juramentar Moïse. Acaso quienes fueron contratados o contactados por el poder como ejército privado hayan aprendido de su propio éxito a contratar tropas de élite o grupos comando bien entrenados.

El orden democrático, horizonte y casus belli

Jovenel Moïse ejercía el poder por haber ganado las elecciones de noviembre de 2016. Era un empresario sin carrera política, del partido centro-derechista Tèt Kale fundado por su mentor el popular Michel Martelly. Se impuso en primera vuelta con el 54% de los votos. Asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. El gobierno de Moïse estuvo marcado por la inestabilidad política y acusaciones de corrupción agravadas por el escándalo de Petrocaribe y por una larga disputa sobre el término de su período en el cargo. La oposición afirma que debería haber dimitido el 7 de febrero como corresponde a los cinco años de las elecciones de 2015 -canceladas por acusaciones de fraude-y realizadas en 2016. Tampoco se celebraron las legislativas en 2019, como reza la Constitución de 1987. A principios de este año, Moïse argumentando que un complot organizaba un golpe de Estado que planeaba “asesinarlo” y reprimiendo nuevas protestas políticas, ordenó el arresto de 23 personas, incluido un juez de la Corte Suprema y un alto cargo de la Policía.

Según la oposición, las postergaciones electorales que retrasaron la celebración de las presidenciales de 2016 no importan para determinar dónde empieza y dónde termina el período presidencial del sucesor de Martelly. El período presidencial se cuenta desde el 7 de febrero de 2016, dicen, y por lo tanto el mandato expiró. Según el oficialismo, los cinco años se cuentan a partir del día de la asunción del presidente, se tienen que contar cinco años efectivos de ejercicio del poder, y por lo tanto el mandato expira el 7 de febrero de 2022. La ONU, la OEA, y el Departamento de Estado de EEUU aprueban el método Moïse para calcular las fechas de inicio y fin del lustro presidencial haitiano. El presidente colombiano Iván Duque, sucesor del derechista Álvaro Uribe, rechazó el “vil asesinato” del presidente haitiano, “acto cobarde y lleno de barbarie”, y solicitó “una misión urgente” de la OEA “para proteger el orden democrático”. El mismo orden que invocó el presidente norteamericano Woodrow Wilson, un antecesor demócrata de Joe Biden en la Casa Blanca, cuando en 1915 tropas de marines estadounidenses ocuparon Haití y pusieron fin a las dos semanas de caos que siguieron al asesinato de  Jean Vilbrun Guillaume Sam. Este presidente haitiano, en un mandato que su muerte dejó trunco a los cuatro meses de iniciado, había hecho encarcelar y fusilar a casi dos centenares de líderes opositores. La ocupación duró hasta 1934. Por ahora, el Departamento de Estado insiste en que se mantengan las elecciones presidenciales y legislativas planificadas para el 26 de septiembre.

AGB

Con el magnicidio del haitiano Jovenal Moise, ocurrido este miércoles, suman ocho los presidentes latinoamericanos asesinados mientras se encontraban en ejercicio de su mandato desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.

La lista es la siguiente:

Con información de agencias.

IG