El Juzgado Federal N°2 de la ciudad de Salta determinó que el camionero Héctor Romero, de 71 años, no tiene las suficientes pruebas en su contra para involucrarlo en la causa que investiga la desaparición de María Cash y lo sobreseyeron.

Anteriormente el 3 de diciembre, el hombre había sido beneficiado con la prisión domiciliaria, por una enfermedad que padece, tras ser imputado por el delito de “homicidio calificado por alevosía”.

La decisión fue tomada este lunes, según informó la Justicia a través de un comunicado, tras analizar informes periciales y concluir que no hay pruebas suficientes para vincularlo con el caso.

Ante esta situación, el fiscal general salteño Eduardo Villalba adelantó que presentará un recurso de apelación y mencionó que “la resolución se basó en evidencia que, según él, fue malinterpretada y cuestionó que esta decisión impide avanzar hacia un juicio oral que permita aclarar lo sucedido”.

Pese a la disconformidad de la fiscalía con el cierre del caso, las autoridades judiciales destacaron en el mismo comunicado que la investigación fue “rigurosa e imparcial”.

La diseñadora se encuentra desaparecida desde el 8 de julio de 2011 cuando fue vista por última vez con vida en la provincia de Salta, en las inmediaciones del santuario de la difunta Correa, sobre la ruta 9/34, y pese al esfuerzo de las autoridades nunca fue hallada.

Desde hace tiempo, el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó a que la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre Cash sea de $5 millones, lo que motivó aún más a la declaración de testigos falsos.

Su padre, Federico Cash, se encargó personalmente de colaborar con las autoridades pero falleció mientras buscaba a su hija en 2014, tras sufrir un accidente automovilístico en la provincia de La Pampa.

Con información de la agencia NA

El fiscal que investiga el caso María Cash, la joven de 29 años que está desaparecida desde el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, señaló que “la esperanza es que se quiebre del pacto de silencio”.

“Son muchos años de trabajo, ahora con un equipo interdisciplinario. Nuestra esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio que se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntaria e involuntarias, que llevaron a la búsqueda rápidamente en un sentido erróneo”, sostuvo Eduardo Villalba tras imputar al camionero Héctor Romero por el presunto homicidio agravado por alevosía de la diseñadora.

En diálogo con el portal Fiscales.gob.ar, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que Romero dio una “declaración mentirosa, inexacta, y, en todo momento, trató de aferrarse a las declaraciones de personas que los fiscales tienen comprobado que desviaron la investigación”.

En este sentido, recalcó: “Por ejemplo, nos llama la atención como la describe a María Cash, sin dar precisiones, cuando, según él, la llevó unos ocho kilómetros. Y notoriamente miente cuando dice que la dejó cerca de la Difunta Correa, pues nadie más la vio en ese momento, a lo que se suman otras inconsistencias en sus viajes”.

Además, confirmó que se realizará una inspección ocular con el acusado con el objetivo de indique en qué lugar levantó a Cash y dónde la dejó, mientras que se llevarán a cabo rastrillajes sobre una zona en la que los fiscales creen que Romero pudo haber descartado el cadáver, proceso que llevaría entre una o dos semanas.

En tanto, el perfil psicológico del camionero sería “contundente” para trazar un camino sobre el caso que se reactivó después de 13 años sin respuestas.

Natalia Colombo, jefa de psicólogos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), analiza a Romero desde hace dos años y lleva adelante la pesquisa sobre el minuto cero en el que el camionero subió a Cash a su rodado, el cual sería fundamental para saber qué pasó con la víctima.

Las contradicciones del camionero (donde en tres oportunidades cambió el lugar donde la diseñadora se bajó) fueron claves para que la Justicia le dicte la prisión preventiva.

En una de ellas dijo que dejó a Cash antes de la Difunta Correa, otra que ella se bajó dicho lugar y, por último, que fue en la gomería de la familia Crespín, quienes sostuvieron a lo largo de estos 13 años que nunca vieron a Cash.

El diario El Tribuno destaca que el informe realizado por Colombo es “lapidario” y que los detalles que recuerda, que dio en sus testimoniales, son más que elocuentes. Esto se debe a que Romero dijo solo saber cómo la joven iba vestida “de la cintura para abajo” y sus “olores”.

En las pericias Colombo analiza varios estudios, entre los que se encuentran: conversaciones telefónicas, relaciones laborales y cuestiones de salud.

La idea principal es generar el perfil psicológico de Romero y sumar a la causa información importante.

Durante 13 años la causa estuvo paralizada y recién en noviembre de 2024 se logró la primera detención e imputación formal del caso.

MM con información de la agencia NA.

El fiscal que investiga la desaparición de María Cash, la joven que fue por última vez el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, afirmó que el camionero Héctor Romero, el único detenido en el caso, “le quitó la vida” y “actuó solo”.

Eduardo Villalba consideró en declaraciones a la prensa: “A nuestra manera de ver, desde el trayecto hasta Joaquín V. González, por circunstancias que habrá que esclarecer, le quitó la vida a María e hizo desaparecer el cuerpo”.

En este sentido, el funcionario judicial consideró que podría haber más involucrados en el crimen de Cash y que se realizarán más rastrillajes en zonas específicas, a la vez que destacó la investigación “profesional” en la que hay “intervenciones telefónicas”.

“Me llama la atención el silencio del entorno de Romero. Me estoy refiriendo a los empleadores, a las personas que sabían que hacían ese viaje”, señaló.

Al mismo tiempo, remarcó que desde la Justicia “siempre estuvieron en contacto con la familia de la joven” y que “trataron de contener la angustia de la madre y los hermanos”.

Héctor Romero fue imputado por homicidio calificado por alevosía y le dictaron prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición de la diseñadora.

Este miércoles, en una audiencia que se extendió por dos horas, la Jueza Federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, formalizó la acusación requerida por el fiscal Villalba.

El camionero declaró que es inocente y negó la imputación en su contra, mientras que, a medida que eran enumeradas las contradicciones, el hombre converso con su abogado, quien pidió un cuarto intermedio y anunció que su cliente cambió su decisión de no prestar testimonio, por lo que respondió las pruebas dadas a conocer.

MM con información de la agencia NA.

El camionero Héctor Romero detenido por la desaparición de María Cash se negó a declarar y fue imputado por homicidio calificado por su participación en el caso de la joven diseñadora que fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 en Salta.

Este miércoles Romero fue trasladado al juzgado federal y allí se abstuvo de declarar, aunque fue imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía. 

El camionero fue arrestado este martes por orden de la jueza Mariela Giménez después de 13 años del inicio del expediente, donde él ya se encontraba incluido desde un comienzo al ser la última persona que la vio con vida.

Tras la confirmación de su detención, efectivos de Gendarmería Nacional trasladaron al acusado hasta la sede de la Policía Federal en Salta.

En un principio Romero solo estaba incorporado en el caso como testigo, pero en los últimos días su situación procesal cambió y ahora está detenido por su posible vinculación con la desaparición de Cash.

Esto se suma a que sus declaraciones fueron modificándose a lo largo de los años, lo que generó incógnitas en los investigadores y la Justicia.

De acuerdo a su testimonio inicial, el camionero habría levantado a la joven en la rotonda de Torzalito, en la ciudad de General Güemes, y la habría trasladado hasta la Difunta Correa, en el paraje Palomitas.

Con información de NA.

IG

El camionero que vio por última vez a María Cash, la joven de 29 años que está desaparecida desde el 8 de julio de 2011 en Salta, fue detenido hoy y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Se trata de Héctor Romero, el hombre que llegó custodiado por efectivos de la Gendarmería a la sede de la Policía Federal de esa provincia, según informó el portal del diario El Tribuno.

Romero, que fue el principal testigo de la causa y ahora se encuentra imputado, no realizó declaraciones a la prensa sobre la investigación y su situación judicial.

De acuerdo a su testimonio inicial, el camionero habría levantado a Cash en la rotonda de Torzalito, en la ciudad de General Güemes, y la habría trasladado a hasta la Difunta Correa, en el paraje Palomitas.

La jueza Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal número dos de Salta, ordenó la detención del sospechoso, que este miércoles a las 11 será notificado de la imputación por su supuesta participación en la desaparición de la damnificada.

La desaparición de la chica se convirtió en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años, y tomó intervención la Justicia Federal, ya que había indicios de que podría estar encuadrado dentro del delito de trata de personas, tal como sucedió recientemente con Loan Peña, el niño correntino.

Desde hace tiempo, el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó a que la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre Cash sea de $5 millones, lo que motivó aún más a la declaración de testigos falsos.

Su padre, Federico Cash, se encargó personalmente de colaborar con las autoridades pero falleció buscando a María en 2014, tras sufrir un accidente automovilístico en la provincia de La Pampa.

MM con información de la agencia NA.

A 13 años de la desaparición de María Cash, se dio un nuevo giro en la causa luego de que los investigadores pongan el foco en el lugar donde desapareció la joven aquel 8 de julio de 2011 en Salta. 

La intensa búsqueda de Cash es uno de los casos policiales más resonantes y que generan millones de dudas en el país, no solo porque a 13 años no hay datos certeros, sino porque se supo además que muchos testigos “habrían emitido versiones falsas o incurrieron en contradicciones para desvirtuar la investigación”.

Desde el medio El Tribuno informaron que en los últimos días los investigadores pusieron el foco en el último lugar donde fue vista la joven cuando fue filmada por las cámaras del expeaje de Aunor.

En este sentido, aunque la última imagen se obtuvo en el expeaje, se constató que Cash estuvo a 20 kilómetros sobre la ruta 9/34, frente a un santuario de la Difunta Correa. Desde ese punto nadie más pudo responder dónde está.

Para los investigadores, las falsas pruebas y la declaración de testigos entorpecieron la causa y provocaron que, recién 13 años después, se vuelvan a centrar en “la última huella”.

“Lo que sí se pudo corroborar es que estuvo en la ruta nacional 34, en las inmediaciones del pueblo Pampa Blanca, límite con Salta. También las filmaciones de las cámaras del expeaje de Aunor fueron claves”, informaron a dicho medio.

Actualmente la investigación depende de la Justicia Federal porque, cómo sucede en el caso Loan Danilo Peña en Corrientes, presumen que podría tratarse de un delito de trata de personas.

Desde hace tiempo el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó a que la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre Cash sea de $5 millones, lo que motivó aún más a la declaración de testigos falsos. 

En 2017, durante la búsqueda, su papá, Federico Cash, murió durante un choque en la Ruta Nacional 152, en La Pampa.

CRM con información de la agencia NA

En julio de 2011, cuando la diseñadora María Cash fue vista por última vez, no había un área nacional que se ocupara de las desapariciones del presente, salvo el Registro Nacional de Menores Extraviados. Desde entonces, ante un fenómeno que no daba respiro y desnudaba con cada caso la precariedad estatal para abordarlo, el tema se empezó a enfocar desde el Ministerio de Seguridad, recién creado (hasta 2010 había sido una secretaría). Primero hubo un Instructivo de actuación frente a casos de personas desaparecidas. Después, una Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas. Y en 2016, el actual Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

El Sifebu registra las personas desaparecidas y las halladas como N.N. Actúa como enlace en tiempo real entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales y Migraciones a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Provee recursos para ciertas búsquedas (georradares, perros, expertos, drones, vehículos u ofertas de recompensas a cambio de datos). Interviene en los casos si la justicia lo pide. Y administra el programa para casos de chicos o adolescentes desaparecidos Alerta Sofía, que Argentina ya activó tres veces: por Abril (2019, en Punta Indio, hallada); por Maia (2021, en Ciudad de Buenos Aires, hallada); y por Guadalupe Lucero, aún desaparecida, en San Luis.

La abogada Leticia Risco, directora del Sifebu, hace el siguiente balance: “Este mes se cumplen diez años de una política pública que nace con el caso María Cash. Hoy hay más conocimiento y avances. Sabemos, por ejemplo, que no hay vinculación directa entre desapariciones y trata de personas; que sólo el 1% de las desapariciones se relaciona con el delito, sobre todo con femicidios; y que el resto se vincula más con conflictos intrafamiliares y otros. Hoy hay colaboración con las provincias y articulación con organismos como Interpol y el Icmec (Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados). Nos interesa entender el fenómeno, poner recursos a disposición y dar entrenamiento a policías y fiscales”, agrega Risco. En la última capacitación anual, durante el confinamiento, tuvieron 5.600 inscriptos.

Pero las búsquedas arrastran problemas comunes que exceden al Sifebu. Risco resume: “Muchas veces no hay una activación en las primeras horas; las cámaras de seguridad, si no las pedís inmediatamente, en muchos casos se borran; los rastros de los perros se pierden entre las 48 hs y los 20 días; y falta entrecruzamiento de información en el país”. El último punto es de los más graves. La fragmentación de los datos de búsquedas y hallazgos, combinada con la variedad de métodos de trabajo de policías, médicos, jueces, fiscales y cementerios del país, conduce periódicamente a errores y ahonda el dolor. Los casos de Mariela Tasat (2002), Luciano Arruga (2009) y Johana Ramallo (2017), quienes permanecieron años como desaparecidos cuando, lamentablemente, habían muerto, ejemplifican esta realidad, que arrasa con la vida de las familias mientras se lleva puesto el prestigio de las instituciones.

El diagnóstico no es nada nuevo y hubo iniciativas parciales para afrontarlo, como un sistema informático creado por la ex procuradora bonaerense Graciela Falbo (2012), o un protocolo para identificar personas y cadáveres diseñado por el exsecretario de Derechos Humanos Santiago Cantón (2019). Pero nada se aplica, el problema crece y es nacional. Ya en 2009, Alejandro Incháurregui (uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense) escribió: “¿Por qué no nos escandalizan las personas N.N. en el país de Vucetich?”, en el libro Tras la búsqueda…, sobre la experiencia de una oficina a su cargo que atiende este tema desde 1999 en el ámbito bonaerense (la Dirección de Personas Desaparecidas).

Por todo esto, hoy el proyecto más urgente es un banco de datos federal, que centralice información elemental (forense, antropológica, genética, de huellas dactilares) para búsquedas profesionales. Ya hubo reuniones entre el Sifebu, el Conicet y del Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG]. El rol del BNDG es un punto sensible, ya que este laboratorio, por ley, sólo debe ocuparse de buscar a los hijos de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Y abrirlo a otras tareas –como reclaman activistas por el derecho a la identidad de origen– no está en el plan del Gobierno. La idea es involucrar laboratorios forenses provinciales y que el BNDG, sin dejar su objeto de trabajo actual, sí administre una gran base de datos común. “No proponemos modificar la ley [del BNDG], sino aprovechar su enorme experiencia, métodos y técnicas científicas, en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”, dijo el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero este año ante el Congreso. 

El mito de las 24 horas

Otro de los problemas citados por Risco son las primeras horas, cruciales para investigar una desaparición, pero a veces desperdiciadas por la demora en denunciar, o por algo peor: la negativa de la Policía a recibirlas, con el pretexto de que hay que dejar pasar 24 horas. Hace diez años, cansado de esta práctica en la Policía Bonaerense, Incháurregui (director de Personas Desaparecidas, en el Ministerio de Seguridad bonaerense) inició un expediente administrativo para averiguar, área por área, si en la fuerza de Seguridad más numerosa del país existía una norma que indicara esperar 24hs.

Ese trámite demostró que no existía ni había existido una disposición semejante. Que lo de las 24 hs es sólo un hábito (que no se agota en La Bonaerense). El ministro de ese momento, Ricardo Casal, emitió así una resolución (la 3980/2011) que ordenaba tomar las denuncias de inmediato, siempre. El año pasado, el jefe de la Bonaerense recordó a toda la fuerza la vigencia de aquella resolución mediante un radiograma que llegó a las comisarías como muestra de que sigue siendo necesario frenar un hábito insólito y peligroso, que puede arruinar una búsqueda en su punto cero. Por su parte, Personas Desaparecidas difundió el instructivo “¿Qué hacer cuando desaparece una persona?”, donde se destaca: “Si un ser querido desaparece, lo mejor es que hagas la denuncia inmediatamente. No tenés que esperar ni 24 ni 48 horas”.

 JLMK

María Cash salió de la estación de ómnibus de Retiro rumbo a Jujuy. Durante cuatro días la vieron en las calles, en bares, en plazas y en hospitales. Hasta que al salir de una consulta médica nadie más recuerda habérsela cruzado. Una cámara de la autopista la mostraba cerca de Salta vestida con botas de gamuza beiges, jeans y un bolso rosa que llevaba cruzado como bandolera. Casi como si hubiera ido perdiendo retazos, en el camino hasta allí fue abandonando su valija llena de ropa que había hecho para vender, dos mochilas, su documento de identidad y el celular. Se la buscó como víctima de trata, se siguieron decenas de hipótesis, las desecharon, se ofreció una recompensa, se encontraron mensajes con pedidos de ayuda, pero ninguno llevó a una pista firme. Hoy se cumplen 10 años de su misteriosa desaparición.

Hacía tiempo que María buscaba un lugar que no encontraba. Había empezado carreras y las había abandonado. De Arquitectura a Indumentaria, cursos de meditación. Un local en Palermo para vender ropa. Se abrumaba en la Ciudad y siempre se quería ir. Un noviazgo largo que se terminó. Un pasaje de ida para Brasil, estadías en las sierras de Córdoba, en la Costa, en Bolivia, en Chubut. Le costaba quedarse quieta y seguía probando. Tuvo novios en esos destinos y los dejó para seguir un viaje que no sabía a dónde la llevaría. Volvía siempre a Buenos Aires, pero según el relato de amigos y familiares, siempre con la convicción de que ya no quería vivir más aquí. Así fue que el 4 de julio de 2011 partió hacia Jujuy. 

Llegó al norte un día y medio después, el 6 por la mañana. Todo el relato de lo que le sucedió en los tres días que la vieron allá se vuelve un tanto fantasmal. En un taller pidió cargar su celular, llamó a un amigo que vivía en Salta y no lo encontró. Luego llamó a la hermana del amigo. Ella le dijo que fuera para su casa, pero María le contestó que luego vería. No los volvió a contactar. A las pocas horas arrancó para el sur de la Provincia. Cerca de las 23, una cámara del peaje la tomó caminando de un lado para el otro, sin un rumbo claro, muy cerca de Salta. Ahí ya no llevaba sus cosas. Un par de horas después entró a un hospital en esa ciudad. Se sentó en la sala de espera y cuando la llamaron no reaccionó. No se dejó atender y salió sin hablar. El jueves 7 la vieron pasear por Salta. El día siguiente, el de su desaparición, a María la volvió a tomar una cámara del peaje. Hizo dedo y la levantaron un par de veces rumbo a Jujuy. Desde un locutorio mando correos a una amiga pidiendo que le manden los contactos de nuevo porque ya no tenía su celular. Por la tarde, fue a un consultorio médico en el centro de esa ciudad. Esa vez se dejó atender. Se llevó unas recetas y se fue. Nunca más la volverían a ver. 

Desde ese día, a María la buscaron primero en las dos provincias y luego en todo el país. Su cara estuvo en los medios, en carteles en la calle, en las lunetas de los autos. Apenas apareciera alguien tenía que identificarla, se esperanzaban los padres. Pero el tiempo pasaba y María no aparecía. La causa se inició como búsqueda de paradero en un juzgado de Instrucción. Se hicieron rastrillajes con perros y dos allanamientos en Rosario de la Frontera y en Metán, en Salta. Se giraron pedidos de informes a los hospitales y centros de salud mental de todas las provincias. Les tomaron testimonios a todos los que la vieron y ninguno entregó algún dato preciso. Durante la investigación se recibieron muchos datos falsos que complicaron con su chequeo. Al presumirse que María había sido víctima de trata, la investigación pasó al juzgado Federal de Servini de Cubría y luego a la Justicia Federal salteña, donde aún la causa sigue abierta. 

La familia nunca desistió de la búsqueda. Su papá, Federico Cash, estuvo casi tres años recorriendo Argentina. Alguna vez denunció que lo amenazaron para que dejara de buscarla. Federico murió en un accidente en 2014 cuando viajaba por una ruta del interior de La Pampa, repartiendo folletos con la cara de su hija. Dos años después de su muerte, la familia Cash anunció que dejaría de buscar porque no contaba con recursos para seguir. En ese momento, el gobernador de Salta decidió aumentar la cifra de la recompensa.

Un año más tarde, en 2017, en dos estaciones de servicio en Chubut y Santa Cruz, encontraron mensajes escritos que decían: “Ayuda, soy María Cash, me llevan a un pueblo de Las Heras en auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio”. Tampoco el chequeo de esa información prosperó. En 2018, a partir de la denuncia de una mujer, se realizó un ADN en un cráneo encontrado en Bolivia. La mujer sostuvo que efectivos de las fuerzas federales eran responsables de la desaparición de la joven. El análisis genético dio negativo. 

El año pasado, el hermano y la mamá de María difundieron una imagen actualizada de cómo sería su cara con diez años más. De la confección estuvieron a cargo de un grupo de peritos que trabajaron en el caso Sofía Herrera, la nena de tres años desaparecida en 2008 en un camping de Río Grande, de quien también se difundieron retratos actualizados.

Este año, una mujer testigo en una causa de trata en Salta denunció que su marido y unos agentes penitenciarios habían participado del secuestro de la joven. “Nunca salió de Salta y no creo que esté viva”, dijo. Los fiscales a cargo de la investigación no encontraron una prueba que los llevara a pensar que la versión era cierta. 

Esta semana, al cumplirse 10 años de la desaparición, la madre y el hermano de María irán a Salta. Se reunirán con el juez federal y con el fiscal que lleva adelante la investigación y con el área de Gendarmería que realizará una revisión de tramos de la causa para ver si encuentran algún elemento que se haya pasado por alto en el pasado. El equipo es el mismo que revisa el caso de Guadalupe, la nena de 5 años desaparecida en San Luis.  

AM