Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria colectiva argentina se detiene en las huellas de un plan de exterminio que, en Tucumán, tuvo un prólogo feroz con el Operativo Independencia. Mientras el país conmemora cinco décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, en esta provincia el reloj parece haberse detenido. La reciente suspensión del juicio por el Ingenio La Fronterita, con 68 víctimas de delitos de lesa humanidad que debía iniciar este 11 de marzo, demuestra que el poder económico aún batalla por evitar el banquillo de los acusados sobre su complicidad con el terrorismo de Estado.

El mundo rural como blanco del plan sistemático de exterminio

El terrorismo de Estado en Tucumán no fue un fenómeno meramente urbano, fue una cacería diseñada para desarticular el movimiento social en el corazón productivo de la provincia. El plan sistemático de exterminio tuvo como blanco a los trabajadores de la caña de azúcar y del mundo rural, un sector que representaba parte de la columna vertebral de la resistencia social y sindical.

Para las fuerzas represivas, el peón de surco y el obrero del ingenio no eran solo trabajadores, sino objetivos militares dentro de una estrategia de control territorial. La militarización de los pueblos azucareros buscaba aniquilar la histórica capacidad de movilización de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), el poderoso gremio azucarero que había tenido conquistas históricas, desafiando hasta al expresidente Juan Domingo Perón. En este esquema, el ingenio dejó de ser una unidad productiva para integrarse a la logística del horror, convirtiendo el paisaje rural en un escenario de persecuciones, secuestros y disciplinamiento social a través del miedo.

La cacería de Ortiz

Dentro de este plan, la figura de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato de La Fronterita, personifica la saña contra el sindicalismo de base. Su secuestro, ejecutado en 1976, fue una muestra de la cacería coordinada entre el Ejército y la empresa. Ortiz fue arrancado de su hogar en un operativo violento, realizado a plena luz del día y frente a su familia, lo que evidencia “la zona liberada” que imperaba en los alrededores del ingenio.

Según los registros y testimonios, Ortiz no fue llevado a una comisaría, sino trasladado de inmediato a la base militar instalada dentro del propio predio de La Fronterita. El ensañamiento contra él fue particular: por su rol de liderazgo y su defensa de los derechos de los obreros del surco fue sometido a interrogatorios bajo torturas en los mismos galpones donde habitualmente cumplía su labor.

La logística empresarial fue determinante: se denunció que los grupos de tareas utilizaron camionetas de la propia compañía para su traslado y que la oficina de personal facilitó los datos precisos para localizarlo. Su destino final es incierto, tras pasar por este Centro Clandestino de Detención (CCD). Ortiz está desaparecido, siendo el símbolo de cómo la estructura empresarial proveyó “listas negras” para eliminar a los referentes rurales más combativos. 

Fidel Jacobo Ortiz no era un dirigente cualquiera. Se había criado en la Colonia 3 del ingenio La Fronterita, viviendo allí con su familia en las modestas casas que la empresa construía para sus trabajadores. Comenzó como obrero del surco –el trabajo más duro en el cultivo de caña– pero su compromiso con los compañeros lo llevó a escalar posiciones en el sindicato. Su influencia era tal que, a pesar de venir de una familia humilde, fue electo secretario general con 35 años y representó con dignidad los intereses de los trabajadores azucareros, según testimonios, frente a las injusticias laborales y al modelo productivo inequitativo que implementaba la empresa. 

Ortiz fue secuestrado unos días después del golpe de 24 marzo de 1976. Lo liberaron 43 días más tarde, en la localidad de El Manantial, luego de haber sido sometido a torturas, por lo que su estado de salud era delicado cuando regresó a su casa, recordó su hija Hortensia Ortíz, quien dialogó con elDiarioAR. Había perdido su trabajo en La Fronterita y sus verdugos le advirtieron que abandonara el país pero regresó con su familia y en junio fue detenido, una vez más, y nunca más se supo de él. “Papá no quería dejarnos, a pesar de las amenazas”, rememoró Hortensia. “Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo”. 

Galpones convertidos en mazmorras

En la planta azucarera operó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal, los propietarios del ingenio cedieron tres galpones a los militares, denominados “Tambo” y los “Conventillos”, utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra y “Campamento”, en donde estaban las carpas del Ejército Argentino desplegadas alrededor de una laguna de descarte de desechos de la planta azucarera. En los dos primeros se secuestró, torturó y desapareció a decenas de personas, a solo 300 metros de la casa del administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien no podía haber desconocido la existencia de esos delitos. El lugar fue funcional a la “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasaron alrededor de 2.500 víctimas, que está a solo seis kilómetros.

El caso de La Fronterita no es aislado, también se utilizó la misma metodología represiva en los ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía, Bella Vista y Concepción. En este último, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí, pegado a la capital tucumana, al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran gremialistas de la FOTIA o delegados del ingenio. De ese total, 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa aportó vehículos para los operativos de secuestros, muchos de los cuales sucedieron en las propias instalaciones. El genocida condenado y fallecido Antonio Domingo Bussi, excomandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en la planta, según testimonios.

Las cifras del genocidio

Una investigación conjunta del Centro de Estudios Genocida (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán (MIT), en base a datos extraídos de los juicios que se sustancias en estrados judiciales federales, reveló otra dimensión del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983, al consolidar una base de datos actualizada a 2025 que documenta 1.887 víctimas.

El estudio arrojó que el 44% de las víctimas tucumanas –825 personas– fueron secuestradas durante el Operativo Independencia, lo que confirmó que la represión ilegal no comenzó con la dictadura cívico militar, lo que desmantela la narrativa que intenta diferenciar ambos períodos. El 64% de las víctimas secuestradas (527) fueron liberadas, hubo 40 casos de crímenes y 258 personas están desaparecidas. El alto porcentaje de sobrevivencia no fue una rareza tucumana: una proporción similar se registra a nivel nacional. 

Al poner la lupa sobre los secuestros, se determinaron sus actividades en 555 casos: 450 víctimas trabajaban, 66 estudiaban y 28 estudiaban y trabajaban. El grupo más grande fue de la industria azucarera (123) y durante la dictadura este número ascendió a 305. Le siguieron los trabajadores de la administración pública (42), de otras tareas agrícolas (39) y de construcción (32). La cifra de 305 refleja la centralidad económica y política de los ingenios en la provincia, así como la determinación de las fuerzas armadas de desarticular cualquier organización sindical o política vinculada a la industria.

La geografía del terror en Tucumán se materializó, además, con la existencia de 80 centros clandestinos de detención identificados: 14 estaban vinculados a ingenios azucareros. Así, la fábrica y el campo dejaron de ser lugares de producción para transformarse en nodos de un sistema represivo que articulaba el poder económico con el militar.

Los acusados: de la gerencia al banquillo

La causa Fronterita tuvo un sinuoso recorrido. En 2019, el juez federal Daniel Bejas –actual miembro de la Cámara Nacional Electoral- dictó la falta de mérito para los empresarios acusados, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Tucumán. Fue la Cámara de Casación quien, en diciembre de 2020, revirtió ese criterio y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán procesó a los imputados por crímenes de lesa humanidad.

Producto de esas demoras judiciales solo llegaron a juicio dos acusados de la media docena original: Jorge Alberto Figueroa Minetti, que era administrador, y Eduardo Buttori, exmiembro del directorio. La fiscalía los acusa de ser partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad contra 68 víctimas, incluyendo torturas, homicidios y violencia sexual. La acusación sostiene que la empresa prestó apoyo logístico esencial –vehículos, predios y combustible– para la persecución de sus propios empleados. Otros dos exdirectivos procesados quedaron afuera: Alfredo José Martínez Minetti, fallecido, y Fernando Cornú De Olmos, apartado por problemas de salud.

El juicio oral estaba previsto para marzo de 2025 pero fue suspendido por la recusación contra dos juezas y para analizar el estado de salud de los dos empresarios imputados. Finalmente, el pasado miércoles 11 de marzo, tras innumerables demoras, debía comenzar el juicio oral contra Figueroa Minetti y Buttori pero un día antes, el Tribunal Oral Federal suspendió el debate: la defensa solicitó una nueva pericia médica sobre la salud de Figueroa Minetti, lo que obligará a intervenir al Cuerpo Médico Forense. La fecha de inicio quedó en suspenso.

“Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial y que investiga delitos de lesa humanidad. Esta situación coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia. El juicio tiene, además, un carácter histórico: es el primero en Tucumán que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado”, sostuvo a eldiarioar Rodrigo Scrocchi, integrante de la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). 

“A horas de comenzar el juicio, esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia”. “A 51 años del Operativo Independencia y a 50 años del terrorismo de Estado en Argentina, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia”, señaló la entidad en un comunicado. ANDHES acompaña la causa como querellante y representa a familiares de víctimas del Ingenio La Fronterita, entre ellos, a la familia de Ortiz.

Consultada Hortensia por elDiarioAR sobre esta nueva dilación, su breve respuesta fue: “tememos que ahora todo quede en la nada como en otros casos, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”. Y tras un silencio, agregó: “nos piden que esperemos, que tengamos paciencia pero la paciencia alguna vez se acabará”.   

El espejo del Ledesma

La suspensión del juicio en Tucumán encendió las alarmas por su similitud con el caso de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Blaquier falleció en 2023, a los 95 años, sin haber sido juzgado, beneficiado por una estrategia judicial de dilación. El caso Blaquier quedó definitivamente cerrado por la muerte del imputado, el de La Fronterita está “al borde de la impunidad biológica”. 

Ambos procesos ilustran lo que los organismos de derechos humanos identifican como una resistencia estructural del Poder Judicial para avanzar en causas contra actores económicos. De las 360 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas en el país, desde 2003, solo cinco involucraron a empresarios y ninguno del sector agroindustrial ha sido condenado hasta el momento. La impunidad biológica, lejos de ser un destino inevitable, aparece como consecuencia directa de “las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”. A 50 años del golpe, la justicia no puede seguir siendo un trámite postergable.

DC/MG

El Grupo Ledesma, de Jujuy, cuyo buque insignia es el ingenio azucarero homónimo despidió a 311 trabajadores desde fines de febrero hasta aquí. Un fuerte achicamiento en su plantilla de empleados de distintas áreas del que poco se habla en esa provincia porque se trata de una poderosa empresa, propiedad de los Blaquier, con la que nadie quiere entrar en conflicto. Sus influencias van desde el mundo de la política y empresarial, hasta la vida cotidiana de la ciudad de Libertador General San Martín –en donde está la planta– porque 7.000 personas dependen de los sueldos que la firma paga todos los meses.

El gremio azucarero inició un plan de protesta y de reclamos ante el Gobierno provincial y la Secretaría de Trabajo de la Nación, con escasa respuesta. “Los funcionarios solo firman actas, no intervienen”, lamentó Luciano Lezano, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), en diálogo con elDiarioAR. Las primeras desafectaciones de este año fueron 165, en febrero, y el resto, hasta completar las 311, se concretaron la semana pasada. Los despidos abarcaron a empleados de distintas áreas, antigüedades y con legajos intachables, se señaló. Del total, 75 despedidos fueron “cascos blancos”, el color de los protectores reservados para cargos jerárquicos y profesionales que están afuera de convenios. En la última tanda de despedidos hubo ingenieros, arquitectos, jefes de áreas, miembros del equipo de comunicación y personal que estaba a cargo de proyectos de vinculación con la comunidad, en escuelas o centros comunitarios.

Si bien la empresa asegura que se paga a cada despedido el total de las indemnizaciones de ley, desde el gremio aseveran que se abona el 65% de lo que correspondería. Según el dirigente Lezano, que asumió en febrero, tras derrotar a la lista oficialista que llevaba años al frente del SOEAIL, la conducción anterior no homologó los últimos acuerdos salariales, por lo que las liquidaciones se realizan en función del sueldo básico de 2022. “Ya hicimos los reclamos por las vías formales pero, mientras tanto, nadie está en condiciones de rechazar el dinero del despido”, sostuvo. Los despidos, por otro lado, se produjeron a las puertas del inicio de las paritarias, por lo que nadie duda que eso condicionará las negociaciones. En la actualidad, un trabajador percibe, en promedio, una cifra mensual que no llega al millón de pesos. “Nosotros vamos por un inicial de 1,8 millón de pesos, nadie puede mantener a una familia con menos”, expresó Lezano. 

El Grupo Ledesma es mucho más que azúcar. También es papel, frutas, jugos y aceites, diversificación con la que equilibra sus ingresos anuales cuando flaquea alguna de las producciones. Como sea, es un pilar económico central para la región y sus 111 años de historia se hacen sentir también en la cultura, la actividad comercial y hasta educativa. El silencio desde el mundo de la política por los 311 despidos es otra expresión de hasta dónde llegan las influencias del imperio Blaquier. elDiarioAR intentó en vano dialogar con el intendente radical Oscar Ramón Jayat. El pasado 11 de mayo hubo elecciones legislativas de medio término en Jujuy y en la ciudad del Ledesma se impuso La Libertad Avanza con el 20% de los votos, le siguió el Frente Jujuy Crece –del gobernador radical Carlos Sadir– con el 13,3%, tercero se ubicó el Frente Justicialista (12,1%) y cuarto quedó el Frente de Izquierda (7,8%).   

Una ciudad como Libertador General San Martín, de 92.000 habitantes, según el último censo nacional, acusa recibo de inmediato cada vez que el ingenio paga los 7.000 sueldos. “Todo el pueblo se mueve a su ritmo, el comercio se dinamiza porque vende desde el quiosquero hasta el que ofrece muebles, sin contar que las confiterías se llenan los fines de semana”, describió a este medio un empresario de esta ciudad jujeña que prefirió el anonimato y que integra la Cámara de Comerciantes de Jujuy. “Además, se paga por quincena y eso también ayuda para el movimiento de dinero en la calle. Pesa más que la municipalidad”, agregó. 

Protesta sobre la ruta

La semana pasada, apenas comenzaron a llegar los telegramas de despidos y mientras otros fueron notificados en sus puestos de trabajo, el sindicato azucarero se puso en alerta, realizó asambleas y se decidió una protesta sobre la RN 34, el pasado viernes 16, con cortes intermitentes de la calzada para visibilizar el reclamo. Fue imposible. “Llegaron al lugar policías de la provincia y agentes de la Gendarmería en una cantidad sorprendente. No se hizo el corte porque el dispositivo de seguridad fue enorme e intimidaba, aunque los manifestantes se quedaron al costado de la ruta distribuyendo volantes, en los que se describía la situación”, contó a este medio Alejandro Zenteno, director de la FM Bajando Caña, que puso en funcionamiento desde 2016 el SOEIL y es un medio de comunicación clave para informar el día a día del conflicto. “Nosotros no tenemos las mordazas de la pauta o la presión política, así que somos una emisora muy escuchada, además la actual comisión tiene como premisa comunicar todo lo que se hace”, contó.

Han despedido a empleados que estaban en sus puestos de trabajo. Los fueron a buscar empleados de seguridad, los acompañaron a que retiren sus pertenencias y al llegar a la puerta de la planta los hicieron firmar la notificación

Alejandro Zenteno — Director de FM Bajando Caña

Pese al tesón y a la visibilización del conflicto que activó el gremio azucarero, el temor y la incertidumbre pesan. “Han despedido a empleados que estaban en sus puestos de trabajo. Los fueron a buscar empleados de seguridad, los acompañaron a que retiren sus pertenencias y al llegar a la puerta de la planta los hicieron firmar la notificación”, describió Zenteno, en base al testimonio de un oyente que se quedó en la calle y estaba a tres años de la jubilación. “Hacer esto a la vista del resto de los compañeros de trabajo es buscar disciplinar e intimidar, porque todos se preguntan si los próximos no serán los ocasionales testigos de ese momento tan traumático en la vida de una persona. Y así, se piensa dos veces al momento de participar de una asamblea o una protesta. Hasta el despedido teme porque es posible que tenga un familiar en la planta”, agregó el trabajador de prensa azucarero.

Uno de los pocos que se sumó al reclamo gremial en la ruta, la semana pasada, fue el diputado nacional de izquierda Alejandro Vilca. “Es imposible mirar para otro lado, frente a dolor del que se queda sin trabajo, por eso decidimos acompañar esta lucha. Además, esto sucede en un contexto nacional que es aprovechado por la empresa debido a un Gobierno que favorece la pérdida de derechos laborales con la complicidad de los gobiernos provinciales”, señaló. “La mayor parte de los políticos jujeños tienen alguna vinculación con el poder que construyeron los Blaquier y por eso miran para otro lado”, remarcó a elDiarioAR.

Según Lezano, el secretario general del SOEIL, la zafra azucarera debe comenzar el próximo 16 de junio pero antes se tiene que cerrar la paritaria, un debate que augura rispideces por el plan de achicamiento y por el $1,8 millón que pedirán como salario inicial. “Por nuestras presentaciones formales, ya hubo encuentros con representantes de la empresa en la Secretaría de Trabajo de la Nación pero la firma mantiene un espíritu de diálogo, no de negociación y nosotros queremos eso, negociar, que no se dilate. El problema es que los funcionarios públicos solo redactan actas y no median a favor de los trabajadores, que somos el eslabón más débil”, sostuvo. Describió que el sector tiene un convenio que garantiza trabajo por diez meses a los trabajadores azucareros y la empresa quiere reducirlo a cinco, así el resto del tiempo contrata a empresas que tercerizan. “Les saldría más barato porque serán empleados sin derechos. Nosotros no estamos dispuestos a negociar esa estabilidad que tanto costó conseguir y profundizaremos la lucha”, remarcó Lezano.

El más grande

El ingenio Ledesma es el primer productor de azúcar del país, con el 17% del total y posee 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de caña, con las que produce azúcar, papel y alcohol. Aun así, de acuerdo a su último reporte enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), sus ingresos fueron de $557.064 millones el año pasado, una marcada caída frente a los $784.579,5 millones de 2023. La ganancia neta fue de $915,7 millones, en comparación con los $114.000 millones del informe elevado en febrero de 2024. De acuerdo al documento elevado, “hubo una fuerte disminución de ventas y márgenes en todos sus negocios y precios, que no lograron compensar el aumento de los costos”. 

Por otro lado, “los precios de la mayoría de los productos comercializados por la compañía no pudieron acompañar la suba de los costos”, explicó la empresa ante la CNV. Sostuvo que en el caso del azúcar, “los valores se mantuvieron deprimidos y las ventas por debajo del ejercicio pasado, así como el consumo, que siguió sin recuperarse y el mercado estuvo sobreofertado, debido a las mejores condiciones agronómicas de este año respecto del anterior”. El documento asevera que el negocio del papel “también se mantuvo desafiante en materia comercial y mostró un marcado deterioro de las condiciones del mercado”, como ya viene ocurriendo desde hace por lo menos un año. Solo los rubros de frutas, jugos y aceites mantuvieron expectativas en alza por los buenos niveles de los precios internacionales, por lo que la empresa se mostró “optimista” sobre el futuro de este segmento comercial.

Con este escenario se encontró el nuevo Gerente General del Grupo Ledesma, Diego Lerch, que asumió el abril en reemplazo de Javier Goñi, se indicó. Y una de sus primeras medidas fue implementar un severo ajuste que recayó sobre la planta de empleados. En las últimas horas, de acuerdo a una fuente que hasta hace días tuvo relación con la firma, la intención de la firma sería llevar a 600 los despidos. Un trago amargo para una comunidad que depende en gran medida del imperio Blaquier. 

DC/MG

La vida de Luis Arédez, médico pediatra y militante de la tradicional Unión Cívica Radical (centro), y Carlos Pedro Blaquier, dueño de uno de los apellidos icónicos del poder económico de Argentina, se cruzó en la provincia de Jujuy, extremo norte del país, entre las décadas de 1950 a 1970. Arédez fue desaparecido el 13 de mayo de 1977, tras acercarse a la izquierda peronista y ser elegido intendente (alcalde) de la ciudad de Libertador General San Martín, sede del ingenio azucarero Ledesma. Blaquier murió este lunes, a los 95 años, luego de eludir por décadas, gracias a la dilación de los tribunales, acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Las reacciones que despertó el fallecimiento de Blaquier ilustran lo que significó el magnate en la historia reciente argentina. Unas 150 esquelas en su honor fueron publicadas al día siguiente de su fallecimiento en la edición papel del conservador diario La Nación, a la vieja usanza. Entre quienes brindaron su homenaje, aparecen las firmas de grandes terratenientes que transitan la vida económica argentina desde el siglo XIX (Martínez de Hoz, Bosch, Álzaga, Quintana; Blaquier es otro de ellos) y emblemas de emporios industriales y contratistas del Estado del siglo XX y XXI (Rocca, Bulgheroni, Werthein, Bagó, Roemmers, Pagani). Se sumaron estudios jurídicos, universidades privadas, periodistas, economistas y exfuncionarios de la última dictadura (1976-1983) y de distintos gobiernos conservadores. El alcalde de Buenos Aires y uno de los principales candidatos para las elecciones presidenciales de este año, Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), despidió “a Carlos Pedro con mucho cariño”.

La síntesis del pesar por Blaquier quedó expresada en las condolencias transmitidas en redes sociales por Mauricio Macri, quien congrega la doble faceta de expresidente (2015-2019) y accionista de firmas que conformaron la “patria contratista”. El exmandatario conservador expresó su “cariño” por uno de los “empresarios más importantes del país” y “uno de los grandes referentes de la agroindustria”.

“Queda claro quién sigue escribiendo la historia”, dijo a elDiario.es Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido.

Militantes por los derechos humanos y víctimas de la dictadura se ocuparon de llenar los silencios de quienes homenajearon a Blaquier. “Impunidad” fue la palabra común. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, expresó: “La muerte del dueño de lngenio Ledesma deja nuevamente en evidencia la responsabilidad del Poder Judicial en las graves demoras que impidieron que el empresario fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad”.

El peso de un apellido

La atención en la figura de Blaquier radica en dos aspectos centrales. Por un lado, las características peculiares de las desapariciones en las que estuvo supuestamente involucrado. Por el otro, el empresario fallecido fue el más emblemático de la denominada “pata civil” que pasó por el banquillo por crímenes de lesa humanidad aunque, finalmente, logró eludir un juicio.

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, a tres meses del golpe que entronó al general Jorge Rafael Videla, las localidades de Libertador General San Martín y de Calilegua vivieron lo que luego se conocería como la Noche del Apagón. Eran semanas en que las desapariciones arreciaban en toda la Argentina.

Durante varias noches a oscuras, las fuerzas represivas recorrieron casa por casa y secuestraron a cientos de personas en ambas ciudades hermanas de Jujuy, cuya fuerza laboral privada dependía casi exclusivamente del Ingenio Ledesma. Los traslados de las víctimas fueron realizados en vehículos de la empresa. Ledesma era entonces y es hoy la productora dominante de azúcar y una de las principales de papel en la Argentina.

Luis Arédez había llegado a Libertador en 1958 para atender a las familias de los trabajadores del Ingenio. El pediatra se encontró con los estragos que provocaba el trabajo infantil en la zafra azucarera y comenzó a reclamar por la vida de los niños y los derechos sanitarios de los trabajadores. De inmediato, entró en conflicto con el emporio azucarero en el que comenzaba a pisar fuerte Blaquier, tras casarse con una de las herederas de la familia que había hecho crecer el ingenio desde principios de siglo. A los pocos años, luego de la muerte de su suegro, el yerno ilustre asumiría plenos poderes.

El médico continuó trabajando en el hospital público y en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. En 1973, al final de otra de las dictaduras militares argentinas, Arédez fue elegido alcalde de Libertador General San Martín. Juan Domingo Perón regresaba a la Argentina tras dieciocho años de exilio y el peronismo se dividía en extremos de izquierda y derecha. La UCR, el partido de Arédez, también albergaba corrientes opuestas, aunque más moderadas, por lo que no era ilógico que un médico con su trayectoria representara al peronista Frente Justicialista de Liberación.

Si como pediatra, Arédez resultó molesto para Ledesma, más lo fue cuando, no bien asumió la alcaldía, le reclamó una deuda impositiva millonaria. Con el pasar de los meses y la muerte de Perón en 1974, la división del peronismo pasó a las armas. Arédez fue blanco de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), una organización parapolicial que escenificó la antesala del terrorismo de Estado a gran escala. El médico pudo permanecer solo un año en el cargo de alcalde.  

En la noche del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, Arédez fue detenido en un retén y trasladado en una camioneta de la empresa Ledesma. La dictadura del general Jorge Rafael Videla lo mantuvo preso durante un año, hasta que cedió a la petición de los jefes históricos de la UCR y lo liberó, contó Ricardo Arédez. El pediatra se reintegró al trabajo de inmediato. Dos meses después, el 13 de mayo de 1977, a la salida del hospital municipal de Fraile Pintado, una localidad cercana, fue desaparecido definitivamente.

Una Madre de Plaza de Mayo marcha en soledad

La esposa del médico, Olga Márquez, y sus cuatro hijos quedaron viviendo en una ciudad aterrorizada. Las desapariciones en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Córdoba tuvieron como víctimas a familias de trabajadores y de clase media, con vínculos sociales, políticos y culturales que les permitieron empezar a tejer el reclamo y la resistencia que daría lugar a las Madres de Plaza de Mayo y a decenas de agrupaciones de derechos humanos. En el norte limítrofe con Bolivia y Paraguay, la situación fue distinta.

Gran parte de los desaparecidos en las provincias de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Salta fueron jóvenes de familias rurales, muy humildes. El trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había hecho pie en pueblos de Tucumán. Antes incluso del golpe de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas lanzaron una cacería denominada Operativo Independencia, que diezmó a San Miguel de Tucumán, la capital provincial que atrae a estudiantes de las provincias y países aledaños. Sobre todo, la represión penetró en pequeñas localidades rurales.

En los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia, las rondas de las Madres de Plaza de Mayo de las tres y media de los jueves se poblaban cada vez más. En la plaza de Libertador General San Martín, una mujer, la viuda de Arédez, cubría su cabeza con un pañuelo blanco, portaba un cartel con el rostro de su esposo y, si no encontraba compañía, marchaba sola.  

Al movimiento de derechos humanos de Calilegua y Libertador le tomó tiempo cobrar impulso. A Olga la acompañaba Sixta Tejerina, otra Madre de Plaza de Mayo que murió tempranamente en los años 80. Ricardo Arédez narró que el poder omnímodo de Ledesma se dedicó, desde la Noche del Apagón, a coercer a sus trabajadores para que sus familiares no participaran de las protestas.

El recuento de los desaparecidos en la zona fue trabajoso. Recién a partir del Gobierno del peronista de centroizquierda de Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado comenzó a reconstruir las consecuencias del terrorismo de Estado en las inmediaciones del ingenio Ledesma y a señalizar los campos de concentración. La gran mayoría de los cientos de secuestrados durante la Noche del Apagón fueron liberados al poco tiempo o legalizados en cárceles. Entre ambas localidades suman 32 desaparecidos, considerando las víctimas de aquellas noches y estudiantes y trabajadores que fueron secuestrados en la capital de Tucumán, dijo Ricardo Arédez.    

Olga, odontóloga de profesión, marchaba contra una empresa poderosa con vínculos con todo el poder político y judicial del norte argentino, pero también contra un apellido venerado por el establishment de Buenos Aires.

Un expediente duerme en cajones de tribunales

El casamiento entre Blaquier y Nelly Arrieta en 1952 redundó en beneficios para ambas partes. El abogado Blaquier accedió a manejar el principal ingenio azucarero de la Argentina, un imperio económico. La empresa Ledesma, desarrollada por un empresario alemán que derivó en herederos de origen francés y vasco, logró el pasaporte para ingresar a la elite de los apellidos argentinos. Arrieta —fallecida en 2020— se transformaría en una de las principales coleccionistas de arte de América Latina.  

En 2012, el juez federal Fernando Poviña llamó a Blaquier a prestar declaración indagatoria y lo procesó por las desapariciones de La Noche del Apagón y la de otras víctimas, entre ellos Arédez. La Cámara Federal de la provincia de Salta (instancia de apelación) confirmó el procesamiento del entonces presidente del directorio de Ledesma y de Alberto Lemos, ejecutivo del ingenio durante la dictadura, pero en 2015, tras demorar tres años la decisión, la Cámara Federal de Casación decretó la falta de mérito de ambos. Los jueces consideraron que los directivos pudieron no estar al tanto de que decenas de vehículos de la empresa fueron utilizados para trasladar a cientos de secuestrados, en especial, aquellos trabajadores con alguna militancia sindical.

Llegó el turno de la Corte Suprema de Justicia, en coincidencia con la ascenso de Macri a la Casa Rosada. El máximo tribunal estudió el expediente durante seis años y decidió que Blaquier y Lemos debían afrontar el juicio oral. A la hora de la verdad, la defensa de Blaquier adujo, con éxito, que el empresario padecía demencia senil y no podía enfrentarse a la acusación.

La pata civil, ausente  

Si bien los juicios por crímenes de lesa humanidad lograron importantes avances en la Argentina, el papel de empresarios y ejecutivos que fueron artífices de la represión quedó en gran medida en las sombras.

Hacia diciembre pasado, 3.640 personas habían sido investigadas por su supuesta participación en la represión de la dictadura. De ellas, 1.117 fueron condenadas desde 2004, cuando se reanudaron los juicios tras la derogación de las leyes de impunidad. Cerca de quinientas permanecían procesadas y 1023 fallecieron antes de escuchar la sentencia. Todavía hay más de quinientos presuntos represores bajo investigación, según la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.

Cerca del 90% de los investigados son militares y miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en secuestros, torturas y asesinatos. De los civiles, la mayoría no pertenecía formalmente a las Fuerzas Armadas o la Policía o la Secretaría de Inteligencia pero tenía un vínculo económico ilegal u otra función estatal y se dedicaba a la represión, pero muy pocos son responsables empresariales que señalaron a sus víctimas y colaboraron en la desaparición de personas. Los juicios en ese terreno son pocos y avanzan muy lentamente.

Dos gerentes de Ford Argentina fueron condenados —dentro de esa empresa funcionó un centro clandestino de detención—, y directivos de Mercedes Benz y de la gigantesca metalúrgica Acindar fueron procesados y algunos de ellos permanecen en prisión. Otras causas, como la emblemática Papel Prensa, que involucra a directivos de los diarios Clarín y La Nación, fueron enterradas por los tribunales federales, tras múltiples turbiedades.

Blaquier murió con honores del mundo empresarial argentino y de los máximos referentes de la fuerza política con mayores posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones de octubre o la segunda vuelta de noviembre. Algunos medios de gran difusión retrataron la ceremonia de despedida en sus páginas sociales y con recuerdos de color sobre sus mansiones y colecciones de arte.

Olga Márquez de Arédez murió de cáncer de pulmón en San Miguel de Tucumán, el 17 de marzo de 2005. Allí viven dos de sus hijos, Olga y Luis. Adriana, otra hija, reside en un pueblo de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, y Ricardo se radicó en Buenos Aires. Los cuatro continúan con la lucha por memoria, verdad y justicia.

El empresario Carlos Pedro Blaquier murió este lunes en la ciudad de Buenos Aires a los 95 años, confirmaron a elDiarioAR fuentes de la compañía azucarera Ledesma, que presidió durante más de cuatro décadas.

Blaquier nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1927 y fue considerado en la década del '70 del siglo pasado como uno de los empresarios más ricos y poderosos de la Argentina, al frente de una de las empresas agroindustriales más grandes del país.

Su figura estuvo marcada por estar acusado e imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, en lo que se conoció como “La Noche del Apagón”, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en los inicios de la dictadura cívico militar de Jorge Rafael Videla, fechas en las que se estima hubo unas 400 personas secuestradas en la provincia norteña, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.

En julio pasado, con dos votos contra uno, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la suspensión del proceso respecto de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, acusado de haber sido partícipe del secuestro de personas en 1976 en Libertador General San Martín, sede de su empresa Ledesma. Al anular el fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy –que en abril había beneficiado al dueño del poderoso ingenio azucarero por entender que no estaba en condiciones de salud mental para ser sometido a juicio– los jueces de Casación se expidieron en sintonía con el dictamen del fiscal ante ese Tribunal, Javier De Luca. 

Apagones de lesa humanidad

La noche del 27 de julio de 1976 se cortó la luz en el departamento de Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma. Fue el primer corte de energía eléctrica a la medianoche en forma simultánea y abarcó también las localidades jujeñas de Calilegua y El Talar. Sus habitantes pensaron que se trataba de un desperfecto energético, pero con la oscuridad llegó el terror. “Cuando nos pararon nos rodearon inmediatamente. A mí me tomaron de un brazo y del otro, nos tiraron al piso, nos empezaron a atar las manos a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios. Nos llevaron en los camiones de Ledesma. De la comisaría de Calilegua nos llevan a todos los detenidos a la gendarmería del Ingenio Ledesma”, aseguró Hilda Figueroa, ex detenida, en uno de sus testimonios de la causa en la que está imputado Blaquier y su ex capataz, Alberto Lemos. Este hecho dio inicio a una brutal represión, a partir de allí el Ejército, la Policía provincial, la Policía Federal, los gendarmes y capataces del Ingenio comenzaron a allanar, a saquear viviendas. Desplegaron un operativo intimidatorio durante los cortes de energía eléctrica que fueron desde las 22 horas hasta el amanecer. 

El 24 de marzo de ese año había desaparecido Luis Arédez, intendente de Libertador General San Martín, y más de cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio, la localidad quedó a oscuras en forma intencional y fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales siguen desaparecidas. Olga Márquez de Arédez se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas en la plaza del pueblo, con otras mujeres familiares de desaparecidos. Ricardo Arédez, uno de sus cuatro hijos, recuerda el logo de las camionetas durante la noche de terror, y la presencia de uno de los empleados del ingenio, Juan de la Cruz Kairuz.

La demorada hora del banquillo

Larguísimo e intrincado camino tuvieron que sortear las causas abiertas en la justicia federal por los delitos cometidos en esa provincia por estos delitos, y la referida a los responsables civiles no fue la excepción. Blaquier –de 94 años– habrá pensado en abril que se habían terminado sus problemas con la justicia, cuando el Tribunal Oral Federal de Jujuy suspendió la tramitación de la causa donde está acusado de  23 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada. El caso llegó a instancia de Casación y fue así que el 23 de junio el fiscal ante ese tribunal Javier De Luca dictaminó que debe ser revisado aquel fallo que había determinado que Blaquier no podía ser juzgado por “incapacidad mental sobreviniente”. Lo hizo en sintonía con el dictamen de los peritos de la DATIP que desde un principio habían afirmado que el poderoso hombre de negocios estaba simulando sus padecimientos de salud, publicado por elDiarioAr. 

Los jueces jujeños Gabriela Catalano y Abel Fleming –Alejandra Cataldi votó en disidencia– habían sostenido que el empresario no podía afrontar un juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”, en base a las conclusiones del Cuerpo Médico Forense (CMF), a las que adhirieron los peritos de la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fallo de Casación emitido hoy es un revés porque los vuelve a colocar en foja cero respecto de determinar si el imputado está senil o no.

A la instancia de Casación llegó el caso por la apelación que había realizado el fiscal Federico Zureta, y las querellas del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La defensa de Blaquier presentó breves notas y solicitó que se rechacen los recursos de las partes acusadoras. A tal fin, señaló que las pericias médicas realizadas resultan suficientes para demostrar la incapacidad mental sobreviniente de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación, Javier De Luca, mantuvo la impugnación y pidió que se haga lugar al recurso de casación interpuesto. En lo medular, alegó que el tribunal decidió “en base a informes periciales que fueron efectuados de manera virtual y presencial, durante el mes de diciembre de 2021, los que padecen fallas metodológicas y, en especial, ello se observó en la evaluación psiquiátrica cuya conclusión fue tomada en base a una entrevista que se limitó a unos pocos minutos y que fue realizada a través de un intermediario, persona que, incluso, no había sido autorizada a participar de la evaluación por el magistrado actuante”. Agregó que los diagnósticos a los que arribaron los peritos médicos de las distintas partes resultaron contradictorios. 

Del informe del CMF de la entrevista realizada el 13 de diciembre de 2021 se desprende que “a partir de los estudios y evaluaciones presentados con relación al señor Blaquier como su desempeño al momento de la evaluación pericial psicológica de CMF”, se concluye que el nombrado presenta “una afección compatible con deterioro cognitivo, en fase al menos moderada”. El 30 de diciembre, los peritos de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirieron a las conclusiones de las pericias médicas efectuadas por el CMF. Por su lado, los peritos de la CODESEDH y del Ministerio Público Fiscal manifestaron sus disidencias. Los peritos de parte de la fiscalía señalaron que “la entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material, en tiempo, del análisis del caso. Esta falla metodológica, evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado, manifiesta que no colaborará en la evaluación”. De hecho, cuando le preguntaron si iba a colaborar con el peritaje, el dueño de la azucarera y papelera Ledesma respondió que no. 

“De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que su diagnóstico clínico es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, Luis Ohman y Claudio Capuano. “Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. Sin duda que este debate se habría evitado si la Corte Suprema y la propia Cámara de Casación no hubieran demorado décadas en resolver cada uno de los incidentes que tuvieron que resolver a lo largo de la historia de la causa. Sin embargo, aunque la defensa y un sector de la querella consideran que el poderoso hombre de negocios ya no está en condiciones de afrontar un juicio penal, la otra querella y la fiscalía opinan lo contrario. Ahora la pelota vuelve al TOF de Jujuy.

La traducción del fallo

“Hay que hacerle nuevos exámenes pero de una manera regular, permitiendo que el paciente sea examinado como corresponde por los psiquiatras y neurólogos, con los estudios a la vista para saber si entiende o no, y si se está haciendo el tonto o no”, explicó a elDiarioAr una fuente judicial. “Luego se hará una valoración jurídica de eso, porque en medio de un debate el imputado debe entender lo mínimo indispensable, más aún acá donde no hay gente que lo va a acusar por haberlo visto en la escena de un crimen; toda la prueba en su contra es documental, podrá dar alguna explicación o decir que no fueron así estos hechos ocurridos hace 45 años. Todo esto lo saben sus abogados, no hay inconveniente para que pueda estar en juicio. Puede sonar cruel hacer un juicio contra una persona de estas características, alguien mayor, pero no tendría por qué sufrir en el debate, incluso puede estar por Zoom. Si fuera su defensa no hubiera usado esta estrategia”, agregó.

Con información de la nota “Revocan el fallo que benefició a Blaquier en el juicio por lesa humanidad”, firmada por AAdriana Meyer el 1 de julio de 2022, publicada en elDiarioAR.

IG

Con dos votos contra uno, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la suspensión del proceso respecto de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, acusado de haber sido partícipe del secuestro de personas en 1976 en Libertador General San Martín, sede de su empresa Ledesma, durante la llamada Noche del Apagón. Al anular el fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy –que en abril había beneficiado al dueño del poderoso ingenio azucarero por entender que no estaba en condiciones de salud mental para ser sometido a juicio– los jueces de Casación se expidieron en sintonía con el dictamen del fiscal ante ese Tribunal, Javier De Luca, publicado por elDiarioAr. Además, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, remitieron el expediente al TOF jujeño para que Blaquier sea sometido a diferentes análisis médicos con el objetivo de determinar si está en condiciones de ir al debate, y dicte una nueva resolución.

Apagones de lesa humanidad

La noche del 27 de julio de 1976 se cortó la luz en el departamento de Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma. Fue el primer corte de energía eléctrica a la medianoche en forma simultánea y abarcó también las localidades jujeñas de Calilegua y El Talar. Sus habitantes pensaron que se trataba de un desperfecto energético, pero con la oscuridad llegó el terror. “Cuando nos pararon nos rodearon inmediatamente. A mí me tomaron de un brazo y del otro, nos tiraron al piso, nos empezaron a atar las manos a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios. Nos llevaron en los camiones de Ledesma. De la comisaría de Calilegua nos llevan a todos los detenidos a la gendarmería del Ingenio Ledesma”, aseguró Hilda Figueroa, ex detenida, en uno de sus testimonios de la causa en la que está imputado Blaquier y su ex capataz, Alberto Lemos. Este hecho dio inicio a una brutal represión, a partir de allí el Ejército, la Policía provincial, la Policía Federal, los gendarmes y capataces del Ingenio comenzaron a allanar, a saquear viviendas. Desplegaron un operativo intimidatorio durante los cortes de energía eléctrica que fueron desde las 22 horas hasta el amanecer. 

El 24 de marzo de ese año había desaparecido Luis Arédez, intendente de Libertador General San Martín, y más de cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio, la localidad quedó a oscuras en forma intencional y fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales siguen desaparecidas. Olga Márquez de Arédez se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas en la plaza del pueblo, con otras mujeres familiares de desaparecidos. Ricardo Arédez, uno de sus cuatro hijos, recuerda el logo de las camionetas durante la noche de terror, y la presencia de uno de los empleados del ingenio, Juan de la Cruz Kairuz.

La demorada hora del banquillo

Larguísimo e intrincado camino tuvieron que sortear las causas abiertas en la justicia federal por los delitos cometidos en esa provincia por estos delitos, y la referida a los responsables civiles no fue la excepción. Blaquier –de 94 años– habrá pensado en abril que se habían terminado sus problemas con la justicia, cuando el Tribunal Oral Federal de Jujuy suspendió la tramitación de la causa donde está acusado de  23 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada. El caso llegó a instancia de Casación y fue así que el 23 de junio el fiscal ante ese tribunal Javier De Luca dictaminó que debe ser revisado aquel fallo que había determinado que Blaquier no podía ser juzgado por “incapacidad mental sobreviniente”. Lo hizo en sintonía con el dictamen de los peritos de la DATIP que desde un principio habían afirmado que el poderoso hombre de negocios estaba simulando sus padecimientos de salud, publicado por elDiarioAr. 

Los jueces jujeños Gabriela Catalano y Abel Fleming –Alejandra Cataldi votó en disidencia– habían sostenido que el empresario no podía afrontar un juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”, en base a las conclusiones del Cuerpo Médico Forense (CMF), a las que adhirieron los peritos de la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fallo de Casación emitido hoy es un revés porque los vuelve a colocar en foja cero respecto de determinar si el imputado está senil o no.

A la instancia de Casación llegó el caso por la apelación que había realizado el fiscal Federico Zureta, y las querellas del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La defensa de Blaquier presentó breves notas y solicitó que se rechacen los recursos de las partes acusadoras. A tal fin, señaló que las pericias médicas realizadas resultan suficientes para demostrar la incapacidad mental sobreviniente de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación, Javier De Luca, mantuvo la impugnación y pidió que se haga lugar al recurso de casación interpuesto. En lo medular, alegó que el tribunal decidió “en base a informes periciales que fueron efectuados de manera virtual y presencial, durante el mes de diciembre de 2021, los que padecen fallas metodológicas y, en especial, ello se observó en la evaluación psiquiátrica cuya conclusión fue tomada en base a una entrevista que se limitó a unos pocos minutos y que fue realizada a través de un intermediario, persona que, incluso, no había sido autorizada a participar de la evaluación por el magistrado actuante”. Agregó que los diagnósticos a los que arribaron los peritos médicos de las distintas partes resultaron contradictorios. 

Del informe del CMF de la entrevista realizada el 13 de diciembre de 2021 se desprende que “a partir de los estudios y evaluaciones presentados con relación al señor Blaquier como su desempeño al momento de la evaluación pericial psicológica de CMF”, se concluye que el nombrado presenta “una afección compatible con deterioro cognitivo, en fase al menos moderada”. El 30 de diciembre, los peritos de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirieron a las conclusiones de las pericias médicas efectuadas por el CMF. Por su lado, los peritos de la CODESEDH y del Ministerio Público Fiscal manifestaron sus disidencias. Los peritos de parte de la fiscalía señalaron que “la entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material, en tiempo, del análisis del caso. Esta falla metodológica, evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado, manifiesta que no colaborará en la evaluación”. De hecho, cuando le preguntaron si iba a colaborar con el peritaje, el dueño de la azucarera y papelera Ledesma respondió que no. 

“De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que su diagnóstico clínico es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, Luis Ohman y Claudio Capuano. “Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. Sin duda que este debate se habría evitado si la Corte Suprema y la propia Cámara de Casación no hubieran demorado décadas en resolver cada uno de los incidentes que tuvieron que resolver a lo largo de la historia de la causa. Sin embargo, aunque la defensa y un sector de la querella consideran que el poderoso hombre de negocios ya no está en condiciones de afrontar un juicio penal, la otra querella y la fiscalía opinan lo contrario. Ahora la pelota vuelve al TOF de Jujuy.

La traducción del fallo

“Hay que hacerle nuevos exámenes pero de una manera regular, permitiendo que el paciente sea examinado como corresponde por los psiquiatras y neurólogos, con los estudios a la vista para saber si entiende o no, y si se está haciendo el tonto o no”, explicó a elDiarioAr una fuente judicial. “Luego se hará una valoración jurídica de eso, porque en medio de un debate el imputado debe entender lo mínimo indispensable, más aún acá donde no hay gente que lo va a acusar por haberlo visto en la escena de un crimen; toda la prueba en su contra es documental, podrá dar alguna explicación o decir que no fueron así estos hechos ocurridos hace 45 años. Todo esto lo saben sus abogados, no hay inconveniente para que pueda estar en juicio. Puede sonar cruel hacer un juicio contra una persona de estas características, alguien mayor, pero no tendría por qué sufrir en el debate, incluso puede estar por Zoom. Si fuera su defensa no hubiera usado esta estrategia”, agregó.

AM/MG

–¿Señor Blaquier, va usted a colaborar con este peritaje?-- preguntaron los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la secretaría de Derechos Humanos en diciembre.

–No.-- respondió el dueño de la papelera y azucarera Ledesma.

Siete años de demora tiene la causa en la que se investigan las responsabilidades de Carlos Pedro Blaquier por los delitos de lesa humanidad, cometidos en el ámbito territorial de la empresa Ledesma en la provincia de Jujuy. Todo estaba listo para que, finalmente, él y su ex capataz Alberto Lemos se sentaran en el banquillo de los acusados por los secuestros ocurridos en 1976 durante las Noches de los Apagones en el pueblo Libertador General San Martín, pero a fines del año pasado un informe médico del Cuerpo Médico Forense y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que el empresario no estaba en condiciones cognitivas de afrontar el proceso. Sin embargo, la fiscalía cuestionó tal informe, y presentó un peritaje en disidencia en el que dos peritos afirman que el anciano hombre de negocios simula sus patologías. “De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), tal como consta en los documentos a los que accedió este diario.

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegó a la misma conclusión que el CMF. Sus peritos, de hecho, participaron del mismo examen. En cambio, las querellas del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos) y de la familia de Luis Arédez (una de las víctimas), así como referentes de organizaciones de derechos humanos, respaldaron el informe de la DATIP. En un escrito firmado por el presidente del Codesedh, Norberto Liwski, dirigido al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, se señala que no fueron cumplidas las pautas de la Acordada 47/09 de la Corte Suprema sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense en el peritaje elaborado por sus profesionales. En el mismo sentido, los consultores de la DATIP Claudio Capuano y Luis Ohman precisaron que en dicho informe no hubo participación de las partes y que se trató apenas de una conversación de pocos minutos. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre, y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA.

“Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Carlos Pedro Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. “Dicho Cuerpo (CMF) produjo un dictamen basado en estudios realizados al imputado Blaquier, efectuados con anterioridad al ingreso de las actuaciones al mismo”, agregó la ONG. El diagnóstico propuesto por la defensa de Blaquier, encabezada por Jorge Valerga Aráoz, según el informe médico pericial firmado por Ramón Leiguarda y otros tres profesionales indica que el empresario padecería “demencia cortical mixta en fase moderada a severa, falta de conciencia de situación, dependencia del 100 por ciento, minado su juicio, memoria y comprensión”. 

A esto, Capuano y Ohman respondieron: “Tanto la evaluación virtual como la practicada por el perito del CMF se realizaron sin respetar las normas de buena praxis pericial, en lo concerniente a la metodología que toda evaluación psiquiátrica debe incluir, los sucesos vitales y las funciones psíquicas, así como la implicación del sujeto en el delito que se le imputa. La entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material del análisis del caso. Esta falla metodológica evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado manifiesta que no colaborará con la evaluación. Sin embargo, esta cuestión da cuenta de su capacidad para tomar decisiones”. Médicos especialistas en medicina crítica y terapia intensiva y en psiquiatría, respectivamente, precisaron que “las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas presentadas en el expediente fueron realizadas por profesionales de la defensa sin la participación de los peritos de las demás partes”. Capuano y Ohman recordaron que Blaquier también se negó a responder algunas preguntas. “Luego de ello, Ohman continuó haciendo preguntas y el imputado Blaquier intervino en un interrogatorio extenso dirigido con claridad a la evaluación pericial; fue respondiendo diferentes preguntas de su vida cotidiana, lo cual da cuenta de la conservación en ciertos aspectos de la memoria anterógrada (...) respondió con serenidad y firmeza en particular cuando se lo interrogó si entendía el carácter de la imputación y los graves hechos de la acusación penal”.

Según el informe de los consultores de la DATIP, durante la pericia cardiológica Blaquier “colaboró ante órdenes simples, pararse, acostarse”. Y concluyeron ante el fiscal Federico Zureta que “para garantizar a los peritos del Ministerio Público un correcto abordaje del caso se solicite la realización nuevamente de los estudios clínicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, geriátricos, neurocognitivos y otorrinolaringológicos en una institución pública con control de quienes suscribimos el presente informe, a los efectos de obtener un diagnóstico objetivo del estado de salud general de Blaquier”.

Además de las dolencias varias enumeradas en los peritajes, el dueño de Ledesma padecería sordera, pero la misma no está certificada. Un sector de la querella afirma que si fuera cierto que tiene “deterioro cognitivo” le hubieran quitado la firma legal, algo que no sucedió. Sin embargo, desde la defensa de Blaquier afirman que “el peritaje del Cuerpo Médico Forense -de indudable seriedad- se hizo con todas las garantías de confiabilidad y objetividad que debía tener, y su dictamen contó con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto incluyó una pericia por vía remota y dos pericias presenciales con la asistencia de todas las partes además de una serie de estudios clínicos y neurocognitivos realizados por instituciones especializadas de prestigio y otros similares realizados por el mismo Cuerpo Médico Forense”.

Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación lamentó “profundamente” que Blaquier no esté en condiciones de ir a juicio. Y aclaró que los peritos de la secretaría no avalaron sino que fueron parte del informe. “Después de las tres entrevistas no les quedaba ninguna duda de que está senil a nuestros calificados peritos, la secretaría es la que más impulsó este juicio, la que más criticó a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación por la demora en pronunciarse”, dijo a este diario la secretaria de Protección de Derechos Humanos Andrea Pochak. “Con todo el dolor del mundo dijimos que esta persona no está en condiciones de afrontar el juicio, y es por culpa del tiempo que perdió la justicia, ninguno de nuestros peritos está encubriendo a Blaquier, de modo que si llegamos a su inimputabilidad es por culpa de la justicia y no de nuestros peritos, hace diez años estaba en condiciones de ser juzgado”, agregó.

Blaquier está imputado en la causa que se le sigue por los secuestros de Luis Arédez –ex intendente de Libertador General San Martín y ex médico de Ledesma–, Omar Gainza y Carlos Melían, además de otras 17 personas privadas de su libertad entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En su resolución, el juez Eduardo Hansen tuvo en cuenta que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información,) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpetrar los hechos”. El dueño de uno de los ingenios más grandes de América Latina deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada “en grado de cómplice primario”, y Lemos por los mismos cargos “en calidad de cómplice secundario”. La justicia acreditó que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical. Arédes fue secuestrado de su casa, en presencia de su esposa Olga y sus cuatro hijos. “Cada minuto que pasa es un minuto perdido por la posibilidad cronológica de que Blaquier ya no esté. Siempre es una expectativa, es una espera que lleva 45 años, un trabajo de concientización, de búsqueda de pruebas. La misma espera que hicieron las madres, los padres y los familiares de los desaparecidos, y las esposas y los familiares de los presos políticos de Jujuy”, dice Ricardo Arédes. Luego de la presentación del informe de la DATIP, el Tribunal Oral Federal Jujuy ordenó nuevos estudios para determinar si Blaquier finge o no sus patologías. Es decir, todo vuelve a empezar.

AM

Los hermanos Carlos Herminio “Charlie” y Santiago Blaquier, integrantes de una de las familias más ricas de Argentina y accionistas de la compañía Ledesma, figuran en la filtración Pandora Papers con sociedades en paraísos fiscales constituidas para inversiones financieras y pesca deportiva, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR, y la información aportada por ambos empresarios ante la consulta de este medio. Ambos empresarios sostuvieron que declararon sus sociedades offshore ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los Blaquier ocuparon el puesto 24 del ranking de los más ricos de 2020 que elabora la revista Forbes. El pater familias Carlos Pedro Blaquier tuvo cinco hijos con Nelly Arrieta de Blaquier, quien murió a finales de 2020. La fortuna familiar asciende a US$490 millones, según la publicación. Carlos, conocido como “Charlie”, y Santiago son dos de sus hijos y accionistas del ingenio Ledesma, una de las compañías más emblemáticas de la historia argentina por su marca de azúcar y por las acusaciones de haber colaborado con la desaparición de trabajadores azucareros y militantes políticos la Noche del Apagón en Jujuy, durante la última dictadura militar. 

El mayor, Carlos Herminio, actual chairman de Ledesma y director de la Sociedad Rural Argentina entre 2000 y 2012, figura en distintos documentos como beneficiario final de la offshore Yamary Business Ltd., radicada el 1° de febrero de 2014 en Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe, de acuerdo con los archivos internos del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

Carlos Herminio Blaquier no figura en los documentos públicos de la sociedad. La accionista de Yamary Business Ltd. es otra compañía offshore: EDG Group Ltd, una “trust company complex” con domicilio en Majuro, en la república de las Islas Marshall. La conexión de Charlie Blaquier con esta compañía surge de un archivo interno de Alcogal en formato excel que lo identifica como “beneficiario final”.  Es decir, el verdadero dueño de la firma.

El 15 de abril de 2014, Alcogal registró en un documento privado que el objetivo de la sociedad era operar como “holding” de “activos privados” de Blaquier en Suiza. Los registros y documentos de la sociedad se remitieron a la calle Lommenstrasse 20 en Zurich, Suiza.

“Tengo la totalidad del capital social de (la compañía) de manera directa”, respondió Carlos Herminio ante la consulta de elDiarioAR, y agregó que el único activo de la compañía es “una cuenta bancaria en el exterior con posiciones financieras de diversa magnitud y composición”. “Dicha sociedad y su valor patrimonial se encuentran declarados ante la AFIP, tributando el impuesto a los bienes personales sobre el valor patrimonial al cierre de cada período fiscal”, afirmó el empresario. 

Yamary Business se encuentra activa, aseguró el chairman de Ledesma y sostuvo que paga impuesto a las ganancias por las rentas percibidas por esta offshore desde que así lo impuso la AFIP con la reforma tributaria de 2018, cuando el fisco impuso que los contribuyentes argentinos pagaran este tributo por sus sociedades radicadas en el extranjero.

elDiarioAR había solicitado a los Blaquier, como en todos los casos analizados en Pandora Papers, acceso o vista a las declaraciones juradas de ambos empresarios pero el pedido no fue concedido hasta el momento. De los 45 casos publicados hasta el momento por este medio, sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP. 

Inversiones en el Caribe y Brasil

Santiago Blaquier figura en registros internos del bufete panameño Alcogal vinculado a ocho compañías offshore. “Poseo una participación accionaria en Fishing Lodges, compañía holding que controla directa o indirectamente a las sociedades mencionadas en la requisitoria, las cuales revisten el carácter de operativas en el negocio de la pesca deportiva en el Caribe”, explicó el empresario.

El director de Ledesma tiene el 40% de esta offshore, Fishing Lodge, según uno de los documentos que surgen de Pandora Papers. Además, está registrado en documentos de uso interno del bufete panameño como beneficiario final de seis compañías de Islas Vírgenes Británicas a partir de 2002 y hasta al menos 2016: Brahmbari Holdings Inc.; Caribean Lodges Limited; Fly Fishing Sales and Marketing Limited; Global Fishing Investments; Silver Stream Ventures; y Sunbird International Holdings Inc. 

También figura accionista de Forbes Holdings pero informó que fue disuelta en 2017 sin haber llevado adelante “ninguna de las operaciones previstas al tiempo de su constitución”.

Si bien el capital social de Fishing Lodge sería de más de US$22 millones, los activos a julio de 2016 eran de poco más de US$2,5 millones y el porcentaje que le correspondía a Blaquier era de poco más de un millón de dólares, según uno de los documentos analizados. 

“Mi participación en el holding mencionada se encuentra expuesta en mi patrimonio que anualmente se informa a la AFIP. Contribuyo con el erario público a través del impuesto a los bienes personales, por el valor patrimonial al cierre de cada periodo fiscal, y a su vez, en su caso, por las rentas -dividendos- que pueda distribuir la sociedad tributando el pertinente impuesto a las ganancias”, dijo ante la consulta.

“Las sociedades operativas ya mencionadas poseen cuentas bancarias en el exterior para atender el giro comercial que se deriva de su actividad específica”, agregó sobre la consulta acerca de los bienes y cuentas a nombre de las offshore.

Santiago Blaquier incursionó en otro negocio: las filiales argentina y brasileña de Quintessentially, una empresa británica dedicada a organizar desde viajes y fiestas privadas hasta inversiones inmobiliarias y educativas para clientes selectos. 

A través de Global Fishing Investments, el empresario figura con el 7% de Qlatam LLC, una sociedad radicada en Delaware, una jurisdicción en territorio estadounidense identificada por expertos de Oxfam y otras organizaciones como paraíso fiscal.

En Brasil y Argentina, Quintessentially está a cargo del empresario Hernán De Laurente, dueño del 50% de Qlatam LLC y socio de Marcelo Tinelli en la bodega Lorenzo de Agrelo, en Mendoza, según los documentos.

Los managers de Qlatam son abogados de Alcogal que aparecen en cientos de sociedades creadas por el estudio para sus clientes. En 2017, firmaron un documento titulado “Sinceramiento fiscal”, que detallaba el patrimonio de la compañía y deja constancia de que al 22 de julio de 2016, Santiago Blaquier mantenía una participación accionaria del 7% del capital social. “La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en la República Argentina”, dice el documento, que también detalla información de otros socios.

Los managers declararon que la compañía sólo tiene una cuenta con US$3.718 en el banco internacional de Santa Lucía, otro paraíso fiscal del Caribe; y el 45% de una compañía de Brasil valuado en US$2.471 (Q.Brazil Serviços de Representação e Produção de Eventos Em Geral Ltda.).

Una fuente cercana a De Laurente dijo a elDiarioAR que Qlatam no llegó a operar y que no recordaba que la compañía haya ingresado al blanqueo de 2016. Sin embargo, Blaquier explicó que la compañía “QLatam brinda directa o indirectamente a través de franquicias, servicios de conserjería de alto nivel a viajeros y/o clientes que así lo solicitasen” y sobre el capítulo impositivo, dijo: “Valen para esta sociedad las mismas consideraciones de índole tributaria” que en los otros casos explicados.

“Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Imperio de caña

En junio de 2015, la revista Clase Ejecutiva, de El Cronista, entrevistó a “Charlie” y Santiago Blaquier, quienes relataron cómo fueron asumiendo el control del imperio familiar ante la salida de su padre y el cambio generacional. 

El mayor de los dos hermanos contó que asumió como gerente general de Ledesma, la empresa de su familia “estaba con serios problemas de rentabilidad”. “Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta, que básicamente había que despedir 3.200 personas. Papá se la llevó un fin de semana, la miró y me dijo: ‘Mirá, yo estoy de acuerdo, esto te va a generar muchos problemas. Pero si vos estás de acuerdo en bancarte esto, avanzá”.

“Algo que papá nos inculcó mucho fue la importancia social de Ledesma en la comunidad. Cuando papá se hace cargo de la presidencia en el 70, en el pueblo Ledesma, las calles eran (de la empresa) Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma. Y papá dijo: ‘Yo tengo que romper con este feudo. Donó todo. Herminio Arrieta -su suegro, ex propietario del ingenio y conductor del partido conservador local de Jujuy- decía: ‘Lo que pasa Carlos es que vos sos un poco zurdo’”.

Con epicentro en la provincia de Jujuy, Ledesma utiliza la caña de azúcar en la mayoría de sus productos: desde azúcar y papel hasta alcohol, bioetanol y energía. También tiene producción de cítricos, carne y cereales a través de La Biznaga, según informa en su sitio web oficial.

En la provincia de Jujuy tiene unas 40 mil hectáreas de caña y emplea a 7.000 personas. El padre de Carlos Herminio y Santiago, Carlos Pedro Blaquier, fue desde los años 70 el líder de la compañía, hasta que sus hijos asumieron el control en los últimos años. “El resultado del ejercicio cerrado en mayo de 2019 arrojó un resultado positivo de $277 millones”, informó Forbes en 2020.

Carlos Herminio encabeza el directorio de la compañía como presidente o charman y Santiago es uno de los directores junto a Alejandro, Ignacio y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Carlos Blaquier cedió sus acciones a sus hijos, confirmó una fuente de la compañía.

Blaquier padre está procesado en dos causas por presuntos crímenes de lesa humanidad. El empresario rechazó las acusaciones. Ambos expedientes fueron elevados a juicio oral pero los debates aún no comenzaron. El tribunal debe analizar un informe del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, que sostiene que por su estado de salud mental, Blaquier padre no podría ser juzgado. 

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ED

La Corte Suprema revocó este jueves la “falta de mérito” por delitos de lesa humanidad que había beneficiado al propietario del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y resolvió que se dicte una nueva sentencia.

Así, con las firmas de tres de sus miembros y la disidencia de uno, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier y ahora la causa podría ir a juicio oral por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad.

Blaquier y el administrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados como partícipes necesarios de “La noche del apagón”, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes.

El fallo fue firmado por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y por el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que firmó su propio voto en disidencia con la mayoría.

“No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos”, evaluó el presidente en su voto.

Rosenkrantz consideró que la Corte no está en posición de juzgar la falta de mérito de la Cámara porque no se trata de una sentencia definitiva.

“Si este Tribunal tratara el recurso interpuesto y revisara la sentencia apelada, mellaría su autoridad no solo porque ello requeriría ignorar las reglas que determinan su propia competencia sino, además, porque deshonraría un axioma simple y, por estar intrínsecamente ligado a la defensa en juicio, fundamental: una anomalía en un proceso, aun cuando se trate de un proceso en el que se imputa la comisión de delitos tan aberrantes como los de lesa humanidad, no puede ser reparada con otra anomalía”, razonó.

Para la mayoría, en cambio, se deben salvar “la contradicción de criterios entre pronunciamientos sucesivamente dictados en una misma causa” para ofrecer un mejor sistema de justicia y evitar que las discusiones procesales obstaculicen “el avance del proceso”.

Highton, Maqueda y Rosatti valoraron también e hicieron propios los argumentos de la procuradora fiscal María Alejandra Cordone Rosello, quien en 2017, dictaminó que correspondía dejar sin efecto las sentencias de Casación, confirmar los procesamientos y dejar el camino allanado para un juicio oral.

El fiscal general ante la Cámara Federal, Javier de Luca, también reclamó a la Corte que interviniera para revocar la falta de mérito que benefició tanto a Blaquier como a Lemos.

Los jueces del alto tribunal también cuestionaron el supuesto de la Cámara Federal de que las pruebas no permitían tener por acreditado que los imputados supieran que los vehículos prestados se iban a utilizar para un delito, y por eso resolvieron que se pondere nuevamente y que se escriba entonces una nueva sentencia.

“La noche del apagón” refiere a los cortes de luz que las autoridades militares del gobierno de facto produjeron para secuestrar a unas cuatrocientas personas en el departamento de Ledesma, provincia Jujuy, cuando la distribución de la energía estaba en manos del grupo empresario propietario del ingenio Ledesma.

Diversos testimonios, que figuran en la causa, señalaron que se utilizaron vehículos en las operaciones represivas con el logo de la empresa “Ledesma”.

Con información de Télam.

IG