El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó hoy a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

“Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación”, en los hechos; según surge de la imputación fiscal a la que accedió la agencia Télam.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la “organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvieron en aquel escrito al que accedió Télam.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.

“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.

DA

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló este viernes que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que transportó en 2019 material bélico a Bolivia durante el Gobierno de Mauricio Macri salió desde el aeropuerto de El Palomar y adelantó que su cartera va a coordinar con la de Seguridad para realizar la denuncia pertinente.

“Ayer por la noche se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea, donde se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar. El material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal”, aseguró Rossi esta mañana en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata.

El viernes, el Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Macri proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que ocurrieron tras el golpe contra Evo Morales y que tuvieron su punto máximo en las llamadas “masacres de Sacaba y Senkata”.

Según explicó Rossi hoy, “ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento de Defensa”.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que el avión “tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero que además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal, porque sino lo hubiesen detallado”.

“El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de trabajo de (Gerardo) Morales”, Normando Álvarez García, que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.

Sobre los pasos a seguir en esta causa, Rossi adelantó que “Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo aduana y, por ende, todo se puede confirmar”.

“Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente”, remarcó Rossi.

El Ministerio de Seguridad que conduce Frederic solicitó el viernes por la noche a las autoridades de las cuatro fuerzas federales de seguridad que inicien de forma inmediata las “actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos”.

Con el objetivo de llevar adelante una “profunda investigación” que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Frederic exigió también que los informes sean “entregados en un plazo máximo de 72 horas”.

Tras la denuncia del país vecino, el presidente Alberto Fernández envió una carta brindando su apoyo a la investigación. Además realizó un zoom con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. El mandatario argentino dijo que “se siente avergonzado” de que Mauricio Macri haya enviado material para la represión durante el golpe a Bolivia.

Por su parte, el canciller durante el gobierno de Macri, Jorge Faurie, dijo que “la Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material”. “A través de la Cancilleria argentina no se envió ningún material de ningún tipo, ni de papeles, ni de gases lacrimógenos, ni de ningún otro elemento”, señaló Faurie al canal IP.

CB con información de Télam