El hondureño Nasry 'Tito' Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de “fraude” desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

“Papi a la orden”, como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54%, escrutado el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un “golpe de Estado electoral”.

Ante la ausencia de Ochoa, este miércoles su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona.

Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19% la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.

“No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano” dijo asimismo este miércoles Nasralla, que descartó hacer un llamado a la movilización callejera o a la confrontación, y anuncio que defenderá “el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad”, sin dar más detalles.

Felicitaciones de gobiernos y de la UE

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.

Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando “a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo”.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como “presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Asfura y opinó que se trata de “una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.

La Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de “prioridades comunes para profundizar” los nexos bilaterales.

El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración (de Asfura, a partir del 27 de enero de 2026) para promover el desarrollo y “profundizar aún más” las relaciones bilaterales.

OEA tomó “nota” y lamentó resultado incompleto

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que “toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral” de Honduras, que estableció como virtual presidente electo del país a Asfura.

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA “lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía” en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, y expresa además “su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño”.

Luego de conocer la declaración del CNE, Asfura dijo en la red X: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”.

Así llamaba Trump a votar por Asfura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el 27 de noviembre pasado al electorado hondureño a votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, en las elecciones generales que tuvieron tres días después en el país centroamericano, para que éste no cayera bajo el control de “Maduro y sus narcoterroristas”, atacando así a la oficialista Rixi Moncada y al exvicepresidente Salvador Nasralla.

“¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es 'Tito' Asfura”, sostuvo Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social en el que lo ensalzó como “el exitoso alcalde de Tegucigalpa que llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”.

En su defensa de Asfura, el inquilino de la Casa Blanca atacó a los otros dos grandes candidatos: “Su principal oponente es Rixi Moncada (del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)), quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a 'Tito' Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”.

“Nasralla no es amigo de la libertad. Con un perfil casi comunista, ayudó a (la presidenta) Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar”, ha afirmado sobre el ascenso de quien en 2022 se convirtió en segundo de la actual mandataria hondureña. “Luego (en 2024) renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, dijo en ese momento Trump.

El magnate estadounidense subrayó que “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es 'Tito' Asfura”. “'Tito' y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, destacó, rechazando “trabajar con Moncada y los comunistas” o “confiar” en Nasralla.

EFE

La ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, creció de manera desordenada a lo largo del siglo XX. A medida que su población se multiplicaba, la capital fue expandiéndose sobre las lomas y cerros que la rodean. En las faldas del imponente monte Picacho fueron apareciendo pequeñas viviendas, levantadas en pendientes abruptas con materiales modestos y colores vivos. En estos barrios populares, Libertad y Refundación (Libre) —el partido que la izquierda hondureña fundó tras el golpe de Estado de 2009— forjó los enclaves electorales que le abrirían el camino hacia la presidencia en 2021.

Cuatro años después, la candidatura de Rixi Moncada —cofundadora del partido y exministra de Defensa del actual gobierno de Xiomara Castro— quedó reducida al 19,3% de los votos. Una cifra que deja en “shock” a una militancia que confiaba en una victoria de la que han quedado a 20 puntos de diferencia. Libre exigió la “nulidad total” de las elecciones al considerar que se celebraron bajo la “injerencia” y “coacción”, pero los resultados preliminares llevaron a la organización a un debate interno para entender qué pudo fallar.

En el barrio alto de Buenos Aires —bastión donde Libre arrasó en los comicios anteriores— el apoyo al partido se desvaneció, quedando superado por los candidatos de la derecha bipartidista: Salvador Nasrrala (Partido Liberal) obtuvo un 36,2% del voto en esta zona popular; por detrás, Nasry Asfura (Partido Nacional) recabó un 35,5%, y en tercer lugar Rixi Moncada obtuvo un 26,1%. Siete puntos por encima del resultado nacional, pero muy lejos de los resultados de 2021.

“Se supone que este barrio era nuestro, pero bien pronto empezó el recuento y vimos que no”, resume con resignación Jennifer Berrío, vecina del barrio y militante del hasta ahora partido en el Gobierno. “Teníamos muchas expectativas; se prometieron demasiadas cosas que no se pudieron cumplir”, aseguró esta vendedora de ropa de 38 años. “Se nos volteó la gente”.

La llegada de Libre al poder generó una ola de esperanza tras el golpe el Estado de 2009 y 12 años ininterrumpidos de gobierno conservador. “Mucha gente tenía expectativas que no se podían cumplir en tan poco tiempo y en un país convulsionado”, dijo Pedro Cáceres, jubilado de 78 años. “Yo no me explico por qué Libre supuestamente perdió la elección”, agregó, con resignación.

“Nos faltó tiempo”, explicó José Gómez, mecánico de 73 años. “No se pueden ver los resultados de este Gobierno porque, después de 12 años de dictadura, este era un gobierno de transición”, aseguró. “Cambiar un país es un proceso muy largo y no se ha podido cumplir todo lo que la gente quería”, razonó. “El país venía de un problema de gasto social nulo y de un gobierno de un condenado por narcotráfico”, dijo, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump.

El “voto del miedo”

En el comedor Leiba, el número 47 del capitalino Mercado de Dolores, Pedro Cáceres, Jennifer Berrio y José Gómez discuten acaloradamente con otros dos vecinos de la capital. “¿Mano, pero es que no ves lo que pasa en Venezuela?”, replicó uno, elevando la voz. “No queremos ñángaras aquí —término hondureño para referirse a los comunistas—, solo traen pobreza y miseria”, gritó otro mientras se pone de pie y deja sobre el mostrador su plato de arroz, frijoles, huevo y banano. Gómez negó en silencio con la cabeza, se llevó el teléfono a la oreja y subió el volumen. Sonaba AC/DC.

Otro factor clave en la derrota de Libre fue el llamado “voto del miedo”, alimentado por una campaña especialmente polarizante en la que los candidatos de la oposición acusaban al Gobierno de querer convertir el país “en una dictadura comunista”. El propio presidente estadounidense irrumpió en la recta final. “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país?”, se preguntó Trump, advirtiendo de que Estados Unidos no “malgastaría su dinero” en Honduras si Rixi Moncada resultaba elegida.

“Ya estás con Venezuela otra vez, ¿no estamos hablando de Honduras?”, respondió Pedro Cáceres, frunciendo el ceño. “Yo no soy comunista, por ejemplo; más bien soy trabajadora”, replicó Jennifer Berrío. “Se nos asocia mucho, y yo creo que sí hubo gente que votó con miedo”, dijo la vendedora.

Libre se autodefine como un partido de “socialismo democrático” y, si bien restableció relaciones con Venezuela durante el actual Gobierno, sus principales propuestas de campaña estaban centradas en “democratizar la economía”, con medidas como una nueva ley tributaria para gravar a las grandes fortunas.

Las advertencias de Donald Trump pesan con especial fuerza en Centroamérica, una región donde la cercanía geográfica con Estados Unidos y la profunda dependencia económica vuelven a estos países particularmente vulnerables a cualquier gesto o amenaza procedente de Washington. En EEUU residen más de dos millones de hondureños, muchos de ellos en situación irregular. Las remesas representan cerca del 25% del PIB nacional y la enorme mayoría proceden del país norteamericano. La posibilidad de que se intensifiquen las deportaciones masivas o disminuyan las inversiones estadounidenses parece haber sido un factor decisivo para muchos votantes.

Pese a que durante el Gobierno de Xiomara Castro la economía hondureña creció por encima del 3,5% anual, según datos del Banco Mundial, y la pobreza se redujo en 15 puntos —volviendo a niveles prepandemia—, ese avance macroeconómico no se tradujo con la intensidad deseada en las capas populares. Honduras sigue siendo uno de los 25 países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba

Un cargo medio de Libre

“El trabajo sigue siendo un problema, no estamos, pero ¿cuándo hemos estado bien? Siempre hemos sido”, replicó Pedro Cáceres con gesto tranquilo a uno de los dos acalorados votantes de la oposición con los que discutía en el mercado. “Ha sido un voto de castigo sí. Es verdad que no está bien la situación laboral, pero porque la economía está colapsada de gobiernos pasados”, agregó José Gómez. 

Iglesia y televisión

“Los hondureños somos muy influenciables; tenemos mala formación política y espiritual”, aseguró Cáceres. Para este votante de Libre desde su fundación, los medios de comunicación y la Iglesia desempeñaron un papel clave en las elecciones del 30 de noviembre. “La mayoría de los medios están en manos de la empresa privada, como en todo el mundo, pero aquí es todavía más intenso”, señaló.

Fuentes de Libre que prefieren no identificarse públicamente hasta que concluya el debate interno señalaron a elDiario.es que la gestión de la comunicación fue uno de los principales lastres del gobierno. “Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba”, afirmó un cargo medio de la formación. “Pero tampoco reaccionamos a tiempo: no teníamos medios alternativos para contrarrestar ese relato. Enciendes la televisión y encuentras ocho canales hablando mal del Gobierno y apenas dos mostrando nuestro trabajo”. Desde el partido añadieron que esta brecha con los medios tradicionales se profundizó después de que, durante el primer año de Ejecutivo de Xiomara Castro, se redujera la publicidad institucional. “Nos faltó comunicación, explicar lo que se ha hecho”, apostilló el mecánico capitalino Gómez.

Las redes sociales también jugaron un papel determinante. “Llevamos años viendo cómo tiktokers de extrema derecha lanzan puro odio, y nosotros recién empezamos a generar contenido allá”, explicó. En Honduras, la edad media de la población es de 25,7 años: un país joven donde las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios de consumo informativo.

Se cree que la religión también jugó un papel relevante en estas elecciones. Con la llegada de Libre al poder, varias congregaciones religiosas —católicas y evangélicas— comenzaron a movilizarse contra iniciativas como la reforma educativa, convocando a una “Marcha por la familia y los valores” frente a la “ideología de género”. Las tensiones entre el Gobierno de Libre y las iglesias de Honduras escalaron visiblemente cuando la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras convocaron una “caminata por la paz y la democracia” para el 16 de agosto de 2025, una movilización religiosa que muchos sectores críticos interpretaron como una señal de alineamiento con la oposición. Durante la movilización fueron visibles consignas “contra el comunismo” y lemas contrarios al Gobierno. 

Esta dinámica se multiplicó en la recta final de la campaña, donde algunos pastores evangélicos convocaron vigilias por la democracia y llamaron al voto por la oposición durante sus rezos. Este posicionamiento religioso cobró peso en un contexto donde la mayoría de la población hondureña se declara cristiana. Según datos recientes, casi la mitad de los hondureños se identifican como evangélicos, mientras que aproximadamente un tercio se autodefine como católico. 

Autocrítica

El pasado 9 de marzo se celebraron las elecciones primarias para definir a los candidatos presidenciales de cada partido. En Libre, la oficialista Rixi Moncada —respaldada por la corriente interna M-28J, a la que pertenecen la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya— obtuvo más de 674.000 votos, mientras que su rival, el diputado Rasel Tomé, consiguió alrededor de 53.000. En total, más de 720.000 sufragios emitidos en la interna del partido.

Libre va a resurgir como el ave Fénix

Pedro Cáceres — Jubilado

La cifra contrasta con los 520.000 votos que el CNE otorga a Moncada con el 85% de las actas escrutadas. Un retroceso que alimenta las teorías de fraude que la dirigencia de Libre sigue sosteniendo. Más allá de las irregularidades que el proceso pueda haber registrado, fuentes internas admitieron que el partido debe “trabajar para mejorar la democracia interna”. “Fallamos en integrar a otras corrientes en las listas de diputados y alcaldes”, reconocen. “Se privilegió a personas afines por encima de cuadros con mayor conexión con la base, y eso no puede volver a repetirse”, admitió un miembro de la formación.

En la misma dirección apuntó Berrio. “Hay que pedir responsabilidades, hay gente que no es adecuada para su puesto”, sostuvo esta vecina del barrio de Buenos Aires. “Espero que den un paso atrás y se revise lo que no se hizo bien”, dijo. “Yo vengo ahorita de la reunión del partido y eso es lo que estábamos pidiendo”. 

Pese a que militancia y dirigencia siguen procesando la derrota electoral, se confiesan confiados en poder recuperar el terreno perdido. “Venimos de la calle, de un golpe de Estado y de represión. Ahorita toca ser autocríticos y reorganizarse”, aseguró Cáceres. “Libre va a resurgir como el ave Fénix”, afirmó sonriendo con rostro sereno. Y señaló que la falta de mayorías parlamentarias va a ser un escenario para visibilizar la propuesta política del partido. “Hay que aprovechar la división en el Congreso para mostrar nuestro programa”.

Gómez es incluso más optimista: “En ocho años estamos gobernando”. La derrota no le desmoraliza y no piensa abandonar el partido. “Yo voy a continuar en Libre, el bipartidismo se ha repartido el país durante 130 años con cinco golpes de Estado”.

La noche ya cayó sobre Tegucigalpa y el comedor Leiba es uno de los últimos que permanecen abiertos en el silencioso Mercado de Dolores. Las voces de la discusión se amplifican en los pasillos vacíos, rebotando entre los puestos cerrados. Solo el rock que brota del teléfono de José Gómez cortó, por momentos, la acalorada conversación. “Ponme una baleada [plato insignia de la cocina hondureña] y un café para cenar”, pidió Cáceres a la dueña del negocio. “Mañana seguimos”, aseguró, despidiéndose de sus contertulios antes de encarar las cuestas que conducen a los barrios altos de Tegucigalpa.

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este martes sacar una ventaja de más de 10.000 votos a su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.

Con el 70% escrutado, Nasralla acumula 893.718 votos (40,16%) frente a Asfura, que obtiene 883.639 sufragios (39,70%), lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional.

A distancia se mantiene la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, con 424.498 votos (19,07%), después de que en la víspera asegurase que aún no daba por “perdidas” las elecciones y denunciara una presunta manipulación sobre los resultados preliminares.

Saca ventaja a Asfura, el candidato respaldado por Trump

Hasta la reactivación del conteo de votos esta tarde, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche electoral con apenas unos 500 votos por encima de Nasralla, lo que evidenciaba un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.

Ahora el abanderado del Partido Liberal toma una mayor ventaja frente a su contrincante, que cuenta con el respaldo público del presidente estadounidense, quien a escasos días de los comicios del 30 de noviembre solicitó al electorado votar por Asfura, al calificarlo como “el verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

Estos resultados, aún preliminares a falta de escrutar el cien por ciento de las actas, parecen poner fin a la incertidumbre que reinaba en Honduras las últimas 24 horas, tras unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares.

Nasralla indicó la tarde de este martes que la diferencia de votos aumentaría en las próximas horas y pronosticó que el miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría declararlo “presidente electo” de Honduras.

La liberación de Hernández marca la jornada

Los hondureños amanecieron este martes, además de sin un ganador claro en las elecciones, con la noticia de la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), en Estados Unidos gracias a un indulto de Trump apenas un año después de ser condenado a más de cuatro décadas por narcotráfico.

“Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de (Joe) Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo hiciera, y lo hice. Me siento muy bien por ello”, declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El exmandatario hondureño permanece en paradero desconocido y no se sabe si regresará a Honduras, donde aún enfrenta investigaciones y su perdón ha levantado polémicas en el Gobierno.

Concretamente, el titular del Parlamento de Honduras, Luis Redondo, del oficialista Partido Libre, consideró que ese perdón envía un “mensaje devastador” a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.

Emocionada se encontraba por su parte la esposa del expresidente, Ana García, que confirmó que Hernández “volvió a ser un hombre libre” y agradeció por ello al mandatario estadounidense por “un día que jamás” olvidarán.

El domingo, más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al presidente que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

EFE

Los candidatos conservadores Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional -para quien el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran la madrugada de este lunes el recuento preliminar de las elecciones en Honduras, con una ajustada diferencia para el primero, evidenciando el probable regreso de la derecha al país centroamericano.

Con el 55,87 % de las actas escrutadas, Asfura lograba 735.703 votos (40%) , mientras que Nasralla obtenía 731.527 (39,78%), unos resultados que marcan un cambio de tendencia en Honduras, gobernada en este último periodo por la izquierda.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), fue relegada por su parte a un lejano tercer lugar con 352.836 votos (19,18%), lo que llevó a sus líderes a ser precavidos, solicitando a los seguidores mantenerse “en pie de lucha” hasta completarse el escrutinio.

Las dos fuerzas restantes (Mario Enrique Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano; y Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata), suman conjuntamente 18.751 votos (1,01 %), según el órgano electoral.

Cinco partidos concurrieron en los comicios generales de este domingo, con cuatro candidaturas presidenciales, aunque sólo el oficialista Libre, el Nacional y el Liberal llegaban con posibilidades reales de triunfo.

El vencedor de los comicios sucederá el 27 de enero de 2026 a Xiomara Castro, líder del partido Libre, cuyo coordinador generales es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 por promover reformas constitucionales que le ley le impedía.

Los primeros resultados preliminares demoraron más de una hora en ser publicados por los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo problemas técnicos y la mirada expectante de los centenares de observadores electorales presentes en la sala.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, exigió a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, que agilizara el informe preliminar.

“Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué esta esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes”, expresó Asfura.

Pese a ello, los comicios generales de Honduras se desarrollaron este domingo sin mayores incidentes, leves denuncias de retrasos, de supuestos impedimentos para los observadores de cara al recuento y urnas dañadas, pero con una alta afluencia de votantes en los centros electorales de más de 2,8 millones de personas (de un total de 6 millones habilitados), según los datos iniciales.

Una participación que ha sido aplaudida por Estados Unidos, que “sigue de cerca” el proceso electoral en ese país centroamericano.

Asfura, el candidato apoyado por Trump, vs Nasralla

Las elecciones hondureñas estuvieron marcadas in extremis por el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, al aspirante presidencial Asfura, un político de origen palestino con breve recorrido por la administración pública.

Además de solicitar el voto para el candidato presidencial, Trump prometió que si ganaba “habrá mucho apoyo” para ese país centroamericano azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

 Con Asfura, Trump también afirmó que ve la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas” y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ese apoyo de Washington, a escasos días de las elecciones, llegó de la mano de un futuro indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico en Estados Unidos y de la misma formación política que Asfura.

Con todo ello, Asfura lidera el conteo de votos con un ajustado margen frente a Nasralla, el conservador que con “optimismo” mantiene la esperanza de revertirse los resultados para poner fin a 16 años de ausencia del Partido Liberal, pero sin el apoyo de Estados Unidos.

Tras el triunfo en los pasados comicios de la actual mandataria Xiomara Castro, del Partido Libre, Nasralla ocupó uno de los tres cargos de designado presidencial (vicepresidente) hasta abril de 2024, cuando renunció debido a confrontaciones con la presidenta y su esposo, Manuel Zelaya, quien también es coordinador general de la formación política.

EFE

El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental La ilusión de la abundancia, que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. La ilusión de la abundancia ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

LP/CRM

Al menos 41 reclusas murieron este martes, unas 25 de ellas calcinadas, como resultado de un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de una prisión para mujeres en Honduras, donde el Gobierno dispuso la intervención militar del establecimiento.

El incidente ocurrió esta mañana en el Centro de Adaptación de Mujeres (Cefas), en Támara, a 30 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, y al mediodía registraban 41 víctimas fatales, afirmó el vocero del Ministerio Público Yuri Mora.

De las fallecidas, al menos 25 murieron calcinadas y siete baleadas, según los diarios locales El Heraldo, La Prensa y La Tribuna.

Todo comenzó por un enfrentamiento entre integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18, dos de las organizaciones criminales más extendidas en Centroamérica, creadas respectivamente en El Salvador y Estados Unidos.

La viceministra de Seguridad y presidenta de la Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Julissa Villanueva, anunció la medida de intervención en respuesta a los disturbios. En sus redes sociales, declaró emergencia y dejó claro que no se tolerarán actos vandálicos ni irregularidades en dicha cárcel.

La funcionaria atribuyó el incidente a “la criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país” y remarcó “cómo desde adentro y afuera se producen acciones nefastas”.

Por lo menos cinco equipos de Medicina Forense trabajaban esta tarde en el levantamiento de los restos de las reclusas que murieron calcinadas.

MB con información de agencias

La periodista hondureña Jennifer Ávila Reyes, reportera, directora editorial y cofundadora del medio Contracorriente, es la ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2023, según anunció la Fundación colombiana creada por el premio Nobel Gabriel García Márquez. El jurado del premio valoró su compromiso con la verdad, la justicia y el combate a la violencia estructural que afecta a las mujeres y la democracia en uno de los países latinoamericanos donde es más difícil ejercer el periodismo.

El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por 14 periodistas, escritores y académicos con reconocimiento en Iberoamérica, decidió otorgar este premio a Jennifer Ávila (El Progreso, Honduras, 1990) por ser “una joven profesional que, a pesar de todas las dificultades, decidió perseverar en el ejercicio del buen periodismo haciendo honor al principio de que el derecho a la información no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos”. 

Su medio, Contracorriente, que fundó junto con Catherine Calderón en 2017, se destacó en la investigación de la corrupción, el crimen organizado y la impunidad en Honduras. A pesar de los riesgos a su integridad, la dificultad de acceso a la información y el acoso hacia los medios independientes, Ávila y su joven equipo lograron consolidarse “como un referente en investigaciones regionales y transnacionales que tuvieron impacto dentro y fuera de sus fronteras” y una escuela para las nuevas generaciones de periodistas hondureños.

El premio Gabo “respalda el coraje, la ética y la convicción de miles de jóvenes periodistas del continente, encarnados en una gran exponente como Jennifer Ávila”, cuyo ejemplo inspirador es considerado una fuerza transformadora en Centroamérica y más allá, desde una Honduras asediada por la violencia, la corrupción y el crimen organizado. “Su liderazgo destaca en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo”, concluye el jurado del premio.

El rostro del nuevo periodismo independiente

Jennifer Ávila nació el 29 de junio de 1990 en El Progreso, Yoro, Honduras. A lo largo de una década de experiencia, ha mostrado su versatilidad como documentalista, reportera en texto y radio, 'fixer', analista e investigadora. Ha colaborado para medios como The Washington Post, Divergentes, Distintas Latitudes y Noticias Aliadas. Trabajó en Radio Progreso, en su departamento natal de Yoro, entre 2011 y 2017, año en el que fundó el medio nativo digital Contracorriente junto con Catherine Calderón, actual directora de desarrollo del medio. De un pequeño grupo de cuatro personas que funcionaba en una oficina prestada, con dos voluntarios, Contracorriente pasó a tener un equipo de más de 20 personas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En poco tiempo, bajo el joven liderazgo de Ávila y Calderón, este dinámico sitio transmedia logró gran impacto a nivel nacional y centroamericano.

Con la obtención del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2023, Ávila se une a un grupo de profesionales ejemplares que han recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo desde su creación: Giannina Segnini (2013), Javier Darío Restrepo y Marcela Turati (2014), Dorrit Harazim (2015), el equipo de El Faro (2016), Jorge Ramos (2017), Ignacio Escolar (2018), Jesús Abad Colorado (2019), el equipo de Radio Cooperativa (2020), Pedro X. Molina (2021) y Juan Villoro (2022).

Ávila recibirá el Reconocimiento a la Excelencia en la undécima edición del Festival Gabo, que será, además, el espacio para homenajear a los ganadores de las cinco categorías de concurso del Premio Gabo 2023: Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto. Las postulaciones al Premio Gabo están abiertas hasta el 22 de marzo.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este lunes recientes ataques contra al menos 120 activistas de derechos humanos en Honduras, en forma de amenazas, acoso y en algunos casos asesinatos, y pidió al Gobierno del país centroamericano más esfuerzos para proteger a ese colectivo.

“Dos tercios de las víctimas son activistas ambientales, muchos de ellos indígenas o afrohondureños”, señaló al respecto la alta comisionada de la ONU en funciones para los Derechos Humanos, la jordana Nada Al-Nashif, en su discurso durante la inauguración de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Al-Nashif pidió a las autoridades hondureñas que “fortalezcan su Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo que incluye darle los necesarios recursos financieros”.

La alta comisionada en funciones, quien será sustituida próximamente por Volker Türk, destacó la positiva cooperación actual entre la oficina de Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a fin de crear un nuevo marco para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por el Congreso Nacional el 18 de julio.

Ese nuevo marco “fortalecerá el estado de derecho y la independencia judicial, dada también la prevista creación de un mecanismo anticorrupción apoyado por Naciones Unidas”, añadió Al-Nashif.

Con información de EFE.

IG

Es un secreto que circula de boca en boca en los barrios pobres de Honduras: dónde comprar píldoras abortivas, cómo usarlas sin ser descubierta, qué decir en el caso de que sea necesario ir al hospital. Los objetos contundentes, las infusiones y las plantas medicinales, cuando no hay otra opción, se convierten en los instrumentos de un negocio mortal de abortos ilegales.

Carla*, de un barrio pobre de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, tenía 17 años y aún estaba en la escuela cuando supo que estaba embarazada. Cuando sus padres lo descubrieron, la echaron de casa y le dijeron que era su problema. “Me quedé sola. Nadie da trabajo a una menor de edad embarazada, así que no tenía otra opción. No podía tener el bebé”, dice. Embarazada de tres meses y cada vez más desesperada, bebió una mezcla de hierbas y canela con el objetivo de interrumpir su embarazo. “Me lo bebí todo y funcionó, pero tuve muchas hemorragias y mucho dolor. No fui al hospital porque tenía miedo de que descubrieran lo que había hecho y avisaran a la policía. A mis padres les dije que me había caído de la bicicleta y que había perdido al bebé”. 

Unos meses después, cuando ya vivía con su novio en un estudio, volvió a quedarse embarazada. “No teníamos suficiente dinero para comer. No tenía trabajo y mi novio vendía drogas para pagar el alquiler. Lo tiramos al río cerca de la casa donde vivimos”.

Un control casi absoluto

En Honduras, donde más del 66% de la población vive en la pobreza, son las mujeres más pobres las que pagan el precio más alto por las draconianas leyes de aborto, que se encuentran entre las más duras del mundo. El control del Estado sobre la salud reproductiva de las mujeres es casi absoluto. El aborto en Honduras es ilegal en todas las circunstancias, incluidas la violación y el incesto. No se permite el aborto para salvar la vida de la mujer o cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero. La píldora del día después también está prohibida.

Se calcula que el 40% de los embarazos no son deseados ni planificados y prospera el negocio del aborto ilegal, con entre 50.000 y 80.000 interrupciones clandestinas al año.

Las leyes de aborto de Honduras están matando a las mujeres: se estima que con un acceso adecuado a los anticonceptivos y a los servicios médicos para abortar, las muertes maternas se reducirían en un 70% aproximadamente. En 2019, un informe de Human Rights Watch detalló el “enorme sufrimiento” en Honduras como resultado de la prohibición total de los abortos impuesta en todo el país. La ONG alertó de que la situación hondureña permitía vislumbrar el futuro de las mujeres y niñas más pobres de Estados Unidos si el aborto también se criminalizaba en los estados de ese país.

“Lo que nuestra investigación en Honduras muestra es cómo es la vida de las mujeres y las niñas cuando el aborto está prohibido o limitado a condiciones concretas”, señala Margaret Wurth, investigadora principal de los derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Es un alarmante precedente de lo que podría llegar a ocurrir en Estados Unidos”.

La píldora cytotec

Las leyes sobre el aborto se dan en un entorno en el que la violencia contra las mujeres está muy extendida. Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con una mujer asesinada cada 22 horas, según Human Rights Watch. En 2012, una encuesta del gobierno concluyó que casi una cuarta parte de las mujeres hondureñas habían sufrido abusos sexuales o físicos por parte de su pareja. 

Yanet*, de 28 años, también recurrió a un aborto ilegal en su tercer mes de embarazo. Su novio la golpeaba. Su pareja también vendía drogas para sobrevivir. “No ganamos suficiente dinero para mantenernos a nosotros mismos, y mucho menos a un niño”, señala.

Como muchas mujeres de países donde el aborto es ilegal, Yanet empezó a buscar la píldora cytotec (también llamada misoprostol), conocida como “píldora abortiva”. La prescripción de la píldora cytotec, también utilizada para tratar las úlceras de estómago, está restringida a los hospitales y por parte de profesionales médicos, pero existe un mercado clandestino para conseguir las pastillas. “Me tragué dos pastillas y me introduje otras dos en la vagina”, cuenta Yanet. “Fue doloroso pero funcionó; tuve una hemorragia pero no fui al hospital porque estaba demasiado asustada. Enterré el feto en el patio trasero de nuestra casa”.

Abusos sexuales

La prohibición del aborto puede tener consecuencias devastadoras para las mujeres hondureñas. La mayoría de las agresiones sexuales que se producen en el país se infligen a menores (70%) y el embarazo precoz es una de las consecuencias más peligrosas de la violencia sexual sobre las niñas y adolescentes.

Kaylie*, que ahora tiene 18 años, tuvo su primer aborto a los 13. “Cuando tenía cinco años, mi madre me enviaba a ver a mi tío, que pagaba un dólar (0,96 euros) por tener relaciones sexuales conmigo. Éramos extremadamente pobres. Además, mi padre abusaba de mí, así que a los nueve me fui de casa y acabé en la calle. A los 10 años ya me drogaba y me fui a vivir con un chico de 19 años que me proporcionaba comida. Me quedé embarazada a los 13 años y fui a casa de mi madre, que me dio la bebida de hierbas. Tuve muchas hemorragias, pero sobreviví”, explica.

Un año después, a los 14, volvió a quedarse embarazada y abortó de nuevo. Al cabo de unas semanas, empezó a sentirse mal y pidió ayuda a su amiga Jasmine*, a la que había conocido en la calle. Su amiga consiguió reunir los cerca de 200 dólares (unos 192 euros) necesarios para ir a una clínica privada donde le dijeron que se había dañado el útero. Desde entonces no ha vuelto a tener la regla.

Jasmine también ha tenido tres abortos. Sus padres la abandonaron a los ocho años, y a los 12 se quedó embarazada y buscó la forma de interrumpir el embarazo de forma ilegal. Después, sangraba tanto que decidió ir al hospital. “El personal médico quería avisar a la policía, pero mi tía apareció y me sacó del hospital. Luego me dejó de nuevo en la calle”, cuenta. Tras sobrevivir a otros dos abortos, ahora ha conseguido que le pongan inyecciones anticonceptivas. Ella y Kaylie viven juntas, y trabajan como empleadas del hogar. Cada una ganas unos 20 dólares al mes (unos 19 euros).

“No tenía otra opción”

Blanca* decidió arriesgarse a abortar después de que su marido dejara a ella y sus tres hijos para entrar ilegalmente en Estados Unidos. “Hubiera sido mi cuarto hijo, mi marido se había ido y no tenía ni idea de cómo mantener a otro bebé. Gano unos 50 dólares (unos 48 euros) a la semana y ya resulta difícil con tres hijos”, indica. “Me siento culpable, fue una decisión difícil, pero la tomé porque no tenía otra opción y no habría podido dar a un niño la vida que merecía. Las mujeres deberían poder decidir porque son ellas las que tienen que cuidar de los niños cuando los hombres se van”.

Con un acceso a la sanidad limitado y costoso, las comadronas de los barrios pobres suelen ser un salvavidas para las mujeres embarazadas. Sin embargo, muchas temen las consecuencias derivadas de ayudar a mujeres que sufren las consecuencias de abortos ilegales mal practicados. Berta Lillian Montoya Morataya, que ahora tiene 73 años, empezó a trabajar como comadrona a los 12 años. Vive con su familia en Cielito Lindo, un barrio de bajos ingresos de San Pedro Sula. Cuando las mujeres acuden a ella sangrando por abortos clandestinos, las echa. “No las ayudo, las envío directamente al hospital”, dice. “No quiero verme involucrada en un delito y acabar en la cárcel”.

* Se han cambiado los nombres de las mujeres que han dado su testimonio para este artículo.

- Este reportaje ha contado con el apoyo de la International Women's Media Foundation, en el marco de la iniciativa de información sobre salud reproductiva, derechos y justicia en las Américas.

Traducido por Emma Reverter

FV

Un antecedente similar en San Antonio ocurrió en 2017. En esa ocasión, diez migrantes murieron en la parte trasera de un camión que estaba aparcado en el estacionamiento de la cadena Wal-Mart. James Matthew Bradley Jr., el conductor del tráiler, fue sentenciado a cadena perpetua.

En el luctuoso  episodio de ahora se observa un compendio de lamentables razones: la desesperación de los migrantes que buscan cualquier forma de ingresar a los EEUU; el cinismo de los “coyotes”, o traficantes de personas, explotando esa desesperación; las medidas restrictivas estadounidenses existentes que incentivan tales riesgos; y las temperaturas récord y la sequía en Texas que incidieron en la espantosa situación de los migrantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó que al menos  22 de las víctimas eran ciudadanos mexicanos, siete eran de Guatemala y dos de Honduras.

Por su parte, Greg Abbott el republicano gobernador de Texas, no vaciló en responsabilizar al presidente  demócrata Joe Biden de las muertes. “Son el resultado de sus letales políticas de frontera abierta”, tuiteó Abbott. “Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, agregó Abbott quien se encuentra en medio de una campaña de reelección. Numerosos políticos republicanos también se hicieron eco de la acusación de “fronteras abiertas”.

Biden, quien se encuentra en Madrid participando de la cumbre de la OTAN, declaró: “Explotar a personas vulnerables con fines de lucro es vergonzoso, al igual que la fanfarronería política en torno a la tragedia” ,calificó esas muertes de “horrorosas y desgarradoras” y agregó que “este incidente subraya la necesidad de perseguir a la industria de contrabando criminal multimillonaria que se aprovecha de los migrantes y provoca demasiadas muertes inocentes”.

Tres personas fueron detenidas luego de las muertes, incluidos Juan Francisco D'Luna-Bilbao y Juan Claudio D'Luna-Mendez, ambos ciudadanos mexicanos acusados ​​​​de quedarse más tiempo del que tenían sus visas, informó el diario New York Times y un portavoz de Inmigración y Control de Aduanas alegó que eran “parte de la conspiración de contrabando”.

Frontera abierta, Título 42 y Permanecer en México

Durante años, el bulo de “frontera abierta” ha sido un tema de conversación estándar de la derecha estadounidense. No importa que EEUU mantenga posiblemente uno de los procesos de solicitud de visa más rigurosos y difíciles del mundo para ciudadanos que buscan ingresar al país. No importa que la reubicación que EEUU dispone sobre los refugiados, incluso bajo la administración de Biden, alcance los mínimos históricos. Ni tampoco importa que EEUU detenga y expulse de inmediato un número de inmigrantes ilegales en su frontera sur.

Para el establecimiento republicano cualquier discusión sobre políticas más humanitarias en la frontera o cualquier crítica sobre la ineficacia y el gasto de miles de millones de dólares en cosas como un muro -que el expresidente Donald Trump mandó a  elevar varios tramos de 5,4 a 9,1 metros- equivalen a una “mentalidad de fronteras abiertas”.

Durante el mandato de Trump se propagó desde el oficialismo la creencia de que el propósito de la oposición demócrata era inundar el país con inmigrantes indocumentados. La suposición encontró eco en las teorías de conspiración de extrema derecha que inspiraron, entre otras cosas, “delitos de odio” como los tiroteos masivos en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 y en un Walmart de El Paso en Texas, cerca de la frontera con EEUU en 2019. Poco antes de la masacre, el asesino había publicado un manifiesto en las redes sociales en el que hablaba de la “invasión hispana de Texas”. En el texto, despotricaba contra los inmigrantes y advertía que “los extranjeros están reemplazando a los blancos”.

Los críticos de Biden no dudan en afirman que su intención de revertir algunas de las políticas fronterizas de Trump ha provocado un aumento incontenible de la inmigración. Sin embargo, muchas de las medidas de la era Trump siguen vigentes debido a la intervención judicial. 

La disposición del “Título 42”, promulgada por Trump en 2020, utilizó el contexto de emergencia de la pandemia para permitir que los funcionarios fronterizos expulsen a los migrantes antes de que puedan ser procesados ​​burocráticamente o intentar solicitar asilo.  Y los controvertidos protocolos “Permanecer en México” habilitaron enviar  los posibles solicitantes de asilo en la frontera de regreso a México.

La administración Biden declaró su intención de atender las causas fundamentales que impulsan la migración desde los países del sur, incluidos los espinosos legados de negligencia económica y corrupción gubernamental, así como las crisis humanitarias en curso, los efectos de los desastres naturales y el número de víctimas de la pandemia.

Las caravanas de migrantes llegadas desde América Central, especialmente del llamado Triángulo Norte (por la Triple Frontera entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador), hasta el límite EEUU-México, donde se erige el muro levantado por Trump y cuya construcción ordenó detener Biden como uno de los primeros y más espectaculares actos de reversión de políticas que dispuso al asumir, llegaron a los números más altos de la última década y media, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (U.S. CBP) . La misma publicidad que había dado el presidente demócrata a sus iniciativas de DDHH, que abiertamente proclamaban poner fin a la inhumana crueldad de su antecesor republicano, fungieron como propaganda que estimuló tanto la voluntad de migrar como el negocio de las empresas de contrabando de personas.

“Estados Unidos no es responsable de resolver los problemas de delincuencia transnacional, gestión de la migración y seguridad fronteriza en México y el norte de Centroamérica”, concluyó un informe reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la minoría republicana sobre migración. Recomendó, en cambio, que la administración “utilice todas las herramientas disponibles para asegurar la frontera” en este momento, incluido el movimiento del Título 42 y la política “Permanecer en México”.

Sin embargo, estas medidas carecen de la eficacia que sus patrocinadores le atribuyen. Las expulsiones del “Título 42”  afectan a más de 1 millón de personas debido a que  Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año el presidente de EEUU decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.

El programa “Permanecer en México”, cuyo destino ahora está en manos de la mayoría derechista de la Corte Suprema, ha dejado a miles de solicitantes de asilo vulnerables a la merced de la violencia criminal de los cárteles y traficantes de personas que operan dentro de México.

“Muchas de las personas atrapadas en ese camión en San Antonio podrían haberse acercado a un puerto de entrada terrestre... y haber pedido a los funcionarios [de Aduanas y Protección Fronteriza] que solicitaran asilo en los Estados Unidos, como es su derecho legal”, señaló la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “Pero eso es imposible, ya que el Título 42 ha dejado los puertos de entrada cerrados a los solicitantes de asilo”.

Otros cruces,  las mismas fatalidades 

Las muertes en San Antonio distan mucho de ser un hecho aislado, ya que aumenta la cantidad de migrantes que intentan cruzar en áreas más peligrosas y remotas.

“Las dinámicas migratorias han cambiado, sobre todo frente al impacto económico de la pandemia de COVID-19”, asegura Maureen Meyer, vicepresidenta de WOLA. Aparte de la ruta clásica de México, Guatemala, Honduras y El Salvador rumbo a EEUU, hay cada vez más migrantes sudamericanos y haitianos que estaban “viviendo en otros países de la región y que ahora están otra vez en movimiento por falta de empleo, aparte de la discriminación y el racismo que han experimentado. Además, hay un flujo muy grande de personas cubanas saliendo de la isla por la crisis humanitaria. Personas procedentes de África y Asia también usan la región como zona de tránsito”, explica Meyer, experta en migración y seguridad fronteriza quien también detalla que desde octubre de 2020 a septiembre de 2021, la patrulla fronteriza de EEUU encontró los restos de 557 personas migrantes, “un número récord”.

En el mismo mes de septiembre, de los 15 mil migrantes haitianos que habían arreado policías montados, y conducido a rebencazos a un campamento luego desmantelado  debajo del puente internacional de Del Río o concentrado a la intemperie en una plana localidad fronteriza tejana, separaron una fracción de 2 mil, que fue deportada en vuelos de carga a la capital haitiana de Port-au-Prince. Otra fracción equivalente, la administración retaceó los números exactos, formada en primer término por madres embarazadas o acompañando a menores, fue admitida en EEUU como solicitante de asilo o refugio. Otra fue encerrada en centros de detención más alejados de la vista. Otra fue llevada en ómnibus mexicanos hacia bien al sur de la frontera sur de EEUU. En esa oportunidad, la ONU pidió a Brasil si no podía recibir otra parte de esta masa de personas que había llegado a la frontera.

A la vez, son los migrantes haitianos los que lideraron el paso a pie por el Tapón del Darién, la selva tropical e infranqueable que se extiende entre el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia) considerada una de las rutas más peligrosas del mundo. Al ambiente hostil de la selva se suma la presencia de grupos criminales, a manos de los cuales los migrantes sufren extorsiones, violencia sexual y robos. 

En el transcurso de este año, esa fatídica ruta la encabezan venezolanos y cubanos. Por su parte, Refugees International informa que un total de 13.425 personas han cruzado el Darién en los tres primeros meses de 2022, más del doble que en el mismo periodo de un año atrás. Además de 50 muertos en lo que va de año y 288 casos de violaciones sexuales.

Más de 6.000 migrantes han sido reportados como desaparecidos o muertos en América desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 60 por ciento de los decesos tuvieron lugar en la frontera entre México y EEUU. Mientras que unas 1.750 personas murieron ahogadas, en el río Bravo, frontera natural entre México y EEUU, la falta de agua, alimentos y de un sitio para quedarse costó la vida a 861 personas. Otros migrantes fueron víctimas de la violencia, de accidentes o murieron como en el reciente episodio de San Antonio por estar sometidos a condiciones infrahumanas.  

AGB

Para Honduras, Xiomara Castro fue un doble debut. La primera mujer en ganar la presidencia y el primer gobierno de izquierda en la historia del país centroamericano. Ganó en primera vuelta con el apoyo del 53,2 % de los votos en una elección que contó con la mayor participación ciudadana (70%) hasta ahora en la historia del país.

 El 27 de enero, habían asistido a la ceremonia entre otros mandatarios las vicepresidentas de EEUU, Kamala Harris y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el candidato presidencial y exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente de Bolivia Evo Morales.

Castro representa al Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado  en 2011 por su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya destituido por el golpe de Estado de 2009. Derrotado en 2013, y fraudulentamente en 2017, se impuso la alianza electoral de izquierda, y  Xiomara Castro ganó la presidencia. Por primera vez, se partió el bipartidismo de derecha en esta república centroamericana de 9,5 millones de habitantes y 112 mil kilómetros cuadrados extendidos entre Guatemala y Nicaragua y entre los Océanos Atlántico y Pacífico. El historiador Otto Argueta apunta que «entre 1839 y 2021 (182 años) hubo 116 cambios de gobierno incluyendo dictadores, golpes de Estado, juntas de estado, reelecciones y juntas de conservadores y liberales pero lo que ha ocurrido por primera vez es que un partido que no sea el Partido Nacional o el Partido Liberal, gane una elección». 

A pesar de las grandes expectativas y esperanzas generadas por este inédito triunfo, el inicio se empañó debido a  una crisis dentro de Libre  que impactó en el Congreso Nacional y produjo dos juntas directivas de debates simultáneos y en lugares diferentes. La situación .que duró varios días. fue resultado de desacuerdos en el  partido de gobierno cuando un grupo de 20 diputados desconoció un compromiso de campaña que otorgaba al Partido Salvador de Honduras (PSH) la Presidencia del Congreso y decidió asumir esa instancia, negociando con el Partido Nacional (PN), que gobernó el país en los últimos 12 años y es responsable de la situación crítica en la que se encuentra en este momento. La crisis que se superó fue una muestra de disputa por el poder y también de las  dificultades que enfrentaría la nueva gestión que ahora lleva cumplidos más de sus 100 primeros  días  de gobierno.

Refundar el país en el marco del Bicentenario

Castro, de 62 años, que cruza los brazos en X a modo de saludo, en su discurso de balance pronunciado  el 7 de mayo mantuvo su enfoque de transformación económica, política y social- que había anunciado en su discurso de asunción presidencial en el que proclamó “refundación del Estado socialista y democrático” -aunque omitió o esquivó temas de fondo.

Esto último está relacionado y aún justificado por la situación en que asumió Castro el gobierno de Honduras. El país en “bancarrota”: una precariedad extrema debido a la ausencia de recursos presupuestarios, la elevada deuda externa, los nombramientos pendientes de personal de salud contratado para la pandemia, las demandas acumuladas de los transportistas y el compromiso de los ingresos de la denominada tasa de seguridad durante el año 2022.  Todos los factores enumerados contribuyeron a que  en los primeros días de gestión el gobierno debió  centrarse en lo urgente, postergando lo importante, como el impulso de mecanismos de diálogo para encontrar soluciones y resolver las situaciones críticas evitando los enfrentamientos o la represión que eran usuales en el gobierno anterior.

La apuesta económica

Después de Haití y de Nicaragua, Honduras es el país independiente más pobre de América Central e Insular, con más de la mitad de la población más allá de la línea de la pobreza. Es también uno de los países más violentos, y uno de los más peligrosos de América Latina para las mujeres. En septiembre, 3,3 millones de personas –una de cada tres- sufrían en Honduras de inseguridad alimentaria aguda. La deuda pública de 15 mil millones de dólares equivale al 57% del PBI. Pero Honduras es también uno de los países que más crece, con tasas muy superiores a las del resto del Caribe, donde sólo es superado por Panamá en Centroamérica.

En este cruel pero no engañoso panorama   Xiomara Castro prometió subsidiar la energía para “más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios por mes” con aportes de los “altos consumidores”. En consecuencia, en febrero se aprobó el decreto por el cual 1.334.648 usuarios dejaron de facturar 540,9 millones de lempiras mensuales (más de 22 millones de dólares).Sin embargo, el 60% del cargo pasó al Estado y el 40% al sector industrial y comercial, según el propio secretario de Energía, Erick Tejada.

En la misma línea, cumplió la promesa de subsidiar los combustibles y por decreto, redujo el precio de la gasolina en unas 10 lempiras (0,4 dólares) por galón, aunque la guerra entre Rusia y  Ucrania desde finales de febrero produjo encarecimiento global de los  precios

Otra bandera de la presidenta hondureña era “desmontar” las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) que ella  misma  calificó de “criminales”. El Congreso, a iniciativa del Gobierno, por unanimidad  derogó la ley 2013 referida esos territorios con autonomía judicial, política, económica y administrativa que a partir de ahora mantendrán sus operaciones bajo la ley hondureña.

También se cumplió la “reforma inmediata” del presupuesto nacional, con un aumento de 51.000 millones de lempiras para un total de 360.000 millones, unos 14.700 millones de dólares. El pago de la deuda , que Castro  propuso “readecuar” y “auditar”, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENNE) “destruida por la dictadura”  son ámbitos protagonistas y los mayores incrementos se dieron en salud y educación.

En abril, con el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas, después de dos años y con matrícula gratis, pero todavía no se habilitó la  merienda como tampoco  vacunas y barbijos. En cuanto a la “atención precisa” para “adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidad LGTBI”, el Gobierno también en abril creó  la Secretaría para el Desarrollo Social (SEDESOL), Además, creó la Secretaría de la Mujer, para frenar las violencias y promover sus derechos, como la despenalización del aborto en las tres causales básicas en un país que lo penaliza en su totalidad.

Sin embargo,  la concentración en el “desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria” junto con el objetivo de “renegociar” el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado en 2001 entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana aún no se han traducido en pasos políticos concretos, respectivamente. En este sensible tema, el Gobierno sostiene  iniciativas como el  Proyecto Integrando de Innovac¡ón para Competitividad Rural con el Banco Mundial, para un país que tendrá 7,3 millones de habitantes viviendo en situación de inseguridad alimentaria entre junio y agosto, según un  informe del Sistema de Integración Latinoamericana (SICA).

Por  ahora no han trascendido políticas para la “especial atención en el desarrollo agroforestal, el desarrollo industrial, la promoción del turismo y una estricta política fiscal y monetaria”, ni “mecanismos legales de mercado para la disminución de los intereses bancarios para la producción” que habían sido anunciadas por Castro en su discurso inaugural de su mandato.

Leyes, política e instituciones

La promesa de leyes de condena al golpe de Estado de 2009 y de amnistía “para los presos políticos, de conciencia y en el exilio” fueron aprobadas  en febrero con la Ley para la Reconstrucciòn Constitucional y para que los Hechos no se Repitan. Respecto a la segunda, es  considerada por algunos como un nuevo  “pacto de impunidad” en favor de funcionarios del Gobierno de Zelaya acusados de corrupción.

Si bien la presidenta no especificó en enero las “medidas urgentes” que había defendido en campaña “para la refundación de Honduras”, ni las retomó el 7 de mayo, ha derogado la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, permitiendo la desclasificación de toda información ‘reservada’  amparándose en esa normativa, más conocida como “ley de secretos”, uno de los pilares del autoritarismo del ex presidente Juan Orlando Hernández conocido como joh.   A la vez, se derogó la Ley del Empleo por Hora promulgada en 2014 bajo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que permitía a empresas privadas y públicas contratar el 40% de su planta de manera temporal.

Respecto a la “consulta popular sobre reformas constitucionales” en 2022, el Ejecutivo hondureño no ha especificado los temas ni fecha tentativa, pero ya dio un paso al ampliar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en 400 millones de lempiras, unos 16,3 millones de dólares. También se abrió el  camino hacia la posible Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de la ONU que el 9 de mayo envió una misión exploratoria que analizará la viabilidad de la propuesta. .

“Trabajaremos para profundizar las relaciones multilaterales entre la Unión Africana y el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y todos los espacios regionales de los que como pueblo y Estado de Honduras somos parte”, expresó el vicecanciller Gerardo Torres quien también informó que Honduras  ha iniciado el estrechamiento de sus relaciones con Argelia y la República Árabe Saharaui Democrática, en el norte de África.

En otro aspecto , la reciente detención e inicio de un proceso de extradición a EEUU contra el ex presidente Alvarado, acusado de narcotráfico, queda  lejos de ser un simple caso judicial o de política interna hondureña. Su caso es revelador de una serie de realineamientos geopolíticos en América Central -cuyos  vínculos dirimidos entre la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, y los flujos del empuje de la migración hacia el norte fueron atendidos por el ex presidente Barack Obama- que incluyen el distanciamiento de Washington de los países del Triángulo Norte -como El Salvador de Nayib Bukele- y un acercamiento de Honduras, donde la presidenta en la campaña electoral fue  acusada de “chavista” y “comunista”. Y aún  para los sectores más conservadores de EEUU y también de la propia Honduras, Xiomara Castro tiene tras de sí el fantasma de su esposo  Zelaya, uno de los expresidentes más influyentes en la vida política nacional, y a quien sus críticos consideran un político de izquierda no confiable. En su intervención en el evento de confirmación ante el Senado de Laura Farnsworth Dogu como embajadora de EEUU en Honduras, el senador republicano Marco Rubio expresó su “preocupación sobre un posible acercamiento hacia China” y dijo esperar que Castro abriera un nuevo camino y “no siguiera los pasos de su esposo”.

Sin embargo, Castro no asistió la IX Cumbre de Las Américas sumándose al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, debido a que EEUU no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y envió en su representación al canciller Enrique Reina, al ministro de desarrollo económico, Pedro Barquero, y al secretario privado, Héctor Zelaya.

En otro plano, el gobierno lleva adelante conversaciones  para propulsar el “Estado abierto y república digital”  con Corea del Sur, clave para Plan Maestro de Gobierno Digital del 2015,  según repasa un informe de la CEPAL.

¿Otra pionera de la izquierda medioambiental?

El otro gran desafío para la actual es la cuestión del medioambiente presente en su plan de gobierno.  Fueron cumplidas sus propuestas de justicia  con los seis detenidos  de la comunidad de Guapinol -quienes en 2018 defendieron los ríos San Pedro y Guapinol, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, al rechazar un proyecto de una mina de óxido de hierro de la empresa Inversiones Los Pinares en esta área protegida- que recobraron su libertad en febrero por una absolución de la Corte Suprema de Justicia después de dos años y medio de prisión preventiva.

Si la criminalización contra quienes se oponen ha sido sinónimo de la ambientalista Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del Premio Goldman en 2015 y asesinada en 2016, esta promesa  también se ha cumplido. Aunque tras la condena en 2021 como autor intelectual al exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos, David Castillo, en teoría no depende del Gobierno de Castro el hecho adquiere especial relevancia en cuanto a la fidelidad que cobra su palabra de garantizar la justicia.  Lo mismo, con  Andrés Tamayo, sacerdote miembro del Movimiento Ambientalista de Olancho, también ganador del Premio Goldman por su oposición a la tala ilegal de bosques y expulsado del país tras el golpe de Estado de 2009. El Gobierno cumplió su promesa de restituirle la nacionalidad, aunque a través de la en parte criticada Ley de Amnistía.

De hecho, la gran promesa ambiental de la presidenta hondureña sostiene que no haya  “más permisos de minas abiertas”, o “concesiones en la explotación de ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. Castro declaró  en febrero al país “libre de minería a cielo abierto” y el Gobierno no ha otorgado más concesiones, sin embargo, las mineras siguen operando. el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, cambió su discurso por el de vigilar el extractivismo.

Para  la propia “protección del medio ambiente”, el Gobierno de Castro declaró la emergencia ambiental en marzo y empezó a cumplir su promesa de trabajo conjunto con las FFAA: en abril ordenó desplazar 2.000 tropas especializadas hacia áreas protegidas Respecto a la carretera ilegal que afecta a la reserva Biósfera del Río Plátano, al noreste del país, Medina aclaró que de acuerdo  con los pobladores habrá  más deforestación, a pesar de estas palabras la carretera por ahora no sido clausurada.

“Libre ha tenido que sacrificar dos de las propuestas rectoras  de su campaña, al menos temporalmente: la de convocar a una consulta sobre una asamblea constituyente y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China a cambio de una sustancial ayuda económica norteamericana, la cual, a juzgar por su historial, bien pudiera resultar incierta o insuficiente. Lo que, eventualmente, podría convertirse en motivo de malestar al interior del propio partido y aun de muchos hondureños que la consideran de interés nacional y como asunto que atañe solamente a nuestra decisión soberana” evaluó el abogado y analista político Rodil Rivera Rodil, dirigente del Frente Amplio Político Liberal de la Resistencia (FAPER).

AGB

Mientras presidió el más alto cargo de la República de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, en ejercicio durante dos mandatos (2014-2022)  gozó de fueros soberanos debido a su cargo. Esta inmunidad protectora terminó el  28 de enero de 2022,  con la asunción la presidenta izquierdista  Xiomara Castro, 12 años después del golpe de Estado contra el expresidente y marido de la actual mandataria, Manuel Zelaya.

Tan solo  tres semanas después, el Departamento de Estado de EEUU desclasificó un documento firmado el 1° de julio de 2021 por el Secretario de Estado,  Antony Blinken, donde el ex presidente figuraba en una lista de políticos corruptos con comportamientos antidemocráticos. Según informes veraces y fidedignos, Hernández habría estado involucrado en actos de corrupción y financiado campañas políticas con ganancias de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El 15 de febrero, debido a que EEUU solicitó a Honduras la extradición del expresidente, en una operación conjunta de la Policía Nacional de Honduras junto a la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU, Hernández fue apresado y  bajo prisión preventiva.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón,  en ese momento consideró “sustancial” la cantidad de droga traficada por la que EEUU acusó a Hernández, y detalló que la orden de extradición señala al exmandatario por cuatro delitos, que incluyen narcotráfico y tráfico de armas.

“No se trata de cinco kilogramos, como es el caso de los otros que han sido llamados en extradición; no, son más de 100 kilogramos, una cantidad considerable, bastante fuerte”,  comentó  Sabillón.

Con la detención de Hernández, decenas de personas llegaron con pancartas a la residencia para celebrar, y en otras ciudades hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba “Juancho va para Nueva York”, según videos que circularon en redes sociales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ)  de Honduras ratificó hoy la extradición del ex presidente Juan Orlando Hernández, reclamada por EEUU por cargos asociados al narcotráfico y uso de armas de fuego. 

El portavoz, Melvin Duarte, informó sobre la decisión de los magistrados e indicó que todos los integrantes de la Corte votaron a favor de conceder la “extradición”. 

Hernández, de 53 años de edad, declaró hoy en una carta pública que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración'' y afirmó que ”Estoy seguro que Dios me hará justicia“.

El pasado 17 de marzo, el juez hondureño Edwin Ortez ya había aprobado  la extradición del exmandatario, una decisión apelada por la defensa de Hernández y que ha sido hoy ratificada por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

Entre los cargos que se le imputan al expresidente se encuentra  la “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” a aguas “a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”, de acuerdo al comunicado del Departamento de Estado de EEUU.

Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño antecesor de Xiomara Castro, siempre rechazó las acusaciones que lo criminalizaban por narcotráfico, llegadas de EEUU hondureños que enfrentan juicio o están condenados en ese país por tráfico de drogas.

Se suman los delitos de:  “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”; así como de “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

Aunque la determinación de la Justicia estadounidense se ha formalizado ahora, las sospechas contra Juan Orlando Hernández ya se hicieron presentes desde hace aproximadamente cuatro años.

En 2018, el hermano ahora expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, que entonces era diputado nacional, fue arrestado en Miami acusado de narcotráfico.

Durante el juicio en su contra, se expuso la trama de cómo los carteles del narcotráfico se habían ido infiltrando en todas las esferas de poder: desde el sistema judicial hasta el Ejecutivo. El 8 de enero en Nueva York se presentaron mociones que acusaban al ex presidente  Hernández de haber aceptado sobornos de narcotraficantes, destinados a financiar su campaña electoral en 2013 . Entre estos cargos, la presunta ‘subvención’ de un millón de dólares del famoso narco mexicano ‘El Chapo’ Guzmán  que se realizó a través de 'Tony' Hernández.

En 2021, un juez de la ciudad de Nueva York condenó a cadena perpetua a Juan Antonio  Hernández tras declararlo culpable por el tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia el país norteamericano.

AGB con información de medios y agencias

Estados Unidos solicitó este martes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), sobre quien pesan acusaciones por narcotráfico, y la justicia hondureña ya eligió al magistrado que tratará el caso y deberá decidir al respecto, un trámite que puede demorar de tres a cuatro meses.

Hernández se declaró dispuesto a colaborar con la Justicia, y podía entregarse voluntariamente o esperar que el juez emita una orden de captura en su contra, algo que finalmente ocurrió y fue detenido.

La residencia de Hernández, que entregó el poder el 27 de enero a Xiomara Castro, amaneció este martes rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde anoche, cuando trascendió el pedido de su extradición.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, consideró “sustancial” la cantidad de droga traficada por la que EEUU acusa a Hernández, y detalló que la orden de extradición señala al exmandatario por cuatro delitos, que incluyen narcotráfico y tráfico de armas.

“No se trata de cinco kilogramos, como es el caso de los otros que han sido llamados en extradición; no, son más de 100 kilogramos, una cantidad considerable, bastante fuerte”, reveló Sabillón, citado por el diario La Prensa.

El funcionario reseñó que la presidenta Castro ordenó que se cumpliera la ley en todos los términos y pidió estar permanentemente informada del caso.

“Un expresidente extraditado es un hecho vergonzoso para nosotros como país”, lamentó Sabillón.

El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el noticiero local TN5 que su representado estaba siendo objeto de “atropellos” al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.

Decenas de personas llegaron con pancartas a la residencia para celebrar, y en otras ciudades hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba “Juancho va para Nueva York”, según videos que circularon en redes sociales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras eligió este mediodía, por unanimidad, a Edwin Ortez Cruz para que se haga cargo del expediente, según un tuit del Poder Judicial.

El vocero de la Corte, Melvin Duarte, explicó que Ortez Cruz revisará la solicitud de Estados Unidos, “valorará la información y a partir de allí decidirá si se emite una orden de captura, o espera una comunicación por parte de los abogados para llevarse a cabo la entrega voluntaria”.

El juez señalará después cuando será la audiencia de información, en la que se le dará a conocer a Hernández los cargos en su contra, un mes más tarde se llevará a cabo la reunión de presentación de pruebas y de un mes a dos meses luego suele darse la definición judicial.

Para entonces, Hernández ya había anunciado a través de un audio publicado en su perfil de Twitter su decisión de entregarse a la autoridad judicial designada.

“Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos; muchísimas gracias. No es un momento fácil; a nadie se lo deseo”, señaló.

Y agregó: “El propósito de este mensaje es que la Policía Nacional a través de mis apoderados ha recibido ya mensajes que estoy listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Corte Suprema, para poder enfrentar esta situación y defenderme”.

El 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había revelado que Hernández estaba desde el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“EEUU está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente Hernández debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.

Hernández fue implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico.

Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en EEUU por ese mismo delito.

Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su Gobierno capturó o extraditó a EEUU.

Tras entregar el poder a Castro, Hernández juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.

LG con información de Télam

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido capturado este martes en su casa en Tegucigalpa y trasladado ante un juez natural que ordenó su detención, después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Estados Unidos pidiera el “arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición” por narcotráfico, entre otros delitos.

Hernández ha salido de su casa cubierto con una gorra azul pasadas las 14:00 horas locales y, de inmediato, los agentes que custodiaban su vivienda le han colocado un chaleco antibalas y han procedido a esposarlo de pies y manos.

Su casa estaba custodiada desde el lunes por la noche

Estados Unidos pidió este lunes a Honduras la detención y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ejerció el cargo entre 2014 y 2022. Los alrededores de la residencia de Hernández en Tegucigalpa han estado bajo un riguroso dispositivo de seguridad desde el lunes por la noche.

El expresidente se encontraba en su casa, en la zona residencial San Ignacio, en el extremo oriental de la capital hondureña, cuando, según los abogados del exmandatario, comunicó que este estaba “listo para colaborar” y que no se trataba de un “momento fácil”. “A nadie se lo deseo”, aseguraron.

“Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”.

El expresidente se ha entregado a la policía horas después de estas declaraciones.

La Embajada de EEUU en Tegucigalpa ha afirmado este martes que Hernández “participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”.

La droga se movilizó “por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos”, ha indicado la legación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por Washington el lunes. 

La petición de Estados Unidos en ese sentido es la primera desde que asumió el nuevo Gobierno de Honduras, con Xiomara Castro como presidenta del país centroamericano, el 27 de enero. Ese día, finalizó el mandato de ocho años (2014-2022) del ahora expresidente Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos le había revocado el visado para ingresar a ese país desde julio de 2021.

El 7 de febrero Washington desclasificó la inclusión de Juan Orlando Hernández en su lista de corruptos en julio pasado, cuando todavía estaba en el cargo, por su presunta vinculación con el narcotráfico.

En un comunicado, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, explicó entonces que la incorporación de Hernández en el listado se produjo ante las informaciones periodísticas “múltiples y creíbles” que señalaban que estuvo supuestamente implicado en actos significativos de “corrupción y narcotráfico”.

“EEUU está avanzando en la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica, haciendo públicas las restricciones de visados contra el expresidente Juan Orlando Hernández por sus actividades corruptas. Nadie está por encima de la ley”, remarcó Blinken. El hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, ha sido condenado en Estados Unidos en marzo de 2021 a cadena perpetua y 30 años más por narcotráfico.

El ministro de Seguridad que está a cargo del operativo, Ramón Sabillón, regresó al país con el triunfo de Xiomara Castro, después de más de cinco años de exilio. “Ahora hay una mujer que estuvo bajo asilo y corrió de aquí por una violencia descomunal del Estado”, dijo Sabillón en ese momento.

El 17 de mayo de 2016, Sabillón afirmó que dejaba el país para garantizar su vida y la de su familia. Sabillón era el director de la Policía Nacional cuando en octubre de 2014 la policía capturó a los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, del cartel Valle Valle, acusados por Estados Unidos de introducir drogas a ese país, lo que habría disgustado a Hernández, según versiones extraoficiales.

AGB

Xiomara Castro, de 62 años, es la nueva presidenta de Honduras. Con ella, la izquierda vuelve a gobernar el país 12 años después del golpe de Estado contra el expresidente y marido de la actual mandataria, Manuel Zelaya.

En la toma de posesión, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Castro aseguró que su Gobierno investigará lo sucedido en el golpe de 2009. “Es un compromiso asumido por la alianza emitir la ley de condena al golpe de Estado que destruyó el hilo constitucional”, dijo.

Castro es la primera mujer que llega a la Presidencia en Honduras. En su primer discurso como presidenta prometió reducir la brecha de género en el país: “Mujeres hondureñas: no les voy a fallar. Voy a defender todos sus derechos, cuenten conmigo”.

La presidenta cuestionó el manejo de la economía y los casos de corrupción durante el anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, período que definió como “12 años de dictadura”. “¿Dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos?”, dijo Castro. La deuda externa del sector público y privado de Honduras se ubica en más de 11.115 millones de dólares, según el informe del Banco Central de ese país.

“El Gobierno estará acompañado de la voz del pueblo a través de las consultas populares. Convoco al pueblo hondureño y solicito al Congreso Nacional que apruebe la ley para la participación ciudadana para las consultas”, dijo Castro.

Reconocimiento internacional

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, participó de la toma de posesión. “Esta visita es una oportunidad para que nuestras dos naciones profundicen la cooperación en temas clave, desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica”, dijo Harris en las redes sociales.

La Administración Biden busca la relación con Honduras después de las tensiones con el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, sospechado de corrupción y narcotráfico. Pero también, el eje de estos dos países estará puesto en la crisis migratoria.

También participó de la ceremonia el rey Felipe VI. Antes de la toma de posesión, Felipe VI se reunió con el presidente saliente y con la nueva presidenta en dos encuentros distintos.  

La toma de posesión funcionó también como punto de encuentro para la tradicional izquierda latinoamericana, a la que asistió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo.

La rebelión interna

En el momento de la ceremonia, antes del ingreso de Castro al estadio, el presentador del evento anunció la presencia del diputado Luis Redondo, recientemente designado presidente del Congreso. Desde las gradas se escuchó en coro y como respuesta: “¡sí se pudo!”.

El mensaje llega una semana después de que una fracción de su propio espacio político votara en contra de la voluntad de la nueva presidenta. Todo empezó el viernes pasado, cuando 20 diputados de Libre cerraron filas con el principal partido de la oposición, el conservador Partido Nacional, para nombrar a un candidato a la presidencia del Congreso distinto al propuesto por Castro.

Los diputados no quisieron respetar el pacto entre Libre y el Partido Salvador de Honduras, del excandidato presidencial Salvador Nasralla. Los líderes de Libre habían tejido un pacto preelectoral con el Nasralla para que el dirigente retirara su candidatura a la presidencia y, a cambio, Libre le garantizaba la posibilidad de elegir a la directiva del nuevo Congreso. Pero el acuerdo estuvo a punto de romperse. Así fue que 20 diputados de Libre se unieron a los 44 del Partido Nacional para impulsar a su propio candidato: Jorge Cálix. “Se consumó la traición”, se quejó Castro.

Por esa razón, el martes dos diputados juraron como presidentes del Congreso. Por un lado, Jorge Cálix, hasta el viernes del Partido Libre y que juró de manera virtual con el apoyo del conservador Partido Nacional. Por el otro, Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras con el respaldo de Castro, quien asumió el cargo desde sede del Legislativo.

Fue por ese motivo que 18 de esos 20 legisladores fueron expulsados del partido, y Castro pidió al tribunal de ética de Libre que “tome las medidas que corresponde para completar el expediente que respalde” la expulsión de los diputados rebeldes. La fractura muestra la fragilidad de las alianzas que llevaron a Castro a la presidencia y la urgencia con la que Castro deberá reafirmar su liderazgo al interior de su propio espacio político.

El mítico azul de los conjuntos que vestía Margaret Thatcher, la primera mujer que dirigió Reino Unido (1979-1990) –y un Gobierno en Europa occidental–, solía ser la única nota de color en las cumbres políticas de más alto nivel entre tantos hombres de traje oscuro. Si hiciéramos esa misma fotografía ahora, más de tres décadas después, la presencia femenina sería mayor. Pero, pese a los avances, la política sigue siendo un mundo de hombres. 

De 196 territorios analizados por elDiario.es –los 193 Estados miembros de la ONU, además de Kosovo, Palestina y Taiwán–, solo 16 tienen a mujer como jefa de Gobierno. Es decir, el 9% de los gobiernos del mundo está en manos de mujeres. Este jueves, una mujer más, Xiomara Castro, pasará a formar parte de esta lista tras su investidura como presidenta de Honduras, elevando el total a 17.

En el listado figuran ocho mujeres europeas: Ana Brnabić en Serbia, Ingrida Šimonytė en Lituania, Kaja Kallas en Estonia, Katrín Jakobsdóttir en Islandia, Magdalena Andersson en Suecia, Mette Frederiksen en Dinamarca, Natalia Gavrilița en Moldavia y Sanna Marin en Finlandia. Hay también cuatro mujeres africanas: Najla Bouden Romdhane en Túnez, Robinah Nabbanja en Uganda, Rose Christiane Raponda en Gabón y Victoire Tomegah-Dogbé en Togo.

A la lista se suman dos mujeres en América: Mia Mottley en Barbados y Castro en Honduras; dos en Oceanía: Jacinda Ardern en Nueza Zelanda y Naomi Mata’afa en Samoa, y una en Asia: Sheikh Hasina, en Bangladesh.

Otras 11 mujeres más en el mundo ostentan el cargo de jefa de Estado, que son puestos de carácter más representativo que ejecutivo y, por tanto, sus funciones son principalmente ceremoniales y diplomáticas. Esta cifra no incluye a las reinas Margarita II de Dinamarca e Isabel II de Inglaterra, que es actualmente jefa de Estado en 15 países, después de que en noviembre Barbados se convirtiera oficialmente en una república.

La monarca británica sigue reinando en naciones como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de Estados insulares del Caribe y del Pacífico, aunque solo desempeña un rol puramente ceremonial. Existe, además, la figura de los gobernadores generales que representan a la reina. Hay tres mujeres gobernadoras, en Canadá, Granada y San Vicente y las Granadinas. 

Nueva presidenta en Honduras

En la mayoría de las naciones en las que hay jefas de Gobierno o de Estado, es la primera vez que una mujer ocupa ese alto cargo. Honduras es una de ellas: por primera vez en su historia una mujer liderará el Gobierno.

Xiomara Castro, del partido de izquierdas Libertad y Refundación (Libre), se convertirá este jueves en presidenta poniendo fin al Gobierno conservador que ha liderado durante 12 años Juan Orlando Hernández, señalado por fiscales estadounidenses por su presunta vinculación con el narcotráfico. 

Castro llega al poder, además, en medio de una nueva crisis política, después de que el pasado viernes una veintena de diputados de su propia formación no respetó un pacto interno y votó a otro candidato para presidir el Congreso. 

La nueva mandataria, de 62 años y esposa del expresidente Manuel Zelaya –que cayó tras un golpe de Estado en 2009–, recibe un país azotado por la corrupción, la violencia y el crimen organizado, donde la falta de oportunidades y la pobreza obliga en muchas ocasiones a su población a emigrar en busca de una vida mejor. 

En Honduras, un país tradicionalmente conservador, los retos en materia de igualdad de género son muchos. Con menos de 10 millones de habitantes, lidera el número de feminicidios en la región, 4,7 por cada 100.000 mujeres, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y cada tres horas se denuncia una agresión sexual. Honduras es, además, una de las pocas naciones del mundo donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. 

La llegada de Castro al poder podría traducirse en avances en los derechos de las mujeres, pues su plan de Gobierno incluye medidas como “incorporar la perspectiva de género mediante la participación paritaria en todo proceso político” y la despenalización del aborto en tres casos: cuando existe riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o violación.

“No solo se trata de que una mujer haya llegado a la presidencia, sino que estableció diálogo con organizaciones de mujeres y está de acuerdo con demandas feministas como despenalizar el aborto, al menos en tres causales, y eso es un avance”, dice a elDiario.es la politóloga hondureña Breny Mendoza, profesora en la Universidad Estatal de California, Northridge. 

¿Por qué hay tan pocas jefas de Estado y de Gobierno?

Castro se convierte así en la única mujer que actualmente preside un Gobierno en todo el continente americano, con excepción de la pequeña isla caribeña de Barbados, donde Mia Mottley ha sido reelegida en las elecciones del pasado 19 de enero como primera ministra. En el caso de Trinidad y Tobago, Paula Mae Weekes es la jefa de Estado y carece de poder ejecutivo. En el resto de continentes, el número de mujeres en el poder también es comparativamente bajo.

El hecho de que una mujer o varias mujeres alcancen las máximas posiciones de liderazgo “no garantiza que se vayan a modificar las estadísticas del mapa mundial actual de las mujeres en la política, ni el avance de las agendas de género o feministas, pero sí tiene un gran valor simbólico y es algo para celebrar”, dice a este medio Virginia García Beaudoux, investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires.

La propia Margaret Thatcher fue toda una pionera en política, pero durante los 11 años que ocupó la jefatura del Gobierno británico se rodeó principalmente de hombres y no ejerció el poder animando a que las mujeres se presentaran a cargos públicos. Su presencia, sin embargo, allanó el camino a otras políticas. 

Históricamente, el poder ha sido una prerrogativa masculina. Las mujeres, relegadas al espacio de lo doméstico-privado, han tenido que luchar primero por su derecho al voto y después por las cuotas de género y la paridad en los espacios de toma de decisiones. A pesar de que en la actualidad existen marcos normativos avanzados que amparan los derechos de las mujeres, aún sigue habiendo barreras legislativas y prácticas.

Uno de los principales obstáculos, según las expertas de la Red de Politólogas #NoSinMujeres consultadas por elDiario.es, son los estereotipos de género, pues el prejuicio hacia las mujeres lideresas se produce sobre todo en contextos altamente masculinizados como la política. “En ellos, se suscita una incongruencia entre los roles sociales esperados para el género femenino y el rol esperado de un líder”, dice García Beaudoux.

“La falta de correspondencia entre las características que culturalmente se asocian con el liderazgo –competitividad, racionalidad, asertividad y fortaleza–, y los rasgos que estereotípicamente se consideran femeninos –emocionalidad, sumisión y debilidad–, alimenta percepciones erróneas y la falsa creencia de que una mujer no es capaz de desempeñar el liderazgo tan bien como un hombre”, dice la investigadora argentina. Por otra parte, “la política es poder” y ese poder ha estado históricamente en manos de hombres “y es difícil que se sientan felices de cederlo o compartirlo”, añade.

Otro de los grandes obstáculos tiene que ver con la estructura de las propias formaciones políticas. “No se trata de un problema de oferta ni de demanda. El principal problema son los partidos políticos. Es muy difícil que se nombren mujeres (para ser candidatas), y si las hay, es porque hubo una legislación que obligó a los partidos a promover y nombrar mujeres elegibles y a darles los aportes necesarios para hacer sus campañas”, dice Julieta Suárez-Cao, profesora de Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile.

Las tareas domésticas y de cuidado, un trabajo no remunerado que recae principalmente sobre las mujeres, también dificultan su acceso a puestos políticos, sobre todo a los de liderazgo. Además, a medida que las mujeres han aumentado su participación en la política también se ha incrementado la violencia contra ellas. “Las mujeres sufren más ataques físicos, amenazas, acoso en redes sociales y en los propios parlamentos, y eso también es un obstáculo. Estas instituciones son hostiles a las mujeres y hay que cambiarlas”, dice Suárez-Cao. 

Más mujeres en los parlamentos

Si bien el número de jefas de Gobierno y de Estado ronda la treintena en todo el mundo, lo que representa cerca del 9% del total de países y territorios, la proporción mundial de mujeres en los parlamentos ha aumentado en el último año hasta llegar al 25,9%, según los últimos datos de la Unión Interparlamentaria (UIP) correspondientes a noviembre de 2021. 

Ese aumento se debe “a las leyes de cuotas (de género) y a las acciones positivas que se han ido incorporando para hacer que las mujeres entren en política”, dice Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco y también integrante de la Red de Politólogas. Esto es la prueba, a su juicio, de que “si dejáramos las cosas al albor de la espontaneidad del cambio social, tendríamos un porcentaje nimio de mujeres en todos los ámbitos de toma de decisión”.

De acuerdo a esos últimos datos de la UIP, en América Latina y el Caribe, Europa y Norteamérica (EEUU y Canadá), las mujeres ocupan alrededor del 30% de los escaños parlamentarios, mientras que en África del Norte ocupan un 20%, en Asia Occidental un 16% y en Oceanía un 12% de esos cargos.

La UIP también señala que las cuotas electorales de género se aplicaron en 25 de los 57 países en los que se renovó el parlamento en 2020. De media, los parlamentos con cuotas eligieron un 11,8% más de mujeres para las cámaras únicas y bajas y un 7,4% más de mujeres para las cámaras altas.

A pesar de que las leyes de paridad son herramientas necesarias en el impulso de estos cambios, son insuficientes, pues deben ir acompañadas de cambios culturales, según las expertas. “Urge no solo que se modifiquen las políticas y los procesos formales para la incorporación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisión, sino también modificar las prácticas cotidianas en el ejercicio de la política, y los prejuicios culturales acerca de los roles que se espera que mujeres y hombres desempeñemos en la sociedad”, dice García Beaudoux. 

Aunque los datos reflejan que aún queda un largo camino para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en el campo político, también surgen ejemplos como el de Chile, cuyo presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, ha elegido un gabinete ministerial que marca un hito histórico: el primer Gobierno mayoritariamente femenino de la historia del país. A partir del 11 de marzo, un total de 14 mujeres y 10 hombres estarán al frente del país.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dictará hoy una conferencia titulada “Los pueblos siempre vuelven” en Tegucigalpa, Honduras, adonde llegó ayer para asistir este jueves a la asunción de la presidenta electa de ese país, Xiomara Castro.

Antes, la titular del Senado se reunirá a las 13 (16 hora argentina) con la mandataria electa en el Comando de Traspaso de Mando ubicado en la capital del país centroamericano.

“Ya estamos en Honduras para asistir a la asunción de la presidenta Xiomara Castro y reencontrarme con queridos y entrañables compañeros y compañeras”, escribió esta madrugada la expresidenta argentina al arribar a Honduras.

La disertación será a las 16 de Honduras -las 19 de la Argentina- en el auditorio Alma Máter de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada sobre el boulevard Suyapa, en la capital.

El alcalde del municipio del distrito central de Tegucigalpa, Jorge Aldana, dará la bienvenida y luego, en representación de la mandataria electa Xiomara Castro, hablará Héctor Zelaya.

El encuentro se enmarca en el ciclo de foros “En camino al inicio del Gobierno solidario y popular”, en relación a la inminencia de la llegada de Castro a la Presidencia de Honduras, y destaca la presencia de Fernández de Kirchner por su carácter de expresidenta de la Argentina.

El jueves, Fernández de Kirchner estará, a partir de las 11 (14 hora local) en la asunción de Castro en el estadio nacional de Tegucigalpa, a la que asistirán autoridades de varios países, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey de España, Felipe VI.

Además, se espera la presencia del presidente electo de Chile, Gabriel Boric; el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; Laurentino Cortizo, de Panamá; el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente de Bolivia Evo Morales.

En diciembre pasado, el legislador hondureño Jair Dixon informó que la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff; sus pares de Paraguay, Fernando Lugo, y de Estados Unidos, Barack Obama, figuraban también entre los invitados a la investidura de Castro.

También se sumarían los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, y el exaspirante a la candidatura presidencial demócrata de EEUU Bernie Sanders.

El 20 de diciembre último, la autoridad electoral de Honduras proclamó a Castro oficialmente como presidenta electa para el período 2022-2026, al haber resultado ganadora de las elecciones del 28 de noviembre del año pasado.

La candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre) obtuvo poco más de 1,7 millón de votos, equivalentes a 51,12% de los sufragios válidos.

La dirigente, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, se impuso en la votación con más del 51 por ciento de los votos y asumirá en reemplazo de Juan Orlando Hernández, quien finalizará su segundo mandato.

Por Daniel Scarímbolo, enviado especial por Télam.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estará presente el 27 de enero en la asunción de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. El acto tendrá lugar en el estadio nacional de Tegucigalpa, la capital de ese país, consignaron los voceros de la vicepresidenta en un comunicado de prensa.

“Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia”, había escrito en sus redes sociales CFK el día de la victoria de Castro. También Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, felicitó a Xiomara Castro por su convincente triunfo, y también Harris, como su colega argentina, estará presente en Tegucigalpa a la hora de su asunción.

Además de las dos vicepresidentas, fueron invitados al acto los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Barack Obama (EE.UU.) y Fernando Lugo (Paraguay).También figuran en la lista los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (guatemalteca) y Adolfo Pérez Esquivel (argentino), lo mismo que Bernie Sanders, exaspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos.

La actual crisis en Honduras comenzó cuando un grupo de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por la presidenta electa Castro, decidió votar como presidente de la Junta Directiva a uno de los suyos, Jorge Cálix, y no a Luis Redondo, integrante del Partido Salvador de Honduras (PSH). Castro había acordado con el PSH que sería Redondo el presidente. Finalmente, 18 legisladores de Libre fueron expulsados del partido.

Este domingo, el parlamento hondureño se dividió al momento de elegir a la Junta Directiva encargada de gestionar el congreso en los próximos cuatro años. Una parte de los legisladores, votó por unanimidad por Redondo. Fuera del edificio, otra asamblea ratificó a Cálix como presidente.

En las afueras del congreso, partidarios de Castro se movilizaron para expresar su respaldo a la mandataria electa, critican a Cálix y cortaron una ruta.

¿Dónde jurará Xiomara Castro?

Si por la nueva crisis política que vive Honduras, Castro no pudiera jurar ante el Parlamento, la ley señala que lo podrá hacer ante la Corte, con magistrados en su mayoría del Partido Nacional. Si eso tampoco fuera posible, una tercera opción sería ante un juez.

El viernes, luego de los incidentes en el Parlamento, Castro anunció que su juramento como presidenta, el 27 de enero, lo hará ante un juez civil. El nuevo Parlamento hondureño se debe instalar el martes.

NB

Lleno de energía. Así se siente el expresidente Manuel Zelaya con el conteo preliminar de votos que ubican a Xiomara Castro, su esposa, como la nueva presidenta de Honduras. A falta del escrutinio final, Castro supera con el 53% al candidato del Gobierno en 20 puntos, según datos del Consejo Nacional Electoral. El candidato conservador, del partido gobernante, Nasry Asfura, visitó a Castro y la felicitó por su triunfo.

El desembarco en el Gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), creado después del golpe de Estado en 2009 como fractura del partido Liberal que llevó a Zelaya a la presidencia en 2006, abre un nueva etapa para la izquierda. El expresidente atiende a elDiario.es por teléfono unas horas después de que el candidato opositor reconozca la victoria de Castro como presidenta.

Pasaron dos días de las elecciones presidenciales y todavía no se conocen los resultados finales, ¿le preocupa la demora en el escrutinio?  

No hay demora. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) terminó. Lo demás está en las actas originales. El resultado estará a finales de esta semana. De todos modos, el Estado tiene 30 días para hacerlo. Si lo hace en siete días, perfecto, pero tiene 30 días. Hoy el candidato nacionalista, Nasry Asfura, visitó a la presidenta electa Xiomara Castro para darle su reconocimiento, un gesto importante porque es el candidato del partido oficialista.

Teniendo como antecedente las acusaciones de fraude sobre las elecciones de 2017, ¿cómo evalúa el papel de la autoridad electoral ahora? 

El Consejo Nacional Electoral ha tenido un papel muy importante y diferente a las elecciones pasadas. Sí ha habido problemas pero se han ido superando.

¿Por qué cree que Xiomara Castro consiguió una diferencia tan amplia con el candidato del Gobierno?

Este es un país destruido por un modelo liberal y por una dictadura cívico militar. Lo que cambió sustancialmente en esta elección ha sido, en primer lugar, la conciencia colectiva del pueblo que quiere el retorno al orden democrático y constitucional que se perdió con el golpe de Estado de 2009. El otro factor es la posición del Gobierno de Biden. El Gobierno de Donald Trump vino a apoyar un fraude y una dictadura. El Gobierno de Biden vino a pedir que se respetara la voluntad popular. Esos son dos cambios fundamentales para que hoy haya un respeto a la elección que durante los últimos dos períodos no se pudo lograr. 

¿Qué país recibirá Xiomara Castro una vez que asuma como presidenta?

El país está quebrado. Hay un déficit fiscal muy alto, un endeudamiento público muy grande, tenemos las caravanas de migrantes, la pobreza ha crecido, la deuda se ha multiplicado. Es un estado de calamidad.

¿Cuál será el principal objetivo del nuevo Gobierno?

Lo que la presidenta electa ofreció ha sido retornar el sistema democrático y de justicia y recuperar la participación ciudadana pero yo no soy candidato, ni presidente electo, soy el asesor. No puedo hablar en nombre de ella.

¿Qué rol ocupará usted en el nuevo Gobierno?

Yo soy asesor de la presidenta. 

¿Tendrá un cargo institucional o será asesor de manera informal?

No pretendo entrar en el Gobierno. Nunca ni por ningún precio. Simplemente soy asesor. 

¿Habrá un cambio de Constitución?

No hay clima para una Asamblea Nacional Constituyente. Eso genera mucha contradicción. Lo que sí se tienen que transformar son leyes importantes que han sido cambiadas por la dictadura.

¿Qué errores del pasado buscarán no repetir en el futuro?

Siempre hay que ver el pasado para aprender sus lecciones pero nosotros estamos mirando hacia adelante. Así que mirando para adelante Honduras tendrá a cargo a una mujer, con sentimientos frente a un modelo despótico que destruye a la naturaleza y al ser humano como es el modelo neoliberal. Tenemos mucha esperanza de su propuesta de ampliación social y democrática, creo que viene un cambio favorable. Somos un partido de izquierda pero hemos hecho acuerdo con partidos de centro y de derecha para buscar puntos de coincidencia en el retorno a la democracia.

¿Cómo definiría a la presidenta electa?

Recuerde que tengo 44 años de vivir con ella [risas]. Es una mujer inteligente, tiene mucha personalidad, mucho carisma y sensibilidad social. Se ha convertido en una líder política que conmovió con su discurso y su presencia a las masas del pueblo hondureño. El pueblo habló en las urnas y escuchó las demandas por el retorno al orden constitucional.

¿Cómo se siente con este resultado?

El pueblo hizo justicia después de 12 años de resistencia. Me siento lleno de una energía positiva, lleno de esperanza y de optimismo.

A.O.

El escrutinio de las elecciones generales hondureñas del domingo 28 sigue lento, sin mayores incidentes y con Xiomara Castro del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) como virtual presidenta electa con un 52,64%, más de un millón de votos a su favor. Su rival más próximo, el oficialista Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional de Honduras (PNH), es un empresario de la construcción, hijo de padre palestino, y especializado en obra pública. Con el 56.13% de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y más de 20 puntos de distancia, Asfura fue a la casa de Castro, esposa del ex presidente liberal Manuel Zelaya -derrocado en 2009 por los los nacionalistas-, a felicitarla “por su triunfo”. El amplio triunfo que Castro mantiene en las presidenciales, contrasta con lo reñido que está la conformación del nuevo Parlamento, en el que, por los resultados preliminares, Libre no tiene mayoría propia.

Con los registros para la fórmula de representantes en el Congreso unicameral que hasta ahora ha difundido el Consejo Nacional Electoral (CNE), Libre está sumando 51 bancas, de las 128 que integran el Parlamento. Aunque con la alianza de hecho que tiene con el centro-derechista Partido Salvador de Honduras (PSH), que llega por el momento a 14, podría alcanzar una mayoría simple. Si la alianza con el partido liderado por el ingeniero y presentador televisivo Salvador Nasralla, también de familia palestina, llegara a sumar 65 bancas, tampoco llegaría al número necesario para una mayoría calificada. Todavía les faltarían 21 para impulsar decisiones importantes como elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, el nuevo Fiscal General del Estado y reformas constitucionales, entre otras. Estarían en una situación semejante a la que encontrará en el Congreso de Chile otro candidato presidencial izquierdista latinoamericano, el diputado frenteamplista Gabriel Boric, si en el balotaje del 19 de diciembre se impusiera sobre su adversario derechista José Antonio Kast.

El panorama no se ve del todo claro para Libre y Salvador de Honduras, considerando que difícilmente contarían para algunos temas con la bancada del ahora gobernante Partido Nacional, que tendrá una drástica caída en la representación en el nuevo Parlamento que se instale el 25 de enero de 2022. Hasta ahora, el Partido Nacional está sumando 40 congresistas, 21 menos que los que tiene actualmente, mientras que el Partido Liberal registra 21, pero nada hace presagiar que toda su nueva bancada apoyaría a Libre por la división interna de ese centenario instituto político, que se resquebrajó luego del golpe de Estado de 2009 a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

Con el Partido Nacional será más difícil que Libre pueda contar en el Parlamento, por la advertencia que han hecho algunos de sus directivos de que pasarán a ser una “verdadera oposición”. Eventualmente, según el último informe preliminar del CNE, dos partidos minoritarios ahora tendrían una sola banca cada uno.

El escrutinio marcha lento por problemas tecnológicos y de otra índole con las que trabajó el CNE desde mucho antes de los comicios, por lo que muchos incluso llegaron a presagiar que no habría elecciones o que estaba seguro “un nuevo fraude”, apoyado por un ente electoral que no gozaba de la confianza de los hondureños.

Entre la euforia que vive el país porque con el triunfo de Castro se pone fin a tres mandatos consecutivos del gobernante Partido Nacional, han comenzado surgir dudas y reclamos al CNE por parte de candidatos a diputados, en su mayoría del Partido Salvador de Honduras, que aseguran que los están dejando al margen. Según sus denuncias, hay irregularidades en muchas actas, en las que han sido eliminados, supuestamente para favorecer con más congresista al Partido Nacional, aunque las autoridades del CNE han reiterado que todos los reclamos y denuncias serán atendidos.

De las 298 alcaldías hondureñas, que también eligieron autoridades el domingo, unas 200 estaría ganando el partido de la candidata de izquierda Xiomara Castro.

De las 298 alcaldías municipales, por las que también se votó el domingo, cerca de 200 las estaría ganando Libre, desplazando de igual modo en esa fórmula al Partido Nacional. Castro se está convirtiendo en la virtual presidenta electa de Honduras, para cuya declaración oficial el CNE tiene 30 días después de los comicios.

Pero dos días después de las votaciones, Xiomara Castro comenzó a recibir el reconocimiento y felicitaciones a nivel nacional e internacional. Castro fue felicitada el miércoles por el gobierno español por su victoria en los comicios del 28 de noviembre, que la convierten en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras y que simboliza los logros en la lucha por la igualdad de las hondureñas. El Ejecutivo, que dirige Pedro Sánchez, también celebra y “toma buena nota” del discurso de reconciliación, paz y justicia pronunciado la noche del domingo por Castro, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.

Desde Argentina, después del presidente Alberto Fernández, también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, celebró la victoria de Xiomara Castro de Zelaya como primera presidenta electa de Honduras, mientras que Alemania lo hizo a través de su Embajada en Tegucigalpa. Se sumaron los del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y de la jefa de gobierno de Taiwán, Tsai Ing-wen.

El martes, había sido felicitada esta Castro por su “victoria histórica como primera presidenta mujer de Honduras” en un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Pero los primeros en felicitar, el lunes, fueron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega.

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