Análisis

¿Por qué la victoria de Xiomara Castro en Honduras es una buena noticia para Maduro, Biden y Xi Jinping?

Xiomara Castro se proclamó ganadora, anunció que en su gobierno las consultas populares serán la norma y llamó  al diálogo con todos los sectores para construir un gobierno de reconciliación con quienes ahora se convertirían en la oposición.

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Para Nicolás Maduro, la rotunda votación por la candidata de izquierda Xiomara Castro en Honduras es un triunfo más importante (y más íntimo) que la rutinaria victoria del socialismo unificado oficialista en las elecciones regionales y locales venezolanas del anterior domingo 21. Desde el golpe de 2009, bienvenido por la administración demócrata en EEUU, el canciller y después sucesor de Hugo Chávez fue de una solicitud extrema para auxiliar al depuesto presidente liberal Manuel Zelaya. Que hoy regresa al poder en Tegucigalpa con su esposa y con su Partido Libertad y Refundación (Libre), que fundó en 2011. De Managua, La Habana y Caracas llegaron las primeras felicitaciones de jefes de Estado. Sin embargo, no son menos vívidas las expectativas de Washington, que espera redituables entendimientos en narcotráfico, corrupción y migrantes. Otro tanto ocurre con Beijing, que codicia el reconocimiento de China Popular y la ruptura de relaciones diplomáticas con Taipei.

Derrotado en 2013, y fraudulentamente en 2017, la alianza electoral de Libre se impone como  vencedora del domingo 28 en una jornada con el más bajo abstencionismo de los últimos doce años de gobierno nacionalista, y sin incidentes violentos. Por primera vez en Honduras ganó la izquierda, ganó una mujer la presidencia. Por primera vez se partió el bipartidismo de derecha en esta república centroamericana de 9,5 millones de habitantes y 112 mil kilómetros cuadrados extendidos entre Guatemala y Nicaragua y entre los Océanos Atlántico y Pacífico. El historiador Otto Argueta apunta que «entre 1839 y 2021 (182 años) hubo 116 cambios de gobierno incluyendo dictadores, golpes de Estado, juntas de estado, reelecciones y juntas de conservadores y liberales pero lo que ha ocurrido por primera vez es que un partido que no sea el Partido Nacional o el Partido Liberal, gane una elección». 

Acordar con el FMI

Después de Haití y de Nicaragua, Honduras es el país independiente más pobre de América Central e Insular, con más de la mitad de la población más allá de la línea de la pobreza. Es también uno de los países más violentos, y uno de los más peligrosos de América Latina para las mujeres. Las proyecciones del Banco Mundial muestran que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de cinco dólares al día habría aumentado al 55% en 2020; esto es, más de 700 mil nuevos pobres. Además, el desempleo de 2020 es casi el doble del año anterior, un 10,9%, y la tasa de desempleo aumentó de 60,6% a 70,7 por ciento. En septiembre, 3,3 millones de personas –una de cada tres- sufrían en Honduras de inseguridad alimentaria aguda. La deuda pública de 15 mil millones de dólares equivale al 57% del PBI. Pero Honduras es también uno de los países que más crece, con tasas muy superiores a las del resto del Caribe, donde sólo es superado por Panamá en Centroamérica.

Xiomara Castro propone “readecuar” y “auditar” la deuda. No descarta nada, ni una mayor colaboración con el FMI, con el que Honduras tiene acuerdo y línea de crédito vigentes. Según Hugo Noé Pino, uno de los economistas que trabajan con Libre, el gobierno de Castro buscará prorrogar hasta 2024 el requerimiento del FMI de que el déficit no sobrepase el 1% del PBI. Para así, “si no resultan demasiado onerosos los términos”, conversar sobre nuevos créditos para el desarrollo. Castro quiere legislar impuestos a las grandes fortunas, planes sociales con pagos en dinero para familias pobres y personas mayores de 60 años, y una modificación del reglamento que permita del Banco Central que sea el prestamista del Tesoro para solventar emergencias. La retórica de esta campaña fue muy moderada respecto a las dos anteriores en las que Libre fue derrotado. Según Pino, el país al que quieren parecerse Honduras y su nueva presidenta es Costa Rica, el más estable (y pro-occidental) de la región.

Negociar la migración con Washington

En el año fiscal norteamericano que terminó en septiembre, un número récord de 321 mil migrantes de Honduras cayeron en detención tras cruzar sin autorización la frontera sur de EEUU. Esto significa un aumento del 22% con respecto al año pasado.

El hermano del actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (reelecto en 2017), fue condenado en Nueva York por narcotráfico. Nada mejor para la administración del demócrata Joe Biden que un cambio de interlocutor, con una enemiga declarada del nacionalista, cuyo gobierno Xiomara Castro llama “narcodictadura”. Aunque para conversar con la primera mujer presidente de Honduras, el ex vicepresidente del primer inquilino negro en la Casa Blanca deba modificar la doctrina que Hillary Clinton, secretaria de Estado de Barack Obama, formulara para el derrocamiento de Zelaya en junio de 2009, que no sólo se rehusó a calificar de ‘golpista’, sino que defendió en su legitimidad.

Honduras es uno de los 15 países que reconocen como 'China' a la Nacionalista, básicamente la isla de Taiwán con capital en Taipei, y no a la Popular, comunista, continental, con capital en Beijing. Xiomara Castro, en campaña, había anunciado su propósito de revisar la diplomacia hondureña. Estas son buenas noticias para Xi Jinping, como lo demuestra la muy completa cobertura de la elección de la agencia oficial de noticias Xinhua. Sin embargo, ningún paso o contacto en concreto ha sido dado. Grupos empresarios hondureños le hicieron saber a la candidata de Libre y a sus economistas su preocupación por esos avances en este momento. Esta ambivalencia también puede serle útil al futuro gobierno de Honduras, como palanca de negociación con EEUU, como lo ha sido para el actual gobierno de Paraguay. El secretario de Estado Anthony Blinken felicitó el martes a esta Castro por su victoria “histórica”.

Desde la asunción de Biden en enero ni un día cejaron los reclamos republicanos ante la gestión de la crisis migratoria y el alud de menores que llegan desde América Central, el más grande en números de las últimas dos décadas según informa la radio pública norteamericana (npr). Centroamérica se ha convertido así en prioridad de la política de EEUU en Latinoamérica, y Honduras una doble prioridad. Los republicanos responsabilizan por la crisis “inmanejable” a las que consideran nuevas políticas permisivas de la Casa Blanca. Como también lo ha admitido Roberta Jacobson, ex coordinadora de la frontera sur. Biden demostró ser más severo, o más cruel, ante la migración que su antecesor el republicano Donald Trump. Los números de migrantes sólo han decrecido, las últimas semanas, gracias a un programa de deportación masiva, generalmente aerotransportada.

Narcotráfico, corrupción, transparencia y otras diplomacias dolarizadas

Las sospechas de nexos del presidente Hernández con las cadenas de exportación de cocaína a EEUU son antiguas. Hay que decir que, en un comienzo, parecieron integrarse, aunque con más credibilidad que muchas otras, en esa nebulosa todavía no disipada por completo desde que en 1971 el presidente republicano Richard Nixon acuñó la frase War on Drugs para su campaña militar global, que hace que todo estado hispanoamericano sea, bajo esa mirada, un ‘narcoestado’ hasta que no se demuestre lo contrario. Es cierto también que la denuncia de sospechas prejuiciosas fue usada como defensa por Hernández. En declaraciones a la cadena de medios oficial alemana Deutsche Welle (dw), el presidente hondureño declaró en 2015: “¡Nadie creía que en Honduras iba a ser exitosa la lucha contra las drogas y nosotros lo hemos logrado! Hemos iniciado una lucha contra la corrupción y los carteles de droga.”

Hernández siempre negó de plano las acusaciones de los acusados en los tribunales de Nueva York. Aseguró que se debe a las ganas de vengarse de su hermano Tony y a buscar cómo reducir sus condenas. EE.UU. no ha presentado cargos contra el presidente hondureño, ni iniciado una acusación formal.

De la verdad de aquellas declaraciones de Hernández se duda ahora más que entonces y más que nunca. Antes faltaban cargos personales en su contra y declaraciones testimoniales que lo involucraran con su nombre. En mayo, en un proceso en los Tribunales Federales de Manhattan, Nueva York, un antiguo líder del cártel de Los Cachiros declaró que el presidente Hernández redireccionaba hasta EEUU los cargamentos de cocaína que llegaban desde Colombia a los aeropuertos de la capital hondureña Tegucigalpa y de San Pedro Sula, capital industrial del país, y su ciudad más rica. “Se burlaba de la DEA”, le habría dicho a Leonel Rivera el acusado en el proceso, Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de narcotraficante que fundaba la viabilidad de su comercio, según afirma, en un acuerdo de impunidad con el gobierno asegurado por el fluido pago de sobornos, y el trato con el presidente Hernández habría sido personal, y aun habría acaso registros del encuentro.

Uno de los temas y títulos más recurridos en la cadena pro-trumpista Fox News es “Biden niega todo vínculo entre sus políticas y el nuevo alud migratorio” centroamericano en la frontera. Aun cuando la misma cadena admitiera e informara que la conexión causal no había sido descartada, sino admitida, por funcionarios de la nueva administración demócrata. Lo que nadie niega, ni en Honduras ni en EEUU, son los vínculos entre la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, y los flujos del empuje de la migración hacia el norte. Esta urgencia fue atendida por el anterior presidente demócrata, Barack Obama, cuando Biden era su vice, con la iniciativa Alianza para la Prosperidad, que había logrado una ayuda de 750 millones de dólares votada por el Congreso de EEUU para los países del Triángulo Norte (además de Honduras, Guatemala y El Salvador). El destino de los fondos era un fortalecimiento conjunto de las economías legales, la lucha contra la violencia pandillera, la transparencia institucional, el combate y control de la corrupción, y una autonomía judicial que hiciera que los gobiernos tuvieran que dar cuenta de sus actos ante la Justicia y enfrentaran tribunales independientes, nacionales o regionales.

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