El Gobierno publicó este viernes los pliegos de la licitación de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la misma como había indicado el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario había señalado el jueves que hoy “se publicarán en el Boletín Oficial (BO) los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.

Esta es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Además de AySA, figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril.

Entre los interesados para adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense. Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Qué dice la resolución

En la Resolución 704/2026 firmada por Caputo y publicada este viernes en el Boletín Oficial, se autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 para la venta de la totalidad de las acciones del Estado en AySA, representativas del 90% del capital social.

“Autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, sin base, para la venta a un (1) Operador Estratégico de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA), representativa del noventa por ciento (90%) del paquete accionario de la compañía, en los términos del inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 y sus modificatorias, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 494 del 22 de julio de 2025”, indicó el informe.

Asimismo, añadió: “Hágase saber que la licitación pública objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025. Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones que forma parte integrante de la presente resolución, el que podrá ser descargado en el portal CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/)”.

“A través de dicho portal los interesados podrán acceder a la documentación relevante para el procedimiento de selección en trámite. Sin perjuicio de la información allí disponible, quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente al respecto. El Estado Nacional no admitirá ningún tipo de reclamo referente al contenido del portal ni al desconocimiento de la documentación disponible en él”, agregó.

En tanto, señaló: “El llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’, en ambos casos por el término de diez (10) días hábiles; y en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA SA, en los que figurará el link por el cual se podrá acceder a la licitación publicada en la plataforma CONTRAT.AR. Ello con un plazo de no menos de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7° del anexo I del decreto 695 del 2 de agosto de 2024, que comenzará a computarse vencido el plazo de publicación dispuesto en el presente artículo”.

“Establécense las siguientes pautas respecto del llamado autorizado por el artículo 1° de la presente medida:

a) Consultas al Pliego Único de Bases y Condiciones. Lugar y dirección: Las consultas deberán efectuarse a través de la plataforma CONTRAT.AR.

b) Plazo y horario para la realización de consultas al Pliego Único de Bases y Condiciones: hasta el 12/08/2026 a las 10:00.

c) Plazo y horario para la presentación de las ofertas: hasta el 27/08/2026 a las 09:59.

d) Lugar y dirección para la presentación de las ofertas: las ofertas se deberán presentar a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda.

e) Acto de Apertura. Lugar y dirección: la apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

f) Plazo y horario del acto de apertura de la Etapa N° 1: 27/08/2026, 10:00“.

Con información de agencias.

El Gobierno aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco del proceso de privatización, mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se encuadra en la Ley de Bases y busca lo que el Gobierno define como una “transformación de importancia refundacional” para un servicio que hoy llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

En este sentido, en el texto oficial se argumentó que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario”.

De esta manera, la validación oficial del nuevo modelo de concesión apunta a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. En esa línea, se confirmó que se venderá al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y el resto saldrá a la Bolsa.

El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

El nuevo esquema contempla una hoja de ruta definida

Con el contrato ya publicado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene luz verde para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional que permita empezar a conocer a las empresas que puedan hacerse cargo de manejar el servicio en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país. 

Con información de agencias.

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, le ordenó hoy al Gobierno Nacional suspender por seis meses la aplicación del DNU que habilita cortes de provisión de agua potable y desagües cloacales por falta de pago en domicilios residenciales, al hacer lugar a una medida cautelar de una asociación de consumidores.

La magistrada ordenó al Estado Nacional suspender la aplicación del inciso p del artículo 3 del DNU 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto “para todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales” durante seis meses como medida cautelar mientras tramite el fondo de la demanda, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Forns puso énfasis en la situación que se puede presentar si se corta el agua por falta de pago a poblaciones vulnerables que ameritan “especial protección” como adultos mayores, niños y niñas menores de 18 años y personas con discapacidad.

En estos casos, si ya hubo algún corte, dispuso que se restablezca el servicio de forma “inmediata” cuando “se acredite que en el inmueble en que se la cortó lo habite un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad”.

La jueza enfatizó que hay “improcedencia” en el corte de suministro de agua potable “cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, ameriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago”.

“Además, tal criterio armoniza con los principios constitucionales (la protección del agua como elemento del ambiente es indudable y encuadra en el mandato del artículo 41 de la Constitución , los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la Nacional) dignidad humana, evitando que el ejercicio de facultades sancionatorias derive en un acto irrazonable o desproporcionado”, advirtió en la resolución.

Forns hizo lugar a un planteo de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.

“La normativa cuestionada incide de máxime manera directa sobre el interés colectivo de los usuarios más vulnerables del tales como niños, sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales, personas adultas mayores y personas con discapacidad, cuya especial protección se encuentra reconocida tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó la jueza.

Las demandantes buscan que en la futura sentencia de fondo del asunto “se deje sin efecto jurídico alguno, declarando la nulidad absoluta e insanable e inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia cuyas disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios alcanzados por la norma cuestionada que es abiertamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y de convenciones y pactos a los que la Nación adhirió”.

La norma, sostiene la demanda, introdujo una “modificación sustancial al régimen previamente vigente establecido por la Ley N° 26.221”.

Dicha modificación consiste en la incorporación al Marco Regulatorio de la posibilidad de interrumpir, por falta de pago, la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de desagües cloacales a los usuarios residenciales cuando hasta ahora el corte y, por ese motivo, se militaba a usuarios no residenciales y excluía los servicios de desagües cloacales.

El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago. La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y desagüescloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integranel régimen regulatorio de dicho servicio.

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Atribuciones incorporadas

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Claves de la nueva normativa

¿Cuántos empleados tiene AySA?

El último dato oficial disponible es de mayo de 2025, de acuerdo a lo que publica Chequeado. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica periódicamente el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de abril de 2025. Eran 6.236 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.462 cargos técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

Cómo se provee agua en la Argentina

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional, según el informe de Chequeado. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Argentina hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

Con información de agencias y Chequeado.

IG

El Gobierno anunció este viernes que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) será privatizada. Según lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la empresa que provee agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, comenzará un proceso para pasar a manos privadas.

“El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, aseguró Adorni.

En la conferencia de prensa, el vocero explicó que la privatización se llevará adelante mediante un esquema mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.

El proceso de privatización estará a cargo Comisión Nacional de Valores. Según señaló Adorni, “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares”.

En otro tramo de la conferencia, Adorni agregó: “Tiempo atrás se gastaron en AySA más de 4.800.000.000 de dólares sólo en la última gestión de gobierno. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.

Con información de la agencia NA

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, definió a las empresas estatales como “hijas bobas del Estado” y detalló la lista de futuras privatizaciones, tras el anuncio del Belgrano Cargas. 

“Terminan siendo hijas bobas del Estado, sin misión, visión, sin propósitos, con un cumulo de gente que quedan como capas geológicas”, planteó en una entrevista para La Nación+.

En la misma línea, diferenció las privatizaciones, concesiones, ventas totales y parciales del proceso que se llevó adelante bajo la presidencia de Carlos Menem al asegurar que “va a ser distinto, por fórmulas, por contexto, por necesidades puntuales”, pero aclaró que el gobierno de Javier Milei considera que hay “buenas viejas fórmulas”.

El área que lidera consta de la reestructuración de la Secretaría de Empresas Públicas, que se reemplazó por una unidad ejecutora temporaria, con un plazo de dos años, que ordena a las 32 empresas bajo su órbita, pero también cada una de las que esté bajo el ala del Estado. 

Respecto a la privatización del Belgrano Cargas, Chaher explicó: “Belgrano Cargas es uno de los casos que se propicia desde el sistema ferroviario, que ya está maduro el análisis, el modelo está homologado en las áreas del Estado. Va a llevar un tiempo”. 

“Hay interesados. No va a haber una concesión integral, estamos propiciando que se vaya a un esquema de desverticalización con Open Access, que tengas un fiscalizador de la vía, que va a poder coordinar el tema de peajes y ventanas de oportunidad para el tráfico. De los 7500 kilómetros de vía, el promedio del transporte que se está utilizando de carga es de 500 kilómetros”, aclaró.

Listado de empresas a privatizar 

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario reveló que dentro del punto de vista normativo, cuentan con la habilitación -con algunas reminiscencias- del Congreso para iniciar con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Corredores Viales y de Aerolíneas Argentinas.

Consultado por Trenes Argentinos, Chaher expuso que se encuentran habilitada la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y su área trabaja para desprenderse de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) y Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).

Por su parte, destacó: “En ARSAT tenemos habilitados el ingreso de capitales privados hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio, la fibra, el espectro, el data center y el satélite. Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”.

En materia energética, anticipó que habrá rediseños internos en todas las firmas, y garantizó el cumplimiento del mandato presidencial de retirar al Estado de todas las empresas. 

Por último, y pese al incipiente anuncio, el secretario aclaró que varias unidades productivas de Casa de Moneda se reorganizarán. 

Poco después de asumir la Presidencia en diciembre pasado, Milei incluyó como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales dentro de un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica, una lista que luego se rebajó a seis sociedades como parte de las negociaciones con la oposición para sacar adelante la norma.

En esa nómina acotada quedaron Energía Argentina (con activos en el sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas); Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas); Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa, servicios de agua potable y cloacas); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse, trenes de pasajeros); y Corredores Viales (carreteras y autopistas por peaje).

La nueva ley también posibilita el ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), aunque en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria.

De todo ese lote de empresas, además de Belgrano Catrgas, el Gobierno ya anunció que licitará las carreteras de Corredores Viales para que sean administradas por privados.

Con información de agencias.

IG

Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

Las tarifas de agua y cloacas de Aysa volverán a aumentar en septiembre un 4,48%. La Secretaría de Obras Públicas publicó los ajustes que comenzarán a regir desde el consumo de septiembre.

La factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.

Tras la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC).

En el año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron 271%, muy por encima de la inflación. 

Aysa mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios.

De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $22.137 a $23.129; para la zona media (996.718 usuarios), de $20.104 a $21.005; y para la zona baja (1,2 millones), de $16.155 a $16.878.

Los incrementos empezarán a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre.

Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio.

En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.

Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%.

Esto abarca a 1,8 millones y no es necesario realizar gestión alguna para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).

Aysa alcanzó el equilibrio operativo bruto por primera vez en cinco años y está logrando el superávit por primera vez en su historia.

La nueva gestión de Aysa incrementó los ingresos en un 22% en comparación a 2023 en términos reales, lo que representa unos $33.000 millones adicionales, y se redujeron los gastos devengados de operación bruta un 16% equivalentes a $40.700 millones.

Dentro de este plan de eficiencia, la empresa llevará adelante una estrategia para la reducción de pérdidas físicas de agua potable que permitirán recuperar 500.000 m3 por día de agua (equivalente al consumo de 1 millón de personas) y reducir gastos de insumos químicos y energía de bombeo.

Además, se reforzará la continuidad del plan de micromedición para alcanzar una facturación basada en el servicio medido y más justa para los usuarios.

Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 45% de vigilancia, 43% de limpieza, 37% de telefonía, 27% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial, a través de la reducción del 35% de las horas extras y un importante programa de retiros voluntarios.

En lo que respecta a las obras de mejora y mantenimiento, se encuentran en etapa de priorización y revisión.

Es el caso del plan de retiros voluntarios, al que adhirieron 1.200 empleados.

Desde la empresa informaron que recibió $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados.

CRM con información de la agencia NA

La Secretaría de Obras Públicas dio el visto bueno al aumento del 209% en las tarifas de agua potable y desagües cloacales que solicitó la empresa distribuidora Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La autorización de la suba se dio a través de la Resolución 9/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde además quedó establecido un mecanismo de actualización mensual a partir de junio en función de la evolución de los salarios y la inflación.

El ajuste había sido pospuesto en más de una oportunidad para evitar el impacto en la inflación, pero finalmente el Ejecutivo aprobó su aplicación y la suba ya estará vigente desde abril, por lo que se suma a las subas en las tarifas de luz y gas dispuestas para este mes.

El texto oficial explicó que “la propuesta de modificación de la tarifa tiene por objeto propender hacia el equilibrio económico de la empresa en condiciones de eficiencia, ello considerando al mismo tiempo el impacto sobre aquellos sectores de bajos ingresos para los cuales se ha mantenido un nivel tarifario menor”.

Asimismo, especificó que, “para alcanzar el objetivo de equilibrio citado es necesario exponer de modo transparente el sendero futuro del valor que adquiera la tarifa para lo cual se utilizarán los indicadores económicos seleccionados, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los que exponen las variaciones producidas en los precios que afectan la estructura de costos de la empresa, para que tanto la empresa como los usuarios puedan conocer con anticipación el porcentaje de incremento que afectará el nivel de la tarifa”.

Al mismo tiempo, el Gobierno ratificó que la Tarifa Social y Comunitaria seguirá vigente, por lo que la empresa mantendrá el subsidio del 15% para los usuarios residenciales y baldíos que se encuentren en las áreas calificadas con coeficientes “zonales bajos”.

Los nuevos valores de la tarifa de AySA

CRM con información de la agencia NA

La empresa Agua y Saneamientos Argentina (Aysa) pidió un aumento de 209% en sus tarifas de agua potable y cloacas a partir de abril, con una actualización mensual desde mayo sobre la base de los salarios y la inflación. Además, habría una revisión en julio, en función del desempeño de la actividad económica y los precios. Así surge de la propuesta enviada a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que definió convocar a una audiencia pública para estudiarla el próximo miércoles 27 de marzo.

De acuerdo con la información que consta en el anexo de la Resolución 2/2024 de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, la compañía calcula que a partir de octubre no necesitará que el Tesoro nacional aporte más subsidios para su operación. Si se aprueba esta suba de tarifas, los 534.517 hogares de la Ciudad y el Gran Buenos Aires que están en el nivel zonal “alto” pasarían de pagar $ 6.236 (sin impuestos) en promedio en marzo por el servicio de agua y cloaca a $ 19.269 en abril.

Los 5.991 usuarios residenciales de estas zonas que solamente cuentan con agua -sin cloaca-, en barrios cerrados (countries) verían un salto de $ 9.962 a $ 30.784.

Por su lado, las facturas medias de los 996.718 hogares de nivel zonal “medio” del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrían un incremento desde los $ 5.663 (sin impuestos) por el servicio de agua y cloaca en marzo a $ 17.500 en abril. Y los 5.827 usuarios residenciales de estas zonas que solamente cuentan con agua -sin cloaca- verían un ajuste de $ 3.263 a $ 10.082.

En tanto, los 1.187.139 hogares de nivel zonal “bajo” tendrían una actualización desde los $ 4.551 (sin impuestos) por el servicio de agua y cloaca en marzo a $ 14.062 en abril. Y los 582.044 usuarios residenciales de estas zonas que solamente cuentan con agua -sin cloaca- verían un aumento desde los $ 1.735 a $ 5.360. Asimismo, los 303.636 usuarios no residenciales (industrias, comercios, edificios, hospitales y colegios, entre otros) con agua y cloaca pasarán a pagar $ 23.102 más impuestos en marzo a $ 71.386 en abril; y los 30.595 que solo tienen agua treparán de $ 13.917 a $ 43.002.

La indexación mensual a partir de mayo se hará sobre la base de una fórmula polinómica, que combinará la evolución del índice general de salarios (en un 45%), la inflación mayorista (IPIM, 44%) y la inflación minorista (IPC, 11%). Previamente, Aysa había presentado una propuesta con un incremento de tarifas de 138% a partir de febrero y una revisión a partir de marzo, pero fue rechazada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

MM con información de la agencia NA.

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron hoy afuera del Ministerio de Economía en defensa del trabajo del sector. En tanto, trabajadores cooperativizados protestaron frente a la sede de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) en reclamo por la demora en el pago de sueldos y la paralización de las obras.

“Seguimos con nuestros reclamos para que el Gobierno no detenga las políticas públicas para paliar la emergencia alimentaria derivada de la crisis económica”, expresó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

Y agregó: “Lamentablemente, hoy no tenemos interlocución alguna en el Gobierno. El ajuste y la galopante inflación tienen un resultado de casi un 60% de pobreza que son millones de argentinos y argentinas que están pasando hambre y no hay ni una política paliativa. Lo que no se dan cuenta es que mientras siembran pobreza y miseria, va a crecer la organización y la resistencia”.

Ayer, la UTEP ya se había movilizado a la sede del ministro de Capital Humano. Hoy, su manifestación frente al Palacio de Hacienda generó un corte parcial de tránsito sobre Hipólito Yrigoyen al 200, frente a la Casa de Gobierno, pese a la presidencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

“Nos movilizamos porque el Gobierno y su ministro de Economía, (Luis) Caputo, decidieron terminar con las obras en los barrios populares, el programa Mi Pieza y el acceso a lotes con servicios”, especificó el dirigente social y advirtió sobre el recorte de fondos para la continuidad de las obras que ya están en marcha.

Mañana viernes, los movimientos populares se concentrarán en la Plaza del Congreso para “anunciar próximas actividades del plan de lucha”.

En tanto, los trabajadores cooperativizados del programa Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo y Vinculaciones protestaron ante la sede AYSA, ubicada en Tucumán 752 por la demora en el pago de los sueldos y el congelamiento de los salarios desde octubre de 2023.

“Nos estamos movilizando por retrasos en los pagos de sueldo, el congelamiento de los salarios desde octubre y la amenaza del cierre del programa de trabajo, del que no solo viven más de dos mil familias sino que ha permitido el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros”, informaron.

Según indicó César Montiel, trabajador cooperativista y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de Almirante Brown, algunos trabajadores brindan sus servicios desde hace décadas y, a partir del cambio de administración nacional, dejaron de percibir retribuciones por sus trabajos. “Somos trabajadores que dependemos de la empresa AYSA. Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo Gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados”, expresó.

Y completó: “Una respuesta positiva para nosotros es que nos paguen los sueldos que nos adeudan y que nos garanticen la continuidad de las obras porque queda mucho por hacer. Son obras que no valen un dineral, de hecho, el 60% de los dos programas es garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Si bien los trabajadores que se congregaron lograron tener una reunión con representantes de la empresa, no obtuvieron respuestas a sus demandas. Según señaló Montiel, les pidieron “15 días para brindar alguna solución a sus reclamos”, mientras continúan la reorganización administrativa.

“La realidad es que no podemos esperar 15 días para saber si nos van a pagar por algo que ya hicimos. El próximo lunes nos reuniremos las 84 cooperativas, con sus representantes y delegados para analizar cuál es la siguiente medida de lucha que vamos a realizar para defender los puestos de los trabajadores y para poder cobrar lo que ya realizamos”, afirmó.

ACM con información de Télam.

AySA, la empresa de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que Javier Milei quiere privatizar, propuso a la Secretaría de Obras Públicas un aumento del 138% de la tarifa para compensar los costos a diciembre pasado. Ni hablar todavía de lo que aumentaron sus gastos en enero y lo que suben en febrero...

Al mismo tiempo, para compensar el rojo de sus cuentas, la empresa que preside Marcelo Papandrea anunció que subastó 292 autos usados después de que su antecesora, Malena Galmarini, renovara antes de dejar la gestión la flota con compras de 620 vehículos que la Justicia sigue investigando.

A fin de contribuir lo más rápido posible a la reducción de la brecha entre ingresos tarifarios y costos de operación y mantenimiento de los servicios, la AySA de Milei propone un ajuste tarifario de emergencia. A partir de que la inflación en 2023 fue superior a lo previsto, del 212% anual, la tarifa resultó insuficiente para sostener los gastos. Con el aumento sugerido, la factura promedio pasará de $6.400 a $15.000. Se mantendría el beneficio de tarifa social y comunitaria y el subsidio del 15% a los zonales bajos. El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, deberá aceptar, modificar o rechazar la propuesta.

El directorio entero de AySA fue renovado por Milei y a él se integró incluso el nuevo secretario de Empresas del Estado, Mauricio González Botto, quien debería encargarse de todas las privatizaciones si es que algún día el Congreso las aprueba. La venta de compañías públicas iba a ser votado ayer en la ley Bases en la Cámara de Diputados, pero la falta de consenso al respecto hizo caer la sesión. En tanto, Papandrea es un ex empleado del Grupo Macro, de la familia Brito, de buena relación con el exministro de Economía Sergio Massa. Debajo del directorio, los ejecutivos de AySA siguen siendo los mismos que había dejado la esposa de Massa. No es de extrañar: así como el expresidente Mauricio Macri tendió puentes con Milei, también lo ha hecho el excandidato presidencial peronista.

Quizá así se pueda entender mejor por qué la nueva conducción de la firma no puso en cuestión la compra de autos nuevos en 2023, como sí habían denunciado los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli. “AySA realizó una importante subasta de vehículos con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento de la flota y generar nuevos ingresos para cubrir los gastos operativos”, comunicó este miércoles la empresa de aguas y cloacas.

“En 2023, AySA adquirió más de 600 vehículos utilitarios livianos, utilitarios eléctricos y tipo pick ups, lo que permitió renovar la flota reduciendo los gastos de mantenimiento de unidades que contaban con un promedio de ocho años de antigüedad”, destacó la compañía ahora bajo el mando libertario.

“Es por este motivo que, la empresa realizó la convocatoria abierta a la subasta de los vehículos que fueron reemplazados y ya no se encontraban operativos. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial el día 19 de enero, para que cualquier persona pueda presentar su oferta. Dicha subasta adjudicada, el pasado viernes 2 de febrero, reportará ingresos por $1.138 millones, lo que equivale aproximadamente US$1.342.000 al dólar oficial. A la fecha, se han dado de baja otras 150 unidades, representando otro ahorro importante en gastos de mantenimiento. Adicionalmente, esas 150 unidades podrían ser subastadas sumando nuevos ingresos al momento en que sea efectuada la venta”, completó AySA.

AR/CRM

El caso Paseo Gigena podría dar un giro. El gobierno de Jorge Macri busca despegarse de la decisión de financiar una obra hídrica con fondos de la Ciudad de Buenos Aires para salvar un proyecto inmobiliario multimillonario, vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Así lo estableció elDiarioAR en base a fuentes oficiales del gobierno porteño.

La compleja obra hídrica ya cuenta con un financiamiento de $3.019 millones provenientes de fondos públicos de la Ciudad. Se trata del corrimiento de caños maestros de agua potable sobre los cuales se construyó el complejo privado de oficinas y locales comerciales denominado Paseo Gigena, como reveló elDiarioAR en diciembre último. 

El edificio de cinco plantas y tres módulos se levantó sobre un terreno de la Ciudad, entre las avenidas Dorrego y Bullrich y está casi listo, pero la empresa pública de aguas, Aysa, se negó a habilitar los servicios de agua y cloacas hasta que no se finalice la obra hídrica mayor, debido al riesgo que correrían el edificio y las personas por la ubicación de caños de alta presión debajo del paseo comercial. Nunca debería haber ocurrido, de acuerdo con Aysa.

La obra hídrica compromete además la provisión de agua potable a gran parte de la población de la Ciudad. El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público.

Aunque la obra fue heredada de la gestión de Rodríguez Larreta, la administración de Macri la confirmó cuando envió la adecuación de las planillas de obras públicas para 2024, como estaba previsto, para subsanar el “error” en el proyecto privado Paseo Gigena. Sin embargo, ante la consulta de este medio, fuentes oficiales porteñas informaron que el gobierno de Macri convocará a una mesa técnica para volver a discutir el financiamiento de esta obra e intentará que Aysa se haga cargo de al menos una parte, explicó una fuente con conocimiento directo del caso. 

Hay crisis económica, se están ajustando los fondos destinados a las obras públicas y esta no sería una prioridad para el exintendente de Vicente López, aseguraron en el gobierno porteño.

Desde Aysa reiteraron a elDiarioAR que no se harán cargo de la obra. Larreta había apurado la obra hídrica para el periodo 2024, con el edificio ya terminado. “Esta obra no está dentro de las prioridades porque no implica una mejora para el servicio y hasta el momento no imposibilitaba el acceso a las cañerías”, respondieron desde la compañía púbica. “Según el marco regulatorio de la empresa, en el caso de que un tercero quiera 'adelantar' una obra, la misma corre por su cuenta”, agregaron en Aysa.

El problema

Los caños atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y por consecuencia también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. 

El edificio fue construido sobre un terreno público de la Ciudad, concesionado en 2019 por  el gobierno de Rodríguez Larreta. Entonces se realizó una licitación y se otorgó el uso del predio en concesión por 20 años. El ganador fue Fideicomiso Dorrego, un grupo de desarrolladores privados encabezados por BSD Grupo Asesor SA y Coinsa. El proyecto ocupa lo que fue el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo.

Caputo y Bausili participaron en la financiación de Paseo Gigena a través de su consultora Anker Latinoamérica, como informó elDiarioAR en agosto. Entonces, los ahora funcionarios se dedicaban al sector privado, formaron el fideicomiso y recaudaron al menos US$46 millones para la construcción de este edificio. Garantizaban a sus selectos inversores recuperar su apuesta económica en unos siete años. El problema de infraestructura, sin embargo, había sido advertido por Aysa en 2021, de acuerdo con los documentos a los que accedió este medio.

Ahora, los porteños deberían pagar una obra de alta complejidad para remover esos caños de alta presión y reubicarlos fuera del Paseo Gigena, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. 

¿Por qué Aysa no financia la obra? En octubre de 2022, la secretaria de Transporte y Obras Públicas, Manuela López Menéndez, firmó un convenio con Aysa y Fideicomiso Dorrego —el privado a cargo del desarrollo inmobiliario—, en el cual el gobierno porteño se comprometió a financiar la obra.

La empresa de aguas, entonces al mando de Malena Galmarini —esposa del entonces ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de muy buena relación con Rodríguez Larreta—, se negó en el documento a ser la responsable de subsanar el “error técnico” de haber construido sobre los caños maestros y circunscribió el rol de Aysa a la supervisación de la obra y su posterior aprobación. “La responsabilidad de la obra del desvío de cañerías no corresponde a AySA”, concluyó la empresa ante la consulta de elDiarioAR.

Una obra en duda

Los fondos que deberá destinar la Ciudad a esta obra hídrica figuran en una planilla anexa del Plan Plurianual de Obras del gobierno porteño, que se presentó con el presupuesto de 2024 en la Legislatura porteña, explicó el legislador peronista Juan Manuel Valdés (Unión por la Ciudad).

La administración de Macri ratificó dichas planillas ante los legisladores porteños, pero en la Ciudad una fuente con conocimiento del caso dijo que eso no significa que necesariamente la obra vaya a realizarse y financiarse con esos fondos, ya que las partidas podrían reasignarse. También reconocieron que el convenio firmado con Aysa en 2022 los ata de manos pero, de todas maneras, conformarán una mesa técnica para debatir con la empresa de aguas ciertas alternativas, como financiar la obra a medias. 

La Ciudad apelará a la nueva administración de Aysa en base a un párrafo del convenio mediante el cual las partes se comprometieron a “solucionar amigabemente” cualquier “controversia respecto a la interpretación y/o cumplimiento de las obligaciones” planteadas en el acuerdo y arribar a “un entendimiento que contemple en forma concensuada sus respectivos intereses”.

Aún no está claro por qué el Gobierno porteño permitió que se construyera el edificio sobre caños maestros de Aysa ni por qué los privados iniciaron las obras en dichas condiciones. Estos nunca respondieron las consultas de elDiarioAR. Lo que hasta el momento sí está claro es que, por el momento, la obra la pagarán los porteños. 

La obra no es nada fácil, aseguraron fuentes directas del caso tanto en Aysa como en la Ciudad. Estos dos caños abastecen de agua potable a unos 500.000 usuarios de la Ciudad en las zonas centro y sur. La línea 1 tiene casi 7 kilómetros de longitud y lleva agua a la Estación Elevadora Centro (Córdoba y Ayacucho); y la línea 2, de casi 15 kilómetros, lleva agua al sur de la Ciudad: San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas. 

Aysa estableció que sería necesario realizar una obra de alta complejidad para saldar la decisión de construir sobre ese predio, explicó una fuente con conocimiento del proyecto. Sin embargo, la empresa estatal de aguas no se hará cargo del “error” y sólo supervisará la obra para evitar que ponga en riesgo la provisión de agua potable de una gran parte de la población. 

Se trata de caños de 1,10 metros de diámetro que datan de 1913 y constituyen un sistema de alta presión de las denominadas líneas 1 y 2, que provienen de la Planta Potabilizadora General San Martín, explicó Aysa ante la consulta de elDiarioAR en diciembre último.

En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo. 

ED/JJD

El Gobierno envió al Congreso el proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que incluye la privatización de empresas estatales. Como ya lo había anunciado el presidente, se buscará avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación, pero a ellas se suman otras 38 compañías.

En el camino hacia las privatizaciones, el DNU anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles de la semana pasada por cadena nacional estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. 

La mayoría de las empresas públicas ya son sociedades anónimas, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o Aysa, pero no todas, como los ferrocarriles, Invap, Télam, Fabricaciones Militares o la Casa de la Moneda (la ex Ciccone). 

A continuación, el listado de las empresas públicas a ser privatizadas que incluye el proyecto de ley ómnibus:

ACM con información de agencias.

JJD

Al menos 33 empresas del Estado podrían ser alcanzadas por la ola privatizadora que dejó preparada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, de acuerdo a información oficial y un relevamiento privado. Desde Aysa y Aerolíneas Argentinas hasta Tandanor, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, el Polo Tecnológico, Ieasa (ex Enarsa), Ferrocarriles Argentinos e Invap. La Administración General de Puerto, el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional y la TV Pública, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), Arsat, entre otras, podrían entrar en la fase de privatización, de acuerdo con lo decretado por Milei. 

El padre del DNU y de la desregulación del Estado impuesta por Milei es Federico Sturzenegger. “Hacemos que las empresas del Estado se transformen en Sociedades Anónimas. En las S.A hay un precio de una acción, si el Gobierno hace macanas, la protege. Una S.A puede quebrar, por eso tenés que decir ‘la tengo que cuidar”, dijo este jueves en una entrevista de radio Mitre.

“Hay alternativas a la privatización, como actualizar el régimen tarifario respetando la tarifa social para los sectores vulnerables, pero sin sostener subsidios para otros sectores, se trata de buscar un equilibrio” para que la empresa sea más rentable, afirmó José Luis Lingeri a elDiarioAR ante la consulta sobre el futuro de Aysa, la empresa que provee de agua potable y servicio de cloacas a millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y territorio bonaerense. Lingeri es un hombre central en Aysa, ya que es secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, además de directo por las acciones clase B en Aysa (en representación de los trabajadores).

“Pensar en la privatización de Aysa es apresurado por parte del Gobierno. Antes, debemos realizar un análisis del estado actual de la empresa, aplicar correctivos y ver qué se podría ajustar”, propone el sindicalista, quien también ocupa una silla en la cúpula de la CGT. 

“En los años 90, las empresas del Estado estaban desmanteladas y destruidas. La situación hoy es totalmente distinta”, afirmó Lingeri. “En aquellos años, revertimos el intento de privatizar Aysa en el Parlamento aceptando que la empresa sea concesionada, pero los resultados demostraron que la concesión no funcionó -agregó-: se trabajó con un sentido mercantilista y no por la eficacia de la cobertura del servicio de un derecho humano universal, que es el agua”, sostuvo Lingeri, quien fue enfático: “Rechazo la privatización porque ya vimos que la concesión privada no dio resultado”.

La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo.

Alfredo Vítolo — Experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

Primer paso

En el camino hacia las privatizaciones, el DNU anunciado este miércoles por la noche por cadena nacional estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. 

La mayoría de las empresas públicas ya son sociedades anónimas, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o Aysa, pero no todas, como los ferrocarriles, Invap, Télam, Fabricaciones Militares o la Casa de la Moneda (la ex Ciccone). 

Se decretó que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, ya sean Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria o Sociedades de Economía Mixta. 

Además, el DNU corrió a las empresas públicas de la ventaja para ser contratadas por el Estado en la provisión de servicios y bienes. Tampoco podrán como hasta el momento recibir beneficios por sobre empresas privadas. 

“Esta película ya la vimos en la época de (Raúl) Alfonsín, que finalmente logró muy poco”, aseguró a elDiarioAR Alfredo Vítolo, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. “Luego lo vimos con (Carlos) Menem, con la ley de Reforma del Estado. Ahora lo estamos viendo fuertemente con este DNU, que al transformar Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas facilita que se haga una privatización a través de la venta de acciones, sin procedimientos de transferencias de patrimonios o de otras estructuras que son más complejas”, sostuvo Vítolo.

“La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo”, explicó el experto.

“El proceso de venta de las acciones debería ser un proceso transparente y con algún procedimiento público de libre competencia. Podría ser un procedimiento de oferta pública de acciones, como se hizo con YPF, o de concursos públicos”, recomendó el abogado.

Las privatizaciones de las Sociedades Anónimas no deberán pasar por el Congreso, dijo Vítolo. “Salvo en casos específicos, como el de YPF, en principio, la venta de acciones de una empresa pública es un acto de gestión del Poder Ejecutivo, que deberá respetar procesos transparentes de selección, los estatutos y la legislación específica”.

“El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, afirmó Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández, en la red social X. “Cuando el inconstitucional DNU 70/2023 entre en vigencia, si todavía no fue declarado inconstitucional por la Justicia, se podrá realizar la conversión de las sociedades del estado y empresas con participación del estado en SA, conforme su artículo 48”, agregó más tarde Ibarra.

Sin embargo, la abogada agregó que “el Estado deberá conservar su paquete de acciones porque, para que pase a manos privadas, debe mediar una ley conforme establecen los artículos 8, 9 y siguientes de la ley de Reforma del Estado 23.696, que están vigentes”, es decir, la reforma impulsada por Carlos Menem. “Allí se indica que el Poder Ejecutivo Nacional puede declararlas sujetas a privatización, pero agrega que esa declaración deberá 'en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso'. La exigencia es una 'ley del Congreso'”, afirmó Ibarra.

Mapa de empresas públicas

El Ministerio de Economía de la Nación informó en su último Boletín Fiscal –del primer trimestre de 2023– que existen 33 empresas públicas. Entre las más importantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), publicó Chequeado en septiembre último.

Si se incluye a YPF y sus empresas satélites el número aumenta a 36, de acuerdo con el libro Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), de Juan José Carbajales. Existe una discusión sobre si YPF debe ser incluida o no en esta lista debido a que cotiza en bolsa y su financiamiento no depende entonces del Ejecutivo, explicó a Chequeado Gonzalo Dieguez, ex director del área de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

“El 33% de las empresas estatales se dedican al rubro de Transporte y almacenamiento (como Aerolíneas Argentinas); mientras que el 18% son del rubro Telecomunicaciones (ARSAT); el 12% de Industria (Tandanor); otro 12% de Energía (Energía Argentina S.A.); el 9% de Intermediación Financiera (Casa de la Moneda) y el restante 16% se dedican a actividades como la Construcción (Coviara), la Enseñanza (Educ.ar) y el suministro de agua y cloacas (AySA)”, explicó Chequeado en base al informe de Cippec. 

Hay alternativas a la privatización, como actualizar el régimen tarifario respetando la tarifa social para los sectores vulnerables, pero sin sostener subsidios para otros sectores, se trata de buscar un equilibrio.

José Luis Lingeri — Aysa.

“Desde 2008 hasta 2022, el déficit operativo de las empresas públicas (es decir, cuando los ingresos por el servicio que prestan son inferiores a los gastos de operación) se multiplicó por 6 en términos reales, según datos oficiales”, informó Chequeado. 

“El pico de aportes del Estado a las empresas públicas ocurrió en 2014, cuando el Tesoro destinó el equivalente al 2,4% del PBI en recursos. En 2019 se redujeron al 0,7%, pero luego volvieron a aumentar hasta el 1,7% en 2021”, concluyó el medio especializado.

Aysa

Aysa tiene actualmente la concesión en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia; unos 7.800 empleados; casi 15 millones de usuarios y más de 25.000 kilómetros de cañerías de red de agua potable; y 18.000 kilómetros de red de desagües cloacales para casi 10 millones de personas, de acuerdo a la compañía. 

Este jueves, Aysa tendrá una asamblea de accionistas para elegir a sus nuevas autoridades, tras la salida de Malena Galmarini. El Ejecutivo puede solicitar entre tres y cinco integrantes del directorio, de acuerdo con el estatuto, explicó Lingeri, quien ya estuvo en contacto con Marcelo Papandrea, nombrado por el Gobierno como sucesor de Galmarini, y quien será clave en el futuro de la compañía: si será o no privatizada.

Pensar en la privatización de Aysa es apresurado por parte del Gobierno.

José Luis Lingeri — Aysa.

Entre las principales quejas contra los grupos privados que manejaron la compañía hasta 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó su estatización, Lingeri remarcó que los privados sólo invirtieron en algunos sectores de Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires, abandonando todo tipo de inversión en el resto del área de cobertura de red de agua potable y cloacas: el conurbano bonaerense, los sectores menos acaudalados de la población y los más vulnerables.

Aerolíneas Argentinas

Una de las decisiones del DNU es desprenderse de la participación estatal en la aerolínea de bandera. “Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier (Milei) quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta 100% de las acciones (antes era 10%). Si el Presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”, dijo Sturzenegger en radio Mitre este jueves.

El DNU ordena el “rescate” de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional y autoriza “la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.

Deroga, además, la “utilidad pública” de Aerolíneas Argentinas. La participación de los trabajadores es opcional y los empleados que participen en más de una de estas empresas deberán optar por su participación en sólo una.

Nota: este artículo fue actualizado a las 20:12 del 21 de diciembre de 2023.

ED/MG

El emprendimiento inmobiliario Paseo Gigena le costará a la Ciudad de Buenos Aires mucho más de lo que se creía. Debajo de este edificio de oficinas y locales gastronómicos construido entre las avenidas Dorrego y Libertador, existe un “error de cálculo”, un “error técnico” o simplemente negligencia. Para salvar el multimillonario proyecto privado, el gobierno porteño financiará con $3.019 millones una obra hídrica que puede comprometer la provisión de agua potable a gran parte de la población de la Ciudad, de acuerdo a una investigación de elDiarioAR. 

Paseo Gigena es, además, el mismo emprendimiento inmobiliario en cuya financiación participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a través de su consultora Anker Latinoamérica, como informó este medio en agosto. Entonces, los ahora funcionarios habían recaudado unos US$46 millones para la construcción de este edificio. El problema de infraestructura, sin embargo, había sido advertido por Aysa en 2021, de acuerdo a los documentos a los que accedió este medio.

El predio fue construido sobre un terreno público de la Ciudad. Para que eso fuera posible, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta realizó una licitación y otorgó el uso del predio en concesión por 20 años. El ganador fue Fideicomiso Dorrego, un grupo de desarrolladores privados encabezados por BSD Grupo Asesor SA y Coinsa. El proyecto ocupa un viejo estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo. 

El edificio tiene cinco plantas, tres módulos y un gran problema, que ahora hereda Jorge Macri. Debajo de Paseo Gigena, se encuentran caños maestros de alta presión que proveen de agua potable a gran parte de la Ciudad.

Ahora, los porteños deberán pagar una obra de alta complejidad para remover esos caños y reubicarlos fuera del Paseo Gigena, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR. El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público.

Los fondos que deberá destinar la Ciudad a esta obra hídrica figuran en una planilla anexa del Plan Plurianual de Obras del gobierno porteño, que se presentó con el presupuesto de 2024 en la Legislatura porteña, explicó el legislador peronista Juan Manuel Valdés (Unión por la Ciudad). La noticia sobre el destino de los fondos para una obra del Paseo Gigena fue adelantada por La Política Online la semana pasada. 

En la planilla, la obra figura en la página número 20, sin detalles y con la menor cantidad de datos posible. Sólo se consignó “Gigena” y el monto asignado. “En el contexto en el que no hay plata para ampliar la red del subte ni otras obras necesarias, la Ciudad sigue priorizando poner plata para los negocios de los amigos”, criticó Valdés.

¿Error de cálculo?

Cuando Aysa realizó el análisis de factibilidad para el servicio de agua y cloacas del emprendimiento inmobiliario, constató que debajo de Paseo Gigena existían dos líneas centrales de provisión de agua potable y que sería necesario realizar una obra de alta complejidad para saldar la decisión de construir sobre ese predio, explicó una fuente con conocimiento del proyecto. 

Una de las primeras alertas llegó el 26 de noviembre de 2021. El problema surgió cuando una cuadrilla de Aysa se acercó al predio para acceder a las válvulas de las instalaciones y se encontró allí con la construcción de Paseo Gigena en marcha. Los encargados dieron aviso a las autoridades de la empresa estatal de aguas y la compañía elevó una primera nota de advertencia a la Ciudad. Aysa detectó interferencias con dos instalaciones primarias. 

La empresa estatal de agua informó en dicha nota que consideraba “imperioso” la remoción total del tramo de las cañerías de impulsión (caños maestros) que se ubican dentro del predio de Paseo Gigena y “su reubicación fuera del mismo” para “eliminar los riesgos y eventuales perjuicios”. 

Se trata de caños de 1,10 metros de diámetro que datan de 1913 y constituyen un sistema de alta presión de las denominadas líneas 1 y 2, que provienen de la Planta Potabilizadora General San Martín, explicó Aysa ante la consulta de elDiarioAR. 

Estos dos caños abastecen de agua potable a unos 500.000 usuarios de la Ciudad en las zonas centro y sur. La línea 1 tiene casi 7 kilómetros de longitud y lleva agua a la Estación Elevadora Centro (Córdoba y Ayacucho); y la línea 2, de casi 15 kilómetros, lleva agua al sur de la Ciudad: San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas. Los ductos tienen válvulas de aire, de desagüe y de cierre a lo largo de su recorrido, pero la construcción del Paseo Gigena dificulta el acceso a ellas, advirtieron desde la cuadrilla.

elDiarioAR intentó comunicarse con los exresponsables del área de Desarrollo Económico y Obras Públicas del saliente gobierno porteño, del que dependen la concesiones como Paseo Gigena, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota. La nueva administración a cargo de Jorge Macri solicitó “unos días” para responder. La cartera era comandada por José Luis Giusti y ahora estará bajo las órdenes de Roberto García Moritán.

Este diario se comunicó en siete oportunidades con la desarrolladora a cargo de Paseo Gigena, BSD Grupo Asesor SA, pero la empresa aún no respondió. La constructora del proyecto, Coinsa, tampoco lo hizo.

Riesgos

Los caños de las líneas 1 y 2 atraviesan en forma transversal un sector del predio donde se edificó Paseo Gigena. Los riesgos de continuar con el escenario actual son altos, explicaron dos fuentes directas del caso, y si llegara a existir un eventual problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes y por consecuencia también las personas. “No se puede construir sobre caños maestros un edificio donde habrá tránsito de gente”, afirmó una de las personas consultadas. Aún así, la construcción continuó. 

En caso de rotura de uno de los caños dentro del predio la consecuencia sería una inundación casi inmediata, con potenciales daños estructurales y edilicios, que pondrían en grave riesgo a personas allí presentes, sostuvo una de las fuentes consultadas. 

La rotura de uno de estos caños ya sucedió en julio de 2017, cuando Paseo Gigena no existía. Entonces, la zona quedó totalmente inundada sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo. En dicha oportunidad, debieron repararse entre 5 y 6 metros de cañería y los operarios realizaron una excavación de unos 3 metros de ancho por 10 de largo y una profundidad de 4 metros, con la utilización de maquinaria pesada. El acceso a las cañerías es de por sí complejo, pero el nuevo edificio agrava la situación, según los técnicos consultados.

Acuerdo en 2022

El gobierno porteño propuso realizar el revestimiento interno de los caños a través de “tecnologías del tipo relining”, o entubado simple, pero Aysa rechazó la propuesta en julio de 2022, debido a que ciertas piezas especiales y condiciones operativas no permiten el uso de dicha propuesta.

En octubre de 2022, la Ciudad firmó un convenio con Aysa y Fideicomiso Dorrego en el que se hace cargo de las obras para la remoción y reubicación de los caños de alta presión. El gobierno porteño debió presentar un anteproyecto de obra para el corrimiento de las cañerías y licitar la megaobra. Aysa lo aprobó y la Ciudad ahora debe ejecutarlo.

La obra de desvío de los caños es compleja, pero el servicio de provisión de agua potable se cortará “como máximo” por una jornada, cuando se realice el empalme de los caños, explicó una fuente del caso.  

Aysa debió comprometer a los privados y al gobierno porteño a que no se realizarán nuevas obras sobre la traza de los caños debido a que pueden afectar “la integridad estructural” de los mismos.

Costos

Por Paseo Gigena la Ciudad aceptó en la licitación pública un canon de 200.892,34 unidades de compra que se convierten “en moneda de curso legal”, es decir, en pesos. Estas unidades de compra se establecen en la ley de Presupuesto y actualmente cada una vale 310 pesos. Es decir que si el canon comenzara a pagarse hoy, sería de casi $62,3 millones mensuales. 

El presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual. Eso significa que la Ciudad va a tener que esperar al menos 4 años para que el canon le reditúe. 

Los privados no pagarán más que la instalación de los servicios de agua potable y cloacas, con un costo de $695.000. Se calcula que a US$ 30 el metro cuadrado en alquiler -el precio informado por los desarrolladores-, el emprendimiento recaudaría más de medio millón de dólares por mes en alquileres (de los que deberá destinar $62,3 millones al canon).

El proyecto

En el emprendimiento inmobiliario intervienen varios actores privados que aportaron al fideicomiso. Se recaudaron más de US$46 millones, cuyos selectos inversores podrán recuperar su dinero en unos siete años, explicaron desde Anker, la consultora de Caputo y Bausili, en agosto último a elDiarioAR. 

“La inversión iba a ser de WeWork, que buscaba desarrollar un complejo de oficinas en el predio. Tras el colapso de WeWork -empresa inmobiliaria estadounidense que alquila espacios temporarios de oficinas-, (la desarrolladora) BSD nos buscó para conseguir el capital. Propusimos un proceso de oferta pública, transparente y pensando en cumplir con los intereses de los inversores. Además, a diferencia de como funciona el mercado inmobiliario, aquí se hace todo en blanco”, explicaron en Anker cuando elDiarioAR los consultó en agostó último.

Mientras que BSD desarrolla el proyecto, la construcción está a cargo de Coinsa, dirigida por Martín Maccarone, también allegado a Toto Caputo. Axis Inversiones, la empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar al gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. 

El rol de Anker

Anker Latinoamérica SA fue la organizadora del fideicomiso y su función era juntar inversores. En agosto último había convocado a alrededor de 40, provenientes del sector inmobiliario e individuos de altos patrimonios, cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil, ya que invirtieron en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial (bonos dólar-linked), explicaron en la compañía. 

“Anker llegó al proyecto en 2021, cuando BSD Grupo Asesor SA, el desarrollador y concesionario, ya había ganado la licitación en la Ciudad en 2019, pero se había quedado sin inversor”, explicaron en Anker cuando elDiarioAR consultó en agostó último.

En el fideicomiso, Anker fue asesorada por el estudio Bruchou & Funes de Rioja, muy nombrado últimamente alrededor de las decisiones del gobierno de Javier Milei. También los asesoró Tanoira Casagne en la emisión de valores fiduciarios, de acuerdo a la información publicada por el fideicomiso.

BSD, la empresa a cargo del proyecto, afirmó en agosto: “Esta es la primera vez que el desarrollador ejecuta un financiamiento de un proyecto a través del mercado de capitales”.

Anker cerró sus puertas cuando se supo que Caputo y Bausili reasumirían la función pública. La consultora también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro de Economía de Milei, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.

Desde hace unos tres años, Anker asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. 

Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan, según marca la ley de Ética de la Función Pública, para evitar conflictos de intereses, como informó elDiarioAR este domingo. Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la legislación.

ED/DTC

Parece que tirar la cadena del baño fuera el fin y es sólo el comienzo: a partir del inodoro se abre todo un mundo del que poco sabemos y poco queremos saber. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los porteños eliminan unas 400 toneladas de excremento por día, el equivalente al peso de 6 obeliscos. El transporte y tratamiento de estos desechos, junto con los del primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, involucran unos 17 mil kilómetros de cañerías. Puestos en línea recta se podría hacer en cloaca un viaje hasta China. Y un dato más: en barrios porteños como Retiro, Recoleta, San Telmo y el microcentro, los caños datan de 1890. Es decir, los baños conectan con el mismo caño que llevaba los desechos de Julio Argentino Roca.

“Cuando a la gente le explico qué pasa cuando tocan el botón, se quedan anonadados”, dice Ángela Cicero, gerenta de AySA, a cargo de la red cloacal. “Cuando vienen chicos de las escuelas y les cuento que el pelo que tiran en la bañera puede romper las bombas cloacales por su fuerza de tracción, no lo pueden creer”.

Si uno se atreve a investigar lo que sucede, cloaca adentro, puede visitar en la planta baja del Palacio de las Aguas Corrientes, en Riobamba 750, la Meca de todo estudioso del tema: la biblioteca de AYSA. Javier Fernández, a cargo del lugar, fanático de las historias secretas de las cloacas de la Ciudad, cuenta un fenómeno increíble: los buscadores de tesoro entre el excremento. ¿Buscadores de tesoros en las cloacas? Sí, Fernández, se entusiasma y trae un libro que lo ilustra. “Mirá, este es uno de los tesoros de la biblioteca”, a Fernández se le iluminan los ojos. El volumen es de un tal Enrique Germán Herz, llamado “Historia del agua en Buenos Aires”. Allí da cuenta de una cofradía de “técnicos-cirujas” de principios del siglo 20. Ellos se movían por los laberintos subterráneos como por su casa, y chapoteaban entre los desperdicios hasta llegar a puntos clave, donde hacían un pozo en el fondo de los caños para que se atascaran objetos de valor que luego iban a buscar. Esta pesca furtiva era tan rentable que, según Herz, muchos se construyeron su casa con el botín.

No eran los únicos visitantes exóticos, además las cloacas funcionaban como guarida de ladrones y hasta fueron escenario de persecuciones policiales: mucho más jugados que asaltantes del banco Río que usaron desagües pluviales para escapar.  

El artista que hizo de la cloaca un arte. 

En el 2019, un artista obsesionado con conocer el recorrido de su excremento, se propuso instalarle un GPS para ver dónde terminaba todo. “Pero fracasé con el GPS porque se salía”, dice Santiago Ortí al teléfono. “Así que decidí seguir el recorrido cloacal en bicicleta”.

En la biblioteca de AYSA todavía se acuerdan de Ortí. “¿Por qué querés los planos históricos de las cloacas de la Ciudad?”, le preguntó el bibliotecario que casi se cae al piso de la risa cuando Santiago le explicó el proyecto. “Voy a hacer un google map humano de caca: ¿Viste el pin rojo fuera de escala que marca lugares? Bueno eso mismo, pero en lugar de pin es una bicicleta con una carcasa marrón que va indicando por dónde va el excremento que sale de mi casa”.  

Los que no se rieron fueron los del Fondo Nacional de las Artes que le dieron el subsidio para hacer la obra.

A las 5 de la mañana tiró la cadena de su departamento en Paraguay y Salguero, y corrió a la calle. Unas cámaras lo seguían en auto mientras él doblaba por Godoy Cruz. La bicicleta especialmente acondicionada para la obra llamó la atención de los corredores y de los chicos que volvían de los boliches: “¿Es un troncomóvil?” preguntaban, “No, es una piedra” decían. Para despejar dudas, Santiago sacaba un desodorante de ambiente y tiraba al aire. La obra, que contiene desde un video del recorrido, pasando por planos de las primeras cloacas de la Ciudad intervenidos por él, hasta un fanzine, se expuso en una muestra que quedó congelada por la pandemia. Para poder continuar con la exposición, Santiago armó algo virtual y lo llamó “El cadenazo”: la idea era que toda la Ciudad tirara la cadena a la vez haciendo reventar las cloacas. Como no se conectó toda la Ciudad al evento, lo que antes hubiera colapsado el zoom, las calles siguieron vacías por el encierro, pero intactas.

Hablando de reventar cloacas, ¿qué es lo que evita que todos los gases generados en la descomposición de la materia orgánica haga reventar los caños?. Siguiendo el recorrido de  las cloacas máximas hay unas torres que se elevan unos 40 metros y que son clave en el traslado de los desechos. Al lado del Movistar Arena hay una más alta que el techo del estadio. Algunos vecinos creen que es la chimenea remanente de alguna fábrica que ya no funciona, pero por esta torre jamás salió humo. Lo que sí salió y sigue saliendo son los gases de azufre que las bacterias generan cuando degradan el excremento y que huelen a huevo podrido. Aunque están lo suficientemente altas, como para que no nos enloquezca ese olor a azufre.

El camino interior

“En CABA no hay tratamiento de los excrementos”, retoma la gerenta de AySA. “Sólo hay cañerías que la llevan a destino”. Tal vez esta sea la única oportunidad que tenga usted, lector, para saber a ciencia cierta el camino que le depara a eso que usted hace en la intimidad. Así que vamos rápido a conocerlo. Lo primero que hay que entender es que los caños van de arriba hacia abajo y de menor a mayor diámetro. ¿Y qué pasa cuando los caños ya no pueden seguir bajando? Una bomba los empuja para que así, recuperen altura, y  vuelvan a bajar: eso es lo que pasa en la Estación La Boca/Barracas y en la de Wilde, en provincia de Buenos Aires. Pero antes de seguir, nosotros también hagamos un parate. Entre tantos caños subterráneos hay unos que son especiales, las verdaderas autopistas por las que circula el líquido cloacal y que llegan a tener hasta 4 metros de diámetro: las cloacas máximas. El nombre nació en Roma en el año 600 AC y significa “La Alcantarilla Mayor” y es por donde los italianos eliminaban los desperdicios hacia el río Tíber. En Buenos Aires tenemos 3 de esas cloacas máximas y se hicieron entre 1890 y 1940. La primera cloaca máxima, la más antigua, atraviesa la Ciudad a la altura de las calles Paraná y Sáenz Peña (cerca del Congreso) y desde allí avanza y pasa por debajo del Riachuelo hasta llegar al Establecimiento Wilde donde se encuentra con las otras dos que vienen de la Estación de bombeo de La Boca/Barracas. En estos establecimientos, se los hace pasar por una reja para sacarles bolsas, papeles, tapitas, maderas y todas las cosas que no deberían estar en una cloaca.

Ángela, la gerenta pone voz de docente enojada: “¿Viste cuando tiran el aceite de las papas fritas al inodoro? Bueno, ese aceite también se saca en la Estación Wilde”. Y agrega un dato: “En total se retiran de las cloacas 400 toneladas de sólidos de basura por mes”.

Y ahora que estamos llegando al final del camino, porque sólo resta enviar los líquidos de Wilde a Berazategui y desde allí por el caño emisario al Río de la plata, ¿cuál es el tratamiento que se le hace a nuestros excrementos antes de ir a parar a la madre naturaleza? El río. El tratamiento lo hace el río. Es decir, no hay intervención humana en ese eslabón final. Hasta acá llega la intervención de la técnica y sólo queda que el gran volumen del Río de la Plata diluya la materia orgánica y que sus bacterias la degraden. Hay otras plantas de tratamiento, en la provincia de Buenos Aires, donde sí se procesan las aguas cloacales y hasta donde se obtiene, a partir de los desperdicios, biogás. Hablando de plantas de AySA, hay algo curioso en sus nombres: las que proveen agua potable se llaman San Martín, Rosas, Planta General Belgrano mientras que las de tratamiento se llaman como el lugar en el que están: Lanús, Fiorito, Merlo, Garín. Nadie se ha animado, hasta hoy, a relacionar un lugar donde circulan los desperdicios con el nombre de un prócer, por más enemistado que esté con su trayectoria. 

Las mangueras salvadoras

Entonces, ¿por qué no nadamos entre excrementos? ¿Por qué esos 6 obeliscos que circulan bajo nuestros pies diariamente no emergen a la superficie y nos complican la vida?

Nunca tuvieron, a causa de las bombas, un problema de desborde. Los cortes de luz, los solucionan con grupos electrógenos y los desperfectos, con bombas de reserva. Pero hay algo más peligroso que el buen funcionamiento de las bombas y así como hay bomberos que apagan incendios, hay operarios que lidian con otra clase de catástrofes naturales, algunas que se cocinan bajo el asfalto.

En los tramos donde las cañerías tienen menor pendiente, la velocidad del líquido disminuye y los sólidos que arrastra (papel, plásticos, bolsas, arenas) empiezan a sedimentar. Con el tiempo, se forma una obstrucción. “Mirá, te lo explico clarito” dice Ángela: “Tenemos dos alertas: la amarilla indica taponamiento y también está la roja” la voz de la gerenta se hace lúgubre, “esto es peligro de desborde”.

Gracias a Dios, los derrames se resuelven antes. Este cronista fue testigo de una alerta roja en Avenida de los Incas y Ávalos. “Esto es un desastre, flaco, si no resolvemos la obstrucción la calle se va a llenar de caca”, dijo uno de los operarios mientras cargaba apurado la manguera del camión cisterna. La situación fue crítica: en la calle, ya emergía  un líquido turbio y mucho olor. El trabajador levantó la tapa de la cloaca y con ayuda de su compañero, abrió una válvula. Y con una manguera, como bazuca de balas de agua, perforó la obstrucción. Final feliz: el tapón se desintegró en pedazos, arrastrado agua abajo. Situación controlada. “Ahora lo recargamos con agua potable y seguimos viaje hasta el próximo aviso”, anunció, victorioso, el operario mientras enrollaba la manguera. Luego, con su compañero trepó al camión y partió a una nueva misión. Nadie, por supuesto, se enteró del peligro. Pero ellos en pocos minutos lograron que el excremento que viaja en el mismo caño desde la época de Roca, no flotara por las calles de la Ciudad. Tal vez Marvel algún día les dé un lugar en una historieta a estos operarios cloacales como los héroes que son. Se lo merecen.

NG/MG

Los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda están afectados en parte por falta de agua potable debido a la interrupción del suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes, informó esta tarde la empresa AySA.

“AySA informa que, debido a la interrupción en el suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes, se registra una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua potable en algunas zonas de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes”, indicó la firma en un comunicado.

La empresa informó que asiste las situaciones más críticas con camiones cisterna y “continúa trabajando en conjunto con cada uno de los municipios involucrados para asistir a las zonas afectadas”.

En tanto, indicó que “Edesur se encuentra realizando las tareas de reparación para devolver el suministro de energía”. Por otra parte, indicó que sus sistemas de producción y distribución de agua son electrodependientes, y ante los cortes de energía, se pueden ver perjudicados.

Ante cualquier duda, los vecinos y vecinas pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, WhatApp 11-5984-5794 o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @aysa_oficial, Facebook: AySA.Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por el chatbot en el sitio web http://www.aysa.com.ar de 6 a 24hs.

En la Argentina sufrimos en 2022 la mayor inflación en tres décadas, pero en los países desarrollados el alza de precios fue incluso la más alta en cuatro decenios por el encarecimiento de la energía y los alimentos por la invasión rusa de Ucrania. En Alemania, donde se registra el registro mayor índice en siete décadas, el Instituto de Investigación Económica (IFO, según sus siglas en alemán), advirtió que muchas empresas se aprovecharon de la excusa del incremento de las materias primas para remarcar sus precios por encima de sus costos en sectores como el comercio minorista, la agricultura y la construcción. Veamos qué sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde este lunes la Dirección General de Estadística y Censos (Indec) difundió el índice de precios al consumidor (IPC) del año pasado.

El indicador general de la capital fue del 93,4%. Pero hay varios rubros donde los precios subieron muchos más: aceites, mantecas y otras grasas, el 127,6%, y eso que ha habido diversos acuerdos de precios para estos productos; frutas, 124%; verduras, tubérculos y legumbres, 150,4%; ropa, 120,5%; suministro de agua, es decir, la tarifa de Agua y Saneamiento (AySA), la empresa que preside Malena Galmarini, 136,6%; y servicios de hotelería, el 121,3%. También superaron el 100%, es decir, la duplicación de valores en un año estos sectores: pan y cereales, 107%; leche, productos lácteos y huevos, 104%; bebidas no alcohólicas, 104%; vinos, 111%; cerveza, 106%; mantenimiento y reparación de la vivienda, 110%; muebles, accesorios y alfombras, 103%; cristalería, vajilla y utensilios para el hogar, 105%; bienes y servicios para la conservación del hogar, 106%; prepagas de salud, 100%; educación, 105%; restaurantes, 111% y efectos de cuidado personal, 117%.

Este lunes, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dio a conocer su propio indicador sobre la evolución de los precios. El resultado fue una suba del 5,8% en diciembre, en el mismo nivel que en noviembre.

Los números de la Ciudad son un anticipo de lo que se espera para este jueves cuando se conozca el índice de precios al consumidor (IPC) que difunde el Indec. Entonces, quedará registrado que la Argentina sufrió en 2022 la mayor inflación de la Argentina en 32 años, desde 1990.

AR