El Senado avanzó con el proyecto de regularización de armas de fuego impulsado por el oficialismo, una iniciativa que el Gobierno de Javier Milei presenta como un intento de “ordenar” un universo ya existente. Sin embargo, los propios datos oficiales y los relevamientos independientes abren una pregunta incómoda: ¿se trata de una política de control o de una expansión encubierta del acceso a armas?

El dictamen, firmado en plenario de comisiones con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales, retoma un texto que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2024. La propuesta combina dos ejes: por un lado, un régimen de regularización para quienes poseen armas no registradas, con un plazo de 360 días para presentarse; y, por otro, la prórroga del programa de entrega voluntaria, anónima y con incentivo económico hasta fines de 2027.

La defensa del proyecto estuvo a cargo del director del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, quien puso sobre la mesa una cifra contundente: cerca de 800 mil armas estarían en situación irregular. El funcionario detalló que hay más de 595 mil armas en manos de usuarios con credenciales vencidas y otras 355 mil en situación regular. Bajo esa lógica, el objetivo del oficialismo sería “sacar de la oscuridad” ese stock y llevarlo al circuito formal.

Pero el problema es que ese diagnóstico convive con otra realidad que el propio Estado reconoce (aunque de manera fragmentaria): el mercado legal de armas ya está en expansión.

Las armas en Argentina, en números

Según datos oficiales procesados en un informe reciente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), entre 2023 y 2025 la cantidad de armas registradas creció un 41,9%. En paralelo, las importaciones se triplicaron en ese mismo período y las tenencias autorizadas aumentaron más de un 20%. Es decir, incluso antes de cualquier “blanqueo”, el acceso legal ya venía en alza.

El dato más inquietante, sin embargo, aparece en las autorizaciones de portación. De cifras marginales durante años (6 en 2022 y 7 en 2023), se pasó a 1.230 en 2024 y a 17.500 en 2025. El salto es tan abrupto que ni siquiera, según el informe al que accedió elDiarioAR, los propios registros oficiales logran explicarlo con claridad.

En ese contexto, la idea de que el proyecto se limita a regularizar lo existente pierde fuerza. Más aún cuando otro indicador clave, como lo es la cantidad de nuevos usuarios, se mantiene relativamente estable. No hay una explosión de demanda que justifique el crecimiento del resto de las variables.

La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si no hay muchos más usuarios, ¿por qué hay muchas más armas?

El oficialismo ensaya una respuesta apoyada en la modernización del sistema. Allan destacó la digitalización de trámites, la posibilidad de gestionar permisos en armerías y la eliminación de “barreras burocráticas innecesarias”. También mencionó mecanismos de control sobre compras masivas y desvíos hacia el delito. En paralelo, Patricia Bullrich vinculó la iniciativa con la necesidad de prevenir hechos de violencia, en particular en escuelas, en medio de una serie de amenazas recientes a lo largo y ancho del país y que tiene como triste antecedente lo sucedido en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno entró con una escopeta y asesinó a Ian Cabrera, de 13 años.

Sin embargo, el propio informe advierte sobre otro fenómeno que tensiona ese argumento: el desvío de armas legales hacia el mercado ilegal. En los últimos años, se registran en promedio ocho denuncias diarias por armas robadas o extraviadas. Y dentro de ese universo, los casos vinculados a usuarios individuales crecieron más de un 40% en 2025.

Cada una de esas armas representa una pérdida de control estatal. Y, potencialmente, un ingreso al circuito ilegal.

Así, el proyecto queda atrapado en una contradicción de base. Mientras promete ordenar, se despliega en un contexto donde la circulación ya se está ampliando. Mientras habla de control, convive con datos que muestran inconsistencias y vacíos de información. Y mientras plantea combatir la ilegalidad, reconoce de manera implícita que el propio sistema formal puede ser una de sus fuentes.

A eso se suma un problema estructural: desde 2023 el Estado dejó de publicar estadísticas completas sobre armas de fuego. Los datos disponibles surgen de pedidos de acceso a la información y, aun así, llegan incompletos. No hay cifras acumuladas de armas ni de usuarios al cierre de 2025, y algunos registros presentan inconsistencias metodológicas.

En ese marco, el Congreso se encamina a debatir una ley clave con información parcial y en un escenario que, lejos de estabilizarse, parece estar en movimiento.

JIB

El presidente Javier Milei indicó que la Argentina comenzó contactos con el Reino Unido para levantar la actual prohibición de venta de armas a Argentina, si bien el Gobierno laborista británico negó tales conversaciones, informa este jueves el periódico 'The Telegraph'.

En unas declaraciones publicadas por el medio inglés, Milei dijo que habían empezado conversaciones para revisar las restricciones impuestas por Londres tras la guerra de las Malvinas (1982), que enfrentó a los dos países por la soberanía de las islas.

El Reino Unido impuso estrictas normas de exportación que restringen la venta a Argentina de cualquier arma con componentes británicos.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, dijo Milei al 'Telegraph', diario que afirma que Argentina y EE.UU. presionan para cambiar las actuales normas británicas.

Al ser preguntado sobre si habían comenzado las negociaciones para flexibilizar el veto británico, el presidente argentino respondió: “Absolutamente”.

Sin embargo, un portavoz del Gobierno británico señaló que “la soberanía de las islas Falkland no es negociable y defenderemos el derecho de los isleños a la autodeterminación. En 2013, celebraron un referéndum sobre su futuro, y una abrumadora mayoría optó por seguir formando parte del Reino Unido”.

“No hay conversaciones específicas con Argentina sobre la flexibilización de los controles a la exportación de armas por parte del Reino Unido”, añadió la fuente.

No obstante, indicó que, en términos generales, “esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura”.

Según pudo saber el periódico inglés, el presidente puede visitar el Reino Unido en abril o mayo de 2026, por lo que, si se concreta, sería el primer jefe de Estado argentino que viaja a este país desde 1998.

Sobre las Malvinas, Milei insistió en que las islas serían recuperadas por Argentina de manera diplomática.

“Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial madura”, indicó.

El sábado se entregaron a Argentina aviones de combate F-16 desde Dinamarca en virtud de un acuerdo aprobado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

EFE

El Gobierno Nacional oficializó este martes los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó a través de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC.

Esta resolución reglamenta el Decreto 397/25, que había eliminado la prohibición de tenencia de estos materiales para legítimos usuarios y había encargado al RENAR establecer un “régimen de autorización y control especial”.

Requisitos para legítimos usuarios

Para acceder a la tenencia de estas armas, los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional (o las Entidades de Tiro) deberán cumplir con una serie de recaudos.

Requisitos administrativos y de antigüedad:

Acreditación de “probados usos deportivos”

El punto central del nuevo régimen, establecido por el Decreto 397/25, es que el usuario debe acreditar “probados usos deportivos”.

La resolución especifica que esto se cumple teniendo, al menos, una de las siguientes condiciones:

Las Entidades de Tiro también podrán solicitar el material para ser utilizado por sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos.

El costo del trámite será equivalente a la suma de una “Tenencia Express” y una “Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)”. Con esta medida, se derogan varias disposiciones anteriores del ex RENAR que regulaban la materia.

Desde que el periódico británico Financial Times hiciera unas revelaciones sobre las actividades empresariales de Daniel Ek, fundador y director general de Spotify, algunos músicos decidieron abandonar la plataforma. Ese periódico reveló que Ek estaba llevando a cabo una inversión de 600 millones de euros en el fabricante alemán de drones Helsing por mediación de Prima Materia, una empresa fundada por él y por el principal inversor en Spotify, Shakil Khan, en 2020.

En ese movimiento financiero, la empresa de inversión del fundador de Spotify valoró al grupo tecnológico de defensa alemán en 12.000 millones de euros, convirtiéndola en una de las empresas emergentes más valiosas de Europa. Con sede en Múnich, Helsing lleva tiempo desarrollando software de inteligencia artificial para producir sus propios drones, aviones y submarinos de guerra, beneficiándose del creciente flujo de inversiones hacia las empresas de defensa. El tenso escenario geopolítico está impulsando a los países de todo el mundo a incrementar su gasto militar y replantear soluciones tecnológicas en el campo de batalla.

Prima Materia ya había realizado una primera inversión significativa en Helsing en 2021, meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, Ek redobla la apuesta y valora a Financial Times que la aceleración de su inversión se debe al uso de tecnologías de guerra mejoradas con inteligencia artificial y de drones: “No podemos subestimar las implicaciones que esto tiene para este conflicto [en Ucrania] o, en realidad, para cualquier conflicto futuro”.

Entre los grupos que se han posicionado en contra, el trío musical Xiu Xiu, que construyó una sólida reputación por su honestidad lírica y su trabajo experimental en la escena posindustrial desde los 2000. La banda anunció hace unos días que estaba trabajando en eliminar toda su música de la plataforma debido a la “inversión en drones de guerra con inteligencia artificial”. Junto con el titular “Spotify usa el dinero de la música para invertir en drones de guerra”, Xiu Xiu publicó en Instagram un comunicado en el que afirmaba estar en proceso de sacar todo su catálogo del “agujero de basura violento y apocalíptico de Spotify”: “Por favor, cancela tu suscripción”.

Según el portal especializado Consequence, la banda recibió “apoyo total” de sus tres sellos principales, Polyvinyl, Kill Rock Stars y Graveface. Sus pasos los continuó recientemente el grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard, influyente dentro del rock psicodélico, que difunde el siguiente lema: “A la mierda Spotify”. Una decisión que llegó poco tiempo después de que el grupo californiano Deerhoof, con más de 20 años de trayectoria y reconocido por sus discos rock, se retirara de la plataforma por la misma razón. “No queremos que nuestra música mate a la gente. No queremos que nuestro éxito esté ligado a la tecnología de combate de IA”, declaró en un comunicado.

“Con el tiempo, los artistas querrán abandonar esta estafa de minería de datos, ya ampliamente odiada, que se hace pasar por una 'compañía musical'. Es espeluznante para los usuarios y horrible para los artistas. La creación musical perdura para siempre, pero este o cualquier otro plan digital para hacerse rico rápidamente acabará quedando obsoleto”, agregó Deerhoof a través de Instagram.

Las consecuencias de abandonar Spotify

“Una de las afirmaciones que se suelen hacer sobre Spotify es que, en teoría, permite que cualquiera que se registre pueda descubrir tu música, por muy lejos que esté de los autoproclamados centros de la modernidad. Pero el hecho de que alguien esté lejos de los guardianes occidentales no significa que carezca de cultura o que necesite escuchar a nuestra banda”, escribió la banda en su comunicado. “No somos capitalistas y no queremos conquistar el mundo. Especialmente si el precio de 'ser descubierto' es permitir que los oligarcas llenen el mundo de armamento informatizado”, añadió, agradeciendo a su discográfica el apoyo. “Sabemos que les estamos pidiendo un sacrificio, y eso significa mucho para nosotros”, confesó la banda.

El mensaje de Deerhoof hace hincapié en un detalle importante: las graves consecuencias a las que se enfrentan los artistas si quitan su música de Spotify, una plataforma que ya de por sí les genera poco dinero. “Tenemos el privilegio de que fuera una decisión bastante fácil para nosotros, pues paga una miseria y ganamos mucho más con las giras. Pero entendemos que otros artistas y sellos dependen de Spotify para una mayor parte de sus ingresos, y no juzgamos a aquellos que no pueden hacer lo mismo a corto plazo”, declaró el grupo.

Joyful Noise Recordings, el sello discográfico de varios de los lanzamientos de Deerhoof, apoyó la decisión de la banda de abandonar Spotify. “Desde los inicios del streaming, los artistas y sellos independientes se han visto obligados a colaborar con diversas entidades digitales para sobrevivir. Entidades que a menudo se financian con fuentes que no se alinean con nuestros valores”, escribió Joyful Noise. Según el portal Music Business Worldwide, Daniel Ek habría ganado 800 millones de dólares solo con acciones en Spotify desde mediados de 2023. Ahora, los artistas reclaman que ese dinero, logrado principalmente por los suscriptores, se destine a causas inmorales para muchos de ellos.

Spotify es una vergüenza. No crea nada, falta al respeto a los artistas y no es más que un cártel aliado con las grandes discográficas, un puñado de megaestrellas y ahora también trata de aliarse con la IA y la maquinaria bélica.

James Kennedy — Artista, músico y escritor

También Rubén Albarrán de la banda mexicana Café Tacuba llamó a boicotear Spotify por esta razón. A través de un video difundido en sus redes sociales, advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de inversiones, que podrían estar siendo utilizadas actualmente “en contra de los niños en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Ucrania”. “Esto es guerra en contra de la humanidad”, declaró.

El músico Morris Mills declaró en Instagram haber alertado a su distribuidor de eliminar todo su perfil de la plataforma de streaming y pide a la industria actuar en consecuencia: “Los actores y guionistas se unieron: meses de huelga luchando contra la explotación de la IA y por salarios justos. Y lograron un cambio real. ¿Por qué los músicos no podemos hacer lo mismo?”. Mills enfatizó que “es hora de que los artistas, los productores, los sellos independientes y los fans se unan y digan: ‘Basta’”. “Esto no es solo una falta de respeto. Es una injusticia económica. Eliminé mi música de Spotify, no porque me haya rendido, sino porque estoy plantando cara”, publicó.

Asimismo, el músico y productor James Kennedy, que reside en Gales, Reino Unido, y que tiene décadas de experiencia en la industria musical, lleva tiempo exponiendo la cara oculta del sector a través de publicaciones y apariciones en artículos de portales de música especializados como NME y Guitar Magazine, donde abordó las preocupaciones de los artistas con la salud mental, la política y las discográficas. Esto también lo hizo en convenciones musicales y en su reciente obra Loud Medicine, convirtiéndose en una de las voces más reivindicativas del panorama internacional y abogando por los derechos de los músicos y los cantantes.

En conversación con elDiario.es, Kennedy valora que “Spotify es una vergüenza”: “Representa todo lo malo de la industria musical. No crea nada, no invierte nada en las artes, no respeta a los artistas y no es más que un cártel aliado con las grandes discográficas, un puñado de megaestrellas, y ahora también intenta aliarse con la inteligencia artificial y la maquinaria de guerra”.

Artistas comprometidos como la banda de postrock canadiense Godspeed You Black Emperor! utilizaron sus propios discos para llamar la atención sobre las vinculaciones de la industria musical con la armamentística hace más de dos décadas. La portada del disco de 2002 Yanqui U.X.O. mostraba un análisis que vinculaba empresas como AOL Time Warner (ahora Warner Media, propietaria de sellos como Elektra o EMI) con la empresa de armamento Raytheon (ahora RTX Corporation).

La banda canadiense, un referente para grupos actuales como los citados Deerhoof, siempre se mostró muy concienciada sobre el contexto político y, aunque aún no se pronunció sobre el boicot de numerosos artistas a Spotify por las inversiones de su creador, trató de ser reivindicativa con su arte. En 2024, su octavo álbum de estudio tomó por nombre No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead (Sin título a fecha de 13 de febrero de 2024 28.340 muertos). El título es el número de personas que habían sido asesinadas en Gaza a día 13 de febrero del año pasado, que fue cuando terminaron de grabar el disco.

Ahora, las inversiones de Daniel Ek en Helsing a través de su empresa Prima Materia no solo ponen en alerta a los artistas cuya música está en Spotify y consideran inmoral continuar en la plataforma, sino a muchos usuarios que no saben a qué causas y empresas se destina el dinero con el que pagan su suscripción. “Por favor, no escuches mi música ahí. No escuches ninguna música ahí”, reclama James Kennedy. “Boicoteá, evitá, condená y decile a los demás que hagan lo mismo, en voz alta”, concluye. Este periódico trató sin éxito de ponerse en contacto con Prima Materia para obtener información adicional.

Tres disparos mataron a Alfredo Marcenac. Uno en la cabeza y dos en el pecho. Lo dejaron tumbado instantaneamente sobre una vereda de Avenida Cabildo mientras caminaba con amigos. Era un estudiante de 18 años que fue alcanzado por los balazos que el asesino Marcelo Ríos lanzó en pleno barrio porteño de Belgrano el 6 de julio del 2006. Hoy, a casi 20 años del hecho, su madre Mónica se pregunta ante elDiarioAR qué hubiera pasado aquel día si el hombre que mató a su hijo e hirió a otras 11 personas hubiese tenido en sus manos un arma de alta peligrosidad como las que el Gobierno autorizó para civiles recientemente a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

En sus publicaciones, lanzadas en junio pasado, el Gobierno Nacional flexibilizó la normativa sobre armas de fuego para uso civil y modificó los requisitos de tenencia en las fuerzas de seguridad. El primero de ellos, el decreto 397/2025, lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich y establece que desde ahora los particulares podrán solicitar autorización especial para adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, así como carabinas y subametralladoras derivadas de armamento militar de calibre superior al .22 LR.

Este tipo de armamento estaba restringido al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas según el decreto 64/1995. Sin embargo, los considerandos de la nueva norma señalan que el régimen anterior restringía “al mínimo la concesión de tales permisos”, explicó el blog especializado Palabras del Derecho. Además, se habilita la utilización de estas armas para actividades deportivas y se designa a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) como autoridad de aplicación para el control especial de este tipo de armamento.

Además, el 20 de mayo, el titular de ANMAC, Juan Pablo Allan, anunció la Tenencia Digital Express “para hacer todo el trámite online, sin papeles ni vueltas, y dentro de las 72 hs”. La medida fue festejada por Bersa, la fábrica de armas más grande del país en su cuenta de X.

Por otra parte, mediante el decreto 409/2025, también firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y la Ministra de Seguridad, se introdujeron cambios en la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429. La modificación desregula los controles sobre la adquisición de armas particulares por parte del personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, servicios penitenciarios y policías provinciales.

Hasta ahora, quienes portaban armas de guerra debían renovar su autorización cada año. Sin embargo, el Gobierno argumentó que realizar este trámite anual representaba “una carga excesiva” para los efectivos, y que las propias autoridades institucionales son “las más indicadas para evaluar si sus subalternos han adquirido o mantienen las condiciones necesarias para el uso de armas, en la categoría de la que se trate en cada caso”.

Según el texto oficial, cuando una fuerza autoriza la entrega de un arma a un efectivo significa que ya se lo considera “física y psicológicamente apto para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación”. Por lo tanto, si el mismo efectivo adquiere otra arma de forma particular, “su situación no cambia respecto del grado de responsabilidad”.

En palabras del Poder Ejecutivo, la intención de estas medidas es “desregular y simplificar los trámites necesarios para el registro legal de las armas de fuego”, agregó Palabras del Derecho.

“Esto nos generó una profunda preocupación”, dijo a este medio Mónica Marcenac, madre de Alfredo o “Freddy”, como ella le decía a su hijo. “Habilitar la circulación de armas de al peligrosidad, de mayor calibre, con mayor capacidad de daño en un mercado legal con escasa posibilidad de control y, además, con una tendencia, que parecería que se está instalando, a la idea de que cualquiera puede tener un arma para proverse seguridad resulta alarmante porque sabemos, por un lado, que va a ser una tentación y casi un regalo para el crimen organizado que, en definitiva son los que terminan demandando estas armas y, por el otro, que significa peligro”, agregó.

Desde el día que aquellos disparos le asaltaron la vida a su hijo, Mónica y su marido Adrián —fallecido en 2024— dedicaron todo su tiempo a trabajar en la conscientización y la legislación contra la libre portación de armas. Se involucraron en el tema y entendieron su pérdida como parte de un problema social que con trabajo puede resolverse.

“Esto no era una demanda de la sociedad civil. No había nadie que pidiera por la tenencia de este tipo de armas. Entonces, se genera un mercado que no era necesario. No pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar es una actitud muy riesgosa”, advirtió Mónica que enumera como potenciales problemas “un impacto en la sociedad”, “el fomento de la cantidad de armas que circulan”, “el riesgo de que las armas peligrosas puedan llegar a las manos del crimen organizado” y “la contribución a la idea de que las armas son objetos que cualquier persona puede tener al alcance de la mano”.

“Es un avance a nivel cultural muy lamentable porque los cambios que se dan en ese orden después tardan mucho tiempo en volver atrás. Nosotros sabemos el valor de la vida y también sabemos el dolor que produce la muerte, sobre todo el de aquellas que podrían haber sido evitadas cuando se trata de armas de fuego y un Estado que debe controlar y desalentar el acceso a ellas”, subrayó Mónica.

Como en Estados Unidos: advierten que flexibilizar armas potenciará la violencia y al crimen organizado

Las decisiones activaron alertas de organismos de derechos humanos y por el desarme. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en conjunto con la Red Argentina para el Desarme difundieron un comunicado en el que preguntaron: “¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?” y recordaron que “hace diez años, en plena campaña presidencial del 2015, todo el arco político logró un acuerdo en el Congreso y votó, prácticamente por unanimidad, la creación de la ANMAC, en reemplazo del viejo RENAR creado en 1973” con el objetivo de “superar el viejo paradigma meramente registral para pasar a una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada”.

Pero, como marcaron los organismos, “a través del Decreto 445/2025, el Presidente Milei derogó la mitad de esa ley, eliminando esa función de prevención y control de la ANMaC”. Según ellos, “con esta decisión, Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas (RENAR) pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego”.

La medida, en palabras del Inceip, “imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada”, algo que desde esta mirada “facilita que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros”, “que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas”, “que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías”, “que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego”, y “que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares”.

Julián Alfie, abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), subdirector Ejecutivo del Inecip y miembro de la Red Argentina para el Desarme consultado por elDiarioAR consideró: “Todo esto se enmarca en una política gradual, pero clara y permanente, del Gobierno hacia aquello que Milei había anunciado explícitamente que era su postura cuando era diputado nacional. Decía que estaba definitivamente a favor de la libre portación de armas de fuego para cualquier persona. Luego, durante la campaña presidencial había tenido que matizar un poco estas declaraciones ante las encuestas que mostraban la masiva oposición de la ciudadanía a esa clase de políticas”.

“Afortunadamente, en Argentina hay una clara conciencia en la enorme mayoría que entiende que la libre portación de armas de fuego, lejos de brindar más seguridad, solo genera más riesgos, más violencia y más muertes”, agregó aunque advirtió: “Desde que asumió el Gobierno, pero sobre todo en los últimos meses, se han ido tomando estas medidas que son pequeños pasos rumbo a un panorama de flexibilización e, incluso, liberalización”.

Para Alfie, “esta medida que incluye la habilitación del uso de fusiles semiautomáticos para civiles o, mejor dicho, la flexibilización de algo que estaba totalmente prohibido por decreto desde la década de los '90 en Argentina es una de esas tantas que van en el sentido de favorecer los intereses del pequeño grupo de usuarios de armas de fuego que hay en Argentina y los de las empresas que las fabrican”.

En el caso de la habilitación para civiles de fusiles semiautomáticos, “implica la habilitación de un tipo de armas que en el mundo se ha ido restringiendo porque son las armas que se usan típicamente para balaceras masivas, y para, sobre todo, masacres escolares. Por ejemplo, es el tipo de armas que se usó en el intento de asesinato de Donald Trump el año pasado y que se restringe en el mundo justamente por eso, porque facilitan mucho la comisión de este tipo de masacres masivas”, explicó.

MM/MG

Una nueva carrera armamentística nuclear a nivel mundial está surgiendo en un momento en que los regímenes de control de armas se encuentran debilitados, advierte este lunes el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

El SIPRI destaca en un informe que casi todos los nueve estados nucleares –Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel– continuaron con programas “intensivos” de modernización nuclear el año pasado, actualizando las armas ya existentes y añadiendo versiones nuevas.

Del inventario total estimado en enero pasado de 12.241 ojivas, unas 9.614 se encontraban en arsenales militares para uso potencial; 3.912 de ellas, desplegadas con misiles y aviones; y unas 2.100, en estado de alerta máxima en misiles balísticos.

Desde el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento gradual de las ojivas retiradas por EE.UU. y Rusia superaba al despliegue de nuevas cabezas nucleares, pero es probable que esa tendencia se revierta en próximos años, ya que el ritmo de destrucción se frenó y el despliegue se aceleró.

“Vemos una clara tendencia de arsenales nucleares crecientes, una retórica nuclear acentuada y el abandono de los acuerdos de control de armas”, escribe en su informe este instituto.

Esa nueva carrera tendría “más riesgos e incertidumbres” que la última, destaca el SIPRI, debido a la aparición de nuevas tecnologías en los campos de la inteligencia artificial, capacidades cibernéticas, defensas contra misiles y tecnología cuántica.

Entre Rusia y Estados Unidos poseen cerca del 90% del total de armas nucleares y aunque el tamaño de sus arsenales nucleares parece haber permanecido estable en 2024, “ambos están implementando amplios programas de modernización que podrían aumentar el tamaño y la diversidad de estos en el futuro”.

El SIPRI recuerda que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) expira en febrero de 2026 y que si no se alcanza un nuevo acuerdo bilateral, es probable un aumento del número de ojivas desplegadas.

Las estimaciones del SIPRI apuntan a que China cuenta al menos con 600 cabezas nucleares y que su arsenal crece más rápido que el de cualquier otro país, alrededor de un centenar más cada año desde 2023.

Si mantuviese ese ritmo y alcanzase las 1.500 ojivas en 2035, esa cifra apenas supondría un tercio de los arsenales actuales de Estados Unidos y de Rusia, señala el informe.

El análisis fue publicado en un momento en el que Israel ha lanzado una ofensiva en la que ha atacado al menos tres instalaciones nucleares iraníes y matado al menos a nueve científicos nucleares. Tel Aviv asegura que Teherán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica y las potencias occidentales tienen muchas dudas acerca del programa nuclear iraní. Teherán siempre aseguró que su programa nuclear es pacífico, aunque acumula más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al militar.

La Unión Europea se rearma con un aumento del gasto militar de hasta 800.000 millones de euros y EEUU y la OTAN piden a sus socios europeos un incremento de hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Con la Cumbre de la Alianza Atlántica a la vuelta de la esquina –se celebrará en La Haya los días 23 y 24 de junio– el debate sobre el militarismo está presente en toda Europa.

Esta semana la Coordinadora de organizaciones para el Desarrollo celebró en Madrid un debate sobre la agenda internacional para la construcción de la paz en el mundo, y contó para ello con participantes de la talla de Sanam Naraghi Anderlini, experta internacional en participación de las mujeres en procesos de paz, asesora de Naciones Unidas, impulsora de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y directora de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil.

elDiario.es habló con ella sobre los retos y los obstáculos para una cultura de paz en un contexto de militarismo.

–¿Cómo analiza el momento actual, en el que se nos está diciendo que es necesario rearmarse y aumentar el gasto militar?

–Estamos ante una confluencia de dos grandes amenazas. Una, el aumento del autoritarismo en muchos Estados. Otra, los extremismos basados en la identidad.

Y en medio de esto, el militarismo, una reacción desesperada que afirma que hay que aumentar el gasto militar. Esto tiene peligro.

–¿En qué sentido?

–Aumentar el gasto militar implica, por ejemplo, contratar más gente para fabricar munición y armas. Es militarizar la economía, y la economía de otros a tu alrededor. Todo ese material tiene que ser usado, tarde o temprano. Se puede afirmar que se necesita disuasión. Pero ¿cuánto sería eso?

La lógica de producir tanques, o drones, o misiles que no sean usados es que, en algún punto necesitas usarlos, necesitas darles salida. Entonces viene otra pregunta: ¿dónde vamos a usarlos?

–Si no los usamos, tenemos que venderlos, en todo caso esto contribuye a una escalada

–Si los vendemos, ¿a quién los vendemos y qué van a hacer con ello? Estamos facilitando la guerra. Estamos invirtiendo en la guerra, básicamente, en el futuro de la guerra. Las guerras provocan refugiados. No se puede invertir en la guerra y estar en contra de los refugiados que causan esas guerras.

Europa piensa que ahora no va a usar todo ese armamento. Así que si Europa vende o distribuye ese material militar, es un problema. Y si lo guarda para sí misma, es disuasión. El día en que empiece a usar todos esos tanques será el día en el que nuestra seguridad desaparezca, y esta es para mí una de las grandes preguntas:

Se destinan 800.000 millones de euros para gasto militar [en el plan Rearm de la UE] porque se cree que eso proporciona seguridad; eso también significa que estamos desinvirtiendo en sanidad, en educación, en servicios sociales, en construcción de paz internacional. Si vamos a desinvertir en paz e invertir en militarismo, estamos creando de nuevo un escenario en el que ese militarismo se convierte en un tobogán hacia la guerra.

La pregunta que yo tengo, como ciudadana británica, es: si en Reino Unido estamos gastando para la compra de 140 tanques, a 10 millones de libras cada uno, ¿de verdad creemos que 148 frente a 140 va a marcar la diferencia? Porque esos 80 millones que podrían ir a 8 tanques, si los gastamos en desarrollo y en construcción de paz, sería algo realmente significativo.

La paz es barata y la inversión en paz es una forma de reforzar la economía, porque invierte en muchos sectores distintos y creativos. Pero si eliminamos todo eso y solo se invierte en militarismo, estamos destruyendo la capacidad de nuestras sociedades de tener paz y seguridad.

El Ejército solo es un herramienta en la caja de herramientas, y los mismos militares son los primeros en decir que la gama de desafíos que enfrentamos hoy en el mundo no pueden resolverse solo por la vía militar. Y, sin embargo, nuestros políticos están usando el militarismo para afrontar problemas políticos que no quieren abordar a través de la política.

Nuestros políticos están usando el militarismo para afrontar problemas políticos que no quieren abordar a través de la política

Sanam Naraghi

–Se habla mucho de la necesidad del rearme y de la vía militar y mucho menos de las posibles vías políticas y diplomáticas. ¿Qué les podemos decir a nuestras hijas cuando escuchan mensajes en los que se defiende la vía militar como inevitable o imprescindible?

–Si miramos la historia de la guerra en los últimos cuarenta años, la gran mayoría de las guerras nunca se han resuelto. Empezamos guerras y no sabemos cómo detenerlas. No puedo apoyar eso.

Sabemos, por datos cualitativos y cuantitativos, que en los lugares donde llega la paz y se mantiene la paz son aquellos donde hay movimientos de mujeres por la paz activos, visibles, que presionan y luchan por una solución negociada, por el fin de la guerra. Y después trabajan en la implementación, asegurando que la sociedad sane y que el tejido social se reconstruya.

La respuesta a tu hija o a la mía es que el militarismo y la violencia no resuelven las guerras, solo las perpetúan. Donde realmente necesitamos invertir es en diplomacia radical, 24 horas al día, siete días a la semana, una diplomacia orientada a las crisis, que sea inclusiva, porque lo que vemos repetidamente es que si solo se habla con las partes en conflicto, no se llega a ninguna parte.

Es necesario involucrar a los actores de la paz. En cada guerra que estalla hoy en día, hay dos o más bandos que pueden ser violentos, pero la sociedad civil, y especialmente las mujeres, suelen ser las primeras en alzarse para exigir el fin de la violencia, en negociar espacios de paz, en negociar el acceso humanitario y la protección. Y debemos reconocerlos como actores y escuchar sus consejos.

–¿Por ejemplo?

–Si hubiéramos escuchado a las mujeres afganas en 2018, 2019, 2020 sobre cómo tratar con los talibanes, si se hubieran diseñado negociaciones con espacio para ellas y para minorías, entonces no estaríamos donde estamos ahora. En cambio, lo que hicimos fue decir: los talibanes pueden ocupar la mitad de la sala. Y del otro lado, amontonamos al gobierno afgano, la oposición, señores de la guerra, cuatro mujeres, dos hijos de señores de la guerra… Eso es una receta para el fracaso.

Las mujeres, suelen ser las primeras en exigir el fin de la violencia, en negociar espacios de paz

–¿Y ante Ucrania?

–Necesitamos repensar la diplomacia. Si miramos el caso de Ucrania, cualquiera de nosotros podría haber dicho en cinco minutos: imagina que Rusia invade Ucrania, ¿cuáles son las implicaciones para Europa? ¿Para la energía? ¿Para la ecología? Todos lo habríamos visto venir. Entonces la verdadera pregunta es: ¿cómo es que no se previno? ¿Dónde estaban nuestros diplomáticos? ¿Nuestros políticos? ¿Qué cálculos hicieron? ¿Cómo fallaron? Porque es un fracaso diplomático.

Y si hablas con diplomáticos veteranos que estaban en Rusia en ese momento, te dirán que estaban advirtiendo a sus gobiernos. Nuestros políticos decidieron no seguir sus consejos, quizá por intereses económicos, por beneficios financieros… Quién sabe. Eso debe investigarse. No podemos decir simplemente que somos diplomáticamente incapaces de prevenir conflictos, porque no es cierto.

La violencia es una elección. La guerra es una elección. Y elegir resolver sin violencia o contener el conflicto también es una elección. No se priorizó la prevención. No lo hicimos con Ucrania, no lo hicimos con Afganistán, definitivamente no lo hicimos con Gaza, ni con Palestina e Israel antes del 7 de octubre, y mucho menos después del 7 de octubre.

Elegimos no hacerlo. Y eso es algo que, como contribuyentes, ciudadanos, etc., tenemos derecho a preguntar a nuestros políticos. Porque cuando permiten que ocurra una guerra —ya sea vendiendo armas, entregándolas, etc.—, cuando facilitan estas conflagraciones que luego son tan difíciles de detener, lo sentimos en casa.

¿Y por qué tu hija o la mía deben pagar por la incompetencia o el egoísmo de un político de 70 años, que estará muerto en 20 años, o incluso antes, pero cuyo legado será una Europa fragmentada y empobrecida por las decisiones que tomó hoy? Tenemos que cuestionar a los líderes.

Hay que acabar con la hipocresía. No podemos decir “nos importan los derechos humanos” y seguir vendiendo armas o no adoptar medidas. Tiene que haber coherencia.

–¿Cómo ve la posición europea ante Gaza? La Corte Internacional de Justicia pide a los países “impedir relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación ilegal israelí, pero este dictamen se está ignorando

–Estamos ante un régimen israelí extremista y el fracaso de Europa para enfrentarlo. El régimen israelí está explotando la culpa del pasado europeo. Estamos siendo arrastrados hacia la complicidad. Y al hacerlo, ahora somos cómplices de otro genocidio.

Somos facilitadores. Esta vez no estamos mirando hacia otro lado. No estamos fingiendo que no lo sabemos. Lo sabemos. Y por lo tanto, nosotros, como contribuyentes, como ciudadanos, estamos siendo implicados en un genocidio. Nuestros gobiernos nos están haciendo esto.

Nos estamos carcomiendo el alma. Nos estamos destruyendo desde dentro. Si permitimos la muerte de miles y miles de niños, ¿qué somos realmente? ¿Y por qué permitimos que alguien nos haga cómplices? ¿Por qué no tenemos el coraje de alzarnos y decir que no?

Lo digo como contribuyente y como ciudadana de Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica? No la hay. Estamos siendo arrastrados por una generación de líderes que no estarán presentes para lo que han sembrado. Cosecharemos lo que ellos sembraron, y ellos no estarán.

No se priorizó la prevención ante Ucrania, no se priorizó ante Afganistán, definitivamente tampoco se hizo ante Gaza

–¿Es necesario reforzar mecanismos y organismos de gobernanza internacional? ¿Es necesaria una reforma en Naciones Unidas? ¿De qué tipo?

–La primera vez que se documentó la idea de un espacio donde los Estados pudieran reunirse, negociar y abordar temas de comercio, paz y seguridad, fue hace 500 años, en Italia. Nos costó muchas guerras, muchas muertes, mucha destrucción llegar finalmente a la idea y crear la ONU.

Y uno de sus principios clave es que es un espacio donde los grandes agresores, los Estados más grandes, los Estados más poderosos, mantienen de alguna manera el control, en el Consejo de Seguridad. Cuando Rusia invadió Ucrania, 153 Estados miembros votaron a favor de la integridad territorial de Ucrania. Ante Gaza, 160 países votaron a favor de un alto el fuego, a favor del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, y siguen haciéndolo. Podría decirse que esto supone una prueba de resistencia para la ONU.

La mayoría de los Estados están intentando defender el derecho internacional. Y las grandes potencias son las que tienen a todos como rehenes. Así que la pregunta es: ¿cómo reformamos? ¿De qué modo? Llevo 30 años en esto y es la primera vez que veo cómo el sistema de la ONU se enfrenta colectivamente a las grandes potencias y habla al unísono. Desde Antonio Guterres, hasta el director de ACNUR, pasando por el director de UNICEF, la relatora Francesca Albanese, etc.

Tenemos esta institución global que lo está intentando. Tenemos 160 Estados miembros que dicen defender algo. Y aun así permitimos que Israel, Estados Unidos y algunos otros aliados continúen el genocidio. Es una cuestión de liderazgo. No puede ser cierto que un Estado sea abrumadoramente más poderoso que los otros 182.

El militarismo y la violencia no resuelven las guerras, solo las perpetúan

–¿Cómo percibe las respuestas desde la sociedad civil?

–¿Dónde está la valentía de liderazgo para que alguno de nuestros líderes mundiales se levante y alce la voz? ¿O se una a una flotilla hacia Gaza? ¿Por qué la flotilla a Gaza debe estar liderada por una activista sueca? ¿Quién es la líder? ¿Es Greta Thunberg? ¿O son todos estos políticos que se pasean con sus trajeados y dan discursos elegantes?

Estamos viendo la falta de voluntad de nuestros actores estatales para defender lo correcto, para defender nuestro futuro, lo moral y ético. Y, por lo tanto, también es el momento de la importancia del activismo ciudadano. Es inmoral y poco ético que nos impliquen en un genocidio. Están socavando la confianza pública en el Estado. Y esto tendrá consecuencias a largo plazo.

Así que, contestando a tu pregunta, creo que necesitamos el sistema de la ONU, pero necesitamos un sistema que reconozca a la sociedad civil, el espacio de activismo cívico de los ciudadanos en el mundo y que realmente aproveche ese poder para que luchemos colectivamente por los derechos humanos, por la paz y la democracia.

La Carta de la ONU dice “nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas”. Los pueblos, no los Estados. Esto significa que, como ciudadanos del mundo, tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en cuestiones de paz y de seguridad.

En los últimos 25 años hemos visto que nuestros gobiernos no han protegido a los civiles, a niños. Hay señores sentados en sus despachos enviando a hombres y mujeres a las guerras, o frente a pantallas dando órdenes a drones para matar a niños. Ese es nuestro mundo hoy. Por eso el activismo es crucial en un momento así.

La lógica de producir o comprar armamento es que necesitas usarlo o venderlo, lo que lleva a un futuro de guerra en algún lugar

–¿Se siente frustrada a veces?

–A nivel personal me siento cansada, enfadada y sí, frustrada, porque hay mucha gente trabajando en la dirección correcta, en el terreno, porque hay soluciones que están al alcance, para prevenir, para resolver. Por el coste de tres misiles tendrías un país en paz en Oriente Medio, por ejemplo.

La guerra no es inevitable. En Ucrania deberíamos haber evitado esa guerra o haberla parado hace mucho.

–Antes comentó que solo tras muchas guerras se llegó a la construcción de Naciones Unidas. ¿Se necesitan experiencias en carne propia -guerras- para entender qué debe ser evitado? En este siglo, ¿no se ha aprendido aún que se pueden hacer las cosas de otro modo?

–Las generaciones anteriores a la mía supieron lo que era la guerra, tanto en Occidente como en Rusia, y se comprometieron contra ella. Habían vivido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y podían ser comunistas o capitalistas, del este o del oeste, pero se comprometieron para prevenir la guerra, a través de la disuasión, de la diplomacia a todos los niveles, con enorme conocimiento y comprensión entre ellos. Con expertos en espacio soviético en EEUU y viceversa: se entendían, se conocían.

Desde los años noventa y, especialmente, tras el 11-S -cuando EEUU se convirtió en la potencia dominante en el mundo- se cambió el guión. La idea predominante pasó a ser que “si podemos ir a la guerra, primero vamos a la guerra”, “si las sanciones y la guerra no funcionan, entonces diplomacia”. En esto también juega un papel muy importante la industria armamentística.

La OTAN estuvo durante veinte años en Afganistán, cuando se salió de allí, Ucrania se convirtió en el nuevo negocio para la industria armamentística. Y ahora ya no es solo este el negocio, ahora se está convirtiendo también en el complejo industrial militar y humanitario, porque no estamos parando esas guerras, no estamos apoyando esfuerzos diplomáticos, solo estamos diciendo “enviemos dinero a las crisis humanitarias”. Hay 120 millones de personas desplazadas a causa de los conflictos bélicos en el mundo.

¿Necesitamos otra guerra? No, está aquí, frente a nosotros, está en nuestras fronteras. La pregunta es si nuestros políticos tienen la valentía, el intelecto, la empatía, la visión y la imaginación para entender que se les dio un regalo al final de la Segunda Guerra Mundial -una construcción para vivir en paz- y, en vez de alimentar y revitalizar esto, es tan fácil destrozarlo…

Se necesitan cinco años para construir un edificio y solo un segundo para derribarlo. Esto es lo mismo. Necesitamos líderes valientes, hombres y mujeres de Estado.

–¿Cómo valora la narrativa predominante sobre la vía militar y la guerra?

–La narrativa predominante suele afirmar que la humanidad es violenta. No creo que sea verdadera. Si observas la humanidad a través de las experiencias de las mujeres, verás que la violencia no suele ser nuestra primera elección. La cuestión de cómo sobrevivir, de cómo protegerse y cuidarse, significa buscar formas de coexistir.

Podemos usar nuestra lengua, podemos luchar con palabras, podemos ser emocionalmente abusivas, pero la violencia no es la primera opción. E incluso con los hombres, no creo que sea la primera opción para la mayoría de ellos. Creo que hay gente que no ha recibido las herramientas para entender y procesar sus propias reacciones emocionales. Pero la norma es coexistir.

Sin embargo, se están destrozando las bases. Si se le pregunta a alguien si quiere sufrir una guerra, la mayoría te dirá que no, aunque no hayan vivido una. ¿Serían ustedes felices si cayeran bombas, si hubiera francotiradores en las escaleras, si no hubiera agua y electricidad? Esa es la pregunta. Eso es la guerra.

La edad para poder ser legítimo usuario de armas en la Argentina bajó de 21 a 18 años, según confirmó el Gobierno Nacional en el Decreto 1081/2024 del Boletín Oficial.

Conforme a lo destacado en el escrito, se dispuso la modificación del artículo 55 de la Ley N° 20.429 el cual establecía  que una persona puede ser dueño de un arma a sus 21 años.

“Corresponde modificar el citado artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 aprobada por el mencionado Decreto N° 395/75 y sus modificatorios, a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los dieciocho (18) años”, destaca el Boletín Oficial.

Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429) establece disposiciones sobre el uso, venta, transporte y registro de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos.

El decreto

Quedan igual los otros dos requisitos generales:

Cómo sigue la autorización para portar armas según la Ley

Una vez reunida por el interesado la documentación mencionada en el artículo 55 y la que pudiere corresponder de conformidad a lo que dispone el artículo 56 deberá presentarla personalmente por ante la autoridad policial con jurisdicción en su domicilio, juntamente con la solicitud de adquisición en los formularios previstos al efecto por el Registro Nacional de Armas.

La autoridad policial cumplimentará en la oportunidad con los recaudos establecidos en el inciso 3 del artículo 55 y procederá a elevar todos los antecedentes al Registro Nacional de Armas el que, recibida la documentación, recabará del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria informe sobre los antecedentes del solicitante.

Producido tal informe y analizada la documentación presentada, el Registro Nacional de Armas resolverá sobre la solicitud de adquisición.

Concedida la misma si correspondiere , remitirá por correo certificado al solicitante el permiso de adquisición y la pertinente credencial de legítimo usuario.

Autorizada la adquisición del material a un legítimo usuario, el Registro Nacional de Armas al mismo tiempo de remitir la autorización, enviará copia de la misma al enajenante indicado por el comprador en su solicitud.

Concretada la operación, el comprador deberá remitir por vía postal al Registro Nacional de Armas dentro de los tres días, la solicitud de autorización de tenencia en su correspondiente formulario, al que adjuntará copia de la factura o comprobante de compra, en la que deberá figurar tipo, marca, modelo, calibre, y número de serie del arma adquirida. Conservará el ejemplar de la autorización de adquisición como comprobante provisorio de tenencia del arma.

Concedida la misma si correspondiere, remitirá por correo certificado al solicitante el permiso de adquisición y la pertinente credencial de legítimo usuario.

Examinada la documentación recibida, el Registro Nacional de Armas expedirá la correspondiente autorización de tenencia del arma, la cual además de contener sus características indicará nombre y apellido del causante, documento de identidad y número de credencial legítimo usuario.

Los legítimos usuarios únicamente podrán ser tenedores y utilizar el material clasificado de guerra debidamente registrado y autorizado por el Registro Nacional de Armas. Tal circunstancia se acreditará con la 'autorización de tenencia' que el mencionado organismo extenderá para cada arma.

La autorización de tenencia juntamente con el documento de identidad referido en la misma, son los documentos que legitiman la tenencia en el ámbito nacional y deberán en todo momento acompañar el arma y ser exhibidos cuantas veces fueren requeridos por autoridad competente.

Cuando el tenedor no fuere propietario del arma de guerra que obra en su poder, se le exigirá además la credencial que lo acredite como legítimo usuario.

La autorización de tenencia deberá renovarse cuando se opere la transmisión de la propiedad del arma a la cual se refiere, manteniendo su vigencia en tanto su propietario conserve su condición de legítimo usuario reconocido por el Registro Nacional de Armas.

La credencial de legítimo usuario tendrá validez por el término de CINCO (5) años a contar de la fecha de su otorgamiento. Fenecido dicho plazo sin que hubiere sido renovada, la misma caducará en forma automática y sin necesidad de comunicación previa alguna.

La caducidad de la credencial de legítimo usuario de arma de guerra implica la caducidad de todas las autorizaciones de tenencia del material de que sea titular el interesado, con independencia de la fecha en que estas últimas hubieran sido acordadas.

La renovación de la credencial de legítimo usuario deberá gestionarse dentro de los NOVENTA (90) días anteriores a su expiración, debiendo cumplimentarse con los recaudos de los artículos anteriores.

Si durante la vigencia de la credencial del legítimo usuario desaparecieran las causas que justificaron su otorgamiento, el causante, su representante legal o sus derecho habientes deberán proceder de acuerdo a lo establecido por el artículo 69 de la presente reglamentación.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por el legítimo usuario al Registro Nacional de Armas dentro de los DIEZ (10) días corridos posteriores, adjuntando certificado expedido por la autoridad policial de su nuevo domicilio, que acredite tal circunstancia.

La omisión del cumplimiento de tal obligación implicará la caducidad automática de la calidad de legítimo usuario.

Cuando un legítimo usuario reconocido por el Registro Nacional de Armas deseare adquirir una nueva arma clasificada de guerra, procederá a confeccionar la correspondiente solicitud de adquisición, indicando tipo, marca, modelo y calibre del arma y datos del enajenante.

Dicha solicitud será remitida por correo al Registro Nacional de Armas, que si correspondiere, emitirá la autorización de adquisición, la cual será enviada por correspondencia certificada al solicitante.

Con información de agencias.

IG

Santiago Caputo no se mueve. Está parado solo, adentro de un polígono de San Telmo, con un revólver entre sus dedos. Viste una camisa gris arremangada y un pantalón de jean. Es de noche, la hora preferida del asesor estrella del Presidente para disparar. La orden para comenzar, sin embargo, llegará desde afuera del área de fuego y cuando menos se lo espere. La reacción, explicará luego Sebastián Flores ─instructor particular de tiro de Caputo, entre otros funcionarios del Gobierno─ es tan importante como todo lo que sucede después. 

“Un segundo para un tipo armado es mucho tiempo. Hay que usar todos nuestros sentidos cuando llegue el momento de desenfundar”, explicará Flores. Una noche de octubre, dentro de un área de tiro de luces ampulosas, Caputo aguarda por ese momento. Un pitido agudo, cortito, indica que es ahora. Tres siluetas que simulan ser sus adversarios se le vienen encima. El consultor político de cuarenta años se mueve rápido. Dispara y carga. Carga y dispara. Nueve disparos en menos de cinco segundos. Afuera, Sebastián Flores lo mira. “Aprende rápido”, dice, mientras su alumno descansa.

“Lo que yo hago es un arte marcial, pero en vez de golpes son tiros”, dice ahora Sebastián Flores, un jueves por la tarde, sentado al lado del polígono de tiro. El instructor, de 38 años, trabaja en el Club de Tiro Independencia de la calle Piedras 765, en San Telmo, como administrador de las clases personalizadas. Su especialidad, dice, es el tiro de combate, una técnica en la que tirador y oponente quedan apenas a unos metros uno del otro. “Soy el único que ofrece este servicio completamente personalizado y con objetivos de nivelación. No todos pueden llegar a un mismo nivel. Algunos tienen un talento natural, otros un buen estado físico, pero hay muchos que no pueden adaptarse a las exigencias”, dice Sebastián.

Empezó a trabajar en esta actividad desde que se fue del Ejército, en 2022, tras casi 20 años de servicio. Allí, Flores aprendió sobre el uso de armas de fuego, entre otros elementos de combate. Pero también se especializó por fuera de la institución, a través de otros tiradores. Su salida de las fuerzas armadas, cuenta, estuvo marcada por la “desilusión” y la “decadencia institucional”. “El sueldo no me alcanzaba y mis ideales no eran los mismos que los de muchas de las personas que estaban en ese tiempo”, detalla Flores, que también fue granadero de la Casa Rosada durante las presidencias de Cristina Fernandez de Kirchner y Mauricio Macri.

Se inició como seguridad de los tiradores dentro del polígono y hoy da clases a funcionarios del Gobierno, como Santiago Caputo. “Santiago pidió personalmente por mi servicio”, cuenta el instructor, que vive en el barrio de Belgrano. “Se notaba que ya tenía una base. Anda muy, muy bien. Y lo mejor que tiene es que aprende rápido”, señala Sebastián sobre una de las principales figuras de la gestión libertaria. 

Respecto de los otros funcionarios que también asisten a sus clases, el exmilitar prefiere no dar nombres. Otras personas con gran llegada al arco libertario también se sumaron a “tirar” con Sebastián. El influencer Daniel Parisini, mejor conocido como el ‘Gordo Dan’, y el abogado penalista Francisco Oneto, son también alumnos suyos. “Me llamaron mucho por el video de Santiago disparando. Yo no diferencio a mis alumnos. No me importa quién seas. Acá se viene a aprender y mejorar”, apunta Sebastián.

Sobre la mesa están apoyadas dos de sus armas favoritas: un revólver Glock 17, generación 5 y una escopeta de asalto calibre 12/76. La primera es su arma personal, con la que da clases. También, dice, es la que usaría si tuviera que defenderse de un “chorro”.

Hace unos años, Flores caminaba por la calle cuando un ladrón lo apuntó con un revolver. En segundos, lo desarmó tan solo usando las manos. Otros dos atacantes armados, sin embargo, aparecieron en escena. Los tenía en la mira cuando, apenas unos minutos después, llegó la Policía.

“Yo tengo muy claro que si alguien me apunta con un arma me quiere matar, no robar”, plantea el instructor. “Entonces, no voy a dudar: si tengo la posibilidad de arruinarlo, lo voy a hacer”, sentencia. Su postura frente a la portación de armas en la vía pública para defensa personal es la siguiente: si una persona tiene una legalmente, y su vida se ve amenazada por otro, debe usarla. “¿Por qué una persona honesta, que espera el colectivo a la madrugada en José León Suarez para ir trabajar, no puede defenderse si un delincuente lo ataca?”, pregunta. “Si fuera por mí, esto sería Texas”.

Este año la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) publicó una resolución en la que flexibiliza la condición para la renovación de los legítimos usuarios de armas de fuego. Quienes soliciten la renovación de su credencial, por ejemplo, no tendrán que acreditar por medio de exámenes su idoneidad en el manejo de armas de fuego. Para algunos especialistas, esto es un problema.

“Presupone que la idoneidad para manejar un arma de fuego es perpetua, con lo cual se están reduciendo los controles sobre las personas que tienen armas de fuego de manera regulada”, explica Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Otra medida del Gobierno que la especialista critica es un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, con media sanción en la Cámara de Diputados, en la que se propone ampliar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.  “Lo que hace este proyecto es señalar que se van a flexibilizar el registro de usuarios irregulares. Las personas que posean armas de fuego en una situación irregular puedan comenzar su trámite de regulación conservando el arma en su poder”, señala la especialista. “Un punto que consideramos grave es el supuesto de que el problema se resuelve con una simplificación de la certificación de las armas de fuego. Si se acredita la posesión de armas de fuego sin los controles necesarios y exhaustivos, las que se encuentran tanto en una condición de legalidad como de ilegalidad pueden producir daños que son irreversibles en la sociedad”, apunta Darraidou. Las medidas que debilitan los controles, sigue la integrante del CELS, “implica mayores facilidades para el crecimiento del mercado ilegal”. “Cada vez más personas van a poder tener legalmente un arma para luego venderla o usarla en el al mercado negro”, finaliza la especialista.

Flores dice que no endiosa a las armas. Las ve como un instrumento de trabajo. “Como un albañil con su pala”, aclara. “Admiro más la pericia del tirador que la potencia del fusil. ¿De qué te sirve tener el último revólver del mercado si andás distraído y cualquier rocho te la puede poner?”.

A los 12 años disparó por primera vez. Su padre, policía federal, le dio una 9 milímetros. “La gente tiene una imagen distorsionada de las armas”, explica el instructor. “Piensan que a uno le da poder, pero las armas nos dan paz y tranquilidad”, puntualiza. “Paz de saber que uno está preparado para defender a su familia o uno mismo si alguien quiere hacernos daño. Esa tranquilidad es el poder verdadero”.

Sobre la calle Piedras, justo al lado del polígono de tiro donde los funcionarios del Gobierno asisten para vaciar cargadores, hay un edificio de la fundación “Servicio Paz y Justicia”, creada por el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel. Una frase en una bandera, colgada afuera reza: “Desde 1974, construyendo el camino de la paz y la no violencia”.

FLD/DTC

En las últimas horas, dos videos de Santiago Caputo practicando tiro se volvieron tendencia en las redes sociales. Las imágenes del principal asesor de Javier Milei fueron grabadas en un centro de instrucción en el barrio porteño de San Telmo, el Club de Tiro Independencia, ubicado en Piedras 764, a poco más de 10 cuadras de la Casa Rosada. Según confirmó elDiarioAR, quien realizó las tomas fue el instructor de tiro Sebastián Flores, el mismo que obtuvo el consentimiento de Caputo para publicarlas.

Ambos videos muestran al hombre de mayor confianza de Milei entrenando en técnicas de defensa personal. Según explica el propio Flores en su perfil de Instagram, las prácticas de tiro constan de seis módulos: iniciación, precisión, desenfunde, dinámico, extrema corta distancia y baja o cero luminosidad. Tal como se observa en el caso de Caputo, los alumnos llevan temporizadores que detectan el sonido de los disparos o la vibración del arma y miden con precisión el tiempo entre cada uno. 

No es ninguna novedad la afición de Caputo por las armas de fuego. A finales de julio, la red social X suspendió una de sus presuntas cuentas luego de publicar un video en el que se veían varias de ellas, apiladas y listas para usar. “Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso 'Bioeconomia' a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca”, había escrito @SnakeDocLives minutos antes de que lo dieran de baja. “X se empieza a poner en modo trolo”, posteó a la mañana siguiente, desde otro de los tantos usuarios que se le adjudican.

“Ahora Santiago Caputo, asesor del Presidente @JMilei, hace saber en redes sociales que él anda armado. Dice portar una Glock 45”, había sido el comentario en X del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez que desató aquel mensaje. Y añadió: “Sería sano que le exija a su asesor que muestre su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y la constancia de tenencia del arma, efectivamente registrada ante la ANMAC”.

Dos días después del posteo de Caputo en el que se lo menciona, Rodríguez presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por “amenazas” e “intimidación pública” contra el asesor. “El gobierno del presidente Javier Milei abraza la lógica del conflicto y la filosofía de la violencia para hacer política. en lugar de usar los instrumentos del estado para consolidar la paz, los aplica a prácticas irregulares y alienta la riña permanente a través de redes de operación paraestatal”, manifestó tras radicar la presentación ante la Justicia.

Al aludir a Caputo, señaló que hay “protofuncionarios que inciden discrecionalmente en el proceso de adopción de las decisiones públicas y en la asignación de los recursos estatales” que “se creen con derecho a eludir olímpicamente las responsabilidades propias de todo servidor público”.

PL/MG

Un ingeniero solitario de 20 años que trabajaba en el comedor de un asilo a las afueras de Pittsburgh descripto como distante, inteligente, interesado en computadoras y videojuegos y tal vez traumatizado por el acoso escolar. Un constructor de cobertizos y tejados de Carolina del Norte de 58 años con una larga lista de antecedentes penales que decía que quería reclutar a refugiados afganos en Irán para que lucharan en Ucrania, que había invitado al norcoreano Kim Jong-un a Hawai y se ofrecía como mediador, había apoyado a una variedad de candidatos republicanos y se dedicaba a interpelar en X a Elon Musk, Elton John o una exdemócrata pro-rusa y ahora asesora a Trump. 

Thomas Matthew Crooks, que disparó contra Trump en julio en un acto de campaña y murió tiroteado por la policía, y Ryan Wesley Routh, detenido tras esconderse con un rifle de mira telescópica junto al club de golf del expresidente, responden a perfiles habituales entre los autores de tiroteos múltiples en Estados Unidos. Casi la totalidad son hombres -el 97% de los identificados desde 1966, según Violence Prevention Project, la base de datos más completa-, la mayoría son blancos -aunque los negros están sobrerrepresentados respecto a la población general- y tienen en común la agresividad, el aislamiento o la perdida de contacto con la realidad. Pero el factor determinante para Crooks y Routh, como para la mayoría de los autores de tiroteos, es la facilidad de acceso a las armas más mortíferas. 

La prohibición pendiente

Tanto Crooks como Routh tenían en su poder rifles de asalto, metralletas consideradas de guerra y que en Estados Unidos son legales en la mayoría del país desde que caducó su prohibición en 2004 y el Congreso se negó a renovarla.

Desde entonces, creció la oposición de los republicanos (en 2004, el entonces presidente, George W. Bush, decía que la apoyaría) y de parte de los demócratas. El último intento más serio, el del presidente Barack Obama en 2013, unos meses después del asesinato de niños de primaria en Sandy Hook, fracasó por el bloqueo del Senado. Se opusieron a renovar el veto 44 senadores republicanos, 15 demócratas y un independiente. 

Nueve estados prohíben este tipo de rifles de asalto, pero estos no incluyen ni Pensilvania ni Hawai (donde vivía ahora Routh) ni Florida. En el caso de Crooks la edad mínima para comprar un arma de este tipo en Pensilvania es 18 años, así que con 20 podría haberla adquirido, aunque la que utilizó era de su padre, que tenía media docena de armas en casa de manera legal. En el caso de Routh, su largo historial de antecedentes por atrincherarse con un rifle en un edificio, robos y múltiples violaciones de tráfico y armas le podría haber impedido tener un arma de asalto. 

Los primeros dos cargos presentados contra él este lunes están relacionados, de hecho, con la posesión del rifle: se lo acusa de tener un arma habiendo sido condenado y tenerla con el número de serie borrado, que se consideran delitos federales penados con cárcel. 

Muchas veces, el problema es comprobar el pasado del comprador antes de una venta. El Partido Republicano a través de leyes y denuncias en los tribunales bloqueó cualquier intento de expandir los requisitos para que los vendedores de armas hagan comprobaciones del historial, por ejemplo en ferias de armas.

“Los legisladores republicanos hicieron fácil para un hombre peligroso con una larga historia criminal tener acceso a una AK-47”, decía Shannon Watts, fundadora de la organización a favor del control de armas Moms Demand Action, en referencia al rifle de asalto de Routh. “El mismo perfil, las mismas alertas, la misma historia una y otra vez en Estados Unidos”. 

Millones de armas de guerra

En Estados Unidos, uno de cada 20 adultos, es decir, unas 16 millones de personas, asegura tener al menos un rifle de asalto -el más común es el AR-15, como el que tenía Crooks-, según una encuesta de Ipsos para el Washington Post, que investigó a fondo el impacto de este tipo de arma (y ganó un Pulitzer este año por ello). En diez de los 17 tiroteos con más víctimas en Estados Unidos desde 2012, el asesino tenía al menos uno de estos rifles, según los datos recogidos por el Post. 

Los fabricantes de armas hacen sus propias versiones de este rifle utilizado por el ejército de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, y algunos extremistas abrazan el rifle como un símbolo que tiene sus raíces en los antiguos de los pioneros en los que insiste la Asociación Nacional de Rifle. 

La industria también hace alusiones a la supuesta masculinidad asociada a estas metralletas en su publicidad con lemas como que ser propietario de un rifle así “te renueva el carné de hombre” o “sé un hombre entre los hombres”. Algunos de los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021 llevaban banderas con imágenes de este rifle. 

Estrategia de la industria

La transformación de un arma para el ejército en un icono de comercialización masiva “es un producto de un esfuerzo sostenido e intencionado”, según la investigación del Post basada en entrevistas con 16 ejecutivos del sector de las armas e informes internos. “El ascenso del AR-15 hasta el dominio de las últimas dos décadas fue provocado por un cambio radical de la estrategia de las mayores empresas de armas para invertir en un producto que muchos en el sector veían como anatema… La industria de las armas se puso a abrazar el significado político y cultural del arma como una ventaja de marketing mientras buscaba nuevos ingresos”, explica la investigación de periódico. En particular, la prohibición de las armas de asalto coincidió con el ascenso de la “glorificación militar” después de los atentados del 11-S y las invasiones de Afganistán e Irak. 

En 2020, estos rifles de asalto representaban un cuarto de las armas fabricadas en Estados Unidos y la abrumadora mayoría de sus propietarios eran hombres blancos, según los datos de Ipsos. En febrero de 2023, un republicano de Alabama de la Cámara de Representantes, Barry Moore, presentó con el apoyo de otros republicanos (incluido el expulsado George Santos) una propuesta de ley para declarar este rifle como “el arma nacional de Estados Unidos”, aunque la idea no fue considerada para la votación. 

La inacción política

Muchas veces políticos y medios se centran en la búsqueda del “motivo” del hombre que dispara, si bien suele ser difícil establecer un elemento como causa-efecto. De hecho, dos meses después del atentado de julio contra Trump no se estableció una explicación clara de qué movió a Crooks. En el caso de Routh, en los últimos meses, parecía haber mostrado en redes sociales más antipatía por Trump que por Biden y Harris y, según los registros, había votado en las primarias demócratas en Carolina del Norte (que permite participar a votantes registrados como no afiliados), pero su trayectoria parecía errática. Había apoyado en público a Ucrania y contado en entrevistas que intentaba operaciones para reclutar para la legión extranjera, que advirtió en junio que no tenía ninguna relación con él y que el hombre estaba presentándose como reclutador cuando no lo era. 

Mientras el posible motivo o la inclinación ideológica del sujeto protagonista suele centrar las preguntas sobre qué pasó, la atención en las letales armas utilizadas se suelen desvanecer a las pocas horas del tiroteo o el incidente.  

Tras el atentado de julio, el presidente Joe Biden llamó otra vez a aprobar la prohibición de estas armas de asalto como la que existió durante una década. 

La vicepresidenta Kamala Harris también defiende volver a intentar el veto, cuya necesidad comparte la mayoría de la población aunque no la mayoría de sus representantes en el Congreso. “Estoy muy convencida de que es coherente con la segunda enmienda decir que necesitamos una prohibición de las armas de asalto. Son literalmente herramientas de guerra diseñadas para matar a mucha gente muy deprisa”, dijo Harris hace unos días en una entrevista de la televisión local de la ABC en Pensilvania. 

La mayoría de los estadounidenses apoyan la renovación de la prohibición de armas de guerra y otras medidas de control como límites para personas con historial de problemas de salud de mental, pero existe una brecha entre los votantes que se identifican como republicanos, más reticentes a algunas de estas medidas, y el resto. La mayoría sigue estando a favor de controles por el apoyo en especial entre quienes se identifican como demócratas o sin afiliación partidista. 

MR/CRM

La Cámara de Diputados se apresta a volver a sesionar el próximo miércoles 7 de agosto y dentro del repertorio de proyectos se encuentra una iniciativa para la regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción. 

Por un lado, la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

El usuario que quiera acceder a este programa debe en primer lugar ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie.

El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.

Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.

Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada, etcétera. 

La ANMaC, un ente descentralizado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.

Se calcula que en total hay en el país 800.000 armas no registradas ni autorizadas.

CRM con información de la agencia NA

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, adjudicó una compra directa de pistolas semiautomáticas a la empresa Bersa S.A. por un total de US$ 6.144.800.

La compra incluye pistolas semiautomáticas doble acción calibre 9x19 mm y escopetas calibre 12 gauge destinadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el negocio se llevó adelante a través de la contratación bajo el expediente 32796967.

Argumentando la emergencia, el ministerio de Patricia Bullrich logra que la mencionada compra sea “excluida del Control de Precios Testigo conforme lo establecido de la Sindicatura General de la Nación”.

Las firmas que fueron desafectadas de la contratación gubernamental son Trompia y Buccello.

La medida se enmarca en la Resolución N° 107 del 8 de marzo de 2024, que convocó al Comité de Crisis para restablecer la seguridad en Rosario, y en la Resolución N° 409 del 21 de mayo de 2024 que autorizó la convocatoria de la contratación directa.

El financiamiento de la compra se imputará a la partida presupuestaria del Ministerio de Seguridad para el ejercicio 2024.

Los argumentos expuestos en el Boletín Oficial

Más de US$ 10.000.000 en pick ups

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, destinó unos US$10.000.000 para la adquisición de camionetas patrulleras mediante una contratación directa, según se desprende de la decisión administrativa 655/2024.

La compra estatal, que incluye camionetas patrulleras doble cabina 4x4 y 4x2, se enmarca en el “Plan de Renovación y Actualización Vehicular” para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Las firmas beneficiadas por Bullrich son Igarreta, por un monto total de $6.239.284.000, y Toyota por $2.810.138.550, las cuales, según la información oficial fueron seleccionadas por ser las “más convenientes económica y técnicamente”. La cifra total para esta compra directa alcanzó $9.049.422.550 del erario público y que, al tipo de cambio oficial Banco Nación, el dispendio ronda los US$10 millones.

Quedaron afuera otras firmas oferentes como Siderworld, Espasa, Roycan y Autogen. Según la información oficial, los modelos adquiridos pertenecen al año 2022, con caja de velocidad manual y motor diesel.

Esta compra directa surge ante la emergencia en seguridad decretada en marzo, que llevó a la convocatoria de un comité de crisis presidido por Bullrich. El comité incluye a los titulares de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Esta contratación se realizó mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, COMPR.AR, y está excluida del Control de Precios Testigo según lo establecido por la Sindicatura General de la Nación.

Con información de agencias.

IG

Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció que enviará un proyecto de ley relativo al acceso de armas de fuego en Argentina. Lo que surge del comunicado ministerial es la voluntad del gobierno de que “los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo”. El objetivo sería intensificar “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”. Entre las formas de implementar esta política, estarían eliminar pasos burocráticos para ser Legítimo Usuario, eliminar una nueva acreditación de idoneidad en el manejo de armas para renovar la credencial de Legítimo Usuario y regularizar la tenencia de armas por parte de usuarios irregulares.

Es difícil saber qué está detrás de esta nueva iniciativa gubernamental, pero lo que es seguro es que no es la evidencia científica. Los estudios disponibles muestran que, lejos de aumentar la seguridad ciudadana, la flexibilización en los requisitos para la tenencia de armas aumentan el crimen violento, en particular, y la seguridad ciudadana, en general. Esto es claro aun cuando los estudios sobre el impacto de la libre portación y tenencia de armas son escasos, debido a restricciones gubernamentales a su financiamiento, producto de lobbies de asociaciones pro-armas.

El país en el que más se ha investigado sobre la tenencia de armas es Estados Unidos, dado que su regulación es más laxa que la del resto de países occidentales desarrollados. Estados Unidos es, además, el lugar al que Milei mira con mayor admiración a la hora de importar políticas, lo que parece especialmente claro en este tema en concreto. Allí, la desregulación en la portación de armas se expandió en el último medio siglo: en 1970, sólo cinco estados tenían leyes abiertas respecto de la libre tenencia y portación de armas. Hoy, la cifra pasó a cuarenta y dos estados (de un total de cincuenta). Esto ha llevado a que, en la actualidad, Estados Unidos sea el país con más armas per cápita del mundo. En el mismo lapso, se ha convertido, entre los países desarrollados, en el líder, por habitante, en homicidios causados por armas de fuego, en violencia con armas de fuego en general y en suicidios y accidentes por el uso de armas de fuego.

Desagregados, los datos son aún más ilustrativos. Entre otras cosas, se ha observado que las personas que conviven con un portador de armas tienen el doble de posibilidades de morir en un homicidio; además, tienen siete veces más posibilidades de ser asesinadas por su conviviente (el 80% de las víctimas son mujeres). Tener un arma en casa también facilita el suicidio: los hombres que tienen un arma en casa se suicidan con un arma de fuego ocho veces más que los que no la tienen; entre las mujeres, la tasa es de treinta y cinco veces más suicidios entre las que pueden acceder a un arma en su casa. Para los niños la situación no mejora: en los Estados con leyes que facilitan la tenencia de armas hay dos veces más muertes de niños producto de heridas con armas de fuego y también es mayor el suicidio infantil. Otra consecuencia de las desregulaciones en materia armamentística son los tiroteos masivos, especialmente en escuelas, que destruyen comunidades enteras.

Aun así, podría objetarse que si la tenencia de armas genera un descenso en el delito tan grande que compensa los efectos ¿colaterales? expuestos, todavía es posible argumentar a favor de la desregulación. Pero esto no es así. Por el contrario, el delito violento tiende a aumentar hasta un 15% en lugares con pocas restricciones a la tenencia de armas. En suma, ni siquiera un argumento de ultraderecha tal como “la gente tiene que poder matar al que entra a robar” sirve para sostener la desregulación. La libre circulación de armas facilita el acceso a ellas, también, por parte de bandas criminales y grupos violentos, con lo que, como muestran los números, el delito sube con este tipo de políticas.

Todos estos números, ya de por sí más que preocupantes, podrían ser peores aún en nuestro país si se combinan con otras iniciativas gubernamentales. Aquí no me refiero, simplemente, a que en una situación de recesión económica y de desmantelamiento de la asistencia estatal el delito tiende a subir (lo que muestran todos los estudios), y a que con armas en circulación esto puede generar un combo explosivo. Apunto a cuestiones más concretas. Como marcaron los senadores Lousteau y Di Tullio, en la Ley Bases, el silencio administrativo positivo genera que ante un pedido al Estado, la no respuesta se tome como un sí. En esta ley, a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay una excepción en materia armamentística. Es decir que si pido un arma y por problemas burocráticos no me responden, podré tenerla. Esto, sumado a la falta de acreditación de idoneidad en la renovación de la credencial de Legítimo Usuario que impulsa el Ministerio de Seguridad, puede dar lugar a que todos, aun los menos aptos y recomendables, tengan armas.

Por último, es importante notar que, aun cuando es indudable que la seguridad es un problema grave en Argentina, el delito violento no llega a cifras que ameriten decisiones excepcionales. La tasa de homicidios en Argentina es de las más bajas de la región (31 entre 46 países) y, además, ha bajado a la mitad en los últimos quince años. Es, incluso, más baja que en Estados Unidos, donde ronda los 6/100.000 homicidios, contra 4/100.000 en Argentina. Liberar la tenencia de armas en un contexto recesivo, con un Estado ausente y sin controles administrativos terminará con esta realidad y pasaremos a subir posiciones en otro ranking que nadie quiere liderar: el de homicidios y muertes por uso de armas de fuego. Y esto no servirá, ni siquiera, para que neo-fascistas celebren la muerte de quienes cometen delitos. Porque también morirán niños, mujeres, personas con problemas de salud mental o gente que, ante la crisis, vea el arma en su cajón como una salida.

MA/JJD

El informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, a petición del presidente Joe Biden, ha concluido que es “razonable evaluar” que Israel haya violado el derecho internacional en la guerra contra Gaza. El texto presentado este viernes por la tarde (hora local) ante el Congreso apunta a que “los resultados sobre el terreno, incluidos los altos niveles de víctimas civiles, plantean dudas sustanciales” sobre si el ejército israelí está tomando las medidas necesarias para reconducir la situación de los civiles en Gaza. Pero aun así, no considera que haya motivos para frenar el apoyo de ayuda militar, ya que las garantías que Israel presentó el pasado mes de marzo sobre el uso de las armas norteamericanas conforme al derecho internacional son “creíbles y confiables”.

El pasado mes de abril, Biden ya amenazó a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, de que habría consecuencias si Washington no veía una mejora constatable de la situación de la población civil. De hecho, el Departamento de Estado señala en este informe que Tel Aviv “tiene el conocimiento, la experiencia y las herramientas para implementar mejores prácticas para mitigar el daño civil en sus operaciones militares”. En cambio, por otro lado, afirma que no ha encontrado muestras de que Israel haya obstruido intencionalmente la llegada de ayuda humanitaria a Gaza

En otro apartado de este mismo documento, según exponen la prensa norteamericana, también se destaca que “Israel no ha compartido información completa para verificar” si se han utilizado armas estadounidenses en casos concretos que hayan violado, presuntamente, las leyes de derechos humanos. Respecto a este aspecto, el informe es bastante crítico con la actuación de su socio y también recalca que “no cooperó lo suficiente” con Washington durante los primeros meses de la guerra tras el ataque del 7 de octubre liderado por Hamás. 

El informe hace una revisión de lo sucedido durante la guerra de Gaza desde el 1 de enero hasta finales de abril y es independiente a la escalada de tensión que se ha producido entre Estados Unidos e Israel esta semana. El encargo de este documento se remonta al pasado mes de febrero, cuando Biden lo ordenó como una manera de acallar las críticas por parte de la bancada demócrata más progresista del Senado y conseguir así su apoyo para el paquete de ayuda militar que se aprobó a finales de abril para Ucrania, Israel y Taiwán. Casualmente, la fecha límite para entregarlo era el pasado miércoles, aunque se ha retrasado hasta este viernes.

Entre los demócratas ya hace tiempo que han aparecido voces críticas que piden restringir el envío de armas a Israel y con este documento se pretendía poner presión para conseguirlo. La ley estadounidense prohíbe el envío de armas a terceros países que “incurran en un patrón consistente de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

La publicación de las conclusiones del informe llega en uno de los peores momentos de las relaciones entre Washington y Tel Aviv. Desde que a principios de semana el ejército israelí ocupó el paso de Rafah - dónde se acumulan más de un millón de palestinos-, que el malestar entre ambos socios no ha hecho más que aumentar: primero se hizo público que Biden había ordenado paralizar el envío de 3.500 bombas para Israel ante el temor de que pudiera usarlas en una incursión terrestre en el sud de la Franja, y el miércoles por la noche el presidente norteamericano amenazó a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, con frenar el envío de armas si Israel invade completamente Rafah. En reiteradas ocasiones, el líder estadounidense ha remarcado que una invasión sobre Rafah sin un plan para evacuar la población civil supondría cruzar una línea roja.

A pesar de que parece que las relaciones entre ambos países han llegado a un punto de no retorno, la publicación de este informe es una muestra de los equilibrios que sigue haciendo Washington para evitar escalar la crisis a mayores. De hecho, la conclusión del informe sobre el uso de las armas norteamericanas contrasta con las declaraciones de Biden del pasado miércoles ante la CNN, donde reconoció que era consciente de que hay civiles en Gaza que han muerto bajo las bombas estadounidenses. “Hay civiles que han muerto en Gaza como consecuencia de esas bombas y otros modos en los que [los israelíes] atacan a los centros de población”, dijo el presidente, que reconocía claramente el rol de su país en el conflicto que ya se ha cobrado la vida de casi 35.000 palestinos.

Este mismo comportamiento bipolar (aunque calculado) también se ha visto el viernes por la mañana en Nueva York durante la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la petición ante el Consejo de Seguridad para que “reconsidere favorablemente” la admisión de Palestina como estado miembro de pleno derecho: Estados Unidos ha votado en contra, respaldando, una vez más, a su socio dentro de la comunidad internacional. 

DM

Ucrania y Estados Unidos acordaron poner en marcha una producción conjunta de armamento, en un paso que permitirá a Kiev empezar a fabricar sistemas de defensa antiaérea, afirmó el presidente del país europeo, Volodímir Zelenski, al término de una visita a Estados Unidos.

En su discurso diario a los ucranianos, Zelenski afirmó que el acuerdo a largo plazo creará puestos de trabajo y una nueva base industrial en Ucrania, cuya economía ha sido devastada por la guerra con Rusia.

“Ha sido una visita muy importante a Washington, con resultados muy importantes”, dijo Zelenski en un video publicado en el sitio web presidencial el viernes por la mañana.

“Y un acuerdo a largo plazo: trabajaremos juntos para que Ucrania produzca las armas necesarias junto con Estados Unidos. La coproducción en el (sector) de la defensa con Estados Unidos es algo histórico”, añadió.

Kiev redobló sus esfuerzos para impulsar al máximo la producción nacional de armamento, ya que 19 meses de guerra han generado una enorme demanda de armas y municiones para defenderse de los ataques rusos a lo largo de una línea del frente de 1.000 kilómetros. Los ataques aéreos rusos en Ucrania han causado daños generalizados y han matado a muchas personas.

Zelenski dijo que el Ministerio de Industrias Estratégicas, que supervisa la producción de armas en Ucrania, había firmado acuerdos de cooperación con tres asociaciones, que agrupan a más de 2.000 empresas estadounidenses de defensa, sobre posibles trabajos futuros en Ucrania.

“Nos estamos preparando para crear un nuevo ecosistema de defensa con Estados Unidos para producir armas que fortalezcan aún más la libertad y protejan la vida en común”, declaró Zelenski sin revelar más detalles.

Ucrania depende en gran medida del apoyo militar occidental. Para reducir su dependencia, Zelenski y su equipo han estado impulsando reformas en la industria nacional de defensa para modernizar a los productores locales y aumentar los suministros al frente.

El Gobierno también está llevando a cabo reformas en su principal empresa de producción de armamento, Ukroboronprom, para mejorar la transparencia, aumentar la capacidad de producción y permitirle cooperar más activamente con los productores occidentales.

Ucrania ya acordó varios proyectos conjuntos con productores centroeuropeos para reparar tanques y otros vehículos ucranianos y ha estado trabajando para desarrollar la producción de drones y misiles.

Con información de NA.

IG

La inseguridad es una de nuestras grandes preocupaciones. No es una novedad: desde hace más de 20 años que lidera la lista de prioridades de la ciudadanía. Si bien es transversal a todas las clases sociales, la evidencia señala que son los más pobres quienes más frecuentemente son víctimas de delitos y están expuestos a situaciones de violencia. Sabemos también que son los barrios populares los más relegados en el acceso a dispositivos públicos y privados de protección (cámaras, luminarias, alarmas) y a políticas de prevención. Durante estas dos décadas cambiaron las características de los delitos, de la victimización, de los mercados ilegales y por ende de las organizaciones criminales. Sin embargo, muchas propuestas presentadas en la campaña presidencial 2023 apelan a políticas anacrónicas que fracasaron en nuestro país y en otras latitudes. Por ejemplo, la promoción de la libre tenencia de armas de fuego es una medida que, de aplicarse, agravará nuestras condiciones de seguridad actuales.

La evidencia internacional muestra que la mayor circulación de armas se vincula con el aumento de los homicidios. Muchas de las armas que las personas adquieren para protección personal terminan involucradas en el desenlace fatal de accidentes, conflictos interpersonales y aumentando la letalidad de los intentos de suicidios. Tener un arma de fuego incrementa la posibilidad de ser asesinado o gravemente herido en un intento de robo. Tras la falsa idea de protección se esconde un aumento del riesgo. Además, estas armas terminan alimentando el mercado ilegal y usándose para cometer delitos. Para prevenir el delito complejo, así como delitos comunes es central sacar de circulación las armas y las municiones ilegales y avanzar en una mayor eficiencia en la regulación, control y trazabilidad de las armas de fuego. 

Una constante en materia de seguridad es el lanzamiento de políticas como respuesta a la emergencia, frente a casos dramáticos y dolorosos. Esto sesga y distorsiona las prioridades y desorganiza la respuesta estatal e inhibe la discusión especializada. La ausencia de evaluaciones de las medidas adoptadas y de indicadores conspira contra la construcción de políticas eficaces. Uno de los pocos datos confiables es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que descendió de forma notable: mientras en 2002 era de 9 homicidios cada 100.000 habitantes en 2022 es 4, 2 homicidios.

En todos los grandes centros urbanos se verifica este descenso, con la excepción de Rosario que requiere un abordaje distinto dada su excepcionalidad. Desde 2015 existen datos oficiales sobre femicidios que muestran que mientras el resto de los homicidios dolosos descienden, los femicidios se mantienen estables. Esto permite inferir la especificidad de la violencia letal por razones de género y la necesidad de políticas e instituciones dedicadas a abordarla. También la importancia de las políticas de construcción de datos que colaboren en la identificación de los fenómenos criminales, al mismo tiempo que permitan evaluar la eficacia (o no) de las medidas adoptadas.

Uno de los principales problemas de las grandes ciudades son los robos en general y los robos violentos en particular. Sabemos que el aumento en la circulación de armas podría agravar este problema y que necesitamos respuestas diferenciadas e inteligentes. El robo de celulares, bicicletas y motos se han convertido en los delitos que más afectan y mayor daño producen a quienes transitan las grandes ciudades de la Argentina, especialmente la Ciudad de Buenos Aires y las del Conurbano. Las respuestas habituales de despliegue y saturación en la vía pública de policías y móviles, demuestran ser insuficientes. Lo mismo ocurre con la video vigilancia, un instrumento muy útil para el esclarecimiento, pero muy poco efectivo para la prevención. 

El ENACOM, organismo del Estado que controla a las empresas de telefonía celular, tiene que introducir normas que conviertan los celulares robados en aparatos inútiles

¿Qué se puede hacer? Hay que fortalecer los dispositivos policiales y judiciales de investigación criminal para desarmar los circuitos que aceitan el funcionamiento de los mercados ilegales por ejemplo de celulares robados. Hay que trabajar en la persecución criminal de sitios web, incluso legales, servicios de reparación, entre otros espacios de desbloqueo, blanqueo de datos y comercialización. También el ENACOM, organismo del Estado que controla a las empresas de telefonía celular, tiene que introducir normas que conviertan los celulares robados en aparatos inútiles. La normativa actual del ENACOM no ha frenado el crecimiento del mercado ilegal de dispositivos disociados de usuario. Estos son sólo algunos ejemplos de líneas de política pública capaces de ayudarnos a vivir mejor. Desde En Foco Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia, estamos trabajando en la difusión de propuestas concretas y probadas en algunos municipios del Conurbano, tanto como en otras latitudes.

Esta columna fue escrita por Sabina Frederic y Angela Oyhandy del Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia “En foco”.

SF/AO/JJD

En Estados Unidos está cobrando fuerza una asociación empresarial y comercial que representa a 10.000 fabricantes de armas de fuego, distribuidores y otros negocios relacionados, y que está comenzando a eclipsar, al menos en algunos aspectos, el poderío de la influyente pero plagada de escándalos Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Se trata de la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés), un grupo de presión conservador y agresivo de la industria del rifle. Su abanico de actividades es amplio, pero siempre orientado a preservar y expandir con celo y gran determinación el poder de esa industria.

Ha hecho lobby en el Congreso de EEUU para que se aprueben leyes que impedirían a las instituciones financieras emplear criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (conocidos como ‘ESG’) a la hora de tomar decisiones sobre inversiones y préstamos para así proteger los resultados financieros de las empresas dedicadas a las armas de fuego.

Mientras tanto, los fabricantes de esas armas confían en el mismo grupo de presión para emprender acciones legales contra varias normas estatales que limitan la preciada y exclusiva protección que tienen los fabricantes frente a unas polémicas leyes de responsabilidad civil aprobadas por el Congreso en 2005.

Más inversión y más presión

Durante la presidencia de Donald Trump, la NSSF aprovechó su fuerza como lobby para dar un empujón a su Administración y que esta trasladara la regulación sobre la exportación de armas de fuego del Departamento de Estado al de Comercio, un movimiento que parece haber favorecido los dividendos de los exportadores del sector gracias a la política más próxima a las empresas del segundo departamento.

En los últimos años, mientras la Asociación Nacional del Rifle –con sus 5 millones de miembros– se ha visto azotada por sus problemas financieros, divisiones internas y las amenazas judiciales de la fiscal general de Nueva York, así como por intereses privados, la NSSF amplió su inversión legal y como grupo de presión para luchar contra los esfuerzos para un mayor control de las armas de fuego en EEUU, a la vez que impulsó la promoción de derechos en torno a las armas y a las ventas en el sector.

“Las funciones de la NSSF como voz de la industria del rifle, con especial hincapié en expandir el mercado para todo tipo de armas de fuego, incluidas las armas de asalto y rifles de cañón corto, están eclipsando el poder de la NRA en el Capitolio”, afirma Kristen Rand, abogada del Centro de Política de la Violencia, que investiga y promueve el control de las armas de fuego.

El creciente peso de la NSSF se ve acentuado en parte por el aumento del gasto en sus actividades como lobby, desbancando a la NRA en años recientes. Por ejemplo, en 2020 y 2021, la NSSF reportó unos gastos de 4,6 millones y 5 millones de dólares respectivamente a nivel federal; mientras que la NRA gastó 2,2 y 4,9 millones de dólares en los mismos dos años.

Además, la fortaleza legal de la NSSF aumentó durante el pasado año desde que fichó al antiguo procurador general de EEUU, Paul Clement, como abogado externo para luchar contra leyes de siete estados que limitan la protección al sector frente a demandas judiciales.

Clement también emprendió acciones legales en nombre de la NSSF contra nuevas medidas de control de las armas de fuego en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados tras una decisión del Tribunal Supremo, que el año pasado se pronunció en contra de una ley de Nueva York que limitaba las licencias para portar armas de forma oculta a aquellas personas que puedan demostrar un “propósito adecuado” para hacerlo fuera de sus domicilios.

La junta directiva de la NSSF refleja los intereses financieros del grupo y su peso: incluye a altos ejecutivos de grandes empresas armamentísticas como Daniel Defense y Smith & Vesson, que fabricó los rifles de asalto AR-15 de estilo militar empleados en las matanzas de Uvalde y Highland Park.

Aumento de las ventas de armas

La NSSF se fundó en 1961 y antaño era conocida por acoger cada año en Las Vegas el fastuoso “Shot” (acrónimo en inglés de 'disparar, cazar y feria comercial al aire libre', aparte del significado de la palabra completa: disparado). Ahora se convirtió en un actor más activo y visible por sus batallas legales y como grupo de presión para impulsar los intereses de las compañías armamentísticas, según los expertos y los activistas a favor del control de las armas de fuego.

“La NSSF escarba hasta en el último recoveco de la normativa sobre armas de fuego mientras trabaja para garantizar que los intereses financieros de la industria del rifle estén representados de forma sistemática y contundente, incluso en los asuntos más recónditos. Para la NSSF, la legislación para la prevención de la violencia con armas de fuego es simplemente mala para el negocio”, explica Rand, del Centro de Política de la Violencia.

La creciente influencia de la NSSF se ve reflejada, en parte, en los ingresos del grupo, que se dispararon por encima de los 51 millones de dólares en el año fiscal 2022 frente a los 36 millones (33,3 millones de euros) en 2016.

El aumento de ingresos se debe al incremento del número de socios en los últimos años, pasando de 8.000 a 10.000, según el responsable jurídico y principal lobista de la fundación, Larry Keane. Dice que la NSSF tiene cuatro lobistas a tiempo completo y está en proceso de seleccionar a un quinto para su oficina en Washington, abierta en 2012.

En general, la industria del rifle de EEUU creció como los hongos en los últimos años. La venta de armas de fuego se disparó durante la pandemia, con la compra de casi 60 millones de armas entre 2020 y 2022, según Trace, un medio independiente que informa sobre la violencia con armas de fuego. En 2008 se vendieron 8 millones de armas, pero en 2016 la venta prácticamente se había duplicado hasta los 16 millones.

Los expertos en armas de fuego dicen que la NSSF se convirtió en un destacado actor en la lucha para mejorar los resultados de la industria del rifle.

“La NSSF intensificó sus actividades políticas en, al menos, tres aspectos: ejerce mucha más presión política y actividades relacionadas en Washington DC y demás lugares; presenta demandas contra leyes sobre armas de fuego en los tribunales de distintos lugares del país, especialmente tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Bruen; y promueve la fabricación de armas y los datos de venta”, explica Robert Spitzer, autor de varios libros sobre armas de fuego y profesor emérito en la Universidad de Suny Cortland de Nueva York.

“Desgraciadamente, sus datos son problemáticos porque no revelan del todo su metodología y han puesto interés en inflar sus cifras para apoyar el argumento de que cuantas más armas y accesorios haya en circulación, más inútiles serán las leyes sobre las armas de fuego”, añade.

Veteranos de la NRA reconocen también que la NSSF se volvió una herramienta más fuerte para los intereses en torno a las armas de fuego. “Visto el desastroso caos en la NRA, la industria aumentó su compromiso con la NSSF”, admite un antiguo miembro de la junta directiva de la NRA a The Guardian.

Alianza con la industria petrolera

Las batallas actuales de la NSSF van desde los pasillos del Congreso hasta muchos estados del país, donde las luchas legislativas y legales se han intensificado.

Su principal lobista dice que la NSSF estuvo trabajando con una coalición que aúna a distintas industrias, incluidas las compañías de combustibles fósiles, bajo el paraguas de la denominada Coalición para un Acceso Bancario Justo. De esta forma, busca presionar a los republicanos para que promuevan leyes en el Congreso y en el Senado que puedan frenar el uso de directrices ESG por parte de las compañías financieras para tomar decisiones sobre inversiones y préstamos.

Keane agrega que las presiones de la NSSF para que se aprueben estas leyes son producto de las quejas de la industria del rifle, que se ve discriminada por las instituciones financieras que adoptaron las directrices ESG, las cuales llevaron a que los bancos y otras compañías financieras tomaran decisiones guiadas por razones “políticas y no empresariales”.

Por su parte Nick Suplina, vicepresidente sénior de derecho y política de la ONG Everytown for gun safety (Todas las localidades por la seguridad de las armas de fuego), dice que “la NSSF está siguiendo la estela de la industria de los combustibles fósiles para aprobar estas leyes y ambas construyeron una causa común porque hacer lo mejor para la sociedad podría dañar sus resultados”.

“A medida que más empresas y bancos se han dado cuenta de que los clientes esperan de ellos una actuación para abordar problemas sociales, los grandes productores de carbono y la industria del rifle adoptaron un barniz de guerra cultural para ocultar sus motivaciones de beneficio propio: declarar la guerra a empresas comprometidas”, añade.

Campañas publicitarias, difamación y conspiración

Otro frente de batalla se abrió por la preocupación de miembros de la NSSF acerca de varias leyes estatales que “dejan en pañales” –en palabras de Keane– la polémica y excepcional protección frente a posibles demandas de responsabilidad civil que el Congreso concedió a la industria del rifle en 2005 y que “abren las puertas a nuevos litigios contra el sector”.

A día de hoy, siete estados –incluidos California, Nueva York y Nueva Jersey– aprobaron leyes que permiten emprender algunas acciones legales contra empresas de armas de fuego y que socavan así la amplia protección contra demandas por responsabilidad civil que el Congreso dio a la industria.

A medida que la NSSF gana fuerza a la hora de ejercer presión y defender las prioridades de la industria del rifle, los activistas a favor del control de armas observan similitudes y diferencias con la NRA.

“No se equivoquen: la NSSF es incluso peor que la NRA, con sus operaciones en continua expansión y una relación anormalmente cómoda con su regulador”, alerta Adzi Vokhiwa, el director para asuntos federales de Giffords, un grupo que promueve el control de las armas. “La NSSF se esconde tras una identidad pública como una simple asociación comercial, mientras trabaja de forma agresiva para impedir cualquier intento de frenar la demoledora crisis de violencia con armas de fuego en esta nación”.

Vokhiwa destaca que, por ejemplo, la NSSF llevó a cabo un bombardeo publicitario en televisión, por primera vez en su historia, contra la persona nombrada por la Administración de Joe Biden para liderar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU, David Chipman, que había sido asesor de Giffords.

“Desde el liderazgo de peligrosas campañas de difamación contra directores nombrados para la Oficina que han prometido públicamente regular mejor la industria del rifle, hasta acosar a diputados para que votasen incluso contra los puntos normativos más razonables para regular las armas, la NSSF sigue valorando más los beneficios de la industria del rifle que el derecho de los estadounidenses a vivir en entornos seguros”, denuncia Vokhiwa.

Otros defensores del control de las armas de fuego dicen que la NSSF, al igual que la NRA, muchas veces explotó el miedo de los dueños de armas e impulsó teorías de la conspiración sobre el supuesto intento de socavar la Segunda Enmienda (que establece el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas), con el objetivo de movilizar la oposición a las medidas de control de las armas.

“La industria del rifle difundía conspiraciones antigubernamentales mucho antes de que apareciera Trump hablando del 'Estado profundo'”, dice Suplina. “Eso incluye afirmar que, hasta las más modestas propuestas para la prevención de la violencia por armas de fuego, como exigir un control de antecedentes antes de vender cada arma, son parte de un siniestro complot gubernamental para desarmar a los estadounidenses”.

“Parece que la industria espera que la paranoia lleve a más personas a comprar sus productos y, de hecho, reconoció que, después de producirse tiroteos masivos, el miedo a nuevas leyes (restrictivas) impulsa la venta de armas”, explica Suplina.

Traducido por María Torrens Tillack

La alegría duró solo unos minutos en una brigada desplegada en el frente del Donbás. El envío de munición europea que el ejército ucraniano llevaba días esperando finalmente apareció, pero tenía un problema: los más de 400 proyectiles de mortero de 120mm enviados desde Finlandia no encajaban en el lanza morteros italiano que tenían los soldados.

“Nosotros le llamamos el zoo”, explica uno de los militares del frente entrevistados para este reportaje. Se refiere a la gran variedad de proyectiles que tienen que emplear debido a la escasez de munición. En muchas ocasiones, las armas recibidas de un Estado miembro son incompatibles con los proyectiles que llegan desde otro país.

Para solucionarlo, un comandante compró una amoladora y recortó manualmente cada una de las ocho aletas de las 400 bombas de mortero para poderlas utilizar. Un pequeño error le hubiera volado a él y a todos sus compañeros por los aires. “Era peligroso”, señala este soldado. “Pero era lo único de lo que disponíamos”.

En el mejor de los casos, esta incompatibilidad en el armamento supone una pérdida de tiempo. En el peor, implica posponer tareas militares, fallar en su ejecución o incluso dañar a la propia infantería. 

La situación ejemplifica la escasez de material con la que tiene que lidiar el ejército ucraniano en el frente. Casi un año y medio después del inicio de la guerra a gran escala, la Unión Europea y el resto de aliados no han logrado solucionar el problema de la falta de proyectiles a pesar de los reiterados avisos de altos cargos de la OTAN, soldados desplegados en el frente y otras autoridades y expertos. 

¿Qué está fallando en el suministro de munición al ejército ucraniano? La redacción de investigación Lighthouse Reports, junto a elDiario.es y otros medios europeos han entrevistado a casi medio centenar de personas relacionadas con las negociaciones: diplomáticos que participaron en reuniones cruciales en Bruselas, representantes de ministerios de Defensa de distintos países, dirigentes de la OTAN, fabricantes de armas y soldados en el frente, entre otros. El Gobierno español no quiso contestar a las preguntas de elDiario.es para este reportaje y ha sido el único de los gobiernos consultados que ha rechazado responder a los periodistas.

Las entrevistas, muchas de ellas bajo anonimato para poder comentar la situación, ponen al descubierto los puntos débiles de la política de defensa europea, con una industria fragmentada en la que cada Estado protege y prioriza a sus propias compañías. También ponen de relieve cómo la falta de unificación de criterios a la hora de producir material bélico supone un embrollo para los soldados. 

“Solo hacer un inventario de lo que tenía cada país ya fue extremadamente difícil”, explica un cargo de la OTAN que participó en el recuento. “Algunos Estados miembros no tenían ni idea de lo que disponían hasta el punto que tuvieron que contarlo manualmente”.

A esto hay que sumarle una burocracia comunitaria y un choque de intereses nacionales que ha ralentizado cualquier intento de impulsar un aumento de la producción de munición, a pesar de que hace ya casi un año y medio que empezó la guerra. Las empresas armamentísticas, por su parte, tampoco han querido asumir riesgos financieros y producir más material sin la garantía de que podrían venderlo todo.

“Existe un temor real de que los ucranianos se queden sin munición”, señala el responsable de una de las tres principales empresas europeas de armamento, que solicita anonimato para comentar la situación. “Y vamos a ver cómo ocurre”.

Tanto los soldados entrevistados como diversos altos cargos del Ministerio de Defensa ucraniano aseguran que se ven obligados a usar la artillería como si fueran “francotiradores”, ahorrando proyectiles y en clara situación de desventaja frente a las fuerzas rusas. 

Según fuentes del Gobierno de Ucrania, en días con buen stock de munición Rusia suele disparar entre el triple y diez veces más proyectiles que el ejército de Kiev. Las mismas fuentes aseguran que en las batallas más cruentas, como la de Bajmut en mayo, el ejército ucraniano disparaba 800 proyectiles por cada 50.000 que lanzaba Moscú.

El pasado jueves, de madrugada y tras largas negociaciones, la UE aprobó un plan que podría suponer un aumento en la capacidad de producir armamento. Ante la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, que empezará este martes y en la que se prevé que también se aborde la preocupante falta de munición en la guerra, Lighthouse Reports y sus socios reconstruyen las reuniones y decisiones que han llevado a la situación actual. 

Los primeros avisos

Pocas semanas después de que empezara la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el almirante Rob Bauer, máximo responsable militar de la OTAN, lanzó la primera advertencia en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores: “Estamos entregando munición desde almacenes medio vacíos”, les alertó. “Debemos rellenarlos rápidamente”.

Prácticamente nadie le hizo caso al almirante Bauer. “Asumimos que la guerra no duraría demasiado”, admite Camille Grand, subsecretario general para inversión en defensa de la OTAN hasta noviembre de 2022.

Algunas empresas armamentísticas sí movieron ficha. La francesa Nexter adquirió “unos cientos de toneladas” de pólvora para hacer frente al aumento de la demanda, según explica el portavoz del CEO de la compañía Nicolas Chamussy. 

“Estábamos en conversaciones constantes con el Gobierno francés, especialmente con el Ministerio del Ejército, que era muy consciente de que la necesidad de munición aumentaría”, señala el portavoz.

La empresa de municiones noruego-finlandesa NAMMO se aprovisionó de materias primas adicionales durante el fin de semana posterior a la invasión, afirma su director ejecutivo, Morten Brandtzaeg. La compañía asegura que también alertó a las autoridades de que no sería fácil aumentar la capacidad de producción.

El fabricante alemán de armamento Rheinmetall afirma que ya había empezado a ampliar su capacidad antes de la primavera de 2022. También se contrató nuevo personal y se programaron turnos adicionales, asegura un portavoz.

Mientras, con la invasión recién empezada, los responsables del Ministerio de Defensa de Ucrania avisaron a los aliados europeos de que el stock de munición solo les permitiría aguantar un par de meses.

La invasión pilló a los miembros de la OTAN y a los aliados europeos con el pie cambiado, admiten varias altas fuentes comunitarias: sin apenas munición almacenada y con fuertes reticencias sobre lo que sucedería con esos proyectiles si la guerra duraba pocos días y Rusia salía victoriosa. 

“Hubo muchas reticencias para ayudarnos al principio”, sostiene un alto cargo del Ministerio de Defensa de Ucrania. “No fue hasta abril que los aliados empezaron a darse cuenta de que la guerra no iba de alta tecnología sino que seguía siendo una cuestión de bombas y granadas”, añade.

En una reunión en abril de 2022 entre la OTAN y los responsables de compra de armamento de cada país, se insistió en que el riesgo de que Kiev se quedara sin munición era real, explica una fuente de la OTAN. Paralelamente empezaba a llegar más munición al frente, primero de Polonia y los Estados bálticos, posteriormente -vía intermediarios- de países como Bulgaria, Eslovaquia y República Checa.

Para mantener sus reservas, los Estados miembros empezaron a comprar munición en masa. Competían en el mercado con Ucrania, que también buscaba material desesperadamente. El resultado fue que los precios aumentaron a toda velocidad y los plazos de entrega se alargaron. Al mismo tiempo, los productores de armamento seguían avisando de que no podían atender la creciente demanda si no abrían nuevas líneas de producción.

---

CRONOLOGÍA

Más de un año de negociaciones para aumentar la producción de munición para Ucrania

24 de febrero de 2022

Comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

24 de febrero de 2022

Marzo de 2022

Dos de los mayores productores de munición de Europa, Nammo y Nexter, comienzan a comprar cientos de toneladas de materias primas adicionales para prepararse para un aumento de la demanda.

Marzo de 2022

21 de marzo de 2022

Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen. El almirante Rob Bauer, presidente del comité militar de la OTAN, advierte de que el suministro de armas y municiones a Ucrania no puede mantenerse durante mucho tiempo porque las existencias son limitadas.

21 de marzo de 2022

28 de abril de 2022

Reunión de los Directores de Armamento de la OTAN. Es la primera vez que algunos Estados miembros plantean la posibilidad de que haya escasez de municiones.

28 de abril de 2022

18 de mayo de 2022

La Comisión de la UE anuncia varias iniciativas para hacer frente a la falta de munición, incluida la creación de un Grupo Operativo Conjunto de Adquisiciones, y presenta un análisis de carencias de la Agencia Europea de Defensa que incluye un llamamiento para que los Estados miembros empiecen a comprar municiones conjuntamente.

18 de mayo de 2022

10 de junio de 2022

"Ahora es una guerra de artillería", declara Vadym Skibitsky, jefe adjunto de la inteligencia militar ucraniana. "Casi hemos agotado toda nuestra munición [de artillería] y ahora utilizamos proyectiles estándar de la OTAN de calibre 155".

10 de junio de 2022

4 de septiembre de 2022

Nammo, uno de los tres mayores productores de munición de Europa, solicita públicamente ayuda estatal para aumentar la producción, ya que el aumento de la demanda es demasiado grande.

4 de septiembre de 2022

27 de septiembre de 2022

En una reunión de emergencia con todos los directores nacionales de armamento de los Estados miembros de la OTAN, los productores de armas se sientan a la mesa por primera vez.

27 de septiembre de 2022

14 de octubre de 2022

El recién creado Grupo Operativo Conjunto de Adquisiciones de la UE afirma que la industria europea de defensa está "alineada para tiempos de paz" y se enfrenta a "cuellos de botella y escasez en la cadena de suministro".

14 de octubre de 2022

30 de enero de 2023

El Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg pide urgentemente a los estados miembros de la OTAN que den más ayuda militar a Ucrania, ya que existe un riesgo real de que Ucrania pierda la guerra debido a la falta de municiones.

30 de enero de 2023

9 de febrero de 2023

La primera ministra estonia Kaja Kallas presenta un plan para acelerar las entregas de munición a Ucrania e iniciar el aprovisionamiento compartido.

9 de febrero de 2023

3 de mayo de 2023

El Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, anuncia un plan para aumentar la financiación de la producción de munición tras visitar a los mayores productores de proyectiles de Europa.

3 de mayo de 2023

7 de julio de 2023

La UE llega a un acuerdo para invertir fondos adicionales y aumentar la capacidad de producción europea de munición tras una larga negociación.

7 de julio de 2023

Los intentos de la UE de cambiar la situación

En septiembre de 2022, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, insistió en la gravedad de la situación durante una reunión en Bruselas en la que participaron líderes de la industria del armamento y representantes de cada país aliado: en el frente se estaba disparando más munición de la que las empresas podían producir, les alertó. 

En enero de 2023, Stoltenberg volvía a alertar del problema, ya con un tono más desesperado: aseguró que si no se enviaban armas y munición, Kiev podría perder la guerra. Según publicó The New York Times, el ejército ucraniano utilizaba en ese momento unos 90.000 proyectiles al mes, prácticamente el doble de lo que podían producir Estados Unidos y toda la Unión Europea juntos. 

Fue entonces cuando varios diplomáticos constataron la debilidad de la defensa europea, admiten las fuentes consultadas. “[Tenemos] una industria pensada para tiempos de paz y con carencias y cuellos de botella en la producción de material bélico”, señalaba un informe comunitario que analizaba los problemas de la política de defensa europea. 

Empezaba entonces un laberinto burocrático para lograr aumentar la producción a nivel comunitario y para que la UE liderara como institución el acopio de munición para el ejército de Ucrania. Cada país, sin embargo, tenía su propia agenda. 

Cargos que participaron en las conversaciones describen como Alemania, por ejemplo, mostró muchísimas reticencias ante la idea de que la UE diera un paso adelante y liderara la compra conjunta de munición. A pesar de anunciar una gran inversión en Defensa tras la invasión rusa, las empresas alemanas de armamento sostienen que en 2022 no recibieron ningún “encargo significativo”.

Francia, por su parte, pidió a sus empresas de armamento que aumentaran la producción. Diversos miembros del Ejecutivo francés, sin embargo, admiten que se ordenó para compensar la escasez de munición en los almacenes del país. “La política de Francia es similar a la de los estadounidenses”, señala una fuente. “Primero nos ocupamos de nuestros propios suministros, luego ayudamos a los demás”.

La intervención de Estonia

En febrero de 2023, tras una larga reunión en el Ministerio de Defensa de Estonia, la primera ministra Kaja Kallas presentó su propuesta en Bruselas durante un encuentro entre los jefes de Estado y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La idea era que, tal y como se hizo durante la pandemia, la UE utilizara su poder para agrupar las compras de todos los países, obtener material a un precio más justo y promover la fabricación de más munición. “Sin esta propuesta, Ucrania se habría quedado ya sin munición”, sostiene una fuente que participó en la negociación. 

La Comisión Europea elaboró un plan en tres fases. En primer lugar, los Estados miembros debían entregar a Ucrania 1.000 millones de euros en munición de sus existencias actuales. El segundo paso sería comprar colectivamente 1.000 millones de euros en munición para Ucrania. Finalmente, un tercer punto apostaba por la producción conjunta de un millón de proyectiles de 155 mm. en el plazo de un año.

El 20 de marzo, más de un mes y medio después, los ministros de Defensa europeos aprobaron la primera fase del plan de Bruselas, que logró trasladar a las fuerzas ucranianas un relevante número de munición. Aprobar las otras dos fases sería más complicado. 

Empezó entonces un nuevo enfrentamiento político entre dos bandos: Francia, con el apoyo de Grecia y Chipre defendió que si la UE gastaba dinero en munición debía de ser europea y no podía comprarse en el extranjero. Alemania, Polonia, los Países Bajos y los Estados bálticos, en cambio, creían que no había tiempo para políticas proteccionistas y que la prioridad era suministrar munición a Kiev lo antes posible.

Hasta principios de mayo, la Comisión Europea no propuso una alternativa: la munición debía producirse en Europa, pero los componentes también podían comprarse fuera del continente. Se calcula que los primeros contratos bajo este plan se firmen en julio.

La aprobación de la tercera fase del plan derivó en una nueva disputa política mientras en el frente los soldados estaban contra las cuerdas, en un momento en que la batalla de Bajmut suponía un reguero de víctimas y la munición era cada vez más necesaria. 

Algunos Estados miembros vieron la tercera fase del plan de la Comisión como un intento de Bruselas de ganar más influencia sobre la política de defensa de los países europeos, afirma un diplomático que participó activamente en las negociaciones. Veintiuno de los 27 Estados miembros se declararon inicialmente en contra del plan.

La industria seguía expectante. “Sin pedidos, yo no produzco nada”, había señalado este marzo en la agencia de noticias Bloomberg Armin Papperger, director general de Rheinmetall, el mayor productor alemán de munición. Este directivo admitió que su empresa, ante la falta de encargos concretos, estaba utilizando solo dos tercios de su capacidad de producción. 

Kusti Salm, secretario permanente del Ministerio de Defensa de Estonia, tilda de “lloriqueo abstracto” la actitud de algunas empresas de munición en comparación con el resto del mundo. “En Israel, Corea del Sur o Sudáfrica los productores no hacen este tipo de preguntas”, señala. “Hace tiempo que aumentaron su producción porque vieron que la demanda crecería”.

Mientras la guerra continúa, la tercera pata del plan de la Comisión para invertir fondos adicionales en la producción europea de munición no se aprobó hasta el pasado jueves de madrugada, tras una larga negociación. Ahora deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento y se prevé que se firme y entre en vigor a finales de julio. Los efectos de este plan, no obstante, tardarán meses en notarse en el frente.

“Una línea de producción tarda al menos dos años”, dice una fuente del Ministerio de Defensa francés sobre el acuerdo alcanzado el jueves. “Francamente, lo que la UE decida en quince días o en un año no tiene absolutamente ninguna repercusión en los plazos actuales, que no se podrán alcanzar hasta dentro de dos o tres años”. Otras fuentes cercanas a la negociación eran más optimistas y señalaban el viernes que en el plazo de un año se verían los efectos del pacto.

“Ha sido un fracaso de la política, el liderazgo y la voluntad”, opina el general Richard Barrons, ex comandante del Mando Conjunto del ejército británico. “Hay una gran desconexión entre la forma en que se ha desarrollado la guerra en los últimos 17 meses y la incapacidad de movilizar y apoyar a la industria pensando a largo plazo”.

Haiduk, apodo de un artillero desplegado en el frente, explicaba recientemente que, a pesar de los esfuerzos de Bruselas para aumentar el flujo de proyectiles, la situación prácticamente no ha cambiado para ellos. La escasez de munición sigue siendo el pan de cada día. 

“Solo tenemos entre cinco y quince proyectiles al día para disparar”, sostiene. “Una vez ya los hemos lanzado, es cuando empezamos a preocuparnos”.

_______

En esta investigación, coordinada por Lighthouse Reports, han participado The Kyiv Independent (Ucrania), Delfi (Estonia), The Investigative Desk (Países Bajos), Libération (Francia) y elDiario.es.

Tres niños y tres adultos fueron muertos hoy a tiros en una escuela primaria de Nashville, en el sur de Estados Unidos, por una joven que luego fue abatida por la Policía, informaron autoridades.

La joven estaba armada con “al menos” dos rifles de asalto y una pistola y abrió fuego dentro del colegio The Covenant School, dijo el vocero de la Policía de Nashville.

Policías acudieron al lugar y, tras escuchar disparos en el piso de arriba, subieron “inmediatamente” y “mataron” a la atacante, dijo el portavoz, Don Aaron.

Un rato después, la fuerza detalló que la joven tenía 28 años y era residente de Nashville, y agregó que al parecer fue alumna de la escuela donde cometió el ataque.

“Mis conclusiones iniciales son que en un momento dado ella fue alumna de este colegio, pero no estoy seguro en qué año”, declaró a periodistas el jefe de policía de Nashville, John Drake.

El presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a pedir al Congreso que aprobara su prohibición de armas de asalto tras el tiroteo de Nashville. “Es desgarrador, la peor pesadilla de una familia”, dijo.

La primera dama Jill Biden también habló sobre el tiroteo. “Estoy realmente sin palabras. Y nuestros hijos merecen algo mejor”, dijo durante una conferencia de la Liga Nacional de Ciudades en Washington.

Según la Policía, la joven efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados. “Tres alumnos y tres adultos resultaron heridos de muerte”, afirmó el Aaron, que aseguró que no había más víctimas. El Hospital Universitario Vanderbilt de Nashville confirmó la muerte de los niños.

“Tres pacientes pediátricos han sido trasladados al Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, todos ellos con heridos de bala. Los tres han sido declarados muertos tras su llegada” al centro sanitario, informó el establecimiento en un comunicado.

La Policía dijo que se había instalado un punto de encuentro para víctimas y familiares en una iglesia baptista de la ciudad. Los ataques en escuelas se volvieron frecuentes en Estados Unidos, en parte por la facilidad de acceso al mercado de las armas, pese a varias iniciativas para restringir justamente el porte.

Como reacción al drama, la Casa Blanca insistió en su reclamo al Congreso para que vete el uso de rifles. “Demasiado, es demasiado”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que se preguntó cuántos niños tendrán que morirse “para que los republicanos del Congreso” los prohíban.

Varios funcionarios del estado de Tennessee se declararon consternados en las redes sociales, entre ellos el senador republicano Bill Hagerty, que se declaró “devastado”.

Los ataques en escuelas se volvieron frecuentes en Estados Unidos, en parte por la facilidad de acceso al mercado de las armas, pese a varias iniciativas para restringir justamente el porte.

En 2012 un hombre mató a 20 niños de 6 y 7 años en una escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, y diez años más tarde, en 2022, un joven de 18 años acabó con la vida de 19 estudiantes y dos profesores, esta vez en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas.

En 2018, una matanza en un colegio de educación secundaria de Parkland, en Florida, que dejó 17 muertos y 14 heridos, desencadenó un movimiento nacional, encabezado por jóvenes, para exigir una supervisión más estricta de las armas en el país.

Pese a la movilización de más de 1 millón de manifestantes, el Congreso de Estados Unidos no adoptó una ley ambiciosa porque muchos congresistas aparecen muy influenciados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un grupo de presión sobre armas.

DA