El presidente Alberto Fernández viaja este viernes a la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, para participar de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en la que se abordarán temas como la crisis medioambiental, transformación digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera internacional.

Según se informó oficialmente, el avión que trasladará a Fernández y su comitiva partió a las 10 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo a las 16 hora local (las 17 de la Argentina).

El jefe de Estado participará hoy a las 19 (20 de la Argentina) del Acto Inaugural de la XXVIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, en Fortaleza Santo Domingo, Zona Colonial.En ese marco mantendrá también una reunión con mandatarios de América para analizar la migración irregular en el continente.

A las 20.30 de hoy (21.30 de la Argentina) tomará parte de la comida oficial ofrecida por el presidente dominicano Luís Abinader en la Casa de Bastidas, Zona Colonial.

En tanto, mañana sábado a las 8.35 (9.35 de la Argentina), Fernández se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, en el hotel Embajador.

Poco más tarde, a las 9 (10 de la Argentina) llegará al Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, lugar donde se celebrará la Cumbre.

A las 9.30 (14.30 de la Argentina) se realizará Ia Sesión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros de la Conferencia Iberoamericana

El Presidente hablará en segundo lugar, después del representante de Andorra.

Allí, Fernández remarcará que debe debatirse la arquitectura financiera internacional y adecuarse a los efectos que produce el cambio climático. Un ejemplo de ello es la grave sequía que afectó a la Argentina, y en particular a la siembra, cultivo y el ganado, señalaron las fuentes.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables y expuestas a los efectos adversos producidos por el cambio climático. Sin embargo, está cada vez más marginada de los flujos globales de financiación climática.

Asimismo, el jefe de Estado argentino se reunirá con los mandatarios de España y Portugal, con quienes analizará aspectos relacionados al acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), en virtud de la Presidencia pro tempore que ostenta la Argentina en este semestre, y España la de la UE en el segundo semestre.

Actualmente hay un cronograma de trabajo entre ambas partes con vistas a intensificar las negociaciones para arribar a un acuerdo mutuamente beneficioso y equilibrado.

En ese sentido también se destacará la importancia de la cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en Bruselas en julio de este año y que será una gran oportunidad de relanzar las relaciones entre América Latina y Europa, ya que no se celebra desde 2015 y supone un diálogo político de alto nivel, después de años sin interlocución con la UE.

A las 13.30 de mañana (14.30 de la Argentina) se hará la Foto oficial de las Jefas y Jefes de Estado y Gobierno/Jefes de Delegación de la Cumbre Iberoamericana, en las escalinatas del Palacio Nacional

Luego, a las 13.45 (14.45 en la Argentina) se realizará el almuerzo y el retiro de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno/Jefes de Delegación de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana

A las 15.30 (16.30 en la Argentina) tendrá lugar la II Sesión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana

A las 19·30, Fernández participará del foro de Gobiernos Progresistas “Por una agenda social sostenible y resiliente en Iberoamérica” por invitación del presidente del Gobierno Español, en su carácter de Presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez.

El canciller Santiago Cafiero participará también el viernes de la II Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores.

Los 22 países miembros de la Cumbre Iberoamericana, de lengua española y portuguesa, son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Con información de agencia Télam.

La llegada al mundo de Damián, nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Santo Domingo, generó gran expectativa por ser primer el bebé que, simbólicamente, nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8.000 millones de personas.

Con sus 2,77 kilos y 52 centímetros fue el protagonista indiscutible de la noche de este martes 15 de noviembre de 2022, fecha que marca un hito en materia de crecimiento demográfico, al llevar a la población mundial a esta cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) visibiliza bajo el lema 8 Mil Millones Más Fuertes.

El doctor Michael Trinidad, gerente del departamento de obstetricia del hospital y su equipo han asistido a la madre, de 35 años, en el alumbramiento, que se ha producido “sin ninguna complicación”, explicó a Efe el obstetra, que manifestó el privilegio que ha supuesto para la maternidad traer al mundo al habitante 8.000 millones.

La representante nacional del UNFPA en República Dominicana, Sonia Vásquez, que asistió a este acontecimiento, afirmó que la llegada del bebé representa “mucha esperanza en que todos los niños que nazcan en este planeta (...) los recibamos con condiciones. Eso es lo que procuramos, cero muertes maternas, cero morbilidad, cero enfermedades y salud”.

POBLACIÓN MUNDIAL

La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011 y se estima que llegará a un máximo de 10.400 millones hasta 2100, teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento demográfico mundial está disminuyendo desde la década de 1970 y que cayó por debajo del 1 % por primera vez en 2020, según datos aportados por el UNFPA.

De hecho, el crecimiento poblacional se ha ralentizado, la tasa de fecundidad está siendo menor, la esperanza de vida sigue aumentado, la migración internacional da forma al cambio demográfico, la población mundial envejece con rapidez y las mujeres viven más que los hombres.

Las tasas de natalidad varían de país a país, y mientras algunas poblaciones siguen teniendo un rápido crecimiento, otras están empezando a ralentizarse.

REPÚBLICA DOMINICANA

En el caso de República Dominicana la población se estimó en 10,8 millones en 2020, con proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas, con el 82,5 % viviendo en áreas urbanas.

El país ya está experimentando un proceso de envejecimiento constante, y su media de edad pasó de 22,5 en 2000 a 28 en 2020, y se prevé que llegue a 37,5 en 2050, año para el cual se prevé que más del 16 % de la población tendrá 65 años o más.

Su tasa general de fecundidad se corresponde con la media de la región, que es de 2,3 por cada mujer, explicó Vásquez, que destacó las altas cifras de embarazo adolescente que se dan en el país y que duplican el promedio mundial, lo que supone un gran desafío que se debe enfrentar.

RESILIENCIA DEMOGRÁFICA

Desde el UNFPA destacaron que para desarrollar la resiliencia demográfica en el mundo se debe invertir en mejores infraestructuras, educación y atención sanitaria, así como garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Se deben eliminar de manera sistemática las barreras basadas en género, raza, discapacidad, orientación sexual o situación migratoria que impiden que las personas accedan a los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar. EFE

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

Una mujer de 44 años es la segunda víctima mortal argentina del vuelco ayer en Punta Cana de un autobús de excursiones en el que viajaban 50 personas, y nueve connacionales permanecen internados, dos de los cuales están en estado delicado, informaron hoy a Télam fuentes locales de la investigación.

Ayer se había informado el fallecimiento de Valeria Victoria Brovelli, de 33 años, quien estaba allí de vacaciones junto a su esposo, que también resultó herido durante el accidente y permanece internado en un hospital local, pero en las últimas horas se sumó una segunda víctima fatal de nacionalidad argentina.

Según fuentes de la investigación, la segunda víctima fue identificada como Valeria Paola Medina, quien falleció a las 7 de hoy tras una intervención quirúrgica.

El accidente dejó un saldo de tres fallecidos, las dos argentinas y una mujer peruana identificada como Karla Rodríguez Dionisio, de 41 años.

En tanto, nueve personas de nacionalidad argentina permanecían hoy internadas, tres de ellas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales dos se encuentran en “estado delicado” y una “estable”, según la información oficial.

Por otra parte, se indicó que otros tres turistas argentinos que viajaban en el micro accidentado fueron dados de alta esta mañana.

El hecho se produjo en el cruce Domingo Maíz-Miches, en el Boulevard Turístico del Este de la carretera Punta Cana-Miches, una zona ampliamente concurrida por turistas, donde volcó el micro que pertenece a la empresa de transportes Suero Servi-Bus.

CRM con información de la agencia Télam

Resiste cierta singularidad urbana en Montserrat y Constitución gracias a la inmigración de República Dominicana. La especialidad son las peluquerías y barbershops que poblan esos barrios. Dicen que es un rasgo cultural, que en Santo Domingo hay una peluquería por cuadra, pero, además, su presencia vuelve peculiar a esa zona de Capital Federal y aparta el fenómeno de la gentrificación, ese proceso que se produce cuando las clases más populares son desplazadas por la llegada de nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo, como sucedió en Palermo.

Ahora, amenazados por la crisis económica, algunos de esos comerciantes ya no saben si siguen o no en el país. Cuentan haber llegado a la Argentina en lo que perciben como otra época donde pudieron progresar. Se sienten agradecidos por lo que les dio el país, pero para ellos ya no es el mismo.

“Estaba buenísima Argentina cuando llegué acá, en 2014. Ahora es el peor momento, mal. No sé qué hacer. Quizá me voy, quizá me quede, quizá la luche, quizá no”, dijo el peluquero Alejandro Sosa, 37 años, socio en una peluquería y barbershop sobre Avenida Independencia, en Montserrat. La percepción que tienen del decaimiento de la economía pasa principalmente por la devaluación del peso frente al dólar. Entre enero y julio de este año, el peso perdió 24,7% frente al cambio oficial, contra un promedio de 7% de los demás países de la región.

Cuentan estar siempre atentos al cambio, día a día, casi como lo único que acompañan sobre la situación económica de Argentina, pues la mayoría de esos comerciantes mantiene a sus familias en Dominicana y el envío de dinero es en dólar. “Demoro un mes entero trabajando para mandar plata. Antes mandaba quincenal, mi madre y mi hija estaban de risa. Ahora hago un envío mensual, si acaso, pero está la luz, el agua, el ABL, todo. Es increíble. Todo sube”, dice Sosa. 

Es también el caso de la peluquera dominicana María Ramona Concepción, que hace 11 años vive en Argentina. Dueña de una peluquería en Constitución, ella cuenta que con el trabajo acá pudo comprar su casa en Santo Domingo, pero ahora envía menos de la mitad del dinero que mandaba para mantener a su familia. Por eso, está decidida a dejar el país. En la calle San José, desde la esquina con Avenida Independencia, hay cuatro peluquerías de dueños dominicanos. En Montserrat, en la calle Salta al 600, en la misma cuadra, funcionan tres peluquerías, todas de dueños inmigrantes. 

“Mandé algo (de dinero) para arreglar el techo. Para enviar me cobraron un dineral. Los mil pesos de hoy es como si fueran los cien pesos de antes, o quizá menos. Me voy por la situación. El peso no nos rinde para nada. No sirve para enviar a nuestro país”, lamenta Romana, 58 años. Ella asumió como dueña de la peluquería en el 2016, anteriormente el negocio era administrado por una pareja de dominicanos. 

Entre los peluqueros de la zona hay un discurso parejo sobre la inflación. Dicen que no pueden aumentar los precios, al menos según el ritmo de la inflación, por el aumento de la competencia y porque creen que el cliente no va a poder la diferencia. “No podemos subir los precios, alrededor están como nosotros. Si aumentamos nadie va a venir y van a otros lugares más baratos.”. Hace cinco años, Willi Nuñez es peluquero y dueño de una peluquería ubicada en Independencia y San José. El negocio anteriormente era también de dominicanos, hoy Nuñez lo administra junto a su hermano y su madre, que trabaja con ellos como peluquera. “Ahora hay más peluquería y hay más crisis. Por día, atendemos a veinticinco, treinta personas. Antes era mucho más. Con el antiguo dueño el negocio tenía cuatro, cinco peluqueros trabajando”. 

Alejandro Sosa dice mantener la misma política, la de no aumentar los precios según la inflación. Además de la gran cantidad de peluquerías en el barrio. “Puedes aumentar $100 pesos, pero los que están afuera (los clientes) están peor que nosotros. No podemos aumentar más que eso, sino vamos a estar sin cliente. Hay mucha competencia ahora”, explica Sosa.

Luego de trabajar con peluqueros dominicanos en Capital, el venezolano de la ciudad de Valencia, Layonel Navaz, 41 años, abrió su propia peluquería y barbería, en Montserrat, hace poco más de un mes. “Trabajé siempre con dominicanos. Hay muchos dominicanos que trabajan con venezolanos acá. Manejamos casi la misma cultura en relación a la peluquería, nos gusta como trabajan los dominicanos y a ellos les gusta como trabajamos los venezolanos”, cuenta Navaz. Él argumenta, como los demás peluqueros de la zona, que no puede subir los precios de acuerdo al ritmo de la inflación. Y pese a la crisis económica, por los logros hasta hoy alcanzados, Nuñez pretende seguir viviendo en Buenos Aires. 

“Llegué un martes y el miércoles estaba trabajando. Compré un auto y una casa en Venezuela. Mientras pueda quedar me voy a quedar, me gusta Argentina, me gusta su cultura, me gusta su gente”, dice Layonel, que también trabajó como peluquero en Brasil, Panamá, Perú y Colombia. De sus experiencias en Latinoamérica, cuenta haber sufrido xenofobia en Brasil, lo que no le pasó en Buenos Aires. “Nunca he sufrido un problema con un argentino, que me haga xenofobia, mis hijos estudian y a ellos igual”, cuenta contento.  

“Negro sin brillo no es negro”

La cantidad de peluquerías de dueños dominicanos en Montserrat y Constitución se explicaría, en parte, por ser un rasgo cultural de Dominicana. “En casi toda cuadra hay una peluquería allá. Llegamos acá siendo peluqueros. Yo voy dos, tres veces a la semana para mantener mi pelo así. Pero ahora voy solo una vez. La mayoría teníamos negocio allá y abrimos acá”, sostuvo Alejandro Sosa, peluquero en Montserrat.

María Ramona Concepción explicó que, además de que sea un hábito bastante común para las dominicanas frecuentar la peluquería, lo que genera mucha demanda, hay también una cuestión social cuando uno decide abrir un negocio como peluquero. “A nosotras allá nos encanta la peluquería, la belleza. Vivimos ese arte. También dependemos de padres pobres que, quizá, no pudieran darnos estudios y nos dedicamos a hacer algo por nosotras mismas”, opina. 

Para el peluquero venezolano Layonel Navaz, República Dominicana y Venezuela comparten casi la misma cultura en relación a la peluquería, aunque con sus diferencias de estilo. “Ellos tienen un lema, ”negro sin brillo no es negro“. La dominicana tiene cabello corto y en rulos, usan mucha peluca, se adaptan el cabello. Nosotros tenemos el cabello largo, natural y lacio”. Navaz termina la entrevista con un dicho que resume esa costumbre de ir a la peluquería. “Es como dicen, la peluquería es como el cementerio, entran todos”.

 El Estado y la inmigración

 Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Centro de Integración para personas Migrantes y Refugiadas (CIMR-CABA) fueron atendidas, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de este año, 107 familias de origen dominicana, sumando 319 personas en total. De las mismas, el 60% recibió apoyo para revisar los estados de los trámites migratorios, y el 34% iniciaron el proceso para sacar la documentación. El primer CIMR a ser inaugurado en el país fue el de Capital Federal, en junio del año pasado. “En este momento funcionan centros en las ciudades de Rosario y La Plata, así como otros se están instalando”, según Federico Montero de la Secretaría de Derechos Humanos.  

Los CIMR son co-gestionados entre la Dirección Nacional de Equidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados, dos agencias de la ONU. 

El secuestro express es una de las actividades más lucrativas, cotidianas y diversificadas en Haití. Aun la ciudadanía haitiana más pobre paga magros rescates para recuperar a familiares privados de su libertad por los grupos armados que se disputan un territorio nacional sobre el cual el Ejecutivo haitiano ejerce desde la capital Puerto Príncipe una soberanía sólo nominal. El delito se convierte en noticia internacional, y en más que un secuestro extorsivo más, cuando sus víctimas son ciudadanos extranjeros. La poderosa pandilla 400 Mawozo interceptó en suelo de Haití -informaron funcionarios el lunes- a un micro de pasajeros que recorría el trayecto de uno al otro de los dos países en que se divide la isla caribeña. El ómnibus de línea cumplía su recorrido entre la capital dominicana de Santo Domingo y la haitiana de Puerto Príncipe. Y secuestró a 12 personas, entre las que se encontraban 8 ciudadanos turcos

En el micro viajaban 17 personas en total, según informaciones de la compañía de transporte Metro, que confirmó que el secuestro fue realizado por el bien establecido grupo armado 400 Mawozo (‘pariguayo’ o persona sin experiencia) que se organizó en 2016 y que logró un crecimiento exponencial apenas pasados dos años.

Una de las modalidades más utilizada por esta banda para financiarse y pagar a su tropa es precisamente la del redituable secuestro express. Integrantes de la pandilla raptan personas en la vía pública, para luego negociar un precio por la libertad de la víctima. En la nación más empobrecida de América, cuya población mayoritariamente negra desciende de las víctimas africanas de la trata atlántica y del régimen esclavista del Imperio francés, estos rescates son el tributo que más regularmente se paga.

El episodio, que llega a los medios internacionales porque las víctimas son extranjeros, no presenta novedad. Ratifica el poder de las pandillas en Haití y la falta de respuesta del gobierno a la protesta social por el aumento de los secuestros.

Actualmente se estima 400 Mawozo cuenta con 1000 miembros que responden  al  liderazgo del haitiano Joseph Wilson, buscado por la Policía Nacional (PNH) acusado de asesinato, intento de asesinato, secuestro, robo de vehículos y sustracción de camiones de mercancías. La PNH  también persigue el paradero de los lugartenientes de Wilson: Ronald Ainsi Connu, buscado por los mismo cargos de Joseph, y Azouken’n Ainsi Connu, requerido por violación, secuestro y robo a mano armada. Ya habían encontrado Germine Joly, alias 'Yonyon'. Porque sus víctimas no eran sólo haitianos: a principios de este mes fue extraditado a EEUU implicado en delitos de contrabando de armas de guerra y secuestro de ciudadanos norteamericanos. 

El episodio no presenta novedad sino que indica el fortalecimiento de las bandas criminales en el país, donde miles de ciudadanos en marzo marcharon en repudio por el aumento de los secuestros y la falta de acción del gobierno para proteger a la población de las bandas criminales. El actual jefe de gobierno es el primer ministro Ariel Henry, que asumió el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.   

En este último caso, las 12 personas  secuestradas se encontraban en un micro que partió de Santo Domingo, la capital de la vecina República Dominicana, con “un conductor dominicano, una azafata haitiana y diez pasajeros”, dijo Michaelle Durandis, representante de la compañía de micros Metro. Y detalló: “Entre los 10 pasajeros, había ocho turcos y dos haitianos”.

Los cinco hombres y tres mujeres jóvenes, con edades de entre 20 y 26 años, que tienen tienen ciudadanía turca y fueron víctimas del secuestro, militan en una asociación islámica. Ashape ofrece cursos de idioma y educación religiosa. El cónsul honorario de Turquía en Haití, Hugues Josue informó que “Durante el secuestro, bajaban del autobús en el que viajaban y tuvieron tiempo de ponerse en contacto con su organización”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) recibió a los familiares del ciudadano dominicano que conducía el autobús secuestrado y los asesoró  sobre los pasos a seguir en busca de una solución a la situación, para que sea lo más expedita posible aunque la impotencia de los individuos sea la regla en un espacio donde el Estado no consigue hacer respetar las suyas.

AGB con información de agencias, diarios y fuentes

Un diplomático de la República Dominicana acreditado en Haití estaba desaparecido desde el viernes y se temía que hubiera sido secuestrado, por lo que el Gobierno dominicano reclamó una “inmediata investigación” a las autoridades haitianas.

El consejero agrícola Carlos Guillén Tatis “se encuentra desaparecido desde el viernes, cuando viajaba por carretera desde Puerto Príncipe a República Dominicana”, publicó el periódico dominicano Listín Diario, según la agencia de noticias Sputnik.

Fuentes citadas por el medio afirmaron que sospechaban que el diplomático hubiera sido secuestrado pero no revelaron si alguien se había puesto en contacto con familiares.

El embajador dominicano, Faruk Castillo, entregó una nota a la cancillería haitiana en la que solicitó “una inmediata investigación para la liberación sano y salvo” del diplomático.

La nota señala que Guillén “aparentemente habría sido secuestrado el pasado viernes” a mediodía “en el área de Croix des Bouquets”, a unos 11 kilómetros al este de Puerto Príncipe, mientras se dirigía hacia la República Dominicana. Hasta esta tarde, el gobierno de Haití no se había pronunciado sobre el hecho.

Haití vive un resurgimiento de la violencia, con aumento de secuestros y asesinatos, mientras las bandas armadas se disputan zonas estratégicas del país, provocando desplazamientos forzados y la muerte de decenas de civiles.

MB con información de agencia de noticias Télam

La total militarización de la frontera entre la República Dominicana y la República de Haití, de 376 kilómetros de longitud, y el control mafioso del paso que contará por orden del presidente dominicano Luis Abinader  de una “doble verja perimetral” no impide que el Ejército con inspectores de Migración, detengan a otros 560 haitianos que cruzaron la frontera sin permisos, con lo que se eleva a 1.055 arrestados sólo durante la primera semana de septiembre .

La colonia española de Santo Domingo – luego República Dominicana-  , que los pueblos originarios taínos llamaron la Quisqueya, “gran madre de la tierra”, fue el asentamiento inicial de los conquistadores europeos en las Américas, entre ellos el teólogo y jurista dominico fray Bartolomé de Las Casas - el primero en denunciar los crímenes contra los indios en su Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. Tuvo la primera iglesia en el Nuevo Mundo y la primera en recibir a los negros secuestrados en África para ser esclavizados en las plantaciones de caña de azúcar.

El país ubicado en la parte central y oriental de la isla Española, comparte con la República de Haití, ex colonia francesa de Saint Domingue, una frontera de 376 kilómetros heredada de la época colonial que ilustra la independencia de República Dominicana por separación de Haití, después de la “independencia efímera” de España en 1821 cuando se autodenominó Estado del Haití Español y luego afiliada a la Gran Colombia de Bolívar. Haití, la primera revolución independentista del continente que culminó con la liberación de los esclavos negros y la instauración en 1804 de la Primera República negra del mundo, en 1822 invadió la población dominicana con el firme propósito de hacer de La Española un territorio único e indivisible. 

“Huyó todo el que pudo hacia tierras extrañas”, escribió el gran intelectual dominicano, Pedro Henríquez Ureña sobre el momento de la llegada de los haitianos a la parte hispanohablante de la isla. “Se cerró definitivamente la universidad; población y conventos abandonados quedaron pronto en ruinas... todo hacía pensar que la civilización española había muerto en la isla predilecta del Descubridor”. Desde entonces, un sentimiento contrario a los haitianos fue creciente por las medidas dirigidas a un destino manifiesto de “haitinización” de la población dominicana. En contrapartida, las elites de la sociedad dominicana alimentaron un discurso nacionalista centrado en el antihaitianismo valido de pares antagónicos, catolicismo vs vudú, castellano vs creóle, población blanca vs población negra. 

En 1844, con el  “Trabucazo de la Independencia” se declaró la independencia de la República Dominicana. En los años siguientes, la zona fronteriza incrementó actividades económicas y comerciales, muchas en las ferias de Cabo Haitiano y Puerto Príncipe. La moneda más utilizada en los intercambios fue la gourde haitiana y las transacciones en creole. Paulatinamente, la radicación de familias dominicanas y algunas familias haitianas radicadas en Dajabón favoreció una sociedad fronteriza bilingüe y con una cultura común.

Con la invasión de los EEUU, en 1915 Haití y en 1916 República Dominicana,  los aduaneros estadounidenses impusieron el uso de documentos para cruzarla. Tras el acuerdo “Huges-Peynado” para la salida de las tropas estadounidenses, se implementaron varias medidas en vista a intensificar la presencia del estado dominicano en la zona.

Con el gobierno autoritario de Rafael Leónicas Trujillo (1930-1961) , un mulato de piel clara, nieto de una mujer haitiana, las fronteras fueron rediseñadas a través de genocidio y etnonacionalismo en una escala sin precedentes. Utilizó la legitimidad de los eruditos e intelectuales para reescribir la historia de República Dominicana conforme a un modelo de identidad apropiado para sus intereses. Haití como una peligrosa amenaza, y desconsideró la histórica colaboración entre dominicanos y haitianos. Si desde los inicios de la República, los indígenas pasaron a representar una categoría no blanca, pero tampoco negra, con una percepción diferenciada del mulato que no hacía ninguna alusión a cualquier herencia africana, esta visión fue exacerbada en el gobierno de Trujillo. La narrativa de las descripciones de la barbarie del haitiano negro, inculto, practicante del vudú y enemigo de la gran Nación dominicana eran frecuentes y fueron incorporadas  en la vasta obra xenofóbica  de la ‘era Trujillo’ por importantes figuras, en particular: Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer .

En octubre de 1937, Trujillo ordenó la masacre haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana - cuya cifra fue de 35 000 según el  historiador dominicano Bernardo Vega-, como parte del programa de “dominicanización” de la frontera. Este crimen de lesa humanidad fue conocido como la Masacre de Perejil.  La guardia dominicana usó la pronunciación de la “r” intervocálica para decidir quién era “haitiano” de origen africano, francófono o de lengua crèole. Y exigían que los detenidos dijeran “perejil” por la supuesta inhabilidad para pronunciar la relativamente suave “r” en español como indicador de la identidad haitiana. Una letra podía significar la vida, o la sentencia de muerte.

Fiestas y chivos  

El dictador – novelado en varios libros, entre ellos el del Premio Nobel Mario Vargas Llosa La fiesta del chivo, un título acorde al carácter depredador del personaje-  abonó el odio separando a los pueblos por presuntas “etnias”. La antropóloga dominicana Saudi García sostiene que “Trujillo llevó a cabo un programa de inspiración nazi que llamó ‘dominicanización' de la frontera. Y los Gobiernos de República Dominicana, hasta hoy, se han encargado de cultivar esa animosidad en las comunidades fronterizas falsificando la historia, creando la leyenda de una permanente amenaza”. García, miembro de In Cultured Company, arguye que los intereses políticos y económicos crearon un enemigo como fórmula de sobrevivencia de grupos de poder sintetizado en el concepto de “invasión haitiana” desmentido por los hechos. Los guerrilleros luchadores nacionalistas contra la primera ocupación norteamericana (entre 1915 -1934 en Haití y entre 1916 - 1925 en República Dominicana) colaborarían entre uno y otro lado de la frontera. En 1965, cuando EEUU volvió a invadir Santo Domingo, numerosos combatientes haitianos tuvieron una destacada participación. El gobierno dominicano de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)  dispuso el primer y más grande centro de acogida de los desplazados cuando Haití fue asolada por el terremoto devastador en 2010. Sin embargo, en 2015 un comunicado oficial del gobierno dominicano presidido por Danilo Medina (PLD)  se refirió a los inmigrantes haitianos y haitianas como personas que han cruzado a República Dominicana “como Pedro por su casa”; calificándolos como “carga”, “fardo”. Más sencillo poner en peligro a los cientos de miles de inmigrantes haitianos que explicar el destino final de los U$S 92 millones pagados por Odebrecht en sobornos y la laxitud  de la  justicia, encausando solo a 14 funcionarios en libertad condicional.

Simpatizantes de estos conceptos alienantes, un grupo de dirigentes políticos, congresistas, periodistas y hacedores de opinión pidieron a  la ciudadanía un millón de firmas para apoyar la construcción de un muro fronterizo que separe ambos países. De hormigón armado y 6 metros de altura que cubra los 382 kilómetros lineales de la frontera domínico-haitiana. Un millón de veces el costo de la canasta básica de sobrevivencia de los que viven en condiciones de pobreza en República Dominicana. Un muro que atravesará cinco provincias donde hay más letrinas que sanitarios, más cubetas que acueductos y más ranchetas que casas dignas. 

Cuando el ex presidente Trump propuso modificar la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU con el objetivo de que los hijos/as de inmigrantes sin papeles no tengan derecho a la ciudadanía quizás ignoraba que tenía un precursor. En 2013, República Dominicana incorporó a la Constitución la sentencia 168-13 que decide que todo dominicano/a hijo/a de inmigrantes indocumentados nacidos desde 1929 en adelante dejaban de ser dominicanos, tuvieran o no documentos. También en 2010, ilegalizó el aborto en todas sus formas y proscribió uniones legales entre personas del mismo sexo

Este año, el actual presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM),  que apenas asumió -en agosto 2020- debió  la pandemia del Covid, en su informe anual de gestión, anunció la construcción del muro que incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Y confirmó que en el mes de octubre se iniciará la obra. El anuncio resonó en un panorama donde los reclamos sociales por las desigualdades de género y la interrupción voluntaria del embarazo, medio ambientes, salud, educación,  y combate contra la corrupción están sin resolver

Sin embargo,  la segunda semana de este mes , un enorme operativo llamado Operación Falcón liderado por la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Droga (NCD), con apoyo de la DEA de EEUU, contra una poderosa banda de narcotráfico que costó el arresto del director de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro y otros funcionarios.  Y el presidente Abinader reiteró enfáticamente el compromiso de su gobierno de luchar contra el narcotráfico y la criminalidad.

Dos temas quedan con reservas para este gobierno: los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la restitución de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia 168 de extremo de racismo institucional.

William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, sostuvo  “Es una persecución permanente. Lamentamos realmente que un Gobierno que dice ser de cambio, no esté respetando mínimamente la dignidad y el derecho de los inmigrantes en la República Dominicana”.

En República Dominicana viven 10,5 millones de personas, de ellos, 500.000“.  son haitianos. Pero el éxodo no solo se registra hacia el país vecino, miles transitan por países de América Latina huyendo de la desigualdad, pobreza y crisis institucional  - principalmente después del asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Haití recibió vacunas AstraZeneca contra el Covid-19 por parte del gobierno dominicano, que también entregó dosis a Honduras y Guatemala, los tres países menos inmunizados de Centroamérica y el Caribe, junto a Venezuela. En tanto, el país que inició la construcción del muro, reabre sus fronteras y  recupera el 96% de turismo pre pandemia.

República Dominicana solicitó este domingo a la comunidad internacional que ayude a crear un “ambiente favorable” para la realización de un diálogo político en Haití, en medio de la crisis agravada por el reciente asesinato del presidente Jovenel Moise.

“Simpatizamos con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa”, dijo el gobierno dominicano en un comunicado de su cancillería.

El documento manifestó la “preocupación” de la autoridades dominicanas por la crisis que “desborda el marco constitucional” de Haití, según la agencia de noticias AFP.

“Reiteramos el llamado a la comunidad internacional para que contribuya en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este imperioso diálogo”, agregó.

El texto subrayó la necesidad de “un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo”, y advirtió que ello “solo será posible a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe”.

La República Dominicana y Haití comparten la isla caribeña La Española y tienen una frontera de unos 390 kilómetros por donde pasa un enorme flujo irregular, principalmente de inmigrantes haitianos en busca de mejores condiciones de vida.

Tras el asesinato de Moise a manos de presuntos mercenarios extranjeros, el 7 de este mes, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó el refuerzo militar y el cierre “inmediato” de la frontera para el tránsito de vehículos y personas.

Una semana después, las autoridades dominicanas reiniciaron las exportaciones hacia Haití para evitar un “desabastecimiento general” que provocara “inestabilidad social y flujos migratorios”.

Con información de la agencia Télam

CRM