El fiscal Guillermo Marijuán comenzó una investigación hacia el empresario Foster Gillett, y su socio en Argentina Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en numerosas transferencias de jugadores.

Según trascendió, el propio fiscal fue quien ordenó medidas de prueba, que serán remitidas para que sean investigadas por un juez.

El magnate estadounidense llegó al fútbol argentino con el objetivo de financiar importantes proyectos con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, como aliado.

Si bien en un principio su introducción en el país generó debate y varias opiniones contrapuestas con respecto a si las Sociedades Anónimas Deportivas podrían funcionar en el deporte local, desde las últimas semanas su nombre estuvo envuelto en polémicas.

Asimismo, River denunció tanto a Gillett como a Tofoni (pareja de Juliana Santillán, diputada de LLA) por “graves perjuicios al patrimonio” por el pase trunco del mediocampista del conjunto de Núñez Rodrigo Villagra al “Pincha” valuado en 10 millones de dólares, quien finalmente fue vendido al CSKA de Moscú por un monto muy inferior.

Además de la controversia con respecto a la transferencia del ex Talleres de Córdoba, el empresario norteamericano será investigado por las negociaciones de Cristian Medina, Valentín Gómez (quién tuvo que regresar a Vélez luego de que Gillett no depositara el dinero para que sea nuevo refuerzo del Udinese de Italia) y Gonzalo Piovi.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la desaparición del niño Loan Peña.

La denuncia del representante del Ministerio Público también alcanza al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.

Con esta presentación, la desaparición del niño ocurrida el pasado 13 de junio llegó formalmente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Para todos los apuntados, el fiscal pide una investigación por los delitos de presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa quedó por sorteo en manos del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello.

El gobernador radical de Corrientes quedó en medio de la polémica semanas atrás cuando anticipó en sus redes sociales que la tía del niño desparecido, Laudelina Peña, había denunciado amenazas de parte de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes según ella habían atropellado a Loan.

“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, aseguró el mandatario provincial el 29 de junio, y agregó: “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

José Peña, el padre de Loan, celebró la denuncia contra el gobernador Valdés. “Es una gran noticia. No podía creerlo”, resaltó a NA el papá del niño que ya lleva 40 días lejos de su casa.

MM con información de la agencia NA.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió hoy declaración indagatoria a la presidenta del Banco Nación (BNA) y ex ministra de Economía, Silvina Batakis en la causa por presuntas contrataciones irregulares en la entidad bancaria. “Dos de las máximas autoridades del Banco de la Nación Argentina, su Presidenta Silvina Aída Batakis y su Gerenta General María del Carmen Barros, a espaldas del Directorio, procuraron la contratación directo por especialidad de Verónica Laura Asad ─en dos oportunidades─, que incumplía con los requisitos previstos por el Régimen de Compras y Contrataciones del BNA”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

“Sustrajeron caudales públicos cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo y se interesaron en miras de beneficios propios ─para Barros a través de los incrementos de los adicionales para el cálculo de sus haberes y de las contrataciones directas─ así como beneficios de terceros ─con los nombramientos de (Héctor) Silva, (Maximiliano) Piantanida, (Juan Pablo) Pedemonte, (Juan Manuel) Romero y con la contratación de Asad”, agregó el letrado.

Según indicó ante la Justicia, tales maniobras fueron posibles gracias a la intervención de Piantanida y María Alejandra Closas, que se desempeña como Gerente y Subgerente del Departamento de Relaciones Laborales y Gestión de Talento. “Actuaron activa y abusivamente en el ejercicio de sus competencias propiciando, justificando y dando conformidad a las operaciones señaladas”, advirtió.

Los acusados serán indagados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociones incompatibles con la función pública en el marco de la denuncia presentada por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.

En el escrito presentado por la dirigente opositora, se subrayaba los intereses familiares detrás de algunos nombramientos: Héctor Silva es señalado como el “ex marido de Silvina Aída Batakis” y Juan Pedemonte como hijo de Barros.

ACM con información de agencias.

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez, confirmó una fuente directa del caso a elDiarioAR.

Casanello dispuso decretar el sobreseimiento “declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la Vicepresidenta, según la resolución, de tres carillas, a la que tuvo acceso Télam, y en la que el juez se remitió al dictamen del fiscal del caso Guillermo Marijuan y a la postura coincidente de las querellas de la UIF y la AFIP, que se pronunciaron por el sobreseimiento

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos”, concluyó el magistrado.

El fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido el pasado miércoles el sobreseimiento de la Vicepresidenta en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal había dejado asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró, en una entrevista televisiva para C5N, que no existen pruebas directas para asociar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado Lázaro Báez. Además, acusó a ex funcionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de la ex mandataria.

“Se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones. Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra”, explicó el fiscal para justificar por qué pidió el sobreseimiento de la ex presidenta después de 10 años de investigación.

Durante la entrevista en C5N, Marijuan también se refirió al pedido que presentó hoy la Asociación Civil Bases Republicanas ante el juez federal Sebastián Casanello para ser querellantes y exigir que se continúe con la investigación a Cristina Fernández de Kirchner. “Están planteando la posibilidad de ser querellantes. Intentar, si se les reconoce esa condición, apelar lo que eventualmente se decida o plantear la nulidad de mi pedido de sobreseimiento respecto de la expresidenta. Si no lo logran, tratarán de hacerlo en la Cámara Federal”, indicó.

El consejo directivo de la agrupación está a cargo del ex secretario de Legal y Técnica del Gobierno de Mauricio Macri, Pablo Clausellas y, como presidenta en uso de licencia, a la consejera de la magistratura, ex subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF), Jimena de La Torre. En este contexto, el fiscal acusó también a los ex miembros de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, de escudarse detrás de la asociación para “aplicar una chicana procesal”.

“Van a tener que explicar cómo las maniobras de Lázaro los perjudicaba a ellos si pretenden ser tenidos por querellantes. Las pruebas que yo digo que no existen no lo van a poder revertir. No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta de este dinero. Corresponde su sobreseimiento”, concluyó.

ACM con información de agencias.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

LC con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes en la Casa Rosada con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto al secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, en medio de la tensión por las posibles bajas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por irregularidades.

De acuerdo a la información recogida por elDiarioAR, tras la movilización que incluyó cortes en el puente Pueyrredón, el Gobierno buscó “destrabar” el conflicto que comenzó a incrementarse en las últimas horas ante la posibilidad de que Desarrollo Social optara por no liquidar el padrón al no conocer las identidades de quienes presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo y se acordó que no va haber baja de planes, tal como estaba motorizando la ministra hasta este jueves, de unas 200 mil personas que, supuestamente, tenían bienes a su nombre, cobraban hasta dos salarios mínimos o habían comprado dólares.

Sí quedó firme la decisión de dar de baja a los casi 3.000 casos irregulares que Tolosa Paz anunció hace dos semanas en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, cuando la ministra brindó precisiones sobre datos difundidos por algunos medios de comunicación sobre un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan Potenciar Trabajo, lo que motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal y solicitara que se cumpla con la suspensión de planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias.

En esa oportunidad, la funcionaria detalló que se había detectado que en el 0,3% de quien reciben el plan Potenciar Trabajo “hay incompatibilidades y falta de cumplimientos de las normas que rigen tanto en el ingreso como en el sostenimiento dentro del programa, mientras que el 99,7% está lejos de estas actitudes y los queremos seguir cuidando y protegiendo”. Y precisó: “Encontramos incompatibilidades en 3.190 beneficiarios de los cuales 2.098 adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito, mientras que otros 947 titulares que consumieron con tarjeta de crédito en un promedio de entre 15 y 100 dólares mensuales en los 26 meses analizados, serán suspendidos de la percepción del programa y puestos en evaluación y análisis por los equipos técnicos del ministerio, para determinar si corresponde o no considerarlos destinatarios del Potenciar Trabajo”.

Con respecto de las 2.098 personas detectadas que adquirieron divisas por 864.828 dólares, y que lo hicieron en los últimos 6 meses, la ministra indicó que 430 titulares se hicieron de 293.413 dólares, y agregó que la mitad de ese monto (un poco más de 130 mil dólares) fue adquirido por 23 personas. Además en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito, detalló la funcionaria.

Los movimientos seguirán en alerta

A pesar de la reunión, desde los movimientos sociales, tanto los más cercanos al oficialismo como los opositores, admiten que la tensión con el Gobierno no cambia y coinciden en que Tolosa Paz “quedó muy desacreditada”.

De acuerdo a los integrantes de las agrupaciones que siguen en estado de alerta y movilización, hay “muchos casos de compañeros que tienen Netflix, Spotify o le bajaron jueguito a sus celulares, o compraron 1 dolar como amuleto, de la buena suerte, que no lo tienen en papel pero sí en la billetera virtual. o hay muchos compañeros migrantes que le mandan plata a sus familias. esas no son incompatibilidades establecidas por la normativa”, reclamaron.

Asimismo, confirmaron que por ahora “se mantiene en pie la protesta del próximo miércoles. La UTEP definirá qué hacer, porque aún no está asegurado el bono de fin de año. La agenda de lucha sigue abierta. Seguimos en alerta y movilización”, advirtieron.

El encuentro con el Presidente, que se realizó en medio de un gran hermetismo, tuvo lugar a horas de que militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, se manifestaran en Puente Pueyrredón y anunciaran un plan de lucha en todo el país para el próximo miércoles.

Las protestas de este viernes

Los movimientos sociales del oficialismo y la oposición protestaron con cortes en el Puente Pueyrredón y distintos puntos del centro porteño ante el temor a que se corten planes Potenciar Trabajo, en medio del relevamiento que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

“No somos cómplices del ajuste. El Presidente, el ministro de Economía (Sergio Massa) y la ministra de Desarrollo Social tienen que entender que entre los compañeros y el Gobierno elegimos a los compañeros. Esperemos no tener que pasar la nochebuena en la 9 de Julio. Esto recién empieza”, enfatizó el secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato.

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz y Pérsico por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” debido a irregularidades en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo.

La presentación de Marijuan se debió a que, tras conocerse las irregularidades por un entrecruzamiento realizado por AFIP de 250 mil planes, la funcionaria nacional anunció que sólo daría de baja unos 2.500.

MC/IG

El fiscal Guillermo Marijuan realizó este viernes una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por supuestas irregularidades en el manejo de los planes sociales, particularmente del programa Potenciar Trabajo.

En su presentación ante la Justicia, Marijuan acusa a la funcionaria de no haber dado de baja a los 253.184 inscriptos a dicho programa que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular, y fue abierta una investigación por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia por parte del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 también incluye a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y actual secretario de la Economía Social, sumándolo al otro expediente instruido por el fiscal Eduardo Taiano.

Marijuan imputa a Tolosa Paz y a Pérsico en su demanda por “conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal”.

El documento presentado ante la Justicia Federal señala que el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 beneficiarios (un 18,30% del total) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en sus declaraciones juradas de Bienes Personales. Además, se especificó que 35.398 personas (2,56%) habrían comprado dólares como forma de ahorro en los últimos seis meses.

Según la presentación, se investigaron los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta que las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales son “incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables”.

De la investigación surgió que había 2800 personas fallecidas que continuaban cobrando el plan, un número que el Poder Ejecutivo redujo a 300. Sin embargo, también se verificaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 km, entre otras irregularidades.

Marijuan sostiene que más de un quinto de los beneficiarios no debían estar cobrando dicho programa, que representa un gasto de casi 7000 millones de pesos por mes al Estado Nacional.

En base a dos informes proporcionados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el fiscal pidió la suspensión de esos 253.184 planes. Por su parte, Tolosa Paz, al frente de la cartera hace poco más de un mes, dio de baja a apenas 2243 beneficiarios.

LC

La causa que abrió el fiscal Guillermo Marijuan por supuestas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo avanzó este lunes con la declaración testimonial del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, un funcionario de confianza de Cristina Kirchner. El ex mano derecha de Alicia Kirchner justamente en el Ministerio de Desarrollo Social, ratificó el contenido de los informes que le envió en su momento a Juan Zabaleta sobre los beneficiarios de los planes sociales, y donde se detectaba que habría unos 250 mil casos con irregularidades.

Castagneto explicó ante el fiscal que se trató de datos estadísticos con los que cuenta el organismo y que se entregaron “respetando el secreto fiscal”, según dijo posteriormente a la prensa.

El jefe de la agencia tributaria se presentó este mediodía en los tribunales federales de Retiro y estuvo casi una hora en el despacho del fiscal en el quinto piso del edificio. Respondió bajo juramento de verdad sobre esos informes, que fueron cuestionados por la actual ministra, Victoria Tolosa Paz.

“Dimos datos estadísticos, no emitimos opinión”, sostuvo Castagneto. Recordó que recibieron pedidos de informes por parte de Desarrollo Social y que los respondieron “técnicamente”, como parte de los procedimientos que se siguen con todos los requerimientos similares que llegan al organismo.

“Son datos estadísticos”, dijo sobre esos informes el funcionario, quien, ante Marijuan, contestó una decena de preguntas vinculadas al contenido. “Se le contestó en la misma índole usando la base de datos y cumpliendo con el secreto fiscal. Dimos datos estadísticas sin emitir opinión sino que se respondieron los puntos requeridos”, dijo el titular de la AFIP sobre los informes solicitados por el Ministerio.

“Nosotros no somos ente ejecutor, contesté las preguntas y las respuestas fueron técnicas”, dijo Castagneto quien evitó hablar de las supuestas irregularidades que tienen que ver con que muchos beneficiarios cobran el plan, pese a que son titulares de bienes inmuebles, o bien han comprado dólares o hasta perciben un salario, que le es incompatible con la percepción del mismo.

Hace dos semanas, la ministra Tolosa Paz, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, precisó que sólo se detectaron irregularidades en el 0,3% de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo. Además, según supo elDiarioAR, la polémica sobre el Potenciar Trabajo puso en guardia a las “orgas”, que a través de cooperativas agrupan a la mayoría de los beneficiarios del plan. El Movimiento Evita es la agrupación más grande –se estima que tiene unos 120 mil planes– y su máximo referente, Emilio Pérsico, está a cargo de la secretaría de Economía Social, que maneja el programa.

Tolosa Paz negó que la cifra de irregularidades “sea de 253.000 casos” y contó que “fueron 2.243 beneficiarios que compraron moneda extranjera o hicieron operaciones en moneda extranjera” y “no más de 35.000 como dijeron en un informe”. Argumentó que los casos que detectó el ministerio fueron por un cruce entre el informe de la AFIP y las operaciones detectadas por el Banco Central.

Este lunes tenía que dar testimonio el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero aplazó su declaración hasta mañana. Hará uso de su derecho a declarar por escrito y el fiscal le remitió un pliego de 12 preguntas.

Con información de Télam y NA

El Gobierno intentó poner fin al escándalo de los planes sociales, luego de que trascendiera que había beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habían comprado dólares. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que se darán de baja más de 2000 planes cuyos beneficiarios se comprobó que habían realizado operaciones con moneda extranjera, algo prohibido en la reglamentación oficial.

La funcionaria intentó echar por tierra la polémica de las últimas dos semanas, al remarcar que ese universo de irregulares alcanza solo a un 0,3% de los 1,3 millones de personas que tiene el beneficio, a contraprestación de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas. Por mes, los beneficiarios cobran unos 25 mil pesos, la mitad del salario básico.

Según denunció el fiscal Guillermo Marijuan, basándose en un informe de la AFIP, eran más de 250 mil beneficiarios los que compraron dólares, además de que hubo aproximadamente 2.800 personas fallecidas que continuaban cobrando la asistencia –entre otras supuestas irregularidades–. Por ahora, la denuncia no fue impulsada por el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde recayó la acusación del fiscal.  

“Hay un universo pequeño, de tan solo el 0,3% que por algún motivo no han cumplimentado parte de las condiciones para mantenerse en el programa. Vamos a ser inflexibles con las incompatibilidades y falta de cumplimiento de las normas para el sostenimiento del Potenciar Trabajo”, aclaró Tolosa Paz en una conferencia de prensa que brindó este viernes por la tarde desde la Casa Rosada. En contraposición, sostuvo que “al 99,7% de las personas que están dentro del Potenciar Trabajo les corresponden los ingresos”.

La ministra dio detalles sobre el cruce de datos que exigió puertas adentro para corroborar el informe de la AFIP que se había filtrado la semana pasada. Concretamente se dieron de baja a 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. Apuntó que 2.098 personas adquirieron dólar ahorro y 145 realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito. Estos últimos movimientos los relacionó con la adquisición de suscripciones a plataformas de contenidos audiovisuales digitales. 

“No se permitirá la doble estigmatización de los beneficiarios de los programas sociales y de quienes los administran”, dijo Tolosa Paz para bajarle el tono a la polémica, que reveló una trama de acusaciones políticas en línea con la interna abierta en el oficialismo. 

Según fuentes del ministerio consultadas por elDiarioAR, el informe de la AFIP se trató de “una operación” para perjudicar a la titular de la cartera y al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuya secretaría de Economía Social es la que maneja el Potenciar. El dato para entender la interna es que el jefe de la agencia tributaria es Carlos Castagneto, hombre de confianza de Cristina Kirchner, que tiene un encono propio con los movimientos sociales. Ayer el funcionario estuvo en el acto de la vicepresidenta en La Plata.

“Hemos instruido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. 2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito”, dijo la ministra en su exposición que luego amplió por Twitter. “En los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo han consumido 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito. Gran parte de ese universo ha tenido consumos muy pequeños que pueden ser atribuidos a licencias de acceso a plataformas de entretenimiento online”, agregó.

“145 personas realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107. No hay duda alguna de que es una condición para la baja inmediata de estos casos”, añadió. Y completó: “Hay 947 titulares que consumieron con tarjeta de crédito en un promedio de entre 15 y 100 dólares mensuales en los 26 meses analizados. Serán suspendidos de la percepción del programa y puestos en evaluación y análisis por los equipos técnicos del ministerio”.

Entre otras medidas sobre los planes, Tolosa Paz anunció que hará una auditoría interna sobre los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa. Y desde el 22 de noviembre estará disponible tanto en la app como en la web de MI ARGENTINA un aplicativo para realizar, en forma gratuita, transparente y obligatoria, la revalidación biométrica de identidad de los titulares del Potenciar Trabajo. Aseguró que el plazo para realizar la revalidación es el 6 de enero de 2023. Si los beneficiarios no lo hacen hasta ese momento, quedarán excluidos del programa.

MC

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes investigar la irregularidad en los planes sociales que el Ministerio de Desarrollo Social otorgó a un grupo de personas que percibe el programa Potenciar Trabajo, ya que se detectó que más de 250 mil beneficiarios compraron dólares.

Marijuan denunció estos hechos a raíz de una investigación preliminar que inició por una publicación periodística, donde por entrecruzamiento de datos de la AFIP se detectó que 250 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo adquirieron dólares o bien denunciaron ganancias, lo que los hace incompatibles para percibirlos.

Además, el fiscal remarcó que de dicho informe se pudo saber que aproximadamente 2.800 personas fallecidas continuaban cobrando la asistencia. Como medida de prueba, Marijuan le pidió al Ministerio de Desarrollo Social que dé de baja esos planes que se consideran irregulares.

“El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”, detalló el fiscal.

El funcionario judicial describe en su denuncia que la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social o el Banco Central no permite percibir un plan social para quienes adquieran dinero en moneda extranjera, o bien denuncien ser titular de un automotor con antigüedad menor a diez años, embarcaciones o aeronaves.

Marijuan pidió iniciar una investigación por fraude a la administración pública y que “se proceda de manera inmediata a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la AFIP que suspendan la totalidad de los planes involucrados y cuya nómina es secreta y reservada de la AFIP, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan, que actualmente no aparecen correlacionados con las bases de datos del Estado Nacional”.

Aunque la denuncia no se refiere a ninguna persona en particular, el fiscal apunta a los dirigentes piqueteros que podrían verse involucrados y, como medida de prueba, sugirió profundizar esa parte de la investigación. Por eso, pidió que se exija al Banco Central “respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.

Por último, solicitó que “se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia”.

LC con información de agencia NA

En una resolución sobre la causa conocida como la Ruta del dinero K, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens pidió que se consideren otros expedientes que investigan casos de presunta corrupción en los que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para Llorens, todas las causas deben ser investigadas bajo lo que considera “un único designio criminal”. Según el temperamento del camarista, deberían investigarse de manera “conglobada” las causas por el direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz –conocida como Vialidad, actualmente en juicio- , Hotesur y Los Sauces –que investiga lavado de dinero- y la causa por sobornos conocida como los cuadernos de las coimas.

El pedido de Llorens se conoció en  un fallo por medio del cual la Cámara federal rechazó una apelación presentada por los abogados de vicepresidenta, recurso que fue más tarde inesperadamente retirado como parte de una estrategia de la defensa. La apelación, presentada por el abogado Carlos Berladi, buscaba originalmente revertir el rechazo del juez federal Sebastián Casanello al sobreseimiento de la ex presidenta en la causa.

La vicepresidenta había solicitado a finales de junio su sobreseimiento en la causa. Pero el juez Casanello rechazó su pedido al considerar que aún había medidas en curso y que la investigación no estaba agotada. La ex presidenta está imputada en la causa por presunto lavado de dinero: en la causa principal, Báez fue condenado junto con sus hijos por ese delito en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4; el tribunal probó que Báez lavó 55 millones de dólares que provenían de la obra pública.

Tras el rechazo del juez Casanello, loa abogados de la vicepresidenta apelaron a la Cámara, pero desistieron de hacerlo ante lo que anticipaban como un fallo adverso. El fallo de este martes, que lleva la firma también la firma del camarista Eduardo Farah, dio finalmente por desistido el recurso de apelación.

En un apartado de la resolución de la Cámara, el juez Llorens sostiene que “corresponde –de manera urgente– que el juez reasuma la instrucción –en este aletargado proceso– para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato”. Y dice que se deberá analizar “la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal, como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se trata de distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados”.

El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, cree que hay relación entre lavado de dinero por el que fue condenado Báez y la vicepresidenta.

CC

El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió hoy la citación a indagatoria del diputado nacional y exministro del Interior del Gobierno de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio, en una causa en la que se investiga si como funcionario público benefició a una empresa dedicada al rubro inmobiliario en la que había invertido su dinero personal.

El fiscal presentó el pedido de indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de un expediente que se inició a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, informaron fuentes judiciales.

La maniobra que se le achaca en la denuncia al exministro Frigerio y a uno de sus excolaboradores, Alejandro Oscar Caldarelli, habría consistido en beneficiar a la empresa Koolhaas S.A. para que se impusiera en la subasta de un inmueble del cual se iba a desprender el Estado nacional, a la vez que había invertido (y volvería a hacerlo) en la compra de departamentos desde el pozo en emprendimientos de esa firma.

“Como ya fue expuesto, el día 23 de junio de 2017 el entonces ministro a cargo del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda –Rogelio Frigerio- dictó la Decisión Administrativa DA-2017-430-APN-JGM mediante la cual se aprobó el procedimiento de subasta ya referenciado y la adjudicación a favor de la firma 'Koolhaas S.A.' de un inmueble con una superficie de terreno aproximada de 5092 mt2, ubicado en la calle Fitz Roy N° 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, detalló Marijuan en su dictamen.

“Sin que haya transcurrido un mes de ese acto administrativo, los funcionarios públicos Frigerio y Caldarelli –junto con otra persona de nombre Roberto Oscar Foco- realizaron una inversión de U$S 776.000 firmando un compromiso de 'reserva de compra' para el emprendimiento inmobiliario a realizarse por 'Koolhaas S.A.' sobre el terreno adquirido; situación que robustece la hipótesis delictiva inicial relacionada con la existencia de un interés real y concreto por parte de los funcionarios públicos en el resultado de la subasta y la consecuente adjudicación del inmueble a favor de esa sociedad”, remarcó el fiscal.

Además recordó que, antes de la subasta y de la segunda inversión, ambos funcionarios públicos sospechados habían invertido en el desarrollo del edificio de la calle Arcos 2646 de esta capital, proyecto también llevado adelante por los accionistas de Koolhas, aunque bajo otra razón social.

“En orden a lo desarrollado, entiendo que la prueba colectada durante la instrucción de esta causa permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones e inversiones efectuadas por Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli con las firmas 'Arcos 2646 S.A.' y 'Koolhaas S.A.', sociedades contraladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, resultando la última de ellas adjudicataria en la Subasta Pública N°1/2017 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado”, concluyó Marijuan.

La causa se inició a partir de una denuncia penal formulada por la OA después de analizar las declaraciones juradas de los funcionarios investigados tras recibir una denuncia anónima.

Allí se señaló que al momento de ocurridos los hechos Frigerio era ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda mientras que Caldarelli se desempeñaba en la secretaría de Provincias de esa cartera.

Caldarelli, además, era presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional e integraba la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Queda claro que el 23 de junio de 2017 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat”, se sostuvo en aquella denuncia.

Por su parte, Frigerio rechazó la denuncia y señaló en la red social Twitter que “es una nueva operación del kirchnerismo que nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por La Cámpora. ¡Hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así!”.

“No hay ninguna chance que logren amedrentarnos, vamos a seguir trabajando por la Argentina y por la provincia Entre Ríos que queremos y nos merecemos”, agregó el diputado y exministro del Interior macrista.

La OA había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho”.

Meses atrás, y a pedido del fiscal Marijuan, se libraron distintas órdenes para buscar documentación en las firmas “Koolhaas SA”, “Arcos 2646 SA” y “Mirabilia Inversiones SA”, ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo, y se encomendó la tarea a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal.

DA con información de Télam

El largo camino para desentrañar la pista suiza, que conecta los movimientos millonarios de Lázaro Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, suma un nuevo capítulo, que se definirá en los próximos días: el juez federal Sebastián Casanello debe decidir si procesa por lavado de dinero al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, principal responsable de las sociedades Helvetic Service Group y Swisser AG, que operaron durante una década en Argentina moviendo millones de dólares de empresas y empresarios locales.

Ramos y la pista suiza conectan dos causas judiciales que tramitan en Comodoro Py 2002: una vieja conocida, el expediente que nació en 2013 contra el empresario patagónico y exsocio de la familia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Casanello; y otra causa iniciada en 2017 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra los exaccionistas de Garbarino, en el juzgado federal de Julián Ercolini.

Entre 2003 y 2013, Ramos, cordobés de 58 años, pero radicado en Lugano, Suiza, fue presidente y accionista de Helvetic Service Group y Swisser AG, dos firmas hermanas, que compartían dirección postal, IP y auditor, y fueron creadas en Suiza para brindar servicios a empresarios y empresas argentinas. Ambas empresas están sospechadas de haber actuado como “vehículos” para el presunto lavado de dinero, según la sentencia contra Báez y una denuncia de la AFIP que reveló elDiarioAR en julio.

Ramos y sus sociedades suizas conectan los movimientos millonarios de Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, según la denuncia del fisco. Por el caso del empresario patagónico, Ramos está acusado de haber colaborado en el blanqueo de casi US$33 millones provenientes de la supuesta corrupción en la obra pública a través de Helvetic. En el caso de Garbarino, las sociedades Helvetic y Swisser AG fueron denunciadas por la AFIP por haberse llevado unos US$30 millones de la empresa argentina en 2013; y por haber movido acciones por otros US$13 millones de la cadena de electrodomésticos y otras nueve compañías (sólo por parte de Swisser AG, entre 2004 y 2015), como informó este medio el domingo último. Ni accionistas ni ejecutivos de Garbarino o las otras nueve empresas han sido imputados ni citados por la denuncia. El fiscal del caso desestimó la denuncia del fisco, único acusador en la causa.

Desde Suiza

Sentar a Ramos ante un juez federal demandó cinco años de tratativas con las autoridades de Suiza, pero fue posible hace semanas, antes de la feria judicial de invierno, y de manera virtual. Casanello buscaba indagar a Ramos de manera presencial desde 2016 en la causa contra Báez, condenado en febrero último a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, una maniobra realizada a través de Helvetic, según la sentencia.

En los últimos años, el magistrado llegó a ordenar la captura internacional de Ramos y solicitó su extradición a la Argentina, pero la posibilidad de indagarlo en persona seguía sin prosperar, en especial, por el delicado estado de salud de Ramos, quien atraviesa una enfermedad terminal, según consta en la causa. 

Ante la imposibilidad de traerlo al país, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan gestionaron una indagatoria por videoconferencia, confirmó una fuente directa del expediente. La citación tuvo lugar en una sala de audiencias de una fiscalía suiza, con presencia de autoridades judiciales de ese país, traductores, el juez, el fiscal y dos abogados de Ramos (su defensor particular en Suiza y la defensor oficial en Buenos Aires), según pudo reconstruir este medio.

Ramos respondió preguntas sobre su estado de salud para argumentar porque no se presenta personalmente a declarar en Argentina, presentó un descargo por escrito, como había adelantado este medio, y negó la participación en cualquier hecho ilícito. Declinó, por recomendación de su defensora oficial, contestar las preguntas del juez y el fiscal argentinos sobre el caso Báez, confirmaron fuentes de la declaración.

Su descargo

El abogado ítalo-argentino aportó escasa información sobre la operatoria que protagonizó en el caso Báez. En su descargo escrito dijo que se desempeñaba como “agente fiduciario”, es decir, que administraba bienes y dinero ajeno y prestaba esos servicios a través de Helvetic. 

Sobre Helvetic afirmó: “En efecto, los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales de las transferencias no ocultándose de este modo ni el origen ni el destino de los mismos”. Parte de esas cuentas estaban a nombre de sociedades en paraísos fiscales, según la investigación.  

La maniobra endilgada a Báez y sus cómplices, según la Justicia, consistió de al menos dos etapas centrales: la primera se centró en la fuga del dinero del país -cuyo origen sería la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, según el Tribunal Oral Federal número 4-. Esa fuga se realizó a través de cuentas y sociedades offshore, radicadas en paraísos fiscales, desde finales de 2010, tras la muerte de Néstor Kirchner, según corroboró la sentencia.

Luego, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se llevó a cabo la segunda etapa de la maniobra. Esas sumas millonarias reingresaron a Argentina blanqueadas, con apariencia de legalidad. El dinero salió de cuentas en Suiza y se utilizó para una serie de transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en el extranjero. El dinero terminó depositado en una cuenta de Austral Construcción en el Banco Nación, lista para ser utilizada en el país sin pistas de su origen supuestamente ilegal. Báez ha negado siempre las acusaciones en su contra.

Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita.

Néstor Marcelo Ramos — descargo escrito ante la Justicia.

Ese circuito final fue realizado por Helvetic Services Group, según determinó Casanello. Ramos admitió ante el juez y fiscal que Helvetic cobró por estos servicios al menos US$1.380.000 que reconoció haber enviado a una cuenta en el Noor Islamic Bank de Dubai, Emiratos Árabes, en julio de 2015.

“Sobreseído” en Suiza

Ramos también dijo que fue “sobreseído” de supuesto lavado de dinero por el caso Báez en los tribunales suizos y le solicitó al juez Casanello que obtenga copia de ese proceso. Además, afirmó que su relación con el empresario patagónico fue exclusivamente profesional.

Sobre el movimiento de US$1.380.000, el abogado agregó: “AI respecto, debemos poner de resalto que dicho pago fue realizado como consecuencia del sobreseimiento de la compañía y sus clientes en la causa que por  lavado de dinero había sido abierta en Suiza”, dijo Ramos en su escrito.   

Los fondos utilizados para la realización de la operación de inversión fiduciaria en Argentina provenían de cuentas en donde los beneficiarios económicos coincidían con los beneficiarios finales.

Néstor Marcelo Ramos — descargo escrito ante la Justicia.

“Niego haber formado parte de una estructura ilícita con el fin de poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”, afirmó Ramos. Su intervención en el blanqueo “fue realizada en el marco de los servicios fiduciarios” a Báez, “los que se encuentran registrados y reglamentados con sistemas de control, precisamente, para evitar el lavado de dinero”, aseguró. “Por ello, es que puedo afirmar que en ningún momento participé en  actos de transferencia al exterior de dinero de origen dudoso”, concluyó.

Debido a que reside en Suiza, a su delicado estado de salud -acreditado en el expediente por informes médicos- y a que finalmente se puso a disposición ante el juzgado, el abogado Ramos no corre riesgo de terminar en prisión. Sin embargo, el juez debe decidir si lo procesa por su participación en la ya probada maniobra de lavado de Báez. La condena que pesa sobre el empresario patagónico, sus hijos y colaboradores del esquema para fugar dinero negro y reingresarlo al país blanqueado en forma de bonos de la deuda argentina -sentencia que aún no está firme- deja a Ramos casi sin chances de evitar su procesamiento. 

Su caso deberá eventualmente llegar a juicio oral y público en una segunda etapa del expediente por el que ya fueron condenados Báez, sus hijos y otros acusados. La Justicia tiene pendiente, además, realizar el juicio a los miembros de la financiera Provalor, que habría participado de parte de la maniobra, pero cuyos responsables -quienes niegan las acusaciones- lograron frenar el proceso en la Cámara Federal de Casación.  

ED

El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, en la causa que investiga si cometió un delito al ofrecerle a su exempleada doméstica un cargo en el organismo.

Donda fue sobreseída el jueves pasado por el juez federal Sebastián Casanello, quien entendió que “el hecho imputado no encuadra en una figura legal” y ahora esa decisión será revisada por la Cámara Federal porteña, a raíz de la apelación del fiscal, informaron fuentes judiciales.

Marijuan sostuvo que lo investigado “se adecúa a las figuras penales” denunciadas, en referencia a negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248).

La denuncia se abrió luego de la difusión de una conversación que la funcionaria mantuvo con Arminda Banda Oxa, quien trabajó en su casa por 14 años, relacionada a su desvinculación laboral y en la que le ofreció gestionarle un subsidio o un cargo en el Inadi.

El último jueves, Casanello estableció que “sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro Código Penal” y en ese marco subrayó que “sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta, no es posible hablar de delito”.

“Este principio es uno de los pilares del Estado de Derecho”, remarcó el magistrado en el fallo por el cual sobreseyó a la titular del Inadi y que, tras la apelación de Marijuan, será analizado por la Cámara Federal.

Con información de Télam.

IG