Planes sociales: una trama de denuncias y acusaciones cruzadas entre Desarrollo Social, el Evita y la AFIP
La denuncia del fiscal Guillermo Marijuan por supuestas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo abrió una nueva polémica sobre la ayuda de menos de 30 mil pesos que reciben 1,3 millones de personas, en una trama política que impacta en el ministerio de Desarrollo Social –que conduce Victoria Tolosa Paz–, las organizaciones oficialistas –con el Movimiento Evita a la cabeza–, y la AFIP –a cargo del kirchnerista Carlos Castagnetto–.
La acusación del fiscal de que más de 250 mil beneficiarios compraron dólares y aproximadamente 2.800 personas fallecidas continuaban cobrando la asistencia –entre otras supuestas irregularidades–, ahora depende del impulso que le dé el juzgado federal de Daniel Rafecas. Pero en el mundo de la política ya generó ruido.
La investigación puso en la mira a Tolosa Paz, que reemplazó a Juan Zabaleta hace menos de dos meses. Justamente la denuncia de Marijuan se inició al corroborar el cruce de datos que hizo la AFIP a partir de un pedido del propio ministerio, en tiempos en que era conducido por “Juanchi”. Para contrarrestar la polémica, la ministra ya tomó una decisión drástica: inició un proceso de auditoría interno sobre el último mes “para poder tener certeza” de quiénes son los beneficiarios del programa y en qué condiciones están.
La ministra asegura que el informe de la agencia tributaria, cuyo director es un hombre de Cristina Kirchner, “es estadístico y no nominal”, por lo que en las últimas horas les envió sendos pedidos a la AFIP y al Banco Central. Quiere conocer efectivamente las identidades de esos supuestos beneficiarios que habrían cometido una estafa al Estado comprando divisa extranjera, una incompatibilidad con el Potenciar.
“No tengo ningún dato nominal que dé cuenta de irregularidades. No es que nosotros podemos, como dijo un fiscal, tomar una planilla de Excel y agregar personas como si fuera una libreta de almacenero. No se maneja así el Estado, hay procedimiento administrativos”, se defendió Tolosa Paz este martes en diálogo con Radio Con Vos.
Marijuan, a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) se mantuvo firme en su acusación y pidió “suspender de inmediato” a los miles de beneficiarios que habrían cobrado el plan a través de familiares fallecidos, para comprar dólares o que cuentan con dos o más propiedades a su nombre, según la AFIP.
Es verdad que el informe –revelado la semana pasada por Infobae– no da cuenta de quiénes serían los beneficiarios que estarían cometiendo un delito, sino que aporta datos estadísticos. De los 1,3 millones de personas arroja, por ejemplo, que “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”.
No tengo ningún dato nominal que dé cuenta de irregularidades. No es que nosotros podemos, como dijo un fiscal, tomar una planilla de Excel y agregar personas como si fuera una libreta de almacenero. No se maneja así el Estado
Pérsico y la polémica con el Evita
Además de Tolosa Paz, la polémica sobre el Potenciar Trabajo puso en guardia a las “orgas”, que a través de cooperativas agrupan a la mayoría de los beneficiarios del plan. El Movimiento Evita es justamente la agrupación más grande –se estima que tiene unos 120 mil planes– y su máximo referente, Emilio Pérsico, está a cargo de la secretaría de Economía Social, que maneja el programa.
Desde que asumió, entre la ministra y el Evita hay buena sinergia, según reconstruyó elDiarioAR de distintas fuentes oficiales. La influencia de Pérsico en la gestión diaria es innegable: el programa de planes tiene para 2023 un presupuesto de $ 590.981 millones, casi la mitad de lo dispuesto para toda la cartera.
“Estamos cruzando la información en el ministerio para ver si realmente hay incompatibilidades”, aseguró a este medio un importante funcionario del círculo cercano a Pérsico, que apuntó a que la denuncia tiene más que ver con cuestiones políticas. “Se sigue estigmatizando a un sector de la sociedad que ya sufre por ser pobre, y encima la política y los medios lo siguen poniendo en el foco del problema, como si la culpa de la pobreza fuera de los pobres que se organizan y no de los políticos que hace casi 40 años toman las decisiones”, expresó. En las mismas líneas se manifestó la ministra públicamente.
Esas personas no tendrían que haber comprado dólares, pero compraron porque el sistema los dejó
“La investigación es puro humo. Se trata de una cuestión administrativa, no penal”, planteó otro referente del Evita con despacho en el Gobierno. “Solo veo peripecias de personas que hacen lo imposible para sobrevivir. Hay mucha incapacidad del Estado”, agregó.
Pérsico reconoció que pudo haber beneficiarios que compraron dólares, pero intentó aclarar que no hubo irregularidades. Abonó la deriva política del escándalo y apuntó responsabilidades a la AFIP, en lo que sería otro capítulo de la disputa histórica entre el Evita y Cristina Kirchner –también accionista en el loteado ministerio–, aunque últimamente ha vuelto a conversar con Máximo Kirchner, cuyo puente es el diputado Leonardo Grosso. “Hay gente malintencionada que va a las filas que se hacen a principio de mes en los bancos para cobrar el plan y le dan unos pesos a los beneficiarios para que compren dólares”, aseguró Pérsico en radio Continental.
Y, en conexión a esa acusación, planteó que fue “responsabilidad” de la AFIP no haber cruzado los datos de quienes querían comprar moneda extranjera con la base de Desarrollo Social, que forman parte del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). La compra de dólar legal, en definitiva, se hace en los bancos, vía autorización de la agencia tributaria. “Esas personas no tendrían que haber comprado dólares, pero compraron porque el sistema los dejó”, planteó.
Sobre el caso de los fallecidos, Pérsico dijo que el cruce de datos tomó los últimos cinco meses del padrón “activo” de beneficiarios, cuando en realidad tiene actualizaciones cada seis. Por eso, argumentó, aparecieron “muertos” que supuestamente siguen cobrando el plan. “El cruce que hizo la AFIP fue sobre un padrón activo, que siguen activos seis meses más”, afirmó.
Requisitos
Funcionarios de Desarrollo Social y dirigentes sociales –oficialistas y opositores al Evita–, coincidieron ante elDiarioAR que para que cualquier persona acceda a ser beneficiario del Potenciar Trabajo debe cumplir ciertos requisitos fiscales, que harían improbable que pueda comprar dólares o gestionar el pago de Ingresos Brutos, al que no entrarían por tener, por ejemplo, una moto de baja cilindrada o de considerable antigüedad.
Toda inscripción pasa por ese sistema SINTyS, que permite identificar la situación tributaria de la personas, lo que habilita a que se pague o no el beneficio. El cobro del beneficio se hace a través de un banco y una tarjeta de que la entidad entrega directamente al beneficiario, no a las organizaciones. A cambio, las personas realizan contraprestaciones laborales de cuatro horas diarias en las Unidades de Gestión, que sí pueden ser tanto cooperativas de las organizaciones como de municipios, provincias, asociaciones civiles y hasta la Iglesia.
El SINTyS es un sistema oficial nacional, que coordina “el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido por la normativa de Protección de Datos Personales”, según su página web. El sistema puede tardar hasta dos meses para validar a un beneficiario, dijo una fuente consultada.
Un dirigente de la UTEP –el gremio que encabeza el Evita, pero donde también están otras organizaciones como Barrios de Pie o el MTE de Juan Grabois– aseguró que la denuncia de Marijuan es “muy turbia” porque el mismo padrón del Potenciar Trabajo se peina por el SINTyS y “si hay compatibilidades, automáticamente se da de baja el plan”. “Están haciendo una razia para bajar los planes, es parte del ajuste de este gobierno peronista que nosotros mismos votamos”, se quejó.
Desde la Unidad Piquetera, el bloque de organizaciones opositoras como el Polo Obrero y Libres del Sur, que la semana pasada le hicieron la primera manifestación a Tolosa Paz, también descartaron que haya delito. “Es falso que se anota gente sin control. La mala fe de Marijuan es enorme. Y el informe de la AFIP es una jugada de La Cámpora contra el Evita y para manchar a la ministra, porque Cristina no la quiere”, aseguró un dirigente al tanto del funcionamiento detallado del programa de planes.
En medio de la polémica, Tolosa Paz prepara una conferencia de prensa en la cual dará a conocer públicamente todo el informe de la AFIP e intentará despegarse de las acusaciones en su contra, según supo elDiarioAR, aunque ya aclaró que “se dará de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades”.
El lunes, Tolosa Paz mostró una foto por demás sugestiva: estuvo en Santa Cruz con Alicia Kirchner, ex ministra del área y quien tenía de mano derecha, en su momento, a Castagnetto. El jefe de la AFIP, por ahora, se mantiene en silencio.
MC/MG
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