Polémica por el decreto que asigna prioridad en la obra pública a las organizaciones sociales

Tal como anticipó ayer la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, este viernes se publicó un decreto firmado por el Presidente que incluye varios guiños a las organizaciones populares aliadas del Gobierno, en especial el Movimiento Evita. Entre ellos, un artículo que le garantiza un porcentaje de las obras de infraestructura pública a las cooperativas de la economía popular y otro en el que le otorga preferencia en las compras del Estado a las empresas que contraten personas que perciben planes sociales.  

De acuerdo con el texto, se asignará el 30% de la obra pública nacional a las cooperativas de trabajo de la economía popular, “bajo la modalidad de contratación que corresponda”, siempre que esas obras sean de hasta $300.000.000. Monto que será actualizado según lo disponga la autoridad de aplicación y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas. 

Por otra parte, el decreto Decreto 728/2022 instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales un “margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al programa 'Puente al empleo'”. Es decir, tendrán prioridad las firmas que hayan incorporado a su nómina a varones y mujeres que perciben un plan social y que se sirven del beneficio de contribuciones patronales reducidas y la posibilidad de descontar durante un año el monto de ese programa social del salario.

“Es fundamental acotar la política de subsidios porque no han sido eficientes para la reducción de la desigualdad, la pobreza y la indigencia”, justificó a elDiarioAR Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). Según sus números, en los últimos años el Gobierno aumentó de 5 a 13 puntos del PBI en inversión social, principalmente a partir de subsidios, “y las pruebas están a la vista”. La pobreza ya alcanza al 40 por ciento de la población.

El decreto está alineado con la demanda de la Utep de darle mayor formalidad y volumen a la economía popular, de modo que deje de ser una economía de subsistencia y pueda elevar el nivel de ingresos de sus trabajadores. “Es importante dar paso a la perspectiva productiva de la economía popular, dignificando el trabajo y, sobre todo, acceder al crédito y potenciar los circuitos de comercialización para de esa forma impulsar el crecimiento económico de abajo hacia arriba”, precisó Onorato. De todos modos, el dirigente entiende que seguiría habiendo “demandas y exigencias” de ayuda más inmediata de parte de los sectores más vulnerables. 

Cruces con el PRO

La medida generó ruido en la oposición. Luciano Laspina, diputado y referente económico del PRO, consideró que “el decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las 'organizaciones sociales' kirchneristas”. “Promueve canalizar en favor de estas cooperativas el 30% de la obra pública nacional en obras de hasta 1 millón de dólares. No está claro el método de contratación. Además, permite un margen de preferencia (indeterminado) para estas cooperativas en licitaciones”, sumó.

Para Onorato, “es una gran hipocresía que la oposición cuestione esta medida”. “Este tipo de obras ya se vienen haciendo a partir de la Secretaría de Integración Sociourbana; mejoramientos habitacionales, pequeñas obras de infraestructura. Esto significaría institucionalizar y darle un marco legal”. También consideró “hipócrita” pedir que terminen los planes sociales y objetar, al mismo tiempo, medidas que ponen el foco en el trabajo. 

El decreto también establece un techo a los cupos del programa Potenciar Trabajo, establecido en los 1.350.000 beneficiarios actuales. No habrá nuevas altas y las bajas de titulares que se den tampoco podrán ser reemplazadas.

Se establece que el “ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”. Es decir, para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.  

Asimismo el decreto convoca a designar los y las representantes que integrarán el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, herramienta que fue creada en 2017, pero permanecía inactiva. Este consejo --integrado por miembros de los ministerios de Desarrollo Social, Economía, Trabajo y de representantes de organizaciones sociales-- tendrá como objetivo promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”. El Movimiento Evita no consiguió el ministerio de la economía popular que pedía desde hace tiempo, pero sí la atención de algunas de sus demandas centrales y un espacio de mayor jerarquía para la discusión. 

La batería de medidas para la economía popular además que se conoció luego de que se oficializara el bono a la indigencia de $45.000, medida que negoció Juan Grabois con Sergio Massa. La cúpula del Evita, principalmente Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, así como otros dirigentes oficialistas como Daniel Menéndez (Somos-Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa), siempre se mostraron contrarios a que haya más subsidios, y en recientes reuniones con el ministro de Economía y Alberto Fernández le habían exigido señales más de carácter productivo, como la que se conoció esta mañana.

La trama de influencias de la Utep además se extiende al sector de la CGT de Héctor Daer y Gerardo Martínez: hace dos semanas se mostraron en una reunión y coordinaron reclamar medidas en conjunto al Gobierno.

DT