Se suele llamar restricción externa a la recurrente escasez de divisas que limita el crecimiento de la economía argentina y condiciona, si no es que bloquea, las posibilidades de un desarrollo con rasgos inclusivos. Esta restricción es una expresión de la posición periférica (subordinada, dependiente) de la economía argentina respecto de su inserción en el mundo, y se trata de un rasgo clave que se reproduce como un engranaje del propio sistema económico. Es, además, un elemento estructural que no está presente en los países hoy desarrollados, que muchas veces se toman de modelo para comparaciones inapropiadas.

Entre las décadas de 1930 y 1970, cuando estuvo vigente el proceso de industrialización sustitutiva, esta restricción se expresó como una presión importadora alimentada por el crecimiento de la economía frente al estancamiento de las exportaciones. Pero es necesario reconocer que esa forma ha cambiado en las últimas décadas: más que un problema de insuficiencia (absoluta o periódica) de divisas, la restricción externa se trata hoy de una pérdida del control de las que efectivamente se generan. No se trata tanto de que el país tenga dificultades para generar las divisas que necesita para crecer –como ocurría décadas atrás–, sino que no logra retenerlas para ese objetivo: diversas rajaduras hacen que resulte un balde imposible de llenar. 

La dinámica de relativa autonomía que adquirieron los movimientos de carácter mayormente financiero en el balance de pagos obliga a complejizar el enfoque tradicional sobre la restricción externa en el marco de un capitalismo financiarizado. En los últimos decenios los pagos de intereses de la deuda externa, la remisión de utilidades y dividendos al exterior y la formación de activos externos se han constituido en los principales y persistentes canales de drenaje de recursos de la economía argentina. En este sentido, el principal problema que presenta el sector externo de la economía argentina en las últimas décadas no está en el intercambio comercial de bienes, sino centralmente en las transacciones de carácter financiero asociadas al endeudamiento externo, la extranjerización del poder económico, la escasa reinversión del excedente y la ausencia de instrumentos de ahorro e inversión en moneda local. 

En este libro proponemos revisar los nuevos rasgos, nuevos actores y nuevos problemas de la restricción externa, tanto para discutir con quienes niegan su importancia como con quienes la siguen entendiendo de manera estática, como si no hubiera transcurrido medio siglo de transformaciones en el modo de acumulación. Y especialmente para rebatir la esquiva promesa de que mayores exportaciones permitirán superar esta traba. En este libro queremos discutir el “mandato exportador” como salida frente a la restricción externa, no por una ilusión nacionalista extemporánea, sino porque sostenemos que elude los problemas que entraña, incluyendo sus principales contradicciones.

El “mandato exportador”

Para los sectores ortodoxos, alcanza con unas pocas recetas muy trilladas –como dar confiabilidad a los inversores y restringir la oferta monetaria– para que el problema de la falta de divisas desaparezca. Por ello, ponen su foco en reducir el gasto y orientar la acción del Estado en favor del gran empresariado. Los gobiernos neoliberales, como el de Cambiemos (2015-2019) o la versión más radicalizada de La Libertad Avanza, insisten en que la insuficiencia de divisas no es un problema estructural. Es algo que simplemente no existiría si el comercio y los movimientos de capitales estuvieran completamente desregulados. 

Se postula la necesidad de abrazar un rol que se presenta como si fuera natural, por el cual el país se especializaría armónicamente en aquello que “hace bien”, en lo que tiene “abundancia de recursos”. Se trata del viejo principio de las ventajas comparativas estáticas. Estas propuestas buscan poner al Estado a garantizar todos los negocios posibles. Por supuesto, los principales beneficiarios suelen ser los capitales de mayor poderío económico, altamente transnacionalizados y financiarizados. Estos gobiernos toman este enfoque no solo como un programa económico, sino como una batalla cultural.

Más llamativo ha sido el tratamiento de la restricción externa en las gestiones que aquí englobamos como neodesarrollistas (el gobierno de Duhalde, los “tres kirchnerismos” y la más reciente del Frente de Todos). Las corrientes de la heterodoxia que tuvieron más visibilidad en el debate público conocen y se han referido a esta restricción, pero lo han hecho sin tomar en cuenta sus actuales características al proponer soluciones. A diferencia de los ortodoxos, los gobiernos con mirada heterodoxa en economía entienden que el desarrollo requiere un Estado más inteligente, que coordine el accionar de las fuerzas del mercado en ciertos sentidos, como el fomento de actividades más intensivas en conocimiento o en trabajo, además de intervenir para compensar socialmente a quienes no están a la cabeza del proceso de crecimiento. Las variantes de neodesarrollismo realmente existente se han ocupado de mostrar que las políticas neoliberales una y otra vez colapsan en crisis severas, que acrecientan el carácter financiero de la economía argentina, dejando a su paso una devastación social. No obstante, su crítica al neoliberalismo no apunta a la reversión integral de las reformas implementadas por éste, sino a una gama de intervenciones del Estado que permitan el impulso de la industria, el fomento a la burguesía nacional y cierta redistribución del ingreso.

Pero, omitiendo los rasgos financieros y la centralidad de ciertos actores, se apuesta a superar las trabas buscando que los principales ganadores (el empresariado concentrado) repartan sus beneficios, por convicción o por inducción del Estado. Mientras se logra captar parte de esa renta, hay espacio para algunas concesiones, pero la escasa paciencia y voluntad del poder económico no tardan en reclamar un freno a tal situación. La falta de soluciones de fondo hace que todo el ciclo se revierta con cierta facilidad cuando vuelven al poder gobiernos de corte neoliberal.

El neodesarrollismo no asocia la restricción externa al modo específico de funcionamiento de la economía nacional y sus principales actores, cuya solución requeriría cambios estructurales. Por eso, durante los gobiernos de esta orientación se atacaron sus efectos (por ejemplo, estableciendo controles de cambios) y se promovió como solución de fondo una propuesta que no se ha diferenciado en sus aspectos nodales de la visión neoliberal: aumentar las exportaciones a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas que posee el país. Una vez más, y ante el abismo de una nueva (y recurrente) crisis, la propuesta de solución de los gobiernos neodesarrollistas no parece estar en alterar el funcionamiento estructural del país y construir políticamente con el foco puesto en ese objetivo, sino en profundizar el mismo sesgo que nos trajo hasta aquí: darle más potencia exportadora, “agregar más agua al balde”, en lugar de reparar las rajaduras. 

De este modo, si bien con varios rodeos argumentales y especificaciones de política pública que las hacen distinguibles entre sí, las visiones neoliberal y neodesarrollista coinciden en el “mandato exportador”. En el primer caso se lo hace abrazando lo que se considera el lugar natural del país en el mundo, para lo que incluso se apela a la Argentina decimonónica a partir de una caracterización no casualmente plagada de omisiones y falsedades. En el otro caso, se lo hace bajo la resignación de aprovechar lo existente para afrontar los compromisos de la deuda externa y a posteriori, y solo a posteriori, generar las condiciones necesarias para avanzar en la redistribución del ingreso. Esto implica abandonar toda expectativa de transformación de las bases estructurales de la dependencia, apostando a que “esta vez sí” alcanzarán las divisas para crecer, agregar valor a la producción, “honrar” la deuda externa y redistribuir el ingreso. Penosamente, también terminan coincidiendo en el hostigamiento sobreideologizado a comunidades originarias, ambientalistas y organizaciones de vecinos/as. Todo lo que limite exportar más es ninguneado como una amenaza al desarrollo.

Pero esta salida exportadora, además de no cuestionar las consecuencias ambientales o sociales ni el estilo de desarrollo, no parece ser suficiente para superar la restricción externa si no se solucionan problemas centrales como el endeudamiento externo, la falta de instrumentos de ahorro en la moneda doméstica, la elevada extranjerización y concentración económica o la escasa reinversión productiva del excedente. En dicho marco, proponerse como meta principal y casi única un aumento de las exportaciones basadas en las ventajas comparativas existentes, no sólo no resuelve la cuestión, sino que otorga mayor poder y centralidad a una elite empresarial que ha dado sobradas muestras de no estar interesada en impulsar un proceso de desarrollo bajo premisas más inclusivas. La necesidad de revisar de modo crítico estos problemas compete a todas las personas interesadas en destrabar procesos de mayor justicia social y económica. 

AR

Las bases del debate que desató el avance del proyecto de exploración sísmica en el Mar Argentino no pueden partir de un ring entre buenos y malos, léase hippies versus desarrollistas o ecocidas versus ambientalistas, como bien marcó Pedro Rosemblat. Personalmente, no tengo dudas de mi ferviente oposición a la ampliación de la frontera hidrocarburífera, formo parte de Jóvenes por el Clima Argentina, capítulo local del movimiento juvenil forjado por Greta Thunberg. Todos los días militamos por una transición energética justa, soberana y popular. Pero no creo que el abandono de las energías fósiles pueda consumarse de la noche a la mañana, menos aún considerando las circunstancias nacionales y la tendencia de la transición a nivel global.

Si analizamos las estimaciones internacionales más rigurosas, nos encontramos una proyección desalentadora, dado que bajo el escenario actual se observará un incremento de la demanda de petróleo hacia 2030 con una leve disminución hacia 2050 y, en el caso del gas, el incremento es persistente hasta 2050, producto de la presión de las economías emergentes. Incluso si se cumplen los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, tanto para el petróleo como para el gas, la demanda proyectada igualmente supera de forma considerable aquella necesaria para alcanzar las cero emisiones a 2050.

Como militante socioambiental creo que nuestro futuro no está escrito en piedra. Cerrar la distancia entre las metas climáticas y los acuerdos internacionales será posible si elevamos la presión política. Por eso celebro que miles se hayan manifestado en la costa argentina en el marco del Atlanticazo. La magnitud que el debate ambiental cobró en los últimos días no puede encontrar su límite en el encabezado de las consignas que tiñeron las redes sociales. De ninguna manera podemos colocarle un techo al potencial del movimiento socioambiental teniendo como máxima exigencia la renuncia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que dirige una cartera cero gravitante respecto al debate sobre la estructura productiva del país.

Entendiendo la relación intrínseca entre las problemáticas sociales y las demandas ambientales, nuestra militancia debe apuntar a formar parte del diseño de un proyecto de país. Soy ambientalista, ambientalista argentino, no sueco o yanqui. Por eso también aspiro al aumento de las exportaciones, por eso me importa el estado de nuestra balanza comercial y fiscal. Por eso quiero que el Estado tenga credibilidad. No debemos permitir que sea el mercado el conductor de la transición ecológica en países del sur global como el nuestro. Sabemos que no es viable profundizar las lógicas de los modelos de maldesarrollo impuestos colonialmente a lo largo y ancho de América Latina, y sabemos que la metamorfosis productiva que supone la transición presenta un sinfín de restricciones en las economías periféricas.

El próximo paso constituye saltar de la resistencia a pensar e implementar la propuesta del país que queremos. Yo creo que no tenemos la respuesta revelada ni de cerca. Por eso es crucial escuchar y acudir a las necesidades que presentan los territorios, como también sentarse a debatir con el desarrollismo, que en múltiples ocasiones situamos en el armario de la cancelación porque construir una brújula de salida al colapso ecológico que conjugue justicia ambiental y justicia social nos necesita del mismo lado. Si no, nos comen los afuera.

BR/AR

Como suele ocurrir en los años electorales, a medida que se acerca el momento de votar vuelven a emerger tensiones sobre el precio del dólar. Las expectativas de devaluación, alimentadas por la inflación y la brecha cambiaria, vuelven a estar a la orden del día. Este año la tensión sobre el dólar se da en un contexto particular dado por la pandemia del COVID-19 y en medio de un acalorado debate que atraviesa a la propia coalición gubernamental y que tiene lugar en distintos medios y redes sociales entre “neodesarrollistas” y “ambientalistas”. 

El núcleo del planteo de los “neodesarrollistas” es que la Argentina necesita dólares para poder crecer e incrementar el ingreso per cápita, condiciones necesarias para reducir la pobreza. Para ello no quedaría otra opción que aumentar las exportaciones, las cuales se basan principalmente en recursos naturales (fundamentalmente productos agropecuarios, minerales e hidrocarburos); es decir, hay que “trabajar” con lo que tenemos –sumando alguna que otra actividad como la cría de salmones- y después, en algún momento, se verá si se pueden encarar transformaciones para diversificar más la economía.

Por su parte, el planteo ambientalista es que las principales técnicas con las cuales lleva a cabo la extracción y procesamiento de los recursos naturales son nocivas para el medio ambiente y las poblaciones de los territorios. 

Tras las salvajes inundaciones en Europa y China, las sequías e incendios en el oeste de Estados Unidos y Australia, las altísimas e inéditas temperaturas en territorios como la Columbia Británica (Canadá) y Siberia y la suba en el nivel de los mares, entre muchas otras “catástrofes naturales”, nadie serio puede cuestionar los efectos del calentamiento global y la degradación ambiental. En nuestro propio país estamos sufriendo sus consecuencias con la dramática e histórica bajante que registra el río Paraná.

Frente a este cuadro, el ambientalismo sostiene que deben buscarse formas de producción y consumo alternativas, menos nocivas con la naturaleza, aunque ello implique menores niveles de productividad o costos relativos más altos. Por su parte, los “neodesarrollistas” sostienen que la economía argentina está estancada desde hace tiempo y que es imprescindible retomar un vigoroso crecimiento ya que no se puede mejorar la calidad de vida “redistribuyendo una torta cada vez más chica”.

Más allá de las caricaturizaciones que se hacen de uno u otro lado y quitando las posiciones más extremas que suelen ser marginales (como las que promueven el “decrecimiento” o la explotación de recursos naturales sin ningún control), pareciera obvio que ambas posiciones tienen razón: sin dólares la economía argentina no puede crecer –venimos de casi una década de estancamiento y crisis, con un PIB en 2020 un 12% menor al de 2011 y un PIB per cápita un 20% inferior-, en tanto las consecuencias medioambientales de las formas de producción predominantes son cada vez más evidentes. ¿Entonces, cómo hacemos? ¿Sacrificamos medio ambiente y salud o nos resignamos a ser cada vez más pobres?

Si bien no hay fórmulas mágicas y es cierto, como dicen algunos “neodesarrollistas”, que no podemos pasar a fabricar y exportar semi-conductores de la noche a la mañana (para los cuales además se necesitan minerales, entre otras cuestiones), la resignación a “lo que hay”, es decir, lo que en la jerga económica se conoce como ventajas comparativas estáticas, termina siendo un planteo bastante similar al que propone el neoliberalismo ya que termina omitiendo un elemento clave: los actores concretos que definen el modelo de desarrollo. 

Al respecto, tenemos un poder económico extranjerizado y/o internacionalizado que basa su capacidad de acumulación fundamentalmente en la explotación de recursos naturales, en el aprovechamiento actividades protegidas y reguladas por el Estado en las cuales no hay prácticamente competencia y/o en la especulación financiera. Ninguno de los grandes actores que se insertan en este tipo de actividades tiene interés alguno por producir modificaciones estructurales que le permitan a la Argentina ocupar otro rol que el actual en el escenario mundial. 

Pero no sólo eso -y acá volvemos a la cuestión del dólar-, si no que el núcleo de ese poder económico lo conforman, a su vez, los principales proveedores y demandantes de divisas. Lo primero, a partir de concentrar en sus manos la mayor parte de las exportaciones del país: alrededor del 70% de las exportaciones está en manos de las 200 empresas más grandes, de las cuales sólo 50 explican más del 55% de las ventas externas totales. Además, tienen el poder de imponer condiciones a partir del ingreso de divisas o la amenaza de su retiro bajo la modalidad de inversiones extranjeras. Pero no sólo son proveedores de divisas sino que también son sus principales demandantes, no sólo por la creciente demanda de importaciones que genera su actividad “productiva” y comercial -cada vez más desintegrada localmente-, sino porque remiten utilidades y pagan intereses al exterior y son los principales protagonistas de la fuga de capitales, que durante los cuatro años de gobierno de Macri alcanzó los 90.000 millones de dólares. 

De esta manera, la salida de capitales de la economía argentina abarca al conjunto del poder económico local. Este comportamiento se debe a muchas cuestiones que se retroalimentan e involucran, entre otras, a la inestabilidad macroeconómica y el comportamiento cíclico de la economía, la creciente financiarización con su consecuente colocación de excedentes en los circuitos financieros globales, y el histórico carácter dependiente que presenta la economía argentina. Esto último tiene que ver con el proyecto de país o “modelo de desarrollo” que impulsan estos actores del poder económico concentrado acorde a sus intereses. Para aquellos que están involucrados mayormente en actividades que explotan recursos naturales, una parte importante del excedente obtenido adopta la forma de rentas, las cuales no tienen la exigencia de ser reinvertidas (un ejemplo de esto es el dueño de un campo que obtiene una renta por su alquiler y que, como no tiene necesidad de reinvertirla en dicha actividad ya que la producción no depende de él, la destina a consumos suntuarios de productos mayormente importados, inversiones inmobiliarias en el exterior o la compra de dólares para depositarlos en una cuenta fuera del país). Algo similar, aunque por diferentes mecanismos, sucede con aquellas grandes empresas que explotan “nichos protegidos”, como determinados servicios públicos o la obra pública, en los cuales se busca hacer la mayor diferencia posible mientras dure el negocio y, como suelen ser actividades mono u oligopólicas con débiles condicionalidades en términos de inversión, no se ven obligados a reinvertir buena parte de las ganancias obtenidas, las cuales terminan atesoradas en cuentas o inversiones en el exterior.

Ello debería invitar a reflexionar sobre la posibilidad de encarar un proceso de desarrollo en los términos planteados por el “neodesarrollismo”. No está en el interés de estos actores desarrollar nuevos sectores competitivos que dependan menos de los recursos naturales y que generen mayor valor agregado y empleo. Ello implicaría para ellos asumir grandes riesgos y tener que redireccionar inversiones que actualmente realizan en otras partes del mundo que ofrecen mayores “ventajas” en este plano (por ejemplo, países con mayores capacidades tecnológicas, mercados internos o regionales más grandes, menores salarios, etc.). Mucho menos aún se vislumbra alguna intención de apoyar un proceso de sustitución de importaciones que permita “ahorrar” dólares, ya que ello implicaría llevar adelante una política industrial que atente contra sus intereses inmediatos en tanto estas grandes empresas se proveen de insumos y bienes de otras filiales o proveedores fuera del país. En este sentido, pareciera que no tienen mucho más para ofrecer que lo que han venido llevando adelante en las últimas décadas, lo cual nos condujo a más subdesarrollo y mayor dependencia. No se explica por qué el resultado esta vez debiera ser distinto. 

Con algunas pocas honrosas excepciones, tras más de cuatro décadas de apuestas fallidas (más allá de sus intenciones), resulta evidente que la Argentina no va a poder superar su histórica limitación externa (insuficiencia de dólares) y mucho menos preservar el medio ambiente si no es a través de una intervención decidida y preponderante del Estado que, conducido por aquellos sectores que han sufrido las consecuencias de este modelo de país que ha venido llevando adelante el poder económico concentrado, asuma el desafío de impulsar un proceso de desarrollo distinto, que permita ampliar la soberanía, otorgue una mayor sustentabilidad ambiental y provea una mejora en las condiciones de vida de las mayorías.

* El autor es investigador del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. Editor del libro ¿Por qué siempre faltan dólares? (Siglo XXI).

AR

Las noticias se suman cada vez con mayor frecuencia. Un día nos enteramos de que, por la deforestación y el calentamiento global, la Amazonia ya comenzó a emitir dióxido de carbono en mayor medida del que absorbe. Adiós al pulmón del planeta. Temperaturas inéditas alimentan incendios tremendos por todas partes y dejan decenas de miles de muertos. Bajantes extremas en el río Paraná que llegaron para quedarse. Lagunas en Chubut que cambian de color. No hay mes que no traiga novedades de ese tipo. 

Hace más de cincuenta años que los científicos vienen advirtiendo sobre el calentamiento global y sus efectos y haciendo un cálculo obvio: el mundo no puede continuar por mucho tiempo más a este ritmo de contaminación y de consumo de recursos. Incluso si fuera deseable, es físicamente imposible. Pero la polea loca del capitalismo continúa girando en el aire: hay que crecer a como dé lugar, seguir sumando cualquier producción, al costo que sea. Hay que habilitar la acumulación de capital como imperativo indiscutible. Lo que necesitamos es más PBI, el resto vendrá por añadidura. Es necesario para acabar con la pobreza, nos dicen. Pero los datos muestran otra cosa: como viene sucediendo desde hace décadas, la riqueza se sigue concentrando cada vez más, lo que significa que el crecimiento no está puesto en función de los que menos tienen sino de los que más. 

Hay un modo propiamente capitalista de relacionarse con el medio ambiente que es insostenible: el que permite la apropiación privada de los recursos naturales que pertenecen a todos –sea directamente para comercializarlos o indirectamente al no pagar ningún costo por deteriorarlos– y transfiere a los sectores más bajos las peores consecuencias. Los más ricos utilizan los bienes comunes para su propio enriquecimiento, mientras que los más pobres sufren la estela de contaminación y depredación que dejan a su paso. Hay una relación directa entre la concentración del capital y el deterioro ambiental. Oxfam calcula que el 1% más rico de la población mundial emite más del doble de carbono que la mitad más pobre. 

No es necesario insistir en que la dirigencia política no viene estando a la altura de la situación. El revuelo por la reciente prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego mostró en qué medida nuestro debate público tampoco. De nuevo escuchamos las banalidades de siempre, particularmente penosas cuando las emiten bocas progresistas: que hay un “ambientalismo bobo” que frena el desarrollo, que hay que crecer para salir de la pobreza, que la Argentina necesita dólares, que proponer cualquier límite a la producción es de un romanticismo rayano en lo imbécil o incluso una fantasía reaccionaria… Como si no hubiese decenas de ejemplos de crecimiento productivo que trajeron más bien lo contrario. Como si no estuviese ya clarísimo que, haciendo las cuentas completas, hay actividades que en el mediano plazo cuestan más que lo que aportan. Maristella Svampa y Enrique Viale desarmaron bien esos disparates aquí en elDiarioAR. 

Me permito agregar al debate un ejemplo de la historia argentina que muestra los límites de ese desarrollismo bobo y la repetición de su retórica falsa. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo el gran salto por el que la Argentina se introdujo al mercado internacional como productora de materias primas. En pocos años, desde entonces, se evidenciaron efectos incomparablemente más dañinos sobre el territorio que los que habían tenido las actividades económicas de los humanos en todos los siglos precedentes.  

Uno de los primeros fue la deforestación masiva. Desde la década de 1860 se requirieron millones de durmientes para las vías de los ferrocarriles y millones de postes para alambrados y corrales en la pampa húmeda, para los viñedos de Cuyo y para otros sitios. Para abastecer toda esta demanda se recurrió a la tala indiscriminada. La zona que primero y más profundamente sufrió los efectos fue Santiago del Estero. Los quebrachales de su lado occidental fueron devastados hasta transformar en un desierto lo que antes era un espeso bosque. Solo entre 1906 y 1915 salieron de allí 20.700.000 durmientes para el ferrocarril, lo que significó la pérdida de tres cuartas partes de lo que quedaba de forestas en la provincia. Fue un desastre para la vida de los santiagueños, especialmente los de las clases populares. Los campesinos y pastores, que dependían del mantenimiento de un delicado equilibrio entre el uso del bosque y la ganadería intensiva, se vieron acorralados. La emigración a otras provincias fue el destino obligado para miles de ellos, especialmente luego de la gran sequía de 1937. Hay una relación directa entre las villas de emergencia que surgieron por entonces y la tala de las décadas previas. 

En esos años se instaló también la célebre empresa La Forestal, de capitales británicos, que depredó por su parte los bosques del norte de Santa Fe, del Chaco y de Formosa para producir tanino, con idénticos resultados. Había desembarcado tras un negociado fraudulento con el Estado a fines del siglo XIX por el que se le permitió adquirir el 12% de la superficie santafecina por un precio irrisorio. La Forestal llegó a poseer más de dos millones de hectáreas y se transformó en el principal proveedor mundial de tanino. El sueño exportador del desarrollista. 

Basta leer los diarios de la época para encontrar los mismos argumentos que reaparecen hoy. La explotación maderera en toda esa región prometía traer mejoras de todo tipo, empleos, infraestructura, bienestar. En fin, la “civilización”, el “progreso”. El legado de ese crecimiento, sin embargo, fue bien otro. Cuando a fines de los años cuarenta se fue agotando la riqueza de los quebrachales, La Forestal comenzó a levantar campamento. En los años sesenta terminaría de marcharse, desmantelando incluso los puertos y ferrocarriles que había construido. Con la tierra devastada y sin empleo a la vista, la población de la zona se redujo a menos de la mitad. Algunos pueblos desaparecieron por completo. Tras su partida, poco y nada quedó de la promesa de “civilización” con la que había llegado la empresa. Lo que tampoco quedó fue el recurso del quebracho, desaparecido para siempre. Vayan a visitar esa zona, a ver cuánto desarrollo quedó allí.

El ejemplo sirve para reiterar algo que ya debería estar claro: no cualquier crecimiento productivo es equivalente a desarrollo. Dólares en manos de empresarios no son dólares en el país. Promesas no son realidades. 

En nuestros debates recientes, algunas voces pretendieron colocarse en un lugar intermedio entre los “ambientalistas” y el capital. Con cierta imaginación conceptual, hay quienes confían incluso en que el propio desarrollo de la economía capitalista, librada a sus propios impulsos, encontrará alguna mágica solución tecnológica para los problemas que causa. Mientras tanto, the show must go on. 

No cualquier crecimiento productivo es equivalente a desarrollo. Dólares en manos de empresarios no son dólares en el país. Promesas no son realidades.

Pero el horizonte político es ineludible: un compromiso con la democracia sustantiva implica que, como sociedad, tenemos derecho a decidir a qué ritmo queremos crecer, en qué rubros mucho, en cuáles menos y en qué otros acaso decrecer. ¿Necesitamos más viviendas? Claro, muchas más. Ahí hace falta crecer mucho. ¿Es buena idea producir muchos celulares berretas que haya que cambiar al año? Quizás sea mejor producir menos, más durables. ¿Queremos desquiciados derrochando energía para minar criptomonedas por todas partes? Claramente no. 

También tenemos derecho a conocer los costos ambientales y a decidir cuáles nos parece conveniente soportar (y cuáles nos parece éticamente correcto dejar a nuestros nietos). ¿Vale realmente la pena ver desaparecer una montaña y pagar costos sanitarios y de saneamiento del suelo durante 100 años para habilitar una nueva minera que genere 30 puestos de trabajo y 0,01% más de PBI durante un breve lapso? No es (solamente) una cuestión de principios. Haciendo la cuenta completa, ¿es realmente conveniente? ¿Quién lo decide? 

La antinomia crecimiento vs ambiente es una falacia. La cuestión es quién decide el curso del desarrollo futuro: hoy lo definen enteramente los empresarios y los resultados están a la vista. Tenemos derecho a rediscutir qué destino tendrá la acumulación de capital que nuestro trabajo genera y cómo usaremos los recursos finitos que tiene el planeta.  

La alternativa contraria es seguir marchando pasivamente a una catástrofe anunciada. Seguir fingiendo que nada ocurre. Seguir confiando en que producir mucho nos traerá felicidad. Para ponerlo en una imagen, seguir fumándonos el Amazonas para que el dueño de Amazon pueda darse el gusto de ser turista espacial. Acumular (literalmente) al cohete.

EA

En medio de uno de sus habituales derrumbes económicos, Argentina está discutiendo su modelo de desarrollo. Un salto de madurez respecto al colapso anterior en 2001, cuando optamos por culpar en bloque al neoliberalismo, simular el retorno a un pasado dorado y apostarle todas las fichas a un solo commodity. Hoy el debate congrega a técnicos, militantes y funcionarios vestidos de civil en torno a dos posiciones que podemos resumir provisoriamente como desarrollismo y ambientalismo (por razones de espacio, omito categorías como “falopa”, “ecocida”, etc). 

El primer mérito del debate es haber fomentado una transversalidad impensable en otros rubros: peronistas, radicales, liberales y progresistas unidos por el desarrollo y contra el ambientalismo. También hubo intervenciones interesantes. Roy Hora, historiador agrario que leí con deleite en mis años de estudiante, en un arco argumental sorprendente ofreció como modelo sustentable para Tierra del Fuego el saneamiento del Riachuelo que une al sudoeste de Buenos Aires con el Río de la Plata (la columna se puede leer acá.

¿Queda algo por decir entre tantos textos y voces? En primer lugar, es difícil tomar partido entre las dos posturas tal como se presentan. En segundo lugar, lo que hago es básicamente una historia de las ideas: rastreo los orígenes y la lógica interna de un conjunto de conceptos e imágenes, y después veo cómo interactúan con la realidad, aquello que está afuera del pensamiento. Veamos si eso sirve para algo en esta discusión.

Antes, y como no aspiro a ser un árbitro olímpico ni busco el justo medio, empiezo por explicitar mi postura. Creo que Argentina necesita crecer y que distribuir lo acumulado no alcanza. Creo que el mercado es inevitable. Creo que la política y la tecnología son las herramientas que nos permiten solucionar, incluso superar, al capitalismo. A esta altura, el aceleracionismo es un meme. Pero uno poderoso, que me ayuda a pensar más allá de sus límites y de los míos, como para otros puede serlo una frase de Perón u Obama.

El desarrollismo como nuevo mercantilismo

Los argumentos desarrollistas tienen dos velocidades o, para darle un toque criollo, dos trancos. El argumento de tranco corto dice que Argentina no crece hace años y necesita exportar e ingresar dólares ya mismo. Una verdad irrebatible. Solo que ese cortoplacismo poco tiene que ver con la voluntad de construir un modelo económico, no por nada, llamado desarrollismo. No se trata sólo de explotar todo lo explotable sino de darle una dirección, establecer prioridades, montar un sistema sostenible. La desesperación no parece buena consejera para nada de eso.

Aquí es donde llega el desarrollismo de tranco largo, que nos habla de la necesidad de agregar valor, de los eslabonamientos hacia adelante, de Noruega y Corea del Sur. Modelos atractivos, alguno de ellos también extractivista, y con un desempeño indiscutiblemente exitoso en el último medio siglo (aunque, me temo que algunos desarrollistas deben seguir soñando con Mosconi y Alejandro Bunge, si no con algún Plan Quinquenal).

En el peor de los casos, este desarrollismo de tranco largo parece apenas un traje digno para el desarrollismo de tranco corto. En el mejor, es un idealismo. Al igual que el realismo político, el realismo económico combate a los idealistas de lo blanco idealizando lo gris. El idealismo desarrollista combina una concepción mercantilista del mundo con una concepción colonial del país. Como los mercantilistas del siglo XVII, asumen que la riqueza mundial, esta vez medida no en oro y plata sino en litio y agua dulce, es escasa y hay que pelearla a codazos. El daño que no hagamos lo van a hacer otros. No suena tan errado: quizás en el Antropoceno, Colbert triunfe sobre Adam Smith. 

Pero esa noción de escasez global se revierte al volver la vista al país, que los desarrollistas entienden como un mero territorio a colonizar, con recursos infinitos que se pueden explotar sin remordimiento ni consecuencias. Un nuevo El Dorado, lleno de chanchos y shale gas. Vuelve el reflejo de Australia y Canadá con el que tanto nos comparamos en el pasado pero con su peor rostro: enclaves que dispusieron de los recursos de un enorme hinterland. En Hispanoamérica las cosas no salieron igual. Por fuera de los enclaves blancos había “repúblicas de indios”. Que hoy votan.

Quizás estoy siendo injusto y exagerado. Los desarrollistas con rostro humano subrayan una y otra vez la necesidad de regular la explotación de recursos naturales para resguardar el bien público y el entorno natural. Eso nos lleva a otra discusión.

El nuevo ambientalismo contra el crecimiento económico

Decir ambientalismo es tan impreciso como decir socialismo, feminismo o cristianismo. Bajo una sola etiqueta caben cientos de debates. Pero tampoco podemos detenernos en el narcisismo de sus pequeñas diferencias. Propongo entonces tomar dos grandes tradiciones. Una sería la “sustentabilidad”, presentada en 1987 por Gro Harlem Brundtland en su informe “Nuestro Futuro Común” para la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. Se trataba de conciliar al desarrollo económico con la justicia social y la preservación del medio ambiente. Fue el ecologismo oficial de los años ‘90, perfectamente compatible con la democracia liberal, la globalización y los discursos de Clinton, Bono y alguna Miss Universo. Es también el horizonte de garantías del desarrollismo: no teman a esta salmonera ni a esta minera, podemos regularlos. 

Si a la sustentabilidad la condenó su tibieza ecuménica y el consiguiente inmovilismo político, al optimismo regulacionista argentino lo condena su pasado. Solo con ver lo que costó aprobar una sencilla ley de etiquetado, o lo que aún cuesta ejecutar el fallo Mendoza de saneamiento del Riachuelo (para pesar de tantos fueguinos), es difícil ilusionarse con lo que pueda hacer el anémico Estado Argentino ante una multinacional minera o un enclave porcino en el medio de la pampa.

La otra tradición ambientalista es más radical y antigua. Nació en los '70 con los debates alrededor del Informe Meadows y los límites del crecimiento. En ese intercambio, André Gorz y Nicholas Georgescu-Roegen llegaron por vías diferentes al mismo concepto: decrecer, consumir y producir menos como única forma de supervivencia humana ante un agotamiento de los recursos proyectado para 2030. Durante la hegemonía neoliberal de los '80 y '90, el decrecionismo, que postula la prescindencia del crecimiento económico, sobrevivió en las catacumbas y resurgió con el antiglobalismo del nuevo siglo. La crisis climática y el descrédito político de la sustentabilidad transformaron a las premisas decrecionistas en el fundamento tácito de buena parte del ambientalismo actual: el crecimiento económico tal como lo mide el PBI es insostenible, injusto e incontrolable. Bajar el metabolismo social, vivir con menos, sería la solución. 

Branko Milanovic hizo las cuentas: si ponemos como tope del nivel de vida mundial el ingreso global promedio (5.500 dólares anuales), aún deberíamos permitir que el 73% del mundo incrementara sus ingresos. Imposible de lograr sin crecimiento económico. ¿Debemos vivir aún con menos? Por no hablar del efecto político que tendría intentar operar un ajuste para hacer decrecer al consumo global. Si el desarrollismo sobreestima la capacidad reguladora del Estado argentino, el decrecionismo lo hace con la plasticidad de la sociedad ante metas políticas de una minoría.

El decrecionismo es insostenible e injusto. No es raro entonces que tanto el “manifiesto de los 170 académicos holandeses” como el venerable Bruno Latour saludaran al parate económico de la pandemia como una oportunidad para decrecer. Ya que no por la razón, el decrecimiento debía aplicarse por la fuerza. Décadas de aislamiento político y radicalización llevaron al decrecionismo a esta cerrazón utópica rayana en la misantropía.

¿Qué hacer?

No sé. 

Hace poco, en medio de un seminario, un participante con vocación por la filosofía analítica (quiero nombrarlo: Juan Iosa), destripó meticulosamente mi crítica al decrecionismo y me demostró en la cara que soy decrecionista sin asumirlo, que repudio sus medios pero comparto su diagnóstico. No esperen entonces conclusiones rotundas de esta nota: soy un aceleracionista en deconstrucción. Pero tratemos de hacer algo con eso.

¿Cuál es el problema de los medios decrecionistas? Que son mecánicos: se trata de trabar con un palo los engranajes de la máquina social para que deje de quemar carbón. Pero el mundo no es solo un motor, también es una computadora. Hay redes recursivas de intereses y relaciones. Apagar el turismo por el Covid bajó la huella de carbono pero fomentó la tala ilegal. Ya es demasiado tarde para esperar que la Naturaleza se recomponga sola.

La solución no es mecánica, es cibernética. Buscar la retroalimentación entre esas redes y estas políticas.  Incorporar a la posnormalidad: ante una situación ambiental de incertidumbre total, no confiar solo en este paper o en aquella consultora, sino extender la revisión por pares a toda la comunidad. No vamos a encontrar una voluntad popular: los sanjuaninos quieren minería, mal que les pese a los ambientalistas; y los fueguinos no quieren salmoneras, mal que les pese a los desarrollistas. Sería óptimo extender esta asamblea a las cosas, hacer hablar de alguna manera a las personas no humanas que también son parte de estas decisiones. En definitiva, la Naturaleza no existe: todos los objetos somos híbridos. Y tenemos que vivir juntos. 

La recursividad nos evitará caer en el representativismo. La palabra del pueblo no tiene punto final sino que retroalimenta nuevos proyectos y nuevos debates: presentarles a los fueguinos su futuro sin ensambladoras; y a los sanjuaninos, su futuro sin agua. Y ver qué pasa. De ese feedback no emergerá un modelo cerrado sino el tanteo hacia una práctica de desarrollo acorde con la época que nos tocó, así como el modelo agroexportador emergió de la pérdida del Alto Perú y la revolución industrial inglesa; y la sustitución de importaciones, de la política de masas y la crisis del modelo agroexportador. No será maravilloso pero tampoco debe ser el desastre que nos prometen tanto el ambientalismo decrecionista como el desarrollismo mercantilista.

AG