Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que ha llevado al asesinato de una mujer de Minneapolis de 37 años, Renée Nicole Good, por parte de un agente federal del ICE y que ha acarreado indignación y protestas en todo el país.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional se compromete a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública. “El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, dijo McLaughlin: “Eso es lo que está haciendo la Administración Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado, y esperamos demostrarlo en los tribunales”.

El Gobierno también se enfrenta a una nueva demanda por una ofensiva similar en Illinois. Más de 4.300 personas han sido detenidas el año pasado en la Operación Midway Blitz, cuando patrullas de agentes enmascarados peinaron la zona de Chicago. La demanda presentada por la ciudad y el estado afirma que la campaña tuvo un efecto intimidatorio, que hizo que los residentes tuvieran miedo de salir de casa o utilizar los servicios públicos.

Desde el despliegue en las Ciudades Gemelas de Minnesota, es habitual oír las alarmas de los activistas cuando los agentes toman las calles. Los testigos han publicado regularmente vídeos de agentes federales utilizando gases lacrimógenos para disuadir a la ciudadanía.

Este lunes por la mañana, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se había congregado para ver las consecuencias de un accidente de tráfico en Minneapolis, a pocas manzanas del lugar donde Renée Good fue asesinada a tiros.

Una multitud se congregó para ver cómo los agentes interrogaban a un hombre al que habían embestido por detrás. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para intentar disuadir al grupo y luego se marcharon mientras la gente gritaba “¡cobardes!”.

Los funcionarios de la administración Trump han defendido repetidamente al agente de migración que disparó a Renée Good el 7 de enero, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y líderes políticos, basándose en los vídeos del enfrentamiento.

Mientras tanto, en Portland, Oregón, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas a las que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó el jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el hombre utilizó su camioneta para embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar con una mujer.

Ambos fueron tiroteados y finalmente detenidos. Sus heridas no revestían gravedad. El FBI dijo que, a diferencia del tiroteo de Good, no había ningún vídeo del incidente.

El asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota) desencadenó una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles cerca del lugar de los hechos, y algunos fueron confrontados por agentes federales armados que dispararon sustancias químicas irritantes. La administración Trump defiende que se trata de defensa propia y acusa a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad cuestiona la versión de los hechos. El video del suceso avala que el agente que mató a la mujer le disparó sin motivo justificado, en contra de lo que sostuvo el presidente.

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, denunció el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una acalorada rueda de prensa posterior a los hechos en la que rechazó la idea de que el tiroteo fuera en defensa propia. Frey, visiblemente airado, dijo que la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] es una “historia inventada”. 

La mujer, que fue identificada como Renée Nicole por el periódico local Star Tribune, estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración. Se trata de una acción muy común que los vecinos de otras ciudades asediadas por ICE, como Chicago o Washington, llevaron a la práctica para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial. 

Los videos publicados en redes poco después del tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde, muestran el vehículo de Nicole, un Honda Pilot color granate, detenido en la carretera, perpendicular al flujo del tráfico. Luego, una camioneta con luces intermitentes se detiene frente a él y dos agentes de ICE, ambos encapuchados con bragas y pasamontañas, bajan para acercarse a ella.“Sal del coche”, grita un oficial en el video mientras profiere insultos e intenta abrir la puerta del lado del conductor.

Mientras el agente agarra la manilla de la puerta, el vehículo da marcha atrás unos centímetros y después avanza girando hacia la derecha, con lo que parece ser la intención de volver al sentido del tráfico y abandonar el lugar. Pero cuando el coche se mueve lentamente hacia adelante, aparece un tercer agente, que estaba de pie en la calle cerca de la parte frontal del Honda, saca el arma y abre fuego contra la conductora. Después de que la mujer reciba tres disparos letales, el coche aún avanza sin control unos metros hasta chocar con otro vehículo que estaba aparcado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior e insistió en que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, argumentó Noem, que desestimó los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando a [los agentes] y obstruyendo [su actuación]”. La secretaria del DHS dijo que el hombre fue atendido en el hospital y ya fue “dado de alta”. 

Noem sostuvo que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También anticipó que pedirá al departamento de Justicia que lo “trate como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se la está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, insistió Noem. 

En una publicación en Truth Social, Trump cerró filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que vio el video y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencionada y agresiva”. A pesar de que Noem dijo que el agente fue dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Como es habitual, señaló a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, sostuvo, por su parte, que el Partido Demócrata “está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros” en EEUU.

Asedio a la comunidad somalí

El macrooperativo, con más de 2.000 agentes de ICE desplegados, se produce en medio de una campaña de hostigamiento contra la comunidad somalí de Mineápolis. La ciudad del Medio Oeste es donde se concentra la mayor diáspora de este país de África Oriental. Desde diciembre, las personas somalíes de la ciudad ya esperaban con ansiedad que la administración cumpliera su amenaza de desplegar una macrorredada. Todo ello, en un contexto marcado por la retórica de odio del presidente, que llegó a decir que los somalíes son “basura” durante una comparecencia en la Casa Blanca. El presidente también se ha aferrado a un video publicado por un creador de contenido conservador que afirmaba, sin pruebas, que las guarderías gestionadas por somalíes en Minesota se estaban aprovechando de forma fraudulenta de los fondos destinados a niños de familias de bajos ingresos.

Que ahora la administración Trump ponga el foco en la ciudad tampoco es casual: todo está relacionado con otra campaña de presiones y ataques contra la congresista demócrata Ilhan Omar. La representante forma parte del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, lo que en el Congreso se conoce como la Squad, en la que también se encuentra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En una publicación en Truth Social el 31 de diciembre, Trump afirmó que “gran parte del fraude en Minesota, hasta el 90%, es causado por personas que entraron en nuestro país de manera ilegal desde Somalia” y señaló a Omar como una “estafadora”. El mensaje terminaba con la siguiente exhortación: “Envíenlos de vuelta a donde vinieron, Somalia, quizá el país más malo y corrupto de la Tierra”.

Los demócratas denuncian la acción

Aparte del alcalde de la ciudad, otros demócratas también han salido en tromba a condenar los hechos. Ocasio-Cortez se mostraba tajante sobre los hechos: “Lo que vimos hoy fue un asesinato de una mujer mientras intentaba huir para salvar su vida. Lo que vimos hoy es la manifestación de la peor pesadilla de todo americano: su gobierno convirtiéndose en una tiranía”. Ocasio-Cortez advertía de como “ICE no solo se ha convertido en una fuerza antiinmigración” sino también en “una organización paramilitar”. 

El gobernador de Minesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia,Tim Walz, también ha rechazado la versión del gobierno de que se trate de una actuación en defensa propia. “Lo que estamos viendo son las consecuencias de una forma de gobernar diseñada para generar miedo, titulares y conflicto”, ha afirmado Walz. “Es gobernar como un reality show. Y hoy esa temeridad le costó la vida a alguien”. El demócrata anunció recientemente que no se presentaría a la reelección por el cargo.

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, durante una confrontación por las crecientes redadas migratorias en el estado de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del fallecimiento de la mujer, a la que acusó de ser “una alborotadora violenta”. Según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, la víctima “usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento de matarlos”, algo que calificó de “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, señaló en sus redes sociales, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

La mujer fue tiroteada mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde según el DHS fueron detenidos en total más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria desde comienzos del año nuevo.

Residentes de Minnesota estaban protestando este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS afirmó que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, quienes afrontan un incremento del 1.300% en los ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte, según los datos ofrecidos por McLaughlin.

El alcalde de Mineápolis: “Quieren una excusa para demostrar su fuerza”

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, remarcó en una rueda de prensa esta tarde que está “muy enfadado”, pero pidió a la población de Mineápolis “hacer frente al odio” con su “amor”: “La pregunta es por qué un agente federal antiinmigración dispara a una mujer (...) Quieren que respondamos de una forma que les dé pie a ocupar militarmente nuestra ciudad, quieren una excusa para demostrar su fuerza... No vamos a dejar que eso ocurra”.

“Somos mejores que un puñado de policías que se despliegan en las ciudades y que ponen en peligro a nuestras familias y comunidades”, agregó Frey ante los medios de comunicación, antes de darle la palabra al jefe de policía de la ciudad del estado de Minnesota.

Antes de la comparecencia, el alcalde demócrata había exigido en sus redes sociales que el ICE abandonara “inmediatamente” la ciudad: “Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”.

Una agenda nacional antiinmigración

El incidente recuerda a otro similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU en 2024, Tim Walz, anunció el lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena de televisión CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Mineápolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

El asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido en plena Navidad en Villa Lugano, volvió a poner en el centro del debate el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el uso letal de la fuerza en el espacio público. Mientras el Gobierno porteño evita dar explicaciones oficiales, una reconstrucción minuciosa difundida por la cuenta de X Mapa de la Policía desarmó, una vez más, la versión policial y aporta elementos clave para la causa judicial.

Según se supo este sábado un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga el caso y la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Todavía no se sabe el nombre del asesino.

Juan Gabriel tenía 45 años, era trabajador de la construcción y estaba profundamente ligado a su barrio. Hacía poco había comprado una camioneta para trasladar a los jóvenes que trabajaban con él en las obras: su objetivo era que no faltaran y, sobre todo, alejarlos de los consumos problemáticos. Vecinos y familiares lo recuerdan como alguien solidario, comprometido y generoso, que “daba laburo” y contenía a pibes de Villa Lugano. Ese recorrido vital se interrumpió el jueves 25 de diciembre, pasadas las 13, cuando murió durante un operativo de la Policía de la Ciudad en plena vía pública y ante la mirada de los vecinos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Juan Gabriel González recibió un disparo a corta distancia. “Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, relató un vecino que intentó auxiliarlo. Junto a su hermana, enfermera, procuraron reanimarlo, pero denunciaron que los efectivos policiales se los impidieron. González fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde horas después se constató su fallecimiento por una herida en el tórax.

El hecho quedó registrado en un video casero filmado en el cruce de Chilavert y Araujo, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse otras tomas, desde otros ángulos, que reconstruyeron cómo el uniformado disparó a quemaropas sobre la víctima.

En esas imágenes se ve a Juan Gabriel González con el torso desnudo, en short negro y descalzo, defendiéndose con golpes de puño de los policías que lo rodean. Recibe bastonazos, esquiva otros, hasta que se escuchan dos disparos. Luego cae de espaldas sobre la vereda. En la escena aparecen efectivos con armas largas y refuerzos que descienden de una camioneta policial negra. El despliegue resulta desmedido frente a la explicación extraoficial del operativo: una supuesta pelea vecinal y “disturbios en la zona”, que derivaron en la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación.

El minucioso trabajo de Mapa de la Policía

Sobre ese material, y otros registros aportados por vecinos, trabajó el Mapa de la Policía, una plataforma colectiva que se dedica a reconstruir episodios de represión estatal a partir del cruce sistemático de imágenes. En un hilo publicado en X, el colectivo afirmó: “El 25 de diciembre, la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González en la Villa 20. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza”. En otro tramo, sostuvieron que “a Juan Gabriel le dispararon a quemarropa con un arma letal” y que su esposa, Nelly Portillo, también resultó herida y permanece hospitalizada.

La reconstrucción permitió identificar el tipo de arma utilizada. Según el Mapa de la Policía, el agente que disparó portaba lo que “parece ser una escopeta Mossberg”, un arma letal. Tras el disparo, el efectivo se retiró del lugar. Para el colectivo, el material audiovisual desmiente la versión policial que asegura que no se utilizaron armas de fuego y que solo se empleó material antidisturbios.

El protocolo de uso de la fuerza es claro: las armas letales solo pueden emplearse ante un peligro inminente para la vida. “Nada de eso ocurrió”, afirmaron desde el colectivo, que además aseguraron que el autor material del crimen ya está individualizado y que su identificación es inminente. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, con apoyo de la Policía Federal, y para el colectivo se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires”, cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Jorge Macri.

Las denuncias se multiplicaron. El docente Oscar Villaverde sostuvo que González fue “asesinado a quemarropa”. Su hermano Daniel fue contundente: “Mi hermano estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos; la policía vino a matar”. En el barrio, el clima es de temor a represalias. Organismos de derechos humanos, la CORREPI y agrupaciones políticas repudiaron el hecho, mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de Cruz y Escalada.

La violencia policial no terminó con la muerte de González. Su esposa, Nelly Portillo, de 42 años, resultó herida de bala y permanece detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson, acusada de “resistencia a la autoridad”, según denunció el CELS. Dos hombres más, de 21 y 32 años, fueron detenidos y luego liberados.

La Policía de la Ciudad, sin emitir un comunicado oficial, sostuvo a través de una fuente en off que habló con elDiarioAR que los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas y que tres policías resultaron heridos. También informó que entregó celulares, cámaras y elementos utilizados para la investigación y que se inició un sumario interno. Sin embargo, negó que se trate de un caso de gatillo fácil, aunque interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

Cómo se mueve el colectivo que pone en jaque a las fuerzas de seguridad

En ese escenario, el trabajo del Mapa de la Policía cobra una relevancia central. Se trata de un espacio de coordinación horizontal entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores, que funciona como plataforma de investigación y archivo de la represión estatal. Su metodología prioriza la imagen, pero también la paciencia y la precisión: cada foto o video es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros e integrado en una secuencia narrativa inspirada en técnicas de arquitectura forense. Así logran establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los efectivos involucrados.

El corazón de ese trabajo es el archivo A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina), alimentado de manera artesanal con material que envían vecinos y testigos. No es la primera vez que sus reconstrucciones llegan a la Justicia: ya ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de Pablo Grillo, y sus informes son utilizados como prueba en causas judiciales.

Frente al silencio oficial y a las versiones policiales que buscan diluir responsabilidades, el Mapa se define como un contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, sostienen. En el caso de Juan Gabriel González, esa disputa ya dejó en evidencia una escena que contradice al poder: un hombre desarmado, asesinado a quemarropa por la policía, en un operativo que hoy vuelve a interpelar a la Ciudad y a su política de seguridad.

Juan Gabriel González tenía 45 años, trabajaba en la construcción y hacía poco había comprado una camioneta para llevar a los jóvenes que estaban con él en las obras. No querían que por cualquier excusa faltasen: su ideal era alejar a los pibes de Villa Lugano de los consumos problemáticos. “Lo daba todo por el hijo. Los llevaba a los sobrinos para sacarlos de la droga. Les daba laburo a muchos”, se lee en WhatsApp sobre él. Pero sus buenas intenciones se truncaron en plena Navidad: murió este jueves pasadas las 13 durante un operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires en plena calle del barrio y ante los ojos de todos los vecinos. 

“Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, contó el vecino de la casa donde Gabriel cayó ante la avanzada policial. El hombre intentó reanimarlo pero fue en vano: “Le tuve que asistir ahí con una almohadita, después vino mi hermana, que es enfermera, y quisimos hacerle RCP pero los efectivos policiales no nos dejaron”. Luego habría llegado una ambulancia del SAME y en el Hospital Piñeiro constataron su fallecimiento por una herida en el tórax. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.

En el video casero grabado desde uno de los costados del cruce de las calles Chilavert y Araujo, a Gabriel se lo ve con el torso desnudo, un short negro y descalzo. Trata de defenderse de la policía a los puñetazos. Recibe varios bastonazos y esquiva otros. Hasta que se escuchan dos disparos de armas y cae de espaldas en una vereda. Varios de los efectivos de la Ciudad aparecen con armas largas y otros continúan bajando de una camioneta negra de la policía. 

Pareció un operativo desmedido para el hecho que lo generó: una supuesta pelea vecinal. “Disturbios en la zona”, fue la explicación extraoficial ante la actuación de la División Unidad Táctica de Pacificación.

“Fue asesinado a quemarropa”, aseguró Oscar Villaverde, profesor de la escuela técnica 13 Ingeniero Jose Luis Delpini. Contó que los disparos ocurrieron luego de que Gabriel discutiera con los policías. “Mi hermano, estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos, la policía vino a matar”, denunció Daniel, unos de los hermanos de Gabriel, al sitio ANRed.

Mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano, para este viernes a las 16, en el círculo de Gabriel hay miedo de represalias. “Las cosas están muy difíciles. La policía está haciendo cosas terribles”, comentó una fuente en contacto con el barrio. Hubo denuncias de la izquierda, de agrupaciones que luchan contra la violencia policial como la CORREPI y de organismos de derechos humanos.

Además de Gabriel, Nelly Portillo, su esposa de 42 años, fue herida de bala. “Está detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson por ‘resistencia a la autoridad’”, denunció el CELS. Dos hombres, de 21 y 32 años, también fueron detenidos, aunque luego liberados, según fuentes policiales.

Sin un comunicado oficial de la Policía de Jorge Macri, a 24 horas del episodio una fuente en off señaló a elDiarioAR que el personal policial “no utilizó armas de fuego sino material antidisturbios”. La misma versión indica que los efectivos “comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas”. Tres efectivos resultaron con lesiones

La policía habría entregado celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, que ahora lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 en apoyo de la Policía Federal. “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades”, indicó la fuente extraoficial consultada. Aunque en la Policía de la Ciudad se niega un caso de gatillo fácil, interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

MC

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este 25 de diciembre en Villa Lugano terminó con un hombre muerto y vecinos denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. Este viernes por la tarde hay una manifestación para exigir justicia.

Imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios alternativos muestran el momento en que efectivos policiales avanzan sobre un grupo de personas desarmadas y, tras una serie de detonaciones, un hombre identificado como Gabriel González cae herido de gravedad. Familiares y vecinos señalan que el hombre no portaba armas y que la intervención de la fuerza fue desmedida.

Organizaciones de derechos humanos como CORREPI denunciaron que se trató de un gatillo fácil policial, y convocaron a una movilización en el cruce de avenidas Cruz y Escalada para este viernes a las 16 horas, con el objetivo de exigir verdad y justicia por lo ocurrido.

Desde la Policía de la Ciudad no respondieron a elDiarioAR las consultas al respecto. Fuentes judiciales consultadas por otros medios indican que la causa está siendo investigada y que aún no hay una versión única sobre las circunstancias de la muerte. Según una de las líneas de investigación, el hecho se habría producido durante un operativo policial tras un llamado por un supuesto incidente menor en la zona.

La agencia NA consignó que la víctima podría haber sufrido una herida con arma blanca o un golpe de bastón policial antes de fallecer. En el video difundido se ve a González caer de espaladas frente a varios efectivos. Organizaciones sociales y vecinos sostienen que la intervención policial fue desproporcionada, y que González fue baleado aun cuando no representaba una amenaza.

La muerte de González se suma a reclamos de larga data de sectores de la sociedad civil contra prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños. Las organizaciones convocantes denuncian patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y impunidad.

Los familiares de la víctima y grupos comunitarios convocaron a una concentración este viernes por la tarde para exigir que la causa avance sin dilaciones.

MC

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó este martes al policía federal que disparó accidentalmente a un niño de 7 años durante un tiroteo con delincuentes armados en La Matanza, y sostuvo que “los culpables son los ladrones”.

“La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo Bullrich en conferencia de prensa, al referirse a Thiago Benjamín Correa Medina, quien recibió un disparo en la cabeza en medio del enfrentamiento y falleció en las últimas horas de este viernes.

El hecho ocurrió cuando cuatro delincuentes intentaron asaltar a un efectivo de la Policía Federal Argentina que se encontraba franco de servicio en la localidad de Villa Madero. El oficial respondió con su arma reglamentaria y en medio del tiroteo, una bala impactó en el niño, que estaba con su padre.

Bullrich remarcó que “no se puede juzgar a un agente que actuó para defenderse” y afirmó que “los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”.

En este sentido, la titular de la cartera de Seguridad apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la ola de robos que se vive en el distrito: “Él es quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo”.

“Esto hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación (dijo cuando el niño estaba en estado crítico) es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión”, añadió la funcionaria.

Bullrich indicó que pedirá a la Justicia que modifique la carátula de la investigación a tentativa del homicidio: “Es la posición del gobierno nacional”.

La calificación del caso actual es “tentativa de robo por ser en el lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado, sumado a homicidio y lesiones graves”.

La ministra consideró que “el ayudante (Facundo Daniel) Aguilar estaba preparado para usar su arma reglamentaria”, por lo que, de acuerdo a su relato, “está claro, que al haber utilizado la pistola y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”.

El ladrón asesinado fue identificado como Brandon Corpus, de 18 años, que recibió un total de 18 disparos, al tiempo que mientras que su compañero, Uriel Leiva, fue baleado a la altura del abdomen y su pronóstico es reservado.

La investigación quedó en manos de la UFI Temática Homicidio Departamental y el fiscal dispuso la aprehensión del efectivo Aguilar por el delito de exceso de legítima defensa.

El hecho se produjo alrededor de las 22.30 en la intersección de avenida Crovara y Madrid. “Cuando escuché los disparos intenté tirarlo al piso, pero ya le había impactado una bala”, relató Fabián, el papá de Thiago.

“Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”, añadió en declaraciones a la prensa.

El efectivo involucrado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa. En el enfrentamiento murió uno de los delincuentes y otros dos resultaron heridos. El cuarto logró escapar.

Con información de la agencia NA

El sistema político argentino está detonado. Sólo esa realidad puede explicar que un gobierno que exhibe fragilidades por los cuatro costados tenga la apariencia de un poder inmutable. Mas que una relación de fuerzas, lo que rige la dinámica política es una relación de debilidades. 

Si la irrupción de las coaliciones en el escenario político de fin del siglo pasado manifestaba la crisis del viejo sistema bipartidista, su etapa senil, la disgregación infinita a la que asistimos en la actualidad expresa una estampida mayor. Mientras todo el mundo se preguntaba cuándo iba a explotar la sociedad, presenciábamos el estallido silencioso de los partidos que dominaron la escena durante el corto siglo XX. En el centro de ese torbellino habita la crisis del peronismo que desde hace por lo menos 12 años perdió la brújula que le permitió alguna vez captar el signo de los tiempos y debilitó como nunca su estructura de poder. Es imposible entender el “fenómeno Milei” si no se toma en cuenta la dimensión de ese vacío.

Las causas estructurales de esta deriva hay que rastrearlas en la lenta agonía de una vieja Argentina que no muere y un nuevo país que no termina de nacer. Una crisis crónica y una larga decadencia económica y social que derivó en un profundo proceso de escisión entre representantes y representados.

Milei fue el beneficiario inducido de este equilibrio inestable y del rechazo rotundo que generó la representación política tradicional en una parte considerable de la población. Logró erigirse en un árbitro que expresa la crisis y representa un mar de frustraciones, pero no la resuelve. 

Esta desafección hizo emerger lo que los investigadores Ignacio Ramírez y Agustina Falak rescatan en el último número la revista Más Poder Local (editada por la Universidad de Murcia): el fenómeno del “partidismo negativo”. “El partidismo negativo —escriben Falak y Ramírez— podría ser resumido de la siguiente manera: «Soy lo que rechazo, soy aquello que no soy». Años atrás, cuando un ciudadano decidía su voto en virtud más del rechazo que del entusiasmo o interés que le despertaba la opción elegida solía hablarse de «voto estratégico», como un desvío del «voto normal» que consistiría en elegir a aquel candidato que más nos gusta. Sin embargo, en un contexto regido por el partidismo negativo, el candidato que más nos gusta puede o suele ser precisamente aquel que expresa la cosmovisión que no nos gusta, aquel que representa lo que rechazamos”. Por eso, según un relevamiento que da sustento empírico al artículo, sólo un 10% de los votantes de Milei manifiestan sentir “amor” por su candidato, mientras quienes creen que representa la mejor oposición a todo aquello que odian con fuerza son la amplia mayoría. El odio vence al amor en el soporte social mileísta. Un consenso negativo por antonomasia que en el fondo es frágil.

Solo esta confusión generalizada de un sistema político aturdido y desorientado puede explicar que, a menos de una semana de una extraordinaria movilización política contra el Gobierno motorizada por el movimiento de la diversidad sexual, pero que terminó transformada en un rechazo mucho más amplio, el grueso de los diputados de la mal llamada “oposición” (25 pertenecientes a Unión por la Patria) hayan votado la suspensión de las PASO de acuerdo a los requerimientos de la Casa Rosada. 

La atomización que mostró el bloque peronista es directamente proporcional a las internas que lo atraviesan. Quizá algún engreído se atreva a repetir el antiguo axioma: “Creen que nos peleamos, pero nos estamos reproduciendo”, sin embargo, la realidad vuelve traer la pregunta que formuló Juan Carlos Torre y acecha como un fantasma desde 2016: ¿le llegó al peronismo su 2001?

La desinflación actual comparada con el desquicio inflacionario de las últimas administraciones tiene expectante (y hasta con esperanza) a una parte de la población que, igualmente, la considera un punto de partida y no de llegada. El miedo a una hiperinflación que se percibía como posible y cercana, y fue “evitada” a golpes a ajuste y licuadora, logra que se sostenga cierto respaldo a Milei. “Inflación descendente y dólar barato, los dos derechos humanos de la hora. No hace falta nada más para explicar la popularidad del presidente”, escribió en X el economista Pablo Gerchunoff y sintetizó el pequeño éxito de la hora. En los años electorales, el dólar artificialmente barato es para los neoliberales lo que los planes “platita” son a los populistas. Combinado con herramientas que comparten dentro de su menú de opciones: cepo o tarifas contenidas.

Sin embargo, el Gobierno es consciente de que la cuestión de los precios es un problema acuciante, pese a la desaceleración de la suba. Múltiples estudios de opinión revelan que las personas responden que notan que bajó la inflación general, pero no la perciben en su economía familiar. De ahí las contorsiones que intentó en la semana el ministro Luis “Toto” Caputo cuando aseguró que no existe el “atraso cambiario”, sino que hay “precios adelantados” producto de una presunta falta de competencia. El último informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, demuestra de manera contundente que la economía argentina está mucho más abierta que hace un año y una canasta de productos (que vienen midiendo comparativamente desde hace un tiempo) hoy es bastante más cara.

Con estos claroscuros, la baja de la inflación sería del “punto fuerte”, el resto son todas fragilidades y una acumulación de contradicciones que combinan el dólar barato, atraso cambiario, reservas negativas, crisis con la industria y con el campo y un Donald Trump que le regaló selfies y múltiples gestos al presidente argentino, pero que desató una guerra comercial de consecuencias impredecibles (y negativas) para nuestro país.

Por eso la multiplicación de las “batallas culturales” y las bombas de humo que lanza el Gobierno con los anabólicos del aparato comunicacional y con la intención tapar las contradicciones de un esquema que muestra severos límites. De todo laberinto se sale echando humo parece ser la traducción libertariana del viejo adagio de Leopoldo Marechal: desde el rimbombante anuncio de la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (difícil de operativizar en lo inmediato) hasta el cierre de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial o la foto de la firma de afiliación de Santiago Caputo a La Libertad Avanza presentada como una imagen de unidad, pero que otros leyeron como un gesto de encuadramiento y subordinación al “Jefe” (Karina Milei) por parte del asesor que por momentos se autopercibió con demasiada autonomía.

La esperanza está nuevamente puesta en un rescate del FMI. Sin embargo, la negociación por un pacto se estancó y ahora se discute una especie de acuerdo puente hasta las elecciones. La diferencia entre Luis Caputo y los funcionarios que siguen el caso argentino se centró en el pedido del ministro de Economía para utilizar con total discrecionalidad los dólares que eventualmente le envíe el Fondo. Los representantes del FMI se negaron y partieron de Buenos Aires sin emitir un comunicado oficial. 

Los dadores voluntarios de gobernabilidad no solo le dan triunfos políticos a un Gobierno que tiene estas fragilidades y que lleva adelante un programa de consecuencias sociales gravosas (se perdieron 185.000 empleos formales en el primer año de Milei, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo), mediante un ajuste salvaje y un ataque permanente a las libertades democráticas. 

También conceden apoyo político a un proyecto autoritario con referentes como José Luis Espert, que esta semana afirmó en una entrevista: “Hay que colgar a cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros”. Este relato que empodera y ceba a las fuerzas de seguridad no queda en mero discurso. Iván Rodrigo Torres era un joven de 22 años perteneciente a la comunidad colla de la cuenca de Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy. Estudiaba la carrera de Turismo y se dedicaba a trabajos de producción agrícola. El jueves pasado por la mañana cuando transportaba hojas de coca y turrones en su moto (parte de sus labores diarias) fue interceptado por una patota uniformada del Escuadrón 21 de La Quiaca de la Gendarmería Nacional que lo persiguió y lo asesinó a balazos. En su vehículo se registraron al menos cinco impactos. El año pasado, exactamente el miércoles 18 de diciembre, Fernando Gómez, de 27 años, había muerto en un operativo de la gendarmería con un disparo en el pecho. El joven era un humilde trabajador informal que también transportaba hojas de coca desde la frontera de Bolivia, en el norte de Salta. 

El Gobierno respondió en las últimas horas casi con un premio: un aumento salarial para las fuerzas de seguridad, que venían amenazando con una protesta para imponer una paritaria exprés. En los márgenes se libran batallas que no son culturales y ya se cobran vidas.

FR/DTC

Un joven de 26 años fue asesinado a balazos por policías de civil en Mar del Plata. El caso generó tal conmoción que obligó al gobernador bonaerense Axel Kicillof a suspender el acto que tenía previsto este sábado en la ciudad costera. Según la investigación, los efectivos de la Policía Bonaerense lo persiguieron en vehículos no identificables por la zona del barrio Bosque Grande mientras que uno de sus dos de sus amigos sufrió diversas heridas.

La víctima fue identificada como Matías Paredes, quien viajaba en un automóvil Fiat Palio con otros dos jóvenes, Emanuel Astete (25) y Cristian Pizarro Novas (27), mientras que los policías pertenecientes a las comisarías decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y Destacamento Camet lo hacían en una camioneta Ford EcoSport y en un Volkswagen Bora.

Paredes recibió cuatro disparos, uno en la espalda, un roce en la cara, uno en el hombro derecho y otro en el brazo derecho y, a pesar de que se lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció a causa de la gravedad de las lesiones producidas por los proyectiles, según consignó el diario local La Capital, .

En tanto, en la EcoSport viajaban Héctor Murray, policía de Estación Camet; Yancamil Masia, de la comisaría decimocuarta, y Emilio Flores, de la decimoquinta; mientras que en el Bora iban los policías Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, de la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en la zona.

Las cámaras de seguridad que están colocadas en las inmediaciones de las calles Polonia y Fortunato de la Plaza tomaron videos que servirán para reconstruir el caso. De acuerdo a las imágenes, todo comenzó a la 1.36 de la mañana, cuando el auto en el que iban Paredes y sus amigos circulaba por Polonia y, a la altura de Tripulantes del Fournier, la Ford EcoSport se les colocó detrás.

Al llegar el rodado de los jóvenes en el cruce de Polonia y Fortunato de la Plaza, el Volkswagen Bora salió de una estación de servicios y cruzó su paso, tras lo cual, asustado por no saber quiénes ni por qué los interceptaban, según contarían luego los dos sobrevivientes a sus allegados, Astete, quien conducía, decidió doblar hacia Goñi y al llegar a la 37 “fue interceptado por un patrullero”, de acuerdo a la versión que dio el fiscal Pellegrinelli en una rueda de prensa.

“Un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo, es interceptado por dos vehículos no identificables, no venían en persecución, el auto intenta evadir, se bajan dos hombres del coche, que serían personal policial, disparando”, señaló el investigador al ser consultado acerca de lo que pudo ver en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Mientras Astete y Pizarro Novas escaparon corriendo (el primero sufrió heridas de postas de goma en la espalda y debió ser hospitalizado luego), Paredes quedó en el asiento de atrás y había sufrido cuatro disparos de arma de fuego, por lo cual sus allegados arribaron al lugar y lo trasladaron por sus propios medios al HIGA en una camioneta marca Toyota Hilux, que también apareció en los videos analizados. En el centro de salud se constató el deceso.

El medio marplatense señaló que el titular de la Policía Científica, Juan Manuel Lara, encabezó el rastrillaje hasta que el instructor decidió derivar las actuaciones a la Asesoría Pericial (dependiente del Poder Judicial) al corroborar que los homicidas eran policías de civil.

Sobre esto, Pellegrinelli señaló que “no es normal que (el auto) no tenga la chapa colocada; hay recomendaciones de al menos tener alguna mínima identificación para que la persona que es interceptada sepa que son personal policial”.

“Entendemos que debe haber existido algún intento del personal policial, sin indumentaria, de identificar el auto, entiendo que seguramente el ocupante debió haber intentado evadir por razones obvias, todo hace presumir que hay una breve interceptación, no es una llegada rápida del auto, es normal, interpreto que los jóvenes pueden haber creído que los iban a robar”, añadió.

Por último, el investigador dijo que este viernes se va a producir el cotejo de las armas reglamentarias que fueron secuestradas. “Con eso y la autopsia vamos a determinar de dónde provinieron los disparos que le dieron muerte (a Paredes). Necesito hacer esa pericia para saber la pertenencia de esas armas. El cuerpo en principio presenta cuatro disparos, es lo que me dicen desde el HIGA”, concluyó.

Qué dice la autopsia

Matías Paredes sufrió dos impactos de bala que le provocaron tres lesiones, según indicó el informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal Alejandro Pellegrinelli.

Según informó La Capital, de acuerdo a la autopsia una de las balas ingresó en la escapula izquierda, atravesó la clavícula y rozó el rostro, mientras que la otra lesión se distinguió en el tórax y causó el daño letal en Paredes. Los dos proyectiles llegaron en trayectoria de izquierda a derecha, lo que supone que los policías estaban de ese lado del vehículo donde iba la víctima.

En tanto, se indicó que, además del lugar en donde recibió los balazos Paredes, se menciona su trayectoria y se logró recuperar un pomo de calibre 9 milímetros, por lo cual, en conjunto con el análisis balístico sobre las cinco armas secuestradas se podrá determinar quién fue el autor de los disparos a partir de la posición que ocupaban los policías al momento de detener el auto en el que Paredes viajaba ocupando el asiento de atrás.

Por otro lado, en las próximas horas se van a cotejar las armas, en especial las Bersa Thunder del oficial principal Emilio Flores (conductor de la EcoSport) y del subteniente Juan Manuel Molina, ya que, se sospecha que de esas pistolas salieron los 7 disparos, aunque también se analizaran la Bersa Thunder 9 del oficial principal Javier Yancamil Macías, del sargento Julio Rufino Jerez y del también oficial principal Héctor Murray.

La versión de uno de los policías

La versión policial del procedimiento en el que habría sido asesinado Paredes asegura que, cuando los efectivos bajaron a identificar a los ocupantes del Fiat Palio, uno de ellos pareció mostrar un arma y hacer una detonación.

Este relato se ajusta a dichos exculpatorios que se orientan a dar algunas explicaciones que los videos captados por cámaras de seguridad desmentirían y quien escribió el acta fue Juan Molina, el encargado del gabinete técnico operativo de la 16a. que, junto con el sargento Julio Rufino Gerez, estaba en la estación de servicio de Polonia y Fortunato de la Plaza en su auto particular Volkswagen Bora escuchando la radio policial y atentos a la orden de servicio por un operativo de prevención con orden de detención de Cristian Monje, el sindicado asesino del kiosquero Cristian Velázquez.

De acuerdo a la versión de Molina, escucharon por la frecuencia policial que una Ford EcoSport con personal policial venía siguiendo al Fiat Palio por considerarlo sospechoso y en su relato el policía indicó que se tenía el dato que Monje iba a ser trasladado de noche a la ciudad de Miramar, por lo que decidieron sumarse a la interceptación.

“Detenidos en la playa de estacionamiento de la estación de servicio allí emplazada observamos que el vehículo Palio descripto circulaban por Fortunato de la Plaza desde Brumana en dirección a Polonia, cruzamos nuestro automotor a fines de interceptarlo, descendiendo ambos, mientras que los efectivos que solicitaron la identificación detienen su camioneta EcoSport de color negra detrás del rodado”, se describió en un acta.

Luego se indicó en el documento: “Seguidamente nos identificamos como personal policial, observando desde la luneta a un masculino realizar ademanes con un arma tipo revólver color plateado y tras ello se escucha un fuerte estruendo. Acto seguido el rodado acelera con claras intenciones de fugarse del lugar y esquivando el automóvil en el que nos desplazamos. Tras haber escuchado la detonación mencionada, el suscripto (Molina) extrae el arma reglamentaria y procede a efectuar varias detonaciones, aproximadamente tres, como así el oficial principal Flores Emilio, el cual tenía colocado chaleco de transporte mismo reza inscripto POLICIA, consecuentemente, el rodado Fiat Palio, sale raudo en fuga, comenzando una persecución”.

El resto del acta se completa diciendo que persiguieron al Palio hasta que se detuvo, que pidieron una ambulancia para el herido y que empezó a llegar gente por lo que debieron retirarse. Además de Molina y Rufino Gerez están implicados en el procedimiento Héctor Murray, Yancamil Masia y Emilio Flores, de la decimoquinta, que ocupaban la Ford Ecosport.

Con información de NA.

IG

“No te muevas que te mato”. Edwin Freddy Capcha Condori fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando participaba de la movilización al Ministerio de Capital Humano que el 10 de abril motorizaron las organizaciones sociales para reclamar asistencia alimentaria. El protocolo antipiquete se activó contra él de una manera brutal, pese a que estaba sobre la zona parquizada de la avenida 9 de Julio: los agentes de la Policía de la Ciudad lo tomaron del cuello, lo redujeron y lo arrastraron varios metros. Recibió una trompada en la cara y le golpearon la frente contra el asfalto. En el suelo lo amenazaron de muerte. Perdió tanta sangre que hasta una policía intentó pararle la hemorragia con una servilleta de papel. Por las heridas fue trasladado al hospital Ramos Mejía, antes de terminar detenido junto a una decena de manifestantes en la Alcaldía 4, en Parque Patricios. Pasó parte de la noche a la intemperie, en el patio de la sede policial porque los calabozos estaban saturados. Recién al otro día fue liberado.

El 27 de enero pasado Mariano Juárez, de 23 años, robó junto a otro joven de 18 años un auto en Barracas. En medio de la persecución policial chocaron contra un carro en la Villa 21-24. Al salir del vehículo, recibió tres disparos de la Policía porteña desde atrás. Una bala le entró por la nuca y le atravesó el maxilar izquierdo, otra impactó en el omóplato del mismo lado, y la última fue en una mano que ya tenía levantada, sin ofrecer resistencia. “Le dieron a matar”, se escucha de una mujer en videos registrados por los vecinos. En esas mismas imágenes se ve cómo los efectivos policiales intentaron “desmantelar” la escena: movieron el vehículo chocado, aún con sangre chorreando por la puerta. También levantaron los casquillos de bala. Los vecinos terminaron insultando a los efectivos, mientras Mariano era trasladado a una comisaría sin recibir asistencia médica inmediata. Luego sí fue atendido en el hospital Penna, hasta que el 2 de febrero fue derivado a la cárcel de Devoto, que pertenece al Servicio Penitenciario Federal. Su condición de salud sigue siendo grave: desde hace más de un mes tiene pendientes estudios en el Pirovano porque necesita con urgencia una cirugía maxilofacial por los disparos recibidos. Actualmente tiene que cortar la comida en pedacitos para poder comer. Los días de mucha humedad sus dolores aumentan. 

Aunque en situaciones muy distintas, los casos de Edwin y de Mariano están conectados por la misma lógica represiva y de mano dura policial del gobierno porteño de Jorge Macri, a su vez amparado por la política que pregona Patricia Bullrich a nivel nacional. “Una ciudad limpia y ordenada”, es el leitmotiv de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde ya no se vende que “La transformación no para”, como en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta.

Con las cuentas públicas ajustadas, “ofrecer seguridad” se convirtió en la nave insignia del primo Macri. Por eso en sus primeros meses estableció un protocolo antipiquete espejo al de Nación, creó dos divisiones policiales nuevas –motorizadas en 4x4 y en motocicleta–, estableció un inédito protocolo de actuación de la fuerza y dispuso como jefe policial a un civil –Diego Kravetz–, lanzó un polémico operativo para levantar ranchadas y acampes, e impulsa en la Legislatura una ley de Reiterancia. Un paquete de medidas que tiene como flanco débil la habilitación de cierto abuso policial como denuncian los casos de Edwin y de Mariano.

“No venimos a pegarle a nadie”

Edwin, de nacionalidad boliviana y 44 años, es costurero y vive en La Matanza desde hace más de una década. Forma parte del Polo Obrero desde 2010 e integra un comedor popular en Villa Celina. De todas las marchas en las que participó, asegura que es la primera vez en la que fue golpeado y detenido por la policía. Por los maltratos que recibió, acaba de presentarse como querellante en una causa que inició el diputado porteño Gabriel Solano por apremios ilegales. “Nunca me pasó como con Milei”, aseguró a elDiarioAR.

“Había hartos policías. Me agarraron del cuello y yo ya no me moví, nada, y me arrastraron por la calle”, relató Edwin en un encuentro el miércoles pasado en la sede del Partido Obrero en Once. Aún tenía el golpe en la frente: por la profundidad del corte le hicieron cuatro puntos de sutura. Dijo que todavía le dolían la rodilla y la pierna izquierda. No pudo volver a trabajar y sus vecinos le hicieron una colecta en su ayuda. La escena de su detención quedó registrada por la cámara de C5N y los fotógrafos del colectivo “Ojos que sí la ven”. 

Todas las actuaciones de la policía porteña son auditadas por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía, que dirige Alfonso Antonio Palmou. Trabaja a la par con el ministerio de Seguridad, que conduce Waldo Wolff. En la cartera defendieron ante elDiarioAR el operativo antipiquete en la 9 de Julio, aunque no brindaron detalles de cómo fue la detención del militante del PO.

“Nosotros no venimos a pegarle a nadie”, recogió este medio de una alta fuente de Seguridad. Según el relato oficial, el operativo contra la protesta se inició sólo cuando la columna de manifestantes cortó la avenida principal del microcentro. Tanto en la UTEP como en el PO denunciaron que la fuerza actuó sin previo aviso, justo cuando estaban organizando una delegación para reunirse con funcionarios de Sandra Pettovello. 

“La policía no hubiera hecho el operativo si no cortaban la calle”, explicaron en la Ciudad. Los agentes estaban ubicados a unas 5 cuadras del histórico edificio cerca al Obelisco. Y, siempre según la fuente oficial, la intención era “desalojar” las columnas hacia el lado de Constitución. También hubo manifestantes que dañaron algunos vehículos, que terminaron con vidrios rotos y hasta partes quemadas. 

“Acá se dispara poco”

Mariano tenía un turno el lunes pasado para su cirugía maxilofacial pero desde Devoto no lo llevaron al Pirovano. Se lo reprogramaron para este lunes próximo y en mayo espera también ver a un oftalmólogo. Por esas demoras su defensa presentó un habeas corpus y desde el juzgado que sigue su causa intimaron al penal. Su familia pidió la prisión domiciliaria para poder ellos hacerse cargo de su salud.

En el gobierno porteño se desentendieron de las condiciones actuales de Mariano porque su detención depende de una cárcel federal. CABA no tiene un servicio penitenciario propio, déficit que es parte de un reclamo histórico con Nación por la transferencia total de las competencias judiciales. De ahí se deriva otro flanco en la gestión de Macri: en las últimas dos semanas hubo 4 fugas de las comisarías porteñas, facilitadas por la superpoblación de presos. La Policía local tiene el doble de detenidos que puede albergar: 1940 sobre unas mil plazas. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerlo a niveles y parámetros de seguridad estándar”, se quejó Wolff días atrás en Infobae.

Esa disputa de competencias jurisdiccionales explica que a Mariano lo detuvo la Policía porteña pero en el caso interviene un juzgado federal. Es el N°62 en lo Criminal y Correccional, Secretaría 79, a cargo de Eduardo Manuel Rico. Para la Policía de la Ciudad, durante la detención de Mariano hubo un “enfrentamiento con los malvivientes”, según el reporte oficial al que pudo acceder este medio. Ese relato choca con la versión que denunció el joven y lo que vieron los vecinos. Incluso en el expediente sobre el robo –supo elDiarioAR– se destaca que Mariano no estaba armado ni se habla de “enfrentamiento”. 

El caso tomó relevancia por su difusión original en La Garganta Poderosa. El joven está en una situación de consumo de drogas, condición por la que –entienden en su círculo cercano– delinquió varias veces. “No es un chico peligroso”, asegura Ochoteco, quien conoce a Mariano desde que era chico. “No pedimos que se lo exima de la imputación penal por el delito, pero las lesiones que recibió son un abuso policial y una intención de gatillo fácil. Consideramos que el Estado debe reparar ese daño para que el joven luego pueda ser penado”, aseguró a elDiarioAR Paz Ochoteco, coordinadora de la Fundación Temas, una ONG que brinda asistencia comunitaria en la villa 21-24. 

En Seguridad defendieron la actuación policial en todo sentido. “Me siento orgulloso del profesionalismo de la policía”, agregó la voz consultada en Seguridad. “En la ciudad no ha aumentado el delito y tenemos muchísima más presencia policial en la calle”, había expuesto Wolff en su entrevista a Infobae. 

Ante elDiarioAR en el ministerio aportaron un dato sobre el uso de armas letales: entre que asumió Macri en diciembre y el 3 de abril pasado, hubo “apenas” 15 casos en CABA en que los efectivos porteños abrieron fuego. La estadística se cuadruplicó del otro lado de la avenida General Paz: al menos 66 veces agentes de la Policía local, pero que viven en el conurbano, tuvieron que utilizar sus armas reglamentarias. “Se tienen que defender porque les roban cuando entran o salen de sus casas”, fue la explicación en el ministerio porteño. La conclusión fue tajante: “Acá se dispara poco”.

MC/DTC

Yanina Marotte, la policía que asesinó a un delincuente que intentó robarle mientras esperaba el colectivo en La Matanza, fue sobreseída tras el exhaustivo pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso ocurrió el miércoles 6 de marzo cuando Marotte esperaba el colectivo y fue sorprendida por delincuentes que intentaron robarle el celular. Durante su defensa, y al dar la voz de alto, la agente mató a uno de los ladrones y por este motivo fue detenida.

Aun así, luego de que se diera a conocer la noticia, fue la propia ministra de Seguridad de la Nación quien solicitó que Marotte sea liberada: “La oficial de la PFA usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

Horas después de este pedido la efectiva fue puesta en libertad, aunque seguía bajo investigación por el delito de homicidio agravado, por lo que también le dictaron una prohibición para salir del país.

Su situación procesal se modificó en las últimas horas cuando el Juzgado N°15 dictó “falta de mérito para procesar” a la oficial y de este modo fue sobreseída.

Previo a esta noticia, la mujer de 33 años relató como fue aquella madrugada: “Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió”.

“Se me vino la imagen de mi nena en la cabeza. Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a ella”, agregó.

CRM con información de la agencia NA

Un fiscal pidió que vaya a juicio oral el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de proporcionar el arma que se “plantó” en la escena del crimen del adolescente Lucas González para simular un enfrentamiento. Se trata del efectivo Facundo Agustín Matías Torres, que al momento del asesinato en noviembre de 2021, se desempeñaba como oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Según detalló la Procuración General de la Nación en su página web, el fiscal Leonel Gómez Barbella y la auxiliar María Victoria Fiore solicitaron a la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Vanesa Peluffo, que Torres sea juzgado como “coautor” de “falses ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Las pruebas para imputar a este nuevo oficial surgieron del juicio oral que terminó el pasado 11 de julio con las condenas a prisión perpetua para Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres fueron sentenciados por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.

En el marco de ese mismo juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, otros seis policías recibieron penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Se trata de Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Di Santos y Héctor Cuevas. Fue precisamente este último quien acusó a Torres. En el juicio, declaró que este le dio a Issasi el arma para colocar en el auto que conducían Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los oficiales.

“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, explicó la fiscalía.

Según especificaron en el requerimiento de elevación a juicio, inmediatamente después del presunto “enfrentamiento armado”, el acusado fue con Issasi a la dependencia policial donde prestaba funciones para recoger el arma de utilería que luego pondrían en el vehículo de las víctimas.

Esta hipótesis se ve reforzada por evidencia previamente recopilada como la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre” “unos dementes” y “encima le ponen una pistola de juguete” son algunas de más destacadas de esa comunicación.

Qué sucedió la noche del crimen de Lucas González

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos por oficiales el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaban de entrenar en el club Barracas Central en un Volkswagen Suran. En el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sárfield, fueron interceptados por un móvil policial de la Brigada 6 de la Comuna 4.

Como no contaban con identificación policial, los jóvenes pensaron que se trataba de ladrones e intentaron escapar, lo que impulsó a los efectivos a iniciar una balacera contra el vehículo. Dos disparos impactaron en la cabeza de Lucas, lo que le provocó la muerte. Sus tres amigos, en tanto, fueron detenidos y trasladados al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente.

Luego del crimen, los efectivos involucrados montaron un operativo para encubrir lo sucedido y fingir un escenario de tiroteo con delincuentes. Fue en este contexto que implantaron el arma de Torres en el auto.

Con información de agencias.

El policía Maykel Mercedes López fue condenado, esta tarde, a prisión perpetua por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado de una balazo en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo. Así lo dispuso el tribunal técnico de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en base al veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

Al comienzo de la audiencia de este miércoles, el efectivo pidió perdón por todo lo sucedido. “No se imaginan lo que pasó por mi cabeza esa noche. El dolor que pasé lo voy a llevar por el resto de mi vida”, expresó el policía, dirigiéndose a la familia del joven asesinado.

Los otros 5 policías involucrados y sometidos a juicio resultaron absueltos. Se trata de Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Alberto Daniel Sosa Gallardo (43) y Fernández Aliendro (27).

En los alegatos de este lunes, la fiscal Fabiana Pochettino y los querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresnada pidieron la prisión perpetua para López, Luna, Alvarado Gómez y Aliendro por los delitos de “homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo”.

Por su parte, los abogados de López, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco pidieron la absolución del policía dado que su accionar constituye un caso de legítima defensa en tanto debía enfrentar un ataque a pedradas del grupo de jóvenes que integraba Joaquín. Subsidiariamente, pidieron que sea condenado a la pena más baja del delito de “homicidio culposo”. Sin embargo, el desenlace fue favorable a la solicitud de la familia de la víctima.

Pedro Despouy Santoro, abogado de Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez, también había pedido la absolución de sus clientes y cuestionado el accionar de la fiscal. “Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, dijo.

Hoy, antes de que iniciara la audiencia, la mamá del adolescente asesinado, Soledad Paredes, reafirmó su deseo de que los 6 acusados fueran condenados a prisión perpetua. “Mi esperanza es que sea una sentencia de prisión perpetua para todos los responsables de la muerte e mi hijo”, expresó. La mujer esperaba que los jueces y el jurado popular dictaran un “veredicto ejemplar” luego de que la Fiscalía demostrara que “a Joaquín le dispararon a matar”.

Con información de agencias.

La fiscal Fabiana Pochettino pidió hoy que cinco de los seis policías juzgados por el crimen de Joaquín Paredes, en Córdoba, sean condenados a prisión perpetua. El adolescente de 15 años había sido asesinado de un disparo durante un operativo en octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo.

El pedido de la fiscal fue apoyado por los abogados de la familia de la víctima, Claudio Orosz y Ramiro Fresnada, y el letrado del amigo de Paredes ─herido durante el mismo incidente─, Juan Pedro García. En sus alegatos, los magistrados sostuvieron que los efectivos Maykel Mercedes López (25), Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) deben ser condenados por homicidio por un jurado popular.

Para el sexto policía, Daniel Alberto Gallardo (43), por su lado, exigieron una pena de dos años de cumplimiento efectivo.

Pochettino relató de manera cronológica los hechos y detalló cómo los involucrados en el crimen intentaron dar una versión policial distinta a la ocurrida a fin de ocultar el amedrentamiento que buscaron generar los efectivos entre los jóvenes. En este sentido, la fiscal detalló que, a la hora de informar lo sucedido a su superior, Sosa Gallardo omitió “que habían disparado armas de fuego, incluso que había una víctima fatal”.

Esta misma intención de tergiversar los sucesos fue ratificada por Orosz, quien sostuvo que se los oficiales “dispararon al móvil policial para intentar plantar un arma”.

Qué sucedió la noche del crimen de Joaquín Paredes

La madrugada del 25 de octubre de 2020, un grupo de policías llegó a la plaza de Paso Viejo, una localidad cordobesa de alrededor de mil habitantes, tras haber sido alertado sobre una reunión de jóvenes que violaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

De acuerdo a los datos de la acusación, al llegar a la plaza se produjo una discusión con los jóvenes que habría derivado en una balacera por parte de los efectivos presentes. Habrían disparado, al menos, siete veces: cuatro balazos fueron efectuados por el agente Luna y los otros tres con la del agente López. Estos últimos serían los que impactaron en la espalda de Paredes y le provocaron la muerte, según indicaron los peritajes.

Otro disparo impactó en el brazo de Brian Brandon Villada (15), amigo de la víctima, quien fue asistido en un centro de salud pública. A pesar de las investigaciones, aún no se ha podido determinar qué arma originó el balazo que lo hirió.

Con información de agencias.

Nuevos testigos declararon el juicio a seis policías por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado durante un operativo policial el 25 de octubre de 2020 cuando regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, en la localidad cordobesa de Paso Viejo.

Este miércoles, jóvenes relataron su versión de los hechos ante el Tribunal de Cruz del Eje, integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides y jurados populares. El día anterior, habían declarado los seis policías juzgados: Maykel Mercedes López (25), Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43). Lo hicieron, además, la madre de la víctima, Soledad Paredes, y un amigo del adolescente que también fue baleado durante el incidente.

López es el único acusado como autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Paredes (15). La fiscal Fabiana Pochettino pidió, en nombre de la familia del adolescente, que se juzgue a todos los policías con esta misma carátula, pero el requerimiento fue desestimado por el tribunal. Así, Luna seguirá imputado por “lesiones graves” contra el amigo de la víctima, Sosa Gallardo por “amenazas calificadas” y Alvarado, Gómez y Aliendro por “omisión de deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.

Según la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías llegó a la plaza de Paso Viejo, una localidad cordobesa de mil habitantes, tras ser alertado por una reunión de jóvenes mientras regía el aislamiento. En el lugar, se produjo una discusión con los adolescentes que derivó en una balacera por parte de los policías: dispararon al menos siete veces. Según determinaron los peritajes, cuatro balas correspondían al arma del agente Luna mientras que las tres restantes a la de López y fue precisamente uno de estos últimos disparos el que ocasionó la muerte de Paredes.

Con información de agencias.

Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas González, sostuvo que la Justicia emitió “el fallo más importante desde el regreso de la democracia” tras conocer las penas contra los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad y se mostró conforme por el veredicto.

“Es el fallo más importante desde que la democracia ha vuelto al país. Es el fallo más importante en relación a lo que es que el Estado mate y por el color de la piel. Esto va a ayudar a que nunca más maten por el color de la piel. Se condenó a la mafia. No olviden que los chicos fueron presos y ellos se fueron a tomar champagne esa noche”, sostuvo.

Luego de que los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y Ana Dieta de Herrero sentenciaran a prisión perpetua a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por el crimen del adolescente de 17 años, el letrado sostuvo que se trató de “una sentencia histórica”.

A pesar de que el Tribunal absolvió a cinco de los 11 imputados en el caso, el defensor remarcó: “Son 9 condenas sobre 14 y me quiero dedicar a eso. Después estudiaré y evaluaré cuál de las absoluciones vale recurrir”.

“Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, entre ellos el placer y el odio por racismo. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional. Es una sentencia histórica en la Argentina, para que no haya más un Lucas González y para que nunca más la Policía nos mate”, opinó Dalbón.

Sobre cómo tomaron la condena la madre y el padre de la víctima, Dalbón destacó: “Estaban muy emocionados porque lo que buscábamos era la perpetua y el agravante de racismo. Hemos conseguido que los llamen como víctima de la violencia institucional”.

“Esto es el principio porque lo que viene ahora es ir a los jefes. Acaban de decir que se extraigan testimonios para tratar de investigar al jefe de la Policía”, sentenció Dalbón. También hizo hincapié en el dictamen del Tribunal sobre la familia: “El reconocimiento como víctimas de violencia institucional está diciendo que las mató al Estado”.

En cuanto a los condenados, indicó que “se van a morir en la cárcel porque mataron a un futbolista, no a alguien que compraba droga”, indicó.  El letrado también manifestó que esta condena es ejemplar y que permitirá que “jamás le arrebaten el sueño a otro chico”.

Héctor González, parde de Lucas, expresó entre lágrimas a la salida del tribunal porteño: “Estoy feliz, se hizo justicia”. “Le pido a Lucas que me de fuerzas para seguir adelante. Le agradezco a la gente y a mi familia”, dijo. Por último, remarcó que no siente bronca ni enojo con los policías de la Ciudad.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que González se abrazó con el abogado Dalbón.

LC con información de agencia NA

El tribunal que condenó a prisión perpetua a tres policías por el asesinato de Lucas González y por tentativa de homicidio de sus tres amigos, pidió este martes que además se extraigan los testimonios que brindaron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad,para investigar su actividad en el marco del caso.

“Se ordena extraer testimonios del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a raíz de los hechos denunciados por (el imputado) Ángel Darío Arévalos en sus últimas palabras y remitirlos al juzgado en lo Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia de la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos”, señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto leído este mediodía.

El 26 de junio pasado, la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, declaró en su alegato contra la cúpula de la policía porteña, el comisario general Gabriel Berard y el subjefe Oscar Cejas.

“La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”, dijo la letrada visiblemente conmocionada durante su alegato. Recordó también que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, cosa que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

“Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, detalló.

Arévalo agregó: “Le respondí: 'si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable', a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar”.

“Es muy difícil para mí alegar porque se trata de mi hermano y este es un caso aberrante. Lo tenía que contar porque la verdad se tiene que saber”, finalizó la abogada para y darle paso a su socio Ramón Salto, quien solicitó que Arévalos sea absuelto ya que consideró que “nunca encubrió” y que solo recibió la orden de Cuevas de perimetrar la zona.

LC con información de agencia Télam

Cintia López, la mamá de Lucas González, el adolescente asesinado por policías en el barrio de Barracas en noviembre de 2021, dijo este martres que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel”, así como su hijo “no va a salir más del cementerio”; mientras que el padre de la víctima, Héctor “Peca” González, adelantó que pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, para que el 17 de noviembre, día del crimen de su hijo, no sea más el día de la policía porteña.

“Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”, expresó entre lágrimas Cintia a la prensa en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde el Tribunal Oral en lo Criminal 25 dará a conocer durante esta jornada el veredicto en el juicio a los tres policías acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados por el encubrimiento del hecho.

La mujer dijo que llega “destrozada” a este día en el que no sólo se conocerá el veredicto del juicio sino que también es su cumpleaños.

“Yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Me la destrozó, estoy muerta en vida, no tengo vida, no tengo rumbo”, agregó.

Cintia espera que los jueces le den a los asesinos de su hijo “la misma condena” que hoy cumple su hijo asesinado.

“Cuando yo saque a mi hijo del cementerio quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel”, explicó.

Por su parte, el papá de la víctima, “Peca” González, dijo que espera la prisión “perpetua” para los asesinos de su hijo y las penas que pidió su abogado, Gregorio Dalbón, para los otros 11 policías juzgado por el encubrimiento.

“Ojalá que Lucas ponga en manos del tribunal que se haga justicia y que le dé el mejor regalo a su madre en el día de su cumpleaños”, afirmó.

El papá de Lucas comentó que está convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial” y “discriminación”, por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran “morochitos”.

“Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo González.

A su vez, anunció que le pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que cambie el día de la Policía de la Ciudad.

“Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías”, explicó.

También pidió que a los policías “no les den ningún beneficio” y “cumplan lo que tengan que cumplir” porque a Lucas “no le dieron oportunidad de vivir, no se pudo defender”.

“Nos quitaron un hijo, es la tortura misma, día a día”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 porteño, condenaron a a los policías acusados de matar a Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado el 17 de noviembre de 2021, en la entrada de la villa Zavaleta en Barracas.

Los principales acusados son el inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Así, Isassi recibió la pena de prisión perpetua, según determinó el tribunal. López y Nieva también recibieron la misma pena.

Los tres no solo fueron condenados por el crimen de Lucas. También se los acusó de intentar matar a los tres amigos del joven que lo acompañaban en el auto al momento del hecho. La causa fue instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella. También se los acusó de privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.

Por otra parte, otros 12 policías fueron acusados en la causa por encubrir el hecho, con imputaciones como privación ilegítima, torturas y falsedad, agravada por su condiciones de policías. Otros dos fueron acusados de falso testimonio.

Héctor Cuevas fue condenado a 4 años de prisión por ayudar a Isassi a alterar las pruebas del delito, un hecho agravado por su condición de policía. Juan Horacio Romero recibió 6 años por encubrimiento, particularmente por ayudar a Isassi.

La sentencia se leyó en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con su planta baja y primer piso colmados, junto a una fuerte manifestación de familiares, amigos y organizaciones sociales en la calle. El proceso, que se inició el 16 de marzo, incluyó más de 50 testigos, entre ellos el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que complicó con su relato a los policías acusados.

Antes los imputados hicieron uso de su derecho a expresar sus últimas palabras.

La fecha coincide con el cumpleaños de Cintia López, madre de Lucas, contó a Télam Héctor 'Peca' González, padre del adolescente asesinado, quien convocó a quienes se quieran acercar a la puerta de los tribunales “con una camiseta de fútbol o una bandera de Argentina”, porque “el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

Durante las 18 audiencias en las que se extendió el debate oral, se juzgó las actuaciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y del oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, imputados por el crimen de Lucas (17) y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Además, se debatió sobre la participación de otros 11 efectivos porteños de distintos rangos en el encubrimiento de hecho y las posteriores torturas para los tres sobrevivientes.

En su alegato, el fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad” en perjuicio de Lucas, y por la “tentativa de homicidio” de sus tres amigos.

El representante del Ministerio Público Fiscal dijo que los tres policías porteños “actuaron como cazadores que esperan a una presa”, ya que los “emboscaron y les tendieron una trampa”, al tiempo que afirmó que “no les dieron a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa”.

El pedido fue apoyado por el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, quien en su alegato describió a Isassi, López y Nieva como “tres mafiosos asesinos”, que “vieron bajar a Lucas con una gorrita blanca” y que, en ese momento, “lo eligen por el color de piel”, para luego seguirlos hasta interceptarlos y dispararles “de frente, oblicuo y de atrás, a zonas vitales”.

“El agravante por el odio racial debe ser incluido al momento de dar sentencia. Los imputados fueron a la caza y posterior extermino de uno de ellos”, sostuvo.

En tanto, el fiscal Pérez de la Fuente solicitó penas de prisión de entre los 4 y 17 años de prisión para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones como funcionarios públicos.

“Tengo acreditado que los comisarios Daniel Alberto Santana (53), Rodolfo Alejando Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Juan Horacio Romero (51); el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (49), Roberto Orlando Inca (47); y el principal Héctor Claudio Cuevas (51) privaron ilegítimamente de su libertad a Lucas, Joaquín, Julián y Niven abusando de sus funciones, actuando de manera arbitraria”, aseguró el fiscal.

Para ellos, los imputados de más altos rangos, solicitó la pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, excepto de Cuevas, de quien pidió cuatro años al considerar que en su testimonio durante el debate oral sirvió para determinar que los comisarios y subcomisarios sabían que no se trató de un enfrentamiento armado con delincuentes, como lo habían modulado los policías de la Brigada.

En tanto, para los oficiales Jonathan Alexis Martínez (35) y Ángel Darío Arévalos (34) pidió 6 años, para Daniel Rubén Espinosa (33) 5 años y para Sebastián Jorge Baidón (28) 17 años de prisión, ya que lo consideró autor de las torturas que padecieron las víctimas.

Por otro lado, Dalbón solicitó que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20 años de prisión al considerar que, además de ser coautores de los delitos de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y el abuso de sus funciones, omitieron las torturas que sufrieron los menores de edad.

Dalbón, en tanto, solicitó la pena de 30 años de cárcel efectiva para Baidón, ya que afirmó que fue él uno de los que torturó a los menores, luego de que Zúñiga lo señaló en una de las primeras audiencias como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo “¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo”.

Por último, el abogado de la familia de Lucas solicitó al TOC 25 la condena a tres años y medio para Cuevas, de quien no acusó por la comisión de torturas a los menores.

El testimonio de Cuevas durante el debate oral derivó el pasado el 3 de junio en la detención del oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Isassi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

Finalmente, las defensas de los 14 policías porteños imputados en la causa solicitaron las absoluciones de todos al considerar, en el caso de los acusados del encubrimiento, que no participaron en dichas maniobras, mientras que los señalados como autores del homicidio aludieron que “obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo”.

Durante el debate en curso se inició una investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, al considerar, tras el testimonio de Cuevas y de dos de los abogados defensores en sus alegatos, que la máxima autoridad policial porteña estaba al tanto de lo ocurrido durante la jornada donde fue asesinado Lucas.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran y fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Los menores, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente tras determinar que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

Con información de Télam.

IG

La muerte del adolescente baleado por la policía en Francia, el pasado martes, generó nuevas movilizaciones con incidentes y disturbios. “El mundo entero debe ver esto... Cuando marchamos por Nahel, marchamos por todos los que no han tenido cámara”, dijo la madre de la víctima durante la marcha en Nanterre, donde ocurrió el caso de “gatillo fácil”.

La llamada “Marcha blanca” contó con la participación de más de 6.000 personas que se congregaron bajo la consigna “Justicia para Nahel” y fueron dispersados con gases lacrimógenos tras su llegada a la Plaza Nelson Mandela. En respuesta, algunos grupos vestidos de negro apedrearon a los agentes y comenzaron a incendiar tachos de basura, autos y árboles.

En este marco, alrededor de 180 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, según informó el ministro del Interior, Gérard Darnmanin. El funcionario también expresó su apoyo a la policía tras una “una noche de violencia insoportable contra símbolos” del país. “Apoyo a los policías, gendarmes y bomberos que dan la cara con valentía. Vergüenza para los que no llamaron a la calma”, dijo.

El presidente Emmanuel Macron se expresó en la misma línea vía Twitter y condenó la “violencia contra comisarías, escuelas y sedes gubernamentales”. Desde el gobierno francés, además, cuestionaron el accionar del agente que disparó contra el joven Nahel que se resistió a un control policial. De acuerdo con la Fiscalía de Nanterre, no se cumplieron las condiciones legales para el uso del arma por lo que el agente deberá seguir en prisión preventiva.

El policía acusado pidió disculpas por su accionar. “Las primeras palabras que dijo fueron para pedir perdón; y las últimas palabras fueron otra vez para pedir perdón a la familia”, indicó su abogado defensor. Además, explicó a las autoridades que quería “evitar una nueva fuga del vehículo” y que desenfundó en arma y apuntó contra el joven para evitar que volviese a arrancar. Cuando Nahel igualmente lo hizo, se efectuó el disparo que atravesó el brazo y tórax del adolescente.

Con información de agencias.