Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

LN/MG

Justo en tiempos en que el consumo, el salario y el empleo retroceden en casi todo el país, la administración de Axel Kicillof suspenderá a partir de mayo y por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas unua caja que mensualmente contiene: una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, leche, levadura y harina, más una lata de tomate triturado, una de lentejas y otra de arvejas.

El MESA es un plan que se creó en 2020 por la pandemia porque los estudiantes no podían recibir la comida de Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero el Estado bonaerense lo mantuvo hasta ahora cuando regresaron las clases en 2021.

La decisión de la suspensión radica en que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la Nación dejó de financiar un tercio del SAE, como había hecho la gestión de Mauricio Macri. Dos años y medio después, Kicillof argumenta que ya puede seguir sosteniendo al mismo tiempo los comedores en colegios y las cajas de alimentos. Por eso ahora corta con el MESA.

Desde la Provincia aseguran, sin embargo, que para evitar un colapso social, se reforzará en un 30% (unos $13.000 millones mensuales más) el presupuesto del SAE, que alcanza a más alumnos, unos 2,5 millones -es decir, no todos recibían el bolsón-. De este modo, recibirán en las instituciones educativas desayuno, almuerzo y merienda.

Preocupación

Pero hasta los intendentes peronistas están preocupados porque el MESA no sólo alimentaba a los niños sino a sus familias. Por eso, marcharán este miércoles al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para reclamar ayuda. La cartera de Pettovello respondió que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas”.

Las luces de alarma son varias. Hasta el economista favorito de Milei, Ricardo Arriazu, alertó la semana pasada que el modelo libertario destruye empleos en el conurbano bonaerense y eso puede implicar un riesgo social y político para su futuro.

Claro que si “explota” el Gran Buenos Aires tampoco le favorece a las ambiciones presidenciales de Kicillof. Conciente del clima que atraviesa la población, al mismo tiempo que suspendió el MESA, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque, no sólo reforzó el SAE sino también la atención a los hogares sin niños, cada vez más habituales ante la caída de la natalidad.

En ese sentido se duplicó el Módulo Alimentario Territorial (MATE) que envía a los municipios y elevó 25% el presupuesto de los programas sociales, incluidas las Unidades de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 14 años, el programa Envión para jóvenes de 12 a 21 años, las ayudas a personas mayores y a las de discapacidad, entre otros.

Es decir, por un lado se suspende el MESA, que requería $200.000 millones entre mayo y diciembre, según declaró la subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, Bernarda Meglia, a Infobae. Por otro, aumentan el presupuesto del SAE en $104.000 millones de acá a fin de año, el del MATE a municipios en 13.200 millones de pesos y el de otros 18 programas sociales en 19.695 millones de pesos; es decir, un total de 136.895 millones. Por tanto, entre sumas y resta, el ajuste alcanza los $63.000 millones.

En la provincia detectaron que la demanda de alimentos en municipios y comedores se duplicó en el conurbano y se quintuplicó en el interior bonaerense desde que comenzó el gobierno de Milei por el mayor desempleo, la caída de ingresos y el recorte de políticas nacionales. Detectaron familias endeudadas para comer.

“Ahora la provincia y los municipios tienen una demanda multiplicada en sectores que antes no demandaban tanto: jubilados, discapacidad, embarazadas, lactantes”, comentan en el gobierno bonaerense, en alusión a algunas poblaciones que sufrieron la motosierra de Milei.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, envió la semana pasada una nueva queja a su par nacional, Luis Caputo, porque le restringe el acceso a un financiamiento que la provincia tuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2020 y 2024 para costear programas sociales.

Sin la autorización de la Nación, los estados provinciales no pueden conseguir este tipo de crédito de organismos multilaterales. También hay reclamos judiciales por deudas del Estado nacional al bonaerense.

AR/MC

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), a través de la resolución 393/2025 que modifica el esquema de control y asignación de recursos, que comenzarán a depender de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. De acuerdo al Gobierno, “esto permitirá una gestión más eficiente y transparente de la asistencia alimentaria en todo el país”.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, dio a conocer que, mientras el Gobierno eliminaba el registro de Comedores y Merenderos Comunitarios, “desde el Congreso proponemos el proyecto 'Pancitas Llenas', que garantiza el financiamiento de comedores y merenderos de todo el país con articulación público-privada”.

De acuerdo a legislador, “no pueden desguazar todo y dejar a los más vulnerables a la vera del camino. Nuestro proyecto surge de la sociedad civil y tiene mucho apoyo empresario del rubro alimenticio. La motosierra no elimina el hambre. Hace falta inteligencia y sensibilidad social”, apuntó.

En la resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello, argumentó que, debido a los cambios introducidos por el Programa “Alimentar Comunidad”, que eliminó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos estatales, “el Renacom ya no cumple con los fines para los cuales fue creado y su mantenimiento es incompatible con la actual administración de programas sociales. Además, recalcan que su continuidad implicaría una superposición de funciones, una asignación ineficiente de recursos y dificultades para generar datos estadísticos confiables”.

“La evaluación del funcionamiento actual del referido Registro ha evidenciado limitaciones estructurales que dificultan alcanzar sus objetivos originales evidenciando la superposición de funciones, la falta de controles presenciales efectivos y la imposibilidad de generar información estadística confiable sobre los espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria”, detalla la resolución, en base a un informe que hizo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que hasta el pasado viernes conducía Miguel Blanco, quien renunció y fue reemplazado por Alejandro Fabían Díaz.

En el informe, la SIGEN destaca que se detectaron múltiples problemas en el funcionamiento del registro e indicaron que su eliminación se debe a la necesidad de fortalecer la eficiencia y la transparencia de las políticas sociales. Allí se revelaban irregularidades de magnitud. “Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, advirtió el pasado 5 de julio Blanco, todavía en funciones.

El exfuncionario explicó que se trató de una primera etapa de control centrada en el sistema RENACOM, la base digital donde se registraban los comedores: “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”. Según detalló, en una muestra aleatoria de visitas, encontraron establecimientos que no existían o que no cumplían con lo declarado.

En la nueva resolución, Capital Humano sostiene que el nuevo modelo de ejecución del Programa “Alimentar Comunidad” permite acreditar el funcionamiento de los comedores y merenderos mediante controles directos —en persona o a través de medios tecnológicos— sin necesidad de inscripción previa en una base centralizada.

El proyecto “Pancitas llenas”

Los diputados nacionales Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), acompañados por legisladores de todo el arco político, presentaron el proyecto de ley “Pancitas Llenas” de apoyo y financiamiento de los comedores y merenderos.

La iniciativa plantea la creación de un programa nacional que, mediante un abordaje y estrategia de articulación público-privada, “busca asegurar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables de la población argentina”.

Detrás de esta iniciativa legislativa se encuentra el trabajo de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores Unidos” cuya comisión directiva está integrada por Liliana Olivera, Paola Ferreyra, Elsa Monzón, Yanina González, Noelia Gerez, Patricia Valdez, Laura Flores y Norma Pelozo.

“Después de cinco años de idas y vueltas en el Congreso de la Nación Argentina, este nuevo paso nos renueva la esperanza. Esperamos que sea definitivo, dada la gravedad y la urgencia que requiere este tema”, explicaron desde “Soñadores Unidos”, asociación que tiene como padrino fundador al empresario Julio González, de la empresa del rubro alimenticio Oralí, y al que acompañan en esta iniciativa mas de 60 empresas.

“Este proyecto busca ayudar a quienes trabajan en silencio y todos los días permiten que haya cohesión social en la Argentina poniendo un plato de comida a centenares de miles de personas. Es necesario que comedores y merenderos tengan un financiamiento acorde y es estratégico que sea con aportes públicos y privados. Hay muchos empresarios que están dispuestos a colaborar y esta ley busca dar un instrumento para ello”, explicaron Pablo Juliano y Carla Carrizo, quienes destacaron también que el Estado argentino debe tener una participación clave para garantizar la transparencia, trazabilidad, federalismo e institucionalidad de la iniciativa.

Además de ellos, firmaron el proyecto Facundo Manes (DPS), Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR), Marcela Coli (DPS), entre otros.

Los objetivos del Programa

a) Implementar un sistema de asistencia alimentaria a sectores vulnerables mediante una tarjeta prepaga de uso exclusivo para responsables de comedores y merenderos, distribuida a través de canales bancarios formales.

b) Asegurar la adquisición eficiente y transparente de alimentos saludables, alineada con las pautas de nutrición y restricciones de productos establecidas por la Autoridad de Aplicación.

c) Fomentar capacitaciones en manipulación y elaboración de alimentos para las personas encargadas de la preparación de las comidas en los comedores y merenderos, teniendo en cuenta las indicaciones nutricionales mencionadas en el inciso anterior.

d) Promover la formación de redes regionales de comedores y merenderos para optimizar sus condiciones de operación mediante la colaboración colectiva y el impulso de iniciativas solidarias.

e) Facilitar encuentros con productores locales para impulsar la compra directa de alimentos, reducir costos para comedores y merenderos, y fortalecer las economías regionales“.

“Es clave comprender que estos comedores existen y funcionan a pulmón, se busca garantizar que tengan recursos para poder llevar a cabo su función. El programa Pancitas Llenas busca dar transparencia mediante el aporte de fondos y el uso de una tarjeta para adquirir los alimentos”, explicaron Juliano y Carrizo.

El artículo tercero, en tanto, plantea los principios rectores del proyecto de ley: equidad, transparencia, eficiencia, participación, sostenibilidad y trazabilidad. Para poder llevar a la práctica el aporte público-privado, el proyecto establece la creación del Fondo Fiduciario del Programa Nacional Pancitas Llenas, que será administrado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano.

El patrimonio del Fondo estará constituido por:

a) El “Aporte Social y Humanitario” de empresas privadas, equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada

b) Ingresos provenientes de la emisión de valores fiduciarios de deuda en el mercado de capitales

c) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados y/o donaciones voluntarias de personas humanas o jurídicas

d) Renta, frutos e inversiones derivadas de los bienes fideicomitidos y

e) recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, públicos o privados.

El proyecto establece con claridad que el “Aporte Social y Humanitario” de empresas privados es siempre voluntario. Las empresas que decidan participar podrán, a su vez, descontar el aporte que realicen del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Desde la Asociación “Soñadores Unidos” se promoverá durante el debate legislativo que también los empresarios puedan descontarse como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “detallándolo en la declaración jurada correspondiente y deduciéndolo eventualmente del pago mensual del impuesto”.

Para dicha Asociación, es importante también establecer que los empresarios pueden ser “adherentes”, que es cuando participan del Fondo a cambio de una deducción impositiva, o “contribuyentes”, que es cuando no solicitan deducciones fiscales. Dichas sugerencias serán tenidas en cuenta por los legisladores cuando el proyecto comience a ser debatido en comisiones.

En una Argentina con más de la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) reanudó la producción de la 'Supersopa', un alimento de bajo costo y rico en nutrientes que había creado durante la última gran crisis económica del país en 2002.

La 'Supersopa' es producida por alumnos de la UNQ en una planta de la universidad, está diseñada para complementar dietas restrictivas y aportar nutrientes esenciales y se entrega en latas de unos cuatro litros.

“En un comedor, donde las personas comen una vez al día, un alimento que aporte verduras, hortalizas y carnes marca una diferencia frente a un plato de fideos”, explica a EFE Anahí Cuellas, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, docente y directora de la planta.

“Esto evita que la brecha entre quienes podemos comer carne y quienes no se agrande aún más. Los niños que no pueden ingerir proteínas tienen un mal desarrollo cognitivo y problemas de aprendizaje”, añade.

La 'Supersopa' fue originalmente creada por la universidad en 2002 como respuesta a la grave crisis económica y social que atravesó el país, que llegó a tener un 57,5 % de pobres, según datos oficiales de aquel entonces.

Desde ese momento se han producido unas 250.000 latas, que se estima contienen unos 10 millones de raciones de alimento nutritivo.

“La universidad toma la responsabilidad de crear un programa a partir de la planta elaboradora de alimentos sociales, donde se fabrica un sustento nutricionalmente equilibrado de bajo costo, que están destinados a los más vulnerables”, comenta Cuellas, mientras a metros suyo un equipo de más de una decena de estudiantes envasa sin parar litros y litros de sopa en latas que luego serán distribuidas a comedores populares en distintos puntos del país.

Pobreza y estado ausente

Lejos aún de la gravedad de la crisis de comienzo de siglo, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina cerró el primer semestre de 2024 con un 52,9 % de pobreza, mientras que la indigencia trepó al 18,1 %.

En paralelo, Javier Milei emprendió desde su llegada a la Presidencia a fines de 2023 una reducción sin precedentes del Estado y una ofensiva contra las organizaciones sociales y los comedores populares, que el Gobierno considera son un foco de corrupción.

Ante esta situación, la UNQ puso su planta, reservada para prácticas estudiantiles dos veces al año, a producir unas 300 latas a la semana.

El proceso de producción comienza con la selección de vegetales semicocidos, que luego son sometidos a un tratamiento térmico que elimina la necesidad de conservantes y permite almacenar las latas sin refrigeración.

Cada lata de 'Supersopa' cuesta 40.000 pesos (unos 40 dólares), contiene unas 50 raciones de un alimento sin aditivos y sometido a estrictos controles microbiológicos.

Individuos, empresas, fundaciones y hasta instituciones estatales pueden comprar el producto o acceder a él a través de programas auspiciados por distintos donantes, que facilitan los costos de producción y su posterior distribución a comedores.

“Desde lo simbólico, producir latas de sopa en una universidad pública y que lleguen a los comedores visibiliza el compromiso de nuestras universidades con el territorio”, considera Cuellas, en un contexto en el que el Gobierno de Milei también ha puesto el foco en las universidades públicas, que dicen estar siendo ahogadas por falta de presupuesto.

El equipo de Cuellas está compuesto por un grupo de estudiantes de distintas carreras relacionadas con los alimentos, a los que busca también capacitar a nivel profesional y personal: “Es llevar a la práctica el aprendizaje y añadir contenido social, elaborando un alimento para un chico o chica que se acuesta a diario sin comer”.

Cinco años en pausa

La producción de la Supersopa se reactivó en la última semana de junio de 2024, cuando volvió a prenderse la caldera del histórico programa de la Universidad Nacional de Quilmes. De acuerdo al artículo publicado por la UNQ, “se trata de una sopa concentrada de alta calidad y bajo costo compuesta por hortalizas, carne, arroz y arvejas en proporciones adecuadas sin conservantes ni aditivos”.

Asimismo, explicaron que la producción “estuvo pausada por cinco años debido a la pandemia, el corte del servicio de gas y la renovación de la caldera”. 

Qué es la Supersopa: la historia, según la UNQ

El Programa Supersopa se inició en 2002 cuando la UNQ recibió maquinarias pertenecientes al Mercado Central de Buenos Aires para ser utilizadas con fines educativos. Se avanzó con el montaje de una planta industrial en la misma Universidad, en un edificio reciclado especialmente. El Programa Supersopa surgió entonces de combinar factores educativos, productivos y sociales para brindar un producto que contribuya a mejorar las condiciones alimentarias de la población.

El alimento se almacena en latas con una capacidad de 4 litros. Los envases se encuentran en condiciones de esterilidad comercial, es decir los microorganismos no afectan al alimento ni al consumidor final, por lo que la sopa se puede conservar hasta por un período de dos años. Además, de cada lata pueden obtenerse hasta 50 raciones, y las de locro y guiso rinden 24 raciones.

La misión del programa es producir, gestionar y coordinar la entrega de este alimento a comedores comunitarios, a través de la venta al costo o a través de particulares, instituciones y empresas que apadrinen o asistan comedores carenciados. También se brinda el asesoramiento para la Transferencia Tecnológica de la planta a aquellos interesados en replicar el programa en diversos puntos del país.

Anahí Cuellas, directora de la Planta Elaboradora de Alimentos Supersopa, agregó: “El propósito inicial fue ofrecer un producto que mejorara las condiciones alimentarias regionales. Actualmente, y a diferencia de 2002, nos encontramos con una situación aún peor de inseguridad alimentaria, donde 6 de cada 10 argentinas y argentinos están bajo la línea de pobreza. En este contexto, la producción de Supersopa responde directamente a las crecientes necesidades nutricionales y representa una expresión concreta de la contribución de la Universidad a la sociedad ”.

Con información de EFE y la Universidad Nacional de Quilmes.

IG

Este martes 8 de octubre, durante la mañana y el mediodía, organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, eclesiales y de DDHH llevaron adelante una nueva “Fila del Hambre” delante del Ministerio de Capital Humano, en una modalidad de protesta que cobró visibilidad durante el pasado febrero.

La fila comenzó en la puerta del Ministerio de Capital Humano (Carlos Pellegrini 1285) y se extendió por casi 20 cuadras hasta el ex Ministerio de Desarrollo social (Av. 9 de Julio 1925), donde se realizaron ollas populares.

“En esta situación crítica de miseria planificada, con pobreza en marcado aumento y niveles históricos de indigencia, las y los principales descartados en este modelo de hambre llevaremos adelante una fila para exigir respuestas concretas del gobierno de Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello”, afirmaron las organizaciones convocantes en un comunicado.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, las organizaciones sociales vienen reclamando la entrega de alimentos para comedores comunitarios, en un contexto en el que se ha disparado la demanda de este tipo de asistencia, producto de la recesión económica y el aumento del desempleo.

En la convocatoria se apuntó contra las reformas impulsadas en la Ley Bases o el parcialmente rechazado mega DNU, donde “no es posible encontrar una sola medida a favor de los trabajadores y los sectores populares”.

“La situación en los barrios es cada vez más dramática y si no quieren que la ayuda llegue a través de las organizaciones sociales, que lo hagan por otra vía, lo importante es que llegue", sostiene Nicolás Caropresi, de la UTEP

“La situación en los barrios es cada vez más dramática y si no quieren que la ayuda llegue a través de las organizaciones sociales, que lo hagan por otra vía, lo importante es que llegue”, afirma Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante de la mesa nacional de la UTEP. “El principal problema es que siguen sin entregar un solo gramo de alimentos. El Gobierno se excusa en los aumentos de las asignaciones y la tarjeta Alimentar, pero el problema central es que cada vez mas gente viene a los comedores y a las ollas populares, desde desempleados y jubilados hasta personas que tienen trabajo pero no llegan a cubrir sus necesidades de alimento”, agrega.

Ante la posibilidad de que les apliquen el protocolo anti piquetes, el dirigente de la UTEP afirma que: “Hicimos la manifestación más pácifica posible, sin cortar calles, para no provocar reacciones por el protocolo, pero ahora sumaron una nueva norma que tampoco permite estar parados en la vereda de un edificio pulbico. Ultimamente, depende de que la policía no venga con ese espíritu, por que significa una coerción enorme sobre los más básicos derechos democráticos”.

 El origen de las “Filas del Hambre”

 La “Fila del Hambre” es una modalidad de protesta que distintas organizaciones sociales concretaron por primera vez el pasado febrero, en respuesta a la actitud que tomó entonces la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En aquel momento, tras una reunión con un grupo de manifestantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la ministra les comunicó que estaba dispuesta a “atender a la gente que tiene hambre”, pero “no a los referentes” de las organizaciones sociales.

“Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, señaló Pettovello a los manifestantes agrupados ante la sede de Capital Humano. 

Por eso, las organizaciones resolvieron realizar una fila mediante la cual cada persona pudiera ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta, al tiempo que se evitan los conflictos con las fuerzas de seguridad por el protocolo anti piquetes promovido por Patricia Bullrich.

DM

Una vía de tren en uso, al filo de la cual circulan autos entre tierra y barro, separa el helipuerto de la gobernación bonaerense y el Espacio Comunitario Comedor Plurinacional, que la organización social Libres del Sur, opositora a este gobierno y al anterior, tiene en el barrio José Luis Cabezas, en Ensenada, Gran La Plata. Hasta el año pasado, el comedor funcionaba tres veces por semana y repartía cada vez entre 90 y 100 raciones. Con la llegada al poder de Javier Milei y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, este y otros centros dejaron de recibir comida con la excusa de que eran administrados por “gerentes de la pobreza”. El Plurinacional, que conduce la inmigrante peruana Ana Paola Estibur, primero redujo sus operaciones a un día semanal, con los alimentos aportados por la provincia de Buenos Aires, y ahora abre lunes y miércoles gracias a las donaciones que consiguieron sus organizadoras, vecinas del barrio. Entregan 130 raciones cada vez, en ollas que las familias dejan a las 9 y recogen al mediodía.

“También hacemos finanzas para comprar comida”, cuenta Ana Paola. ¿Qué son las finanzas? “Preparamos comida para vender o para rifar”, responde. Hasta el año pasado había cuatro comedores en el barrio Cabezas, pero los otros tres cerraron por la decisión de Pettovello de dejar de usar los movimientos sociales como “intermediarios” y utilizar otros, aunque en menor cantidad, como iglesias católicas y evangélicas o la Fundación Conin, de Abel Albino. Entre los cuatro centros antes se podía comer gratis de lunes a sábado. Ya no. Mientras, la pobreza subió del 45% al 55% en el primer trimestre del gobierno de Milei, según la base de datos del Instituto de Estadística (Indec), no muy lejos del récord de 57% que se batió en la crisis de 2002.

“Muchos niños quisieran recibir merienda, leche y galletas, pero ahora no podemos. No sabemos qué decirles, es muy triste. Muchos comen una vez al día”, lamenta la encargada. “No podemos atender a todo el barrio. A veces vienen con la olla a las 11, pero no hay más. No saben qué hacer. Por más que subieron la AUH (asignación universal por hijo) y la Tarjeta Alimentar, los precios subieron y en una semana se gastan todo. Les sacaron el plato de comida. O comen o se compran algo, no un lujo, una campera para los chicos, que andan desabrigados en invierno. Yo misma pienso si comprar unas zapatillas o una camperita o dejarlo para la comida o algún remedio. Ya no tenemos derecho a tomar un helado o una gaseosas y los niños no lo entienden”, cuenta esta madre de cinco hijos, el menor de 7 años, el mayor de 27, también cooperativista pero que complementa con changas.

El Plurinacional fue uno de los miles que aparecieron en la lista de los supuestos comedores fantasma. Pero funciona. Ya no cocinan aquí ocho mujeres sino cuatro. La mitad dejó de venir porque el Gobierno eliminó la contraprestación que en teoría se exigía a cambio de cobrar los $78.000 del desaparecido Potenciar Trabajo, cuyo presentismo controlaban las “orgas”.

El plan fue reemplazado por otros dos con el mismo subsidio y sin intervención de los llamados piqueteros: el Acompañamiento Social y el Volver al Trabajo. De las seis mujeres que barrían el barrio con la pechera de Libres del Sur quedaron cuatro. Se nota la menor limpieza en estos andurriales por donde nunca pasan los barrenderos municipales. “Quedamos las que nos gusta el trabajo social, porque vemos que es necesario”, justifica Ana Paola. “Yo antes del Potenciar ya lo hacía. Y vamos a seguir trabajando para que este gobierno vea lo que hacemos. Si no nos organizamos, van a pasarnos por encima.”

“Acá nos visitaron los de Capital Humano para hundirnos, para decir que éramos un comedor fantasma, fue una gran mentira. Ellos nunca fueron pobres. Hay vecinos que les creen y piensan que nos aprovechamos de la pobreza, que somos chorros, pero nunca nos dieron un peso. Y los que vienen a comer acá estaban enojados con que nos dijeran fantasmas, nosotros estamos desde la pandemia”, cuenta esta peruana de 49 que llegó a los 33 a la Argentina. “También se enojaron los donantes, que son de la Facultad de Humanidades”, se refiere a la sede de la Universidad Nacional de La Plata que también está al otro lado de la vía.

Hasta el año pasado había trabajo pero mal pagado. Ahora hay menos trabajo y menos paga. “Algunas salen a limpiar casas en Berisso, otros buscan trabajo de construcción o pintura, pero hay gente sin nada porque la clase media no puede construir, se la guarda para poder comer.” Su marido es albañil, pasa presupuestos, pero a veces no lo eligen porque escogen al más barato. Pasó de emplearse los cinco días hábiles a dos o tres por semana. “Hay cada vez menos changas. Algunos van a la plaza a vender ropa usada o hacer truque. Todo el día hay vivos en Facebook de gente vendiendo ropa usada por $2.000. Empezaron en la pandemia, pero ahora hay todo el tiempo. Veo más pobreza, más personas a las que no les alcanza, pasan del teléfono por mes al prepago, ya no se dan el lujo de ver Netflix. Hay que achicar porque todo pasa por la comida. Muchos se endeudan y ganan para pagar.”

En estos 16 años que lleva en la Argentina, desde la crisis mundial de 2008, nunca estuvo peor. “No vuelvo a Perú porque me acostumbré a estar acá, acá nosotros luchamos por una causa justa. No me parece dejar. Además, allá lo que trabajas lo gastas en el día. Trabajas ocho horas sólo para comer. No ahorras, no compras nada. Solo puedes sacar crédito, pero después no sabes de dónde sacar para pagarlo. Todo es importado, cerraron las fábricas. Sólo hay trabajo informal en los mercados”, cuenta esta oriunda de Lima.

“Hay quienes siguen bancando a este gobierno”, admite Ana Paola sobre algunos vecinos. “Pero hay arrepentidos, gente que votó con odio. Muchos jóvenes pensaban que iba a cobrar en dólares, a pesar de que les decíamos... Ahora ganan cada vez menos y muchos vienen a comer acá. Dicen que Milei los engañó: no cobran en dólares y puso a los mismos tipos de antes”, se refiere a altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri como Luis Caputo, Federico Sturzenegger o Patricia Bullrich o otros del de Alberto Fernández como Guillermo Francos. “Nosotros los cargamos”, se sonríe. “Otra compañera de Libres del Sur lo votó, pero ahora no le alcanza su sueldo de cajera en un supermercado chino para pagar el alquiler. Le van a prestar una vivienda.”

AR/DTC

Hay algo en lo que tengo pleno acuerdo con la posición formal del Gobierno nacional. La política alimentaria debería estar completamente des-intermediada. Los comedores no deberían ser una realidad masiva desplegada en el territorio sino casos excepcionales de emergencia. El problema es que ellos quieren “desintermediar” robándole el pan a la gente y dejando vacías las ollas con cambiantes argumentos y contramedidas inconducentes. Quieren curar lo que ellos ven como una enfermedad –nosotros como un parche– matando al paciente. 

Para lograr este objetivo, debe garantizarse el acceso universal a la Canasta Básica Alimentaria. Ninguna familia debe estar privada del pan. Cualquier persona razonable dirá que ésto se logra con una sana economía y acceso al trabajo digno. Nadie está en contra de eso. El problema es que no estaría sucediendo y mientras eso suceda, hay que garantizar el plato de comida a cada familia. 

¿Cómo lo hacemos? Para cuantificar la situación grosso modo debemos analizar la brecha de indigencia, es decir, la diferencia entre lo que perciben los hogares indigentes actualmente y lo que requiere completar la canasta alimentaria. Veamos los siguientes datos:

Esto indica que los ingresos de los hogares indigentes, aún con las transferencias actuales del estado como la AUH y la Tarjeta Alimentar, llegan a cubrir el 65% de sus necesidades alimentarias. Si queremos que todos coman, hay que garantizar ese 35% restante. En dinero, son $136.481 por familia. 

Para erradicar la indigencia –el hambre– en las condiciones macroeconómicas actuales se requiere cubrir ese monto para 3.698.000 millones de hogares que sufren inseguridad alimentaria total (EDSA-ODSA) . El presupuesto anual es $6 billones de pesos ($6.011.661.096.000,00) que representan aproximadamente el 0,985% del PBI estimado para 2024; poca plata para acabar con la más grave injusticia social que sufre la Argentina. Un cuarto del costo fiscal que asume el Estado por dejar de cobrar impuestos a través de diferentes exenciones y regímenes promocionales que gozan algunas empresas, como Mercado Libre, entre otras.

Con el esquema actual de seguridad social, sumado al refuerzo propuesto, se termina la indigencia, se termina el 99% de los comedores y se termina la intermediación, unificando todas las políticas de transferencias de ingresos en un sólo instrumento que contemple las necesidades alimentarias de todos los integrantes del hogar. Chau punteros, intermediarios, orcos, gerentes de la pobreza, políticos, zurdos, peronchos y pobristas manejando alimentos. Pero, amigo, hay que ponerla acá y no en los subsidios de Galperin y Mirgor. 

El diseño de dicho instrumento es relativamente sencillo, simplemente hay que definir la composición del hogar, realizar el análisis económico-patrimonial de la familia y realizar una regla de tres simple; ciertos casos particulares donde el informe económico no refleje la realidad del hogar -por exceso o por defecto- deberán ser corroborados por asistentes sociales. Algunos hogares con necesidades alimentarias particulares (celiaquía, diabetes, obesidad) requerirán una dieta especial. Se pueden agregar incentivos de mejora como descuentos en alimentos saludables, promoción de la agroecología, controles médicos de talla y peso, etc. También, tras un análisis científico de impacto, se puede definir que cierto porcentaje de la transferencia total del hogar sea destinado exclusivamente a determinados productos alimenticios. Todo directo a las personas y sin ninguna intermediación. 

Mientras no se desarrolle una política seria de transferencia de ingreso que elimine el hambre en el país del pan, los comedores seguirán existiendo y la intermediación será inevitable, lo haga la Iglesia Católica, los Evangelistas, los intendentes, CONIN o los movimientos sociales. 

Con esto ya tenemos resuelto un problema que no es menor. 

Luego podemos discutir el financiamiento de proyectos de integración urbana, trabajo comunitario, agricultura familiar, acceso a la tierra, deporte social, puntos de cultura, talleres de formación que hacen al desarrollo humano integral de los sectores postergados. Desde mi punto de vista, toda iniciativa que presente la sociedad civil que coadyuve con los objetivos estratégicos de nivelación ascendente deberían ser evaluadas por un comité colegiado en un plazo determinado y eventualmente aprobadas, acompañadas técnicamente, auditadas por los organismos correspondientes (UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA, AGN, SIGEN), a lo que habida cuenta de nuestra fascinación por lo trasnacional podríamos sumar una auditoría de alguna de las “Big Four” trasnacionales (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPNG, Ernst & Young).

Si alguien quiere discutir estos puntos en serio, estamos dispuestos. De lo contrario, el Gobierno seguirá en el barro de las operaciones de prensa, el espionaje ilegal, los aprietes, la judicialización y un enorme desgaste de energía en perseguirnos… en vez de resolver los problemas de la gente. 

Desde luego, mientras tanto, nuestra resistencia será permanente, con todas nuestras fuerzas y con todos los métodos que permite la constitución a los ciudadanos argentinos agredidos por la acción u omisión de aparato estatal que viola sistemática y deliberadamente derechos alimentarios, sociales, humanos y civiles de la población. 

La oposición política también debería hacer este ejercicio porque parece que el consenso contra los movimientos sociales es prácticamente unánime -aunque nadie plantea una solución alternativa realista en términos programáticos claros y concretos, por escrito, para poder discutir fuera de las adjetivaciones.  

Teniendo en cuenta la transversalidad de la posición negativa contra los movimientos sociales de la superestructura política y mediática de los que nunca agarraron un cucharón para cocinar una olla popular ni gastaron una emoción en organizar una cooperativa, dar un taller de apoyo escolar ni poner un tanque de agua en un asentamiento, hagámonos el favor de construir una propuesta que permita prescindir de esta mala gente entre la que me cuentan, pero logrando una situación superadora y no entregando la gente a la miseria y el territorio a la narcoestructura. 

JG/MG

El Frente de Lucha Piquetero realiza este jueves una nueva concentración en el Puente Pueyrredón reclamando puestos de trabajo genuino, asistencia integral a los comedores populares y acceso universal a los programas sociales, sin discriminación.   

La acción, según indicaron los dirigentes del espacio popular, se da en medio de la “persecución judicial” contra las organizaciones piqueteras y sociales, “basada en infamias y calumnias contra sus referentes”, lo que tuvo como correlato permanentes allanamientos a referentes y hasta al local central del Partido Obrero.  

Los piqueteros también apuntan contra la “corrupción en el Ministerio de Capital Humano con respecto a los contratos truchos y el acopio de alimentos en los depósitos que se negaban a entregar a los comedores, en pleno crecimiento de la pobreza en el país”, a lo que consideraron como “un acto criminal”.  

“Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y de la Unidad Piquetera, nos movilizamos este jueves al Puente Pueyrredón para exigir la entrega inmediata a cada uno de los comedores populares, sin privilegios ni intermediarios”, sostuvieron las organizaciones convocantes en un comunicado.   

Y agregaron: “Vamos a reclamar además un aumento de emergencia de los programas sociales que están congelados en $78.000.  Mientras la inflación ha arrasado con salarios, jubilaciones y programas sociales siguen igual”.

Con información de NA.

IG

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados convocará a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el próximo martes a fin de que provea respuestas respecto del escándalo que se suscitó al interior de su cartera tras la denuncia por el hallazgo de toneladas de alimentos en galpones del Estado nacional sin distribuir.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), aclaró que no es una citación propiamente dicha (que tiene una carga de exigibilidad más alta) sino una convocatoria para el martes 11 de junio a las 13.30.

“En ese marco de confianza, de colaboración y control que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo, en base a la situación del tema alimentario en la Argentina, la convocamos para el martes que viene a las 13.30 para que si ella puede, que venga y pueda contestar las preguntas de los diputados y diputadas de su área que tenemos en este caso”, indicó el tucumano.

“Si ella no puede por motivos de agenda yo les comentaré qué día de junio podría acercarse”, aclaró.

Yedlin explicó que se pondrán a la vista básicamente dos grupos de expedientes: un primero que son pedidos de informes a Capital Humano, que no han podido unificarse al tener giros de comisión distintos; y otro grupo vinculado a citaciones, que tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Karina Milei defendió a Sandra Pettovello

La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la ratificó en su puesto: “Es una de nuestas mejores ministras”, dijo y ante la consulta acerca de si continúa en su cargo respondió: “Obvio”.

CRM con información de la agencia NA

La secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el dirigente social Juan Grabois se cruzaron en un áspero diálogo este mediodía tras una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales.

A la salida de la audiencia, en los pasillos de Comodoro Py, ambas partes del expediente cruzaron acusaciones: Grabois le reclamó a la funcionaria por la falta de entrega de los alimentos y Gianni le replicó que dejara “de robar”.

“Cuca chorra”, le rebatió Grabois, aludiendo a una antigua militancia kirchnerista de la ahora funcionaria de La Libertad Avanza, ante lo cual Gianni emprendió la retirada devolviendo el adjetivo de “chorro” e insistiendo: “dejá de robar”.

Ambos comparecieron hoy ante los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes tienen que resolver si mantienen o revocan la cautelar del juez de primera instancia Sebastián Casanello, quien le ordenó al gobierno la elaboración de un plan para la entrega de los alimentos.

El gobierno apeló esa decisión, impulsada por Grabois como representante de los comedores que no están recibiendo alimentos, y hoy se celebró la audiencia.

Grabois, como abogado, reclamó que se confirme la decisión de Casanello y que el gobierno reparta de inmediato la totalidad de los alimentos.

En las últimas horas se inició un operativo para distribuir solamente el cargamento de leche en polvo almacenado, no así el resto de la comida.

Por su parte, los abogados que representaron al gobierno insistieron en las irregularidades de los comedores populares detectadas por una auditoría interna y cuestionaron los mecanismos mediante los cuales en el gobierno de Alberto Fernández se distribuían los alimentos.

El tribunal pasó a deliberar y, según anticiparon fuentes judiciales, emitirá una decisión “a la brevedad”.

CRM con información de la agencia NA

El ministerio de Capital Humano confirmó en las últimas horas que este martes arranca el operativo de distribución de alimentos ubicados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán, con la participación central de la ONG Fundación CONIN, organización del polémico médico Abel Albino, tal como anticipó elDiarioAR el sábado pasado.

La propia Sandra Pettovello le pidió el jueves pasado personalmente ayuda al oscuro pediatra, quien durante la votación de la ley del aborto llegó a desinformar en una audiencia en el Congreso al decir que “el preservativo no funciona”. Lo sugestivo es que el anuncio se conoció el mismo día de la marcha de Ni Una Menos, de este 3 de junio.

Para ver la magnitud de la cantidad de alimentos almacenada sin distribuir, elDiarioAR accedió al video con las imágenes que muestran los galpones de Tafí Viejo abarrotados de mercadería. El depósito gigantesco, que se encuentra en el área de los Talleres Ferroviarios de esa localidad tucumana, conservaba cajas de yerba, garbanzos, lentejas, puré de tomate, aceite y leche en polvo, entre otros productos, que están en vigencia y que tienen fecha de caducidad en septiembre de este año, de acuerdo al inventario que realizaron efectivos de Gendarmería Nacional, con un conteo final de 2,7 toneladas de alimentos no perecederos.

La semana pasada, distintas organizaciones sociales de la provincia de Tucumán presentaron en la Justicia Federal una denuncia contra la ministra Pettovello al considerar que la funcionaria “de manera caprichosa, so pretexto de irregularidades (que fueron objeto de una denuncia que fuera ya desestimada), decidió interrumpir el suministro de alimentos a comedores”. Y agregan los denunciantes, según informó el medio eltucumano.com: “Resulta de conocimiento público la presencia de mercadería sin entregar en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano en la ciudad de Tafí Viejo, mientras no cesa nuestro reclamo por alimentos para paliar la acuciante emergencia alimentaria”.

Tras recibir la denuncia, el fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, solicitó al juez que se realice una inspección ocular en el Centro Operativo Tucumán. El magistrado ordenó la diligencia que llevó adelante Gendarmería. Tras las actuaciones y el relevamiento, la Justicia se expresó en un comunicado: “Del total de productos embalados en palets, un poco más de 2 millones, se encuentran listos para ser distribuidos, mientras que un poco más de 600 mil productos se encuentran en situación de laboratorio, esperando la autorización de parte de la autoridad de control de calidad, para su distribución”.

En el lugar encontraron leche, yerba, aceite de girasol, arroz, hortalizas, garbanzos y lentejas, entre otros productos alimenticios. También se almacenaban colchones y otros artículos destinados a emergencias sociales.

La historia de los galpones de Tafí Viejo

El depósito, ubicado en la intersección de las calles Independencia y Costela, en la localidad tucumana de Tafí Viejo, es parte de una zona que concentra grandes galpones.

Según contó David Correa desde Tucumán en su nota para elDiarioAR, la historia de los depósitos de Tafí Viejo y su relación con la ayuda social comienza en 2001, cuando estalló una de las crisis sociales más profundas de la historia reciente argentina. Tras el áspero y doloroso diciembre de ese año, con represión, 39 muertos, cerca de 500 heridos en todo el país y cinco presidentes, los índices de pobreza permanecieron en niveles extremos. 

En 2002 también estalló en las pantallas de televisión –aún no eran tiempos de redes sociales, pues Facebook nacería en 2004– la imagen de una niña tucumana, en la puerta de una escuela, que decía “me duele la panza de hambre”, entre lágrimas. Se trataba de Barbarita Flores, que entonces tenía 8 años y conmovió al país en un informe del programa “Detrás de las noticias”, que era conducido por el periodista Jorge Lanata. Otro informe se transmitió desde las puertas del Hospital del Niños, en San Miguel de Tucumán, donde había niños internados por desnutrición y enfermedades que tienen origen en la falta de una alimentación adecuada.

Por entonces, en la presidencia de la Nación estaba Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González había sido designada presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, algo así como una rueda de auxilio de respuesta inmediata que actuaba en conjunto con el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Al estar presidido el Consejo por la esposa del Presidente, tenía la posibilidad de actuar con premura en cada provincia que lo requiriera. Contaba con recursos. Frente al caso Barbarita, “Chiche” desembarcó en Tucumán, que gobernaba el peronista Julio Miranda, con lo que se conoció como Operativo Rescate.

Para mostrarse con independencia del gobierno provincial tucumano, el equipo nacional se instaló en la sede provincial del Ministerio de Salud de la Nación y el contacto con los medios estuvo a cargo de Fernando Gray, el actual intendente del municipio de Esteban Echeverría, que oficiaba de jefe de prensa de “Chiche”. Acompañada de un gran equipo de operadores sociales y medios de prensa nacionales, ella recorrió los barrios y las ciudades tucumanas en donde se registraban los más altos índices de pobreza, el hambre.

La duda era a dónde resguardar las toneladas de mercadería que se iban a enviar a la provincia y que reuniera algunos requisitos, como independencia del gobierno provincial y el municipal, a resguardo de intentos de saqueos y con entrada fácil para camiones de gran porte. Fue entonces que se sugirió la sede de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. 

La planta, de 22 hectáreas, fue la más grande de Sudamérica en su tipo y tuvo 5.500 empleados en su mejor momento. Allí se construían desde locomotoras, hasta vagones de carga y para pasajeros. Era otro país, el industrial. Fue cerrado por la última dictadura cívico militar, se reabrió con una dotación de 200 obreros durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y fue cerrado, una vez más, por Antonio Domingo Bussi –fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad– cuando fue gobernador provincial. En el lugar solo quedó una guardia de la Policía Federal. En los 90, un intendente taficeño gestionó y consiguió ante la Nación que en donde alguna vez estuvo la administración de los Talleres se autorizara el funcionamiento del municipio. Así, se ocupó una pequeña fracción de esa mole inmensa que alguna vez fue fábrica.

El equipo del Operativo Rescate entendió que el predio reunía las condiciones por otra razón más. El ala elegida para resguardar las toneladas de mercadería tenía una entrada independiente a las oficinas municipales. Es decir, un aislamiento absoluto, lejos de cualquier injerencia de la política local. Mientras el acceso al municipio es por calle Sáenz Peña, el ingreso a las dependencias que ahora están bajo la órbita de Capital Humano se encuentra por la esquina de Independencia y Osvaldo Costello, exactamente en el otro extremo de los Talleres Ferroviarios.

Pasó el Operativo Rescate y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner reabrió los Talleres, cumpliendo así con una promesa de campaña. La reapertura no fue, de todos modos, lo que algunos esperaban. Se incorporó una dotación de 250 trabajadores, que fue descendiendo hasta los actuales 100, por jubilaciones y retiros voluntarios, y allí se efectúan tareas de mantenimiento de vagones del Belgrano Cargas. Pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades ferroviarias (2010, 2015 y 2016) solicitaron que el depósito de mercadería dejara de funcionar allí, jamás lo consiguieron. La tibia reactivación de la planta tampoco lo justificó, pues aún quedan numerosos galpones en desuso, casi en total abandono por la ausencia de políticas proactivas para la actividad ferroviaria.

elDiarioAR confirmó la existencia de mercadería en los galpones de Tafí Viejo. “Desde diciembre no sale nada”, señaló una fuente que advirtió que durante mucho tiempo hubo hasta más mercadería que la actual pero había movilidad. “Los camiones llegaban, descargaban y se distribuía con rapidez”, completó. 

La distribución

El Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

El comunicado indica que para garantizar una logística “rápida y sin intermediarios”, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa.

CONIN, la ONG que conduce Albino, se encargará certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores.

El anuncio llegó horas después de que el Gobierno ratificara a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras los rumores sobre su renuncia por el escándalo de los alimentos almacenados y las contrataciones irregulares en áreas de la cartera.

El conflicto generó un fuerte cimbronazo en el Poder Ejecutivo. Tanto es así que Pablo de la Torre fue removido de la conducción de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Su reemplazo será Yanina Nano Lembo, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y que, en el pasado, fue funcionaria del gobierno del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el cargo de directora general de Articulación Público Privada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por María Migliore.

Quién es Albino

Días atrás, Pettovello echó mano a Albino para intentar desactivar la crisis que incluyó el despido de Pablo de la Torre de la secretaría de Niñez y Familia y una denuncia penal motorizada por el dirigente Juan Grabois. El juez Sebastián Casanello le había dado tiempo a Pettovello hasta el viernes pasado para presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. El sábado hubo un allanamiento en el depósito de Tafí Viejo y este martes está agendada una audiencia, en la que participará Grabois pero se desconoce qué funcionario de Capital Humano asistirá.

El propio Albino había confirmado el viernes a elDiarioAR que estaba en contacto con Pettovello para darle asistencia en la distribución de los alimentos. “Es muy fácil para nosotros repartir la comida”, afirmó el médico, que agregó que hace dos meses ya hizo una “distribución grande” para el Gobierno. La relación entre el pediatra conservador y ultracatólico y Petovello se profundizó en febrero, cuando el ministerio firmó un convenio con la ONG para desarrollar un programa contra la desnutrición infantil. 

Albino es tristemente conocido por sus polémicas declaraciones sobre los métodos anticonceptivos y su mirada sobre el VIH. “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente”, dijo en una oportunidad el pediatra, quien reside en Mendoza, donde está su fundación. “El pobre no es una persona igual que nosotros pero sin plata. El pobre es pobre en educación, familia, amigos, alimentos, introspección, fuerzas, entusiasmo, ideales y encima no tiene plata. Son tristes. Sus hijos son su riqueza, todo lo que tienen”, llegó a declarar en otra ocasión.

La postura de Albino, que es médico en la Universidad de Tucumán y estudió Biología Molecular en la Universidad de Navarra, conducida por el Opus Dei, llegó a ser cuestionada hasta por la Sociedad Argentina de Pediatría. “En reiteradas oportunidades hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro malestar por argumentos vertidos por el Dr. Albino sobre sus presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de evidencia científica y alejadas de una concepción integral de la salud”, denunció la SAP en 2018 en una carta dirigida a Alejandro Finocchiaro, por entonces ministro de Educación de Mauricio Macri. 

Ahora Albino volverá a tener un rol central en la gestión de Javier Milei, encargado de la distribución de miles de kilos de leche en polvo para los comedores populares. El comunicado oficial no explicó, sin embargo, a qué comedores y bajo qué criterios se le entregará la comida, que estará en manos de la Fundación CONIN.

La crisis en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por la retención de mercadería adquirida en la gestión anterior para ser entregada a comedores, confirmó la existencia de dos depósitos en donde están acopiados algo más de cinco toneladas de alimentos. Uno de ellos está en Villa Martelli, Buenos Aires, y el segundo, en Tafí Viejo, Tucumán. No es Tafí del Valle, como consignó de manera errónea en una de sus habituales conferencias de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que generó confusiones.

¿Desde cuándo Capital Humano, exDesarrollo Social de la Nación, cuenta con este enorme depósito en Tafí Viejo y por qué está ubicado aquí? Para encontrar la respuesta hay que ir hacia atrás, al 2001, cuando estalló una de las crisis sociales más profundas de la historia reciente argentina. Tras el áspero y doloroso diciembre de ese año, con represión, 39 muertos, cerca de 500 heridos en todo el país y cinco presidentes, los índices de pobreza permanecieron en niveles extremos. 

En 2002 también estalló en las pantallas de televisión –aún no eran tiempos de redes sociales, pues Facebook nacería en 2004– la imagen de una niña tucumana, en la puerta de una escuela, que decía “me duele la panza de hambre”, entre lágrimas. Se trataba de Barbarita Flores, que entonces tenía 8 años y conmovió al país en un informe del programa “Detrás de las noticias”, que era conducido por el periodista Jorge Lanata.  Otro informe se transmitió desde las puertas del Hospital del Niños, en San Miguel de Tucumán, donde había niños internados por desnutrición y enfermedades que tienen origen en la falta de una alimentación adecuada.

Por entonces, en la presidencia de la Nación estaba Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González había sido designada presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, algo así como una rueda de auxilio de respuesta inmediata que actuaba en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Al estar presidido el Consejo por la esposa del Presidente, tenía la posibilidad de actuar con premura en cada provincia que lo requiriera. Contaba con recursos. Frente al caso Barbarita, “Chiche” desembarcó en Tucumán, que gobernaba el peronista Julio Miranda, con lo que se conoció como Operativo Rescate.

Para mostrarse con independencia del gobierno provincial tucumano, el equipo nacional se instaló en la sede provincial del Ministerio de Salud de la Nación y el contacto con los medios estuvo a cargo de Fernando Gray, el actual intendente del municipio de Esteban Echeverría, que oficiaba de jefe de prensa de “Chiche”. Acompañada de un gran equipo de operadores sociales y medios de prensa nacionales, ella recorrió los barrios y las ciudades tucumanas en donde se registraban los más altos índices de pobreza, el hambre.

La duda era a dónde resguardar las toneladas de mercadería que se iban a enviar a la provincia y que reuniera algunos requisitos, como independencia del gobierno provincial y el municipal, a resguardo de intentos de saqueos y con entrada fácil para camiones de gran porte. Fue entonces que se sugirió la sede de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. 

La planta, de 22 hectáreas, fue la más grande de Sudamérica en su tipo y tuvo 5.500 empleados en su mejor momento. Allí se construían desde locomotoras, hasta vagones de carga y para pasajeros. Era otro país, el industrial. Fue cerrado por la última dictadura cívico militar, se reabrió con una dotación de 200 obreros durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y fue cerrado, una vez más, por Antonio Domingo Bussi –fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad– cuando fue gobernador provincial. En el lugar solo quedó una guardia de la Policía Federal. En los 90, un intendente taficeño gestionó y consiguió ante la Nación que en donde alguna vez estuvo la administración de los Talleres se autorizara el funcionamiento del municipio. Así, se ocupó una pequeña fracción de esa mole inmensa que alguna vez fue fábrica.

El equipo del Operativo Rescate entendió que el predio reunía las condiciones por otra razón más. El ala elegida para resguardar las toneladas de mercadería tenía una entrada independiente a las oficinas municipales. Es decir, un aislamiento absoluto, lejos de cualquier injerencia de la política local. Mientras el acceso al municipio es por calle Sáenz Peña, el ingreso a las dependencias que ahora están bajo la órbita de Capital Humano se encuentra por la esquina de Independencia y Osvaldo Costello, exactamente en el otro extremo de los Talleres Ferroviarios.

Pasó el Operativo Rescate y en 2003 el presidente Néstor Kirchner reabrió los Talleres, cumpliendo así con una promesa de campaña. La reapertura no fue, de todos modos, lo que algunos esperaban. Se incorporó una dotación de 250 trabajadores, que fue descendiendo hasta los actuales 100, por jubilaciones y retiros voluntarios, y allí se efectúan tareas de mantenimiento de vagones del Belgrano Cargas. Pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades ferroviarias (2010, 2015 y 2016) solicitaron que el depósito de mercadería dejara de funcionar allí, jamás lo consiguieron. La tibia reactivación de la planta tampoco lo justificó, pues aún quedan numerosos galpones en desuso, casi en total abandono por la ausencia de políticas proactivas para la actividad ferroviaria.

elDiarioAR confirmó la existencia de mercadería en los galpones de Tafí Viejo. “Desde diciembre no sale nada”, señaló una fuente que advirtió que durante mucho tiempo hubo hasta más mercadería que la actual pero había movilidad. “Los camiones llegaban, descargaban y se distribuía con rapidez”, completó. 

El exintendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, actual legislador provincial, se expresó en X sobre esta situación, al sostener: “El confinamiento cruel y obstinado de alimentos, desafiando la demanda urgente y hasta la propia Justicia, no tiene antecedentes en la historia argentina. Exigimos a la ministra Pettovello la inmediata distribución y entrega de los alimentos que se encuentran en los galpones de nuestra ciudad. El hambre no espera”. Y en las últimas horas, el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, indicó que desde la Nación le informaron sobre la existencia de 2 millones de kilos de alimentos en los Talleres. “Espero que cuando se abran esos depósitos, Dios no quiera que esos alimentos estén en malas condiciones”, apuntó.

DC/DTC

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.

La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico–financiero.

Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.

Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos públicos.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según el funcionario, “estos alimentos son reservados para emergencias o catástrofes”.

“De los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son yerba mate comprada por la gestión anterior”, cuestionó Adorni, al tiempo que agregó: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. Nosotros no hacemos populismo”, sentenció el vocero.

Más temprano, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.

El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.

Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

La orden tendrá efecto inmediato: “Deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Avenida 9 de Julio 1925 de esta ciudad”.

Casanello dispuso que “una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado”.

“Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a ”la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores“) elabore un plan de distribución de dichos alimentos”, subrayó el fallo.

Ello -aclaró- “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

“Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas, urgió el juez.

La postura de la Iglesia

La Iglesia expresó este domingo su preocupación y reclamó la demora en la entrega de alimentos por parte del Estado. A través del presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea, lanzó un contundente mensaje en el que insistió rapidez para la gestión de la comida almacenada por el Ministerio de Capital Humano. A su vez, señaló que “hay dos depósitos con cinco millones de kilos de alimentos guardados”.

“No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida”, expresó el también obispo de San Isidro.

Y concluyó: “Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario. Que este amor fraterno especialmente con aquellos que no comen o no comen bien y que este cuidado y esta preocupación por nuestros jóvenes para que no entren en otras adicciones, sean claves para que podamos entrar en este misterio del Dios que es amor y vivir la bondad, la misericordia y la grandeza del corazón que inspira el mismo misterio de Dios. Que Dios los bendiga”.

Con información de agencias.

IG

“Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso. Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”, le respondió Javier Milei a un cronista que le dijo: “La gente no llega a fin de mes, Presidente” a la salida de su presentación en La Rural.

La expresión surgió luego de una serie de preguntas en torno a los alimentos que el Gobierno tiene disponibles, pero no reparte a comedores como confirmó el vocero presidencial, aManuel Adorni. Consultado acerca de por qué no se reparten, Milei dijo: “Sí, se están repartiendo, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro”.

El Presidente participó esta tarde del cierre de la edición 81° de la Exposición Angus de Otoño Indoor en La Rural convocada por la Asociación Argentina de Angus (AAA).

MM con información de la agencia NA.

El portavoz presidencial Manuel Adorni admitió hoy que hay cinco millones de kilos de comida destinados a los comedores que gestionan organizaciones sociales y religiosas sin distribuir en los galpones del exministerio de Desarrollo Humano, actualmente pertenecientes al Ministerio de Capital Humano, pero culpó al gobierno de Alberto Fernández por la demora en la entrega.

Tras la información publicada ayer por El Destape, en la que se aseguraba que estos alimentos están por vencerse, el vocero sostuvo que “no están por vencerse”.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó Adorni.

Añadió que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.

Según la información que pidió El Destape al Gobierno nacional, la gestión del presidente Javier Milei no realizó ninguna compra de alimentos desde diciembre y las organizaciones sociales y religiosas que gestionan comedores y merenderos en todo el país denunciaron que no les entregaron nada hasta el momento.

Según esta misma información, entre los alimentos sin distribuir en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán hay yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. También hay arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

CRM

Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados. 

Estas son las cinco claves de la causa judicial que se centra en presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, es decir el primero de los dos asuntos.

¿Cómo surge el caso?

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.

El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. 

De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a 7 denunciantes y apenas 5 aceptaron declarar. Esos cinco casos son el centro de este expediente. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

¿Quiénes están acusados?

Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles. 

¿De qué se los acusa?

Están acusados principalmente de administración fraudulenta. La fiscalía sostuvo en un dictamen que tendría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fue desviada del destino presupuestario que le correspondía.

Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales. 

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.

Si se asistía a determinada cantidad de “marchas”, se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.

Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia. Además, se les exigía también asistir a las movilizaciones e incluso repartir volantes de candidatos a comicios electorales. 

El sistema, según los denunciantes y otras pruebas, incluía sanciones y medidas de control: toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tarea, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etcétera—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

¿Cuáles son las pruebas?

Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.

Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el expediente, el Gobierno nacional ha sustituido el “Plan Potenciar Trabajo” por nuevos programas sociales, como “Programa Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. También ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, impidiendo así que las organizaciones sociales canalicen la prestación social. 

ED/JJD

El juez federal Sebastián Casanello dispuso preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.

Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.

Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.

La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.

CRM con información de la agencia NA

El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” y la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor “Gauchito Gil”, estaba registrado en la dirección de un barrio privado.

Este programa, creado en 2020, tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría por lo que consideraron falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

Casos

El comedor “Gauchito Gil”, de acuerdo a la auditoría, está registrado en la dirección de un barrio privado y no habría existido nunca. Otro ejemplo es el comedor “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia penal que busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Allanamientos en la denuncia por extorsión: qué dijo Bullrich

En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron este lunes como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

La acusación de la Fiscalía

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado. 

“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía. 

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de supuesta extorsión apunta a diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los “beneficiarios comunes”, que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los “delegados”, que recibían doble o triple ayuda; y los “referentes”, responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Para el Gobierno de Javier Milei, “los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y de la Justicia para desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley”.

Qué dijo Belliboni, del Polo Obrero

Tras las denuncias y los resultados difundidos por el ministerio de Capital Humano, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero admitió no poder “negar que hay algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no voy a decir 'No, es imposible'. Puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente, pero veamos el contexto”, se explicó.

Según Belliboni, los dirigentes sociales “dimos la cara, no somos Rodríguez Simón, Pepín, que se va afuera, dimos la cara en una conferencia de prensa” y reclamó que la Justicia “debería haber llamado a Patricia Bullrich y preguntarle por qué, por ejemplo, pone parlantes en las estaciones de Constitución para decirle a la gente que no se puede movilizar”.

“¿Una persona que tiene un programa social tiene prohibido los derechos constitucionales? Eso también existió y fue público. Venimos denunciando a este Gobierno porque vació los comedores populares de comida, y eso no hay forma de probar que sea equivocado o que estemos mintiendo, la que miente es la ministra”, remarcó el dirigente en diálogo con Radio con Vos.

Belliboni consideró que lo expuesto por el gobierno es “un operativo político para perseguir a los dirigentes que están luchando con este gobierno”. Además, alertó que los allanamientos fueron “totalmente ilegales” porque se hicieron “de madrugada cuando no había luz del sol” y que “lo primero que hizo la policía de Bullrich fue apagar las cámaras”.

Asimismo, el líder del Polo Obrero reiteró en claro que los dirigentes “van a dar la cara” y “no se van a fugar como lo hicieron otros”, y calificó a la reciente denuncia en su contra como “falsa, política e ilegal”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno Nacional desarmó más de la mitad de los programas vinculados a los cuidados, se trata de políticas públicas que afectan sobre todo a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y discapacitados. Un monitoreo realizado por varias organizaciones reveló que de las 43 políticas públicas vinculadas a esta temática,  21 fueron desarmadas por derogación o subejecución, 15 están en estado de alerta por inacción y solo 7 se mantienen vigentes.

“No se está construyendo ni un solo nuevo jardín, hay 0% de ejecución de los tres programas de infraestructura relacionados con primera infancia, están frenados”, explica Lucía Cirmi, economista y directora del Monitor de La cocina de los cuidados, una base de datos elaborada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias y de la academia. En línea con lo que sucede con las obras a nivel nacional, el informe indica que todas las políticas de ampliación de la infraestructura física de cuidado están paralizadas y sin ejecución. Con respecto a los adultos mayores, cuatro de las ocho residencias nacionales de larga estadía están en riesgo y no hay información sobre la continuidad del Programa Vivienda Activa.

No se está construyendo ni un solo nuevo jardín, hay 0% de ejecución de los tres programas de infraestructura relacionados con primera infancia, están frenados

Lucía Cirmi — Directora del Monitor de La cocina de los cuidados

Los recortes se dan en un contexto en el que en los barrios aumentó la demanda de cuidados comunitarios. Así lo cuenta Ana Gamaro, cocinera en el comedor “Guerreras” de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, e integrante de la agrupación FOL. “Ahora tenemos mucho más laburo porque hay muchísima gente que no está pudiendo ni siquiera comer sus tres platos de comida. Vienen muchísimos abuelos que tienen su casa, pero que no están pudiendo pagar todos los medicamentos ni les alcanza para su plato de comida. Nos dicen que trabajaron toda la vida y que ahora no pueden pagar la luz y se la cortan. En estos días, llegó una abuela que vive a oscuras. Esos casos están pasando”, le explicó a elDiarioAR.

El informe también contabiliza las políticas que perdieron poder adquisitivo, en ese grupo incluyen al programa Progresar, de incentivo educativo que quedó licuado con 20.000 pesos mensuales, el mismo monto que el año pasado.

También destaca la suspensión del envío de alimentos a los 44.000 comedores y el recorte del alcance de la Tarjeta Alimentar, que aunque está vigente, no cubre las necesidades alimentarias. Además, indicaron que se interrumpió la entrega de kits de lactancia para personas que amamantan que proveía el exministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad. 

Esto se refleja en las tareas comunitarias de los barrios más populares. “Acá se sobrecarga lo comunitario y lo doméstico ya que lo privado en este contexto de merma de ingresos es de difícil acceso. Las niñeces y adultxs mayores se encuentran más vulneradxs, el recorte de medicamentos junto con jubilaciones de miseria, la desfinanciación de espacios de primera infancia, el recorte de asistencia alimentaria a centros comunitarios se nota, duele y enrabia. También relevamos la situación nutricional y vemos que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes están mal nutridas”, describe Norma Morales, dirigente nacional de Barrios de Pie, secretaria adjunta UTEP e integrante del Monitoreo. Ella vive en el barrio Danubio, en Dock Sud, Avellaneda, y trabaja en el Polo Textil Las Mandarinas, 

Tenemos mucho más laburo porque hay muchísima gente que no está pudiendo ni siquiera comer sus tres platos de comida. Vienen muchísimos abuelos que tienen su casa, pero que no están pudiendo pagar todos los medicamentos ni les alcanza para su plato de comida. Nos dicen que trabajaron toda la vida y que ahora no pueden pagar la luz y se la cortan. Llegó una abuela que vive a oscuras

Ana Gamaro — Cocinera en el comedor “Guerreras” de la Villa 1-11-14

Cirmi alerta sobre las moratorias previsionales. “Es una de las batallas en la nueva ley Bases. Ahí se está diciendo que las responsables de que las jubilaciones sean bajas son las mujeres por haberlas incluído en el sistema jubilatorio cuando ellas se dedican a cuidar. Es un mensaje muy retrógrado y muy peligroso porque es importante que tengamos en cuenta todo el aporte que hicieron a la economía cuidando el mercado de trabajo y consumiendo porque las jubilaciones se financian, entre otras cosas, con impuestos como el valor agregado”, le explicó a este diario. 

El informe de La cocina de los cuidados también da cuenta de otras medidas regresivas como el DNU 70/2023, que incluyó la reducción del derecho a interrumpir teletrabajo por cuidado.“De no mediar el amparo logrado por la CGT sobre el DNU, las licencias por maternidad serían recortadas a 10 días previos sin retomar la ampliación planteada para maternidad y paternidad en el proyecto Cuidar en Igualdad, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados”, sostiene el relevamiento impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También se desarmó el programa Igualar, que comprometía a 436 empresas con la agenda de los cuidados. “Solo se mantiene vigente el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre guarderías y reintegros por cuidados aunque sin promoción o acción gubernamental para que se implemente”, detalla.

Otro de los afectados fue el programa Registradas, que fomentaba la formalización de las trabajadoras de casas particulares a través del aporte del Estado del 50% del salario de las trabajadoras. Tampoco se mantiene la multa para quienes no las registren. Por otra parte, Potenciar Cuidados, del que eran parte 143.000 cuidadoras comunitarias, también está en riesgo ya que pasaría a ser considerado como dimensión “no productiva”. “Hay una desjerarquización de los trabajadores del cuidado, por todos lados están recortando la figura del cuidador. Ya sea las trabajadoras de casas particulares en el DNU, ya sea las que estaban en el Potenciar Trabajo, que eran cuidadoras comunitarias y ahora las pasan a la supuesta faceta productiva”, explica Cirmi.

Obvio que hay sobrecarga, el cuidado de la vida tiene que ver con tareas feminizadas. Nosotras las politizamos, las reivindicamos ante un sistema que propone muerte y crueldad . Pero exigimos remuneración y reconocimiento, junto con el fortalecimiento de políticas públicas

Norma Morales — Barrios de Pie

Desde el CELS evalúan diversas presentaciones judiciales que puedan revertir el desmantelamiento de estas políticas. Así se lo confirmó a este medio la abogada Lucía de la Vega y coordinadora del Área Transfeminista de la organización. “En el plano juridico tenemos una acción de amparo con una medida cautelar junto a la UTEP por el acceso a alimentos. Estamos pensando distintas acciones judiciales tanto en el ámbito nacional como internacional para denunciar las regresiones en materia  de políticas de cuidado y de derechos humanos. Quienes están siendo muy afectados son niños y niñas , las adultas mayores y mujeres, donde se sobrecarga muchísimo todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado”, indicó.

Esta involución del Estado en cuanto a las tareas del cuidado recae sobre las mujeres y diversidades de los barrios populares que se ven sobrecargadas en sus casas y también en las tareas comunitarias. Una situación que genera desventajas en el desarrollo personal y profesional ya que el tiempo se ve limitado. “Obvio que hay sobrecarga, el cuidado de la vida tiene que ver con tareas feminizadas. Nosotras las politizamos, las reivindicamos ante un sistema que propone muerte y crueldad . Pero exigimos remuneración y reconocimiento, junto con el fortalecimiento de políticas públicas”, agrega Norma Morales. 

CDB/ MG