La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa del represor Adolfo Donda y volvió a negar, esta tarde, su pedido de libertad condicional. Así, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron nuevamente la decisión del juez Daniel Obligado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5.

Donda está condenado a prisión perpetua en las causas “ESMA II” y “ESMA unificada” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983). El represor está imputado como “coautor por los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores” contra alrededor de 400 víctimas en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Se desempeñaba como jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2.

“Los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de insulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, destacó el juez Slokar tras dar a conocer el fallo. Y agregó: “El otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos”.

El hermano del represor, José María Laureano Donda Tigel, fue secuestrado a los 21 años junto a su pareja embarazada María Hilda Pérez. Se trata de los padres de la dirigente de Unión por la Patria, Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004 tras la apropiación de su tío.

En el marco de la investigación, la funcionaria del oficialismo le exigió al represor que le informara los datos correspondientes a su nacimiento y el destino de sus padres desaparecidos. Este, sin embargo, negó contra con tal información.

ACM con información de agencias.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los 29 recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de 40 represores, entre ellos el “Tigre” Acosta, y ratificó, así, las condenas a prisión perpetua impuestas en el marco de la mega causa conocida como “ESMA Unificada”.

Los condenados estaban imputados por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidios, apropiaciones y abusos sexuales cometidos en el mencionado centro clandestino durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

Al rechazar el recurso federal de la defensa, los jueces Guillermo J. Yacobucci y Ángela Ledesma confirmaron la prisión perpetua para Alejandro D'Agostino. Se trata de uno de los pilotos de los “vuelos de la muerte” que llevó en la aeronave “Skyvan” a víctimas del Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz como las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

En minoría, el juez Slokar consideró que correspondía conceder los recursos del fiscal Raúl Pleé y las querellas contra la decisión dictada en mayo que había confirmado, en aquel momento, las absoluciones de los pilotos Emir Sisul Hess, Rubén Ricardo Ormello y Julio Alberto Poch.

En tanto, respecto de la condena a Víctor Olivera y Jorge Luis Magnacco, deberá intervenir otra Sala de Casación para revisar el fallo “Duarte” de la Corte Suprema de Justicia.

ACM con información de agencias.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario condenó, hoy, a prisión perpetua a 16 ex militares y policías acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos del Gran Rosario. Los delitos que se les imputados incluyen homicidio agravado, torturas calificadas, tormentos calificados, desaparición forzada, sustracción de menores y privación ilegítima de la libertad.

El veredicto del tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano, María Noel Costa y Mariela Rojas ratificó, así, la pena solicitada por el fiscal Adolfo Villate y las querellas particulares de la agrupación H.I.J.O.S. Rosario y la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

En el marco de la causa “Guerrieri IV”, fueron condenados Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Féliz Retamozo, Enrique Andrés López, Osvaldo Tebez, Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.

Todos ellos, según expuso durante el debate el fiscal, tuvieron como víctimas de represión ilegal a un total de 116 personas. De este grupo, 54 ya habían participado de los tramos previos de la “Megacausa Guerrieri” y constituyen casos de desapariciones forzadas y homicidios. Los 62 restantes todavía no habían sido juzgados.

Los crímenes habrían sido cometidos en los centros clandestinos de detención “Quinta Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia”, “La Calamita” y aquel que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”. El predio de la Iglesia Católica Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes también fue incluido en la lista de lugares involucrados, según la acusación, dado que los testigos declararon que al menos tres víctimas estuvieron secuestradas allí. Sin embargo, los tres letrados coincidieron en que el espacio no fue utilizado para tales fines.

El próximo 25 de octubre se darán a conocer los fundamentos del veredicto hoy anunciado.

ACM con información de agencias.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su progenitora y su pareja en 2021, también fuera condenada por abuso sexual al menor, pese a que ambas mujeres ya fueron sentenciadas a prisión perpetua por el crimen del niño.

Durante la audiencia de impugnación en la Sala 7 del Centro Judicial de Santa Rosa, los fiscales solicitaron que Magdalena Espósito Valenti fuera condenada por abuso sexual, tal como lo fue en su momento Abigail Páez. Esta última está sentenciada por “homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico”.

La fiscal María Rivero sostuvo que si el Tribunal acreditó que el menor había sufrido lesiones por abusos sexuales ─incluso el día de su muerte─ “sería ilógico pensar” que la madre no estaba al tanto de la situación.

En este marco, el pedido fue acompañado por José Mario Aguerrido, querellante que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, quien también exigió que a la condena de ambas mujeres se sume el agravante de “odio de género”. Actualmente, Espósito Valenti está imputada por el “homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento” y se encuentra encerrada en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis.

Lucio Dupuy fu asesinado el 26 de noviembre de 2021, tras haber sido golpeado, maltratado y vejado por las dos condenadas. Por las lesiones recibidas, la víctima sufrió un politraumatismo que le provocó la muerte. Posteriormente, la autopsia reveló que su cuerpo presentaba “golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo”.

ACM con información de agencias.

El policía Maykel Mercedes López fue condenado, esta tarde, a prisión perpetua por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado de una balazo en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo. Así lo dispuso el tribunal técnico de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en base al veredicto de culpabilidad de un jurado popular.

Al comienzo de la audiencia de este miércoles, el efectivo pidió perdón por todo lo sucedido. “No se imaginan lo que pasó por mi cabeza esa noche. El dolor que pasé lo voy a llevar por el resto de mi vida”, expresó el policía, dirigiéndose a la familia del joven asesinado.

Los otros 5 policías involucrados y sometidos a juicio resultaron absueltos. Se trata de Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Alberto Daniel Sosa Gallardo (43) y Fernández Aliendro (27).

En los alegatos de este lunes, la fiscal Fabiana Pochettino y los querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresnada pidieron la prisión perpetua para López, Luna, Alvarado Gómez y Aliendro por los delitos de “homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo”.

Por su parte, los abogados de López, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco pidieron la absolución del policía dado que su accionar constituye un caso de legítima defensa en tanto debía enfrentar un ataque a pedradas del grupo de jóvenes que integraba Joaquín. Subsidiariamente, pidieron que sea condenado a la pena más baja del delito de “homicidio culposo”. Sin embargo, el desenlace fue favorable a la solicitud de la familia de la víctima.

Pedro Despouy Santoro, abogado de Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez, también había pedido la absolución de sus clientes y cuestionado el accionar de la fiscal. “Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, dijo.

Hoy, antes de que iniciara la audiencia, la mamá del adolescente asesinado, Soledad Paredes, reafirmó su deseo de que los 6 acusados fueran condenados a prisión perpetua. “Mi esperanza es que sea una sentencia de prisión perpetua para todos los responsables de la muerte e mi hijo”, expresó. La mujer esperaba que los jueces y el jurado popular dictaran un “veredicto ejemplar” luego de que la Fiscalía demostrara que “a Joaquín le dispararon a matar”.

Con información de agencias.

La lectura de la sentencia por el asesinato de Lucio Dupuy que estaba prevista para este lunes 13 de febrero se postergó. El Tribunal informó que durante la audiencia de ese día se escucharán las apelaciones de los fiscales, la querella y los defensores de las acusadas.

La jornada comenzará a las 8 y durará cuatro horas. Será a puertas cerradas como todo el juicio oral que se desarrolló, entre el 10 de noviembre y el 22 de diciembre de 2021.

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas por el delito de homicidio agravado. En el caso de Páez, también fue declarada culpable de abuso sexual ultrajante mientras que Espósito Valenti fue absuelta por ese delito.

En la audiencia, la fiscal Verónica Ferrero y sus colegas Walter Martos y Marcos Sacco apelarán la sentencia y pedirán que la madre de Lucio también sea condenada por abuso sexual ultrajante. Al igual que la querella, a cargo de José Mario Aguerrido, que apelará la absolución.

Por otro lado, se buscará sumar como agravante por parte de la querella el delito por crimen de odio, por su condición de varón.

Por su parte, la defensa de Páez, representada en Silvina Blanco, cuestionará parte de la autopsia del médico Juan Carlos Toulousse y encuadrar el hecho en un homicidio preterintencional. Además, pedirá la absolución del abuso sexual por la “duda razonable”.

En tanto, el defensor de Espósito Valenti, Pablo de Biasi, pedirá la absolución de la madre de Lucio del delito de homicidio agravado. El letrado sostiene que no estuvo en el momento de la agresión que le produjo la muerte e insistirá en que el hecho debe encuadrarse en un acto de violencia de género por la supuesta violencia del padre de Lucio, Christian Dupuy, hacia la madre.

¿Qué le pasó a Lucio Dupuy, según la autopsia?

Una de las pruebas claves del juicio es el informe del perito forense Juan Carlos Toulouse, que especifica cómo murió el niño. En la autopsia, quedó detallado que las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio, entre las 17.30 y las 19.40, ocasionándole la muerte. ¿Qué confirmó la autopsia?

La historia clínica de Lucio Dupuy

Se revelaron los informes médicos de Lucio Dupuy que registraron cinco visitas a centros médicos, en un lapso de tres meses. No obstante, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la Policía por las claras situaciones de maltrato infantil:

¿Qué pasará con las condenadas una vez que se conozca la pena para cada una?

La instancia siguiente es el Tribunal de impugnación penal de Santa Rosa. Este fuero no tiene tiempos para decidir sobre el fallo del Tribunal Oral. El paso siguiente es el Tribunal Superior de Justicia, máxima instancia local. Y por último, queda la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién entonces el fallo quedará firme.

NB

En la confitería La Ley, ubicada en la esquina de los Tribunales de Dolores, sintonizaron el televisor en un noticiero de aire. La pantalla devolvía lo que pasaba dentro de la sala de audiencias: el veredicto contra los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Las mesas estaban ocupadas, había gente de pie que apretaba rosarios contra el pecho, y curiosos con la cara pegada al vidrio. Todo era silencio hasta que el secretario del juzgado dijo “condenados a la pena de prisión perpetua”. Entonces sobrevinieron los aplausos, los abrazos, las palmadas en la espalda. Si no fuera porque a coro se gritó la palabra “justicia” inmediatamente después, el fallo, en ese bar, se festejó como un gol de penal en la final de un Mundial. Un paisaje futbolístico de equipo único: el de la camiseta con la cara estampada de la víctima. Alguien dentro de la confitería gritó “vayan preparando la vaselina”.

Dolores, ciudad siestera, ciudad de perros buenos, de perros salvajemente domesticados, ciudad de motos que zumban como mosquitos. Dolores sabe cómo es recibir un aluvión de personas con interés judicial. Aquí se llevó a cabo el juicio por el asesinato de José Luis Cabezas y aquí estuvo detenido Guillermo Coppola, cuando lo acusaron de formar parte de una red narco que vendía drogas a la farándula. Este verano, Dolores fue el escenario de un juicio que sacudió estructuras de todo tipo: de clase, deportivas, de color de piel, de crianza. En la ciudad donde el que no vive del empleo municipal, trabaja para el Servicio Penitenciario o en el sistema Judicial, suma a su Historia el juicio por el crimen de Báez Sosa. Durante cinco semanas, Dolores estuvo intervenida por el “juicio a los rugbiers”.

Fue de a poco. Como una ola que se cuece en el fondo del mar y cuando llega a la orilla, arrasa. Los padres de Báez Sosa se cuidaron al pedir que “su hijo descanse en paz con una condena justa”. Igual que en las redes sociales, el clima, sin embargo, iba transformándose: hubo, por momentos, un reclamo de venganza más que de una pena acorde a la ley. El 18 de enero, al cumplirse tres años del asesinato de Báez Sosa, el anfiteatro de la ciudad estuvo colmado de personas que encendieron las linternas de sus celulares, rezaron el Padre Nuestro, se conmovieron con un video de fotos que repasaba la vida -corta, fugaz- de Báez Sosa. Graciela Sosa, la madre de la víctima, tomó el micrófono y dijo: “Nosotros no queremos venganza, queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo”. El mismo mensaje dio en cada entrevista ofrecida junto a su marido en Dolores. Y sin embargo, hubo gente que aplaudió cuando alguien entre el público gritó “pena de muerte”.

El 2 de enero, primer día de audiencias, la valla azul que protegía el frente de los Tribunales estaba despejada. A medida que pasaban los días, la adornaban con fotos, flores, medallitas, banderas… Permanece el relicario, nadie lo toca. Una cartulina dice: “Fernando es el hijo de todos”. Un cartel dice: “A Fernando lo mató el RCP que le hicieron los rugbiers: le Rompieron la Cabeza a Patadas”. Alguien imprimió una foto de los condenados, la enmarcó y tejió alambres sobre la imagen como si fueran rejas: “44 millones contra ustedes. Lágrimas secas, cero empatía, asesinos, mentirosos, peor que un animal, racistas, soberbios, violentos”. Ocho características, una por cada acusado. 

“¿Sabés qué pasa? A mí cuando era pibe me cagaron a trompadas”, me dice un hombre después de pedirme una birome para dejar una dedicatoria en una de las fotos de Fernando que cuelga de la valla. Insiste: “Y mirá lo que soy” y yo veo a un hombre robusto, ancho, de estatura considerable, y pienso que ese cuerpo estaba en ciernes cuando era adolescente y sin embargo: “En grupo me cagaron a trompadas, bien de cagones… Te agarran solo. Estas bestias, se merecen lo peor”.

“Justicia es perpetua”, dice un triángulo de tela blanca. La leyenda está escrita con fibrón, pero si hubiera estado bordada podría ser un pañuelo de Madres o Abuelas. La apropiación de símbolos, la resignificación de símbolos. Una nueva era. A la vuelta de los Tribunales hay un local partidario de “La Julio Argentino”, la facción joven de los seguidores de Javier Milei. 

Graciela Arce se ocupó de custodiar, reponer y forrar con nylon cada cartel. Vive en La Boca, era docente, se jubiló hace seis años. El 1 de enero, cuando ya estaba arriba del micro, le envió una selfie a sus hijos. Fue su forma de anunciar que se instalaría en Dolores hasta el final del juicio. “Les dije que necesitaba estar con Silvino y Graciela. Estoy parando en una pensión acá, a cuatro cuadras. Me cobran 1.500 pesos por día. ¿Por qué? Porque me conmueven las personas que están solas y les pasa una desgracia”, explica Graciela. También cuidó “las piedras del Covid”, una instalación-homenaje a las víctimas de la pandemia que instalaron al pie de la Pirámide, en Plaza de Mayo. Hacía diez años que no se tomaba vacaciones. Invirtió sus ahorros en estas cinco semanas en Dolores.

VDM

Los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, su primo Lucas, Máximo Thomsen y Blas Cinalli son los que que pidieron la palabra y hablaron al Tribunal. Los jueces analizaron sus declaraciones y las contrapusieron con la evidencia. La conclusión dice así: “Las manifestaciones que los imputados realizaron en el juicio no conmueven el plexo cargoso. Más bien suman circunstancias temporoespaciales que lo confirman”. Más simple: sus dichos no mejoraron su posición, sino que los ratifica en la agresión, que resultó en la muerte de Fernando Báez Sosa.

En la sentencia hubo, también, un “trueque” inesperado. Fernando Báez Sosa tenía material genético de Blas Cinalli en el meñique izquierdo, pero los jueces lo descartaron como agresor directo. Luciano Pertossi llegó a juicio como coautor del crimen, pero solo por haber impedido que los amigos de la víctima pudieran defenderlo. El Tribunal lo consideró parte activa en el ataque mortal: hizo de muralla y también pegó a la víctima.

Los que no declararon son Enzo Comelli y Matías Benicelli, ambos condenados a perpetua. Tampoco lo hizo Ayrton Viollaz, que recibió la pena de 15 años de prisión. Quedó acreditado que Comelli fue, junto a Ciro Pertossi, quien dio la trompada que desmayó a Báez Sosa. Había rastros de sangre de la víctima en la camisa, el pantalón y una zapatilla de Benicelli. Ayrton Viollaz fue el que dio la señal de inicio del ataque al grito de “es ahora, vamos, es ahora”.

Para el Tribunal existió un móvil -vengarse de un cruce menor que habían tenido Thomsen y Báez Sosa en un boliche y que los condenados aprovecharon el estado de inconsciencia de la víctima, que lo dejó indefenso. Por la intensidad de los golpes, desplegaron un dispositivo de violencia: patadas a la cabeza. Una particularidad: actuaron en grupo porque eran amigos, algunos inclusos familiares. Varios antecedentes: no era la primera vez que se peleaban juntos contra otra persona, siempre una persona. Y tuvieron en cuenta la actitud posterior al ataque: huir, festejar, cambiarse la ropa, desayunar en un local de comidas rápidas, mensajear a amigos, planear una previa para el día siguiente. Aquí, qué dijo cada declarante y cómo los jueces desarmaron sus testimonios.

Sobre Máximo Thomsen: “Simples exculpas sin sustento alguno”

Máximo Thomsen dio su versión de aquella madrugada luego de que su madre, Rosalía Zárate, se quebrara ante el Tribunal. Hizo hincapié en la cantidad de alcohol que había consumido desde la tarde, en la playa, en una previa y dentro de Le Brique. En su alegato, el fiscal Juan Manuel Dávila -un poco con sorna- dijo que según sus cálculos y de acuerdo a la declaración de Thomsen, ese día había tomado tres botellas de vodka.

La jueza María Claudia Castro se ocupó en la sentencia de contrastar la declaración de los condenados que pidieron la palabra con la prueba presentada durante trece jornadas. “La versión del hecho brindada por el acusado no se condice con el resto de los elementos de prueba que se han ventilado en el debate”, concluye Castro. Que el alcohol en exceso que dijo haber tomado no lo dejaron en un estado en el que no pudiese tener conciencia de la agresión, por ejemplo. “En ningún momento se advierte falta de coordinación motora por parte del nombrado y, por el contrario, se lo aprecia marchando con total normalidad, sin la más mínima señal de descoordinación en sus movimientos”, asegura la sentencia.

Ciro Pertossi quiso zafar pero se autoincriminó

“Lo declarado por el acusado Ciro Pertossi no hace más que confirmar que, al momento del hecho, él se encontraba en el lugar donde Fernando Báez Sosa recibió la brutal golpiza que le provocó la muerte”, asegura la jueza Castro. Ciro Pertossi no sólo es, según la prueba, el que ataca por la espalda a Báez Sosa sino el último en patearlo cuando la víctima estaba inconsciente en el piso. “Cuando me doy cuenta de que Fernando está en el piso, esa patada la frenamos”, declaró Ciro. Eso, sumado al acto de relamerse las manos cuando los intercepta Infantería en plena huida y que Juan Pedro Guarino -detenido primero, sobreseído después- declaró que Ciro le dio en guarda un suéter claro antes de la pelea, lo dejaron en una posición difícil.

Lucas Pertossi avisó que Báez Sosa “caducó” pero no entendía qué pasaba cuando llegó la policía

Lucas es quien se acerca a la esquina, ve las ambulancias, escucha los gritos y envía un audio al grupo “delBoca3” en el que pronuncia la palabra “caducó” en referencia al chico al que habían golpeado. También pidió la palabra y habló al Tribunal. Dijo que después del ataque perdió a sus amigos y que mandó mensajes al grupo para saber dónde estaban. “En eso veo que se acerca un chico y le pregunto si se había cruzado a un grupo de chicos, por mis amigos. Me dice que no y me cuenta que había habido una pelea, que había una ambulancia. 'Caducó el pibe', dijo”, reconstruyó Lucas. De esa manera le dio un giro a la historia: él solo reprodujo lo que otra persona -jamás identificada- le había dicho.

El cambio parece sutil, pero no. Era una maniobra para desarmar la hipótesis de la fiscalía y la querella que plantearon desde que empezó el juicio que Lucas había vuelto a la esquina para saber qué había sido de la víctima después de la pelea. Lucas se cambió de ropa, desayunó en Mc Donald's y regresó a la casa. “Me acuesto a dormir y a las horas me levanta un policía. Me abre la puerta y me despierta, me dice ‘salgan’. Les aviso a los chicos que estaba la policía y había que salir”, contó Lucas.

En la sentencia, el Tribunal lo contrapone: “Adviértase que el propio acusado reconoció haberles enviado un mensaje a sus amigos informando el deceso de la persona agredida minutos antes. Ergo, si el imputado ya tenía conocimiento de haber participado en el homicidio de una persona, no se explica la sorpresa generada por la presencia de efectivos policiales, horas más tarde de producirse el fatídico evento, en la vivienda en la que se encontraban temporariamente residiendo, ubicada en cercanías del lugar”. Lucas fue condenado a 15 años de prisión.

Los dos “sorpresas”

A Blas Cinalli no solo lo comprometían los chats que esa madrugada envió a amigos que no estaban en Villa Gesell, sino los rastros de su ADN hallados bajo la uña del dedo meñique de la víctima. Ante los jueces, Cinalli aseguró no haber participado de ningún plan criminal y que tampoco golpeó a la víctima. La única manera de que el material genético de Cinalli llegara a la víctima es por contacto estrecho. Con esa evidencia en contra, existía la posibilidad de que recibiera una pena, por lo menos, alta. Sin embargo, lo condenaron a quince años. Respecto de Luciano Pertossi, en los videos que fueron parte de la prueba era “una sombra”, es decir, una persona difícil de identificar. Eso lo beneficiaba. Pero para los jueces, Luciano estaba exactamente en el lugar donde Fernando fue golpeado, golpeando. Y le dieron perpetua.

En la filmación que alguien tomó con un teléfono desde la vereda de enfrente de la disco Le Brique, Cinalli golpea a Tomas D'Alessandro, amigo de Báez Sosa, detrás de un auto gris que tapa la escena. También aparece en el video de siete segundos que graba Lucas Pertossi. Aun con ese material, la jueza María Claudia Castro refiere en la sentencia que “se demostró que fue uno de los primeros que tomó contacto físico con Fernando Báez Sosa al momento del inicio del ataque (...). Esta circunstancia me permite inferir que probablemente Cinalli, sólo en ese primer momento, haya tomado contacto con el cuerpo de Báez Sosa, lo que podría explicar de algún modo aquel hallazgo pericial”. Como tampoco aparece con claridad en las imágenes, “no puede atribuírsele responsabilidad en el hecho a título de coautor”, indica la jueza.

El noveno día de audiencia, cuatro peritos de la Federal analizaron a pedido de los fiscales un video. Eran las imágenes captadas por un turista que en ese momento estaba parado sobre la vereda de Le Brique, enfrente del lugar donde golpeaban a Fernando Báez Sosa. Fabián Améndola, abogado representante de los padres de Fernando, preguntó a los peritos si podían identificar al “sujeto que vestía una camisa o remera negra manga corta que sale de atrás de un auto”. Esa persona llegaba a participar de la pelea. Le dieron play varias veces, en cámara lenta y en la velocidad en la que había sido grabado. Los peritos dijeron: “Luciano Pertossi”. Y Luciano Pertossi pidió hablar.

“Yo no estaba ahí”, dijo. Fue su manera de aclarar que la persona identificada por los peritos como quien se sumaba a la pelea no es él. No quiso responder más preguntas, ni de la querella ni de los fiscales. Para los jueces esa aclaración “es inverosímil” y sólo la hizo para “mejorar su situación procesal”. Indica la sentencia: “Luciano Pertossi estuvo, durante la fase ejecutiva del evento, en el lugar donde la víctima era brutalmente golpeada. Además, un amigo de Fernando lo distinguió como ”uno de los que más pegaba“ y otro lo identificó en la rueda de reconocimiento. Ambos fueron testigos presenciales del hecho. Algo más: en el pantalón que llevaba puesto la noche del ataque hallaron sangre de la víctima.

VDM

Tres hombres fueron condenados hoy a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo de unos escombros en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez.

El fallo del Tribunal Oral en lo criminal (TOC) 3 de San Martín recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo, para quienes también se ordenó su inmediata detención, mientras fueron absueltos otros cinco acusados que habían llegado libres al debate.

Según el veredicto que se leyó esta tarde, y que fue acompañado por la emoción del público, los tres fueron considerados coautores del “homicidio agravado por mediar violencia de género” en perjuicio de Araceli.

La audiencia comenzó a las 16.30, en los tribunales situados en avenida Ricardo Balbín 1753, de San Martín, en el noroeste del conurbano, donde minutos antes del inicio de la misma, la madre de la víctima, Mónica Ferreyra, repartió globos violetas.

La mujer estuvo acompañada de unas cien personas, entre ellas, familiares de otras víctimas, como Daiana Ojeda y Chiara Rodríguez, asesinadas en julio de 2019 y septiembre de este año, respectivamente; ambas también en José León Suárez.

“Llegó el momento de decir basta. Hoy pedimos justicia”, rezaba la pancarta que llevaba en uno de los allí presentes, mientras que, de fondo, en los altoparlantes dispuestos por los organizadores de la movilización sonaba la canción “Cómo te extraño” de Abel Pintos.

“Estoy muy triste”, dijo la madre de Araceli, justo antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín, a cargo del debate, en el que también estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de la Mujer de la Nación.

En tanto, en la puerta de los tribunales se montó un operativo se seguridad con personal policial con chalecos refractarios que formaron un cordón humano por delante de los manifestantes que exclamaban “¡Araceli presente! ¡Ahora y siempre!”.

A su vez, los familiares de Araceli que ingresaron al recinto lucieron una remera con la inscripción “Vamos negrita” y la cara de la víctima.

También estuvo presente Gabriel Katopodis, actual ministro de Obras Públicas de la Nación y quien fuera intendente de San Martín al momento del crimen de Araceli.

Justo antes de la lectura del veredicto, los imputados pidieron no estar presentes en el recinto y así lo hicieron a pesar de que el tribunal les aseguró que las medidas de seguridad estaban dadas.

Y cuando se leyó el veredicto, la madre de Araceli, sentada en primera fila, rompió en llanto, al tiempo que el público aplaudió y exclamó “¡Vamos Araceli!” y “Grande Negra!”.

“Los amo hijos. Se hizo justicia”, expresó Mónica con la voz entrecortada y respecto de los ahora condenados señaló: “Son unos cobardes que no quisieron dar la cara”.

“Esto es para todas ustedes. En cada chica que vea en la calle voy a ver a mi hija. Gracias a todos”, añadió la mujer y, al retirarse de los tribunales, besó la foto de su hija pegada en la pared delantera del edificio y soltó los globos violetas hacia el cielo.

La pena impuesta por el tribunal coincidió con lo que habían solicitado en sus respectivos alegatos tanto la fiscal de juicio, Mariana Piwarczuk; como el abogado representante de particular damnificado, Diego Szpigiel.

En tanto, no fueron acusados por falta de pruebas Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, quienes debido a ello resultaron absueltos.

Otro de los sospechosos, Darío Badaracco, hermano del imputado Hernán Rodrigo, había sido detenido por el hecho, pero murió el 13 de abril de 2019 luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

El debate se extendió por 53 días, a lo largo de los cuales declararon casi 300 testigos en 14 audiencias en las que se intentó reconstruir minuciosamente el recorrido de Araceli y de los imputados durante la noche del hecho.

En principio, todos los acusados llegaron libres al debate oral, pero a raíz de una serie de amenazas hacia familiares de Araceli y testigos, dos de ellos fueron detenidos.

Por un lado, Casalz fue arrestado el 12 de septiembre cuando fue a votar en las últimas PASO por las elecciones legislativas, acusado de amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, a quien le mandó un video de nueve segundos con una ametralladora diciendo “hay bala para toda la familia”.

En tanto, Cabañas fue detenido dos días después, luego de que intentó ingresar a la segunda audiencia del juicio oral con un arma blanca.

Ante esa situación, el juez Martín Klobovs los procesó con prisión preventiva hasta que se dé a conocer la sentencia.

Araceli (22) fue hallada muerta el 27 de abril de 2017 debajo de unos escombros, en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín.

La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: “Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”.

Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

La autopsia determinó que la joven murió por “asfixia mecánica” por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos.

DA