Un militante político fue asesinado de un disparo en la cara en el partido bonaerense de San Martín. El crimen ocurrió en el marco de una disputa entre bandas que se disputan el control del territorio. La víctima fue Sebastián Carrillo, del Movimiento Evita, quien recibió un tiro en su casa del Barrio Independencia de José León Suárez, muy cerca de la Villa Curita, en medio de un tiroteo.

“Fue a cerrar la ventana y le entró un disparo en el ojo. Murió en el acto. Todos los vecinos se encierran cuando cae la noche, porque hace tiempo viene la pelea territorial”, denunciaron en el entorno de la familia de Carrillo. Días antes hubo otra víctima en el mismo barrio y también otro joven fue herido.

El hecho generó repercusiones políticas. El exdiputado nacional Leonardo Grosso expresó su repudio en redes sociales: “Mataron a un compañero en San Martín. Lo ejecutaron de un tiro en la cara. No podemos naturalizar esta violencia. Es gravísimo. Exigimos justicia”.

Grosso participó del velorio de Carrillo en el Cementerio Municipal de San Martín y denunció la falta de control policial en la zona: “La novia de Sebastián llamó al 911. La Policía, que tiene una comisaría a ocho cuadras, nunca llegó. Esto no es un hecho aislado. Estamos hartos de que sea algo habitual. Es necesario que armemos una mesa judicial y política para abordar el problema”. El hecho es investigado por la UFI N°5 de San Martín.

La sospecha principal es que el crimen de Carrillo ocurrió en una guerra de bandas por el control del barrio entre un narcotraficante conocido como “el Sicario” luego de que semanas atrás la policía detuviera a Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, por orden de la jueza federal Alicia Vence tras una redada de 20 allanamientos contra su banda.

La problemática del narcotráfico en el conurbano no es nueva pero se agravó en los últimos tiempos. De acuerdo a un informe de 2023 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, creció el narcotráfico en los barrios populares y el incremento de situaciones de violencia asociadas a la venta y distribución de estupefacientes.

Hay, a su vez, un marcado abandono del acompañamiento estatal. elDiarioAR publicó días atrás que, tras perder la elección, Javier Milei cerró 32 centros que ayudan a jóvenes a dejar las drogas por los recortes en el Sedronar.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y datos oficiales recientes del Ministerio de Salud porteño señalan que el consumo problemático de sustancias en barrios vulnerables aumentó un 15% en el último año, estrechamente vinculado a la pobreza, la violencia y la exclusión social, un desafío que exige respuestas integrales y colaborativas.

“Chicos, se me hace tarde para ir a cirujear. Y también tengo que ir al comedor. Así que me hacen la cloaca; si no, no los voto”. La vecina del barrio 8 de Mayo, al borde del camino del Buen Ayre, suelta una carcajada para que su reclamo hiera menos. Lleva un sweater que mezcla el naranja y el celeste con estrellas negras, jean a la moda con cortes en las piernas y zapatillas blancas. Es una de las treinta mujeres que se reunieron en la parroquia San Roque González de Santa Cruz, enclavada en medio del asentamiento de migrantes paraguayos que está pegado al basural del CEAMSE. Escuchan que pronto les van a hacer obras de cloacas y conexiones de agua.

“Yo no la puedo convencer a mi hermana. Tiene 29 años. ¡Y está con Milei!”. María José habla con desazón, incrédula. Se lleva las manos entre las piernas, como para refugiarse en sí misma. A su lado, Verónica, una nena a upa, la interrumpe: “¡Y yo a mi papá! Y es grande ya: tiene 59. No está con Milei, está con cualquier otro, pero no quiere a Massa”, dice con cara de resignación. Son dos de la veintena de mujeres –otra vez mujeres– que están reunidas en el patio de un comedor popular que depende del Movimiento Evita en el pasaje San Pablo, en barrio Independencia, cercano al 8 de Mayo y de la estación de trenes de José León Suárez.

En la primera buscó convencer. En la segunda, contener. En el centro de las dos escenas sucesivas del jueves por la mañana, Leo Grosso, diputado nacional oficialista, referente en San Martín de la organización que conduce Emilio Pérsico: perdió en las PASO como precandidato a intendente contra el actual jefe comunal, Fernando Moreira, mano derecha del ministro Gabriel Katopodis, pero igual se pone al hombro la campaña electoral de Unión por la Patria. “Ahora no me juego nada, no soy candidato a nada, pero lo digo con el corazón: hay una discusión que me preocupa mucho dar, porque la patria está en peligro, de verdad”, dice Grosso, que intenta contener los votos sin saber que pocas horas después el estallido del escándalo Insaurralde barrerá con parte del esfuerzo. Tiene una habilidad sorprendente para explicar, sin perder el hilo ni sonar confuso, cómo se hace la instalación de un caño de agua en un terreno tomado o recuperar el 21% del IVA en la compra de alimentos. 

Grosso tendrá por la tarde otra asamblea y después una volanteada casa por casa. Su intensa agenda personifica la pelea voto a voto que lanzó el oficialismo desde la semana pasada para lograr su proeza de entrar al balotaje contra el candidato libertario. Su paraguas narrativo es la batería de anuncios de Sergio Massa, con el IFE para las personas en situación de indigencia y la eliminación del impuesto a las Ganancias –que sancionó el Congreso– como las medidas más recientes. Para empoderar al ministro-candidato las agrupaciones sociales y la CGT movilizaron el viernes unas cien mil personas por el microcentro porteño. 

El pararrayos

El 8 de Mayo tiene algunas calles asfaltadas y otras que no. Una zanja del cordón cuneta abierta. Pasillos donde apenas pasa una persona. Escombros en el suelo para no pisar agua podrida. La telaraña de cables en los postes. Un cartel en un árbol en la puerta de la iglesia que pide “Por favor no tirar basura ni animales”. Un chango de supermercado atado al tronco de otro árbol como un cesto para la basura. Las paredes de las casas sin revoque, pero con orificios de balaceras. Muchos pilares con carteles pegados con las caras de Grosso y Massa. 

Acá el Estado todavía no llegó. O está llegando; la señalética de las calles, por ejemplo, lleva la firma de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que integran desde el Evita de Pérsico al MTE de Juan Grabois. “Acá ustedes hicieron todo a pulmón. Abrir las calles, parar el primer poste de luz, traer la manguera de agua. El Estado llegó después, mucho después, y fue porque ustedes reclamaron. Pero una vez que nosotros logramos que el Estado llegue, también empezamos a ver que es importante que el Estado exista”, le dice Grosso a la treintena de mujeres que lo escuchan debajo del techo de chapa de la parroquia San Roque. 

Grosso está acompañado por su referente en el barrio y una funcionaria municipal. Les promete a las vecinas que serán las próximas beneficiarias del plan de instalación de cloacas y agua que está haciendo la Cooperativa 9 de Julio –que depende del Evita– en el marco de un programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana, de Desarrollo Social. En 2022, el área que conduce Fernanda Miño –ligada a Grabois– invirtió $240.721 millones en barriadas de todo el país, fondeados sobre todo por el impuesto a las grandes fortunas y del impuesto País al dólar. 

Su libreto tiene lógica, pero no hay mucho feedback político. Las vecinas lanzan principalmente reclamos o cuestionamientos, y de los más variados. La falta de Estado también es no tener a quién reclamar, o no saber cómo. El barrio ya tiene un cuarto de siglo. “Yo soy nueva y a mi no me querían dar el certificado de vivienda”, se queja una mujer. “Yo no tengo medidor de luz. ¿Me van a venir a poner?”, pregunta otra. Una más: “La otra vez me vinieron a censar para ponerme la cloaca y yo no estaba, ¿ahora cómo hago?”. Y otra: “¿Van a hacer las veredas? Porque a mi me quisieron cobrar. Mi vecino les pagó y le hicieron”. Una última voz: “Cada mes vengo pagando el agua. $1.800 por vez. Y esta vez me trajo mi vecina y aparte abajo dice ‘deuda anterior, $12.000’. ¡Y no sé por qué!”.

Grosso hace de pararrayos. Demuestra cintura para responder por todo, delegar lo que no sabe y dar su palabra a las promesas. Después busca ir al hueso, de su porqué principal está acá esta mañana. “Hay algunos candidatos que dicen que para que haya obra pública tiene que pagar la gente, y que la tienen que hacer las empresas privadas. Que no haya más ministerio de Obra Pública o que no haya más cosas que haga el Estado. Esto no es terror, pero es muy difícil cortar algo que ya se empezó a hacer. Imagínense si la respuesta que nosotros tendríamos acá es que esperen a las empresas”, arremete Grosso contra Milei, pero no lo nombra. 

Milei es el fantasma que da vueltas. Su cara no está en ningún poste. Pero en San Martín sacó 55 mil votos. Quedó tercero, detrás de Massa y Patricia Bullrich. “¡Decí quién es, decilo!”, le reclaman a coro y entre risas algunas mujeres. Grosso calla y sigue con la vista a uno de los pocos hombres jóvenes en la reunión, que justo en ese momento se para y se va. “Yo también soy peronista”, aclara una vecina, por lo bajo, a su compañera de asiento. “Y kirchnerista”, subtitula. La que escucha asiente, sin abrir la boca.

La catarsis

Antes de meterse por un pasillo, a Grosso lo para un sodero-militante. “Estoy buscando convencer a las clientas. Hay que hablar, Leo, hay que hablar”, le pase el parte. Unos metros más allá un vendedor ambulante lo para para contarle cómo va el emprendimiento de panadería con otros adictos recuperados. Otro hombre, que estaba sentado en el suelo del pasillo, lo para en seco: “No tengo ninguna ayuda”, se presenta. En dos cuadras el diputado estrecha abrazos, apunta teléfonos, delega un pedido.

“Ustedes saben que los políticos se mandaron muchas cagadas, ¿no? Macri nos dejó la deuda con el Fondo y se mandó una cagadón que nos clavó cien años de problemas. Los nuestros se mandaron muchas cagadas que no pudimos resolver. Ahora, no seamos nosotros, no seamos la gente, el pueblo, el que se mande la tercera cagada de ponerlo a Milei. Tres cagadas al hilo para nuestro pueblo no sé cuánto aguantamos”, teoriza Grosso sentado en una silla desvencijada dentro del comedor del Evita en el barrio Independencia. Faltan apenas horas para que se conozcan las fotos del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en medio de unas vacaciones de lujo en el Mediterráneo que trazan un contraste extremo con este entorno. Hay globos con los colores de Boca, juguetes atados al sin fin de suculentas. Sorbos de mate y mordiscos a un pan casero. Unos perros intentan cazar una iguana entre las macetas que abundan en el patio. Grosso hace catarsis y baja línea electoral al grupo de mujeres: algunas son de una cuadrilla que hace tareas de limpieza de barrio a cambio de un Potenciar Trabajo. Otras sostienen el merendero.

En San Martín hay unos 200 comedores. Solo el Evita tiene unos treinta. El del pasaje San Pablo tiene ya siete años y actualmente entrega treinta tuppers por noche. La cifra aumenta considerablemente a los días 20, cuando ya el bolsillo del vecino se gastó la mensualidad. “A fin de mes nos convertimos en pulpo”, dice Cachorra, una de las mujeres a cargo, y enumera el menú que trata de variar todos los días: fideos con tuco, guiso, pizzetas, canelones, ñoquis. No abundan las proteínas. También es Desarrollo Social la cartera que asiste a los comedores populares, aunque tanto las organizaciones oficialistas como los piqueteros de la izquierda le reclaman permanentemente a Victoria Tolosa Paz la entrega de más y mejores alimentos. 

Grosso pone a prueba a su militancia: “¿Conocen las medidas de Massa? ”El ‘plan platita’, como le dicen Bullrich y Milei, que están en contra. ¿O saben lo que dicen ellos“, desafía. ”En Facebook un hombre decía que, con la dolarización, un café con una medialuna lo va a pagar un peso con veinticinco. Y eso no es así“, rescata Andrea, una de las vecinas. ”Quieren privatizar la educación pública, quieren privatizar Aerolíneas Argentina, quiere sacar el Banco Central, poner un voucher en las escuelas“, enumera María José. ”Massa dio un bono para el que no cobra nada. 94 mil pesos en dos cuotas“, agrega después Andrea. ”La semana que viene vamos a pensar dispositivos para poder asesorar a la gente y ayudarlo a que se inscriba al IFE“, apunta Vanesa, una de las ”comandantes“ de la cooperativa. Son muchas, pero hablan pocas.

Grosso busca darle insumo a la tarea de micromilitancia de sus compañeras para con sus vecinos, amigos, familiares hacia el 22-O: “Hay un gran enojo. La gente vota a Milei porque está enojada, está cansada. Y tienen razón, pero ese enojo no puede cegar la posibilidad de empeorar más las cosas”, razona. Pide que cada mujer al menos consiga un nuevo voto para UP, plantea la fórmula “2x1” –“un votante de Milei arrepentido vale doble”– y marca la estrategia de captar a los ausentes en las PASO, que en el partido fueron 70 mil personas. “Tampoco es decirle vos sos un pelotudo. Porque si me decís eso a mí, ya no te escucho más. Ni decirle que es un gorila. No. Es con respeto, con comprensión, buscando sobre todo a los enojados que no votaron”. 

“¿Alguien conoce a un votante de Milei y que esté arrepentido?”, pincha entonces en la asamblea. María José habla de su hermano. Verónica de su papá. Paola recuerda a su vecina Mirtha: “Hace poco se sacó una foto con vos Leo, qué hijadeputa!”. Y Cachorra lanza su anécdota: “El viernes viajé para Zárate y estaban todos los compañeros de mi hermano. Empezamos a discutir esto porque había amigos que habían votado a él. De lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y bueno, ahora quedaron de acuerdo que van a votar a Massa”, asegura. Se escucha un vaaaaamos a coro. Los perros de la casa empiezan a ladrar. Grosso levanta los brazos. Pide un fuerte aplauso. Vino a contener y encontró a alguien que convenció. Para contagiar esa épica que necesita el oficialismo, arenga al resto: “¡Mañana salimos todos para Zárate!”.

MC/DTC

Por primera vez en casi diez años, el proyecto de ley de Humedales obtuvo hoy dictamen del plenario de comisiones de Diputados, pero diferencias políticas entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores del Norte Grande amenazan con bloquear la iniciativa antes de que llegue al recinto. 

Contrario a lo esperado cuando se inició el debate hace dos meses, Juntos por el Cambio se alzó con el dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales (RR.NN.), Agricultura y Presupuesto. Con más énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva, la iniciativa tuvo el apoyo de los diputados peronistas del bloque Córdoba Federal, lo que le da a la oposición la prioridad de que su texto sea el primero en votarse cuando el tema llegue al recinto. El proyecto del Frente de Todos obtuvo el dictamen de minoría, y consiguió sumar firmas del socialismo santafesino y de Identidad Bonaerense

La foto refleja el desafío que tiene el oficialismo ahora: tendría que aceptar llevar a votación una iniciativa opositora, al menos que se asegure la introducción de cambios claves. Además, se abrió una nueva crisis interna en la coalición de gobierno: a la reunión faltó un importante puñado de legisladores que responden a los gobernadores peronistas que están en contra de la ley, lo que podría haber inclinado la balanza en favor del oficialismo. De las diez provincias norteñas, ocho son controladas por el peronismo. También rechazan la iniciativa otras jurisdicciones mineras como San Juan y Mendoza.

Los dos dictámenes tienen parecidos en la definición de humedales, el inventario, las restricciones, la moratoria y el financiamiento. Son grandes puntos de acuerdo de la política argentina de los dos grandes bloques parlamentarios

Leonardo Grosso — Presidente de la comisión de Recursos Naturales

El kirchnerista Leo Grosso, autor del texto que tenía mayor consenso público y presidente de la comisión de RR.NN., se mostró a la expectativa de llegar a un acuerdo con la oposición para combinar los textos, aunque es una posibilidad todavía lejana, según recogió elDiarioAR de fuentes de JxC. “Los dos dictámenes tienen parecidos en la definición de humedales, el inventario, las restricciones, la moratoria y el financiamiento. Son grandes puntos de acuerdo de la política argentina de los dos grandes bloques parlamentarios. Tenemos una oportunidad. Resolvamos las diferencias, el articulado, el hasta dónde, el cómo, lo finito”, expresó Grosso en el cierre de la comisión. 

La intención del dirigente del Movimiento Evita es aprovechar la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre para intentar acordar cambios, pero ahora la pelota está del lado de JxC, que podría intentar conseguir por su lado una mayoría en el recinto para aprobar su proyecto. Complejiza el panorama, además de la fuerte presión de las provincias, el lobby de los empresarios mineros y agrícolas. 

“Nada termina acá”, apuntó Grosso, que en las últimas semanas tuvo fuertes cruces de acusaciones con el radical Ricardo Buryaile, titular de la comisión de Agricultura. Incluso el propio diputado cambiemita pidió “disculpas si hubo algún exabrupto” y exigió que se abra el diálogo sobre la iniciativa a las provincias, pese a que los gobernadores nunca respondieron a las tres invitaciones que tuvieron.

“Tenemos un compromiso con respecto a la defensa del medio ambiente, a la agenda contra el cambio climático y de qué manera es compatible con la producción y el desarrollo sostenible”, apuntó a su turno Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, uno de los autores del proyecto mayoritario de JxC. Intentó desmentir las acusaciones del kirchnerismo. “Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que los humedales nos aportan”, agregó.

En sus claves, los proyectos de ley determinan qué es un humedal –ecosistemas caracterizados principalmente por contener agua–, disponen que haya un inventario, y establece parámetros mínimos de conservación ambiental. Las diferencias entre ambos dictámenes están en que JxC le otorga más potestades a las provincias, por ejemplo incorporándolas en el desarrollo del inventario y en el ordenamiento territorial, además de que dispone que las autoridades nacionales de aplicación sean tanto el Ministerio de Ambiente como la Secretaría de Agricultura. 

Además, el fondo fiduciario que crea la ley de JxC dispone que haya un 70 por ciento de los recursos destinado a los titulares de los predios donde haya humedales a conservar, y un 30 por ciento para las jurisdicciones –distribución que no contempla en el proyecto oficialista–.

Máximo, ausencias, cruces y bombos

Mientras el proyecto de JxC consiguió 55 firmas propias, el del oficialismo juntó 49. El Interbloque Federal votó dividido. Al inicio del debate la incertidumbre era tal sobre el “poroteo” que hasta Máximo Kirchner apareció por la Sala 2 del Anexo C de Diputados, ubicado al frente del edificio del Congreso. 

El legislador y ex titular de la bancada del FdT forma parte de la comisión de Grosso –es una de las pocas que integra–, pero nunca había aparecido en las reuniones sobre el tema. Fue una sorpresa para propios y ajenos: “Que le lleven el dictamen al despacho en un plato volador, no sé”, comentó ayer con ironía un diputado también kirchnerista.

Sabiéndose derrotados en los dictámenes, en el oficialismo no tardó en circular la lista de diez diputados propios de las provincias en contra de la norma y que se ausentaron a la reunión, lo que podría haber cambiado el resultado final: Daniel Brueín y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; Pamela Calletti, de Salta; Sergio Casas, de La Rioja; Silvana Ginocchio y Anahí Costa, de Catamarca; Ana Aubone, de San Juan; Graciela Parola y Nelly Daldovo, de Formosa, y Liliana Paponet, de Mendoza. 

Muchos de esos diputados estaban a favor de la ley cuando hace dos meses el pleno del recinto votó el emplazamiento para su tratamiento en comisiones. Incluso tuvieron negociaciones directas con Grosso, según pudo reconstruir elDiarioAR. Pero cambiaron su voto cuando a fines de septiembre el grupo de gobernadores del Norte Grande, desde Estados Unidos –adonde estaban acompañados por Wado de Pedro–, lograron presionar para que se suspenda a último momento una reunión en la que se esperaba que hubiera dictamen. 

Nadie tiene que vivir la incorporación de cambios como una traición. No nos acusemos de traidores entre nosotros. No puede ser que lograr consensos para algunos sea antidemocrático

Germán Martínez — Jefe del bloque del FDT en Diputados

“Nadie tiene que vivir la incorporación de cambios como una traición. No nos acusemos de traidores entre nosotros. No puede ser que lograr consensos para algunos sea antidemocrático”, dijo este jueves durante la comisión el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, que en los últimos días llegó a conversar directamente con algunos gobernadores, pero sin suerte de convencerlos.

La última jugada contra la ley ocurrió ayer, cuando en la comisión de Minería expuso la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). A través de un paper denunciaron que la iniciativa oficialista sobre Humedales “puede llegar a paralizar proyectos ya analizados y aprobados” y que “presenta una definición extensa del bien jurídico a proteger y genera incertidumbre en el sector productivo”. Además del litio –que básicamente son espacios donde hay agua, por lo que serían considerados humedales–, estiman que la ley afectaría la explotación de otros recursos como cobre, plata y oro. 

“La cámara de empresarios mineros miente. Hacen decir a la ley lo que la ley no dice. No pueden contestar porque denuncian que la ley va a arrasar con la producción. Vienen solo a oponerse. Tienen una postura interesada y quieren hacer negocios solo con menos controles”, los cruzó hoy en el plenario sobre Humedales la kirchnerista Florencia Lampreabe. El encuentro de ayer había sido encabezado por Walberto Allende, diputado oficialista oriundo de San Juan. “Llegó el momento de decir quiénes no reunieron el coraje de decirle a la ciudadanía qué piensan sobre la ley”, completó la diputada, que reclamaba el silencio de sus colegas. 

De fondo llegaba el ruido de los bombos de las organizaciones ambientalistas y sociales que reclamaron en las inmediaciones del Congreso bajo la consigna #LeyDeHumedalesYA, por ahora pendiente. Habrá que esperar qué hace al respecto la política.

MC

En una reunión vaciada por Juntos por el Cambio y los gobernadores del Norte Grande, el oficialismo y parte de la oposición decidieron agendar para el jueves próximo la fecha en que un plenario de comisiones de Diputados buscará finalmente dictaminar sobre la ley de Humedales. La intención del oficialismo y parte de la oposición a favor de la norma es apurar el demorado trámite para poder llevar el debate al recinto antes de fin de mes, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. 

El parteaguas que significa la ley de Humedales quedó expuesto hoy, cuando se retomó el cuarto intermedio –más de un mes después– de la reunión conjunta entre las comisiones de Recursos Naturales (RR.NN.), Agricultura y Presupuesto. La cita quedó marcada más por las ausencias que por las presencias: faltaron la mayoría de los legisladores cambiemitas, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agro, que hizo cuestionamientos reglamentarios a la convocatoria. Tampoco fueron los representantes de las provincias invitados, pese a que habían pedido expresamente ir para exponer sus argumentos en contra de la iniciativa.

“Para subirse al tren de la alegría ambientalista están todos, pero después cuando hay que poner la firma no aparece ninguno. Aflojemos con los niveles de operación, resolvamos el dictamen o no”, sentenció el kirchnerista Leo Grosso, presidente de la comisión de RR.NN., el cuerpo de trabajo que lidera el debate. Cuestionaba a la bancada opositora, pero también a los gobernadores, en su mayoría parte del Frente de Todos. 

El plenario finalmente decidió convocar a una nueva reunión para el jueves próximo a las 13, con la intención de que se firme dictamen. Hay una decena de proyectos de ley con estado parlamentarios, pero uno en pugna: el de Grosso, que tiene el consenso de más de 500 organizaciones ambientales y sociales, además de apoyos en el mundo científico y académico. Es la iniciativa que cuestionan los gobernadores: denuncian que ataca el desarrollo productivo de las provincias, aunque el diputado oficialista remarcó que “no prohíbe ninguna actividad”.

Una sala semivacía y acusaciones contra los ausentes

La sala de reuniones del segundo piso del Anexo C de Diputados estuvo semivacía este jueves, por la ausencia de JxC, que suele ocupar las mesas a la izquierda del salón. Apenas tres legisladoras de la oposición dieron el presente, aunque no estuvieron en todo el debate: Soledad Carrizo, del bloque de la UCR, y Dolores Martínez y Danya Tavela, de Evolución Radical, el espacio referenciado en Martín Lousteau. De las gobernaciones del Norte Grande invitadas –Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones–, hasta ayer solo habían confirmado su participación dos funcionarios de segunda línea: el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna, y el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas catamarqueño, Carlos Barrionuevo. Hoy finalmente no aparecieron.

Sí estuvo la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, e intendentes de Córdoba y Santa Fe que quieren la ley. “Me genera un poco de tristeza, no quiero exagerar y que lo hormonal me invada, pero la verdad que me genera bastante decepción no poder hoy avanzar en la discusión y el dictamen de este proyecto, y que se esté constituyendo otro año más en el que no se consiga la necesaria ley de humedales para todo el país”, dijo la funcionaria de Axel Kicillof. Hizo una cerrada defensa de la ley: “No es anti-productivista”, consideró, sino “una herramienta de gestión necesaria” porque “el problema es urgente”. 

No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá

Jorge Berti — Intendente de Villa Constitución, Santa Fe

“No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá”, cruzó a JxC el jefe comunal de Villa Constitución, Jorge Berti. “¿A quiénes representan sino todo el Congreso nacional si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar, por qué no están hoy acá? Y esto no tiene que ver con cuestiones partidarias; no estamos en contra de la producción, pero fundamentalmente que el ambiente sea sustentable. Debe haber un marco regulatorio e inversión”, reclamó. 

Hace ya diez años que la ley de Humedales está trabada en el Congreso. Apenas dos veces tuvo media sanción, y solo del Senado. En Diputados apenas consiguió una vez un dictamen de la comisión de RR.NN., en el 2020, pero se frenó en el resto de los cuerpos de trabajo. Si este año llega al recinto de la Cámara baja, sería una situación inédita. Sin embargo, en los despachos oficialistas que la impulsan creen que el lobby en contra se profundizará en los próximos días. “Está todo muy encarajinado. La semana que viene se va a pudrir peor que hoy. No hay un camino muy fructífero”, aventuró un vocero parlamentario a elDiarioAr, luego del plenario de comisiones. 

Una de las legisladoras más resonantes en su intervención fue Graciela Camaño, parte del Interbloque Federal, bancada que juega en tándem con Grosso. “Buryaile se ha comportado como un patrón de estancia. Como presidente ordena la comisión, pero no para hacer lo que se le cante”, se quejó la diputada bonaerense. “Lamento que los colegas de Cambiemos hayan abandonado la agenda ambiental. Se ve que la unidad va por arriba de todo, porque si hay un tema que los divide, no lo tratan”, le espetó a sus colegas opositores.

Desde JxC hicieron ayer un último intento de bloquear la reunión de hoy. Los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri; de PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, la massista Cecilia Moreau, para que suspenda la reunión. Aludieron a una cuestión reglamentaria: que el cuarto intermedio pedido en septiembre había caducado, ya que la reunión del día 29 finalmente no se había realizado por el pedido de los gobernadores. “Ponen cualquier excusa para no debatir. Tenemos que dictaminar antes del 20 de noviembre para no dejar pasar un año más. El año de disputa política va en detrimento del cuidado de los recursos naturales. Me niego a que nos atemos a los designios de los gobernadores”, los cruzó Camaño.

Va una década de debate y el espectáculo es bochornoso. No se aguanta más una ausencia y una maniobra más. ¿Cuántos negocios más quieren proteger?

Myriam Bregman — Diputada FIT

“Va una década de debate y el espectáculo es bochornoso. No se aguanta más una ausencia y una maniobra más. ¿Cuántos negocios más quieren proteger? Porque si el ritmo es este no va a quedar planeta para cuidar”, dijo a su turno Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad. La legisladora también cuestionó al oficialismo por la demora y la falta de decisión política en que la ley salga: “¿En serio quieren que salgamos a decir que esta ley no afecta a la producción? ¿Y por qué está trabada entonces? Si esta ley no avanza es porque afecta negocios y muy grandes”, denunció.

También criticó tanto al FdT como a JxC el socialista Enrique Estévez, que fue quien hace dos meses pidió en pleno recinto que haya un emplazamiento para que un plenario de comisiones trate finalmente la iniciativa. En su momento también lo apoyaron los diputados cambiemitas. “Hoy JxC mostró la hilacha y se lo dije anoche a Buryaile. Deberían estar acá dando la cara”, dijo el miembro del Interbloque Federal. Y concluyó: “Están todos bastante embarrados con el mismo barro y lo van a estar, si seguimos con esta dinámica política. Me da vergüenza todo este proceso”.

La ley de Humedales corre serio riesgo de volver a trabarse en el Congreso. Justo cuando hoy se retomará el demorado debate en un plenario de comisiones de Diputados, la división en el oficialismo y el cerrado rechazo de los gobernadores y de Juntos por el Cambio conspiran contra la iniciativa parlamentaria que busca conservar los espacios geográficos caracterizados por contener agua, en medio de la crisis ambiental y la seguidilla de incendios forestales.

Este jueves está en agenda desde las 11 una reunión clave de las comisiones de Recursos Naturales (RR.NN.), Agricultura y Presupuesto. Pero dicho encuentro podría tener gusto a poco, ante el desacuerdo entre parte del bloque oficialista y varios gobernadores peronistas del Norte Grande, a lo que se suma la decisión de JxC de vaciar el debate.

La oposición y los mandatarios de las provincias, en su mayoría aliados al Frente de Todos, denuncian que la ley afectaría actividades productivas como el agro y la minería. La principal iniciativa en discusión es la que lleva la firma del diputado kirchnerista Leo Grosso, presidente de la comisión de RR.NN., y que tiene un amplio apoyo de organizaciones ambientalistas y sociales, además de académicos y científicos. 

Según el proyecto, humedal es toda área que contiene agua, por lo que abarcaría a los yacimientos de litio de Jujuy, Salta y Catamarca. Esas provincias, además de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones rechazan la ley

Ese texto estipula que un humedal es toda área que contiene agua, por lo que abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio, recurso muy preciado en Jujuy, Salta y Catamarca. Esas provincias, además de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, integran el bloque del Norte Grande, que rechaza de plano la ley. También se suma al pelotón San Juan, otro distrito minero. De las once jurisdicciones, nueve están gobernadas por peronistas, que se mueven en tándem junto a los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés en la cruzada contra la ley.

Otro de los artículos que genera mayor fricción es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales. La argumentación en contra es que violaría la autonomía de las jurisdicciones, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta. 

El debate de este jueves del plenario de comisiones será más importante por sus ausencias que por sus presencias. Como titular de la comisión que preside el debate, Grosso invitó a los gobernadores a exponer su postura, pero apenas desde dos provincias respondieron. Según supo elDiarioAR, hoy darán su opinión el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna, y el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Catamarca, Carlos Barrionuevo. También asistirán la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, e intendentes que quieren la ley, como el de Rosario, Pablo Javkin.

“Invitamos a todos los gobernadores, que pidieron dar su opinión, y no contestaron ni mostraron voluntad”, aseguraron a este medio desde un importante despacho oficialista al tanto de las negociaciones por la ley de Humedales. La reunión de hoy retomaría el debate del 29 de septiembre, pospuesto a último momento por presión de los gobernadores, que habían pedido ser escuchados en el plenario de comisión.

Es probable que Grosso busque hoy dejar expuesto los apoyos y rechazos que tiene la iniciativa, que ya tiene una demora de más de diez años en el Parlamento y se vuelve recurrente ante cada incendio en la zona del delta del río Paraná, como los que hubo en los últimos meses. “No estamos bloqueando nada, desde las provincias cuidamos mucho el medio ambiente y nuestros recursos naturales”, fue tajante esta semana en FutuRock el catamarqueño Raúl Jalil, parte del FdT. “La minería genera menos impacto ambiental en los humedales que un country en Nordelta”, desafió.

La resistencia de los gobernadores también complica las chances de sacar dictamen, porque Grosso contaba originalmente con el apoyo de sus compañeros de bancada originarios de las provincias norteñas. Pasaron de estar a favor a la incertidumbre. “La intención es que los que están dudando pongan el gancho a favor de la ley”, comentó un operador. 

La jugada de JxC

Además del rechazo de los gobernadores, desde JxC decidieron no asistir al debate de hoy. La jugada la encabezó el diputado radical Ricardo Buryaile, que preside la comisión de Agricultura. 

elDiarioAR ya contó anteayer que el legislador cambiemita pidió posponer el debate de este jueves por entender que no respeta cuestiones reglamentarias. El argumento es que, caída la última reunión que estaba prevista para septiembre, quedó caduco el cuarto intermedio del emplazamiento que votó la mayoría del recinto de Diputados hace dos meses para que la ley sea discutida por el plenario. 

Buryaile le exigió Grosso que convoque las comisiones para otra fecha y en el FdT lo acusaron de buscar dilatar la discusión. Ayer hubo una nueva ofensiva opositora, ya desde los presidentes de los bloques de la UCR, PRO y la Coalición Cívica: Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel Lopez le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Ante la negativa oficialista, los legisladores del interbloque de JxC no asistirán hoy a la reunión.

“La comisión se hace. Los esperamos para discutir el proyecto de ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir”, les contestó Grosso a los cambiemitas vía Twitter. “JxC quiere llevarnos a discutir la forma para esconder el fondo de la cuestión”, cuestionaron en el despacho del dirigente del Movimiento Evita sobre el lobby que presiona contra la norma.

La disputa es abierta con Buryaile, con quien Grosso habría acordado que la comisión sea el ámbito para exponer las distintas posturas sobre la ley, y que en definitiva las diferencias se salden en la firma de distintos dictámenes. Cerca del ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri señalan que al ser un tema tan delicado, debería haber primero un acuerdo informal de todas las partes, antes de ir a la comisión. En JxC también buscan sacar provecho de la división frentetodista: “Como un sector del oficialismo intentara avanzar en un proyecto que no tiene consenso, quedará al desnudo la interna en el Frente de Todos porque los nueve gobernadores peronistas que solicitaron brindar su opinión ante el Congreso todavía no han venido a exponer”.

“La idea no es sacar dictamen hoy”, aseguró un diputado del Interbloque Federal que apoya la iniciativa legislativa de Grosso. En esa bancada hay un fuerte interés por la ley, tanto desde el bloque de los socialistas santafesinos como de Graciela Camaño, con quien el diputado kirchnerista se reunió ayer. 

La tensión política entonces es alta. Pero ante la duda de los diputados que dependen de los gobernadores y el vaciamiento opositor de la comisión de Agricultura, la suerte del proyecto de ley de Humedales corre serio riesgo de avanzar, mientras cada vez queda menos tiempo para llevarlo al recinto: las sesiones ordinarias terminan el 30 de este mes.

MC

El tratamiento parlamentario de la ley de Humedales vuelve a tensionar el clima en Diputados entre el oficialismo y la oposición, a pocos días de que se concrete una demorada reunión del plenario de comisiones que discute la iniciativa ambiental. Desde Juntos por el Cambio exigieron posponer la convocatoria de los cuerpos de trabajo de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, citada para el jueves próximo a las 11. Y en el Frente de Todos denunciaron una maniobra dilatoria, según recogió elDiarioAR de fuentes legislativas.

La disputa política la abrió el presidente de la comisión de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, basándose en argumentos reglamentarios. Este domingo el legislador por Formosa le envió una nota formal a su par de Recursos Naturales (RR.NN.), el oficialista Leo Grosso, para que “rectifique a la mayor brevedad posible la citación enviada” para el plenario de comisiones que está discutiendo la ley de Humedales.

Este medio contó anteayer que Grosso tiene la intención de avanzar con el debate de la iniciativa que busca regular el uso de las áreas geográficas donde la principal característica es el agua, muy resistida por los gobernadores de las provincias del Norte Grande, donde la minería y la agricultura son motores de sus economías. La discusión ya lleva un mes de demora, luego de que los propios mandatarios provinciales lograron en septiembre que se cancele la última reunión de las comisiones.

Los gobernadores exigieron ser invitados para exponer su punto de vista, pero cuando fueron convocados pegaron el faltazo. Para el próximo jueves desde la comisión de RR.NN. se los llamó por segunda vez en un mes, pero de las diez provincias involucradas en la discusión –ocho son peronistas del sello del FdT–, apenas dos aceptaron el convite. Según supo elDiarioAR participarían del debate de comisión representantes ministeriales de La Rioja –gobernada por Ricardo Quintela– y Catamarca –Raúl Jalil–, aunque no trascendieron sus cargos ni nombres.

Los gobernadores

En su nota firmada con fecha el domingo –a la que accedió este medio– Buryaile le pide a Grosso posponer la reunión del jueves para citar en otro momento a los gobernadores y a especialistas en el área. “Quieren que se extienda el debate para que caiga la comisión”, cuestionaron desde el oficialismo. Este medio contactó anoche al diputado formoseño vía WhatsApp, pero no recibió respuestas.

“A fin de continuar con el estudio de tan trascendente asunto, es que ofrezco (...) continuar con la convocatoria a especialistas en la materia y proceder a citar a un nuevo plenario informativo para recibir, en primer término, a los gobernadores de las provincias involucradas”, reza el texto de Buryaile. 

El bloque de los mandatarios de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, además de San Juan, cuestiona la conceptualización que la iniciativa hace de los humedales, porque eso abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio. Por eso el jujeño Gerardo Morales –presidente de la UCR– y el salteño Gustavo Sáenz –del Frente Renovador de Sergio Massa– son la avanzada del reclamo provincial. Grosso ya adelantó que la ley no busca per se prohibir ninguna actividad productiva.

Otro de los artículos que condenan las provincias es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como ordenó la Ley de Bosques. La argumentación en contra es que violaría la autonomía de las jurisdicciones –artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional–, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta. 

Argumentos reglamentarios

Como argumento para su jugada, Buryaile expuso cuestiones reglamentarias para que no se lleve adelante la reunión de este jueves, en la que el oficialismo también pretendía firmar dictamen de la ley consensuada con organizaciones ambientales y sociales, y académicos. La espada cambiemita entiende que, por el artículo 174 de la Cámara baja, al haberse caído la reunión prevista para el 29 de septiembre –la que lograron voltear los gobernadores a último momento– “se debe dar por concluida la reunión de las tres comisiones oportunamente citadas y con ello, cumplido el emplazamiento dispuesto por la H. Cámara”. 

“A mayor abundamiento, tal como nuestro reglamento determina -y numerosos doctrinarios adhieren- es competencia exclusiva del/la diputado/a que ejerza la presidencia de la comisión ordenar la citación a la reunión correspondiente. En ese sentido, afirma el Dr. Eduardo Menem que ‘las comisiones son convocadas por sus respectivos presidentes, los que determinan el temario a considerarse en cada reunión’”, completa.

En el oficialismo contraargumentar que la referencia de Menem “es sobre sesiones, no sobre comisiones” y señalaron: “La quieren embarrar jurídicamente”.

En su momento, el pedido de suspensión de esa reunión de comisión fue una presión de los gobernadores de la que se hicieron eco tanto el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, como los presidentes de todos los bloques que integran JxC. El FdT tenía en su momento la urgencia de avanzar en acuerdos con la oposición para lograr sacar el Presupuesto 2023, algo que finalmente ocurrió el miércoles pasado. 

Sin embargo, el emplazamiento para que un plenario de comisiones se siente a discutir finalmente la ley de Humedales no fue un capricho político del oficialismo, sino que lo votó una mayoría de los diputados en el recinto –tanto kirchneristas como opositores de JxC y de bloques provinciales– hace ya casi dos meses. 

En el oficialismo aseguran que seguirán adelante con la convocatoria del plenario, que está a cargo de Grosso, a la que Buryaile podría no ir. Buscarán avanzar en la firma de despacho, intentando dejar expuestos a quienes están en contra de la iniciativa. “Ahora se viene palo a palo. Que se hagan cargo de votar en contra de la ley con nombre y apellido. Hasta ahora se pronunciaron en los pasillos”, apuntó la fuente consultada.

El cálculo rápido de hace un mes era que en el plenario de comisiones había unas 60 firmas a favor de la ley –entre FdT e Interbloque Federal–, sobre 55 en contra –de JxC–. Pero por la presión de los gobernadores del Norte Grande varios de los diputados oficialistas de esas provincias –y que integran el plenario de comisiones– cambiaron su apoyo a, por lo menos, la duda. Ahora, entonces, reina la incertidumbre y la tensión política. El apuro del kirchnerismo para avanzar en la ley –que de aprobarse luego tiene que pasar al Senado– se debe a que el 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso, además de que el interés público se perderá desde el 20 de este mes, con el comienzo del Mundial de Qatar.

MC/MG

Pasada la votación del Presupuesto 2023, y en medio de la disputa en el Gobierno por la posible suspensión de las PASO, una iniciativa legislativa que parteaguas en el arco político volverá esta semana a ganar el centro de la escena de Diputados: la ley de Humedales. A más de un mes desde que se suspendió a último momento el plenario de comisión que está discutiendo el proyecto en la Cámara baja, el sector del Frente de Todos que lo impulsa busca quebrar la resistencia de los gobernadores del Norte del país, en su mayoría peronistas aliados a la Casa Rosada.

El nuevo round para el plenario que componen los cuerpos de trabajo de Recursos Naturales –que preside el oficialista Leonardo Grosso–, Presupuesto –Carlos Heller, también del FdT– y Agricultura –liderada por el radical Ricardo Buryaile– tiene agenda para el jueves desde las 11. Aunque hasta el viernes a la tarde no estaba oficializada en la web de Diputados, elDiarioAR accedió a la convocatoria formal pedida por Grosso, cuya comisión encabeza el debate. El diputado, referente del Movimiento Evita, es también autor de la iniciativa que mayor consenso construyó con organizaciones ambientalistas y sociales, y en el mundo académico y científico. 

La intención de Grosso es invitar –por segunda vez en un mes– al grupo de gobernadores del Norte Grande –región que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones–, además de San Juan. Se trata de provincias que denuncian que la ley de Humedales podría afectar sus principales fuentes de ingresos como son la actividad minera o la agricultura, dependiendo del caso.

Como ya contó este medio, el lobby de los gobernadores impidió que el 29 de septiembre se firmara dictamen a favor de la ley. Eso suspendió abruptamente el debate. Con una carta pública los mandatarios exigieron ser escuchados, pero cuando fueron invitados a inicios de octubre al plenario de comisión no asistieron. “Pueden venir ellos o mandar a alguien. Está abierta la convocatoria. Lo importante es que expresen la definición de cada provincia”, adelantó un operador parlamentario al tanto de las nuevas negociaciones. También están invitados intendentes de localidades ribereñas al Delta del Paraná, muy afectadas por los incendios.

Uno de los puntos de mayor fricción en la norma es la conceptualización de los humedales: el proyecto entiende que son áreas donde la principal característica es el agua. Eso abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio, recurso que hay en abundancia en Jujuy y Salta, y cuyos gobernadores –Gerardo Morales, presidente de la UCR, y Gustavo Sáenz, del Frente Renovador de Sergio Massa– son la avanzada del reclamo provincial. Grosso ya adelantó públicamente que la ley no busca per se prohibir ninguna actividad productiva.

Otro de los artículos que condenan las provincias es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como ordenó la Ley de Bosques. La argumentación es que violaría la autonomía de las jurisdicciones –artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional–, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta. En principio se guía por la disposición –también de la carta magna– a que el Congreso sancione leyes de presupuestos mínimos, como es este caso. 

“Los diputados de Buenos Aires, que son mayoría, tienen una mirada poco federal en cuanto al impacto ambiental en el resto del país”, se quejó esta semana el secretario de Ambiente de San Juan, Francisco Guevara, ante un medio local. Llamó a la iniciativa “la ley Grosso” y dijo que “el problema está cuando estas leyes son conocidas por apellidos”. En el fondo la pelea parece tener sus reminiscencias personales y sobre la histórica disputa unitarios-federales. “Bienvenidas sean las normas que vengan a cuidar nuestros recursos naturales, pero hay que tener una mirada más federal en estos casos. Los recursos naturales les pertenecen a las provincias”, completó el funcionario del gobierno de Sergio Uñac, parte del FdT pero distante al kirchnerismo.

La interna y el tiempo

El lobby de los gobernadores es parte de un combo de otros riesgos que enfrenta la ley, como son la disputa interna en el FdT y la carrera contra el tiempo. Sobre el primero, un dato: de los diez gobernadores del Norte Grande, ocho son peronistas. Nueve, si se suma el sanjuanino. Es un bloque cada vez más abroquelado, unidos para potenciar una zona geográfica siempre marginada: los propios mandatarios viajaron juntos en septiembre a Estados Unidos para buscar inversiones y el domingo próximo estarán en la cumbre por el clima COP27 en Egipto. 

Políticamente, el Norte Grande ha mostrado tener poder de fuego. Cuando hasta hace un mes la iniciativa sobre Humedales parecía estar encaminada, Grosso había logrado un principio de acuerdo con al menos tres compañeros suyos de la bancada oficialista oriundos de esas provincias: la formoseña Graciela Parola y los catamarqueños Dante López y Anahí Costa. También cerró trato con los sanjuaninos Walberto Allende y Ana Aubone, y con el puntano Carlos Ponce. 

El acuerdo era estratégico, porque ese grupo representaba votos en provincias mineras o agrícolas, y también con firma propia en el plenario de comisiones que discute la ley. Según recogió elDiarioAR, los legisladores habían aceptado acompañar el proyecto si había cambios en detalles en distintos artículos, como extender el plazo de la moratoria que impone la ley para su cumplimiento y ajustar mínimamente la definición de humedales. 

Los que se cagan son los diputados que tienen de jefes a los gobernadores

Había, entonces, cierta confianza en que se tenía los apoyos necesarios para sacar dictamen y, luego, darle media sanción en el recinto. Hecho inédito, porque en diez años nunca llegó la norma a ser votada en Diputados, aunque sí dos veces en el Senado. Pero cuando los gobernadores pusieron un ojo en el tema, los legisladores de las provincias quitaron los pies del plato. 

“Los que se cagan son los diputados que tienen de jefes a los gobernadores”, consideró una voz que sigue muy de cerca el tema. “Se pudrió todo y los números a favor que había ya no son los mismos”, apuntó otro. El cálculo rápido de hace un mes era que en el plenario de comisiones había unas 60 firmas de apoyo –entre FdT e Interbloque Federal–, sobre 55 en contra –de JxC–. Ahora reina la incertidumbre y otros legisladores como los cordobeses ligados tanto a Juan Schiaretti como a Luis Juez o a la UCR también encendieron sus alarmas.

En uno de esos despachos peronistas que responde a una importante provincia minera aseguran que lo conversado con Grosso “sigue en pie”, aunque ponen condiciones para asegurar su voto. “Nadie discute la importancia de los humedales, pero se debe aclarar en la ley que no va a afectar las inversiones. El diputado está a disposición de que haya un proyecto superador. Lo están conversando con Grosso”, apuntó una fuente, que miró la mitad llena del vaso: “Yo creo que se va a destrabar, solo falta un poquito de consenso. Están diciendo lo mismo, pero en distintos idiomas”.

En las últimas semanas hubo contactos directos entre Grosso y algunos de los mandatarios oficialistas, pero el consenso aún no parece llegar. “Los gobernadores dicen que sus propias leyes provinciales imponen estándares de cuidado del ambiente muy altos. Entonces, ¿por qué se oponen a una ley de presupuestos mínimos como esta?”, es una queja repetida. “A nuestros ríos los cuidamos, seríamos muy estúpidos si los contaminamos, si de ahí es donde tomamos agua”, le contestaron desde una provincia minera, que agregaron un dato: en el Presupuesto 2023 se aumentó el canon que deben pagar las empresas extractivistas. 

A nuestros ríos los cuidamos, seríamos muy estúpidos si los contaminamos, si de ahí es donde tomamos agua

Una espada radical de la comisión de Agricultura –que está en contra– se animó a proponer una salida a la encerrona: “Que se siente a todos los sectores en una misma mesa, por fuera de las cámaras de televisión, y que ahí se llegue a un acuerdo. Después vamos y firmamos el dictamen”. 

Ante el panorama de bloqueo permanente y de interna, existe como condimento extra el factor Casa Rosada. Salvo en campaña, Alberto Fernández nunca se pronunció sobre la ley, y no tiene músculo político para imponer su voluntad ante los gobernadores del FdT. También está desdibujado el rol del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que redactó junto a los mandatarios en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) una ley que cambia el concepto de humedal y es más laxo sobre el inventario. No impone límites para su confección. Nunca tuvo el apoyo de la bancada oficialista. 

“Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado”, soltó el funcionario a través de un comunicado conocido el viernes. En el oficialismo de Diputados le salieron con los tapones de punta: “Es un show, ¿ahora nos viene a apurar?”. 

Los días en el calendario son la otra amenaza a la ley de Humedales, porque al Congreso apenas le queda un mes de funcionamiento. Si se tiene en cuenta que el 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, la atención de los legisladores y de la opinión pública puede perderse antes del 30, día en que terminan las sesiones ordinarias. Y nadie habla de que vaya a haber convocatoria a extraordinarias. 

En el oficialismo quieren apurarse a tener dictamen favorable esta semana o la próxima, para luego llevarlo al recinto. “Creo que hay tiempo suficiente para que las comisiones den dictamen, quizás la semana que viene, y tiempo legislativo para dar, por lo menos, media sanción”, expuso el viernes en una entrevista radial el diputado oficialista Eduardo Toniolli, preocupado porque en su provincia de Santa Fe continúan los incendios.

Pese a todo, no habría ley hasta el 2023. Después de Diputados la norma tiene que pasar a revisión en el Senado, que durante noviembre tendrá en agenda central el tratamiento del Presupuesto del año que viene. Así, una voz oficialista le puso palabras al futuro de la ley de Humedales: “Está muy difícil”.

MC

El humo por los incendios ilegales en el Delta del río Paraná volvió a afectar ayer distintas zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y en ese marco, se profundiza la demora de la ley de Humedales en la Cámara de Diputados por el lobby de los gobernadores de las provincias del Norte Grande del país que rechazan su tratamiento.

Esta semana fracasó un intento desde el Frente de Todos para convocar a los mandatarios provinciales a discutir la iniciativa en el marco del plenario de comisiones de Diputados –Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto–, según supo elDiarioAR de fuentes legislativas. A su vez, casi dos mil académicos y referentes de la comunidad científica firmaron una solicitada publicada este jueves para exigir el tratamiento de la ley y “rebatir difamaciones dilatorias de su tratamiento”.

La ley de Humedales está frenada en las comisiones de la Cámara baja desde hace dos semanas, cuando la presión de los gobernadores obligó a último momento a aplazar la firma del dictamen del proyecto que estaba previsto para el jueves 29 de septiembre. El hecho iba a ser inédito, porque durante los últimos diez años el tratamiento de la iniciativa que busca conservar estas áreas naturales caracterizadas por contener agua nunca llegó al recinto de Diputados. Solo obtuvo dos veces media sanción en la Cámara de Senadores.

Las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– buscan frenar la ley porque entienden que la norma afectaría la explotación minera, aunque a priori el texto no establece prohibiciones a ningún tipo de actividad. 

Una invitación fallida

La semana pasada, antes del feriado, todos los mandatarios fueron invitados desde la comisión de Recursos Naturales a discutir este jueves y viernes sobre la ley de Humedales en el ámbito de Diputados. La jugada respondía a lo que los propios gobernadores habían solicitado en la carta de rechazo a la norma que firmaron hace dos semanas desde Estados Unidos, cuando encabezaron una gira de negocios. La iniciativa fracasó. 

El pedido para que los gobernadores “tengan la posibilidad de expresar sus opiniones en reunión plenaria de las comisiones” –tal el texto de la invitación al que accedió elDiarioAR– le había llegado a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, a través del diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la comisión de RRNN y autor del texto de ley que tiene mayor consenso entre las organizaciones ambientales y la comunidad científica. También había sido invitado el gobernador de otra importante provincia minera: el sanjuanino Sergio Uñac, peronista. 

Consultados al menos tres de los gobernadores invitados, la respuesta que recibió este medio siempre fue negativa. “Hasta ahora los gobernadores dicen no haber recibido nada”, aseguró un importante diputado de Juntos por el Cambio al tanto de la discusión por la iniciativa. “Se ve que entonces no era falta de participación lo que exigían, más bien tenían ganas de obstaculizar”, retrucó un operador en el FdT. 

Desde la oposición aseguraron que su agenda en Diputados está marcada ahora por el Presupuesto 2023, que concentra la atención de la comisión de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller. Sin otros temas que compliquen la negociación política, JxC ya dio cierto aval para que se vote en el recinto durante la última semana de octubre. Este calendario complica a la ley de Humedales: por lo menos hasta noviembre no sería discutida en el ámbito del plenario de las comisiones, afirmaron desde la comisión de Agricultura que maneja el radical Ricardo Buryaile. Dada la trascendencia de la norma, es un tiempo corto: las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre y en diciembre toda la atención pública estará en el Mundial de Qatar.

Para volver a dejar en evidencia a los gobernadores, este jueves se publicó una solicitada de apoyo a la ley de Humedales con casi 1900 firmas de académicos/as e investigadores/as de todo el país. Entre otros, firman Beatriz Sarlo, Maristella Stampa, Carolina Scotto, Roberto Fabián Bó, Roberto Gargarella, Pablo Vommaro y Ezequiel Adamovsky. “En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación”, reza el texto, iniciativa de Grosso.

El documento busca rebatir algunas ideas instaladas por quienes rechazan la iniciativa, como que “la ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”, que “su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo” y que “de avanzar la ley, se podrán frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder”. La solicitada de los académicos cierra con un pedido expreso a los mandatarios: “Instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conversación de los humedales”.

La agenda de los gobernadores

Al frente de la estrategia de los gobernadores están el jujeño Gerardo Morales –presidente de la UCR– y el salteño Gustavo Sáenz –aliado del Frente Renovador de Sergio Massa–. Salta y Jujuy rechazan de plano que la ley disponga que tenga que realizarse un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como su conceptualización. Si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua, abarcaría todos los yacimientos de litio, recurso que hay abundancia en esas provincias.

Ayer, los ministros de Producción de Salta y Jujuy, Martín de los Ríos Plaza y Exequiel Lello Ivacevich, respectivamente, cuestionaron la ley durante la Expojuy que se está desarrollando en la capital provincial. “Apoyamos iniciativas que tengan que ver con cuidar el medio ambiente, porque los recursos naturales no son de la generación actual sino de todas, y uno tiene que tener la visión de cuidarlo, pero es importante que las regulaciones y las reglamentaciones no impacten sobre las economías regionales y sobre todo no sea un avance de la Nación sobre las economías regionales”, dijo Lello Ivacevich en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Cómo responder a las denuncias en su contra de lobby seguramente será tema de debate en la nueva cumbre que mañana tendrán los gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero. La intención oficial es “hacer un balance” tras el viaje por Estados Unidos, pero el tema del ambiente estará incluido en las discusiones. De hecho, según supo elDiarioAR, a la 14° Asamblea de los gobernadores de la región está invitado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, muy cuestionado por la gestión de la crisis por los incendios.

Cabadié redactó el año pasado junto con los gobernadores –en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema)– un proyecto de ley de Humedales que no tuvo el apoyo ni siquiera de los propios legisladores del FdT. El texto cambia la definición de humedal y es más laxo sobre el inventario, porque no impone límites para su confección. Es el proyecto que los mandatarios del Norte Grande quieren impulsar en el Congreso. “Prácticamente es la nada misma”, consideró un legislador opositor.

Por último, los gobernadores del Norte Grande también prevén confirmar mañana su participación en la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará el próximo mes en Sharm El Sheikh, Egipto.

MC/MG

“Sí, a cuidar el planeta, urgente la ley de humedales”. El Frente de Todos ya había perdido las PASO el año pasado cuando lanzó una serie de spots con varias promesas buscando recuperar los votos perdidos. Entonces apeló a una joven que habló frente a la cámara levantando la bandera del ambientalismo. Un año exacto después, la deuda sigue pendiente y la situación parece inamovible: el lobby de los gobernadores del norte del país contra la ley de Humedales hizo estallar la interna en el Frente de Todos y hay incertidumbre sobre el futuro parlamentario de la iniciativa.

Son los coletazos de la sorpresiva suspensión del plenario del jueves pasado de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. En la Cámara de Diputados aún no hay una posible agenda de cómo continuar con el debate, según recogió elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias oficialistas y opositores. A su vez, algunos de los mandatarios provinciales aumentaron su presión en las últimas horas.

En la discusión no parece haber puntos de acuerdo: los gobernadores rechazan de plano que tenga que realizarse un inventario a nivel nacional, así como su conceptualización, si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua. Esas son las claves del proyecto que estaba a punto de firmarse la semana pasada, del oficialista Leonardo Grosso –titular de la comisión de Recursos Naturales–. Tiene el apoyo de más de 500 organizaciones ambientales y sociales, además de diputados en la oposición. Es el de mayor consenso entre los diez en discusión.

De viaje con Wado de Pedro

“Paramos el tratamiento de la ley, que venía muy rápido en el Congreso”, se mostró ayer desafiante Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en una conferencia de prensa matutina luego de su viaje por Estados Unidos. Desde Washington, donde participaban de una gira buscando inversiones junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el radical fue uno de los artífices del documento que firmaron todos los mandatarios.

Morales aseguró que “los recursos naturales pertenecen a las provincias” y se despachó contra el inventario nacional: “Así como está escrita la ley, viene alguno de Buenos Aires, que no sabe nada, que no tienen idea de nada, que además vive otra vida, a pararte un proyecto de explotación de litio, cuando nosotros cumplimos con los parámetros de cuidado del ambiente, tenemos un buen sistema de control de cómo va el acuífero y un muy buen sistema de obligaciones para las empresas”.

El proyecto que los gobernadores norteños apoyan es el del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), redactado el año pasado por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que no tuvo el apoyo de los propios legisladores del FdT. Cambia el concepto de humedal y es más laxo sobre el inventario, porque no impone límites para su confección. “Prácticamente es la nada misma”, opinó un diputado conocedor del tema.

En tándem con Morales se mostró el otro radical del Norte Grande, el correntino Gustavo Valdés, quien ayer sumó su cuota de presión: presentó oficialmente el Inventario Provincial de Humedales, con el que busca –según trascendió– “poner un coto a cualquier iniciativa nacional que lesione la autonomía sobre el recurso natural” en la provincia. “La ley de Humedales tiene que ser razonable”, dijo en la presentación del informe.

“Los primeros interesados en que no haya problemas ambientales somos nosotros. El tema con la ley que se quiere aprobar es que se mete en competencias provinciales”, manifestaron a elDiarioAR desde otra provincia con ricos recursos minerales que serían afectados por la norma. “Pararía automáticamente la producción”, denuncian. “Genera inseguridad jurídica”, planteó el gobierno del salteño Gustavo Sáenz en un comunicado. 

Morales pidió que los gobernadores sean invitados al plenario de comisión, pero todavía no tuvo eco. En Juntos por el Cambio –cuyo diputado Ricardo Buryaile encabeza la comisión de Agricultura– dicen que la responsabilidad es de Grosso como cabeza del plenario.

La interna oficialista

“Nosotros no vamos a movernos un ápice”, se escuchó ayer en un despacho oficialista, luego del desplante que sufrió la estrategia parlamentaria que Grosso había sellado con propios y ajenos. Al diputado del Movimiento Evita aún le dura el enojo, reflejo también de que la ley de Humedales volvió a poner en jaque al FdT puertas adentro. 

El momento más tenso en el bloque de la primera minoría fue la misma noche del miércoles pasado, apenas después que Sergio Massa presentó su Presupuesto, cuando se conoció que se suspendía el plenario del día siguiente tras un pedido formal de los jefes de las principales bancadas, empezando por el oficialista, Germán Martínez. Entonces hubo una reunión en la que legisladores de provincias mineras revelaron haber sido “presionados para rever algunas cosas”.

Como ya había publicado este medio, al menos seis diputados kirchneristas –Graciela Parola, Anahí Costa, Walberto Allende, Carlos Ponce, Dante López y Ana Aubone– y otros tantos opositores, habían aceptado acompañar el proyecto si había cambios en detalles en distintos artículos: extender el plazo de la moratoria que impone la ley y ajustar mínimamente la definición de humedales. 

En su carta pública, los gobernadores daban otro argumento: que “el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias”, algo que los autores del proyecto aseguran que la ley respeta, además porque lo dice la Constitución Nacional –artículos 41 y 124–. El texto de los mandatarios fue el desenlace de una serie de contactos directos que habían comenzado el día anterior, es decir el martes. De los diez gobernadores, ocho son peronistas.

Consumada la suspensión del plenario, el mayor costo político se lo llevó el oficialismo. “Vamos a exigir que se ponga un día y una hora, creo que dentro del oficialismo hay muchas dudas”, dijo ayer un legislador opositor que jugaba en alianza con Grosso, y que ahora desconoce por completo cuál será el derrotero del proyecto. El emplazamiento que voto el recinto a pedido de Enrique Estévez no tenía fecha límite de tratamiento. En la comisión de Recursos Naturales dicen que intentarán una nueva estrategia pronto, aunque no dieron detalles: “Vamos a insistir, hay que esperar a que baje la espuma”.

Una consecuencia inesperada para el FdT es la conexión que podría haber entre Humedales y las PASO. Enfrentados ahora con los gobernadores, al menos cinco legisladores de los movimientos sociales ya adelantaron que rechazarán acompañar cualquier iniciativa para quitar las primarias. La interna oficialista, otra vez, es total. “Son los síntomas de un Gobierno que no gobierna –admitió sin pudor una voz en el oficialismo–. No ordena nada. Son todas guerras de guerrillas”.

MC/MG

Ante una importante movilización de organizaciones ambientalistas y sociales en las inmediaciones del Congreso, un plenario de comisiones de Diputados no pudo consensuar hoy una ley para asegurar la protección y el uso racional de los humedales, norma con más de diez años de demora y cada vez más necesaria por la creciente problemática de los incendios forestales en distintos puntos del país.

El Frente de Todos tuvo que ceder a la presión de la oposición, ante la decena de iniciativas presentadas y la firme postura del ala más dura de Juntos por el Cambio para que se invite a expositores, principalmente de las actividades productivas que serían afectadas por la ley. El debate en las comisiones de Recursos Naturales, que preside el diputado oficialista Leonardo Grosso; Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), continuará entonces el jueves próximo desde las 10 en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, pero sin invitados. Fue un revés a medias para el kirchnerismo, que tenía la intención de de sacar dictamen hoy mismo y llevar la iniciativa al recinto lo más pronto posible.

La decisión la dio a conocer Grosso, luego de intensas negociaciones durante un “cuarto intermedio” pedido por el legislador radical y ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri. “Los bloques van a ir arrimando propuestas concretas de modificaciones o sugerencias al proyecto consensuado”, argumentó el diputado oficialista y dirigente del Movimiento Evita ante el mal trago. Hubo una amenaza de JxC de retirarse del debate y eso hizo dejar abierto el debate hasta el jueves próximo.

El legislador dijo que “la voluntad es poder construir un dictamen de mayor nivel de acuerdo posible” y explícito la necesidad de que el próximo jueves se firme despacho. Buryaile se mostró “disconforme” de que no se invite a expositores, pero la mayoría de los diputados del plenario decidieron no dilatar más el debate.

Con diferencias sutiles, la decena de iniciativas presentadas busca establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. La mayoría de los proyectos realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen. Esos son los ejes de la discusión abierta entre el FdT, que dice tener el apoyo del resto de la oposición, y JxC.

Fue un jornada tensa. En el primer tramo del plenario, que había comenzado pasadas las 10, hicieron sus presentaciones los autores de los diez proyectos de ley. Las exposiciones estuvieron cruzadas por la discusión entre las restricciones de las normas y la actividad productiva humana. Afuera del Congreso hubo una importante movilización en reclamo de que la ley salga pronto. En pleno Anexo, guardias de seguridad tuvieron que a una persona que se paró a gritarle a diputados. “No me chupo los dedos, no soy boludo”, se quejó a viva voz.

“Más importante que el Presupuesto”

“Tenemos que pensar la ley de Humedales desde el desastre ambiental, y no la conveniencia. porque la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar, pero tenemos que enseñarles a los empresarios y a los habitantes a que tengan conciencia ambiental”, planteó la peronista Graciela Camaño (Interbloque Federal), quien consideró la norma como “más importante que el Presupuesto, dado su carácter estratégico”. “Esta ley no va a impedir la producción, sino exigirle que produzca de manera sustentable. La Argentina no es el lugar para venir y hacer cualquier cosa, llevarse sus recursos y dejarnos los desastres”, agregó la diputada, que acompaña el proyecto oficialista de Grosso, que cuenta con el aval de más de 500 organizaciones.

El debate es inédito, ya que en la última década la iniciativa siempre quedó bloqueada en Diputados. Apenas consiguió dos veces la media sanción –2013 y 2016–, pero siempre del Senado. Al girarse a la Cámara baja, era cajoneada. En 2020 fue la última oportunidad, cuando tuvo dictamen solamente en la comisión de Recursos Naturales. Nunca se trató en las demás y así perdió estado parlamentario. 

Como contó elDiarioAR la semana pasada, el avance legislativo de la ley en esta oportunidad se debió a que se negoció en la propia bancada del FdT y con la oposición cambios clave en el texto que tiene mayor consenso. Al menos seis diputados kirchneristas –Graciela Parola, Anahí Costa, Walberto Allende, Carlos Ponce, Dante López y Ana Aubone– y otros tantos opositores, de provincias donde la minería y la agricultura son muy importantes, aceptaron acompañar el proyecto si había cambios en distintos artículos.

Hoy quedó cristalizado que las negociaciones no fueron suficientes, aunque fuentes parlamentarias oficialistas aseguraron a elDiarioAR que no está en juego el dictamen. El lobby empresarial también se hizo presente en las últimas jornadas, tanto desde asociaciones de productores como de empresas mineras. La norma además es clave para la producción de litio, ya que todos los yacimientos de litio son técnicamente humedales.

“Este proyecto requiere una profunda discusión para que sea una ley aplicable”, dijo a su turno la radical Ximena García, que firmó con Maximiliano Ferraro uno de los proyectos de Juntos por el Cambio que buscan “compatibilizar” desarrollo productivo y cuidado del ambiente. “Tenemos que salir de las posturas fundamentalistas”, consideró la legisladora. La novedad de esa iniciativa es que haya un fondo fiduciario para financiar a los productores afectados por la norma.

“La ley de humedales debe poder compatibilizar el cuidado del ambiente con la preservación de los medios de vida y actividades que tradicionalmente se realizan en ellos. Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que estos ecosistemas nos aportan”, planteó Ferraro.

Quien abrió el debate fue Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, muy crítica de los incendios que se conocieron en las últimas semanas: “Todo incendio es político”, señaló. Su compañera de bancada, Romina del Plá, denunció que “se están negociando cambios sorpresivos en la ley consensuada” y pidió que haya dictamen hoy.

“Tenemos que medir el impacto de las leyes para que no salga el tiro por la culata”, señaló Jorge Vara, otro opositor de la UCR que firmó una iniciativa propia. Solicitó que “la gestión de los recursos naturales sea de las provincias”. Defendió también la agricultura: “Si se saca toda la hacienda de los humedales, los incendios van a hacer más grandes, porque aumenta el combustible, como pasó el año pasado con los esteros del Iberá”.

Según las organizaciones ambientales, por la acción humana en los dos últimos años se perdieron más de 1 millón de hectáreas de humedales. Se estima que más del 20% del territorio argentino está compuesto por humedales, que albergan una gran biodiversidad, capturan gases de efecto invernadero, amortiguan inundaciones y proveen alimentos.

La clave de la ley de Humedales es que establece la creación de un inventario que permitiría cuantificarlos y caracterizarlos a nivel nacional. En base a ese ordenamiento territorial, se establece que cualquier intervención humana en los humedales necesita la previa aprobación de la evaluación de impacto ambiental. Las provincias son quienes tendrán esa autoridad.

Al cierra de la jornada, Grosso aseguro la ley “no es contra la produccion, sino contra la destrucción”. Si bien dijo que tenía la cantidad de votos para sacar dictamen, e incluso darle media sanción en el recinto, admitió que “pueden faltar algunos puntos” de acuerdo sobre la iniciativa de su autoría. “Decidimos esperar una semana para construir mayor consensos”, señaló, y se quejó de que JxC hasta ahora no le había enviado propuestas concretas de cambios.

MC

Una vez más los humedales concentran la atención política. Tras más de diez años de derrotero parlamentario y en medio de la crisis ambiental por los incendios a orillas del río Paraná, este jueves un plenario de las comisiones de Presupuesto, Recursos Naturales y Agricultura de la Cámara de Diputados será el marco formal para buscar finalmente darle despacho de dictamen a la iniciativa que busca regular y proteger los humedales.

El debate será inédito, ya que en la última década la iniciativa siempre quedó bloqueada en Diputados. Apenas consiguió dos veces la media sanción –2013 y 2016–, pero siempre del Senado. Al girarse a la Cámara baja, era cajoneada. En 2020 fue la última oportunidad, cuando tuvo dictamen solamente en la comisión de Recursos Naturales. Nunca se trató en las demás y así perdió estado parlamentario. 

Hasta que el jueves pasado, un pedido de emplazamiento aprobado a mano alzada por el recinto, obligó a las comisiones a debatir conjuntamente los diez proyectos de ley existentes. Se puso como fecha y lugar hoy a las 10 en el segundo piso del Anexo C, sobre la calle Rivadavia y al frente del Congreso.

La expectativa, entonces, es alta. Está prevista una manifestación callejera de las más de 500 organizaciones ambientales y sociales que desde hace tiempo militan y presionan a los diputados para cuidar estas áreas cuya principal característica es el agua. La iniciativa incluso concentró la atención de la Unión Industrial Argentina, que ayer en una reunión de su junta directiva expresó públicamente cierto reparo a la norma. Pidió “que se tenga en cuenta los aportes del sector productivo” y remarcó en un comunicado que “con la participación y el aporte del sector industrial se potencia el entramado productivo de las economías regionales, la inversión y la generación de empleo registrado, compatible con los objetivos ambientales”.

Según las organizaciones ambientales, por la acción humana en los dos últimos años se perdieron más de 1 millón de hectáreas de humedales. Se estima que más del 20% del territorio argentino está compuesto por humedales, que albergan una gran biodiversidad, capturan gases de efecto invernadero, amortiguan inundaciones y proveen alimentos.

La clave de la ley de Humedales es que establece la creación de un inventario que permitiría cuantificarlos y caracterizarlos a nivel nacional. En base a ese ordenamiento territorial, se establece que cualquier intervención humana en los humedales necesita la previa aprobación de la evaluación de impacto ambiental. Las provincias son quienes tendrán esa autoridad.

Humedales y política

De la decena de proyectos con estado parlamentario, el principal es el que tiene la firma del titular de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, que dice contar tanto con el apoyo de las organizaciones ambientales como de sectores opositores. El legislador del FdT y referente del Movimiento Evita descuenta tener los números suficientes para firmar el dictamen con una holgada mayoría. 

Enfrente tendrá la oposición más dura de Juntos por el Cambio, que denuncia cierto carácter “prohibitivo” de la norma para desempeñar actividades económicas regionales, principalmente la ganadería o agricultura en zonas que pasarían a ser consideradas humedales, y por lo tanto sujetas a ser protegidas. El exponente principal es Ricardo Buryaile, ex ministro de Mauricio Macri y hoy titular de la comisión de Agricultura. Dicha tensión entre posturas quedará cristalizada en el debate en comisión de hoy.

“Vencimos la estrategia dilatoria de los sectores concentrados de poder en la Cámara de Diputados, tanto en el recinto como en las comisiones”, apuntó Grosso en diálogo con elDiarioAR, consultado sobre la oportunidad que tiene el proyecto efectivamente de ser tratado. “Hay una estrategia del campo muy fuerte y de los sectores concentrados, porque lograron construir el mito de que la ley va a prohibir la actividad económica, cuando es mentira porque lo que hace es establecer los estándares mínimos de protección de los humedales”, afirma el diputado.

La postura de Buryaile es que la norma debe “compatibilizar medio ambiente con producción”. Pese a estar de acuerdo con que se debata en comisión, nunca le dio tratamiento a la iniciativa –por el emplazamiento, ahora tuvo la obligación de aceptarla–.“Lo que está viviendo Rosario con los incendios no se va a parar con la ley”, dijo el jueves pasado en el recinto y desligó de responsabilidades a los productores agropecuarios en la quema de los humedales. Para Buryaile, lo que fallan son los controles del Estado: “Los incendios no los vamos a parar con la ley. El problema está en el hombre, en la prevención y en los organismos de control”. 

Grosso coincide en la norma tendrá cierta efectividad en el mediano plazo, pero subraya la intención de que genere conciencia preventiva. “Si bien esta ley no es para apagar el fuego, es para prevenir, llegar antes de los incendios y ordenar el territorio. Va a tener impacto a mediano plazo. Ese impacto no es menor porque cuando vos anticipás la situación, la respuesta es mejor”, señaló.

Como contó elDiarioAR la semana pasada, el avance legislativo de la ley en esta oportunidad se debió a que se negoció en la propia bancada del FdT y con la oposición cambios clave en el texto que tiene mayor consenso. Al menos seis diputados kirchneristas –Graciela Parola, Anahí Costa, Walberto Allende, Carlos Ponce, Dante López y Ana Aubone– y otros tantos opositores, de provincias donde la minería y la agricultura son muy importantes, aceptaron acompañar el proyecto si había cambios en distintos artículos. Los detalles finalmente se conocerán durante esta jornada.

En esas negociaciones también participó el socialista santafesino Enrique Estévez, el diputado que pidió el emplazamiento al plenario de comisiones. “No está bueno contraponer cuidado del ambiente o producción, porque eso obtura un debate necesario. Todos tenemos que cambiar pautas productivas y de comportamiento individual, y eso parte de una transformación cultural”, consideró ante este medio sobre la importancia de la ley. “La clave de la norma será que vamos contar con un inventario nacional de humedales, a partir del cual podremos identificar un ordenamiento territorial que va a permitir saber qué actividades se pueden hacer o no, y de qué manera”, remarcó.

Agotado el debate, la apuesta del oficialismo y de gran parte de la oposición es sacar este mismo jueves dictamen y meterlo en el temario de la próxima sesión que haya –la única prevista hasta ahora es la del Presupuesto 2023, para el 26 de octubre–. Con el año en tiempo de descuento, la expectativa es alta. Hoy, los humedales concentran la atención política.

MC

El asado comenzó pasadas las 22 del lunes y se extendió hasta las 4 de la madrugada del martes. En su casa de Tigre, Sergio Massa hizo de anfitrión de los principales referentes del Movimiento Evita, la organización social oficialista más grande, con al menos 130 mil planes en su haber e importantes resortes dentro del loteado Frente de Todos. Entre los comensales que se acercaron a su country de Tigre se anotaron Emilio Pérsico –a su vez secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, para varias voces el ministro ad hoc de la cartera que conduce Juan Zabaleta–, Fernando “Chino” Navarro –ahora secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, en la Jefatura de Gabinete– y Leo Grosso –diputado nacional y con diálogo propio con Máximo Kirchner–. 

Lejos de hablar de cuestiones sociales, la conversación fue sobre política. Massa y el Evita sellaron un pacto que ya se venía negociando desde que se supo que el tigrense desembarcaba en Economía, como publicó elDiarioAR. “Concluimos en que podemos transitar un camino juntos en el marco del Frente de Todos”, aseguró a este medio uno de los protagonistas del ágape. ¿Jugarán juntos en 2023?

Por ahora, el acuerdo Massa-Evita significa para el tigrense lograr cierta “contención” social y ganar tiempo para demorar medidas concretas frente a una coyuntura asfixiante: casi 40 por ciento de pobreza y una inflación proyectada para todo el año cercana a los tres dígitos. “Antes de que anuncie medidas, a Massa le falta ordenar algunas cosas. Igual no debería tardarse mucho. No hay tanto tiempo. Todo el tiempo que está ganando es porque se hace mucha contención”, consideró otra voz dentro del Evita que confirmó la cena.

La rosca de Massa con Pérsico y compañía también se replica en las otras agrupaciones nucleadas en la UTEP, el gremio de la llamada economía popular que integran además el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, Somos-Barrios de Pie de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete, entre otras. El ministro tiene contacto directo con cada dirigente, con todos “está armando”, según recogió este medio en las distintas terminales territoriales. 

La estrategia de –por ahora–, esquivar anuncios de corte social no tiene como contrapartida voces disonantes. El miércoles, por caso, en la columna que la UTEP concentró en Av. de Mayo y 9 de Julio para la marcha de la CGT, cuatro referentes distintos le dijeron a elDiarioAR que Massa les había transmitido que post marcha iba a haber anuncios. Nada pasó, y eso no caldeó el ánimo popular en las agrupaciones oficialistas. 

Grabois –el más cercano a Cristina Kirchner– no volvió a alzar la voz desde que juró el ministro y tampoco se lo vio en la marcha de la CGT, aunque sí hubo una columna del MTE en la calle. “Lo conocemos desde hace tiempo, tenemos una buena relación”, confió por su lado una fuente cercana a Alderete, cuyo hilo rojo con Massa se explica por la histórica comisión interna que la CCC domina en la planta de la ex Terrabusi (hoy Mondelez) en Tigre.

La cercanía con Massa sí tiene como contracara una relación heterogénea de las organizaciones de la UTEP con Alberto Fernández, pese a que más de una vez el Presidente defendió los postulados de la economía popular. “Alberto ya fue, ahora es con Massa”, dijo con honestidad brutal un dirigente-funcionario de la UTEP entre los bombos que sonaban el miércoles en el microcentro porteño. “Con Alberto es difícil armar. Está en Marte”, fue más demoledor un vocero que conoce el paño. Curiosamente, un encumbrado  referente de la misma organización lo retrucó: “Para nosotros la política la organiza Alberto Fernández y su Gobierno. Obvio que seguimos creyendo en él”. 

¿Ansiedad por ganar una agenda social postergada?

La agenda social demorada por Massa contempla desde un muy publicitado DNU que busca “transformar planes en empleo”, hasta la –más publicitada aún– auditoría de las universidades al Potenciar Trabajo. En el medio, la UTEP reclama un salario universal para los más postergados y un monotributo social para los trabajadores de la economía popular. Dos medidas sin feedback aún en Economía.

Sí fue desde el Palacio de Hacienda que se motorizó un “borrador” sobre el programa “Puente Empleo”, una versión massista del remanido “empalme” que en su momento armó Mauricio Macri. La medida contemplaría que unos 200 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo –que en total suman 1,3 millones de personas– accedan a un empleo formal sin perder el plan de 22 mil pesos –la mitad del salario básico–. Durante un año, el Estado pagaría esa parte del sueldo, mientras que el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, haciéndose cargo solo de los componentes que corresponden a la obra social, la ART y el sindicato. 

El jueves por la mañana el propio Massa confirmó en el Council of the Americas que el decreto estaba a la firma, y por la tarde la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que salía al día siguiente. El viernes, brilló por su ausencia en el Boletín Oficial. “No tenemos fecha de eso”, dijeron a elDiarioAR en Economía. En la Rosada, a su vez, admitieron que aún no estaba ni escrito el DNU y hasta dejaron transmitir cierto malestar por las confirmaciones al aire. 

¿Fue cierta ansiedad de ganar la agenda ahora que parece que Massa “cambió el humor” político?  Algo similar pasó en el mismo evento en el Alvear ante empresarios norteamericanos con el embajador Jorge Argüello, que primero cometió el gaffe de llamar “presidente” al ministro y luego confirmó que la bilateral de Fernández con Biden se iba a hacer, aunque omitió el dato clave: la fecha. “Se apuró, no tendría que haber dicho nada, si la bilateral nunca se había caído y no sabemos cuándo se va a hacer”, cuestionó al diplomático un vocero en Cancillería. La interna oficialista y la falta de rumbo claro parece que aún están latentes.

Incluso en las organizaciones hay una mirada de que el “Puente Empleo” tiene más que ver con la necesidad de Massa de dar mensaje a la clase media, ya que reduciría los planes sociales, que otra cosa. Sin embargo, seguirían siendo arriba de un millón en el Potenciar Trabajo. “Hay una parte de eso que está operado. Algo de realidad tiene pero hay mucho humo, es más una presión cultural de la capa media. No nos oponemos al empleo formal, ¿pero cómo haces que el empresariado lo acepte y te garantice que una fábrica acepte diez del plan sin echar a diez fijos?”, cuestionó un dirigente de la CCC. “Massa lo que quiere es llegar a fin de año bajando el número de planes sociales, como para dar una señal a los que miran TN”, admitió otro referente de Somos-Barrios de Pie.

Además, creen que el impacto “real” del programa en la economía popular sería exiguo: teniendo en cuenta que ese universo abarca al menos unas 9,7 millones de personas –se toma como base los informales, desocupados y más vulnerables que recibieron el IFE durante la pandemia–, el número de 200 mil es apenas el dos por ciento. 

En la UTEP consideran que incluso más de esos 200 mil que están entre los 1,3 millones del Potenciar Trabajo tienen posibilidad de volcarse al empleo formal, pero no así el resto de los casi diez millones que están en la economía informal. De esa torta, estiman que hay alrededor de 1,7 millones de “indigentes” que –ante cualquier imposibilidad de siquiera hacer changas– deberían recibir un ingreso universal. Es el proyecto de ley que presentó Juliana Di Tullio en el Senado –y que conversó con Grabois: como si fuera la AUH de la Anses, pero para adultos y de unos 15 mil pesos mensuales. En estas dos semanas, la iniciativa ni siquiera se giró a comisiones en la Cámara alta que preside CFK.

Para las 6,7 millones de personas restantes –que viven de changas, son vendedores ambulantes, cartoneros, cuentapropistas, manejan un comedor, etc.– la UTEP espera que el Gobierno avance con un “monotributo social”, una regularización que de alguna manera les permita acceder tanto a una obra social o como a una jubilación futura. La iniciativa también está cajoneada en la Cámara de Diputados desde que Massa era su presidente.

La auditoría a los planes y los silbidos para Zabaleta

En ese complejo marco de no-medidas, Zabaleta se puso al hombro en la última semana la auditoría al Potenciar Trabajo, aunque no sin dificultades. Anunciada por Massa para este mes, ahora la fecha de arranque es septiembre. 

Tras mostrarse el martes con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que serán capacitados para hacer la auditoría en el conurbano, “Juanchi” viajó el miércoles a San Juan también para avanzar con la parte de la auditoría a 20 mil planes que hará la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad nacional local. 

Allí se mostró con el peronista Sergio Uñac, con quien compartió un acto de entrega de 74 diplomas sobre “Cuidados de Adultos Mayores y de Género” a miembros de movimientos sociales oficialistas, que forman parte de la gestión pero que están enfrentados con el gobernador. Fue entonces cuando tanto el funcionario como el mandatario vivieron momentos incómodos: desde el auditorio de unas 500 personas los silbaron y los cuestionaron a viva voz –según supo elDiarioAR de testigos de la situación– cuando hablaron de la auditoría al Potenciar Trabajo. 

“No venimos a sacarle nada a nadie”, se apuró a contestar Zabaleta en un intercambio que no ganó los medios. Los titulares de su gira sanjuanina fueron las palabras más categóricas que le dijo a empresarios locales sobre los beneficiarios que serán auditados: “Si no quieren trabajar ni estudiar, se les da de baja el plan”.

“Hay mucha bronca. El circo de las auditorías es una estigmatización social”, justificó un dirigente los abucheos a Zabaleta. De hecho, referentes de la UTEP se sentaron con Zabaleta el jueves en una reunión de casi dos horas en Desarrollo Social para exigirle que el relevamiento no sea solo a las agrupaciones, sino también a todas las unidades de gestión que manejan parte del 1,3 millones de planes sociales: gobernaciones, intendencias, iglesias y ONGs. Además querían que la encuesta se realice en los lugares de trabajo, con grupos reducidos para evitar el “show mediático”, apuntó uno de los asistentes. 

“Se accedió a los dos pedidos. Juanchi reconoció que era la mejor manera”, agregó la fuente tras el cónclave, conclusión que confirmaron desde el ministerio, aunque negaron que haya habido una “presión” de las agrupaciones. Sentado al lado de Pérsico –que tiene pie en ambos lados del mostrador–, Zabaleta estuvo en esa reunión en minoría de condiciones: tenía en frente a 23 dirigentes sociales de todas las organizaciones de la UTEP, y que el día antes habían estado en la marcha de la CGT. Por la cartera, además del ministro y el jefe del Evita, solo estuvieron Gustavo Aguilera, virtual viceministro, y Pablo Pais, al frente del área que maneja el Potenciar Trabajo. 

“Nosotros nunca estuvimos en contra de la auditoría, pero sí en el enfoque de guerra contra los movimientos populares que empezó con el discurso de CFK el 20 de junio”, recordó un encumbrado dirigente de la UTEP y del Evita cuando Cristina Kirchner los cascoteó en el acto de Avellaneda que le armó la CTA de Hugo Yasky. Flamantes aliados de Massa, las agrupaciones con mayor peso –que son el Evita, la CCC y Barrios de Pie– tienen un encono particular con Zabaleta, puntualmente, y con CFK en general. 

“A Juanchi lo empuja más Cristina”, dijo otra voz con despacho y base territorial, memorioso de que, en plena crisis abierta del FdT, el ministro visitó a la vicepresidenta en su despacho. Creen que la auditoría es más un plan de ella que del titular de Economía. Y, con cizaña, remarcó la necesidad de Juanchi de recuperar la intendencia que dejó en manos del camporista Damián Selci: “Todo el mundo dice que se quiere volver a Hurlingham a fin de año. Y creo que ella puede ser determinante en su plan, porque ahí está ahora La Cámpora”.

MC

Corría 2017 cuando Sergio Massa forjó una alianza filo-progresista con Margarita Stolbizer para enfrentar a Esteban Bullrich, Cristina Kirchner y Florencio Randazzo en la batalla bonaerense por la banca para el Senado nacional. Con la líder del GEN adentro, al sello 1País se sumó Libres del Sur y su movimiento social, Barrios de Pie. El 10 de junio hubo un acto conjunto y multitudinario en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors el que se repartieron elogios de todo tipo, pero la alianza duró poco. Apenas diez días después, en el cierre de listas para diputados, se desató una crisis porque el tigrense ubicó undécimo a Jorge “Huevo” Ceballos, referente en La Matanza del partido de Victoria Donda y Humberto Tumini. La relación fue tan tensa, que incluso durante aquellos días Barrios de Pie protagonizó un piquete contra el gobierno de Mauricio Macri y Massa no les hizo eco.

Aquel zigzag con Barrios de Pie es un botón de muestra de cómo Massa ve a los movimientos sociales y a los territorios más castigados. Trata de buscar una salida a la crisis en clave productiva, pero no confía en los planes sociales. En la víspera al fin de semana trabajó con referentes de las organizaciones oficialistas para incluir en el paquete de medidas que anuncie el miércoles señales concretas para atender las demandas sociales, según supo elDiarioAR de tres fuentes del FdT. ¿Anuncios para la economía popular o un ingreso complementario inspirado en el Salario Básico Universal (SBU)? Los detalles aún se mantienen en estricta reserva. 

Por lo pronto, ya hubo señales de la calle y habrá cierta tregua. Casi al mismo momento en que se conoció su designación como “superministro” de Economía, el jueves por la tardecita Daniel Menéndez, hoy coordinador del oficialista Somos-Barrios de Pie y reconciliado con el líder del Frente Renovador, desactivó una protesta que tenía pensada contra el campo en La Rural. La mudó frente al Congreso, hasta ahora la casa de Massa. “Seguro iba a haber lío, y en este contexto íbamos a quedar como unos provocadores, cuando en realidad somos víctimas de los especuladores”, se lo escuchó explicar al referente social en las últimas horas. Juró a quien le preguntó que no lo llamaron del Gobierno para echar por tierra su piquete.

Tampoco se esperan fuertes movilizaciones durante la semana que comienza mañana, después de las recientes piquetes tanto oficialistas y opositores, incluso mezclados entre sí. Además de Somos-Barrios de Pie, el tigrense llega al Ejecutivo con el apoyo explícito del Movimiento Evita, la mayor de las organizaciones. Sin embargo, Massa tendrá sus escollos: el cristinista Juan Grabois y la izquierda trotskista ya avisaron que lo van a presionar para que abra la billetera.

La economía popular, el salario básico, Grabois y la izquierda 

La agenda de los movimientos sociales está concentrada para el próximo domingo 7 de agosto, día de San Cayetano. Para entonces la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro) prepara una movilización de más de 500.000 personas. Caminarán desde el santuario en Liniers hasta la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, corazón del microcentro porteño.

Aunque la consigna formal será “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, elDiarioAR supo que entre las demandas concretas estará la del Salario Básico Universal (SUB), una bandera que todas las agrupaciones populares ligadas al Frente de Todos comparten, pero que ya rechazó Martín Guzmán y la recientemente designada-despedida Silvina Batakis. 

El costo fiscal de 1,8 puntos del PBI para el beneficio que alcance a unas 7 millones de personas es el principal argumento que encontró Alberto Fernández para bajarle el pulgar al SBU. Massa no explicitó aún su postura –solo la tildó de “interesante”–, pero entre sus próximas medidas podría tenderles una mano a los movimientos sociales. “Estamos trabajando”, se limitó a responder una calificada voz en el Gobierno.

Hace tiempo que el Evita tiene un borrador sobre un posible “Ministerio de la Economía Popular”, que atienda específicamente las necesidades de los casi 8 millones de trabajadores informales. Es un nombre puesto ahí el de Pablo Chena, economista del riñón de Pérsico y actual director de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier movimiento importante podría sellar la suerte de Juan Zabaleta al frente de la cartera.

En ese sentido, hubo señales. “Le tengo afecto a Massa: es capaz, tiene oficio y es valiente”, dijo en una radio Fernando “Chino” Navarro, otro jefe del Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias de la Rosada. Por la tarde, el mismo viernes, Massa tuvo el respaldo vía Twitter de Leo Grosso, legislador accionista en el Evita. “Vamos, crack”, le dedicó el diputado al tigrense, luego de que conversaran personalmente en las últimas jornadas. La foto donde ambos están con cascos de seguridad de obreros podría ser otra pista.

Grosso también firmó en su momento el proyecto de ley del SBU junto a Itai Hagman, del Frente Patria Grande, el espacio político de Grabois. El SUB es la principal causa del amigo de Cristina Kirchner y el Papa Francisco, quien el jueves le marcó la cancha al líder del Frente Renovador vía Twitter y desde Salta, donde visitó una comunidad wichi y hasta protagonizó un corte de ruta: “Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, escribió el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El mensaje de Grabois tiene un frente y un reverso. El frente, que Massa no tiene un respaldo consensuado por parte de la UTEP. El reverso: Grabois juega para que Wado de Pedro se convierta en presidenciable, carrera en la que el tigrense ahora se subió más que nunca. elDiarioAR ya publicó la hipótesis que hay en el Frente Patria Grande de que una interna Massa-Wado haría muy atractiva la oferta electoral del FdT en 2023.

Otro factor que agrega complejidad ahí es Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora tiene íntima relación tanto con Massa, como con Hagman y Grosso. Sin embargo, Andrés Larroque ya se mostró más favorable al SBU que al concepto de la economía popular, y nunca ahorró críticas sobre Pérsico.

Con todo, el MTE mantiene latente la posibilidad de organizar una protesta por el SBU para la semana del 8 de agosto, según supo elDiarioAR cerca de Grabois. En su corte piquete en el puente Pueyrredón, hace diez días, habló de “dejar la sangre en la calle”. Luego de prender ese fuego amigo, dialogó con la vice y con la senadora Juliana Di Tullio para intentar conciliar su iniciativa de salario básico con la propuesta cristinista, que es más austera. El ingreso complementario podría alcanzar primero al universo de personas hoy sumidos en la indigencia –unas 4 millones–, por lo que se reduciría considerablemente el costo fiscal. 

Otra mina en la calle que tendrá que esquivar Massa será la opositora Unidad Piquetera, que nuclea al Polo Obrero, el Barrios de Pie que se escindió de Menéndez, y otras organizaciones enfrentadas al kirchnerismo. 

En los próximos días sus principales dirigentes le entregarán al nuevo jefe del Palacio de Hacienda un pedido formal de audiencia, como ya habían hecho sin suerte con Batakis. Por eso coparon la Plaza de Mayo el mismo jueves en que fue ungido el por ahora titular de Diputados. Volverán a movilizarse también la segunda semana de agosto, si no les responde a sus reclamos. Exigen la ampliación del programa Potenciar Trabajo –que hoy alcanza a 1,2 millón de beneficiarios, que manejan tanto oficialistas como opositores, y que tendrá un bono de refuerzo de $11 mil– un plan de obras públicas para crear 1 millón de puestos de trabajo y un salario mínimo de $ 105.000.

Pero el pacto sellado con el Evita, Somos-Barrios de Pie y el diálogo que pueda abrir con Grabois, le garantizará a Massa cierta paz social, y las protestas de la izquierda quedaría encapsuladas. “Massa no tendrá necesariamente un perfil que concuerde del todo con los movimientos sociales”, entendió en este contexto un dirigente muy importante que lo conoce, y concluyó: “Pero no deja de ser peronista”.

MC

“¿Le negarías a alguien el derecho a comer?”. La pregunta, retórica, punzante y molesta para quien la lea, apareció ayer empapelando las calles del microcentro porteño y el conurbano en afiches negros con letras blancas, que sin firmar tenían una única consigna: “Salario Básico Universal. Es ahora”. 

La campaña en vía pública se gestó en el interior de los movimientos sociales oficialistas –nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)–, que luego de la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía aceleran su presión al Gobierno para imponer una agenda de medidas que contemple a los casi 8 millones de personas que trabajan en la informalidad y no llegan a fin de mes por los altos niveles de inflación. 

En las organizaciones entienden que el paquete anunciado por la flamante funcionaria el lunes pasado fue para calmar a los mercados. Una actitud que está a punto de agotar la paciencia de las agrupaciones oficialistas, entre ellas el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois, el Frente Popular Darío Santillán de Dina Sánchez y Somos-Barrios de Pie de Daniel Menéndez. Hoy, algunas de ellas harán asambleas barriales en la Capital Federal, el conurbano y distintos puntos del país. La principal será al mediodía en el hall de la estación Constitución. Y mañana toda la UTEP hará una demostración de fuerza frente al Congreso: instalarán una masiva feria con productos elaborados desde la economía popular. 

No está descartado que si el Gobierno no recoge el guante, la UTEP pueda confluir en las protestas que desde comienzos de año lleva adelante la Unidad Piquetera, que encabeza el trotskista Polo Obrero, entre otras organizaciones. Ayer mismo, los piqueteros le entregaron una carta a Batakis exigiendo un bono de emergencia de $20.000 y un aumento del salario mínimo vital y móvil. Mañana se movilizarán a la Plaza de Mayo, al frente del Palacio de Hacienda, para esperar una respuesta de la ministra.

Además, según pudo saber elDiarioAR, hay entre la UTEP y la CGT conversaciones preliminares para una posible marcha en conjunto en el futuro próximo. “Se está esperando el momento oportuno”, se limitó a contar un dirigente al tanto de ese diálogo. Pablo Moyano marchó este martes con Camioneros a la sede del ministerio de Trabajo y ya le envió un aviso a Batakis: “Primero está la gente que la pasa mal”. También trascendió que la CGT, que codirige el hijo de Hugo Moyano, tiene en estudio una movilización para agosto contra la inflación, además de un acto que podría ser crítico del Gobierno el 26 de julio, en homenaje a Eva Perón, a 70 años de su muerte.

En ese clima sociopolítico cada vez más tenso, genera expectativa la movilización de San Cayetano del 7 de agosto por parte de las organizaciones sociales. “Será muy grande, más que la del 1 de Mayo”, anunció a este medio un vocero de la UTEP. Aquel día, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos –sin la CGT, La Cámpora ni el PJ– coparon la avenida 9 de Julio. 

El salario básico universal y la discusión interna en las organizaciones

El proyecto de ley del salario básico universal (SUB) entró al Congreso el 10 de mayo y aún no tuvo tratamiento en comisiones. Firmado por diputados kirchneristas vinculados a las organizaciones sociales, como Itaí Hagman (del espacio de Grabois) y Leo Grosso (del Evita), contempla una prestación monetaria no contributiva equivalente a una Canasta Básica Alimentaria para un adulto, que en mayo pasado fue de 14.400 pesos. 

El costo fiscal de 1,8% del PBI fue el argumento de Martín Guzmán, antes, y de Batakis, ahora, para rechazarlo. elDiarioAR supo que el presidente Alberto Fernández también ya le bajó el pulgar definitivamente. Por eso las organizaciones buscan meter presión en la calle. El contraargumento es que su implementación automáticamente eliminaría programas como el Potenciar Trabajo, que hoy alcanza la mitad del salario básico, a contraprestación de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas. Según Hagman, que es director de la consultora económica OCEPP, junto con el retorno fiscal que se generaría por el consumo, el costo fiscal sería de la mitad: unos 300 mil millones de pesos, o 0,7 por ciento del PIB.

“El SUB permitiría que ninguna persona caiga en la indigencia”, aportó Dina Sánchez, quien está detrás de las asambleas barriales de este miércoles para explicar la propuesta en el territorio, junto con Grabois, La Poderosa, la CTA Autónoma y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del diputado Juan Carlos Alderete. Otro motivo de reclamo de las organizaciones fueron los operativos judiciales que varias sufrieron en su contra la semana pasada, principalmente en Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales.

Dentro del universo frentedotista, el SUB tiene el apoyo de La Cámpora –Andrés Larroque compartió con Grabois un acto al respecto hace un mes–, pero Cristina Kirchner no volvió a pedirlo a viva voz, luego de que en su acto en Avellaneda sugiriera que el Presidente podría sacarlo por decreto, como ella hizo en su momento con la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2009. 

Fue también en Avellaneda donde la vicepresidenta cargó contra las organizaciones y los planes sociales –principalmente el Evita, que ostenta más de 120 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo y es uno de los pilares que sostienen al mandatario–. Dicho frente nuevo en la batalla interna escaló tanto, que en la previa a la salida de Guzmán hubo una cena en el partido de San Martín –terruño del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis– que encabezaron Grabois y Grosso con movimientos sociales y agrupaciones políticas del FdT para hacer catarsis y buscar parar la pelota. 

“Es una lástima lo que dijo Cristina. Hay un error conceptual en su expresión y lo he hablado con ella. Nosotros cuando discutimos entre nosotros somos muy malos. No sabemos parar y nos decimos cualquier cosa”, dijo Grabois en esa reunión. “Quienes niegan a Cristina o le imputan todos los errores que hacemos están equivocados. Y eso no quita que se haya equivocado con lo que dijo. Pero no podemos ser rehenes de impulsos personales para dirimir la cuestión política. Tenemos un compromiso con quienes nos votaron porque confiaron en nuestra unidad buscando una salida al macrismo. Tenemos que estar a la altura”, se lo escuchó decir a Grosso.

Otros encuentros cara a cara también sirvieron para bajar un poco la espuma, aunque la tensión se mantiene en el aire. Como ya contó elDiarioAr ayer, Máximo Kirchner recibió en su despacho a un importante dirigente de los movimientos sociales y Cristina lo pasó a saludar. El sábado último, en el congreso del Evita, Grabois se mostró junto a Pérsico y el ministro camporista Wado de Pedro envió un saludo a través de un video. Se firmó una paz, que ahora tiene un desafío nuevo con Batakis, que en sus primeras medidas en Hacienda siguió la línea de Guzmán. Mientras el kirchnerismo duro optó en estos días por un sugestivo silencio, los movimientos sociales eligieron salir a la calle.

Cuando aún las palabras de Cristina Kirchner contra los planes sociales y el Movimiento Evita generaban ruido mediático, la organización que conduce Emilio Pérsico aprovechó su habitual reunión de los martes por la mañana para procesar internamente las críticas de la vice y acordar una respuesta unificada. 

En una misma mesa que compartieron sus principales referentes, varios de ellos con cargos públicos, como Pérsico –secretario de Economía Social en el ministerio de Desarrollo Social–, Fernando “Chino” Navarro –secretario de Relaciones Parlamentarias en la Casa Rosada–, Leo Grosso –diputado nacional– y Mariel Fernández –intendenta de Moreno y segunda de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense–, el consenso fue no personalizar el cruce en Cristina, e intentar llevar el debate hacia la economía popular. 

En el Evita entienden que esa es la discusión de fondo: qué hacer con el universo de casi 10 millones de personas que trabajan en la informalidad, que solo es atendido por las organizaciones sociales, debido a la ausencia e inoperancia del Estado, junto a la indiferencia del mercado.

“No quiero personalizar porque equivocamos el debate”, salió a plantarse Navarro durante la tarde en una radio, y trató de contestarle a Cristina elípticamente: “Hay dirigentes a los que les molesta la organización popular porque es más fácil ser patrón que dirigente”. 

En el mismo sentido se expresó Grosso, que en diálogo con elDiarioAR profundizó: “Sería falso personalizar en Cristina porque es parte de un problema más general. Nos dolieron sus críticas porque la queremos y somos parte del mismo espacio político, pero más allá de eso hay una cosa más estructural que tiene que ver con la falta de entendimiento y de mirada objetiva: que el capitalismo no genera trabajo formal, produce más bienes que antes, con menos gente por el salto tecnológico y el nivel de concentración”.

Nos dolieron sus críticas porque la queremos y somos parte del mismo espacio político, pero más allá de eso hay una cosa más estructural que tiene que ver con la falta de entendimiento y de mirada objetiva

Leonardo Grosso — Diputado FDT. Movimiento Evita

El Evita es uno de los motores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que desde el 2011 se organizó con otras agrupaciones peronistas –como Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez– para nuclear al mundo de la informalidad laboral. Pero ayer quedó en el centro de la polémica por los dichos de Cristina contra los planes sociales, que acusó a las organizaciones sociales de “tercerizarlos”. 

En su área dentro del ministerio de Desarrollo Social, Pérsico maneja el programa Potenciar Trabajo, que tiene 1,2 millones de beneficiarios que cobran 16.500 pesos (la mitad del salario básico) a cambio de cuatro horas de trabajo en cooperativas, muchas del Evita, pero otras también de organizaciones piqueteras de la izquierda –como el Polo Obrero–, los municipios y hasta los gobernadores en distintos puntos del país.

“Hablar de trabajo y economía popular no es a través de los planes. La economía popular es mucho más vasta”, apuntó Grosso, que entendió que es “una discusión larguísima”, incluso dentro del oficialismo. “Acá no es solo Cristina, Kulfas tampoco estaba de acuerdo con la economía popular. La mirada desarrollista del capitalismo clásico en el peronismo es muy fuerte. Y esa mirada no contempla la economía popular. No la ve, y eso es parte del problema que estamos atravesando ahora”, señaló el diputado nacional.

Pese al debate a cielo abierto, y con posturas que parecen irreconciliables, el Evita no se plantea romper el Frente de Todos, aunque ya está buscando instalar jugadores propios para dar la pelea en el 2023: además de instalar a Fernández en Moreno y a Grosso en San Martín, busca disputar La Matanza con la legisladora bonaerense Patricia Cubría, pareja de Pérsico y muy crítica de Cristina Kirchner.

“Queremos ser parte de la solución”, planteó Navarro en radio Con Vos. Y sostuvo que con estas “peleas” internas los que se benefician son el expresidente Mauricio Macri y el diputado libertario Javier Milei. “Macri en términos electorales y Javier Milei en términos del desprecio de gran parte de la sociedad con la política”, detalló.

CC

Leonardo Grosso hace una pausa en su recorrida de campaña por San Martín cuando se cruza con una cuadrilla de la 9 de Julio, una cooperativa con paridad de género que, por convenio con Aysa, instala un tendido de agua en el corazón de Villa Hidalgo, al borde del camino del Buen Ayre. Es un caserío con veredas regadas de basuras y escombros, donde el diputado empezó a militar para el Movimiento Evita, hace más de 15 años. Pese a que tiene mandato en el Congreso hasta 2023, se postula para concejal, una jugada que apunta a acercarlo a la pelea por la intendencia. Pero la charla con los cooperativistas no versa sobre sus proyectos para el municipio. Después de saludar a las mujeres que, con medio cuerpo debajo de la tierra, dan los últimos retoques a la instalación de los caños, Grosso se detiene unos minutos a conversar con Mara, una trabajadora trans, que antes de sumarse a la cooperativa, ejercía la prostitución. 

La militancia por los derechos de las diversidades sexuales quedó en el centro de la agenda de Grosso desde el 18 de noviembre de 2018, cuando, con un posteo en redes sociales, en plena marcha por el Día del Orgullo LGBTQI+, se reivindicó “marica” y se convirtió en el primer diputado declaradamente gay de la Argentina. “Me llevó mucho tiempo, no fue fácil. Hay más machismo y homofobia en el poder que en los barrios”, dice Grosso al elDiarioAR, durante la recorrida por Villa Hidalgo.

-Dijiste en ese posteo de 2018 que la “política es machista y patriarcal”. ¿En qué lo notás?

-El poder es muy machista. Hubo una modificación importante por el impacto del feminismo y hoy quizás lo naturalizamos, pero si no hubiera ley de paridad, el acceso de mujeres seguiría siendo limitado. No hay ninguna travesti diputada y no debe haber ninguna concejala. Hay candidatas, pero van en los últimos lugares de las listas.

-¿Ese machismo también es homofobia?

-Sí, claro. Porque hay una identificación (de los homosexuales) con lo femenino. Cuando yo dije “soy marica” buscaba usar un término que usaban para insultarme, para dar vuelta eso. 

-Dijiste que tu salida del closet no fue sencilla en la política, que te han dicho “chupapija”, “tragaleche”. ¿En qué contexto?

-Sí, por Twitter me dijeron eso. Muchas veces me enteré de que a mis espaldas, en la crítica estaba ese componente. “¿Pero éste cómo va a hacer esto si es un chupapija?”. Mis compañeros del Movimiento Evita han sido muy amenos conmigo. Pero fue un proceso, no fue sencillo. A Emilio (Pérsico) le contaba la frase de Lohana Berkins: “Hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas”. Hay que bancársela. Como hay que bancársela para ser travesti e ir a laburar. Levantarte a la mañana, saber que caminás por la calle, te subís a un colectivo o hablás con alguien y hay una mirada más. 

Hay que bancársela. Como hay que bancársela para ser travesti e ir a laburar. Levantarte a la mañana, saber que caminás por la calle, te subís a un colectivo o hablás con alguien y hay una mirada más.

-¿Es mayor esa homofobia en el sistema institucional que en los barrios?

-Sí, porque hay más machismo y homofobia en el poder que en los barrios. Los sectores populares abrazan las diferencias y las contradicciones. Acá, nuestras compañeras travestis van a las misas del padre Pepe y está todo bien.

-¿Pero siendo gay o trans, no la pasás peor en un barrio que en el sistema institucional?

-No sé, eso ya es más difícil, porque inciden otras cuestiones. Siempre pienso que para Isha Escribano (hija trans de José Claudio Escribano, histórico jefe de redacción del diario La Nación) debe haber sido muy duro transicionar. Pero la hija trans de una familia del poder… Es muy fuerte. Como Mirtha Legrand con su hijo (Daniel Tinayre), la negación, el ocultamiento. Hoy pasan cosas distintas, tenés al hijo no binarie del Presidente. 

-Contaste que cuando saliste del closet hubo una buena reacción entre diputados de otros bloques. ¿Destacás alguna?

-Destaco que las principales saludadoras fueron las mujeres. En ese momento estaban Silvia Lospennato, Myriam Bregman, las compañeras del Frente para la Victoria. El primer llamado político que recibí para felicitarme fue de Máximo (Kirchner). Fue un gesto muy lindo.

-En 2014, Sergio Berni, entonces secretario de Seguridad, dijo, ante una crítica tuya por la represión de un piquete en la Panamericana, que no tenías la “testosterona suficiente”. ¿Te estaba diciendo puto?

-Sí, me estaba diciendo puto. En ese momento, por esas cosas a mí me agarraban ataques de pánico. Me ponía blanco leyendo un tuit. Era muy fuerte.

-Berni sigue siendo protagonista en el peronismo, en el Frente de Todos.

-Sí, pero no lo puntualizaría en Berni, porque eso lo hace un montón de gente. Es terrible, de un nivel de violencia muy alto, porque es atacar a alguien que está en una situación de debilidad y que no está en condiciones de defenderse.

-¿Hablaste del tema con Berni?

-No. Después hablamos de otras cosas y todo bien. Recompuse con todos, no soy rencoroso. No se trata de esas personas. Esas frases son expresión de una cultura social que discrimina, que te cree menos por cómo sos y eso es lo que hay que resolver. Porque de última yo no soy una víctima. Soy varón, blanco, de clase media, diputado y puto. No soy una persona travesti, morocha, de un barrio pobre, ni una lesbiana pobre, de un barrio popular de San Miguel. 

El anuncio de 2018 también le sirvió al dirigente del Movimiento Evita para presentar en público a Guillermo Castro, un militante de la agrupación La Colectiva, con el que sale desde 2015. Se conocieron durante una jornada contra la violencia institucional que organizó Grosso en la Cámara de Diputados. “Cuídenme al rubio”, les decía el diputado, en tono cómplice, a “las doñas”, las mujeres que dirigen los comedores populares de los barrios más pobres de San Martín, cuando empezaron a ir juntos a las recorridas por el territorio. 

El posteo no sorprendió a la familia de “Leo”, que se había enterado en diciembre de 2010. Después de años de vivir a las escondidas, Grosso aprovechó el clima que se generó por la discusión de la ley de matrimonio igualitario. Tenía 27 años. Se lo contó primero a sus hermanos, a quienes invitó a su casa a comer milanesas y les anticipó que iba a hacerles un anuncio. “Ay, boludo, pensé que te ibas a vivir afuera”, desdramatizó su hermana melliza, cuando él dio la noticia, después de dar vueltas durante dos horas. A sus padres, una ama de casa y un carpintero con militancia en Montoneros, se los dijo el 24 de diciembre a la tarde. “Enseguida me di cuenta que la angustia de ellos era que no se habían dado cuenta antes”, recuerda Leo, y cuenta que esa noche celebró la Navidad junto a su familia y su novio de entonces. Grosso se casó con Castro en marzo de 2019, y este año adoptaron una nena.    

Porque de última yo no soy una víctima. Soy varón, blanco, de clase media, diputado y puto. No soy una persona travesti, morocha, de un barrio pobre, ni una lesbiana pobre, de un barrio popular de San Miguel.

-A Berni lo cuestionabas ya desde esos años por lo que llamás “demagogia punitiva”. ¿Cómo te cae que sea ministro de Seguridad de la provincia?

-No acuerdo con un montón de planteos que hace y que también hacen algunos intendentes y gobernadores. Hay una discusión abierta en el frente de gobierno, que estuvo abierta siempre. Algún sector dice: “Che, hay que tener esta política, porque la inseguridad es un problema, y si no tenemos esta política otros sectores te absorben eso, como Patricia Bullrich, y es peor, porque nosotros hacemos una política de ‘mano dura responsable’, entonces controlamos también a la policía, pero mostramos que la seguridad…”. Yo creo que hay que profundizar el planteo. La seguridad es una cuestión a atender, porque hay una demanda enorme. Vivo en San Martín, tengo reuniones con los vecinos y todos los días la charla es esa. Pero no es la estrategia acertada, y voy a seguir insistiendo, pese a que es la estrategia hegemónica desde hace por lo menos 20 años.

-¿Pero te sorprende que Axel Kicillof haya elegido a Berni?

-No sé si me sorprende. No creo que haya una contradicción particular entre el progresismo y las políticas de seguridad de mano dura. Me parece que hay una crisis más general de la política en cómo abordar el tema de la inseguridad y que eso genera distintas estrategias que no están sintetizadas. Y como nadie lo resolvió, porque tampoco se resolvió con las políticas de Nilda (Garré), yo puedo cuestionar que esa no es la manera, pero no hago una grieta de eso.

-¿Qué te pasa cuando ves ahora a Florencio Randazzo, a quien el Movimiento Evita apoyó en 2017, contra Cristina Kirchner?

-Entiendo un poco más toda la jugada. Me parece que siempre tuvo algún tema personal no resuelto y que eso lo mueve más que la necesidad de construir un país normal, que era su discurso en ese momento. Hoy lo veo como un caprichoso.

-¿Cuál es su tema personal no resuelto?

-Quiso ser (presidente), no pudo y se quedó enojado. 

-¿Ustedes cometieron un error político al romper con el kirchnerismo y acompañarlo?

-No sé si lo llamaría así. El error es más grande que nosotros con Randazzo. El error es la fragmentación del peronismo. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. La unidad es el único camino para garantizar que el neoliberalismo no gobierne en la Argentina. 

La recorrida por Villa Hidalgo termina en el comedor Los Pichones, una casa familiar reconvertida a la fuerza para dar respuesta al hambre de los vecinos del barrio. Durante la pandemia debieron triplicar las viandas, con las que todos los días alimentan a 150 personas. Grosso conoce a Silvia, la dueña de casa, desde hace años. A otros militantes, con los que comparte el almuerzo, les anticipa que va a necesitar ayuda para organizar el rastrillaje, como se le dice al reparto de material de campaña que se hace casa por casa.   

-¿Este es el gobierno del peronismo unido que te imaginabas?

-Sí y no. No nos imaginábamos discutiendo cómo volcar recursos para morigerar la crisis que iba a ser peor de lo que ya era. Asumimos el gobierno con las emergencias económica, social y alimentaria, el país en default y endeudado a cien años, y un Estado achicado en sus capacidades de gestión. Pasaron tres meses, llegó la pandemia y eso empeoró todo. 

-En el primer semestre de este año el Gobierno redujo un 10% los recursos para jubilaciones y un 5% para salarios públicos. ¿Hubo un ajuste?

-No, este no es un gobierno de ajuste, porque a esos números le tenés que agregar los $870.000 millones que el Estado invirtió en IFE, ATP y en hospitales modulares los primeros 8 meses de pandemia, y que sigue invirtiendo en vacunas. Tuvimos que triplicar la asistencia alimentaria. Se reorientó la inversión pública para garantizar un Estado presente.

Vinimos a achicar la brecha de desigualdad. Lamentablemente, aunque hicimos todos los esfuerzos para que a nadie le falte una vacuna o un respirador, no pudimos poner todo el esfuerzo en que haya más distribución de la riqueza.

-Pero incluso con la pandemia. ¿No te gustaría un gobierno más transformador?

-Puede haber algunas discusiones. Vinimos a achicar la brecha de desigualdad. Lamentablemente, aunque hicimos todos los esfuerzos para que a nadie le falte una vacuna o un respirador, no pudimos poner todo el esfuerzo en que haya más distribución de la riqueza.

-¿Cuánto hay de error propio?

-Seguro hay un margen de error propio. Pero no es la base de los problemas. Todos los momentos en que el Estado tuvo que decidir cosas importantes en estos dos años, decidió bien. Entre las multinacionales de alimentos y la gente, tratamos de garantizar el morfi para la gente.

-Pero los trabajadores están peor, están ganando menos que hace dos años.

-Sí. Eso sin duda. Pero la dirección del Gobierno no es desacertada. Es la dirección correcta en un maremoto. El gobierno anterior remaba en contra de la gente.    

-¿La pandemia no permite discutir sobre la orientación del Gobierno?

-Nosotros dimos discusiones. El sábado (7 de agosto) hicimos una manifestación enorme y estamos planteando la universalización de un salario básico para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y pedimos recursos para fomentar el trabajo de la economía popular.

El plan social es una herramienta agotada. Hay que unificar todos los recursos que se usan en distintos programas y dotar de recursos, insumos, créditos no bancarios, materias primas y maquinarias a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular,

-¿Qué hay que hacer con los planes sociales?

El plan social es una herramienta agotada. Hay que unificar todos los recursos que se usan en distintos programas y dotar de recursos, insumos, créditos no bancarios, materias primas y maquinarias a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que en los barrios producen, generan servicios y pequeñas obras que mejoran la vida de la gente. Se trata de discutir cómo orientamos los recursos en la salida de la crisis. Así como las grandes empresas les dimos el ATP, veamos qué parte de eso también destinamos a los emprendimientos cooperativos. Hay que urbanizar 4.400 barrios populares. Con eso se puede generar pequeña obra que emplee a la población de esos mismos barrios y que genere sueldos de dignidad.

-¿Qué te produjo la foto del Presidente participando de un cumpleaños en Olivos, en el peor momento de la cuarentena, cuando mucha gente ni siquiera podía despedir a sus seres queridos, y cuando el propio Presidente decía que iba a detener a quienes infrigieran las normas?

-Hubo un error. El Presidente lo reconoció como tal y está bien reconocerlo. De todas maneras, hay que dejar en claro que la oposición usa esto para hacer campaña y no hay que confundir a nadie: el macrismo destruyó el país, social y económicamente. De ese desastre nos hicimos cargo y estamos saliendo de a poco.

GS/WC